El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta noche que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre", en referencia a su postura sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte de la producción de crudo.

A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario calificó como "deshonroso" el procedimiento de las autoridades iraníes "al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz", a cambio del pago de un peaje.

"Ese no es el trato que tenemos", exclamó Trump, y añadió que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre".

Irán exige a los buques petroleros pagar un peaje de un dólar por barril para transitar a través del estrecho, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal de hoy. El tráfico marítimo en el estrecho sigue siendo escaso.

Horas antes, Trump se había quejado porque "hay reportes de que Irán cobra tarifas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más vale que no lo estén haciendo y si lo están haciendo, más vale que se detengan ahora mismo!", escribió Trump en su red social Truth Social.

En tanto, el pasado miércoles el mandatario estadounidense había dicho en declaraciones a ABC News que estaba considerando crear una "empresa conjunta" con Irán para cobrar peaje a los buques que transitan por esta importante vía marítima por la que pasa cerca del 20 por ciento del petróleo global, propuesta a la que se refirió como "algo hermoso".

También afirmó el miércoles en su red social que Estados Unidos podría hacer "mucho dinero" "ayudando a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz".

De acuerdo con datos que rodearon la sanción de una ley de promoción del deporte amateur en el Senado de Provincia de Santa Fe, existen en ese ámbito 1.543 clubes dedicados a esas actividades.

El debate previo a la sanción de la Ley 14.334 en la Legislatura, denominada de “Apoyo a Clubes” por su autor Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) incluyó un relevamiento que posee la Casa Gris cuando se tomó “la decisión política” de promoverlos. Obviamente, como toda norma que involucra fondos había que medir su impacto.

Esta semana, desde otro ámbito, se produjo una novedad que es relevante para esas instituciones.

El gobierno nacional abrió un nuevo plazo de 90 días para que puedan acceder a unos módicos subsidios a la energía eléctrica y el gas natural, los denominados “Clubes Barriales y de Pueblo”, tal la denominación que adoptó la Ley Nacional 27.098, una de las primeras del gobierno de Mauricio Macri, sancionada en diciembre de 2015 y reglamentada en enero de 2016.

El actual gobierno nacional de Javier Milei, en el marco de una sostenida quita general de subsidios dejará en pie para cuando termine 2026 solo los precios mayoristas rebajados de luz y gas a las familias con menores ingresos y, en igual medida, a las entidades deportivas delimitadas por esa norma nacional.

Para esto último, el año pasado hubo un registro que cerró en diciembre. Pero ante la evidencia de que fueron muy pocas las inscripciones la Secretaría de Energía de la Nación decidió otorgar un nuevo plazo por 90 días, tal como publicó recientemente El Litoral.

Para contar con los subsidios, los clubes deben estar inscriptos en dos registros. Primero en el que creó la Ley Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, y luego en el de acceso a los subsidios energéticos.

En ambos casos se debe ingresar a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) en https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio donde existen infinidad de posibles interacciones.

Lo más simple es copiar y pegar “Inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo”en el rectángulo que ofrece una búsqueda por temas (con el habitual dibujo de una lupa en un extremo) para la primer caso. Y para el segundo, lo mismo con “Subsidios deportivos en el marco de clubes de barrio y de pueblo”. (En ambos casos, sin las comillas).

Los trámites son solo “para personas jurídicas” y los organismos que gestionan esos Registros son la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

La Nación subsidia un bloque subsidiado de 300 kilowatts por hora (kWh) mensuales en electricidad en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Cualquier excedente se abona con tarifa plena.

En marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre solo se subsidian 150 kWh mensuales, con el mismo procedimiento para el resto del consumo. En gas, los bloques subsidiados tienen un tope de consumo que varían según el régimen de tarifario asociado al clima y al mes.

Los subsidios son iguales al que se otorga a los usuarios residenciales identificados como N2, de bajos ingresos, en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) que marcha a su extinción.

El Régimen de Subsidios Focalizados dispuesto por la Casa Rosada en 2025 (tras el fracaso para establecer una “canasta de necesidades energéticas” anunciada en diciembre de 2023) termina con la llamada “Segmentación de la Demanda”, que implementó Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández en su última etapa, cuando se hizo insostenible la política de subsidios generalizados e iguales para todos los usuarios residenciales sin importar su posibilidad real de pagar por esos servicios.

Durante décadas, aquella decisión provocó un enorme déficit y (ya tarde) se intentó racionalizar ese dispendio de recursos con una división de los hogares según tres niveles de ingresos. Antes, el macrismo había también buscado otra salida que no logró imponer. En el último año de su gestión dio marcha atrás antes de la campaña electoral.

El principal cambio dispuesto por el gobierno nacional es que los usuarios del nivel de ingresos medios (N3) tendrán una progresiva quita de subsidios, hasta pagar la tarifa plena y sin ayudas del sector público, tal como hoy sucede con los usuarios residenciales de niveles de ingresos más altos (N1). Para 2027 solo quedarán subsidios “focalizados” en los hogares con ingresos bajos.

El límite es de hasta tres canastas básicas totales medidas por el Indec.

Como sucede en la mayoría de las ciudades importantes del mundo, también Rosario instrumenta políticas públicas tendientes a desalentar el estacionamiento prolongado, especialmente en el centro.

El esquema mantiene el diseño de tarifas progresivas: a medida que pasan las horas, estacionar resulta más caro. La lógica es explícita: desincentivar el estacionamiento prolongado y liberar boxes para recambio, especialmente en el corazón comercial y administrativo.

Cartelera actual del estacionamiento medido en la ciudad de Rosario. Crédito: Municipalidad de Rosario

Zona A

1° hora: $1.410

2° hora: $1.762,50

3° hora: $2.115

Zona B

1° hora: $1.181

2° hora: $1.476,20

3° hora: $1.771,50

Zona C

1° hora: $937

2° hora: $1.171,20

3° hora: $1.405,50

Además, el sistema conserva condiciones operativas pensadas para evitar “autos estacionados todo el día”:

Tiempo máximo: 3 horas. Para volver a estacionar por más tiempo, es obligatorio mover el vehículo a otra cuadra.

Cartelera actual del estacionamiento medido en la ciudad de Rosario. Crédito: Municipalidad de Rosario

Tiempo de cortesía: 10 minutos.

El estacionamiento medido funciona en el área céntrica delimitada —en términos generales— por calles como Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río, con una división en zonas A, B y C.

Horarios

-Lunes a viernes: 9 a 20

-Sábados y medio feriados: 9 a 12

-Domingos y feriados: sin cargo

La actualización tarifaria llegó luego de 15 meses sin cambios y, según subrayó el municipio, se enmarca en la necesidad de ordenar el uso del espacio público en sectores de alta circulación.

En la práctica, el incremento progresivo por hora funciona como “señal de precio”: cuanto más tiempo se ocupa el box, más caro es sostener esa decisión, lo que empuja a liberar el lugar o buscar alternativas (cocheras, traslados compartidos o transporte público).

En esa línea, desde el Ejecutivo local remarcan que el sistema apunta a reducir la circulación innecesaria de vehículos que dan vueltas para encontrar un lugar, uno de los factores que recargan el tránsito en el centro en horarios pico.

Uno de los ejes de la estrategia es simplificar el pago para que el control sea más efectivo y el cumplimiento, más alto. Hoy se puede abonar el estacionamiento medido con Movil TR y también desde Movi Rosario (con intercambio de datos entre aplicaciones), y existen modalidades para usuario frecuente (con monedero/recarga) y ocasional (pago directo con tarjeta).

Para frentistas, el municipio mantiene un esquema diferencial: pueden activar desde su casa beneficios vinculados al estacionamiento sin depender del parquímetro.

El estacionamiento medido no se presenta sólo como ordenamiento: también como política para disuadir el uso del auto particular en el área central y, con ello, estimular el transporte masivo.

En el debate por la actualización y rediseño del sistema, la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, planteó que parte de lo recaudado por infracciones puede nutrir herramientas de financiamiento del transporte urbano: mencionó que un 20% de lo recaudado por multas se destinaría al Fondo Compensador del Transporte Urbano de Pasajeros, reforzando el vínculo entre control del estacionamiento y sostenimiento del sistema de colectivos.

Además de la tarifa ya vigente, 2026 aparece como un año de transición hacia un esquema con más tecnología y datos. En el Concejo se discutió un proyecto de nuevo sistema que propone, entre otros puntos:

-Eliminar parquímetros (migración a herramientas digitales).

-Pasar de tres zonas a dos zonas.

-Incorporar ocupación en tiempo real y funciones “predictivas” (consulta por app/web antes de viajar al centro).

-Cambiar el horario de vigencia (planteado de 9 a 20 a 9 a 19).

-Simplificar la actualización de tarifas con una referencia vinculada al precio del combustible.

-Beneficios para frentistas con un límite que preserve el fin del sistema: se mencionó hasta tres horas gratuitas y luego un descuento parcial.

Aunque esos cambios forman parte de un proceso de implementación y definiciones para el primer semestre de 2026, la orientación general se mantiene: que estacionar largo en el centro sea cada vez menos atractivo y que el viaje al área central se piense, cada vez más, en clave de transporte público y combinaciones.

