Mediante una comunicación, la Cámara de Senadores expresó su preocupación por la deuda que en materia de subsidios al transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe.

El texto fue presentado por el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi, y también contiene un pedido para el Poder Ejecutivo Provincial para que asista con sus propios fondos a los sistemas de transporte en el departamento mencionado.

La minuta se aprobó por unanimidad y expresa que "la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a la regularización de los subsidios adeudados al sistema de transporte público urbano e interurbano, así como a la implementación de un esquema de financiamiento federal, equitativo y sostenible".

"Asimismo -sigue-, vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial profundice y refuerce las medidas para garantizar la adecuada frecuencia y calidad del servicio, procurando reducir el impacto en el costo del boleto para los usuarios, en la ciudad de Santa Fe y en los corredores interurbanos que la vinculan con las localidades de Monte Vera, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Nelson, Candioti, Emilia y Llambi Campbell".

En los fundamentos se expone el propósito del autor: "el presente proyecto tiene por objeto poner de manifiesto la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte público en la provincia de Santa Fe, como consecuencia de los sistemáticos incumplimientos en el pago de subsidios por parte del Estado Nacional".

El legislador socialista menciona que la "reducción en la frecuencia de los servicios interurbanos de transporte, que se transformó en un problema cotidiano para cientos de usuarios" y de inmediato divide en "coyunturales e inmediatas, como el aumento del combustible y otros costos operativos del servicio, pero también una causa estructural, dada por la desfinanciación del sistema por parte del Estado nacional", subraya.

Preocupación por la deuda que en materia de subsidios al transporte público de pasajeros Créditos: Guillermo Di Salvatore

"Esta situación se inscribe en un esquema de distribución de recursos que resulta marcadamente desigual. Desde el año 2024, Santa Fe aportó aproximadamente $706.761 millones en concepto de impuesto a los combustibles y de ese total, solo retornaron $133.000 millones, es decir, el 19%. En el mismo período, el Área Metropolitana de Buenos Aires recibió más de $1,6 billones en subsidios al transporte. Mientras que Santa Fe, no recibió nada. El resultado es evidente y refleja dos sistemas de transporte en un mismo país. Uno en el AMBA, subsidiado, con tarifas accesibles y alta frecuencia; otro en el interior, con costos crecientes y menor regularidad, a costa de los usuarios".

"Un ejemplo ilustra lo dicho. A partir de abril de 2026, un boleto de colectivo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Microcentro/Constitución) a Tigre, distantes a más de 12 km, cuesta aproximadamente entre $900 y $1100 con SUBE registrada. Mientras que el boleto entre Santa Fe y Monte Vera supera los $2.700, es decir casi el triple para trayectos similares", compara.

Como consecuencia de esta situación, "el servicio de transporte que conecta las localidades de Monte Vera y Laguna Paiva con la ciudad de Santa Fe, readecuó los horarios reduciendo su frecuencia. El caso de Monte Vera y Laguna Paiva no es aislado, sino que se enmarca en una problemática más amplia que atraviesa al sistema de transporte en todo el departamento La Capital", subraya.

La situación de la ciudad de Santa Fe "también da cuenta de esta problemática. Los últimos días se estableció por parte de la empresa prestadora del servicio urbano la reducción del 5%, es decir, hay 12 unidades menos prestando servicio en la capital provincial para intentar reducir los costos de combustible. Estas empresas reclaman además $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de los meses de enero, febrero marzo que la Secretaría de Transporte de la Nación aún no transfirió".

"Las consecuencias de esta asimetría son concretas. Hay aumento del costo del boleto, reducción de la frecuencia y deterioro del servicio. Esto impacta directamente en el derecho humano a la movilidad en condiciones de accesibilidad, calidad y equidad; agrava las desigualdades territoriales, en la medida en que vivir en el interior termina implicando pagar más, por menos; y genera problemáticas urbanas y ambientales, en tanto empuja a un mayor uso del vehículo particular, incrementando el tráfico, deteriorando la infraestructura vial y aumentando las emisiones contaminantes".

Los fundamentos exponen las razones por las que la comunicación también se dirige al gobierno provincial para "reconocer las medidas implementadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que ha destinado recursos significativos para evitar el colapso del sistema y sostener políticas como el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Rural". Sin embargo, "ninguna provincia puede, por sí sola, reemplazar al Estado Nacional en una competencia que le es propia", advierte.

"Aquí radica el punto central de este proyecto. Lo que está en discusión es el modelo de país que se construye cuando el Estado Nacional decide suspender políticas en áreas estratégicas como el transporte. Cuando el Estado se retira, alguien paga el costo" y a las consecuencias las sufren los usuarios con un cada boleto más caro y reducción de los servicios.

El planteo "no responde a una lógica de confrontación, sino a una exigencia de equidad. No se reclama un privilegio para Santa Fe, sino un trato justo. No puede hablarse de federalismo si las políticas públicas más sensibles se concentran en una sola región. El transporte público es una herramienta de igualdad y de desarrollo".

La minuta sostiene que es urgente que la Nación pague los subsidios adeudados, pero también "que asuma la responsabilidad de garantizar un esquema federal, equitativo y sostenible de financiamiento del transporte público". Al mismo tiempo, "se acompaña y se impulsa al Gobierno Provincial a continuar fortaleciendo las medidas de contención, en la medida de sus posibilidades, para proteger a los usuarios y garantizar la prestación del servicio", agrega.

De acuerdo con datos que rodearon la sanción de una ley de promoción del deporte amateur en el Senado de Provincia de Santa Fe, existen en ese ámbito 1.543 clubes dedicados a esas actividades.

El debate previo a la sanción de la Ley 14.334 en la Legislatura, denominada de “Apoyo a Clubes” por su autor Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) incluyó un relevamiento que posee la Casa Gris cuando se tomó “la decisión política” de promoverlos. Obviamente, como toda norma que involucra fondos había que medir su impacto.

Esta semana, desde otro ámbito, se produjo una novedad que es relevante para esas instituciones.

El gobierno nacional abrió un nuevo plazo de 90 días para que puedan acceder a unos módicos subsidios a la energía eléctrica y el gas natural, los denominados “Clubes Barriales y de Pueblo”, tal la denominación que adoptó la Ley Nacional 27.098, una de las primeras del gobierno de Mauricio Macri, sancionada en diciembre de 2015 y reglamentada en enero de 2016.

El actual gobierno nacional de Javier Milei, en el marco de una sostenida quita general de subsidios dejará en pie para cuando termine 2026 solo los precios mayoristas rebajados de luz y gas a las familias con menores ingresos y, en igual medida, a las entidades deportivas delimitadas por esa norma nacional.

Para esto último, el año pasado hubo un registro que cerró en diciembre. Pero ante la evidencia de que fueron muy pocas las inscripciones la Secretaría de Energía de la Nación decidió otorgar un nuevo plazo por 90 días, tal como publicó recientemente El Litoral.

Para contar con los subsidios, los clubes deben estar inscriptos en dos registros. Primero en el que creó la Ley Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, y luego en el de acceso a los subsidios energéticos.

En ambos casos se debe ingresar a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) en https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio donde existen infinidad de posibles interacciones.

