Por Mauro L. Muñoz

El proyecto de reforma energética del Poder Ejecutivo ya quedó listo para ser tratado, después de un plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de Diputados que terminó con dictamen de mayoría. La convocatoria para la sesión fue solicitada para el próximo miércoles 20 de mayo.

El gobierno nacional plantea importantes cambios para el sector: readecuación del régimen de subsidios al gas en zonas frías, regularización de obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista; continuidad de condiciones para renovables y derogación de regímenes de acceso a divisas y promoción para inversiones hidrocarburíferas.

La secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti, desembarcó en el plenario para explicar el proyecto. La exposición tuvo, en rasgos generales, tres premisas ordenadoras que van en línea con los propósitos de la administración de Javier Milei: reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas.

La discusión se empantanó, principalmente, en el capítulo que insiste con la quita de subsidios al gas natural por zona fría a casi todas las regiones que hoy gozan de esas ayudas, con excepción de aquellas áreas con los climas más extremos en invierno. Según plantea el oficialismo, tienen que ir a quienes no pueden pagar; mientras que para la oposición se trata de un nuevo recorte con un argumento económico por sobre el climático.

La secretaria de Energía eligió empezar por el aspecto más caliente del proyecto: zona fría. “Creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”, sostuvo. Y enfatizó con la tesis central: "Lo que queremos es que la gente que puede pagar la energía, lo pague, y la gente que no puede pagar la energía, se la siga ayudando”.

El proyecto sustituye el régimen vigente para que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas siga financiando compensaciones para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero además reserve un “adicional por Zona Fría” para usuarios residenciales inscriptos en el régimen de SEF. También mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte y faculta al Poder Ejecutivo a subirlo o bajarlo hasta en un 50%. La funcionaria insistió en focalizar la ayuda: "Hay una región del país que realmente es más fría que es la Patagonia para que tengan idea en Ushuaia se consume siete veces más de lo que se consume en Buenos Aires". En tanto, en la "zona fría ampliada" —donde se ubicaban provincias como Santa Fe y Córdoba en sus zonas inferiores—, el descuento desaparecerá para el usuario general.

El proyecto, asimismo, no sólo propone achicar la cobertura territorial, sino también cambiar la base del subsidio. Tettamanti explicó que el criterio es que en la “zona fría tradicional” se subsidie el consumo de gas, concentrando la ayuda estatal sobre los metros cúbicos consumidos y no sobre toda la factura. En ese sentido, el texto propone compensación sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, eliminando el descuento sobre el cargo fijo de distribución y el costo del transporte. "Si la razonabilidad del subsidio es porque una persona tiene que consumir mucho, lo que tenemos que subsidiar es lo que refleja el alto consumo, que es el metro cúbico", argumentó la funcionaria.

La oposición más dura tuvo voz en el bloque de Unión por la Patria. Los diputados patagónicos, cuyanos y del centro del país llevaron el debate al terreno más áspero: cuánto puede subir una factura concreta, qué pasa con hogares que consumen más por razones climáticas y qué impacto puede tener esa redefinición en pleno umbral del invierno.

Tettamanti cerró su intervención reafirmando que el peor impuesto para los argentinos es la inflación generada por el déficit fiscal y que hay que sincerar los costos. "Queremos que la gente que puede pagar la energía la pague y la gente que no puede se la siga ayudando", concluyó, mientras el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza ya empezaba a circular con las firmas necesarias para llevar el debate al recinto

Otro de los capítulos salientes del proyecto es la regularización de deudas con Cammesa. Tettamanti describió una "bola de nieve" de deudas millonarias que las distribuidoras acumularon debido al congelamiento tarifario durante las gestiones anteriores. "Lo que estamos proponiendo acá es hacer una evaluación de cuáles son esos ingresos que las distribuidoras no percibieron por efecto de estas emergencias tarifarias", explicó la funcionaria.

