Las facturas suben, pero el Estado también paga más. Esa es la paradoja que buscó explicar el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, en el Foro de Energía de AmCham: durante los meses de más frío, el gobierno nacional mantuvo la recomposición de tarifas, pero al mismo tiempo ralentizó la quita de subsidios porque el costo de abastecer de electricidad y gas resultó superior al esperado.

“Claramente el invierno tuvo un costo de energía más alto del que habíamos previsto, fundamentalmente por el aumento del costo del GNL y de una menor hidraulicidad en el principio del invierno”, señaló el funcionario. Ese encarecimiento obligó a sostener una asistencia estatal mayor sobre las boletas, aun cuando la administración de Javier Milei conserva como objetivo que los usuarios paguen progresivamente el costo real de la energía.

La consecuencia quedó expuesta en las cuentas. Según el informe de Economía & Energía publicado días atrás, durante el primer semestre de 2026 el Estado destinó unos US$2.147 millones en materia de subsidios a la energía, lo que significa un 80% más que en el mismo período de 2025. Fue el primer rebote significativo después de dos años de caída, aunque todavía por debajo de los US$3.035 millones del primer semestre de 2024.

González sostuvo que desde el inicio de la gestión los subsidios energéticos ya bajaron “prácticamente un punto del producto”, desde un nivel que ubicó en torno de 1,5% del PIB o más. Para este año, sin embargo, admitió que el objetivo puede ser mayor. “Más o menos vamos a estar quizás alguito arriba de eso; puede ser un 0,5%, pero realmente ya estamos discutiendo decimales”, afirmó.

El funcionario explicó ese desvío por una combinación de costos externos y decisiones internas. El GNL importado se encareció a causa del la guerra en Medio Oriente y la menor disponibilidad hidroeléctrica obligó a utilizar una generación más cara. Así, según los cálculos, el costo promedio de la energía subió en el semestre hasta un 20% más que un año atrás. Y admitió que el traslado a los usuarios terminó siendo parcial para el segmento residencial, donde el costo promedió US$89 por MWh pero el usuario pagó US$51, con una diferencia de US$38 cubierta por el Estado.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, explicó en el Foro de Amcham que el aumento en las tarifas de luz y gas, a pesar de los subsidios vigentes, se debe a un incremento inesperado en el costo de la energía durante el invierno, aunque el Gobierno mantiene el objetivo de continuar la reducción para sincerar las tarifas.

Para la industria fue distinto, ya que los precios no cuentan con cobertura de subsidios. Pero la buena noticia es que estas mismas razones hicieron que el saldo comercial energético termine en verde luego de varios años, explicando además gran parte de la mejora en la balanza comercial. Este panorama es el que explica por qué las facturas aumentaron mientras, al mismo tiempo, siguieron creciendo los desembolsos públicos, comprometiendo el costo fiscal.

En el mismo Foro, representantes del sector privado aportaron su mirada sobre la política del gobierno, manteniendo el reclamo de que los cambios no se demoren aún más de lo previsto. Fernando Bonet, gerente general de Central Puerto, señaló que es fundamental que "el consumidor empiece a reconocer el costo de la energía real y no un subsidio gigantesco", dando a entender que para las generadoras, es la condición necesaria para volver a tomar riesgos y realizar inversiones. Mientras que Marcela Romero, CEO de Schneider Electric, destacó que, dado que el costo de la energía ahora es un factor fundamental en el balance de cualquier compañía (al no estar tan subsidiada como antes), se vuelve fundamental invertir en tecnología para gestionar la demanda.

En esa línea, el funcionario resaltó el cambio de paradigma al que apuesta la administración libertaria. La estrategia no es solo recortar la asistencia, sino reducir el costo de la energía. González proyectó que Argentina, que hoy tiene costos de entre 75 y 85 dólares por megawatt, debería "bajar a los 60 y a los 50; pues los recursos los tenemos". Para lograrlo, definió la necesidad de obras estratégicas como el tendido de líneas AMBA I sean pagadas por la demanda y no por el Tesoro nacional. Pero admitió que las obras necesarias pueden encarecer transitoriamente el servicio antes ahorrar: "Si querés tener un mejor servicio, el costo va a aumentar".