Lo más simple es copiar y pegar “Inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo”en el rectángulo que ofrece una búsqueda por temas (con el habitual dibujo de una lupa en un extremo) para la primer caso. Y para el segundo, lo mismo con “Subsidios deportivos en el marco de clubes de barrio y de pueblo”. (En ambos casos, sin las comillas).

Los trámites son solo “para personas jurídicas” y los organismos que gestionan esos Registros son la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

La Nación subsidia un bloque subsidiado de 300 kilowatts por hora (kWh) mensuales en electricidad en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Cualquier excedente se abona con tarifa plena.

En marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre solo se subsidian 150 kWh mensuales, con el mismo procedimiento para el resto del consumo. En gas, los bloques subsidiados tienen un tope de consumo que varían según el régimen de tarifario asociado al clima y al mes.

Los subsidios son iguales al que se otorga a los usuarios residenciales identificados como N2, de bajos ingresos, en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) que marcha a su extinción.

El Régimen de Subsidios Focalizados dispuesto por la Casa Rosada en 2025 (tras el fracaso para establecer una “canasta de necesidades energéticas” anunciada en diciembre de 2023) termina con la llamada “Segmentación de la Demanda”, que implementó Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández en su última etapa, cuando se hizo insostenible la política de subsidios generalizados e iguales para todos los usuarios residenciales sin importar su posibilidad real de pagar por esos servicios.

Durante décadas, aquella decisión provocó un enorme déficit y (ya tarde) se intentó racionalizar ese dispendio de recursos con una división de los hogares según tres niveles de ingresos. Antes, el macrismo había también buscado otra salida que no logró imponer. En el último año de su gestión dio marcha atrás antes de la campaña electoral.

El principal cambio dispuesto por el gobierno nacional es que los usuarios del nivel de ingresos medios (N3) tendrán una progresiva quita de subsidios, hasta pagar la tarifa plena y sin ayudas del sector público, tal como hoy sucede con los usuarios residenciales de niveles de ingresos más altos (N1). Para 2027 solo quedarán subsidios “focalizados” en los hogares con ingresos bajos.

El límite es de hasta tres canastas básicas totales medidas por el Indec.

El Gobierno nacional implementó desde principios de 2026 un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que modifica la forma de acceso a los beneficios sobre las tarifas de luz, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kg.

El cambio —que reemplaza el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE)— reúne en una sola plataforma digital la gestión de las ayudas estatales, con criterios basados en ingresos y otras variables socioeconómicas y patrimoniales de cada hogar.

El SEF simplifica y endurece los requisitos para mantener o acceder por primera vez a los subsidios. Según lo dispuesto por el Gobierno, quienes ya figuraban en el RASE no necesitan volver a iniciar el trámite porque sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo registro.

Sin embargo, la inscripción es obligatoria para otros grupos, como los hogares que hasta ahora accedían al beneficio a través del Programa Hogar para la compra de garrafas o quienes percibían la Tarifa Social de Gas en zonas específicas.

El SEF tiene como condición principal que los ingresos netos del grupo familiar sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además de los ingresos, el sistema contempla otras circunstancias que pueden influir en la evaluación, como la presencia de integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o poseer un Certificado de Vivienda otorgado por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El objetivo señalado por las autoridades es focalizar los recursos públicos en los hogares que realmente los necesitan, al tiempo que se transparenta el acceso a la asistencia estatal en un entorno de mayor demanda de eficiencia fiscal.

La inscripción y gestión de los subsidios se realizan 100 % en línea a través del portal oficial del Gobierno. Para comenzar, es necesario contar con una cuenta en Mi Argentina, con número de CUIL y una contraseña personal, desde donde se puede acceder a las distintas funciones del portal.

Verificación de inscripción previa.

Antes de iniciar la gestión, los usuarios deben comprobar si ya figuran registrados en el nuevo sistema. Quienes tenían subsidios bajo el RASE y no realizaron cambios en su información podrán confirmar su estatus sin necesidad de volver a cargar datos. Los demás deberán iniciar la inscripción desde cero.

Reunir la documentación necesaria.

Se recomienda tener a mano ciertos datos antes de comenzar la carga en línea: el número de medidor, el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS de las facturas de luz y gas, el DNI y su número de trámite, así como el CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico activa.

Completar el formulario en el ReSEF.

El formulario digital que se presenta en la plataforma constituye una declaración jurada, por lo que los datos consignados deben ser verídicos y estar actualizados. Parte de la información se completa automáticamente a partir de cruces con bases oficiales, aunque el solicitante debe revisar y completar los campos faltantes.

Evaluación del Estado.

Una vez enviada la solicitud, el sistema la evalúa en función de los criterios de elegibilidad. El proceso incluye cruces de información para verificar la situación económica y social del hogar. El resultado puede ser aprobado o rechazado según corresponda.

Notificación y aplicación del subsidio.

Si la solicitud es aprobada, el subsidio se verá reflejado directamente en la factura del servicio. Para electricidad y gas por red, el esquema contempla una bonificación del 50 % sobre un bloque de consumo específico en los meses de mayor demanda.

Además, en 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25 % en enero, con una reducción progresiva hasta diciembre. En el caso de las garrafas, el subsidio se aplica mediante descuentos en la compra con medios de pago virtuales.

El portal también permite consultar el estado de una solicitud, verificar si el hogar ya recibe el subsidio o solicitar una revisión si se considera que la evaluación no refleja la situación real del grupo familiar.

Mauro L. Muñoz

El gobierno nacional reglamentó este martes los requisitos para acceder a los subsidios energéticos, que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría. A través de la Disposición 2/2026, completó el cambio de esquema del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) al denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El trámite será obligatorio para quienes quieran mantener la ayuda estatal. Se hará mediante un formulario digital presentado como declaración jurada y deberá actualizarse con datos clave del hogar: composición familiar, situación económica o tipo de suministro.

La norma publicada este martes en el Boletín Oficial lleva la firma de Antonio Milanese, titular de la subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, que la Secretaría de Energía había puesto a cargo de la reglamentación del SEF, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El SEF fue creado por el Decreto 943 publicado el 31 de diciembre de 2025, que unificó los subsidios nacionales a la electricidad, el gas natural, el gas por redes y el GLP en garrafas. La nueva disposición completa ese esquema al definir quiénes quedarán fuera del sistema de subsidios energéticos, dejando atrás la segmentación por niveles N1, N2 y N3.

La puerta de entrada al SEF está marcada por los ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar tipo 2. Ese tope se ubica alrededor de 3.900.000 pesos, según la última medición del Indec.

También podrán calificar hogares con un integrante que cuente con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También entra en juego otro criterio. La Disposición 2/2026 incorpora indicadores de capacidad económica que habilitan el rechazo o la exclusión aunque el hogar esté por debajo del umbral de la CBT.

Se indica en la norma que quedarán excluidos: Hogares cuyos integrantes posean al menos un auto de hasta 3 años de antigüedad (no aplica si hay un integrante con CUD); Hogares con tres o más inmuebles en conjunto; Hogares con embarcación de lujo; Hogares con aeronave; Hogares con activos societarios.