Para llegar a las cifras crecientes conforme pasa el tiempo de un coche estacionado en la vía pública, se utilizó una fórmula relacionada con el costo del combustible. Así, el valor por la primera hora de estacionamiento está fijada entre 80% y 120% del valor del litro de nafta. La segunda hora multiplica ese monto x 1,5; mientras que en la tercera esa multiplicación es de 2,5.

El gobierno nacional estableció nuevos incrementos en los valores de impuestos para el gas natural y el consumo mayorista del mercado eléctrico.

Fue mediante tres resoluciones publicadas este martes 30 de septiembre en el Boletín Oficial. Una de ellas con firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y las dos restantes con la rúbrica de María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

En la Resolución 1448/2025 del Ministerio de Economía, con firma de Caputo, se establece un recargo del 7% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido. Este recargo se aplicará a todos los usuarios y comercializadoras de gas natural en Argentina, afectando tanto el consumo residencial como el autoconsumo.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) será responsable de ajustar los procedimientos de facturación. La normativa busca financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, en un contexto de emergencia económica y energética.

La Resolución 381/2025 del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, establece ajustes en la remuneración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF). Esta normativa responde a la emergencia del sector energético y busca asegurar un suministro eléctrico eficiente y a bajo costo.

A partir del 1° de octubre de 2025, se fijará un Precio Spot máximo de $13,622 por megavatio hora. Los Complejos Hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila mantendrán su remuneración actual durante el proceso de privatización.

Por el lado de la Resolución 383/2025 del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, establece nuevos precios de referencia para la energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF) para el período del 1 al 31 de octubre de 2025.

Esta normativa responde a la necesidad de ajustar tarifas y precios en el contexto de la emergencia energética y económica, buscando reflejar los costos reales de abastecimiento. Los usuarios residenciales de niveles 2 y 3 recibirán bonificaciones en función de los precios mayoristas. La resolución también instruye a los agentes distribuidores a informar sobre los volúmenes de energía adquiridos, asegurando un adecuado direccionamiento de subsidios.

Resolución 381/2025 by El Litoral

Vialidad Nacional informó que se encuentran publicados en la web oficial del organismo los Informes de Cierre surgidos a partir de las Audiencias Públicas realizadas los días 11, 12 y 13 de junio por los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, correspondientes a la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC).

En este marco, y en lo que respecta a los denominados Tramo Pampa (RN 5), Tramo Mediterráneo (RN 7 y RN 35) y Tramo Puntano (RN 193, RN 8, RN 36 y A-005), en dicha instancia de participación ciudadana se recibieron propuestas de obras no previstas inicialmente -como accesos, rotondas, variantes y autovías-, que serán evaluadas individualmente en función de su viabilidad técnica y su impacto en las tarifas. También se destacaron planteos vinculados a la necesidad de mejorar el estado de las rutas, fortalecer los servicios de emergencia, implementar controles de peso, y revisar la ubicación de estaciones de peaje.

En cuanto a los Tramos Portuario Sur (RN 9 Y RN 188) y Portuario Norte (RN 9, RN 33 y A-008), las intervenciones recibidas abarcaron también propuestas de obras no previstas de manera preliminar; cuestionamientos a la reducción de móviles de seguridad vial; observaciones sobre el estado actual de los tramos; consultas sobre control de pesos y dimensiones; reclamos sobre la ubicación de estaciones de peaje; y pedidos puntuales no vinculados directamente al objeto de la audiencia.

Finalmente, de la Audiencia Pública realizada por los Tramos Acceso Sur (Au. Ezeiza -Cañuelas, Au. Riccheri, Au. Newbery, Sur (RN 3 y RN 205) y Atlántico (RN 226) se recibieron propuestas que incluyen también desde reclamos sobre el estado de las rutas hasta propuestas de nuevas obras y mejoras en los servicios.

Todas las observaciones serán consideradas en la elaboración de los pliegos licitatorios definitivos, priorizando aquellas que representen beneficios concretos para los usuarios y con el objetivo principal de mejorar el sistema vial para quienes transitan por estos tramos, sin comprometer la razonabilidad de las tarifas.

Las Audiencias Públicas son espacios institucionales que habilitan la participación ciudadana durante el proceso de toma de decisiones. Personas humanas y jurídicas, autoridades municipales y provinciales, organizaciones, especialistas y la ciudadanía interesada, manifiestan su conocimiento o experiencia respecto al tema y presentan su perspectiva individual, grupal o colectiva. Dichas opiniones, no obstante su carácter no vinculante, son analizadas adecuadamente para la elaboración del respectivo informe.

Son 1,9 millón de "viajes" en camión que entran con granos a los puertos del Gran Rosario, al año. Según el Banco Mundial, el sector agroalimentario representa 15,7% del PBI argentino, 10,6% de los ingresos fiscales, 61% de las exportaciones y del 17 al 24% del empleo del sector privado.

Pero los camiones acceden a las plantas industriales y puertos cerealeros en rutas colapsadas o incluso por caminos de tierra, por las que pagan un "peaje" equivalente a unos $25 mil millones al año.

El cálculo es de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, que "encarga" gran parte de los viajes en camión, y paga las tarifas del transporte. La entidad "intimó" a siete municipios y comunas del sur provincial -y una bonaerense- a terminar con peajes disfrazados de tasas distributivas.

Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo y San Martín en Santa Fe, más Ramallo en Buenos Aires, ya recibieron las respectivas cartas documento. La Federación las intima a "terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones".

Ante la "carencia total" de un servicio municipal que justificaría el cobro de tasas, los acopiadores advierten que agotarán instancias administrativas y judiciales.

Alegan que "el cobro compulsivo" atenta contra los artículos 14, 15, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución Nacional, "ostentando un vicio de legitimidad manifiesto, que compele a ser dejada de efecto con carácter de urgente", para así interrumpir los daños cuantiosos que produce a todo el sector rural en su conjunto, considerando que pasa a cambio del funcionario público el deber de evitar mayores daños".

Mientras el "peaje" está vigente en plena temporada de embarque de la cosecha gruesa, sólo con dos años de recaudación se completarían los $50 mil millones de endeudamiento que la provincia se dispone a emitir para financiar la el cruce de la ruta provincial 91 con la nacional 11 y sobre vías del FFCC Belgrano; el Camino del Mozo; el Camino de la Cremería; y el tercer carril de la Autopista Santa Fe-Rosario.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera/Centro de Exportadores, Gustavo Idígoras, acordaron esta semana en Rosario la posibilidad de que las multinacionales exportadoras compren parte de la deuda que emita Santa Fe, que ya inició las obras bajo su jurisdicción.

1,9 millones de camiones llegan a los puertos del sur santafesino en un año de campañas "promedio" de los productores agrícolas. Crédito: Fernando Nicola

Sobre la vía navegable troncal del Paraná están las plantas y puertos de Renova, LCD, Cofco, ACA y AGD. Para evitar el paso de 627 mil camiones por adentro del ejido de la localidad de La Ribera, la provincia adjudicó -por unos $16 mil millones- un nuevo acceso desde la Ruta Provincial 91.

Son 7 kilómetros que enlazan desde esa traza, salvan el cruce con la autopista Santa Fe-Rosario sobre un puente ya existente, pasan sobre la Ruta Nacional 11 y más adelante sobre el río Carcarañá y las vías del FFCC Belgrano Cargas con dos nuevos puentes, para empalmar con la calle Cacique Mangoré.

Pero entre la RN11 y los puertos hay 16 kilómetros de ripio bajo jurisdicción de Timbúes, cuyo presidente comunal -Antonio Fiorenza- le confió a El Litoral que no cederá esos espacios (ni los peajes en su caso) para integrarlos en una red de accesos como pretende la administración Pullaro.

"El mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena del agro", planteó la entidad que reúne a más de mil empresas graneleras en el país. "Una mera disposición municipal crea aduanas internas alterando derechos y obligaciones de contratos privados pactados en el marco de la legislación de fondo, y de los usos y costumbres en el comercio de granos", detallaron desde redes sociales.

Lo que cobran en dos años municipios y comunas es lo que Santa Fe invertiría para el tercer carril de la autopista en cercanías de Rosario, y para que los accesos a los puertos no impacten en los centros urbanos del sur santafesino.

La idea de la Casa Gris -si bien ya inició algunos contratos de obras- es ir emitiendo la deuda a medida que se emitan los certificados de obras por tramos ya realizados, para no "descalzar" la planificación financiera de la necesidad de pagos.

Si las grandes exportadoras compran esa deuda a emitir por la provincia, será un aporte que hasta aquí los principales jugadores de la economía santafesina no hacen al fisco provincial. El mundo de la exportación de granos es "territorio" de "cooptación fiscal" nacional.

Santa Fe nada percibe sobre la exportación; la aduana es exclusiva del gobierno central y es parte de los compromisos que las provincias asumieron al firmar la ley de coparticipación. Sumado al Convenio Multilateral de IIBB y a un principio de tributación internacional, no se exportan "impuestos".

En las próximas semanas el Gobierno lanzará una campaña para que los usuarios de energía eléctrica y gas natural por redes se vuelvan a inscribir en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que define la segmentación de tarifas.

