El gobierno nacional decidió dar otra vuelta de tuerca y volver a ajustar los subsidios para los hogares en materia de energía eléctrica y gas natural por redes.

En el caso de Santa Fe, existen distintas jurisdicciones sobre la distribución de electricidad que en su enorme mayoría presta la EPE en el mapa de la bota, mientras que no sucede lo mismo con el otro servicio, cuya concesión y regulación solo corresponde a la Nación.

Por esa razón, son mayores las complejidades para comprender qué efectos tienen en Santa Fe los anuncios nacionales sobre “actualizaciones” en el valor de los megavatios que luego de reducidos a kilovatios, la Empresa Provincial de la Energía distribuye a sus usuarios.

Una primera definición: el cambio de esquema en los subsidios no debe ser confundido con los habituales aumentos de la Secretaría de Energía de la Nación que, por inflación o actualización del valor del Kw/h, figuran en las boletas finales de la EPE.

Ahora se trata de una quita de subsidios que se presenta como una recategorización. Las autoridades nacionales indican que en adelante habrá solo dos categorías en lugar de los tres niveles de hogares con subsidios (los comercios grandes y las industrias ya no gozan de ellos).

El gobierno de Javier Milei sostuvo durante dos años el esquema heredado de la gestión de Alberto Fernández que, con Sergio Massa como ministro de Economía, dividió la demanda de las familias en electricidad y gas en tres niveles: N1 con más poder adquisitivo, N2 con los más bajos ingresos y N3 que es posible asimilar a la clase media en sus distintas capas.

Cada familia realizó al inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios (Rase) una declaración jurada sobre sus ingresos formales o no y sus bienes. Y en los dos últimos años se fueron quitando progresivamente esas ayudas estatales casi por completo a los N1 y en cambio se sostuvo el 60% de los N2 y el 40% de los N3.

Durante el año 2025 (con elecciones de medio término del Congreso) esas ayudas no se tocaron y tampoco hubo fuertes incrementos en los precios del kw.

Ahora, es el turno de los N3, es decir de las capas medias que desde enero de 2026 comenzarán a pagar como pudientes, salvo que sus ingresos totales declarados no superen los 3,6 millones de pesos por todo el grupo familiar, o que no tengan más de una propiedad (entre otros límites).

Entonces, una segunda definición: la Epe no podrá más que aplicar la quita de subsidios por cuanto no está entre sus posibilidades de competencia jurisdiccional hacerse cargo de esa diferencia. Hoy hay en definitiva tres precios de kilovatios para tres niveles de usuarios, y en poco más de un mes solo dos: con y sin subsidio.

Sólo los hogares con menos recursos tendrán ayudas. Ya fueron medidos cuáles son, gracias al RASE de Massa que tan útil ha sido a la gestión actual para recortar subsidios.

Hoy la Nación vuelca por año unos 3.000 millones de dólares en esas ayudas. La idea es que esa cifra baje a 2.000 millones. Y el costo recaerá sobre la clase media, que ya sufre con frecuencia los aumentos en el precio de los combustibles: casi nada duró la promesa de reducir o subir el litro de naftas o gasoil en los surtidores según el precio internacional del barril de petróleo.

Mientras tanto, debe comprenderse que en el caso de Santa Fe hoy para los N1 el valor de los kilovatios consumidos representa un 28% de sus tarifas finales. El 37% corresponde a la EPE y a impuestos de todo tipo (el IVA sobre todo) el 35%.

En cambio, para los hogares con menos dinero (N2), los kilovatios que usan son apenas 13% de sus boletas de la Epe.

Seguramente en ese nivel continuarán y habrá que ver qué sucede con el 48% del costo fijo del servicio de distribución (la VAD, que crece según consumo a partir de los 240 y los 400 kw/h). Son los que más impuestos pagan: 39%. Es básicamente una factura compuesta por costos del servicio y gravámenes.

Finalmente, el sector que tiene todas las de perder: los N3 tiene tarifas en las que la energía como insumo representa el 24%. La EPE se lleva el 38% y la misma (alta) proporción los impuestos: 38%.

Habrá una nueva audiencia pública para presentar las modificaciones. El impacto será “gradual” según lo anunciado esta semana y la tarifa plana para los actuales N3 de clase media no será tan evidente en el primer cuatrimestre del año próximo. Pero a fines de 2026 será inocultable.

El subsidio al consumo de GLP (en garrafas) se pagará a través de billeteras virtuales para depositarlos allí. Los precios crecerán considerablemente para quienes no tengan esas ayudas.

Hay solo 3,36 millones de inscriptos bajo el paraguas del Plan Hogar, que subsidia la demanda de gas envasado y se licuó en los últimos dos años porque los montos que involucra el programa no se actualizan desde mediados de 2023.

Además, para mantenerlos deberán registrarse en el RASE, que seguramente cambiará de nombre. El proyecto es que haya el equivalente al costo de una garrafa de 10 Kg en los meses de frío.

Para determinar quiénes ingresan tendrán subsidios y quienes el filtro será hogar por hogar (y se excluirán zonas residenciales exclusivas de alto poder adquisitivo). Aún después del RASE hubo más de tres millones de hogares de esos vecindarios que cobraron subsidios.

La suma de tres canastas básicas totales (CBT) tipo 2 del Indec, que hoy rondan los $ 3,64 millones mensuales es el límite. Se mantiene la exclusión de las ayudas por ser titular de más de un inmueble o de aeronaves o embarcaciones de lujo; poseer vehículos de poca antigüedad y haber comprado moneda extranjera, entre otros.

Sí, por comprar dólares para protegerse de la inflación o viajar al exterior, luego de décadas de corralito, no habrá subsidios para los hogares de clase media.

