La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que suspende los efectos de artículos centrales del decreto del Poder Ejecutivo que modificó el régimen de financiamiento universitario, en el marco de la controversia judicial iniciada por universidades nacionales.

Con esta decisión, el máximo tribunal mantuvo vigente la protección cautelar dispuesta por instancias inferiores y garantizó, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la continuidad de los mecanismos presupuestarios y de actualización de recursos reclamados por las casas de estudio, en una causa de alto impacto para el sistema universitario público argentino.

En concreto, y mientras se desarrolla la causa de fondo sobre la validez o no del decreto que condiciona la aplicación de la ley, la Corte dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir los dos artículos relacionados con aumentos salariales de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.

El Congreso rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Financiamiento Universitario, y el tema pasó a la Justicia.

En un fallo unánime, los tres jueces de la Corte propinaron un doble revés al Gobierno nacional: desestimaron el pedido de excusación que había realizado el Ejecutivo (por considerar que, como docentes universitarios, no podían fallar sobre el asunto) y rechazaron el recurso extraordinario que pedía suspender una medida cautelar que lo obligaba a cumplir con una parte de la ley.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano - Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

El máximo tribunal dejó firme una medida cautelar dictada en primera instancia por el juez federal Martín Cormick, que obliga al Gobierno a cumplir “de manera inmediata” con los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El artículo 5º de la Ley establece que los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas deberán actualizarse, desde el 1 de diciembre de 2023, en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el INDEC. Además, obliga al Ejecutivo a convocar a negociaciones paritarias cada 3 meses y ofrecer aumentos salariales que no podrán ser inferiores al IPC.

En tanto, el artículo 6º determina la actualización automática y por inflación de todas las becas estudiantiles (Progresar, Manuel Belgrano, y de Enfermería, entre otras).

A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes: el acuerdo establecía que las subas se harían en 2 cuotas: un 21,3% en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre).

Sin embargo, si se cumpliera con la actualización por inflación que dispone la Ley de Financiamiento, los sueldos deberían aumentar en junio un 56% respecto de los haberes de mayo.

En agosto de 2025, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que impulsaba la oposición y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

Sin embargo, en septiembre el presidente Milei vetó la ley.

La oposición insistió con la propuesta y en octubre logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto. Con la insistencia del Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley.

Pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En ese expediente, solicitó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).

La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó.

En el fallo de segunda instancia, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron configurados los requisitos para mantener la tutela anticipada que había dictado el juez Cormick.

Respecto de la verosimilitud del derecho, señalaron que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la ley, sin que pueda suspender sus efectos invocando una norma anterior de igual jerarquía. Además, destacaron que una ley posterior puede válidamente desplazar a otra previa, incluso en materia presupuestaria.

El tribunal también tuvo por acreditado el peligro en la demora, al ponderar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios y el carácter alimentario de las becas estudiantiles.

Asimismo, entendió que el interés público no se veía afectado por la medida, sino que, por el contrario, se encontraba comprometido en la protección del derecho a enseñar y aprender, relativizando además el impacto fiscal invocado por el Estado.

Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal. Sin embargo, la Corte Suprema recordó que las resoluciones que conceden, rechazan o modifican medidas cautelares, por regla, no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tales a los efectos de habilitar esa vía recursiva.

En consecuencia, desestimó el recurso extraordinario y también rechazó el pedido de excusación formulado por la demandada, remitiéndose a un precedente dictado por el propio Tribunal el 4 de junio de este año.

Con esta decisión, la medida cautelar que ordena la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y de las becas estudiantiles permanece vigente mientras continúa la tramitación de la causa principal.

Para el Gobierno, el revés judicial es muy costoso y lo calculan en 1.3 billones de pesos. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, ya avisó que no hay partidas para cumplir con esa obligación. Pero, frente a la exhortación judicial, comenzó a recalcular números.

Fuentes libertarias aportan que el Ministerio de Capital Humano contaba con diálogos sólidos con los rectores para avanzar con una nueva ley de Financiamiento Universitario. Incluso intentaron poner como prenda de cambio el desistimiento de la acción judicial, cosa que los rectores no aceptaron.

No obstante, en distintos sectores del oficialismo contaban con que la Corte le iba a entregar “un gesto” a la administración Javier Milei para darle “aire”. Pero, con el fallo entre manos, esa expectativa se reveló carente de sustento.

Con un agravante, tal como agregan en La Libertad Avanza: esta determinación de la Corte se produjo a pesar de que el oficialismo había avanzado hace pocos días en un acuerdo con las Universidades para cumplir parcialmente la ley de Financiamiento Universitario.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que el planteo del Estado sobre la suspensión de la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva.

De esta manera, mientras habilita el cumplimiento de los dos artículos consignados a través de una medida procesal, la Corte aún debe pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25.

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes en la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), destinado a engrosar el salario de los maestros provinciales, que fue interrumpido por el gobierno de Javier Milei a principios de año.

Aunque la falta de acuerdo entre los bloques impidió que haya un dictamen único, la firma de diferentes proyectos para restituir el FONID permitirá trasladar al recinto la discusión, que todavía no tiene una fecha fijada.

Luego del emplazamiento aprobado en la sesión especial del pasado 21 de mayo, las comisiones de Educación; y Presupuesto y Hacienda, que conducen los diputados Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (LLA), respectivamente, sesionaron este martes para tratar las modificaciones a la ley 25.053.

Finalmente hubo cinco proyectos distintos. El bloque de Unión por la Patria logró dictamen de mayoría y se presentaron dictámenes de minoría que corresponden a los bloques Frente de Izquierda, Hacemos Coalición Federal y Unión Cívica Radical. A su vez, La Libertad Avanza presentó dictamen de rechazo.