De esa manera, los hogares brindarán voluntariamente sus datos para que la Secretaría de Energía pueda actualizar sus bases y en función de eso, categorizar correctamente a los usuarios según sus ingresos y patrimonios para focalizar la ayuda del Estado nacional.

Según fuentes oficiales, "las cosas no valen lo que la capacidad adquisitiva de la gente pueda pagar, sino lo mismo para todos, y por eso establecimos los precios de la energía uniformes para todos. El subsidio sí está en función del poder de compra. Nosotros queremos pasar de subsidios generalizados a focalizados, detectar a los vulnerables".

Hasta mayo, las familias de menores ingresos y las que están en situación de pobreza abonaban apenas el 3% del costo pleno de abastecimiento eléctrico, un nivel que se elevará hasta poco más del 20% desde este mes.

La intención del Gobierno es que -sin cambiar los criterios de inclusión y exclusión para el acceso a los subsidios- los usuarios declaren sus datos actualizados para destinar el gasto público a quienes realmente lo necesitan.

"Va a salir una reglamentación para los que estén mal registrados. Los usuarios van a poder reclamar si creen que el registro los categoriza mal, y el sistema operará como con los reclamos de una tarjeta de crédito: primero se les dará la razón a los consumidores y se los volverá a incluir en los subsidios, pero se investigará caso por caso y se cobrará retroactivo si estaba bien la exclusión", detallaron en las cercanías de la Casa Rosada.

Ese nuevo sistema tendrá un período de transición de 6 meses a 1 año y tiene múltiples complejidades: son 640 canastas distintas según el tipo de usuario y la región, entre otras variables; además, las provincias tienen que enviar sus bases de datos.

El sector gastronómico y hotelero de Rosario advirtió que la caída en la demanda es de un 40%. Este porcentaje se extiende también en cuanto a lo laboral, agudizándose en el último tiempo, pese a que desde el verano comenzó a detectarse la merma.

Tanto el gremio como los empresarios del rubro observan que es “un escenario muy difícil” el que afrontan este año, con una fuerte caída de la facturación que repercute directamente en los trabajadores.

Desde las entidades que aglutinan a estos sectores señalaron que tras el esfuerzo que implicó el comenzar a recuperarse después de lo que fue el stop económico de la pandemia, ahora con la crisis económica que atraviesa el país y sin Covid-19 de por medio, la situación es preocupante.

Entre los argumentos más contundentes hace hincapié en la inseguridad que se vive en la ciudad y también en el aumento de las tarifas, que golpea con potencia los bolsillos tantos de los comerciantes como de los consumidores.

Tanto en los shoppings como en los centros comerciales a cielo abierto, se puede detectar que los negocios están vacíos. Si bien hay mucho movimiento en las calles, pocos son los que se acercan a efectivizar compras.

El panorama para los dirigentes hoteleros y gastronómicos es desalentador. En los bares y restaurantes, por ejemplo, se empieza a sentir la no renovación de contratos y la falta de renovación de comensales, al punto que hay turnos que están vacíos.

Si los negocios de la actividad no levantan la facturación, va a ser muy difícil que esto se recupere, apuntan los dirigentes. Empieza a ser un “sálvese quien pueda” y eso “no es bueno”, añadieron.

Por su parte, “el aumento de tarifas” en servicios públicos, que “si lo llevan directamente a los precios, no va más nadie" a los locales. "Entonces es una situación muy difícil”, comentan los comerciantes.

Además, admiten que los aumentos salariales acordados en paritarias resultan, en este contexto, “muy difíciles de implementar” porque se da “una situación de pérdida del trabajo y de negocios que no facturan”. Por eso “el trabajador tiene que cobrar el salario que corresponde, pero es un escenario muy difícil”.

Por su parte, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar) confirmó que, en el citado período, desde el inicio del actual gobierno nacional, las ventas cayeron un 40 por ciento interanual.

El presidente de la entidad, Carlos Mellano, dijo que es palpable la caída de las ventas “desde enero y agudizada en marzo”, a lo que ahora se suma “el invierno, que es un tiempo no propicio para la actividad porque la oferta gastronómica se achica” ante una menor demanda".

“Esa baja hace que el sector no emplee o achique su grupo humano. Incluso vemos algunos cierres de locales”, observó el dirigente empresario en La primera de la tarde, y añadió: “Cuando hay muchos tiempos muertos, sin ventas, el dueño achica la estructura despidiendo personal o trata de tenerlo cuando hay demanda”.

Analizó, por otra parte, que “la actualización de los alquileres es otro de los factores que disparan una evaluación distinta” sobre la rentabilidad del sector. Dicho costo, lamentó, “a veces se triplica” a la hora de renovar y se suma “a los precios de los servicios como la luz y el gas” que sufrieron tarifazos este año.

Contra el rumbo que el propio gobierno nacional se había trazado en enero, mayo muestra que no se han cambiado los objetivos planteados en su política energética, pero sí que se han postergado. Y que el recurso de patear la pelota para adelante, tan común en las últimas décadas, pese a tantos discursos y debates respecto del cambio aún domina la agenda. Queda para más adelante el aumento de las tarifas a los usuarios residenciales de los de ingresos más bajos y de la sobreviviente clase media (que hoy tienen subsidios estatales de alcance similar a los pobres), otro tanto sucede con los pagos a las empresas generadoras con las que el Estado nacional tiene deudas crecientes que pretende cubrir con papeles en lugar de dólares y, sobre todo, para dar alguna señal clara a los inversores respecto de un asunto al que casi nadie presta atención y es clave: la explotación de las centrales hidroeléctricas del sur patagónico. Conviene repasar cada decisión asumida por el gobierno nacional, desde una óptica santafesina.

Las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación aceptaron en mayo lo que se decía desde abril, que se impondría el criterio del ministro de Economía, Luis Caputo, que posterga subas de tarifas para que le de mejor el índice inflacionario. Sólo porque los santafesinos (y el resto de los argentinos del interior del país) dependen de la misma generación de energía eléctrica que el AMBA llegan a estas latitudes los beneficios para los usuarios de los niveles residenciales N3 y N2. El objetivo es privar de esas ayudas estatales a la clase media, para mejorar disminuir el gasto que implica sostener los subsidios por megavatio/hora. Así, al menos por ahora, los kilovatios/hora que consumen santafesinos de clase media y baja que se hayan logrado inscribir en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía) siguen pagando una muy pequeña porción del costo de la generación: entre el 4 y el 5%.

En más, hace cinco meses, durante los últimos días del gobierno de Alberto Fernández esos usuarios (que suman el 70% del consumo residencial) pagaban aproximadamente el 15 y el 18% del valor de la generación.

Es curioso: aunque los subsidios del Estado Nacional se redujeron ya en un 40%, la dolarización de las tarifas y la devaluación del peso han hecho al sistema eléctrico aún más dependiente de las ayudas del sector público.

En materia de gas sucede algo parecido. También el mapa de la bota está atado a la suerte del conjunto porque las concesiones nacionales cubren todo el territorio nacional: los gobiernos nacionales no tienen la chance de aumentarles tarifas solo al interior. Aun así, por reducción de subsidios hoy los usuarios del sistema de gas natural por redes pagan entre el 14 y el 20% de su valor mayorista.

En cuanto a las tarifas del transporte público de pasajeros, la ayuda de la Casa Rosada sí puede ser limitada al objetivo de calmar el índice inflacionario. Y es por esa razón que solo se subsidia a porteños y bonaerenses, cuyo peso relativo en la estadística se cuida con fondos públicos que no llegan a "las provincias".

Más, el presidente Milei aumentó un 39% esas partidas para colectivos y trenes en el Amba. Ya son más de $80 mil millones mensuales, es decir, el equivalente a la totalidad de los subsidios otorgados al transporte del interior del país durante todo el ejercicio 2023.

Mientras las tarifas siguen congeladas, el gobierno nacional le ha propuesto a las empresas generadoras de energía eléctrica pagarles los subsidios con papeles, títulos de deuda, que el sector aún no ha aceptado. Unas prórrogas unilaterales y las condiciones de una prestación cuasi monopólica que solo tiene como cliente a Cammesa le permiten a la cartera de Economía, otra vez, postergar.

El rojo es de 2.200 millones de dólares tan solo por el primer trimestre del año. La prensa especializada, en la que muchas veces se cuelan las posiciones de las compañías interesadas, hablan de un "default energético". Más allá de lo discutible del término, es indiscutible que el objetivo de tener un Estado al margen de los vaivenes del mercado energético, como pregona el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo. El funcionario dice que la Nación solo debería ocuparse de las regulaciones mínimas, sin aportar subsidios ni obligaciones a los subsectores, pero hoy sucede lo mismo que con el kirchnerismo y buena parte del macrismo. La deuda actual con generadoras es incluso mayor que la de Macri en 2018, cuando en vísperas electorales se aquietaron las tarifas y acumularon 1.500 millones de dólares de deuda.

¿En qué han cambiado las condiciones con que se gestionan las represas hidroeléctricas en el sur argentino con respecto al gobierno anterior? ¿Qué diferencias hay entre las decisiones que tomó el ex ministro de Economía y derrotado candidato presidencial Sergio Massa y las que hasta ahora ha tomado en esa materia el presidente Javier Milei? Las respuestas son: nada, ninguna, respectivamente.