El Estado reconocería los "activos regulatorios" de las empresas y los compensará contra las deudas que estas tienen con Cammesa. La moneda de cambio sería que declinen cualquier reclamo administrativo o judicial relacionado con las emergencias tarifarias. "Se les condonaría obviamente si renuncian a hacerle posteriores reclamos al Estado nacional", aclaró Tettamanti, argumentando que de lo contrario el dinero de las tarifas actuales se iría en pagar deudas viejas en lugar de invertirse en mejorar el servicio.

Esta propuesta generó ruidos en la oposición. El diputado del PRO Álvaro González cuestionó que se les exija renunciar al derecho de juicio en un gobierno que defiende el libre mercado. Por su parte, Julia Estrada, de Unión por la Patria, alertó sobre la falta de precisión fiscal en el proyecto: "Uno no puede a los ponchazos definir gastos de esta forma... no incluimos en el dictamen que el Estado Nacional compense porque uno no puede legislar sobre algo que desconoce el monto", planteó.

En cuanto a las energías renovables, se propone prorrogar por 20 años las exenciones impositivas para asegurar que el sector siga incorporando potencia al sistema. "La generación renovable todos los años está incorporando alrededor de 500 MW de potencia... y es muy importante que tengan la seguridad jurídica de que no se les va a gravar con tasas municipales provinciales ni otros impuestos nacionales", destacó la funcionaria.

Tras el planteo del Gobierno de la Provincia, la Autoridad Nacional de la Competencia dispuso investigar el esquema tarifario del gas. La presentación, que derivó en la investigación que se ordenó este lunes 12 de enero, la realizó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Tras varios meses, con respuesta de Enargas mediante, Nación escuchó el reclamo que afecta a más de 400 industrias santafesinas. Con el predominio del gas neuquino, más barato que el importado, las autoridades santafesinas insistieron en que si se actualiza la fórmula, podría reducirse hasta un 40 % la tarifa y mejorar la competitividad. “Con el gobernador Maximiliano Pullaro miramos cada tema, y le damos seguimiento, este planteo de revisar la tarifa y la composición, y ajustar a lo que corresponde, es un punto que seguimos de cerca porque si se resuelve a favor nuestro, ganan competitividad nuestras empresas”, señaló Puccini.

El Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso este lunes 12 iniciar una investigación de mercado en los segmentos de distribución y comercialización de gas natural en el ámbito nacional a partir del planteo realizado por la Provincia meses atrás ante el Enargas, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 

En ese pedido, Santa Fe advirtió que las tarifas vigentes no reflejaban la nueva matriz energética del país y que esa distorsión afectaba directamente la competitividad de más de 400 industrias santafesinas.

Para el propio Enargas las distribuidoras de gas han realizado los contratos vigentes asociados a los sentidos de flujo del gas como si las cuencas mantuvieran los volúmenes que otrora producían. Sin tener en cuenta la nueva realidad. Para el organismo se está atravesando un período de transición y es por ello que todo el sistema tarifario asociado a la nueva realidad debe ser analizado por la Secretaría de Energía, lo que  requiere de un rediseño y de los contratos vigentes.

Para el Enargas las inequidades entre las distintas zonas del país son consecuencia de las limitaciones en la infraestructura de transporte de gas, que fueron consecuencia de una política energética asociada a una política económica y de tarifas de transporte que limitaron el crecimiento de la infraestructura. Pero no resulta aceptable que el mix de transporte sea diferente para la misma categoría de clientes de la misma distribuidora.

Puccini recordó que “se está anunciando una medida que es consecuencia de un planteo que hicimos hace meses atrás al Gobierno nacional y también a los entes reguladores, con un tema muy importante que fue también un pedido de los industriales santafesinos, grandes consumidores y estaciones de servicio de GNC”.

El ministro santafesino explicó que “pagábamos un gas que venía de la cuenca neuquina, pero también de Salta, importado desde Bolivia. Eso hace un tiempo atrás dejó de suceder porque con mayores producciones de Vaca Muerta, todo el gas que recibe la provincia de Santa Fe viene de la cuenca neuquina”.Por eso, Puccini insistió: “Se nos cobra una tarifa más cara con un mix de cuenca que ya no existe.

