Menos gastos en subsidios del Estado Nacional, atraso de las inversiones en infraestructura y suba estacional en la importación de gas natural licuado con precios afectados por el conflicto en Medio Oriente, son los principales elementos que explican la fuerte suba del megavatio mayorista en la Argentina dentro de las actuales políticas energéticas de la Casa Rosada.

Pero además, existe un cambio en las regulaciones que nuevamente ató al mercado mundial el valor de los costos en los niveles de la generación y el transporte del gas natural y de los megavatios.

Desde hace más de dos años y medio, el Estado nacional le reconoce a las empresas privadas esas variables internacionales de acuerdo con la legislación original de las concesiones (que data de la década del 90) y al mismo tiempo, retira de a poco los subsidios a los usuarios.

El resultado es que los usuarios industriales y comerciales tienen tarifas que cubren esos costos (y esas ganancias) . Y que los hogares (usuarios residenciales) pagan una parte cada vez más sustancial de los llamados costos reales de generación.

El informe mensual que elabora la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima muestra entre sus datos más relevantes que el valor promedio del megavatio, que compran empresas distribuidoras -como la Epe- alcanzó en julio los 168,6 dólares frente a los 96,8 de igual mes del año anterior, lo que representa una variación de +74%.

Cammesa informó que la demanda total del mes pasado resultó 1.3% mayor a la del mismo mes del año 2025. Que se incrementó considerablemente la energía aportada por las centrales hidroeléctricas que tienen menores costos, pero que no lograron compensar los altos precios de los combustibles importados para la generación con gas natural comprimido importado, fueloil y gasoil.

Además, indica que fue 2% más alto el "despacho térmico" de julio de 2026 que el de ese mes del año pasado, lo que quiere decir que las máquinas para generar electricidad alimentadas con derivados del petróleo tuvieron más actividad.

El consumo medio de combustibles de esos despachos terminó arriba del año pasado:"+3.8% en conjunto si comparamos con julio 2025", y en un 82% fue "de gas natural nacional", agrega el informe.

No se quemó gas natural del país para producir un 18% de la generación térmica y esa porción en buena medida se cubrió con importaciones, mediante 28 barcos cargados con gas natural licuado (GLP), que tiene altísimos costos por la guerra Medio Oriente.

En el invierno de 2025 fueron necesarios solo 27 y en 2024, 30, pero sus valores fueron muy inferiores. Hoy, el 52% de la generación requiere quemar combustibles derivados del petróleo.

Con una infraestructura en gasoductos que solo es suficiente para cubrir el pico de la demanda del invierno de los usuarios residenciales, el país debió usar gas importado y combustibles líquidos caros.

Habitualmente, durante el resto del año los usuarios de la energía eléctrica cuentan con la ventaja de que el gas natural nacional alcance tanto para su consumo doméstico como para alimentar las usinas térmicas que generan electricidad.

En los días más fríos del invierno, cuando solo la capacidad instalada de los gasoductos y de todo el sistema de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta cubre una parte de los requerimientos se debe recurrir al gas natural licuado importado mediante buques.

El precio del megavatio es solo uno de los tres componentes de las facturas que la Epe cobra a los usuarios. Una parte corresponde al VAD, Valor Agregado de Distribución que debe cubrir el funcionamiento y las utilidades de la distribución, otra los impuestos, y finalmente el costo de la energía mayorista.

Las ayudas "focalizadas" del Estado Nacional cubren en promedio al 65% del consumo en la totalidad de los hogares del país. Y aunque esos aportes son menores año tras año, para julio hubo un suba de 11 puntos que buscó morigerar los efectos de las políticas regulatorias y los efectos del mercado mundial.

En lo que va del 2026, la brecha de subsidios de los usuarios residenciales (con y sin subsidio) se había achicado del 44% al 31% entre enero y abril. Pero a partir de mayo la tendencia se revirtió y hoy un 65% de la totalidad de los kw/h en el nivel mayorista los cubre el Estado Nacional.

