En los despachos del Juzgado de Faltas de Venado Tuerto se reciben las causas más diversas, y dos de las más pesadas, por la gravedad de la infracción y los montos de las sanciones son, sin dudas, las de alcoholemia positiva y manipulación de telefonía celular durante la conducción vehicular.

Janina Ferreyra, jueza del Tribunal de Faltas de Venado Tuerto.

Sobre estos temas opinó la jueza de Falta municipal, Janina Ferreyra, quien observó que “el consumo de alcohol es una problemática social, compleja, multicausal, que en primer lugar se aborda desde las áreas de Control de la Municipalidad, y luego desde el Juzgado de Faltas, tanto sea en lo que concierne al control de los locales de expendio de bebidas alcohólicas, haciendo respetar los horarios establecidos y la prohibición de venta a menores de edad, como en los operativos de control vehicular, abarcando desde la documentación hasta las alcoholemias para verificar las facultades psico-físicas de los conductores al volante”.

En este sentido, “no puedo afirmar que haya un incremento de la incidencia de alcoholemias positivas, pero con seguridad se mantiene la intensidad de la problemática. Al menos, no hay fin de semana en que los controles municipales no detecten casos nuevos. Y sin dudas que esa persistencia nos obliga a repensar la situación. Los controles se hacen y tienen sus resultados, porque los vehículos son remitidos al corralón y las actuaciones son elevadas al Juzgado de Faltas y nosotros aplicamos las sanciones, con la pena pecuniaria como principal y la inhabilitación como accesoria”.

“Tal vez sería conveniente empezar a debatir la alcoholemia cero para todos los conductores y no solamente para los profesionales, que nosotros aún no lo tenemos, sino que nos manejamos con alcoholemias positivas a partir de 0,50 en conductores de vehículos y 0,20 en motovehículos”, añadió.

Cabe recordar que hace unos días tomó estado público el caso del camionero al que se le secuestró la unidad por su alcoholemia positiva, a pesar de que en virtud de la legislación vigente no debe ingerir ni una sola gota de alcohol para poder manejar en la vía pública. “En este episodio el camionero recibió la pena máxima, que es la inhabilitación por 12 meses para conducir cualquier tipo de vehículo”, precisó la abogada.

El uso del teléfono celular durante la conducción de vehículos también es un tema preocupante para los organismos de control municipales y el Juzgado de Faltas, porque cualquier vecino más o menos atento podrá detectar decenas de casos todos los días en la ciudad. “El tema de la conducción con el teléfono celular es tremendo en los últimos tiempos y puedo corroborar que esa categoría de faltas se incrementó en Venado”, dijo Ferreyra, y observó un agravamiento en la cantidad y en la calidad, porque “no sólo se atienden llamadas, sino también se las hace mientras se conduce, como también se envían mensajes de voz o se chequea la recepción de mensajes de whatsapp. Vemos que va cambiando la modalidad del uso, pero la infracción se comete con la manipulación de la telefonía celular, según lo que tipifica la ley como infracción. Da la sensación -estimó- de que no se dimensiona la magnitud de la distracción que significa quitar la vista un solo segundo del tránsito para prestarle atención al teléfono”.

“En nuestra ciudad las multas se estipulan en función de unidades fijas (en la provincia de Santa Fe una UF equivale a $66,25) y estas infracciones van de 300 a 1.000 unidades fijas, igual que la alcoholemia, es decir que la sanción pecuniaria en estos casos se aproxima a los $20 mil en función de la Ley Nacional de Tránsito y de nuestras ordenanzas locales. Tanto la alcoholemia positiva como la manipulación de teléfonos celulares durante la conducción son consideradas faltas graves”, afirmó la funcionaria que encabeza la repartición desde hace nueve años. “Si bien las dos infracciones tienen la misma penalidad económica, la diferencia entre ambas es que en la alcoholemia no se admite la posibilidad de pago voluntario, es decir que no hay ningún descuento, y además incluye la pena accesoria de inhabilitación”, especificó Ferreyra.