En julio de 2023 se agotó el plazo de las concesiones de las hidroeléctricas del complejo El Chocón que, junto a Yaciretá y las centrales nucleares brindan la energía más económica. En aquel mes del año pasado el gobierno nacional saliente no tomó ninguna decisión que pudiera comprometer a la siguiente gestión, antes del proceso electoral.

Con las compañías privadas ya sin plazos de concesión, el Poder Ejecutivo Nacional apostó por prorrogar por decreto esa situación, bajo el control de la empresa estatal Enarsa. Esa compañía, antes con Alberto Fernández y ahora con el gobierno libertario, están bajo Energía Argentina Sociedad Anónima como "veedor" de las represas.

Hoy los contratos de Alicurá (AES), El Chocón (ENEL Generación) y Cerros Colorados (Orazul Energy) se han vuelto a prorrogar según lo que cotidianamente informa la prensa de la provincia de Río Negro, interesada en su propia gestión de esos recursos. O en al menos obtener alguna regalía por la presencia de esas obras en sus sistemas hídricos.

Con la decisión adoptada, entre julio y agosto de 2024 se cumplirá un año de indefiniciones o, de decisiones postergadas. Las represas del sur seguirán sin un norte claro. Serán en total 6 meses del gobierno de los Fernández terminado en diciembre y otros tantos de las actuales autoridades del libertario.

Otro dato es significativo: terminada la concesión de esos embalses y sus turbinas, la Nación tiene facultades legales para licitar nuevas operaciones. No necesita para ello otros instrumentos jurídicos que sus decretos, porque rigen leyes de los '90. Por eso, es interesante comprobar que la Nación no haya hecho nada con las represas del sur, solo postergar decisiones y prorrogar medidas adoptadas durante el gobierno anterior.

A través de la Resolución 66/2024 publicada en el Boletín Oficial el Gobierno Nacional ratificó el rol estratégico de Corredores Viales Sociedad Anónima (CVSA) en la gestión de corredores viales nacionales, otorgando nuevas concesiones y autorizando ajustes tarifarios para asegurar la calidad del servicio y la sostenibilidad financiera de la empresa.

El objetivo de CVSA es la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario en corredores viales como el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires y otros asignados por el Estado Nacional.

También, tiene a su cargo la explotación de áreas de servicio, explotaciones complementarias y accesorios, así como otras actividades vinculadas a su objeto social.

El Decreto Nº 659 del 20 de septiembre de 2019 otorgó a CVSA la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario en varios corredores viales nacionales, conforme a las disposiciones de la Ley N° 17.520 y sus modificaciones. Esta concesión se extendió a través de un contrato suscrito el 31 de enero de 2020 entre el Ministerio de Obras Públicas y CVSA.

Posteriormente, el Decreto N° 779 del 30 de septiembre de 2020 otorgó a CVSA una concesión adicional para continuar mejorando y gestionando corredores viales nacionales bajo los lineamientos contractuales estipulados.

El Decreto N° 1036 del 22 de diciembre de 2020 amplió las responsabilidades de CVSA al otorgarle nuevas concesiones de obra pública por peaje para corredores viales nacionales determinados en el Anexo II de dicho decreto.

En respuesta al contexto inflacionario y las variaciones significativas en los costos de explotación, conservación y mantenimiento de los corredores viales, CVSA presentó una propuesta para la modificación de los cuadros tarifarios aplicados a los corredores viales nacionales tramos I a X. Esta propuesta fue analizada por la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de la Dirección Nacional de Vialidad, que realizó los estudios correspondientes y propuso nuevos cuadros tarifarios.

La Resolución N° RESOL-2024-94-APN-DNV#MINF, emitida el 18 de marzo de 2024, declaró la apertura de un procedimiento participativo para la revisión y aprobación de los nuevos cuadros tarifarios para los corredores viales nacionales.

CUADRO TARIFARIO by El Litoral

Los cuadros tarifarios revisados fueron finalmente aprobados, con vigencia a partir de su publicación durante dos días corridos en dos medios periodísticos de la zona de influencia. Los usuarios serán notificados de estos cambios por medio de la página web de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los nuevos cuadros tarifarios buscan equilibrar los costos y garantizar la calidad de los servicios prestados por CVSA. Al ajustar las tarifas, se espera que los usuarios continúen disfrutando de corredores viales bien mantenidos y seguros. Además, la metodología de cálculo establece una fórmula de actualización tarifaria que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2024, comenzando en junio de 2024.

El ajuste tarifario también toma en cuenta la categoría de vehículos y la estación de peaje, con redondeos en múltiplos de 100 pesos para simplificar la administración y los pagos. Asimismo, se busca garantizar la equidad y transparencia en el proceso de revisión y aprobación de las tarifas.

Resolución 66/2024 by El Litoral

La inflación de marzo fue del 11 %, un indicador que el gobierno celebró como un logro al tiempo que aspira a que se siga desacelerando hasta llegar a un dígito. Por otra parte, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 287,9% interanual y en lo que va del año acumula un 51,6%.

Los rubros que más incidencia tuvieron en la suba de marzo fueron educación, con más del 52% en sólo un mes y comunicación, con un avance del 15,9 por ciento.

Ahora bien, ¿qué escenario anticipan las principales consultoras económicas para el cuarto mes del año? ¿Y de qué factores podrían depender esos pronósticos? Aquí, una síntesis elaborada por la agencia Noticias Argentinas.

Desde la consultora de Orlando Ferreres, el economista Fausto Spotorno indicó que la inflación será de entre 10 y 11 por ciento dependiendo de cómo se imputen las tarifas de gas y de agua que aumentan en abril. No obstante, afirmó que la inflación núcleo se está derrumbando. En la primera semana de abril, esta fue de 1,6%, que es la más baja desde noviembre. "Creemos que la inflación núcleo va a estar claramente por debajo de 10%, posiblemente en 8 por ciento", dijo Spotorno.

Tras el nuevo dato, para abril, la consultora C&T Asesores Económicos estima que la inflación se ubicara en torno al 12% en GBA y levemente por debajo a nivel nacional, con la división Vivienda como principal impulsor por las subas de agua y tarifas de gas.

Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que la inflación de abril va a estar cerca del 9,5%. "El impacto del aumento del gas aportará algo más de 4 puntos, mientras que la inflación núcleo (que no tiene en cuenta el impacto de regulados y estacionales) quedará marcadamente por debajo de dicha variación", indicó.

Por su parte, el economista de Empiria Consultores Matías De Luca proyectó un IPC del 11% considerando los aumentos de gas. En la misma línea, Vivienda sería el rubro que impulsaría la suba por sobre alimentos debido al incremento en las tarifas de gas.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, el IPC de abril mostraría una variación positiva del 10,8%.

Por debajo de estos números y ya en un dígito, la consultora EcoGo proyecta una variación de precios para este mes del 9,8 por ciento. "Aunque el dato es todavía preliminar, la desaceleración del consumo producto de la caída de los salarios reales presiona a la baja los precios. Como contrapeso actúan los aumentos de tarifas -en particular agua y gas- en un contexto de atraso y corrección de precios relativos", aclararon en su informe. De esta manera, a nivel interanual la inflación acumularía una suba del 310% y en el primer trimestre de 2024, del 68,5%.

En cuanto a alimentos, la proyección de EcoGo es de un aumento del 7,2% mensual. "En la primera semana del mes, los alimentos registraron un incremento del 1,3%, marcando un fuerte descenso respecto a los registros de las semanas previas, en una semana corta luego del fin de semana extra largo. Con este dato y considerando aumentos proyectados para las semanas restantes del 1,9%, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 7,3% en el marzo. Si además se incorporan los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar, la inflación en alimentos alcanzaría el 7,2%", afirmaron.

Su reporte indicó que la primera semana de abril fue "tranquila para el precio de las carnes, que registraron en conjunto un aumento del 1,1%". "La carne vacuna no mostró variaciones a nivel minorista y se mantuvo calma también en el mercado mayorista dónde, aunque medidos en dólares los precios de la hacienda se encuentran en niveles históricamente altos, los precios al mercado interno comienzan a quedar atrasados frente a los niveles de inflación registrados los últimos meses. El cerdo se mantuvo también sin variaciones en la semana, mientras que el pollo subió 5%", señaló.

En tanto, "las frutas registraron una suba del 4,2% en la semana impulsadas por la categoría 'otras frutas' y por las frutas cítricas que registraron incrementos de 7,2% y 5% respectivamente.

En cuanto a las verduras, la categoría "otras verduras frescas y congeladas" se destacó con un aumento del 3,1%, mostrando el rubro en su conjunto un aumento del 2,3%. Productos lácteos y huevos Los lácteos siguen destacándose, con un aumento en la leche fluida del 5,6%. Así, la categoría marca un aumento del 2,5% respecto a la semana previa y acumula un incremento del 8,3% en lo que va del año, detallaron.

Según la consultora LCG, estimaron que la inflación en alimentos de la primera semana de abril se desacaleró 0,4 puntos porcentuales y subió 0,45%, impulsada por comidas listas para llevar (+3,98%) y productos de panificación, cereales y pastas (+2,68%).