La disposición indica que esos bienes en cualquier integrante del grupo familiar puede llevar al rechazo o la pérdida del subsidio, incluso cuando los ingresos declarados encajen en el criterio general de ingresos. Además, aclara que la autoridad de aplicación podrá usar “indicadores de exteriorización patrimonial” y sumar criterios de ubicación geográfica de la vivienda para verificar “la veracidad de la situación patrimonial declarada”.

Se dejó indicado también que el control sobre la información declarada será riguroso. La disposición establece que los organismos estatales podrán realizar “cruces” para comprobar la veracidad de los ingresos informados y otros aspectos relevantes.

“La ANSES pondrá a disposición la información que permita verificar los ingresos registrados del conjunto de los integrantes del hogar”, advierte la norma.

El acceso será posible gracias a mecanismos oficiales de intercambio de datos que se establecieron entre distintas agencias, como la ANSES, el SINTyS y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Al igual que el anterior esquema, el formulario de inscripción será digital y funcionará como declaración jurada, con datos del titular y de los convivientes e información patrimonial. La norma habilita la revisión y corrección por plataformas como Mi Argentina o el sistema de Trámites a Distancia (TAD). para quienes no puedan hacerlo online, se prevé la alternativa presencial en sedes de Anses.

El nuevo esquema también pone en primer plano la obligación de los distintos organismos públicos y empresas de servicios de remitir sus datos para el control de los subsidios. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la ANSES, la ARCA, el SINTyS y hasta los prestadores privados estarán obligados a colaborar con la Secretaría de Energía. Esta integración terminará cuando empiece a funcionar el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, según aclara el decreto.

Asimismo, la secretaría de Energía publicó el viernes pasado la Resolución 13/26 que ratificó el SEF y fijó bloques de consumo subsidiado con estacionalidad para el caso de la energía eléctrica.

Con base en la norma IRAM 11603 y un criterio de “equidad territorial”, se estableció que el consumo energético durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero) no será uniforme en todo el país y tampoco en Santa Fe:

En zonas “muy cálidas” del NOA y NEA, el bloque subsidiado sube a 550 kWh mensuales. En zonas “cálidas”, el bloque queda en 370 kWh mensuales. Y en el resto del país, se mantiene el bloque de 300 kWh mensuales.

En Santa Fe, ese mapa se parte a la provincia en tres. Los 550 kWh abarcan al norte provincial en 9 de Julio, Vera y General Obligado por ser considerados zonas “muy cálidas”. Mientras que los 370 kWh contemplan a localidades de los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, Garay, San Justo y La Capital por zonas “cálidas”. El resto del territorio provincial, donde predomina la categoría “templado cálido” será de 300 kWh.

Un comunicado de prensa del Ministerio de la Producción informó que "el gobierno de la Provincia de Santa Fe detectó abusos en usuarios de Tarifa Social" con "consumos de hasta 7000 kw/h mensuales y facturas por $ 17 millones". El texto difundido oficialmente indica que "la Provincia profundiza la fiscalización de la Tarifa Social de la EPE, tras detectar consumos desproporcionados que derivaron en subsidios millonarios afrontados por el Estado provincial. Se dieron de baja a 1.506 usuarios".

El despacho pone el acento en que "el Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw".

Se destacan los casos de "21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw/h, y generaron facturas de más de 17 millones de pesos", pero por su condición de caso social "abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes", indica el parte de prensa.

"Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Esa cartera tiene a su cargo la compañía estatal distribuidora de energía eléctrica.

"Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones", precisa la gacetilla.

La EPE profundizó auditorías para garantizar un uso equitativo de los recursos públicos.

"La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos", añade.

Por otra parte, el comunicado cita expresiones de la presidenta del Directorio de la EPE, Anahí Rodríguez. "Estos números -afirma la funcionaria- muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos".

En la ciudad capital y en San José del Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en un barrio de nivel residencial, sobre calle 1 de Mayo de la ciudad de Santa Fe que figuraba como caso social y consumió 2.840 kilovatios: "generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094". Otro caso en barrio Centenario "mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado".

"La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado", puntualiza el texto que divulgó la Casa Gris.

En Santa Fe, Rosario y Funes se concentraron los mayores registros de consumo desproporcionado.

"En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827".

Un caso de Funes "expone con claridad el desvío del beneficio". Un usuario con tarifa social "consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693". En el mismo complejo, "dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959".

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para mejorar el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así "poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos". "Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos", agregó.

El propósito "es que la tarifa social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables", expresa el parte de prensa del Ministerio de la Producción.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una actualización de los montos de tres programas clave vinculados al abordaje de los consumos problemáticos y al acompañamiento comunitario.

Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, apuntan a reforzar el funcionamiento de instituciones y dispositivos que asisten a personas en situación de vulnerabilidad, en un contexto de incremento de la demanda y suba de costos operativos.

Las Resoluciones 2924/2025, 2925/2025 y 2926/2025, firmadas por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, establecen aumentos en los subsidios de tres programas dependientes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

Cada una de estas normativas reemplaza a las resoluciones vigentes desde 2024 y fija nuevos montos a partir del 1° de noviembre de 2025 para:

El Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático.

El Programa de Subsidios a las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC).

El Programa de Subsidios a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC).

Las tres resoluciones comparten un diagnóstico común: desde la última actualización de aranceles, en septiembre de 2024, las instituciones prestadoras enfrentaron incrementos significativos en costos fijos y operativos.

A esto se sumó un aumento en la demanda de atención por consumos problemáticos, lo que llevó a la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas a recomendar una actualización urgente.

La Resolución 2924/2025 redefine los montos del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático, creado originalmente en 2023.

Este programa está orientado a asegurar el acceso a un tratamiento especializado para personas mayores de 18 años que no cuenten con obra social ni otra cobertura médica que garantice el abordaje.

Se trata de un subsidio personal, no reintegrable, que se destina al pago total de la prestación mensual en instituciones convenidas con SEDRONAR.

Aunque las personas son las beneficiarias, el Estado transfiere el dinero directamente a las instituciones que brindan la asistencia. Esta modalidad —según se explica en el anexo del programa— responde a la necesidad de facilitar el acceso al tratamiento y evitar obstáculos administrativos para quienes atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad.

El aumento de los montos busca evitar un deterioro en la calidad de las prestaciones, garantizar la continuidad de los tratamientos e impedir que la suba de costos afecte la cobertura.

La resolución deja sin efecto la normativa anterior y aprueba una nueva escala prestacional, clasificada por categorías y modalidades de atención.

La Resolución 2925/2025 actualiza los montos del Programa de Subsidios a las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC), creado en 2020.

Estos dispositivos brindan alojamiento y acompañamiento comunitario a personas que atraviesan un consumo problemático y que, además, se encuentran en grave vulnerabilidad social, sin acceso a una vivienda o con contingencias habitacionales severas.

Las CCC ofrecen contención, acompañamiento y herramientas para la inclusión social con un objetivo claro: favorecer la mayor autonomía posible y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

El subsidio a estas casas se calcula según “módulos convivenciales”, definidos por la población atendida y las características de las prestaciones. El incremento aprobado por la resolución se basa en la necesidad de sostener servicios esenciales como alimentación, alojamiento, apoyo terapéutico y actividades de reinserción social.

En su fundamentación, la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento advirtió que la suba de costos desde 2024 impactó directamente en el funcionamiento de estas instituciones, especialmente en rubros como alimentos, alquileres, servicios y personal especializado.

