Las tarifas de gas natural por redes fueron reformadas por el gobierno nacional, en el mismo acto regulatorio por el que aumentó fuerte sus valores, luego de cumplirse casi un año sin subas en ese combustible.

La actualización tiene un fuerte impacto informativo en términos porcentuales por los nuevos precios del millón de BTU que se traduce en metros cúbicos en los hogares. Pero además de esos publicitados cambios, existe otro del que poco se ha hablado y será relevante para los usuarios: el del cargo fijo que perciben las empresas distribuidoras.

La llegada de las próximas boletas incluirá un aumento de ese ítem tarifario que algunos expertos estiman en hasta un 5.000%. Conviene reiterarlo: se trata de uno de los componentes a sumar para conformar el total. Pero tan fuerte será el impacto de la reforma tarifaria que se ha decidido mensualizarlo, ya no lo calculará de forma bimestral.

Las tarifas de gas, desde las privatizaciones de los '90, deben contemplar idealmente un pago suficiente para cubrir el costo y las ganancias de las petroleras que extraen gas en la Argentina (llamado en boca de pozo), o del que deba ser importado porque en invierno es insuficiente la producción nacional; el costo del mantenimiento de las redes, la inversión y las ganancias de las empresas que transportan en gasoductos el combustible desde las áreas de producción a las principales ciudades del país; y finalmente los mismos conceptos para las empresas de distribución como Litoral Gas en el norte de la provincia de Buenos Aries y la provincia de Santa Fe, y de subdistribución, como en caso de la Cooperativa Setúbal en una zona de la capital provincial.

Obviamente, la salida traumática de la convertibilidad de 2001 y sucesivas políticas nacionales que congelaron o poco actualizaron las tarifas crearon subsidios con fondos del Tesoro, que el actual gobierno nacional ha decidido recortar. Básicamente, quitar esas ayudas a la clase media o lo que queda de ella.

En términos técnicos, hasta ahora, el 50% del Valor Agregado de Distribución (lo que cobran las empresas distribuidoras y subdistribuidoras) le daba forma al cargo fijo y el resto se canalizaba a través del cargo variable. Desde que comenzó el mes de abril todo el VAD se aplica sobre el cargo fijo.

El cambio crea un efecto de mayor previsibilidad en la distribución respecto de sus flujos de caja, que ya no estarán tan atados a las variaciones en el consumo tan vinculadas al clima.

Más cargo fijo, menos cargo variable es la base de la nueva formula. Y con ello, una tarifa más "plana" en la curva de las gráficas mensuales de las tarifas finales de los usuarios residenciales N1, de ingresos altos y sin subsidios; N2, de muy bajos recursos, con subsidios; y N3, de los llamados ingresos medios, ahora casi sin ayudas del fisco. Nada es más claro que la imagen que publicó en una red social el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, sobre lo que pagarán el gas natural por redes las familias.

La reforma puesta en práctica por la resolución del tarifazo del gas incluye una reforma que, en rigor, fue parte de las discusiones en la última audiencia pública celebrada por Enargas. De la idea de aumentar el valor del costo fijo de la tarifa (técnicamente, el cargo fijo) para la distribución fue parte de las exposiciones de los representantes de las empresas de ese segmento.

El propósito es doble: que quienes consumen muy poco gas paguen un costo fijo tarifario más alto, porque finalmente mantener las instalaciones de las redes hasta su llave de paso hogareña es tan costoso como para las viviendas que tienen un consumo alto; y por otra parte, que para las empresas distribuidoras su flujo de caja sea constante, menos empinado en invierno pero (antes) más alto en meses cálidos. Se espera que los efectos de las subas impacten en sus bolsillos luego del invierno.

El negocio del gas natural por redes, a diferencia de lo que sucedió con la electricidad, tiene una sola contraparte en el sector público: el Estado Nacional. Tal vez esa particularidad puede explicar que durante décadas de atrasos tarifarios las empresas no hayan desertado del negocio (como sucedió con el agua potable y la energía eléctrica en distintas provincias). También, porque los clientes de las distribuidoras de gas privadas y los socios de las cooperativas tienen, en general, mejores condiciones económicas que la totalidad de usuarios formales (y los enganchados) de la energía eléctrica y los servicios sanitarios.

La llegada de las próximas boletas incluirá un aumento de ese ítem tarifario que algunos expertos estiman en hasta un 5.000%. Conviene reiterarlo: se trata de uno de los componentes a sumar para conformar el total. Pero tan fuerte será el impacto de la reforma tarifaria que se ha decidido mensualizarlo, ya no lo calculará de forma bimestral.

(Por Luis Rodrigo) – Verónica Geese formula explicaciones breves y sencillas, en redes sociales, dirigidas a los usuarios de la energía eléctrica y el gas de Santa Fe. Desde hace meses, irrumpe en las pantallas por unos segundos con mensajes directos, de aparente factura casera. Los algoritmos se encargan de llevar su mirada como cuadro técnico, y sus sugerentes miradas como ciudadana. Admite que según lo que se decida para ella en el socialismo, junto a Clara García, será candidata “en mi región”.

En sus salidas en video, tanto le apunta al sensible tema del aumento de las tarifas como a las complejas derivaciones que tiene cualquier atraso en la infraestructura. En ocasiones, busca abrir los ojos del usuario, en otras comparte sus frustraciones por las fallas en los servicios o su bronca por su inexistencia. Tiene las destrezas comunicacionales necesarias para prestarle atención en el mundo de las pantallas, pero en su caso, obviamente nadie debe dictarle contenidos.