En la segunda semana, se volvió a desacelerar a 0,2%. Así, en lo que va de abril la suba acumula un 0,6 por ciento.

La devaluación del mes de diciembre continúa impactando en el bolsillo de los argentinos. Ahora, los incrementos se verán reflejados en las boletas de energía. Por decisión del gobierno nacional, a partir del 1 de febrero, se trasladó a las tarifas de los usuarios N1 (aquellos que no tienen subsidios) y al sector productivo (usuarios con despensas, kioscos, bares) todo el impacto del aumento del precio mayorista de la energía eléctrica.

Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe, explicó en diálogo con los periodistas María José Ramón y Néstor Picard de CyD Litoral, los motivos y cómo impactará en la provincia el incremento. Además advirtió que para marzo también habrá un aumento en las tarifas por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

“Este aumento está dado por la devaluación de diciembre, el costo de la energía está atado en un 80 % al valor del dólar y por eso la devaluación impacta en las tarifas”, manifestó la secretaria y añadió: “Antes el gobierno nacional emitía y le pagaba a la empresa energética con ese dinero en vez de trasladarlo a la tarifa”. El impacto será alrededor del 100% y no solo en Santa Fe sino para todo el país.

De todos modos, Geese admitió que es “difícil calcular el incremento” porque “depende mucho del consumo” y agregó que habrá un leve aumento además en los usuarios N2 y N3 “porque se aumentó el costo de la potencia contratada”. Esto último será ínfimo respecto a la otra suba.

Así también, los costos propios de la EPE (cables, salarios, camionetas, traslados), tendrán un ajuste a partir de marzo e impactará en todas las boletas. Geese adelantó que “una familia que consume 400 kilovatios horas bimestrales, que es un consumo promedio, pagará $7.500 pesos más por mes, en el porcentaje de EPE”.

Cabe destacar que la factura de la energía está dividida en tres. Un 30% de impuestos y el resto, para los usuarios N1, la mitad es energía y la otra mitad es el valor agregado de distribución de la EPE.

Con estos ajustes y manteniendo el mismo consumo, “el usuario debería calcular un incremento del 150% para abril (respecto de la factura diciembre/enero) pero dependerá si es usuario N1, N2 o N3”, manifestó la secretaria provincial. En esa línea recordó que la categoría “puede perderse” y que el 29 de febrero “hay audiencia pública para decidir cómo se sigue con los subsidios”.

Los incrementos variarán según el consumo.

“Salvo los N2 y los N3 que consumen menos de 800 kilovatios horas bimestrales, el resto del país tiene que pensar en un incremento del 150% respecto a la última factura”, enfatizó Geese.

“Todos los usuarios N1 tienen un promedio de 400 kilovatios horas bimestrales y el N2 y N3 que pagan mucho más barata la energía, su promedio de consumo son 600 u 800, entonces tampoco podés decir que el aumento es igual para todos porque los consumos son diferentes. Esos consumos tal vez puedan bajar un poco cuando el precio sea más alto”, añadió.

Verónica Geese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. Crédito: Archivo

Debido a la complejidad del tema por la diferencias de categorías e incrementos, Geese explicó: “La certeza que tenemos hoy es que va a haber un aumento en los cuadros tarifarios de los usuarios N1 y en el sector productivo y que será más de un 100%. El resto va a variar de acuerdo a la categoría y el consumo”.

“Lo que puede hacer el usuario es empezar a mirar su factura, ver cuánto consume y analizar esos consumos. Vamos a trabajar mucho con la eficiencia energética, con calculadoras que vamos a ir sacando para que el usuario pueda fijarse lo que consume. Queremos llevar la información a la gente para que sepa que se puede consumir menos teniendo la misma calidad de vida en los hogares”, cerró.

La secretaria de Energía también tomó la palabra para hablar sobre los avances y el estado del gasoducto metropolitano, sobre el cual aclaró que “la obra no está parada, pero se ralentizó en el cambio de gestión”.

“Había informaciones parcializadas que debimos consolidar para tener una idea de cuánta plata hace falta para terminar la obra. Además, la relación con el gobierno nacional para ver si va a seguir poniendo plata en las obras en Santa Fe, no lo tenemos en claro. pero si tenemos claro la indicación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, de que el gasoducto se va a terminar porque están los fondos. Queremos tenerla terminada antes de fin de año”, explicó Geese.

“El dinero que hace falta para terminar la obra lo va a aportar Provincia porque desde Nación no tenemos novedades. Vamos a insistir para que paguen lo comprometido pero no podemos depender de eso y estar esperando. Vamos a reclamar los fondos pero cuando lleguen van a estar totalmente desactualizados”, contó.

“Faltan cerca de 10 mil millones de pesos y el avance de obras es alrededor de un 70%. Si no se reactiva el aporte del gobierno nacional, el gobierno provincial va a disponer de esos fondos para que si la empresa contratista quiere terminar la obra mañana, la pueda terminar mañana y luego comenzar a trabajar en las redes de distribución y redistribución”, manifestó.

El ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, se mostró sorprendido por la "intempestiva" decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior para el transporte. Confirmó que la provincia seguirá aportando subsidios al sistema, pero que no puede cubrir lo que corta la Nación. Y que esto "sin dudas, va a golpear el bolsillo del usuario".

- A partir del anuncio de la Nación sobre la eliminación del Fondo Compensador del Interior ¿cuál es la situación en la que queda hoy la provincia de Santa Fe sin estos recursos?.

- Bueno, la verdad es que es una medida que nos tomó muy de sorpresa. No la esperábamos, nos desilusionó esa medida contra Santa Fe, contra el resto de las provincias del interior del país en materia de transporte. A nosotros nos afecta en el sentido de que había un convenio, el Fondo Compensador del Interior, que se compone por recursos de la provincia y recursos de nación. Nosotros ya habíamos transferido para este mes, lo hicimos el día 4 o 5, con los 1900 millones aproximadamente que le tocó poner a la provincia. Y esperábamos que Nación ponga la otra parte, los otros 1900 millones. Así que con esta decisión avisa que no los va a poner en adelante, y esto nos hace ahora tener que pensar un nuevo esquema. Que de alguna manera ya lo hemos hablado con el gobernador: nosotros vamos a seguir aportando ese fondo aunque gobierno no lo haga, pero bueno, esto lamentablemente terminaría afectando las tarifas.

La provincia seguirá aportando subsidios al sistema, pero que no puede cubrir lo que corta la Nación.

- ¿No hubo una advertencia de que se iba a hacer esto?

- No, nos sorprendió. Es cierto que durante la campaña se habló y de alguna manera Nación había anticipado esta idea. Lo que sorprende es la manera intempestiva. Yo fui uno de los primeros ministros que estuvo en la Secretaría de Transporte de la Nación, ni bien asumió el secretario, y una de las preguntas que llevamos fueron el tema de la cosecha segura para este año, y el de la transferencia de estos aportes. Y a mí es a quien confirmó que para este año ya tenían el presupuesto. Que si bien no tenía aumento, lo íbamos a tener; que no tenía precisión de las fechas de transferencias y que iban a trabajar en las asimetrías que había entre el interior y el AMBA. Después fue la renuncia del ministro y el tema pasó al área de Economía, que es desde donde de alguna manera se toma esta medida, de un día para el otro y sin aviso. La verdad es que no nos esperábamos esto. Y ahora nos encontramos con que las empresas tienen la transferencia de la provincia y no tienen la parte de Nación. Pero el gobernador ya había dicho que, incluso contando con los recursos nacionales, Santa Fe no podía aportar más; lo dijo incluso antes de que se anuncie la eliminación del Fondo.

- ¿Entonces cómo se va a hacer? ¿Lo va a tener que afrontar el usuario directamente?

- Lamentablemente, nosotros no podemos asumir más compromiso del que teníamos. Y eso sin lugar a dudas va a golpear el bolsillo del usuario. Porque cuando las empresas también hagan su análisis de costos, van seguramente a repensar el monto en que tiene que estar la tarifa. Y como las empresas del interior no todas tienen el servicio SUBE, en el cual Nación dice que va a acompañar a los usuarios, la verdad que sigue siendo tan injusto, tan asimétrico como lo venía siendo en el gobierno anterior. Y es un círculo vicioso, porque se aumenta la tarifa y con eso es muy probable que haya menos usuarios del sistema también. Así que sí, esto golpea el bolsillo, golpea el sistema. Por eso vamos a seguir reclamando que esta resolución sea dejada sin efecto. Estamos esperando una comunicación oficial, como corresponde, a cada gobierno y a cada ministerio, y segundo que nos den la fecha, porque no sabemos cuándo esto se va a hacer efectivo. No sabemos si este mes van a transferir el dinero que no transfirieron, y si la medida va a entrar a regir en febrero, en marzo o en abril. No se puede trabajar de esta manera, no se puede jugar de esta manera con los usuarios. El que va a tomar un colectivo no sabe cuándo le puede cambiar el precio y a cuánto se va a ir; las empresas de transporte no pueden estar en esta incertidumbre, en el medio de un contexto en el que los insumos suben y se están discutiendo las paritarias.