Nuevamente Santa Fe está encabezando una mirada del interior productivo. Exigimos en su momento que esto sea revisado y hoy está anunciando que así será. Ojalá que esto suceda pronto porque si pasa tendremos un gas mucho más barato para quienes producen en Santa Fe y en otras provincias”.

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, aportó: “La reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético. Hoy el gas neuquino es predominante y más barato, pero la tarifa mayorista sigue atada a un mix de transporte que ya no existe”.

La Provincia estima que, si se actualiza la metodología, las tarifas para grandes usuarios podrían reducirse hasta un 40 %. Según Puccini, “la energía puede representar hasta el 40 % del costo operativo de una empresa. Corregir esta fórmula es dar aire a la producción y al empleo”.

Desde el gobierno de Maximiliano Pullaro se ratificó el compromiso de trabajar por condiciones justas para seguir creciendo. Puccini concluyó: “Argentina vive una nueva etapa energética. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país. Santa Fe está dispuesta a liderar ese camino”.

El proceso de retiro de subsidios del gobierno nacional no incluye (pese a sus deseos) las ayudas del Estado central para con las zonas más frías. El presidente Javier Milei intentó terminar con esas ayudas en su primera versión de la Ley de Bases. Su plan era derogar la Ley 27.637, de 2021, conocida como Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría. La norma que finalmente se sancionó el pasado 28 de junio no afectó esos beneficios para la calefacción de hogares.

El gobierno nacional presentó en enero de 2024 su intención de reemplazar esa norma con una "canasta básica energética" que la Secretaría de Energía debería haber podido poner en marcha para esta altura del año. Como no hubo avances en esa labor de gestión, ni se derogó la norma señalada, ahora (con facturas que comienzan a parecerse a los costos reales del servicio) será mucho más impactante el efecto de estar o no dentro de los límites de la zona fría.

Más allá de la postergación de la suba de las tarifas de julio en materia de energía (luz y gas) dispuesta por el ministerio de Economía para que no impacte en el índice inflacionario, los aumentos que ya están vigentes se sentirán más porque el consumo de gas en invierno naturalmente crece.

A la provincia de Santa Fe la Ley 27.637 la quiebra en dos. Y aunque la ciudad de Santa Fe y su entorno, así como las pocas localidades del norte provincial que cuentan con gas natural por redes hayan quedado fuera a esa norma, tres años atrás también la votaron diputados y senadores nacionales por Santa Fe porque en esa norma se logró, al menos, ampliar al sur de la bota la cobertura de los subsidios por zona fría.

Con la norma anterior, sólo la Patagonia y unas pocas subregiones contaban con ayudas del sector público nacional para hacerlas más habitables. Desde hace tres años, en cambio, se extendió prácticamente a la totalidad de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y San Luis, así como al sur de Santa Fe y Córdoba. Además, se amplió a los departamentos en el oeste de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Significó un cambio enorme porque se sumaron unos

Mientras los valores del servicio seguían bajos, o si se prefiere absurdamente bajos, la cuestión de pertenecer o no a la región pintada de azul era poco relevante. Ahora estar fuera de ella será más doloroso para el bolsillo.

Un informe del Observatorio de Servicios Públicos del Conicet y la UBA indica que la factura residencial promedio del gas natural por redes en todo el país muestra una dinámica diferente de la energía eléctrica que crece de manera sostenida. Explica que el gas "entre febrero de 2019 y febrero de 2023, mes de inicio de la segmentación de subsidios, la tarifa residencial para un consumo promedio de gas natural se redujo en términos reales", a pesar de los anuncios oficiales de la gestión anterior y, en parte, de la actual. La baja operó desde entonces hasta marzo de 2024: "hubo una reducción real adicional para todos los niveles", pero "a partir de junio hubo un incremento de los cuadros tarifarios".