Por Luis Rodrigo

Al cabo de un año de gestión, el gobierno nacional estudia un nuevo instrumento para recortar los subsidios a la energía mayorista en materia de gas natural y electricidad, cuya meta es -como desde que comenzó la actual gestión- solo prestar ayudas a los hogares más pobres y no a quienes se considera que pueden pagar por ambos servicios.

Junto con el cambio de funcionarios en la Secretaría de Energía de la Nación, en esa oficina dependiente del Ministerio de Economía, se comenzó a desechar en octubre de 2024 la idea de aplicar a los usuarios residenciales lo que el ex titular, Eduardo Rodríguez Chirillo denominó una "canasta energética".

Ese concepto pretendía que sobre cada hogar, según su situación económica, social, de salud y hasta climática, se establezca que proporción de los consumos de metros cúbicos y kilovatios se cubran con la ayuda del Estado nacional al subsidiarse (en el nivel mayorista) su precio.

El gas no queda exento de esta medida en carpeta.

Ahora, la idea es que un nuevo esquema -bastante más sencillo que el actual- divida a los pobres de quienes no lo son según los indicadores que determinan la llamada línea de pobreza establecida por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadías y Censos.

El método que utiliza el Indec para marcar una línea de pobreza (y también de indigencia) refiere a la capacidad de los hogares para la satisfacción de las necesidades alimentarias y no alimentarias de sus miembros.

En materia de gas natural se supone que no hay indigentes con ese servicio; y en el sector de la energía eléctrica, rara vez corresponden al segmento de prestaciones regulares y con tarifas, ya que están en general colgados o enganchados a las redes.

El problema es que en todo el sistema estadístico argentino la base de la información es el anonimato: el Estado no debe saber quiénes sino cuántos pobres hay en el país; eso sí, dispone de su ubicación geográfica.

Con la definición de la secretaria de Energía María Tettamanti de que el alcance de las ayudas estatales debe parecerse a la línea de pobreza del Indec, está claro que lo que se busca es subsidiar solo al 40% de la demanda. Hoy, dos de cada tres familias reciben asistencia para afrontar las boletas.

En esos términos se busca superar la aún vigente "Segmentación de la Demanda", que comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y dividió en tres categorías a los usuarios residenciales: Nivel 1, de altos ingresos y con escasos o ningún subsidio mayorista a la energía; Nivel 2, de bajos recursos, con los más altos subsidios; y Nivel 3, de ingresos medios y moderadas ayudas estatales.

Luego de medio año en el que se hicieron esfuerzos desde las empresas distribuidoras para que los hogares pobres se anoten en los subsidios (muchos habían sido subsidiados sin esa declaración jurada), la segmentación muestra que en todo el país los N1 son unos 5 millones de usuarios; los N2, 8; y los N3, 3.

Si en el último trimestre de 2025 (seguramente después de las elecciones nacionales para renovar el Congreso) solo 4 de cada 10 hogares recibirán ayudas estatales, es obvio que la letra "N" a convertir en minúscula es la de la clase media.

Sólo una parte de esa franja que no se percibe pobre contará con una tarifa social. Habrá, finalmente, dos tipos de usuarios regulares: con o sin tarifas sociales, tal como el macrismo se había propuesto avanzar sin demasiadas posibilidades durante 2015 y que debió desistir al año siguiente.

Dos hechos limitaron esa política clave para el gobierno de Mauricio Macri: una fuerte movilización social en su contra apuntalada por la militancia kirchnerista, pero con penetración más allá de esa fuerza política, y un fallo de la Corte que -sin dudas- volverá a ser citado en 2025 si el gobierno liberal-libertario logra estos nuevos recortes.

Aquel pronunciamiento del máximo tribunal argentino fijó la obligación del Estado de cobrar tarifas bajo el "criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad", así como que los servicios públicos deben respetar los principios de "continuidad, universalidad y accesibilidad".

En rigor, la gestión actual de Javier Milei ya pudo bajar en términos reales en -38% los subsidios según el Reporte de Tarifas y Subsidios N°21, que elabora el Observatorio De Tarifas Y Subsidios Iiep, de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Uba-Conicet).

Y de ese porcentaje 25 puntos se explican por el aumento de las tarifas de gas natural por redes y energía eléctrica a los usuarios de los niveles N1 y en mucho menor medida, N3 y N2, en ese orden. Lo demás es mérito de los tibios recortes de subsidios al transporte público de pasajeros del Amba y de los drásticos ajustes a las provincias en esa materia.

254.410 usuarios residenciales santafesinos de bajos ingresos, que corresponden a la categoría N2, perderán el subsidio nacional a la energía eléctrica (y eventualmente al gas natural) si antes del 4 de septiembre próximo no completan su declaración jurada ante el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía.

Esos son los datos que obtuvo la Empresa Provincial de la Energía de los funcionarios nacionales a cargo del RASE que refieren a un segmento especial de los usuarios regulares del servicio eléctrico: nunca se anotaron para recibir los subsidios pero los recibieron porque son titulares de otro tipo de ayudas sociales: planes laborales, familiares o por hijo.

En síntesis, las familias santafesinas pobres que nunca hicieron el trámite on line ante el RASE y sin embargo en sus boletas de energía eléctrica tienen ayudas del Estado nacional las perderán -de acuerdo con el anuncio oficial de la Casa Rosada- a partir del miércoles de la semana próxima.

La resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación dispuso la obligatoriedad del trámite meses atrás: que todos los usuarios no inscriptos y con subsidios (porque el Estado los anotó por cobrar otras ayudas sociales), que pertenecen a la categoría N2 de usuarios residenciales.