Pero las diferencias son amplias entre los clientes según cuenten o no con ayudas nacionales en la energía eléctrica mayorista. Quienes tienen subsidios solo pagan un 20% del total y aquellos que no, un 54%.

Ante la preocupación generalizada y los reiterados reclamos de distintos sectores productivos, que alertaron al Ministerio de Desarrollo Productivo sobre incrementos de hasta el 500 % en las facturas de energía, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe inició gestiones ante el Gobierno nacional para impulsar medidas que atenúen el impacto de esos aumentos sobre las industrias y los grandes comercios.

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) explicaron que la suba extraordinaria no responde a una decisión de la Provincia, sino a la aplicación de la Resolución Nº 976/23 de la Secretaría de Energía de la Nación, dictada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y actualmente implementada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa). La normativa incorpora nuevos conceptos tarifarios, denominados “Cargo Estabilizado Grandes Usuarios de Distribución (GUDIs)” y “Ajuste Complementario de Potencia GUDIs”, cuyo costo es trasladado a las distribuidoras para su cobro a los usuarios alcanzados.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, adelantó que en los próximos días mantendrá una audiencia con autoridades nacionales para plantear la situación y explorar alternativas que permitan amortiguar el impacto tarifario en un contexto de caída de la producción y retracción del consumo.

Alcance

Puccini precisó que en Santa Fe el universo afectado alcanza a unas 340 industrias y cooperativas. “La preocupación está dada por el fuerte incremento de los costos operativos en un escenario de baja actividad económica. Estamos hablando de cuatro facturas consecutivas con aumentos crecientes que ponen en jaque a las industrias”, afirmó.

Para dimensionar la magnitud del problema, el Gobierno Provincial advirtió que los conceptos incorporados por la Resolución Nº 976/23 registraron un incremento cercano al 500 % (491,9 %) en apenas un mes, al comparar las facturas correspondientes a abril y mayo de 2026. En algunos casos, los recargos adicionales superaron los 200 millones de pesos entre un período y otro.

A nivel provincial, la evolución de la facturación del organismo nacional que impacta en los usuarios santafesinos refleja la aceleración de esos cargos. En marzo -facturación recibida en mayo- el monto superó los 414 millones de pesos; en abril -factura de junio- ascendió a 1.271 millones; en mayo -factura de julio- trepó a 7.110 millones; mientras que para la factura de agosto se proyecta un total superior a los 14.300 millones de pesos. Según el Gobierno Provincial, este traslado lineal de costos elimina la previsibilidad financiera y deteriora la competitividad de las empresas santafesinas.

Desde la EPE remarcaron que Cammesa determina estos cargos y establece los montos que las distribuidoras -como EPE, EPEC o Enersa, entre otras de la Región Centro- deben incorporar en la facturación de los grandes usuarios. De este modo, el impacto se traslada como un cargo fijo o variable adicional dentro del cuadro tarifario correspondiente a industrias y grandes comercios.

Uno de los planteos que Puccini llevará a la Secretaría de Energía será que instruya a Cammesa para habilitar un mecanismo de diferimiento temporal de los saldos facturados durante los meses críticos -junio, julio y agosto-. La propuesta busca distribuir esos costos hacia los meses de primavera y verano, cuando los cargos previstos por la Resolución Nº 976/23 disminuyen significativamente, con el objetivo de suavizar el impacto sobre la estructura de costos de las empresas.

Zonas Frías

Por otra parte, Puccini adelantó que otro de los temas que volverá a plantear ante el Gobierno nacional y legisladores nacionales será la modificación del régimen de Zonas Frías. Según explicó, la iniciativa no solo afecta a los usuarios residenciales de la provincia, sino también a los sectores productivos.

Además, cuestionó un apartado del proyecto que prevé la condonación de deudas a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur. “Consideramos que esa medida perjudica a los santafesinos, porque nuestra provincia mantiene las cuentas al día con Cammesa y, sin embargo, no recibe ningún beneficio. No es el camino condonar a quienes no cumplen y aumentarles los costos a quienes están al día”, sostuvo el ministro.