En el sexto mes del corriente año, las facturas por un consumo promedio de gas, sin estacionalidad, para los usuarios del Nivel 1 (altos ingresos, sin subsidios), Nivel 2 (bajos) y nivel 3 (medios) aumentaron un 6%, 14% y 11% respecto al mes anterior respectivamente. Por esto, los efectos más importantes se observan con el incremento de las cantidades consumidas debido al pico estacional de invierno (facturas con estacionalidad). Son más metros cúbicos, más caros.

Con los nuevos valores, la factura promedio del país del mes de junio para un usuario N 1, correspondiente a hogares de ingresos altos, es de $49.551 por mes. A su vez, la factura promedio del país para un usuario N 2 (hogares de bajos ingresos) es de $35.308 mientras que la factura promedio del país para un usuario N 3 (hogares de ingresos medios) es de $39.488. Por último, un análisis transversal de facturas promedio muestra que el segmento N 1 paga una factura 40% superior al segmento N2 y 25% mayor al segmento N 3. Esta diferencia se redujo respecto al cuadro tarifario anterior al mes de abril debido al incremento en el cargo fijo. Es decir, en usuarios de bajo consumo el peso de los cargos fijos reduce las diferencias tarifarias entre las facturas de los usuarios en diferentes segmentos de ingresos.

Estos incrementos implican que, en promedio, en el país ante igual confort en el hogar y contemplando estacionalidad del consumo, un usuario N 1 afronta un incremento del 922% respecto al cuadro tarifario vigente en diciembre de 2023 y un aumento del 130% respecto de abril. A su vez, los usuarios N 2 de bajos ingresos y N 3 de ingresos medios enfrentan, en promedio, facturas finales 1.475% y 1.420% más elevadas que las vigentes en el mes de diciembre de 2023 y 173% mayores a las de abril en ambos casos.

Al igual que en las pocas audiencias públicas sobre tarifas del gas natural que se convocaron durante los últimos cuatro años, representantes del sector de la subdistribución reclamaron cambios de fondo sobre su situación al Ente Nacional Regulador del Gas Natural.

Como se sabe, muy pocos santafesinos participaron de la reunión realizada de manera virtual pero, además del defensor del pueblo adjunto Jorge Henn, hubo una ronda de cuatro intervenciones -que los organizadores agruparon- para mostrar la grave situación económica que transitan cooperativas, empresas y desarrollos de municipalidades y comunas que subdistribuyen el gas natural por redes.

Se trata de un sector especial que, en general, nació de la iniciativa comunitaria o asociativa en formas cooperativas o de empresas estatales de gobiernos locales que han permitido que el servicio llegue a donde ni el Estado Nacional, ni las Provincias ni la iniciativa privada tuvo interés en invertir.

En algunos casos, las redes y la infraestructura es anterior a las privatizaciones que en la década del 90 trazaron el actual panorama del sector del gas natural en la Argentina, pero también hay experiencias posteriores que se llevaron adelante ante la evidencia que al privado no le interesaría desarrollos en áreas urbanas de baja densidad poblacional y escasas posibilidades de recupero en el corto plazo de la inversión.

El lunes 8 de enero hablaron en representación de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Gas Natural, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales de Recreo Ltda, hablará Roberto Casal; del Ente Regional Gasoducto Bombal-Bigand Asociación Cooperativa, Aníbal Orpianesi; y Ángel Basso, de la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda Setúbal Ltda. También, Lucrecia María Escobio de la empresa Oliveros Gas Sapem, cuyo paquete accionario pertenece a la comuna de esa localidad del departamento Iriondo.

Basso le puso números a la representación de la subdistribución. Dijo que el país tiene 10 millones de usuarios de gas por redes y que de ellos 500 mil "cuentan con el servicio gracias a 63 pymes, cooperativas y empresas sapem, operadas por municipios y comunas", en general en zonas más alejadas o postergadas de los grandes centros urbanos. Luego comentó: "somos impulsores del desarrollo, con un diferencial en la calidad de la prestación del servicio" como integrantes de las comunidades en las que actúan.