Según la Epe las demoras en parte se deben al funcionamiento de la página web a la que se debe acceder para realizar la inscripción (ver aparte).

Los usuarios que hoy tienen la categoría N1 (altos ingresos) dejaron de contar con subsidios a sus consumos de energía eléctrica y gas natural desde marzo pasado. Y hoy pagan aproximadamente el 80% del que se considera el costo real de la generación y el transporte de la energía eléctrica y un 60% del gas también en el nivel mayorista. No deben completar ningún nuevo trámite. Eventualmente, pueden actualizar sus datos para ser considerados N2 o N3 (lo que será evaluado por el Estado Nacional).

Para los usuarios N2 (bajos ingresos) existen dos situaciones muy diferentes: nada deberán hacer aquellos hogares pobres que se inscribieron en el RASE oportunamente y bajo en nivel de ingresos más bajos. En cambio, aquellas familias con escasos recursos que no lo hicieron pero igual recibieron el subsidio (por figurar en listas de planes sociales) urge que se anoten, antes del 4 de septiembre.

Finalmente, para los usuarios residenciales inscriptos como N3 (ingresos medios) no es necesario realizar trámites para continuar con esas ayudas. Al igual que en las otras categorías sigue abierto el RASE para actualizar sus datos y cambiar a N1 (sin subsidios) o N2 (subsidios más altos) según su situación económica.

En cuanto al RASE, el usuario residencial encargado deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya haya realizado el trámite, la persona puede actualizar la información. Antes de empezar es importante tener a mano: El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red; El último ejemplar de tu DNI; El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años; Una dirección de correo electrónico.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que la Canasta Básica Total (CBT), parámetro utilizado para determinar el umbral de pobreza, aumentó en julio a $900.648 para un hogar integrado por dos adultos y dos menores. Las normativas vigentes estipulan que, para poder solicitar el acceso a los subsidios, las familias deben sumar ingresos que no superen 3,5 veces el valor de una CBT. Eso significa que, actualmente, el ingreso máximo para poder ingresar al RASE es de $3.152.268.

Para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, los ingresos mensuales totales para no pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o menores a $3.845.766 al mes.

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto solicita a través de un comunicado que hasta el 31 de julio los usuarios de energía eléctrica y de gas pueden inscribirse en el RASE (Registro Nacional de Acceso a los Subsidios de la Energía) para continuar recibiendo el subsidio.

¿Cómo solicitar el subsidio? 

Hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Segmento de ingresos altos (N1)

Hogares que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones considerando a todas y los convivientes:

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió este martes que las boletas de electricidad podrán sufrir aumentos de hasta un 65%, con mayor énfasis en usuarios residenciales de ingresos medios y bajos, tras una serie de decisiones nacionales en materia energética.

La EPE atribuyó el alza a la decisión del gobierno central de "avanzar en la modificación del esquema de subsidios, acotando los montos máximos subsidiados" y señaló además que se produjo una "actualización en el precio de la energía mayorista".

Los incrementos tendrán lugar en el marco de las medidas implementadas desde la Secretaría de Energía de la Nación, que comanda Eduardo Rodríguez Chirillo, mediante las Resoluciones N° 90/2024 y 92/2024, que fueron explicadas por Sur24 en detalle.

La actualización de los precios de la energía eléctrica, advirtieron desde la distribuidora santafesina en un comunicado de prensa, comenzaron a correr desde el 1 de junio.

Desde la EPE, agregaron que a la decisión del gobierno nacional de modificar los subsidios y aplicar nuevos topes en los consumos de electricidad, se suma también un aumento en el precio estacional de la energía.

En Santa Fe, según comunicó este martes la empresa, las variaciones en la facturación generarán incrementos en los cuadros tarifarios de entre 12% y 65%, según el tipo de usuario.

El promedio de incremento que implican las distintas variables es en torno al 38,5%. Pero serán los usuarios de ingresos bajos y medios los que sufrirán las mayores subas en las boletas de luz, de hasta 65%; y los de mayor poder adquisitivo que no perciban subsidios, de hasta el 16,5%.

Para graficar los aumentos, la Empresa Provincial de la Energía brindó un ejemplo de un usuario residencial con consumo promedio de 400 kWh. Este tendrá un ajuste de 15,6% si corresponde al Nivel 1; del 34,5% si se encuadra en el Nivel 2; y del 50.8% si está incluido en el Nivel 3. Esto siempre "obedeciendo a los cambios en los topes subsidiados en dos grupos que, hasta hoy, recibían una mayor subvención del gobierno nacional", se indicó en el comunicado.

En este marco, desde la EPE se convocó a los usuarios a "revisar el nivel en que están inscriptos dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase), con el objetivo de obtener el subsidio del gobierno nacional en luz y en gas".

"El Rase consiste en un padrón de beneficiarios que han sido incluidos en el Nivel 2 –bajos ingresos– o en el Nivel 3 –ingresos medios– sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los solicitantes del beneficio", aclara el comunicado.

Asimismo se detalla que "quienes no se hayan inscrito automáticamente se incorporan como Nivel 1", que corresponde a la tarifa plena sin ningún tipo de subsidio en el consumo energético.

“Quienes ya se encuentran inscriptos en el Rase no necesitan volver a hacerlo”, remarcó la EPE.

A su vez, informó que la autoridad de aplicación "ha dispuesto la realización periódica de cruces de información para propender a una mejor focalización de los beneficios, dando cumplimiento a las previsiones existentes en materia de protección de datos personales conforme a la ley 25.326".