- ¿Hay algún canal de diálogo abierto con la Nación por este tema para Santa Fe, como provincia, o en conjunto con otras jurisdicciones?

- Sí, nuestra secretaria Renata Ghilotti está conformando el grupo con el resto de las provincias que integran el esquema de transporte del interior del país. Obviamente que están todos en la misma sintonía y con los planteos que estamos haciendo. Y también, institucionalmente por supuesto, lo tengo con (el secretario de Transporte de la Nación) Franco Mogetta, permanentemente. Pero bueno, una cosa tener diálogo, como lo venimos teniendo, y otra tener una respuesta, ¿no?

El gobierno nacional dispuso no recortar subsidios en el costo de la energía eléctrica del trimestre que va del 1 de febrero al 30 de abril, para el caso de los consumos residenciales de ingresos bajos (N2) y medios (N3). Como la medida aplica al mercado eléctrico mayorista, impactará incluso en lo que suceda con las tarifas de la EPE, al menos en lo que incide el precio mayorista sobre el total de cada caso.

Sin embargo, comercios, industrias y establecimientos educativos y sanitarios, así como usuarios de altos ingresos (N1) sí recibirán el impacto de la eliminación de subsidios a la generación eléctrica, según lo dispuesto este lunes mediante la Resolución 7/24 de la Secretaría de Energía, ministerio de Economía de la Nación.

“Va a llevar un buen tiempo ver cómo impacta esta medida en el cuadro de la EPE, porque han sacado el subsidio a la compra de potencia”, explicó una fuente del gobierno santafesino a El Litoral.

Para el 9 de este mes está citada la audiencia pública que debía analizar el futuro tarifario de la EPE, compuesto por el valor de la energía que se le compra a Cammesa (allí está el subsidio mantenido por Nación); el Valor Agregado de Distribución (el costo de las instalaciones para llevar la energía a los domicilios o locales, salarios del personal, etc) y los impuestos.

Cabe recordar que la Secretaría de Energía de la Provincia había calculado para un hogar que carezca de subsidios nacionales, bajo la categoría de usuario residencial N1, un aumento promedio en las facturas de marzo de unos $7.800, siempre que su consumo por mes no supere los 400 kw/h.

Imagen ilustrativa.

Los N1, usuarios de ingresos altos según la segmentación tarifaria, no tienen ayudas del Estado Nacional desde mediados del año pasado y pagan la tarifa plena por los kilovatios que consumen. Así como el resto de las categorías no residenciales, dependerán de los incrementos en el costo que apliquen la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y las transportadoras, más allá de lo que ahora sucede con el costo de la distribución a cargo en el caso santafesino de la EPE o de cooperativas.

A nivel nacional estiman que los sectores a los que se les recortarán los subsidios padecerán incrementos de entre 110 y 120% a partir de las facturas de febrero. El reciente staff report del FMI preveía incrementos incluso superiores para todo el universo de usuarios, en especial de capital federal y gran Buenos Aires; la decisión del gobierno de Javier Milei supone mantener costos fiscales en momentos de especial tensión social y mientras se definen la suerte de la ley de “Bases” y el mega DNU.

El gobierno de Milei calculó que, en los últimos 20 años, los Aportes del Tesoro al sistema eléctrico ascendieron a $4,7 billones que, calculados a un tipo de cambio promedio anual mayorista, representaron la suma de US$104,7 mil millones. Fueron subsidios que no discriminaron necesidades sociales y que desalentaron las inversiones o concentraron beneficios en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano.

En la actualidad, el 65% de los usuario residenciales en el país pagan apenas entre el 8 y el 10% de la energía. La continuidad parcial del subsidio le podría costar hasta US$200 millones de dólares al gobierno de Milei.

El polémico DNU70/2023 mantiene vigente la emergencia declarada en el sector energético. En esa norma el Poder Ejecutivo Nacional calculó los déficits gemelos heredados del gobierno de Alberto Fernández (fiscal y externo) en el equivalente a 17 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), con lo que justificó la necesidad de ordenar las cuentas públicas eliminando subsidios.

Economía informó que “la política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo, implementada a través de los Aportes del Tesoro, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, por lo cual deviene imposible el mantenimiento de los aportes del Tesoro Nacional que funcionaron como un subsidio generalizado a toda la demanda implementada por las Administraciones anteriores”.

Sin embargo la determinación del gobierno central posterga el modo “motosierra”. Sostiene en sus fundamentos la Resolución 7/23 que “bajo criterios de prudencia y rigor en la determinación de los efectos en el usuario final, en esta instancia se mantendrá el subsidio vigente al precio estacional para los usuarios segmentados como Residenciales N2 y N3, sin sobrepasar los topes previstos en el artículo 2° del Decreto N° 332/2022 en relación con los ingresos de los usuarios”.

Ante la escalada de precios generalizada, los taxistas venadenses reclaman un nuevo aumento de tarifas para acompañar las subas, y que de mayor margen a la actividad.

Si bien el 25 de diciembre se hizo efectivo uno de los dos aumentos anuales aplicables al costo del servicio, desde el sector sostienen que fue “un aumento paliativo, pero no alcanzó”.

Los precios, el pasado mes de diciembre, pasaron de $400 la bajada de bandera a $650, mientras que la ficha por cuadra pasó de $45 a $65. Cabe destacar que, aunque la polinómica que toman como referencia los taxistas para aumentar las tarifas daba un número mayor, no fue aplicada y se optó por un incremento menor para no resentir la demanda del servicio.

Según manifestaron los taxistas, lo pretendido era acercarse al costo de un litro de nafta con la bajada de bandera, “pero no llegamos a eso, y en enero la tarifa quedó nuevamente atrás, por lo que tendríamos que aplicar otro aumento, porque con el incremento en todos los costos, no vamos a llegar a marzo”.

En ese sentido, aseguran que los viajes mermaron en el último tiempo, adjudicándolo en gran medida por la disminución en el poder adquisitivo.

Ahora, la intención de los prestadores del servicio de taxis de Venado Tuerto es llevar el tema al Concejo municipal, pasando por el área de Movilidad del gobierno de Venado Tuerto, encabezado por Eugenio Bernabei, lo que se haría efectivo en febrero, antes del inicio de clases, “para arrancar con una nueva tarifa”, sostienen, e indican que “hoy, para renovar una unidad, los autos están alrededor de $15 millones, imposible para nosotros".

Con una inflación desmedida, el 2024 comienza con aumentos por doquier, entre ellos la tarifa del estacionamiento medido. Según lo informado oficialmente, desde el 2 de enero ya rigen un incremento del orden del 125%.

Los nuevos valores se sentirán en la zona céntrica de Rosario como en el resto de los sectores afectados por el estacionamiento medido.

Con las nuevas subas, por estacionar el auto en la vía pública la empresa Tránsito Rosario, pasará de cobrar $128 la primera hora, $160 la segunda y $192 la tercera en la zona A, a $289, $361.29 y $433.50 respectivamente.

Zona A

1° Hora: de $128 a $289

2° Hora: de $160 a $361.20

3° Hora: de $192 a $433.50

Zona B

1° Hora: de $107 a $242

2° Hora: de $133.70 a $302.50

3° Hora: de $160.50 a $363

Zona C

1° Hora: de $85 a $192

2° Hora: de $106.20 a $240

3° Hora: de $127.5 a $288

Funcionará en los siguientes horarios:

-Lunes a viernes de 9 a 20 hs.

-Sábados y medio feriados de 9 a 12 hs.

-Domingos y feriados sin cargo.

El gobierno nacional tomará decisiones relevantes para las tarifas de los servicios vinculados al consumo de energía, tanto sobre electricidad como gas natural en redes. Sobre este último sector existe una audiencia pública prevista para el 8 de enero que discutirá aumentos pedidos por las empresas tanto para establecer el precio del combustible en boca de pozo como para la distribución. Y los reclamos van del 350 al 700%. Por otra parte, la Secretaría de Energía de la Nación tiene por delante también que definir con el Ministerio de Economía qué proporción del atraso tarifario heredado y de su propia devaluación trasladará al valor del megavatio, en el sector eléctrico.

En números, el Tesoro Nacional aportó 9.500 millones de dólares en 2023 para subsidiar las tarifas de los usuarios residenciales. En 2022 fueron 12.000 millones de la misma moneda. Se desconoce aún en qué medida el gobierno de Javier Milei reducirá esos aportes del Estado a los hogares.

Todo indica que mantendrá la segmentación tarifaria para otorgar esas ayudas, pero habrá que ver en qué proporción. Obviamente, contra lo que sucede con otros cambios de fondo impulsados por la gestión de La Libertad Avanza, en el caso de los servicios públicos esas decisiones tarifarias no necesitan acuerdo del Congreso. Además, ya son privadas la distribución de la energía eléctrica en el área de la concesión del Amba (Capital Federal y Gran Buenos Aires) que pertenece a la Nación, lo mismo que las concesiones de la distribución del gas por redes que operan compañías privadas por regiones desde los '90.