En pocas palabras las subdistribuidoras tienen "igual objeto que las distribuidoras zonales, pero no reciben el mismo trato", resumió en un mensaje dirigido tanto a Enargas, la Secretaría de Energía de la Nación como a las firmas Litoral Gas, Gas del Sur, Camuzzi Gas del Sur, GasNor, Gas Cuyana, Gas del Centro,, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, Naturgy Ban, GasNea. Las distribuidoras han pedido aumentos de entre el 350 y el 700% para su porción de la tarifa. La primera, plantea duplicar los valores entre el 86 y el 119%.

Los subdistribuidores, que saben que su suerte está atada a la actualización de las tarifas de las distribuidoras, apuntaron a un problema que las afecta exclusivamente: en 2016, el Enargas cambió la forma de cálculo del gas que reciben de las distribuidoras que "representa el 85% de lo que se recauda por la facturación".

Tanto Basso como Casal, Orpianesi y Escobio explicaron que al establecerse una nueva metodología técnica para lo que las distribuidoras facturan a las subdistribuidoras hubo un incremento en esos costos que dañaron la economía de las cooperativas, las sapem comunales y municipales y las empresas privadas que tienen esa tarea.

Todos destacaron que sus números se han ajustado y que cuando no hay aportes de los gobiernos locales para emparejar las cuentas hubo subsidios cruzados entre los propios usuarios de las cooperativas, que también tienen otras prestaciones más rentables.

"Hay una asimetría regulatoria entre subdistribución y distribución, y una desconsideración histórica por parte de Enargas", coincidieron. Y compararon: "el sector no ha recibido las dos ayudas económicas que sí hubo para las distribuidoras zonales durante la pandemia y cada vez más vemos casos de flujo de caja negativo, lo que fue agravado por el congelamiento de las tarifas".

Indicaron que todos los valores de la actividad están regulados, por lo que el estado no puede desentenderse de la situación de quebranto que les provoca. La solución, según subrayaron, consiste en que los subdistribuidores vuelvan al esquema previo a 2016 en el que no se les recargaban costos propios del transporte (a nivel país) en el precio del gas que pagan a las distribuidoras.

Cooperativistas y miembros del directorio de la Sapem comunal indicaron que hay una creciente deuda de las subdistribuidoras con las distribuidoras.

Un punto clave es que lo hecho en el gobierno de Mauricio Macri tampoco fue revisado en el de Alberto Fernández. Y que cuando se dispuso ese cambio en las reglas de juego que alteran el marco regulatorio inicial "Enargas no realizó ningún estudio de razonabilidad sobre el perjuicio causado a los subdistribuidoras".

Otra salida alentada por el sector es que suban los cargos fijos de las tarifas para que sea menor el impacto en los usuarios durante los meses más fríos. Y advirtieron que hoy esos cargos apenas cubren un 45% de los gastos operativos, que deben hacerse haya o no consumo de gas.

Afirmaron que es "urgente recomponer margen bruto de ingresos en un revisión integral para las subdistribuidoras, que están en una situación crítica".

También fueron valiosos los comentarios sobre cómo nacieron esas prestaciones. En Santa Fe es conocida la iniciativa cooperativista de la Setúbal, con varias décadas de labor. En Recreo en cambio el servicio cumple 20 años y surgió "a instancias de 6 empresas que al ver que ninguna distribuidora de gas privada se interesaba recurrió a la Cooperativa y con aportes de capital propios pudo tender una red con 105 mil metros de extensión, que cubre el 80% de la localidad. Tiene 3.500 usuarios residenciales, 70 comercios y 11 industrias que solo con este sistema de aportes y cooperativo pudieron contar con el servicio. Hoy hay entre estas empresas hay firmas que exportan su producción", dijo su representante.

En Oliveros, la Sapem tiene desde 1997 participación estatal mayoritaria de la Comuna que también entendió que sería inconducente esperar la iniciativa privada. En el caso de Bombal y Bigand el eje es un gasoducto que las une, con 3.200 familias que reciben el servicio, así como industrias que emplean a 500 personas porque tienen gas natural.