La Resolución 2926/2025 actualiza los montos del Programa de Subsidios a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), un dispositivo creado en 2021 y considerado central dentro de las políticas territoriales de prevención y asistencia.

Estas casas funcionan en articulación con organizaciones locales y cumplen roles múltiples:

Prevención y promoción de derechos.

Construcción o fortalecimiento de redes comunitarias.

Acompañamiento integral de personas que consumen sustancias.

Actividades de inclusión y participación social.

A diferencia de los programas anteriores, los subsidios de las CAAC se destinan al sostenimiento general de las actividades comunitarias, y no al pago directo de una prestación específica. Cada casa recibe un monto mensual según la modalidad y categoría a la que pertenece.

El Ministerio de Salud señaló que el aumento busca fortalecer estos espacios, que cumplen una función clave como complemento de la red sanitaria formal, especialmente en localidades donde no existen dispositivos especializados.

Las medidas entran en vigencia el 1° de noviembre y serán financiadas con las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud.

Un parte oficial del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, del que depende la comunicación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa sobre la detección de 15.000 casos de clientes residenciales cuyos consumos están irregularmente beneficiados por la tarifa social, que se paga con el esfuerzo del resto de los contribuyentes santafesinos.

El texto que se reproduce textualmente por separado deja lugar a una serie de interrogantes que aún no están claros. En primer lugar, ¿qué tan serio y efectivos son los procedimientos internos de control de la EPE para que se pueda hoy dar con semejante número de irregularidades? Para comprender la magnitud de lo detectado cabe recordar que según información de la EPE que es pública, en Santa Fe hay alrededor de 1.200.000 usuarios residenciales que corresponden a hogares (allí no se cuentan los comercios y las industrias). De ese total, son 175.000 los usuarios con tarifa social según los cuadros disponibles de las audiencias públicas. Si los datos anteriores son correctos, ahora serían 160 mil los usuarios que necesitan una tarifa social y 15.000 más los residenciales.

En segundo término, todavía no está definido en qué tipo de conducta han incurrido quienes gozaron de esos subsidios estatales y, por ejemplo, al mismo tiempo pagaban el Impuesto a las Ganancias o residen en barrios de alto valor inmobiliario. ¿Se trata de una falta o de un delito?

Por otra parte, como se puede ver en el texto oficial que se adjunta, los consumos subsidiados por los demás clientes a quienes falsificaron sus datos personales o, como mínimo, no los actualizaron cuando cambió de manos una propiedad correctamente subsidiada ¿cometieron algo más que un simple hurto de energía?

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Normalmente, tienen la condición de una declaración jurada los trámites obligatorios para contar con el beneficio de la tarifa social, se trata de solicitudes formales que deben contar con esa condición de acuerdo con el Reglamento del Usuario de la EPE. ¿Nadie en la empresa notó que se emiten boletas del servicio que indican la leyenda "tarifa social" que corresponden a domicilios de sectores de altos o muy altos ingresos? Cuesta entender lo ocurrido.

Tiempo atrás, en las viviendas con tarifas sociales se había instalado un mecanismo para evitar que haya consumos excesivos, pero -como se verá más abajo- ya no es así. Las tarifas sociales nacieron en la década del '90 cuando con los planes de privatización del servicio se encontraron amplios sectores urbanos donde la regla era estar "enganchado" de los cables o "colgado" del servicio con redes irregulares (y peligrosas).

Obviamente, tanto en Santa Fe como a nivel nacional, a esos sectores se los separó de las concesiones para atraer inversores con un esquema repetido en cada una de las privatizaciones: el sector que puede pagar es parte del mercado a atender; en cambio, el que no tiene ingresos suficientes es subsidiado por el Estado. Ganancias para el privado, pérdidas para el Estado. Así fue con las concesiones que luego obtuvieron Edenor y Edesur, y así hubiera sido con la EPE si se completaba la privatización que truncó la crisis de 2001. En el AMBA, hasta hace muy poco, a las pérdidas por esos sectores con medidores comunitarios o tarifas sociales las ha asumido por décadas el sector público nacional, con aportes de todos los argentinos.

En Santa Fe hubo dos grande olas de intervenciones para otorgar tarifas sociales: la primera corresponde a ese intento de privatización de la EPE que buscó excluir de las concesiones y medir los consumos de los barrios "enganchados", pero su avance fue marcadamente lento. Luego, a partir del Plan Luz Segura (que más tarde fue Luz y Agua Segura) se procuró con otro objetivo la urbanización de sectores marginados en las grandes urbes mediante el acceso a los servicios públicos, y además controlar esos consumos.

Empresa Provincial de la Energía. Crédito: Manuel Fabatía

En los medidores de cada vivienda a la que llegó el servicio regular se agregó una llave que interrumpía el flujo eléctrico cuando la potencia demandada era mayor a la prevista. En un lenguaje más claro: si una familia encendía más de un aparato de aire acondicionado, se quedaba en ese instante sin luz. Y la recuperaba con solo desenchufar algún aparato y reiniciar el interruptor. Sin embargo, desde hace ya más de cinco años (como mínimo) esa limitación al consumo ya no se coloca. Por eso, en los casos mencionados por el comunicado que se invita a leer aparecen enormes consumos de kw/h en una vivienda familiar. Lo dicho: restan también precisiones sobre cuál ha sido a lo largo de los años, según el caso, la pérdida total para el sector público.

Finalmente, una aclaración: la tarifa social de la EPE no debe ser confundida con la segmentación tarifaria dispuesta por el Estado Nacional para el valor de la energía mayorista, que nació durante el gobierno de Alberto Fernández y subsiste ahora con Javier Milei con subsidios a que cubren entre el 40 y el 60% de los primeros 400 Kw/h mensuales, para las clases medias y bajas respectivamente. Y en el caso de los usuarios del sistema eléctrico de zona fría (que excluye a la ciudad de Santa Fe, así como al centro norte de la provincia) quienes no tienen gas natural disponen de hasta 700 Kw/h.

A continuación, el comunicado de la EPE:

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios tras detectar abusos y posibles fraudes en el marco del programa de Tarifa Social. En los próximos días se intensificarán los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio.

A través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) identificó múltiples situaciones irregulares entre los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada. Entre los casos detectados se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y hasta propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario.

El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos.

Además de los casos mencionados, se identificaron situaciones que evidencian el mal uso del espíritu del beneficio. Por ejemplo:

El consumo promedio de un hogar ronda los 700/800 kW bimestrales. Sin embargo, se detectaron consumos de hasta 6.500 kW en barrios residenciales, con facturas por $ 1.477.057. En ese caso, el usuario pagó $ 1.028.237, mientras que el Estado debió cubrir $ 448.820 como parte del subsidio.

En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó sólo $ 17.584 sobre un total de $ 720.000, lo que obligó al Estado a subsidiar $ 703.083.

Solamente en uno de los circuitos de medición, durante el mes de abril, se registraron 13 usuarios con tarifa social y consumos superiores a los 5.000 Kw, con facturas que oscilaron entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000. En total, el Gobierno provincial debió compensar $ 4.681.000.

También se detectaron beneficiarios registrados tributariamente ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que desarrollan actividades económicas, tributan en el régimen general y deben liquidar impuestos como IVA y Ganancias.