El Gobierno distingue entre el valor regulado que reciben transportistas y distribuidoras y el precio de la energía que finalmente se traslada al usuario. Sobre el primer componente, González sostuvo que las empresas bajo regulación nacional “tienen sus tarifas reacomodadas” y que eso permitirá en un corto plazo exigir mejoras en la calidad del servicio después de años de precios contenidos.

La definición oficial es que ese costo no volverá a financiarse con recursos nacionales. “Si querés tener un mejor servicio, mayor disponibilidad, el costo va a aumentar y eso lo paga la demanda claramente, no lo va a pagar el Estado nacional”, planteó.

El subsidio se concentra entonces sobre el componente energético. Ese es el punto en el que el Gobierno frenó el recorte durante los meses fríos. En agosto, el régimen vigente mantuvo por cuarto mes consecutivo la bonificación extraordinaria para gas al 25%, el máximo permitido, y replicó el 16,59% para electricidad sobre el bloque base de 300Kw, bastante por encima de la trayectoria de reducción que se había diseñado a comienzos de año.

Con la bonificación general, la cobertura alcanza al 75% del componente energético del gas durante el invierno y al 66,59% en electricidad para el consumo base. González resumió que hoy “más de la mitad de los consumidores residenciales tienen subsidio”.

El funcionario dejó planteada la incógnita del ajuste para la próxima etapa: “¿Qué tiene más sentido, bajar la cantidad de gente subsidiada o bajar el subsidio que le das a aquellos que están subsidiados? Posiblemente sea una combinación de las dos cosas”, anticipó.

En principio, desde la Secretaría de Energía esperan que la presión fiscal afloje con el cambio de estación. “En la medida que el costo de energía, que claramente ahora ha acabado el invierno, empieza a bajar, la reducción de subsidios puede acelerarse un poquito”, sostuvo González.

El otro frente de recorte es el Régimen de Zona Fría, cuya modificación está en discusión en el Congreso. El Gobierno cuestiona que el beneficio se haya extendido a localidades que, según González, “no son frías” y también que subsidie componentes de la factura más allá del costo de la energía.

El secretario calificó la actual normativa como una "aberración" y una "ridiculez absoluta" por subsidiar el total de la boleta en localidades que, a criterio del Ejecutivo, no califican climáticamente como tales.

El Gobierno busca transparentar estos costos para que los usuarios reciban señales de precio claras que incentiven la moderación del consumo, permitiendo que la Nación decida de forma discrecional a quiénes subsidiar en todo el territorio sin distinciones geográficas arbitrarias.

"No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata", ejemplificó el secretario, para argumentar la intención de transparentar los precios para moderar el consumo, permitiendo centralizar la decisión de a quiénes subsidiar y a quiénes no.

González relativizó el ahorro fiscal inmediato porque el invierno ya terminó, pero presentó el cambio como una corrección estructural. El cargo que financia Zona Fría representa, según indicó, alrededor de 7,5% del costo del gas y es abonado por usuarios que no reciben ese beneficio. Esta reforma tendría impacto en muchas provincias. En Santa Fe, según los cálculos, cerca de 550.000 hogares del sur provincial perderían el descuento específico si prospera la poda del régimen.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, cuestionó este jueves en Rosario la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas por Zona Fría. Según sostuvo, la iniciativa altera el esquema de financiamiento del gas residencial y vuelve a trasladar los costos energéticos a hogares e industrias, con especial impacto sobre las provincias productivas.

Queremos destacar un tema que tiene que ver con lo productivo y con una cuestión totalmente coyuntural. Este aumento nacional del gas vuelve a poner los costos sobre las familias y las industrias, otra vez”, afirmó la funcionaria, al retomar los cuestionamientos realizados por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En ese sentido, advirtió que las consecuencias recaerán con mayor fuerza sobre el interior del país: “Los más perjudicados son las provincias del interior productivo. Hay que recordar todo lo que desde Santa Fe aportamos a la Nación y que después no vuelve”.

Coudannes sostuvo además que el debate excede el impacto sobre las tarifas domiciliarias y alcanza de lleno la competitividad industrial y la capacidad de crecimiento regional. “Hay que discutir una política energética que contemple las realidades productivas del interior”, señaló, y expresó preocupación por el efecto que estas medidas podrían tener sobre la actividad económica santafesina.