A esta altura, además, conviene aclarar que aquí se busca comprender cuál será el impacto en las tarifas de los santafesinos de esos dos servicios, gas y luz, sin tener presente lo que suceda con la Empresa Provincial de la Energía. En rigor, la suba ya dispuesta a fines de 2023 es solo el inicio y fue del 9% de acuerdo con la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese. Había margen para subir hasta un 20%, de acuerdo con una resolución de la gestión provincial anterior.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dijo tiempo atrás que esperaba que en tres años se complete la quita de subsidios a la energía en ambos subsectores. Los 9.500 millones de dólares aportados por el Estado nacional representan el 1,7% del PBI argentino.

El objetivo para 2024 es lograr un recorte de aproximadamente 3.500 millones de dólares y bajar así 0,7 puntos del PBI los subsidios.

Esa decisión implica en Santa Fe impactos fuertes entre los hogares sin subsidios, que pertenecen al Nivel 1 que representan el 33,2% de los clientes de la EPE. Se trata de los sectores de mayor nivel de ingresos que en mayo de este año cumplirán un año sin ayudas oficiales para pagar sus consumos eléctricos.

En el Nivel 2 se encuentra la franja más amplia de la población, el 50,5% de los usuarios residenciales de la Epe tiene los más bajos ingresos de la segmentación y cuenta con el mayor nivel de subsidios. En verano, por tratarse de una zona cálida (según un decreto del gobierno nacional anterior aún vigente) se les subsidian los primeros 600 kilovatios por hora de cada mes.

Finalmente, en el Nivel 3 están los minoritarios sectores medios que alcanza al 15% de los usuarios residenciales de la EPE, que mantienen el subsidio menor para el mismo margen de consumos que el N2.

Para cada sector el impacto será diferenciado, pero aún no hay datos. En general se estima que los hogares sin subsidios en el Amba (con tarifas eléctricas más bajas) pagarán unos 50 mil pesos entre luz y agua a mediados de febrero o marzo.

Otra forma de ver el tarifazo que se viene es que hoy en promedio los usuarios residenciales alcanzan a cubrir apenas el 33% del costo de abastecimiento eléctrico, mientras el restante 67% son subsidios del Estado nacional, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires que pertenece a la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet.

La misma fuente sostiene que en el caso del gas, la cobertura de costos del gas natural no alcanza al 100% en ningún segmento de usuarios. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento del gas es del 62% para los usuarios N1, mientras que los usuarios N2 y N3 pagan el 18% y 23% del costo de abastecimiento, respectivamente.

El retiro de los subsidios se inició en el gobierno anterior, "con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía el gobierno comenzó a descongelar tarifas, que hasta ese momento se habían movido muy poco y muy por debajo de la inflación. La implementación de la postergadísima segmentación tarifaria permitió reducir hacia principios de 2023 el nivel de subsidios, llevando las tarifas de gas y energía eléctrica a niveles que permitían cubrir los costos para industrias y usuarios de nivel socioeconómico alto. Los usuarios de sectores medios recibieron subas de tarifas muy acotadas y por debajo de la inflación, y los de sectores populares, o tarifa social, quedaron con las tarifas casi congeladas en términos nominales. La segmentación se conjugó con menores costos de importación de gas, mayor disponibilidad de generación hidroeléctrica, y mayor abastecimiento de gas nacional, permitiendo que el volumen de subsidios pasará del orden de los 12.000 millones de dólares en 2022 a unos 9.500 millones de dólares en 2023", destacó en su balance de gestión Esteban Kiper, el ex gerente general de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, al repasar la gestión energética del Frente de Todos.

En varios artículos en distintos medios, Kiper ha criticado con dureza la ilusión liberal de que habrá inversión privada en infraestructura sin dirección estatal y por el mismo razonamiento destaca especialmente el gasoducto Néstor Kirchner para el futuro energético, que llevó adelante el gobierno anterior. Sin embargo, también ha señalado que el rumbo con el sinceramiento de las tarifas se comenzó a marcar en la gestión pasada.

De hecho, fue Claudia Royón, la ex secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecutora del plan de segmentación tarifaria desde mediados de 2022. Se trata del plan que reclamó poder poner en marcha el ex ministro de Economía Martín Guzmán, y que sí pudo llevar a cabo Massa. Hoy Royón es la secretaria de Minería del presidente Milei.

Todas las exportaciones argentinas pasarán a pagar un 15% de retenciones salvo la soja (aceites y harinas), que seguirá aportando el 33%. La “equidad” en el trato, anunciada por Luis Caputo, supone un fuerte aumento de la presión fiscal a favor del gobierno central, que no coparticipa ese recurso. El maíz salta del 12% al 15%; la leche hoy desgravada va a ese nivel; las carnes suben del 9% al 15%. Son recursos que se restan a la economía real de Santa Fe (Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos) y se suman a favor del gobierno central.

Los exportadores, -la producción es apenas el primer eslabón- podrán liquidar sus ventas al exterior con 80% al dólar oficial ($800 más devaluación del 2% mensual) y 20% en dólares financieros, según adelantó informalmente el ministerio de Economía. Para la cadena agroindustrial, que hoy tiene un “blend” de $650 en sus ventas al exterior, la devaluación supone mejorar la factura hasta $765 aproximadamente ($800 menos retenciones, más 20% liquidado a un dólar financiero estimado en unos $1200).

¿Adelanta la agroindustria unos US$ 5 mil millones? De las reservas negativas e US$10 mil millones, por ahora no se habla. A medida que pasan las horas la cartera a cargo de Luis Caputo deja ver parte de lo mucho que aún se desconoce del fuerte ajuste ortodoxo en la economía argentina, en procura del déficit cero en 2024.

La autoridad monetaria habilitará importaciones con pagos a 120 días y sin la corrupción de las “Sira”, para mantener flujos de actividad económica. Pero…¿qué pasará con la deuda comercial de unos US$ 40 mil millones del BCRA a importadores? Ofrecerá un bono a plazos y con incentivos que aún se desconocen. Procurará que esos importadores los compren con pesos que la autoridad monetaria retiraría del mercado.

El cepo se mantiene. Los que quieran dólares deberán ir al mercado financiero (CCL o MEP) para pagar o ir al colchón.

Esta mañana los bancos se reúnen con Santiago Bausili. Tienen $18,2 billones en pases y $3,3 billones en letras. La autoridad monetaria le bajó al 100% la tasa nominal anual para estos últimos (que son la amenaza inminente que alimentaría la híper) por lo que los bancos están especialmente incentivados en no perder ante la inflación. No tienen más a dónde ir.

Se supone que a los banqueros se les ofrecerán bonos del Tesoro (pagarés de la Casa Rosada en lugar de los del propios del BCRA). La tasa de interés, por ahora, sigue en 133% nominal (253,31% efectiva anual). Por debajo de la inflación.

Por el lado del ancla fiscal vía rebaja del gasto, Javier Milei apuesta a ajustar la inversión social por decreto. Allí hay 13 puntos del PBI; más allá de actualizar por decreto las jubilaciones -como lo hizo Alberto Fernández en el primer año- la Casa Rosada duplicará la AUH y aumenta 50% a la tarjeta Alimentar. Pero congela (licúa ante la inflación) el Potenciar Trabajo, lo que impacta especialmente en las bases sociales (y del peronismo) de la provincia de Buenos Aires.

A la Clase media le espera una góndola caliente y un impuestazo que dependerá en mucho de lo que suceda en el Congreso. Más adelantos de Bienes Personales y reversión de la suba del mínimo no imponible en Ganancias (que Milei votó) son parte de un paquete que el gobierno central espera negociar con los gobernadores, afectados en la coparticipación por aquella decisión de Sergio Massa en campaña.

Las leyes tributarias de las provincias traerán sus propias versiones en el incremento de las cargas. Los surtidores esperarán realinear la ecuación de un litro de nafta al equivalente en US$ 1 a 1,10. Los incrementos en retenciones a leche, maíz, trigo, impactarán junto con la eliminación de los fideicomisos que mantenían los “precios justos” en aceites y panadería básica.

Los servicios de internet y telefonía móvil, plataformas de streaming streaming, sumarán actualizaciones limitadas por los bolsillos jaqueados. Las tarifas de energía y transporte deberían sufrir más incrementos en el Amba que en el interior; además tienen que aguardar audiencias públicas. Caputo espera ahorrar 0,5% del PBI con energía y 0,2% en transporte.

Industrias Pyme y Comercio sentirán especialmente esta baja en los mercados recesivos y la dinámica de su responsabilidad en las paritarias que vienen. Manuel Adorni ratificó esta mañana que las medidas anunciadas son de urgencia para un presidente que lleva 72 horas el cargo. El vocero promete previsibilidad con reformas estructurales por venir, mientras le muestra a la Argentina que Unión por la Patria dejó un déficit primario de 3% (5,2% el financiero) del PBI.

Hacía varios años que en el sector eléctrico no se producía una declaración pública relevante de cara a quienes tomas decisiones en las políticas energéticas, a nivel nacional. Bajo la fórmula "certidumbre y reglas claras" las empresas publicas y privadas que conforman las cámaras de los subsectores de la generación, el transporte y la distribución expresaron -en otras palabras- que en esa materia no se puede improvisar ni experimentar.