Las irregularidades detectadas también incluyeron casos, en donde personas jubiladas a quienes se les había asignado la tarifa social, ya no se encontraban viviendo en el domicilio declarado.

En los próximos días se van a intensificar los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio, que tiene como objetivo asegurar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos.

El Gobierno chino concederá una ayuda anual de unos 500 dólares por cada niño menor de tres años para reactivar la natalidad frente a la crisis demográfica, anunció este lunes (28.07.2025) un medio estatal.

En 2024, la población de China, el segundo país más poblado del mundo por detrás de India, disminuyó por tercer año consecutivo. Según algunas proyecciones de la ONU, la población podría pasar de los 1.400 millones actuales a menos de 800 en el año 2100.

El importe de la nueva ayuda, que se concederá con ciertas condiciones, será de 3.600 yuanes al año (unos 500 dólares), indicó la cadena estatal CCTV, citando una decisión del gobierno chino y del Partido Comunista, en el poder.

"Se trata de una medida nacional importante destinada a mejorar el bienestar de la población", subrayó la cadena.

El año pasado solo se registraron 9,54 millones de nacimientos en China, la mitad que en 2016.

En 2024 la población disminuyó en 1,39 millones y en 2023 China perdió su estatus de país más poblado del mundo en favor de India.

Según precisaron medios estatales como CCTV y el sitio oficial del Gobierno chino, podrán acceder al beneficio los niños menores de tres años que cumplan con los siguientes requisitos:

El subsidio también se aplicará, de forma retroactiva, a niños nacidos antes del 1 de enero de 2025, siempre que al momento de la entrada en vigencia de la norma todavía no hayan cumplido tres años. En esos casos, el monto se ajustará proporcionalmente a los meses restantes hasta su tercer cumpleaños.

Uno de los padres o el tutor legal del menor será el encargado de iniciar el trámite de solicitud. El pedido debe realizarse en la jurisdicción donde está registrado el hukou del niño, ya sea de manera presencial en las oficinas gubernamentales locales, o de forma digital a través de una plataforma nacional llamada “Sistema de gestión de subsidios de crianza”.

Esta plataforma estará integrada a aplicaciones populares en China como WeChat y Alipay, lo que permitirá un acceso más ágil para la mayoría de las familias. Se prevé que la implementación comience en agosto de 2025, aunque cada provincia definirá el calendario exacto.

Monto anual: 3.600 yuanes por cada niño (equivale a unos 500 USD).

Plazo de percepción: desde el nacimiento hasta cumplir los 3 años.

Aplicación retroactiva: niños nacidos antes del 1 de enero de 2025 pueden recibirlo si aún no cumplen 3 años.

Exento de impuestos: el subsidio no tributa impuesto a las ganancias personales.

Compatibilidad: no afecta el acceso a otros beneficios sociales, ni se descuenta del ingreso total para calcular asistencia económica.

Además, el gobierno chino estableció principios rectores para garantizar que el programa sea sostenible, equitativo y transparente, con controles estrictos para evitar fraudes.

El gobierno nacional produjo un recorte -que definitivamente no fue el de una motosierra- de los subsidios por zona fría a usuarios del gas natural por redes de todo el país que, hasta mayo pasado, recibían el nivel más alto de la ayuda estatal del 50% y ahora cuentan con una menor, del 30%.

En total, sobre las provincias que reciben esos beneficios el recorte alcanzó a 130.000 clientes de las empresas distribuidoras de gas natural por redes. En el país son 9.295.942 los usuarios residenciales, industriales y comerciales que cuentan con el servicio.

Según los datos aportados por Litoral Gas en toda su área de concesión, que comprende la totalidad de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense, son 1.300 los clientes que tenían el subsidio al 50% pero por tener más de un medidor ahora reciben una ayuda que llega al 30%.

Por otra parte, como solo el sur del mapa de la bota goza de los beneficios nacionales del subsidio por zona fría (según lo dispuesto por la Ley 27.637) cabe suponer que la mayoría de esos 1.300 usuarios residenciales con más de un medidor son de la ciudad de Rosario y las ciudades que la rodean.

A propósito de esa cifra, tampoco se sabe cuántos de esos usuarios (con más de un medidor a su nombre) tienen más de una propiedad y además alquilan esas viviendas sin cambiar la titularidad del servicio, para evitar eventuales inspecciones de sus instalaciones puertas adentro.

En Santa Fe y en Rosario es común que los propietarios mantengan el servicio de gas natural a su nombre y que agreguen ese gasto al monto final del alquiler. Durante años el costo era tan ridículamente bajo que ese procedimiento (incorrecto para las normas regulatorias) evitaba trámites y posibles gastos en adecuar las viviendas en alquiler a las normas de seguridad.

Obviamente, lo correcto es que los servicios estén a nombre de los usuarios reales y que los inquilinos así declaren sus ingresos para ser encuadrados en las categorías N2 ó N3 ante el RASE, para contar con las ayudas nacionales para hogares de ingresos bajos o medios.

Por años, los propietarios de más de un vivienda han preferido en muchos casos pagar la boleta y recargarla en el alquiler a sus inquilinos para tener la certeza de que no habrá boletas impagas que causen un corte del servicio, con la consiguiente inspección previa a la reconexión.

Con fuerte impacto en los medios, la Casa Rosada primero aplicó un quirúrgico bisturí al quitar las ayudas a quienes se inscribieron como usuarios residenciales de hogares con ingresos medios y hasta bajos (N3 y N2 respectivamente) pero residen en el lujoso barrio de Puerto Madero y otros cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Así, el Estado Nacional, en parte todos los usuarios del sistema, y sin dudas todos los contribuyentes se libraron de pagarles parte de sus tarifas a 15.500 usuarios de altos ingresos que se animaron a solicitar la ayuda pública. Y que para ello no dudaron en completar una declaración jurada ante el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Es curioso que ese elemental correctivo no se haya usado antes. Fue el gobierno nacional anterior, en tiempos de Alberto Fernández en la presidencia y Sergio Massa en Economía, cuando se creó el sistema de segmentación de la demanda.

Ahora, o seguramente después de las elecciones de octubre, la medida se extenderá a todos los barrios de altos ingresos, en cada ciudad del país. Pero para eso es necesario algo imposible en tiempos de campañas: coordinar ese proceso con los gobiernos provinciales y las municipalidades, además de tocar los bolsillos de los votantes.

Ni en mayo, cuando se tomó la decisión de excluir a los más pudientes por barrio, ni en lo que va de junio, el gobierno nacional ha tomado contacto con funcionarios de la provincia de Santa Fe para contar con información confiable sobre cuáles son los Puerto Madero de las ciudades santafesina.

El legislador nacional Roberto Mirabella presentó “La República de Santa Fe: Federalismo sin límites”, una obra que interpela al modelo centralista que rige en la Argentina. “Este libro es una crítica apasionada y con fundamentos al centralismo porteño. Nace de una necesidad urgente: poner en evidencia un modelo que castiga sistemáticamente al corazón productivo de la Argentina”, expresó Mirabella durante la presentación de su nuevo libro.