Al mismo tiempo, contrapuso las decisiones nacionales con la estrategia energética impulsada por la gestión provincial. “Frente a un escenario nacional complejo, desde el Gobierno de Santa Fe elegimos el camino de la inversión estratégica. Invertimos, no guardamos los recursos: invertimos”, remarcó.Como ejemplo, destacó el plan de infraestructura gasífera que ejecuta la Provincia, con seis gasoductos destinados a ampliar el acceso al gas natural para el sector productivo y las localidades del interior.

“Estamos construyendo seis gasoductos que llevarán gas natural de red a 266 industrias. Es una obra total de 610 kilómetros, que conectará a 45 localidades y beneficiará a más de 120.000 santafesinos”, enumeró.

Para la vocera provincial, el acceso a la energía debe ser una herramienta de desarrollo y no una limitación para la producción. “Tenemos una certeza: la energía debe ser la palanca que empuje el crecimiento provincial y no el cuello de botella que frene el potencial de Santa Fe”, afirmó.

Finalmente, reivindicó la posición de la provincia frente al escenario económico nacional: “Santa Fe no espera que el país la salve. Santa Fe lidera el cambio, y estas obras son un ejemplo concreto de cómo defendemos y profundizamos los intereses de nuestra provincia”.

Por Luis Rodrigo

Al cabo de un año de gestión, el gobierno nacional estudia un nuevo instrumento para recortar los subsidios a la energía mayorista en materia de gas natural y electricidad, cuya meta es -como desde que comenzó la actual gestión- solo prestar ayudas a los hogares más pobres y no a quienes se considera que pueden pagar por ambos servicios.

Junto con el cambio de funcionarios en la Secretaría de Energía de la Nación, en esa oficina dependiente del Ministerio de Economía, se comenzó a desechar en octubre de 2024 la idea de aplicar a los usuarios residenciales lo que el ex titular, Eduardo Rodríguez Chirillo denominó una "canasta energética".

Ese concepto pretendía que sobre cada hogar, según su situación económica, social, de salud y hasta climática, se establezca que proporción de los consumos de metros cúbicos y kilovatios se cubran con la ayuda del Estado nacional al subsidiarse (en el nivel mayorista) su precio.

El gas no queda exento de esta medida en carpeta.

Ahora, la idea es que un nuevo esquema -bastante más sencillo que el actual- divida a los pobres de quienes no lo son según los indicadores que determinan la llamada línea de pobreza establecida por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadías y Censos.

El método que utiliza el Indec para marcar una línea de pobreza (y también de indigencia) refiere a la capacidad de los hogares para la satisfacción de las necesidades alimentarias y no alimentarias de sus miembros.

En materia de gas natural se supone que no hay indigentes con ese servicio; y en el sector de la energía eléctrica, rara vez corresponden al segmento de prestaciones regulares y con tarifas, ya que están en general colgados o enganchados a las redes.

El problema es que en todo el sistema estadístico argentino la base de la información es el anonimato: el Estado no debe saber quiénes sino cuántos pobres hay en el país; eso sí, dispone de su ubicación geográfica.

Con la definición de la secretaria de Energía María Tettamanti de que el alcance de las ayudas estatales debe parecerse a la línea de pobreza del Indec, está claro que lo que se busca es subsidiar solo al 40% de la demanda. Hoy, dos de cada tres familias reciben asistencia para afrontar las boletas.

En esos términos se busca superar la aún vigente "Segmentación de la Demanda", que comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y dividió en tres categorías a los usuarios residenciales: Nivel 1, de altos ingresos y con escasos o ningún subsidio mayorista a la energía; Nivel 2, de bajos recursos, con los más altos subsidios; y Nivel 3, de ingresos medios y moderadas ayudas estatales.

Luego de medio año en el que se hicieron esfuerzos desde las empresas distribuidoras para que los hogares pobres se anoten en los subsidios (muchos habían sido subsidiados sin esa declaración jurada), la segmentación muestra que en todo el país los N1 son unos 5 millones de usuarios; los N2, 8; y los N3, 3.

