El Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el consumo promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw. Los casos más graves que informó la Provincia son 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw, generaron facturas de más de 17 millones de pesos, y abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes. “Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos.

“Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos”, señaló la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

Rosario

La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado.

En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827.

Funes

El caso de Funes expone con claridad el desvío del beneficio. Un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693. En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959.

Santa Fe y Rincón

En la capital provincial y en Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en barrio Residencial, sobre calle 1 de Mayo, consumió 2.840 kilovatios y generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094. Otro caso en barrio Centenario mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado.

Próximos pasos

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para avanzar en el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos. “Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos”. El propósito es que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables.

Los titulares de las prestaciones de Anses pueden acceder a un 55% de descuento en la Tarifa Social Federal de Transporte a través de la tarjeta SUBE.

Para realizar la activación del beneficio, el interesado debe ingresar a www.anses.gob.ar, sección mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Luego, en el menú, debe elegir Programas y beneficios, opción Generar PIN SUBE. Posteriormente, el código generado por el sistema debe registrarse con el número de tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar para finalmente activar el beneficio en una terminal automática o con la app Carga SUBE.

La gestión también puede realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES, sin turno, o en un Centro de Atención SUBE.

El beneficio les corresponde a titulares de:

Este martes comenzó la primera de las tres audiencias públicas para definir aumentos de tarifas y segmentación de usuarios. En este caso, se presentó la propuesta oficial de incrementos en el precio del gas natural que se trasladará a las facturas de los usuarios.

En la presentación, Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, recordó que los usuarios de los servicios públicos de distribución de gas con tarifa social no tendrán incrementos a partir de junio y el resto de los usuarios tendrán un incremento promedio de 20%.

Este cálculo se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en 2022.

Para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20% de acuerdo a las distintas zonas del país.

Y detalló algunos ejemplos de la aplicación de los aumentos: en el caso de usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $ 2.008 a $ 2.378. Para la zona centro, de $ 2.029 a $ 2.393. Para la zona Noroeste, de $ 1.151 a $ 1.402; y para la zona Sur, de $ 2.112 a $ 2.651.

“Esta decisión se funda en la convicción de nuestro Gobierno Nacional de que las tarifas de gas y electricidad deben tener correcciones que siempre deben estar por debajo de la evolución de los salarios. Por la necesidad que tenemos de mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia que hemos atravesado y a la vez que la factura tenga un peso cada vez menor”, dijo Videla Oporto.

Y recordó que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios y, por lo tanto, deberán afrontar subas más altas. “El presidente aclaró en su mensaje que se iniciará un proceso de asignación de subsidios a usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad en función de índices socioeconómicos”, agregó.

La factura del servicio de gas está compuesta por cuatro variables: precio del gas, costo de transporte, costo de distribución e impuestos y tasas. En el caso del precio del gas, lo que se traslada a la tarifa y es facturado a los usuarios depende de los subsidios. Es decir, el porcentaje que asume el Estado del precio que se paga a las empresas productoras de gas, el costo del gas importado de Bolivia y el costo del GNL importado.

Según el informe presentado en la audiencia, hoy de los USD 5,76 por millón de BTU (la unidad medida que usa el sector) del precio promedio del gas, el Estado absorbe el 75,6% (o USD 4,35) y el 24,4% restante es lo que pagan los usuarios (USD 1,41).

“El presidente aclaró en su mensaje que se iniciará un proceso de asignación de subsidios a usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad en función de índices socioeconómicos”

En costo fiscal, el Estado asumiría $ 275.079 millones sobre un total de $ 363.893 millones (USD 3.064 millones), de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía.

El aumento propuesto para el precio del gas es de entre el 41,7% y 46,3%, lo que significa un aumento en las facturas que reciben los usuarios por debajo de la suba tope que fue definida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue de 42,7% (equivalente al 80% de la variación de los salarios en 2021).