Para tramitar la inscripción al Rase, se recordó que los usuarios deben aportar la información que figura en una boleta de la EPE, DNI del usuario que figura en la factura; el número de Cuil de cada integrante del hogar mayor de 18 años; ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico.

Por Luis Rodrigo

El gobierno nacional dispuso que no tenga límites el impacto en las tarifas de la energía eléctrica y el gas natural por redes, al volver a anunciar -ahora para un período de transición entre junio y noviembre- la quita de subsidios a los sectores de ingresos medios y bajos.

Hoy los hogares que lograron ser considerados como N2 (los más vulnerables) y N3 (capas medias) pagan apenas entre el 6 y el 7% de lo que la Secretaría de Energía de la Nación considera como los "costos reales" de generación de los kilovatios y metros cúbicos de sus consumos de ambos servicios.

En la semana que termina, mediante el decreto 465 del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputto, el gobierno el da curso a las políticas que a pocos días de iniciar su gestión, el 8 de enero, había presentado en una audiencia pública donde hizo saber de los profundos cambios que animan su política energética.

En resumen, se trata del retiro del Estado de las ayudas de que hoy goza el 70% de los usuarios residenciales de los dos niveles de ingresos más bajos. En cambio, los sectores industriales y comerciales, pagan la tarifa plena desde fines del año pasado, cuando todavía el presidente era Alberto Fernández y el ministro, Sergio Massa. Por esa razón, esos sectores no recibirán en sus facturas el tarifazo que se avecina por el retiro de los subsidios.

El decreto en cuestión no brinda precisiones respecto de cómo escalará en los bolsillos de los hogares de ingresos medios (N3) y las familias más vulnerables (N3) la suba por el retiro de los subsidios, tras aumentos que ya operaron en ambos servicios.

Sin embargo, puede dar una pista que el mismo decisorio de la Casa Rosada elimina un tope fijado (también por decreto) en 2022.

Es que junto a la segmentación de la demanda (que dividió por niveles de ingresos a los usuarios residenciales durante la gestión anterior) se había establecido un límite para atenuar el impacto de los aumentos, según una formula que contemplaba los haberes salariales y su evolución.

Ya no rige el techo que había creado el gobierno anterior que, en el caso de los usuarios N2 el incremento porcentual total anual en su factura no podría superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior y para los usuarios N3, el 80% del mismo índice.

La segmentación de la demanda iniciada por Fernández y Massa contempló también límites de consumo para no subsidiar los excesos, que contemplaron factores estacionales. Ahora, con Milei y Caputo, se había previsto poner en marcha una "Canasta Básica" de consumos energéticos para luz y gas que la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo iba a plasmar para cada uno de los usuarios que completaron su declaración jurada ante el RASE, Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía. Sin embargo, su implementación no se ha podido llevar a cabo hasta el presente.

Los fundamentos del decreto firmado por el presidente Milei sostienen "la propuesta de Canasta Básica Energética (CBE)" con que el Estado Nacional "asegurará la cobertura del costo del consumo indispensable de energía a todos los hogares para los cuales el costo de esa CBE supere un determinado porcentaje de los ingresos totales de los convivientes, bajo el principio de que los usuarios son inicialmente responsables de pagar la tarifa por el servicio pleno y, sólo si no pueden, entonces el Estado Nacional los asistirá".

Más adelante, los considerandos explican que las ayudas llegarán solo "a los hogares en condiciones de vulnerabilidad, considerando su situación geográfica, los recursos energéticos disponibles, el grupo conviviente y el impacto en sus ingresos totales, teniendo en cuenta que un usuario o grupo conviviente se considera vulnerable cuando sus costos indispensables de energía superan el 10% de sus ingresos totales, aunque este parámetro internacional puede bajarse y ajustarse progresivamente a las necesidades del contexto nacional y al nivel de ingresos del hogar", una situación en la que (producto del derrumbe de los salarios) ya no están solamente los usuarios inscriptos como N2, sino también amplias capas medias del N3.

El proyecto de crear una CBE data del 29 de febrero, pero el esquema "requiere una implementación ajustada a la realidad de los hogares y del servicio prestado en todas las jurisdicciones del país, así como una preparación de los usuarios que progresivamente migrarán del esquema de subsidios generalizados al esquema de subsidios focalizados", que aún no ha sido desarrollada.

En dos apariciones públicas, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, expuso por una parte pautas para el aumento de las tarifas sobre los servicios públicos de gas y electricidad y por otra un fuerte recorte previsto para los subsidios del Tesoro a los consumidores.

La Casa Rosada ha dado señales claras de que la clase media sufrirá especialmente los recortes de las ayudas, y que todos los sectores sociales recibirán el aumento tarifario.

Hasta ahora, tanto en su discurso en la audiencia pública para la distribución y el transporte del gas natural por redes, como en su exposición en comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso por la llamada Ley Ómnibus, Rodríguez Chirillo ha recurrido mucho más a conceptos que a números, pese a las preguntas de usuarios y legisladores. Pero de todas formas ha sido claro: la reducción de subsidios se hará sobre la base del plan de segmentación de la demanda diseñado por el gobierno nacional anterior que desde 2022 ha logrado una baja, aunque se mantiene aún en niveles que condicionan la lucha contra el déficit fiscal.

En pocas palabras, en la visión oficial, no se podrán mejorar las cuentas del Estado nacional si los consumidores y usuarios no aceptan otros costos de servicios esenciales como la luz y el gas. El funcionario prometió, frente a tanto ajuste, que una "canasta básica energética" asegure las kilo calorías y los kilovatios básicos para los hogares. No hay aún precisiones sobre cuántos de unos y otros garantizará esa canasta, que será distinta según cada región del país: contemplará zonas frías y cálidas provistas o no de gas en redes.