Si en el último trimestre de 2025 (seguramente después de las elecciones nacionales para renovar el Congreso) solo 4 de cada 10 hogares recibirán ayudas estatales, es obvio que la letra "N" a convertir en minúscula es la de la clase media.

Sólo una parte de esa franja que no se percibe pobre contará con una tarifa social. Habrá, finalmente, dos tipos de usuarios regulares: con o sin tarifas sociales, tal como el macrismo se había propuesto avanzar sin demasiadas posibilidades durante 2015 y que debió desistir al año siguiente.

Dos hechos limitaron esa política clave para el gobierno de Mauricio Macri: una fuerte movilización social en su contra apuntalada por la militancia kirchnerista, pero con penetración más allá de esa fuerza política, y un fallo de la Corte que -sin dudas- volverá a ser citado en 2025 si el gobierno liberal-libertario logra estos nuevos recortes.

Aquel pronunciamiento del máximo tribunal argentino fijó la obligación del Estado de cobrar tarifas bajo el "criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad", así como que los servicios públicos deben respetar los principios de "continuidad, universalidad y accesibilidad".

En rigor, la gestión actual de Javier Milei ya pudo bajar en términos reales en -38% los subsidios según el Reporte de Tarifas y Subsidios N°21, que elabora el Observatorio De Tarifas Y Subsidios Iiep, de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Uba-Conicet).

Y de ese porcentaje 25 puntos se explican por el aumento de las tarifas de gas natural por redes y energía eléctrica a los usuarios de los niveles N1 y en mucho menor medida, N3 y N2, en ese orden. Lo demás es mérito de los tibios recortes de subsidios al transporte público de pasajeros del Amba y de los drásticos ajustes a las provincias en esa materia.

Por César Rodríguez

Los candidatos presidenciales Sergio Massa y Patricia Bullrich tuvieron un cruce este jueves en redes sociales. A horas del comienzo de la veda electoral en el marco de las elecciones generales que se desarrollarán el próximo domingo, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio acusó a su rival de Unión por la Patria y denunció al ministro de Transporte.

Patricia Bullrich, culpó a Sergio Massa, de estar "usando la plata de la gente para hacer campaña sucia".

La referente del PRO difundió una imagen de una cartelera electrónica en la estación de tren de Lisandro de la Torre en la que se observa una publicidad sobre cuánto costaría el boleto dependiendo de quién gane las próximas elecciones.

"Tarifa trenes Massa: $56,23. Tarifa trenes Milei: $1.100. Tarifa trenes Bullrich: $1.100", se puede leer en la pantalla del andén. Y agrega: "Cuando te hablan de subsidio, ésa es la diferencia en tu precio".

Por tal motivo, la ex ministra de Seguridad lanzó: "Das vergüenza, Massa". "Pasaron todos los límites. ¿De verdad están usando la plata de la gente para hacer este tipo de campaña sucia, ministro Massa?", agregó en su cuenta de X, ex Twitter.

Y concluyó: "Dan vergüenza ajena. Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor que seguir soportando estas bajezas del kirchnerismo. El domingo vamos a terminar con esto".

Además de la publicación en redes sociales, su equipo de campaña realizó una denuncia contra el ministro de Transporte, Diego Giuliano, por el presunto incumplimiento del artículo 64 quater y 133 bis del Código Electoral Nacional.

"Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten", establece el primero de los artículos señalados, mientras que el otro fija que "los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 quater, serán pasibles de inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos".

Por su parte, Sergio Massa rechazó las críticas de Patricia Bullrich, y defendió la publicidad en el transporte público sobre el impacto que tendría el resultado electoral en el boleto.

"Esta campaña que hoy por ahí se tornó en polémica, pero que vienen haciendo hace varios días los gremios, le dice a la gente que si ganan Bullrich o (Javier) Milei el boleto va a costar 1.100 pesos en el caso de los trenes", sostuvo el ministro de Economía.

El líder del Frente Renovador se refirió a la baja adhesión que tuvo la propuesta para renunciar voluntariamente a los subsidios al transporte público.

"Lo que está planteando la gente es que esa propuesta de la oposición para quitar subsidios es inviable", remarcó y completó: "Una cosa es decir cosas en la tele y otra llevarlas a la práctica".