En medio del proceso político más disruptivo en el país desde 1983, donde aún no está definido el elenco completo de la conducción económica y sobre la infraestructura energética importa que se vuelva a hablar de lo elemental para la energía en cualquier decisión desde los despachos con poder: un sendero de recuperación de los valores de la retribución a cada subsector y un marco normativo que sea respetado además de objetivos claros.

Todo eso esgrimen en las palabras del presidente de la Asociación de Distribuidores de la Energía Eléctrica de la República Argentina, Edgardo Volosin, los más de 200 cuadros técnicos y empresarios que mantuvieron un encuentro del que la página oficial de Adeera muestra un discurso final con respaldo de los otros dos subsectores.

La reseña institucional es por supuesto más que cuidadosa pero se encarga de confirmar que en el escenario de un encuentro sobre "transición energética", junto a Volosin, estuvieron otros representantes de las Cámaras del sector de la energía eléctrica.

"Esperamos que las autoridades responsables de la regulación del sector hagan un reconocimiento de los costos reales de la cadena del servicio", señaló el titular de Adeera. A su lado, con su sola presencia, firmaron al pie de la declaración los presidentes de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la Repúblicoa Argentina (Ageera), Gabriel Baldasarre; la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera), Eduardo Beloqui; y de la Asociación de Transportistas de la Energía Eléctrica de la República Argentina (Ateera), Pablo Tarca.

Un cable de la agencia Télam indica que Volosin, resaltó el rol del sector en la transición energética y cita el pedido antes comentado. Expresó que la energía eléctrica "es clave para el desarrollo de la sociedad y es un actor protagónico del proceso de transición energética que ya se inició en la región y el mundo", con la progresiva desaparición de los combustibles fósiles por el agotamiento de las reservas y la mudanza a otras energías.

"Esperamos que las autoridades responsables de la regulación del sector hagan un reconocimiento de los costos reales de la cadena del servicio y avancen en un sendero de recuperación", auguró con una velada crítica al proceso político que termina.

Agregó que "resulta necesario brindar certidumbre y reglas claras para sostener el crecimiento de la economía y poder emprender firmemente el proceso de transición energética", compensó luego.

Para Volosín se está ante "una gran oportunidad para Argentina porque se generarán inversiones para la modernización del sistema y se impulsarán nuevos puestos de trabajo en temas como inteligencia artificial, automatización, blockchain y ciencia de datos".

En lo que respecta al área de la Distribución, Volosin señaló que el recambio hacia medidores inteligentes, nuevas tecnologías de almacenamiento, electromovilidad, generación distribuida o cualquier innovación digital "representan inversiones de gran magnitud que pueden fortalecer a la economía argentina".

Una señal por vía de un disparate

"Nadie de los que paga impuestos usa ese gasoducto", dijo casi despectivamente el hasta aquí designado ministro de Infraestructura en el próximo gobierno nacional, Guillermo Ferraro. Criticó la presencia del Estado en la obra pública pero expresó lo que puede calificarse como una verdad a medias en el mejor de los casos o como un redondo disparate en términos de la complejidad de las inversiones que requiere el desarrollo en el país.

"No lo usamos y lo pagamos con nuestros impuestos, no resulta lógico", reafirmó para que quede claro cuál se espera que sea el rol del sector público en la próxima gestión. Y que se espera que quien invierta (y arriesgue) sea el privado, no "nosotros" los que parecemos no necesitarlo.

Casi de inmediato voceros del sector energético del actual gobierno, pero también de otras gestiones anteriores, explicaron que un gasoducto permite transportar gas que es finalmente utilizado también por quienes encienden una hornalla o su velador. Y que de ser exportado ingresarían al país más divisas.

El gas transportado se consume en las centrales térmicas porque es el combustible más económico. De quemarlo depende hoy, un un 60%, la demanda de energía eléctrica del país.

Sobre los dichos de Ferraro, acaso reduccionistas, debe decirse que es verdad que es un insumo vendido por una compañía privada (una petrolera, por ejemplo) a otra firma (una generadora térmica en la ciudad de Buenos Aries por caso) y que un tercero la transporta (un operador mayorista del gas, público o privado) a través de un gasoducto que requiere una inversión gigante.

La declaración seguramente buscaba explicar que se trata de un riesgo a asumir, en la visión de la próxima gestión, por los empresarios.

Se refería al Gasoducto Néstor Kirchner que transporta la producción de Vaca Muerta, a donde es necesaria. En 573 kilómetros va desde una región patagónica muy poco habitada a la red de gasoductos troncales que abastecen a la zona que goza de los beneficios del gas natural donde se encuentran los mercados más concentrados en población y actividad económica. También los puertos.

Es cierto, fue hecho con fundos públicos que provienen de los impuestos y también que mucho antes que los consumidores finales lo "usan" (ese fue el verbo que empleó Ferraro) compañías estatales y privadas para generar energía eléctrica, para distribuirlo a industrias y hogares y para exportarlo. Por lo pronto, se estima que evitará un gasto mucho mayor a su construcción con la importación de buques cargados de Gas Natural Licuado para cubrir las demandas del próximo invierno.

Es obvio que Ferraro sabe de qué habla cuando dice que el que lo "usa" no es quien paga los impuestos y que conoce perfectamente todo lo dicho hasta aquí. Por supuesto, su impactante declaración debe tomarse como lo que es, una señal.

"El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado. Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión. El país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura en estas áreas y la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura del sistema y la nueva es tan importante en términos del PBI, 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público", ha dicho Ferraro.

"Casi todas las concesiones ferroviarias, energéticas, centrales hidroeléctricas, corredores viales, tienen su origen en los '90, otorgadas por 20 o 25 años, vencieron durante los últimos ocho, y las administraciones no generaron nuevas condiciones. Todas estas obras están hoy en un porfolio de precariedad, de prórrogas, tenencias precarias, ya que desde mediados de 2018 casi no se hacen inversiones en la infraestructura existente porque el privado no sabe si va a continuar o no y tampoco se llamó a nueva concesión", apuntó el futuro ministro de Infraestructura respecto de la precariedad normativa de un Estado que se decía presente. Ahora se buscará que quede en todo lo posible ausente.

Un informe de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina muestra un incremento de 7,23% en septiembre pasado, respecto a igual mes del año anterior. La suba fue liderada en todo el país por lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que incrementó en un 10,41% su consumo.

Si se observan las proporciones del total de kilovatios consumidos durante el mes pasado en todo el país, un cuadro del informe técnico de Adeera permite advertir que el grueso del aumento se encuentra en los dos puntos que crece la demanda de los llamados usuarios residenciales, hoy identificados por la segmentación de los subsidios estatales nacionales como N1,N2 y N3, es decir los hogares de ingresos altos, bajos y medios, en ese orden.

Mientras que en septiembre de 2022 los hogares demandaron el 43% del total que se distribuyó en todo el país, el mes pasado fue del 46%. Los demás usuarios no residenciales, es decir los comercios y las industrias mantuvieron proporciones equivalentes.

Dicho de otro modo, las viviendas particulares subieron un 14,17% su uso de la energía eléctrica, de un año al otro. También se incrementó la demanda de los grandes usuarios (que compran en el mercado mayorista) en un 6,5%.

Por otra parte, en el acumulado anual para el décimo mes de 2023 se llega a los 104.721 gigavatios frente a los 101.051 del mismo período de 2022. El incremento es de un 3,63%, todavía por debajo del habitual crecimiento vegetativo de la demanda.

En cuanto a la comparación intermensual, dentro del año en curso, en septiembre se quebró la tendencia a la baja que se observaba desde marzo. La temperatura media de todo el país fue similar a la de 2022.

El último informe del Observatorio de Subsidios y Tarifas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet muestra que producto del congelamiento de las tarifas en los últimos meses (y el ritmo de la inflación) disminuyó la porción que los hogares destinan al pago de los servicios públicos, entre ellos, la electricidad.

El trabajo está enfocado en el Amba, que es justamente donde más se incrementó la demanda de energía eléctrica, y revela que frente a otros precios (e ingresos) las facturas de la luz y el gas no se movieron luego de los incrementos de mayo pasado. Así, en proporción a otros gastos domésticos, se abarató el pago de las boletas de la energía eléctrica. Todo indica que luego de la elecciones habrá "actualizaciones".

En el caso de Santa Fe, al aumento ya operado sobre las boletas de la Empresa Provincial de la Energía en los primeros meses del año le resta otra suba del 20% que la compañía estatal hubiera podido aplicar desde julio de este año, lo que fue postergado.

En tanto, el informe de Adeera para septiembre pone al consumo de energía eléctrica de la Provincia de Santa Fe con un número negativo: -0,24. Sólo otra jurisdicción muestra igual comportamiento, San Luis con -3.98%.

Tal es la baja de la demanda santafesina que en la torta nacional baja la participación del mapa de la bota del 9,57% de septiembre de 2022 al 8,90% del mismo mes de 2023.

La temperatura media del Gran Buenos Aires y Caba fue de 15°C, siendo 0,9°C inferior a la media registrada en igual mes del año anterior. En la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano la demanda de energía se incrementó un 10,41%, y las provincias con mayor crecimiento de sus demandas fueron: Formosa, 34,43%; Chaco. 21,15%; y Santa Cruz, 18,08%.