Quien mire el mapa del país y compare zonas frías y cálidas, y revise la legislación vigente con las medidas excepcionales que dictó Sergio Massa durante la campaña electoral, verá que la provincia del mapa de la bota tiene un perfil particular, acaso por su extensión. Del extremo norte en Gato Colorado, a Diego de Alvear en el sur, hay 711.58 kilómetros lineales. Habrá que esperar entonces qué sucede con la provincia de Santa Fe y la canasta básica energética, porque excepcionalmente ha logrado ser considerada en el centro norte zona cálida para el costo mayorista de la electricidad, pero zona fría para el sur en materia de gas natural por redes.

Rodríguez Chirillo dijo que cambiará radicalmente las normas sobre la segmentación tarifaria que hizo que se dividan en tres grupos según sus ingresos a los usuarios del gas y la electricidad. En Santa Fe, la Epe ha informado que pertenecen al Nivel 1 el 33,2% de sus clientes. Se trata de los sectores de mayores ingresos, que desde mayo de 2022 ya no tienen contribuciones nacionales en sus kilovatios. Pagan la llamada tarifa plana (sin subsidios).

En el otro extremo de la pirámide social, en el Nivel 2, se encuentra la franja más amplia de la población, el 50,5% de los usuarios residenciales de la Empresa Provicial de la Energía tiene los más bajos ingresos de la segmentación y cuenta con el mayor nivel de subsidios. En verano, por tratarse de una zona cálida (según un decreto del gobierno nacional anterior aún vigente) se les subisidian en el nivel mayorista los primeros 600 kilovatios de cada mes.

Finalmente, en el Nivel 3 están los minoritarios sectores medios que alcanza apenas al 15% de los usuarios residenciales de la EPE, que mantienen el subsidio pero en una proporción menor que los N2.

En el caso del gas natural, los números de la segmentación de la empresa que tiene la concesión de la distribución en el norte de la Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe son los siguientes: entre bonaerneses y santafesinos el nivel de ingresos más alto N1 suma el 43% (sin subsidios en la distribución, aunque sí en el precio del metro cúbico de gas); en N2, el sector más pobre de los usuarios, el 32% y en el sector de ingresos medios, N3, se encuentra el restante 25% minoritario. En rigor, todos los usuarios del gas natural de todo el país tienen subsidios del Estado Nacional que paga buena parte de la generación.

El criterio anunciado por el funcionario es que los subsidios atiendan solo "la vulnerabilidad", entiende que en cada hogar deben sumarse los ingresos para excluirlos de los subsidios y que hay una "superposición" de beneficios desde el Estado entre planes sociales y subsidios que parece que también se planea revisar.

El objetivo del gobierno nacional responde a la necesidad de bajar el gasto del Estado nacional en subsidios. Se trata de una política energética que responde a una política marcroeconómica que pone el foco en bajar el déficit fiscal. Es en definitiva una parte del ajuste prometido en la campaña del presidente Javier Milei.

Desde hace demasiados años, en el sector público nacional, los gastos son más altos que los ingresos. El déficit fiscal del sector no financiero del Estado Nacional llega al 3% del Producto Bruto Interno y la mitad de esa cifra en rojo se explica por los subsidios a la energía eléctrica y el gas.

Siempre en términos de mediciones que remiten al PBI argentino, es decir a las riquezas que produce cada año, durante 2023 el costo de esas ayudas fue tan alto que incluso triplicó el de la Asignación Universal por Hijo. De todos modos, la segmentación aplicada desde 2022 ha logrado una baja, porque en 2021 esa proporción era aún más injusta: por cada peso que el Estado Nacional destinaba a ese plan social emblemático de la situación de pobreza de quien lo demanda, había otros 3,5 que iban a los subsidios que muy especialmente beneficiaban a los sectores de ingresos altos y medios.

En 2022 se comenzó a separar de los subsidios a los sectores con ingresos mayores a $ 400 mil mensuales (una cifra que hoy es ridículamente baja) o que cuenten con bienes como más de una propiedad, autos caros o embarcaciones. Pero ahora es el turno de la alicaída clase media y se estiman subas que para la mayoría rondarían entre ambos servicios los $ 50 mil mensuales, en capital federal, donde la energía eléctrica es más baratos que en el resto del país.

La cifra tiene en cuenta el atraso de las tarifas en distribución de gas natural (bajo concesión nacional) y de la distribución de la energía eléctrica (en manos de cada provincia y del Estado Nacional que subsidia solo al Amba). Pero también suma las actualizaciones pendientes para la generación de energía eléctrica y la producción de gas y su impacto final en las tarifas.

Los usuarios, socios solo en las pérdidas para petroleras

Recientemente, el ex secretario de energía Jorge Lapeña, sostuvo que "el gobierno de Milei no tiene una plataforma energética y tiene una dosis de improvisación importante. Es de mal gusto estos incrementos concentrados en un solo mes. El ajuste tiene que hacerse con alguna razonabilidad. Además, si vamos a jugar con las reglas de juego de exportación, bajemos el precio del gas doméstico, cosa que va a ser inaceptable por las corporaciones y las provincias", advirtió.

El presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, una referencia habitual en el sector, recordó que rigen aún contratos del llamado "barril criollo" que subió los precios de los combustibles fósiles cuando se retraían a nivel mundial. Advirtió que las petroleras "dicen estar en competencia" pero "cuando no me va bien le pido al gobierno de turno el barril criollo y me lo da, en perjuicio del consumidor".