Durante la reunión se dieron dos discusiones entre los legisladores a causa de dos propuestas que no estaban contempladas de antemano. En primer lugar, el titular de la comisión de Educación, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, propuso "un cronograma" que postergue la discusión "con la posibilidad de estudiar a fondo lo que vamos a votar y no votar a boca de jarro una medida que, más allá de si estamos de acuerdo o no, implica un costo fiscal enorme". Pero el planteo fue rechazado.

A su vez, en paralelo a la discusión del FONID, el bloque de la UCR presentó un proyecto para incluir a la educación como un servicio esencial. Lo planteó Carla Carrizo: “desde el bloque vamos a incorporar en nuestro dictamen a la educación como un servicio estratégico esencial, lo vamos a plantear sin vulnerar el derecho a huelga”. Se rechazó tras desatarse la discusión por ser un tema que viene siendo eje de presentaciones del oficialismo y al ser un tema que no estaba contemplado en el emplazamiento.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (UxP), expresó que “la educación argentina necesita docentes con buenos salarios, el FONID no soluciona cabalmente esa realidad, pero es indispensable que asumamos esta responsabilidad con la resolución mayoritaria de la Cámara, cumpliendo los antecedentes de la Constitución y la tarea desarrollada por el Consejo Interuniversitario Nacional, respondiendo a la solicitud de los ministros de educación de todas las jurisdicciones, y al mismo tiempo, respondiendo a una voluntad expresa de legisladores de distintos bloques que han presentado distintos proyectos”.

En tanto, la diputada radical Danya Tavela explicó que el dictamen restablece la “vigencia de este fondo, exige la información al Ejecutivo del monto que corresponde a 2024, la deuda de los dos trimestres anteriores y la regularización de las mismas, además de que “garantiza la libertad a partir de la igualdad y la educación”.

El santafesino Esteban Paulón (HCF) sostuvo que en representación de distintos diputados, encabezados por la diputada Margarita Stolbizer “presentamos dictamen que firmamos con distintos mecanismos de actualización, no estamos creando un fondo para restituir el FONID, no vamos a salir a cobrarle a alguien, estamos buscando que esos fondos que el gobierno captura día a día sean distribuidos de acuerdo al fin para el que fue creado” como aumentar el salario docente de todo el país y “tratar de corregir las inequidades que presentan los salarios docentes de todo el país”.

Un paso más cerca de la restitución del #FONID Acabamos de firmar el dictamen para que el Gobierno nacional restituya el Fondo de Incentivo Docente, un complemento muy importante para el salario de la docencia en todo el país pic.twitter.com/2gc3Lhex0P

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (PRO) criticó que “legislamos con irresponsabilidad no sabiendo cuanto cuestan los proyectos que presentamos. Tenemos déficit fiscal porque los legisladores creemos que los gastos se escriben en un papel ¿cómo vamos a financiar el gasto?”, se preguntó.

El diputado oficialista Santiago Santurio (LLA) se mostró crítico por el “costo fiscal” de la iniciativa: “El problema de Argentina es la alfabetización que ha retrocedido, el tema requiere un planteo serio y es donde tenemos que poner el foco. No nos estamos preocupando por esto. El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas, las provincias son responsables de este fondo”.

En tanto, la diputada Romina del Plá (FIT), sostuvo que “venimos insistiendo desde que comenzó el año la necesidad de darle una continuidad al FONID, se han negado sistemáticamente”. “En nuestro dictamen proponemos que el fondo sea permanente, remunerativo para acceso de jubilados y jubiladas, y que se establezca un salario mínimo para el cargo testigo de las distintas jurisdicciones. Esto se va a resolver con el sostenimiento real de la educación pública”.

En reclamo por la restitución del FONID, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encabezaron una movilización al Congreso Nacional.

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Mientras en Diputados debatían las iniciativas presentadas por los legisladores de la oposición, los gremios docentes nacionales se concentraron frente al Palacio Legislativo exigiendo que se repongan los fondos educativos recortados por la administración libertaria.

El FONID fue eliminado por el Gobierno Nacional a principio de año y significó un fuerte recorte a las provincias, provocando una fuerte disminución en el poder adquisitivo del salario docente.

(Por Mario Cáffaro) – En Diputados, sobre tablas, se votaron tres proyectos expresando la preocupación por la fallida liquidación de haberes a docentes con descuentos que -anunció el gobierno- serán devueltos este viernes.

La Cámara unificó iniciativas presentadas por Georgina Orciani (UCR), Claudia Balagué (PS) y Rubén Giustiniani (Igualdad) y en diferentes discursos se habló del menosprecio del gobierno provincial para con el sistema educativo.

“Llama la atención cuando se habla de error. Hay un manual nuevo que se empezó a elaborar en abril del 2022. No son errores”, subrayó la ex ministra de la cartera educativa que luego expuso cifras de subejecución presupuestaria. “No son errores, es un ajuste en el sistema educativo”, subrayó.

En cambio, la oficialista Cesira Arcando destacó la rápida reacción del gobierno, reiteró que este viernes serán repuestos del fondo, y repasó lo realizado en materia de construcciones escolares, boleto educativo gratuito y Santa Fe + Conectada. Pero también habló de un tuit de un periodista rosarino que responsabilizaría a un supuesto agente estatal de origen socialista con el error. “Es una mentira total”, le respondió Joaquín Blanco quien afirmó que la cabeza de Cristian Kuverling “rodó por la interna en el Ministerio de Educación” y remarcó que hace cinco meses hay un conflicto en la sectorial informática de Educación.