La publicación reúne casos concretos que muestran cómo Buenos Aires concentra subsidios, obras y recursos, mientras las provincias asumen los costos de sostener ese esquema desigual. “Es como si fuéramos ciudadanos de segunda”, señaló el rafaelino. Sin embargo, el libro no se limita a la denuncia: también plantea una propuesta política con soluciones posibles para avanzar hacia un país más federal. “Esta obra continúa la línea de Defendamos Santa Fe, con reflexión, propuestas y la convicción de que es tiempo de cambiar este modelo, cada vez más federal para cobrar y más unitario para repartir”, explicó Mirabella.

Luis Rodrigo

El gobierno de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado que recuerda que en toda la provincia "más de medio millón de santafesinos aún pueden inscribirse para pagar menos en la factura de luz y de gas". Indica que "representan la mitad de los usuarios de servicios energéticos de la provincia de Santa Fe que, estando habilitados para hacerlo, aún no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase)".

Explica que en abril, en la provincia hay 1.201.319 usuarios residenciales titulares de esos servicios y que de ellos, 558.977 aún no completaron el trámite de inscripción en el Rase, "lo que los deja provisoriamente en el segmento N1, equivalente a ingresos altos donde prácticamente no tienen subsidio del Estado Nacional".

De inmediato, destaca que del total de los no inscriptos en ese registro nacional existen 79.254 hogares que "se corresponden con usuarios que cuentan con Tarifa Social Provincial". Y que sin embargo, por no haber hecho ese trámite que es personal porque consiste en una declaración jurada, el sistema de la Nación "los ubica dentro del nivel de mayor poder adquisitivo, N1".

La información oficial de Santa Fe subraya que "los interesados pueden sumarse al RASE: es gratuito, se realiza de forma online a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios y finalmente puede chequearse en la aplicación web de 'Mi Argentina' ".

Cuando en el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, el por entonces ministro de Economía Sergio Massa puso en marcha el registro denominado Rase, se previeron dos situaciones que en buena medida explican lo ocurrido luego: 1) El Estado privó de dólares oficiales a quienes pidieran subsidios (había hasta U$S 200 por ahorrista en el sistema bancario); y 2) estableció que "por defecto" aquellos usuarios residenciales que no se inscriban en el Rase serían considerados pudientes, es decir, del Nivel 1 de altos ingresos.

Luego, durante la actual gestión de Javier Milei, la secretaría de Energía bajo la órbita del ministro de Economía Luis Caputo, avanzó en una serie de quitas de los subsidios nacionales para ese segmento de hogares de altos ingresos, hasta eliminarlos casi por completo. Hoy, en síntesis, solo hay ayudas relevantes en el precio mayorista de la electricidad y el valor del metro cúbico de gas natural por redes para los niveles N2 (hogares de bajos ingresos) y N3 (de ingresos medios).

El plan del gobierno nacional anterior no funcionó como se esperaba: millones de hogares argentinos bajo la línea de la pobreza (que poseen servicios regulares) simplemente no se inscribieron. Y para no alcanzarlos con tarifas caras, la gestión anterior los incluyó con datos catastrales y otras fuentes para que tengan el subsidio. Así sucedió en septiembre y agosto de 2022 con dos meras disposiciones emitidas por un área de planificación que sumó a las familias pobres que no se anotaron.

En junio se cumplirá un año desde que el presente gobierno nacional anunciara (con la resolución 90 de la Secretaría de Energía) que terminaría en breve con esas situaciones irregulares.

En rigor, para contar con el subsidio se deben completar datos que se ratifican mediante una declaración jurada. Significa que se jura con un documento de valor jurídico (con las eventuales consecuencias legales de ello) que se necesita del auxilio del estado nacional para poder pagar las facturas.

La medida nacional de darles de baja a esos usuarios que no se anotaron se pospuso ya varias veces. Iba a regir desde noviembre de 2024 pero no fue llevada a cabo por las autoridades actuales, que además tampoco bajaron drásticamente los niveles de los subsidios a los N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), o al menos no tanto como se había anunciado para la clase media.

El objetivo de fondo del gobierno de Milei es que solo lleguen fondos públicos a familias pobres. Los comicios de medio término y el objetivo de que no se dispare la inflación parecen explicar lo ocurrido.

Mientras, todo indica que según avance 2025 llegará el momento en que miles de hogares que no pueden pagar pero no hecho su inscripción ante el Rase perderán esas ayudas. La publicación del gobierno santafesino apunta a que 249.650 familias en situación de vulnerabilidad cumplan con el trámite.

La cifra es producto de una deducción: en agosto de 2024 El Litoral publicó basado en información oficial que se estimaba en unos 254.410 el número de hogares pobres que no realizaron su trámite de inscripción ante el Rase. Ahora, el comunicado oficial informa que hubo apenas 4.760 nuevos registros desde entonces.

Cabe destacar que, de acuerdo con la información provista por la Empresa Provincial de la Energía, el Estado santafesino ha buscado mediante visitas de asistentes sociales, contactos con vecinales, entidades intermedias y otros promotores barriales convencer a esas familias de que lleven adelante el trámite, pero no se han obtenido los resultados esperados.

Los interesados pueden sumarse al RASE: es gratuito, se realiza de forma online a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios y finalmente puede chequearse su confirmación en la aplicación o la web de Mi Argentina.

La web solicita completar una declaración jurada en la que se consignan datos personales, situación socioeconómica, número de medidor y cuenta de suministro de los servicios. En función de esta información, los usuarios son segmentados en tres niveles: Nivel 1 (N1), de ingresos altos; Nivel 2 (N2), de ingresos bajos; y Nivel 3 (N3), ingresos medios.

"A partir de mayo de 2025, según la Resolución 171/25 de la Secretaría de Energía de la Nación, todos los usuarios tienen subsidios del Estado Nacional: para los Niveles 1 y 3 el subsidio es parcial y, para el caso de los usuarios de Nivel 2, el subsidio es total", sobre el valor mayorista de la generación de energía eléctrica y la producción del gas natural.

"El registro -sigue el comunicado oficial de la Provincia- puede actualizarse en cualquier momento si cambia la situación económica del hogar. Desde el Gobierno nacional y los entes reguladores se insiste en la importancia de realizar este trámite para no perder un beneficio que representa un alivio significativo en el presupuesto familiar".

"Ante la baja inscripción observada en abril -solo 4.760 nuevos registros- las autoridades advierten que, si no se completa la declaración, no podrán contar con los beneficios establecidos por el Estado Nacional en función de los ingresos que declaren del grupo familiar. Por eso se resalta la importancia de inscribirse al RASE en forma inmediata", destaca.

El transporte viene sintiendo fuerte la falta de subsidios nacionales. El impacto en el servicio es notable porque la suma que enviaba el Gobierno era clave para que el sistema pudiera funcionar sin grandes ribetes, pero desde la quita de esos recursos Rosario hace malabares para sostenerlo.

Para poder mitigar la baja de Nación, la ciudad lleva invertido en lo que va del año unos 11 mil millones de pesos. Se trata de fondos que provienen de lo recaudado por las multas de estacionamiento medido, fotomultas, derechos de cartelería, transferencias de vehículos, DREI y aportes del fisco, según cifras oficiales difundidas por el municipio.