La ex funcionaria a la que le tocaba asumir los costos políticos por los aumentos tarifarios en el último gobierno del Frente Progresista piensa que, ahora, sale ganando con las comparaciones. En especial porque entiende que se percibía en aquellos años del gobierno anterior que había un plan de fondo detrás de esas decisiones, incluso en las menos simpáticas.

Habla con El Litoral sobre la “pesada herencia” que recibirán los futuros gobiernos a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe. Parece una devolución de facturas de cuando Omar Perotti asumió hace casi cuatro años atrás. El reproche más serio que le formula al gobernador -que pronto será un gobernador saliente- es “no haberse apropiado de lo que dejamos, de destruir lo que había sin construir algo nuevo”.

“Son cuatro años de un gobierno que no gobernó. Que buscó excusas, que generó un relato. Que en el área energética perdió demasiado tiempo, aunque eso que es común a toda la gestión es más evidente en otras materias como la seguridad. Creo que es legítimo que comencemos ya a hablar de esa herencia. Tenemos que pensar cómo va a quedar en realidad la gestión provincial”, sostiene.

“Seguramente les molestó que hubiera programas o planes que tenían el apellido Lifschitz, le hubieran cambiado el nombre… Pero abandonar ejes de trabajo como el etiquetado de viviendas es atrasar a Santa Fe. Otras provincias avanzaron con esa iniciativa mientras aquí no.

Explica que hay un evidente abandono santafesino del escenario nacional, mientras otras provincias sí buscan mayores equilibrios en la distribución de los recursos federales en general y en planes e infraestructura energética en particular. Señala que Santa Fe, como Córdoba y la Región Centro “deben hacer pesar su condición de provincias con importantes consumos de combustibles en el directorio de YPF, por ejemplo. O en las decisiones que toma la Secretaría de Energía de la Nación para la ejecución de obras de transporte de energía”.

“El gobernador de Córdoba salió en defensa de las empresas productoras de energía verdes y nuestra provincia no. Se aceptó la ley que querían las provincias productoras de petróleo, nos rendimos. Se terminó con este gobierno santafesino con la Liga de las Provincias Productoras de Biocombustibles y ahora nada le pone equilibrio”, destaca.

“Quiero que estos temas sigan en la agenda pública, porque no pueden quedar solo para la academia, para los técnicos, para la corporación. Tienen que estar donde se toman las decisiones porque de lo contrario, el lobby termina siempre capturando al regulador de alguna forma…”, advierte.

Cuando se le piden más precisiones sobre esa captura, expresa: “Santa Fe es la primera productora de biodiésel pero sus autoridades gubernamentales y buena parte de sus legisladores del oficialismo votaron o callaron ante la nueva ley que regula y retrasa el desarrollo de ese sector.”

“Se aprobó la ley que querían las provincias petroleras en el Congreso. Perotti calló, el diputado Marcos Cleri del justicialismo no sólo la votó, firmó el dictamen y el proyecto. Y es una norma que encorseta a las energías verdes. Santa Fe fue servil a los intereses petroleros”.

Verónica Geese, ex secretaria de Energía de Santa Fe, advierte que, aunque Argentina vive un proceso de gasificación por Vaca Muerta, “el mundo va a un mayor uso de la electricidad”. Y reclama que la Empresa Provincial de la Energía tenga esa visión a futuro. Recuerda que en su discurso del 1 de mayo “el gobernador destacó que en Santa Fe creció la demanda. Y sinceramente hay que decir que si no creciera la demanda estaríamos fritos, sería porque no nace más gente, no se casa más gente, no se compran más celulares y electrodomésticos. Significaría que como sociedad estamos muertos…. Es lo que tiene que suceder, como mínimo en términos de un 3 o 4% interanual, dependiendo del año y el clima obviamente”.

“Se trata -explica- de prever cómo será la demanda en el futuro, qué usos que hoy no existen van a aparecer. En transporte, por ejemplo, por el tema de calor o por la utilización de tecnologías en la construcción de viviendas que van a incrementar o bajar los consumos. Por eso pensábamos hace cuatro años largos que el etiquetado de viviendas hace más sostenibles en el largo plazo nuestras decisiones. Fuimos pioneros, la legislación nacional se basa en lo que hicimos acá, pero luego nos quedamos”, lamenta.

Menciona que la semana pasada, en un evento de la Cámara de la Construcción en Santa Fe, la Provincia presentó una “etiqueta ambiental” cuya base “es la etiqueta de la vivienda que habíamos hecho cuatro años antes”. Comenta que había quedado la ley de etiquetado aprobada y promulgada, pero “no se la reglamentó”.

“Hubiera significado incorporarla poco a poco a los códigos urbanísticos de cada una de las localidades y de las ciudades. Y también parte de las condiciones del mercado inmobiliario y de las características a incorporar en la obra pública provincial. Es una política de muy largo plazo en la que perdimos cuatro años”, resume.

Ante una pregunta, dice que “en Rosario, cuando se dio la ordenanza municipal de eficiencia energética hace muchos años atrás, se generaron, obviamente, quejas al principio, y después crecieron industrias, servicios relacionados para cumplir esas metas que había impuesto la municipalidad. Eso le brindó muchas más posibilidades a empresarios de la zona. Entonces, tal vez puede generar en principio cierta tensión, pero la realidad es que después si el Estado es fuerte en esa aplicación, tanto el provincial como los locales, la industria se pliega rápidamente”.