En declaraciones al sitio Energy Report se le recordó que parte de los costos y los sueldos están en pesos en la producción de los combustibles de consumo interno, que quedaron cerca de los valores internacionales medidos en dólares.

Lapeña respondió: "Tenemos que estar conectados con la economía internacional. En tal caso, si el Estado quisiera podría captar una parte de la renta petrolera por vía de impuestos o regalías y destinarla a reducir el precio interno, por ejemplo en el transporte de ferrocarriles de carga. Los impuestos y subsidios son instrumentos de política".

Y respecto de si existe un verdadero mercado competitivo para el caso de las naftas, explicó: "No. Hay un actor que tiene el 60% del mercado que es YPF. Estados Unidos tuvo un caso así bajo la presidencia de Roosevelt y tuvo que sacar una ley anti trust que obligaba a las empresa de Rockefeller a partirse para que ningún actor tuviera más del 10% y pueda competir. Por lo que hay que mirar con atención la idea de Milei de privatizar YPF porque es un oligopolio".

El gobierno nacional tomará decisiones relevantes para las tarifas de los servicios vinculados al consumo de energía, tanto sobre electricidad como gas natural en redes. Sobre este último sector existe una audiencia pública prevista para el 8 de enero que discutirá aumentos pedidos por las empresas tanto para establecer el precio del combustible en boca de pozo como para la distribución. Y los reclamos van del 350 al 700%. Por otra parte, la Secretaría de Energía de la Nación tiene por delante también que definir con el Ministerio de Economía qué proporción del atraso tarifario heredado y de su propia devaluación trasladará al valor del megavatio, en el sector eléctrico.

En números, el Tesoro Nacional aportó 9.500 millones de dólares en 2023 para subsidiar las tarifas de los usuarios residenciales. En 2022 fueron 12.000 millones de la misma moneda. Se desconoce aún en qué medida el gobierno de Javier Milei reducirá esos aportes del Estado a los hogares.

Todo indica que mantendrá la segmentación tarifaria para otorgar esas ayudas, pero habrá que ver en qué proporción. Obviamente, contra lo que sucede con otros cambios de fondo impulsados por la gestión de La Libertad Avanza, en el caso de los servicios públicos esas decisiones tarifarias no necesitan acuerdo del Congreso. Además, ya son privadas la distribución de la energía eléctrica en el área de la concesión del Amba (Capital Federal y Gran Buenos Aires) que pertenece a la Nación, lo mismo que las concesiones de la distribución del gas por redes que operan compañías privadas por regiones desde los '90.

A esta altura, además, conviene aclarar que aquí se busca comprender cuál será el impacto en las tarifas de los santafesinos de esos dos servicios, gas y luz, sin tener presente lo que suceda con la Empresa Provincial de la Energía. En rigor, la suba ya dispuesta a fines de 2023 es solo el inicio y fue del 9% de acuerdo con la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese. Había margen para subir hasta un 20%, de acuerdo con una resolución de la gestión provincial anterior.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dijo tiempo atrás que esperaba que en tres años se complete la quita de subsidios a la energía en ambos subsectores. Los 9.500 millones de dólares aportados por el Estado nacional representan el 1,7% del PBI argentino.

El objetivo para 2024 es lograr un recorte de aproximadamente 3.500 millones de dólares y bajar así 0,7 puntos del PBI los subsidios.

Esa decisión implica en Santa Fe impactos fuertes entre los hogares sin subsidios, que pertenecen al Nivel 1 que representan el 33,2% de los clientes de la EPE. Se trata de los sectores de mayor nivel de ingresos que en mayo de este año cumplirán un año sin ayudas oficiales para pagar sus consumos eléctricos.

En el Nivel 2 se encuentra la franja más amplia de la población, el 50,5% de los usuarios residenciales de la Epe tiene los más bajos ingresos de la segmentación y cuenta con el mayor nivel de subsidios. En verano, por tratarse de una zona cálida (según un decreto del gobierno nacional anterior aún vigente) se les subsidian los primeros 600 kilovatios por hora de cada mes.

Finalmente, en el Nivel 3 están los minoritarios sectores medios que alcanza al 15% de los usuarios residenciales de la EPE, que mantienen el subsidio menor para el mismo margen de consumos que el N2.

Para cada sector el impacto será diferenciado, pero aún no hay datos. En general se estima que los hogares sin subsidios en el Amba (con tarifas eléctricas más bajas) pagarán unos 50 mil pesos entre luz y agua a mediados de febrero o marzo.

Otra forma de ver el tarifazo que se viene es que hoy en promedio los usuarios residenciales alcanzan a cubrir apenas el 33% del costo de abastecimiento eléctrico, mientras el restante 67% son subsidios del Estado nacional, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires que pertenece a la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet.

La misma fuente sostiene que en el caso del gas, la cobertura de costos del gas natural no alcanza al 100% en ningún segmento de usuarios. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento del gas es del 62% para los usuarios N1, mientras que los usuarios N2 y N3 pagan el 18% y 23% del costo de abastecimiento, respectivamente.

El retiro de los subsidios se inició en el gobierno anterior, "con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía el gobierno comenzó a descongelar tarifas, que hasta ese momento se habían movido muy poco y muy por debajo de la inflación. La implementación de la postergadísima segmentación tarifaria permitió reducir hacia principios de 2023 el nivel de subsidios, llevando las tarifas de gas y energía eléctrica a niveles que permitían cubrir los costos para industrias y usuarios de nivel socioeconómico alto. Los usuarios de sectores medios recibieron subas de tarifas muy acotadas y por debajo de la inflación, y los de sectores populares, o tarifa social, quedaron con las tarifas casi congeladas en términos nominales. La segmentación se conjugó con menores costos de importación de gas, mayor disponibilidad de generación hidroeléctrica, y mayor abastecimiento de gas nacional, permitiendo que el volumen de subsidios pasará del orden de los 12.000 millones de dólares en 2022 a unos 9.500 millones de dólares en 2023", destacó en su balance de gestión Esteban Kiper, el ex gerente general de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, al repasar la gestión energética del Frente de Todos.