En diálogo con la prensa santafesina, Diego Giuliano subrayó que informar a los pasajeros sobre el valor de mercado de los pasajes del transporte público de pasajeros sin la ayuda estatal de lo subsidios "aporta información" al proceso electoral.

Así mismo, negó que se trate de propaganda contraria a otros candidatos sino de ofrecer "la posibilidad de que aquellos votantes que apoyan a candidatos que están contra los subsidios puedan ya mismo renunciar" a esos aportes del sector público.

"La información nos esclarece, mejora nuestra democracia. Creo que por el contrario sí es un engaño decir 'voy a sacar los subsidios' sin explicar que de esa manera el costo del boleto subiría", agregó.

También, Giuliano aceptó que aún es importante "la brecha" entre las ayudas estatales de que gozan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con las demás jurisdicciones del país, pero la atribuyó a la gestión anterior, de Mauricio Macri (terminada en 2019).

Respecto del costo sin subsidios del boleto de colectivos en la capital provincial de Santa Fe, el funcionario oriundo de Rosario dijo que desconoce esa información que "deberían proporcionarla las autoridades municipales". Pero comentó que en su ciudad donde el boleto hoy cuesta entre $ 160 y $ 180 debería pasar a valer $ 638.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que los beneficiarios del Programa Hogar recibirán un nuevo aumento en octubre de 2023.

Esta es una iniciativa de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, destinada cubrir hasta el 80% del valor efectivo de una garrafa de 10 kilos.

El beneficio, compatible con prestaciones previsionales como jubilados, pensionados y Asignaciones Familiares de trabajadores informales o desocupados de la ANSES, lo pueden recibir quienes perciban ingresos menores a 2 salarios Mínimos, Vitales y Móviles o $ 337.500.

Según informó la ANSES, se actualizará el monto del subsidio de la garrafa social del Programa Hogar a partir del mes de octubre. Actualmente, los montos varían entre los $ 1400 y los $ 2000 según la región del país.

El subsidio se calcula en base al 80% del costo efectivo y se deposita a través del Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El monto varía en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional.

Quienes quieran acceder al subsidio para la compra de la garrafa social deberán seguir los siguientes pasos:

Virtualmente

Ingresá a la página de ANSES y completá el formulario de la sección MiAnses. Para acceder vas a tener que gestionar la Clave de Seguridad Social en esta página.

Solicitá la planilla de inscripción escribiendo a la dirección de correo inscripcionph@mecon.gob.ar.

Presencialmente

En cualquier oficina de ANSES del país cercana a tu domicilio.

Anotate en cualquiera de los operativos territoriales más cercanos a tu vivienda. Podés informarte sobre cuándo y dónde serán realizados en esta página.

Si querés inscribir a una entidad de bien público que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa, podés iniciar el trámite en esta página.

Entidades de Bien Público

A todas las Entidades de Bien Público sin conexión a la red de gas natural como comedores, merenderos, grupos comunitarios o centería jurídica.

A todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a

2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

3 SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país.

4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

Monotributistas

Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive).

Hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive).

Patagonia

Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive)

Hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría E (inclusive).

En el marco de la segmentación energética que lleva adelante el Gobierno Nacional, desde la Comuna de María Teresa informaron que brindarán asesoramiento e informes sobre cómo acceder a este beneficio.

Según se estableció desde Nación, la segmentación se implementará a partir de un registro para identificar a los hogares que necesiten los subsidios y podrán anotarse quienes deseen mantener el beneficio que hoy reciben en sus viviendas.

Para inscribirse, los usuarios deberán ingresar en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

El cronograma establecido para ingresar a la web y completar el formulario durante el mes de julio es el siguiente: las terminaciones de DNI 0-1-2 podrán inscribirse entre el 15/7 y el 19/7; 3-4-5 entre el 20/7 y el 22/7 y 6-7-8-9 entre el 23/7 y el 26/7.

Para poder completar el formulario, se deberá contar al momento de la carga virtual con:

Según detallaron, la Comuna de María Teresa brindará asesoramiento, para quienes tengan algún inconveniente con la inscripción virtual, en el Área de Promoción Social, de lunes a viernes de 7 a 13 hs; y en el Punto Digital, lunes a viernes de 7 a 13 hs y de 14 a 16 hs.