La norma, sancionada el pasado 25 de junio en el Senado y promulgada el 7 de julio por el Gobierno nacional, prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565 -de Presupuesto Nacional-), y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país con temperaturas bajas, incorporándolas al beneficio del Régimen de Zonas Frías.

Con la modificación del artículo 75 del Presupuesto 2021, se beneficiarán a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Según datos que surgen de un informe del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en total en nuestra provincia se incorporarían 537.779 usuarios con Tarifa Diferencial, de los cuales 489.292 tendrían un descuento del 30 % y 48.487 con el beneficio del 50 % (a quien son alcanzados por la Tarifa Social y aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares).

En cuanto a los departamentos del sur entre los que se encuentra General López los clientes que obtendrían este descuento en nuestra región serían 47.456, en tanto que en el vecino departamento Caseros son 18.678 y Rosario, el departamento con más beneficios por su amplitud adhiere a 380.143 usuarios.

En diálogo con Sur 24, el vocero de Litoral Gas, José María González, señaló que aún no hay fecha para la aplicación de este descuento y que será el Enargas el que disponga del cronograma.

“Se podría aplicar desde agosto pero oficialmente no hay información que lo dicte de esa manera”, dijo González, quien amplió que este beneficio llegará “a todos los clientes residenciales de la zona comprendida por Litoral Gas; la localidad más al norte de Santa Fe que está dentro de este descuento es San Jorge y luego incluye todo el sur y parte de localidades del norte de Buenos Aires”. En Venado Tuerto el cien por ciento de los usuarios residenciales recibirán el descuento del 30 por ciento en el costo final de sus facturas de gas.

Y aclaró que esta tarifa diferencial también se aplicará en aquellas localidades donde haya Gas Licuado de Petróleo por redes (GLP), como Rufino, y donde tengan subdistribuidoras, como Casilda, Firmat o Bombal.

Además aseguró que para recibir el beneficio “el cliente no tiene que hacer trámite alguno, esto llegará cuando lo determine la autoridad regulatioria. Y no creo que sea retroactivo el impacto en la factura”.

Al respecto el vocero de la empresa distribuidora de gas detalló sobre cómo se aplicará el descuento: “Por ejemplo si el nuevo cuadro tarifario comenzara el 1 de agosto va a incluir todo el mes de agosto y en septiembre se le va a facturar julio y agosto y tendrá una reducción que no va a ser del 30 por ciento porque hay un mes que no está comprendido. Cuando se facture en octubre se incluye agosto y septiembre, con lo cual se va a tomar un mes frío y otro que puede tener días con bajas temperaturas”. Aunque subrayó que los descuentos estarán vigentes todo el año, no solo en meses de frío.

Asimismo, indicó que la empresa no tuvo participación en la ley de ampliación del Régimen de Zonas Frías sin embargo mencionó que “en las últimas audiencias públicas hechas por la actualización de la tarifa de gas hubo muchos oradores que propusieron esto”, a lo que agregó que el rol de Litoral Gas, al igual que las demás empresas distribuidoras, “es neutro”.

“Ese 30 o 50 por ciento de descuento que se da, de alguna manera se recompensa a la compañía con un fondo que se va a establecer pero siempre hay un riesgo al que nos podemos enfrentar”, sostuvo González.

Respecto a futuros aumentos en las tarifas, el representante de Litoral Gas dijo que la revisión tarifaria firmada en 2017, con plazo entre ese año y 2022 “fue suspendida por la Resolución 1.020 de diciembre del año pasado que da reinicio a la negociación de esa revisión. En tanto como el tiempo que va a durar es de dos años (finalizaría en diciembre de 2022) lo que dice es que el Enargas tiene la autoridad para realizar las actualizaciones que crea convenientes hasta tanto se llegue a un acuerdo final”, por lo que supone que no habrá aumentos durante este año “y se verá el próximo”.

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