En varios artículos en distintos medios, Kiper ha criticado con dureza la ilusión liberal de que habrá inversión privada en infraestructura sin dirección estatal y por el mismo razonamiento destaca especialmente el gasoducto Néstor Kirchner para el futuro energético, que llevó adelante el gobierno anterior. Sin embargo, también ha señalado que el rumbo con el sinceramiento de las tarifas se comenzó a marcar en la gestión pasada.

De hecho, fue Claudia Royón, la ex secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecutora del plan de segmentación tarifaria desde mediados de 2022. Se trata del plan que reclamó poder poner en marcha el ex ministro de Economía Martín Guzmán, y que sí pudo llevar a cabo Massa. Hoy Royón es la secretaria de Minería del presidente Milei.

Un informe de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina muestra un incremento de 7,23% en septiembre pasado, respecto a igual mes del año anterior. La suba fue liderada en todo el país por lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que incrementó en un 10,41% su consumo.

Si se observan las proporciones del total de kilovatios consumidos durante el mes pasado en todo el país, un cuadro del informe técnico de Adeera permite advertir que el grueso del aumento se encuentra en los dos puntos que crece la demanda de los llamados usuarios residenciales, hoy identificados por la segmentación de los subsidios estatales nacionales como N1,N2 y N3, es decir los hogares de ingresos altos, bajos y medios, en ese orden.

Mientras que en septiembre de 2022 los hogares demandaron el 43% del total que se distribuyó en todo el país, el mes pasado fue del 46%. Los demás usuarios no residenciales, es decir los comercios y las industrias mantuvieron proporciones equivalentes.

Dicho de otro modo, las viviendas particulares subieron un 14,17% su uso de la energía eléctrica, de un año al otro. También se incrementó la demanda de los grandes usuarios (que compran en el mercado mayorista) en un 6,5%.

Por otra parte, en el acumulado anual para el décimo mes de 2023 se llega a los 104.721 gigavatios frente a los 101.051 del mismo período de 2022. El incremento es de un 3,63%, todavía por debajo del habitual crecimiento vegetativo de la demanda.

En cuanto a la comparación intermensual, dentro del año en curso, en septiembre se quebró la tendencia a la baja que se observaba desde marzo. La temperatura media de todo el país fue similar a la de 2022.

El último informe del Observatorio de Subsidios y Tarifas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet muestra que producto del congelamiento de las tarifas en los últimos meses (y el ritmo de la inflación) disminuyó la porción que los hogares destinan al pago de los servicios públicos, entre ellos, la electricidad.

El trabajo está enfocado en el Amba, que es justamente donde más se incrementó la demanda de energía eléctrica, y revela que frente a otros precios (e ingresos) las facturas de la luz y el gas no se movieron luego de los incrementos de mayo pasado. Así, en proporción a otros gastos domésticos, se abarató el pago de las boletas de la energía eléctrica. Todo indica que luego de la elecciones habrá "actualizaciones".

En el caso de Santa Fe, al aumento ya operado sobre las boletas de la Empresa Provincial de la Energía en los primeros meses del año le resta otra suba del 20% que la compañía estatal hubiera podido aplicar desde julio de este año, lo que fue postergado.

En tanto, el informe de Adeera para septiembre pone al consumo de energía eléctrica de la Provincia de Santa Fe con un número negativo: -0,24. Sólo otra jurisdicción muestra igual comportamiento, San Luis con -3.98%.

Tal es la baja de la demanda santafesina que en la torta nacional baja la participación del mapa de la bota del 9,57% de septiembre de 2022 al 8,90% del mismo mes de 2023.

La temperatura media del Gran Buenos Aires y Caba fue de 15°C, siendo 0,9°C inferior a la media registrada en igual mes del año anterior. En la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano la demanda de energía se incrementó un 10,41%, y las provincias con mayor crecimiento de sus demandas fueron: Formosa, 34,43%; Chaco. 21,15%; y Santa Cruz, 18,08%.

Para los diputados Clara García (PS) y Rubén Giustiniani (Igualdad) a los usuarios residenciales del Nivel 1, a los comercios y a los industrias que no compran en el mercado mayorista, la tarifa eléctrica será un ciento por ciento más cara a partir de enero próximo. “El gobierno nacional habla del retiro de subsidios pero para los bolsillos, las boletas vendrán con aumentos” dijo la socialista, presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Dicha comisión se reunió ayer -en forma virtual- con el presidente de la Empresa Provincial de Energía, Mauricio Caussi, y otros integrantes del directorio.

Caussi manifestó que, “según nuestros registros, en la provincia de Santa Fe aproximadamente el 90% de los usuarios residenciales consumen menos de 400 kWh por mes, por lo cual estarían quedando fuera del impacto de la quita de subsidio. De acuerdo con los datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), en nuestra jurisdicción el 46,6% de los usuarios residenciales se ubican en el nivel 2, de menores ingresos; el 17,8% en el nivel 3, de ingresos intermedios y el 35,6% están comprendidos en el nivel 1, por ser de altos ingresos o no haberse anotado en el RASE.”