Esta cifra representa cuatro veces más con respecto a lo que se invertía en 2023 que oscilaba entre dos mil y tres mil millones de pesos. Es decir, que se trata de un esfuerzo económico de relevancia para la ciudad.

El caso de Rosario es similar al de otras localidades de la provincia de Santa Fe que vienen siendo acompañadas por ayuda financiera de la Provincia, pero que no evita que el costo del boleto vaya sufriendo incrementos.

Por ejemplo, en el caso de Rosario, el último estudio de costos del Ente de la Movilidad arrojó una tarifa "técnica" de más de 1.400 pesos, cuando los pasajeros pagan en la actualidad 940 pesos y septiembre abre el interrogante sobre una nueva actualización.

La problemática afecta tanto a Santa Fe como a otras provincias del país que vienen interviniendo de la forma en que pueden. Por eso, se conformó la Red Federal de Intendentes, que mantiene reuniones periódicamente para hacer causa común.

Uno de los logros de esta red fue generar que ingrese a la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto consensuado entre las principales ciudades del interior que apunta a redistribuir la alícuota a los combustibles, que hoy van derecho a las arcas nacionales.

De los casi 7 mil pesos que por este impuesto se recaudan por cada tanque lleno en las estaciones de servicio de la ciudad debería regresar en subsidios para apuntalar los colectivos.

Con el retiro de los fondos a Capital Federal, el traspaso de 31 líneas a CABA y la quita en todo el país, a excepción de los interjurisdisccionales entre porteños y bonaerenses, las administraciones municipales y provinciales tuvieron que ir a un plan de salvataje.

(Por Juan Manuel Peratitis) - El cura párroco de la Iglesia San Jerónimo de Coronda, presbítero Sergio Javier Capoccetti, pidió a través de sus redes sociales ayuda a los fieles para que ayuden a pagar la onerosa boleta del servicio de energía eléctrica que llegó a la entidad religiosa.

Se trata de dos cuotas de $ 132.338,12 por el consumo en el templo propiamente dicho y dos cuotas más de $ 31.055,81 por el gasto en la casa parroquial, donde además se realizan las actividades de las instituciones católicas locales. El total a pagar con vencimientos el 19 de agosto y el 18 de setiembre, sumando las 4 cuotas asciende a $ 326.787,86.

Ante esto, el cura pidió colaboración para pagar una cuota del gasto de la iglesia, dando a conocer el alias para las ayudas: comida.golfo.sabana. No es la primera vez que Capoccetti hace uso útil de las redes para seguir adelante con el apostolado.

Hace un par de semanas pidió por Facebook una colaboración para Horacio González, atleta corondino que padece ELA, y en las colectas de las misas se consiguieron $355.000, y además se le compró un split frío-calor. También, cuando en 2019 estaba en San Javier, solicitó un préstamo a la comunidad para cubrir los gastos de funcionamiento del templo.

Al respecto, el sacerdote dijo que “la situación nos afectó a todos, a las empresas, a negocios, hace muy poco acá en Coronda un comercio cerró sus puertas porque no podían pagar las facturas de la luz. En las charlas que tenemos en catequesis, nos dicen que el aumento llevó a que muchas familias tengan problemas y muchos para pagar el servicio” explicó Capoccetti.

“Nos llegó tres veces más de la anterior, no es que aumentamos la cantidad de kW-h gastados. Se sacaron los subsidios, a la luz, al agua, a los servicios, se dio vía libre para aumentar, las cosas se hacen difíciles en la familia. Nosotros en la parroquia vivimos de la colaboración en la canastita” por lo que “tuvimos que salir a hacer tortas fritas todos los domingos y juntar por otro lado”.

En el medio de la charla con el religioso, apareció un dato no menos importante: “En lo que es la luz tenemos un pequeño subsidio que no sé si se sigue manteniendo, la Provincia no nos cobra el impuesto Inmobiliario, la Municipalidad no nos cobra las tasas, pero todo lo demás sí. Acá hay una situación difícil, la sufrimos en todas las parroquias, pero ésta es monumento histórico provincial, y nunca nos incluyeron en el beneficio en ese sentido, hace tres años que lo vengo hablando y la EPE nunca nos pudo dar la posibilidad de exención del pago de la luz”.

En referencia con esto, el templo San Jerónimo de Coronda es “monumento de la historia por el valor que adquirió con el tiempo, y monumento de la religión porque su arquitectura se adorna con el arte sublime de la cruz” indica en su libro “El Templo San Jerónimo”, la historiadora local Prof. Alcira Marioni Berra. Precisamente, el 29 de agosto de 1975, a solicitud de la comisión local Pro Restauración del Templo, la legislatura santafesina dictó la Ley N° 7.545 declarando al lugar como Monumento Histórico Provincial. Además, la obra fue erigida a través de las gestiones el Brigadier General Estanislao López.

(Por Natalia Sarramone) - La Secretaría de Energía de la Nación comunicó la reestructuración del esquema de subsidios al consumo energético y estableció un período de transición hasta el nuevo régimen. En 2022, más de un millón y medio de hogares fueron incluidos automáticamente en la tarifa social, pero ahora habrá que inscribirse para recibir el subsidio y hay tiempo hasta este domingo 4 de agosto para hacerlo.

Todas las personas mayores de 18 años que en su hogar tengan un ingreso mensual menor a $3.056.091. En 2022, muchos subsidios se otorgaron de forma automática, pero ahora, si querés recibirlo o mantenerlo, te tenés que inscribir. Además, pueden inscribirse tanto propietarios como inquilinos, no hace falta tener el servicio a tu nombre.

A partir de ahora, los hogares se calificarán en tres categorías según su situación socioeconómica: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. Los hogares Nivel 1 son aquellos cuyos ingresos mensuales equivalen a más de 3,5 canastas básicas que, para el mes de junio, serían $3.056.091. Son considerados hogares de ingresos altos y no recibirán subsidios. Los hogares Nivel 2 son aquellos cuyos ingresos son menores a una canasta básica total tipo ll, es decir, $873.169, y podrán recibir el subsidio. Los hogares Nivel 3 son los que reciben entre 1 y 3,5 canastas básicas, y también tendrán un subsidio, aunque menor.

Depurarán el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)

El RASE es el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía y para adherir al nuevo régimen hay que llenar el formulario de inscripción, que está disponible en la web del Gobierno. También se puede hacer de manera telefónica, llamando al 0800 222 7376, o de manera presencial en la oficina de ANSES más cercana. Para llenar el formulario, te van a pedir tu DNI, el CUIL de cada adulto del hogar y sus ingresos, algunos datos que están en las facturas de luz y de gas, y una dirección de correo electrónico.

Hay tiempo hasta el 4 de agosto para inscribirse. Los hogares que recibían el subsidio de manera automática y no se inscriban, sufrirán aumentos en sus tarifas de luz y de gas. En cambio, los hogares que ya se habían inscripto anteriormente, pueden ingresar para actualizar sus datos, pero seguirán recibiendo el subsidio.