Durante la charla con Sur24, la funcionaria también sostuvo que “debemos estar abiertos a repensar todos los aspectos que puedan contribuir a un mejoramiento en el tránsito en general y en la conducta de los automovilistas en particular, y en este sentido se puede detectar que la pena económica es la principal y la que más usamos, pero en los hechos no está dando los resultados buscados. Por eso también se le está dando mayor importancia a las tareas comunitarias, que también están legisladas, y que en el caso de reincidencias deriva en la inhabilitación para conducir por cierto lapso. Tal vez estas penalidades hagan repensar sus actitudes a los infractores”, se esperanzó.

El hecho de no respetar lo impuesto por los decretos nacionales y provinciales en el marco de la pandemia de coronavirus, ha tenido diferentes tipo de sanciones; en el caso de actuar las fuerzas de seguridad se desarticula la fiesta o reunión ilegal, se secuestran los vehículos y se les levanta un acta por infringir dichas disposiciones gubernamentales e incluso a veces se procede a la detención. Pero en el caso de Villa Cañás el órgano que actuó en el desbaratamiento de un encuentro en un espacio público cuando estaba prohibido hacer este tipo de juntadas, fue el Juzgado de Faltas municipal, a cargo de Yanina Calamari quien explicó a Sur 24 cómo derivaron esas multas en tareas comunitarias en las calles de la ciudad.

“Esto ocurrió cuando estábamos en el pico máximo de enfermos (principio de junio) y había que acatar los decretos nacional y provincial por lo que se habían cerrado con cintas las plazas, los juegos y los espacios públicos. En ese contexto un grupo bastante grande de chicos fueron a la banquina de ruta 94 y organizaron antes de las 19 primero reuniones con mates y alcohol y después pusieron música fuerte hasta horas no permitidas; como en ese momento la Policía estaba abocada a otro operativo y no pudo hacer el trabajo que hubiera correspondido que es desbaratar la fiesta, lo hicieron los inspectores de tránsito y tuve la competencia para actuar yo”.

Desde ese momento, y a partir de un informe con los nombres de los jóvenes (hombres y mujeres) que fueron brindados por el personal municipal a cargo, la jueza detectó que “entre los infractores había jóvenes reincidentes y había otros que no, por lo que decidimos que haya dos grupos de sanciones: los que tenían reincidencia que pagaran un monto más elevado de multa y hagan un trabajo comunitario y los otros que solo pagaran una multa con un valor más bajo”, describió

y remarcó que ante la grave situación que viene sufriendo la localidad en cuanto a casos y muertes por Covid “no se puede ser flexible y por ese motivo hay que controlar de alguna manera”.

A su vez explicó que de los que debieron pagar una multa más alta, algunos decidieron pagarla en efectivo y otros reducir el costo y hacer una tarea comunitaria, como es el caso de los cinco jóvenes que entre hoy y mañana estarán prestando servicios en las calles de la ciudad. La sanción consta de cuatro horas de trabajo por cinco días.

“Hay un grupo que va a hacer la tarea que se están notificando y otro más numeroso que estamos comunicándonos todavía y que va a pagar la multa”, mencionó Calamari.

“Si no estuviera la pandemia, estos chicos tendrían infracciones de otro tipo permanentemente, entonces para subsanar de a poco esa molestia constante creo que esta es una forma de corregirlos”.

“Acá en nuestra ciudad -siguió- falleció mucha gente por la enfermedad y cuando en localidades pequeñas muere alguien esas personas tienen nombre, apellido y las conocemos todo, por eso espero que esto sirva para que ellos entiendan que cuando no se permite hacer determinada cosa por algo es, y que empiecen a tomar conciencia”.

La jueza de Faltas también contaba que este tipo de multas con retribución de trabajos siempre se aplican desde su dependencia y se hace en los casos de que las multas “son muy altas no pueden abonarlas y muchos piden realizar trabajos y se compensa el valor de la hora de un empleado municipal por el costo que tendrían que abonar, hasta cubrir dicha cantidad”.

Foto: Novedades del Sur