García y Giustiniani dieron ante El Litoral los grandes datos surgidos de la reunión: la EPE tiene 1.320.000 usuarios del sistema de energía eléctrica de los cuales 380.000 son de la segmentación lN 2 -ingresos intermedios- y 310.000 N3 que son las tarifas sociales. Estos dos sectores no tendrían impacto en los meses sucesivos. “En cambio, 620.000 usuarios van tener un aumento de magnitud muy importante, aumento que es diferente según los consumos, categorías si es residencial o comercial o industrial pequeño; pero cuando se termine de aplicar la quita de subsidios en enero va a rondar el 100 por ciento” afirmó García. Algo similar entendió Giustiniani “los usuarios deben saber que a partir del quite del 100 por ciento de los subsidios, que se va a operar a fin de año, tarifa plena el año que viene, los residenciales nivel 1 tendrán 100 por ciento de aumento, los comercios un 90%”.

El incremento es por el retiro de los subsidios que además arrastra el aumento de impuestos (IVA con 21% sobre la facturación) mientras que el tercer componente es el Valor Agregado de Distribución (VAP). García explicó que Caussi dijo que antes de fin de año tienen la posibilidad de aplicar un 15% de lo autorizado por el Poder Ejecutivo tras la audiencia pública celebrada en enero pasado. “No dio precisiones de cuándo ni qué monto, pero está habilitado para hacerlo” señaló la socialista. En cambio, para Giustiniani de la lectura de las facturas desde comienzos del año, esa autorización ya fue cumplida.

“Fuimos críticos de la reciente resolución de la EPE con los aumentos que tiene fecha 10 de septiembre y se aplica retroactivo al 1 de septiembre. No nos parece correcto la retroactividad. Le solicitamos también que publique en la página de transparencia de la empresa la ejecución de obras del segundo trimestre porque es importante conocer que los recursos hayan sido replicados en obras”. García también se llevó de Caussi la precisión de que se mantendrá la tarifa social provincial y el 50% de tarifas para los clubes. “También señaló que no está previsto amortiguar parte del aumento a comercio e industria”, añadió. “El presidente de la EPE se ocupó de recalcar que el aumento no iba a las arcas de la empresa más allá de que sea la empresa la que lo factura”, concluyó.

Giustiniani precisó que la quita ahora fue del 20’% de los subsidios y restan dos escalas de quite de 40% y 40% antes de finalizar el 2022. “La factura de la EPE trajo aumento todos los bimestres este año y ahora será mucho más importante. Fíjese que con la quita del 20%, se informó un incremento del 26% para residenciales, 16% para comercio y 18% para industrias, súmele dos quitas del 40%” aconsejó.

De 1.350.000 usuarios que tiene la EPE, 1.150.000 son residenciales “y de ellos poco menos de la mitad sufrirán el impacto” advirtió.

Para Caussi, según los registros propios, en la provincia de Santa Fe “aproximadamente el 90% de los usuarios residenciales consumen menos de 400 kWh por mes, por lo cual estarían quedando fuera del impacto de la quita de subsidio. De acuerdo con los datos del RASE, en nuestra jurisdicción el 46,6% de los usuarios residenciales se ubican en el nivel 2, de menores ingresos; el 17,8% en el nivel 3, de ingresos intermedios; y el 35,6% están comprendidos en el nivel 1, por ser de altos ingresos o no haberse anotado en el Registro. El presidente del directorio fue enfático en que los santafesinos ingresen al registro de acceso a los subsidios. “Es muy importante que los santafesinos se inscriban, sigue abierta la inscripción por lo cual es importante que todos vayamos cumpliendo con este compromiso”. Ante los legisladores pidió llevar tranquilidad a la gente. “Prestamos toda nuestra colaboración a la Secretaría de Energía de la Nación y en la medida que tuvimos los datos lo fuimos transmitiendo a los usuarios. La gente tiene que analizar la factura, el nivel de consumo, el valor del kilowatt, como ciudadanos necesitamos leer esa información”, añadió.

Clara García presidió la reunión desde el recinto de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara y se conectaron Rubén Giustiniani, Ricardo Olivera, Sergio Basile, Carlos del Frade, Agustina Donnet, Jimena Senn, Esteban Lenci, y María Laura Corgniali. En tanto, Caussi estuvo acompañado por la directora por las cooperativas, Gisela Wild así como los Gerentes Ejecutivo, Jorge Tarchini y Comercial, Andrés Gobernatori.

La Secretaría de Energía de la Nación, de acuerdo a la resolución 371 del 2021, resolvió que las empresas distribuidoras podrán regularizar sus deudas en un período de cinco años sin reajuste, con seis meses de gracia, a una tasa similar a la mitad de la que aplica el Banco de la Nación Argentina.

La EPE se comprometió al pago de la deuda reconocida, menos los créditos otorgados por la Secretaría de Energía, a cuyos efectos celebrará con Cammesa el respectivo acuerdo de regularización de la deuda con un período de gracia de seis meses, con un plazo de 60 cuotas mensuales iguales y consecutivas con aplicación de una tasa de intereses equivalente al 50% de la tasa vigente en el mercado eléctrico mayorista.

El convenio de la EPE con la secretaría está a tratamiento de Legislatura y ya lo votó el Senado. El expediente está en la Cámara de Diputados. Caussi dijo ayer que “la EPE cumple con el pago de la factura a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista”. Además se comprometió a brindar la información adicional peticionada por la presidenta de la Comisión, Clara García, sobre aspectos del acuerdo.

Además, la empresa celebró convenios en términos similares al “Régimen Especial de Créditos” con las cooperativas de distribución de Energía Eléctrica, no agentes del MEM, que presten servicios en su área de concesión y mantengan deudas con la EPE, menor o igual a una factura promedio del año 2020.