Los hogares que queden incorporados a la categoría 2 recibirán una bonificación del 71,92 % sobre su factura de electricidad y del 64 % sobre su factura de gas. Pero hay un tope de consumo: en la luz, todo lo que se gaste por encima de 350 kWh por mes, se considerará consumo excesivo y no será alcanzado por el subsidio. En el caso de los hogares nivel 3, recibirán un subsidio de 55,94 % en electricidad y 55 % en gas, y el límite de consumo será de hasta 250 kWh por mes.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este jueves a la sanción de la Ley de Bases en la Cámara de Senadores de la Nación, aprobada luego de un extenso debate. El mandatario santafesino dijo que la norma “es importante para que el Gobierno nacional pueda comenzar a tener un impulso; es un mensaje también a los mercados, y que nos va a permitir recibir inversiones, fundamentalmente del exterior, y que nuestras economías puedan comenzar, así que lo valoro de manera positiva”.

Asimismo, Pullaro insistió en su reclamo a la Nación: “Quisiéramos tener el acompañamiento del Gobierno nacional; que nos dé los recursos que antes venían, los subsidios al transporte, al sistema educativo, a la obra pública cortada, a medicamentos de alto costo, en alimentos. Eso lo estamos sosteniendo nosotros, hasta estamos reparando rutas nacionales con fondos propios, cosa que no nos corresponde, cuando la Provincia sigue aportando tres veces más al Estado Nacional de lo que vuelve”.

El gobernador Maximiliano Pullaro. Créditos: Manuel Fabatia

No obstante, aclaró que “nos vamos a dejar nunca de gestionar ni de defender a la provincia de Santa Fe, ni de pelear por los recursos que entendemos que merecemos y que son nuestros, pero la provincia de Santa Fe no se va a arrodillar ante nadie, porque es una provincia fuerte, que tiene una capacidad productiva única, que tiene universidades y conocimiento, es una provincia que logra salir adelante más allá de las dificultades, con lo cual vamos a seguir gestionando y reclamando, pero nosotros vamos a cumplir el objetivo que se ha planteado nuestro gobierno y que lo vamos logrando de a poco, día a día: nuestro gobierno es austeridad, eficiencia y orden, y en ese sentido vamos a salir adelante”.

Por otro lado, el gobernador se refirió a la posibilidad de reformar el régimen previsional en la Provincia de Santa Fe para dar una solución al déficit de Caja de Jubilaciones. Al respecto, sostuvo que “somos claros y ponemos los números arriba de la mesa, no ocultamos ningún problema, para que la sociedad también lo pueda comprender: la Caja este mes va a tener 40.000 millones de pesos de déficit con lo que es el pago de aguinaldos”, y graficó que el impacto del déficit es el equivalente a “40 kilómetros de ruta, son ocho escuelas que no vamos a construir en la provincia, son más de los 840 patrulleros que estamos comprando”.

“Yo entiendo que esto no es justo -continuó Pullaro-, porque yo no tengo que gobernar solamente para los empleados públicos, tengo que hacerlo para toda la sociedad. Lamentablemente la Caja tuvo muchos desfasajes, porque es una ley sumamente vieja. Pero no significa que le vamos a sacar derechos a ningún trabajador; al contrario, estamos defendiendo los derechos de los futuros jubilados de la provincia de Santa Fe, porque el problema de la Caja es cada vez más grande, y es una injusticia que quienes no son empleados públicos sostengan el sistema”, completó.

El gobernador Maximiliano Pullaro evaluó como "un buen síntoma" que el presidente Javier Milei llegue este jueves a tierras santafesinas, concretamente a Armstrong, donde hasta el 8 de junio se desarrolla la exposición Agroactiva. Es el primer viaje del mandatario nacional a Santa Fe desde que asumió la Presidencia.

"Tenemos mucha agenda en Agroactiva; vamos a presentar líneas de crédito para la maquinaria agrícola y para el campo, fundamentalmente para que Santa Fe muestre todo su potencial". En ese orden, consideró que "es un gusto que el Presidente nos pueda visitar".

"También es importante mostrar el potencial que tiene el interior, el campo, la industria que entendemos que es lo que va a sacar a la República Argentina adelante. Así que, que venga el Presidente a ver la muestra agrícola y de maquinaria agrícola más grande del país es un buen síntoma porque nos viene a visitar".

El gobernador Maximiliano Pullaro evaluó como "un buen síntoma" que el presidente Javier Milei llegue este jueves. Créditos: Manuel Fabatia

Claro que en la agenda figuran varios temas que el gobierno provincial viene planteando a Nación, a través de los ministros y otros funcionarios nacionales, y que este jueves podrían ser conversadas cara a cara. "Le vamos a plantear el tema de los subsidios al transporte, los temas educativos y los subsidios para la educación que no vinieron más (en relación con el Fonid), los recursos alimenticios que venían y dejaron de venir, los medicamentos de alto costo que dejaron de venir y las obras públicas cortadas por parte del gobierno nacional".

En ese sentido, señaló que hay gestiones constantes con el Estado nacional, que "entendió que para reducir el déficit había que achicar y ajustar, pero a nosotros nos han ajustado muchísimo en comparación con otras provincias".

Consultado sobre la agenda de la Región Centro que Pullaro preside desde abril y Santa Fe integra junto con Córdoba y Entre Ríos, el mandatario señaló que no hay fijada una reunión y "si tenemos oportunidad vamos a poner en agenda los temas que nos importan y estos son los de desarrollo productivo; la provincia tiene que salir adelante y lo va a hacer generando trabajo y empleo y así lo va a hacer la Región Centro.

"Estamos entusiasmados con que mañana (por este jueves) se pueda dar una charla más con el Presidente", confió; "pero, si no, lo vamos a seguir haciendo con sus ministros".

Puesto a opinar sobre la compleja situación que se suscitó en los últimos días a raíz de la denuncia por alimentos almacenados en dos centros (uno en Buenos Aires y otro en Tucumán), con mercadería a punto de vencer y los fuertes cuestionamientos que recibió la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, por posibles hechos de corrupción, el gobernador consideró que "eso lo deberán definir los fiscales si es que hay una denuncia. Sí veo que hay denuncias hacia atrás de lo que sucedía con los alimentos para los sectores más vulnerables y eso hay que corregirlo: no es justo que haya gente a la que le falta la comida y haya intermediarios que se queden con una parte de los recursos que van para los pobres. Ahí si veo situaciones de corrupción en las que está avanzando la Justicia y son situaciones que nunca más deben volver", definió.

En cuanto a la reforma jubilatoria que obtuvo media sanción este martes en Diputados a instancias de un amplio arco opositor, dijo que "acompañamos en muchos aspectos al Presidente en el objetivo de fondo de terminar con que el Estado gaste más de lo que recauda, y hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo: que el ajuste lo pague la clase media y sectores vulnerables entendemos que no es justo. Por lo cual esa reestructuración en el aspecto jubilatorio es correcta".

A esta situación se llega ante el congelamiento absoluto de los subsidios nacionales, varios aumentos de la nafta, subas del índice inflacionario, un costo real del boleto que duplica el actual, disparada de costos de materiales, entre otros.

Desde el Palacio de los Leones entienden que para poder hacer sustentable el sistema es necesario un nuevo ajuste del boleto. Al igual que sucede cada vez que sale un estudio de costos, el Ejecutivo intenta determinar un aumento medido que, de alguna manera, sostenga el sistema, pero no dispare el precio del boleto.

Hay que recordar que Pablo Javkin tiene la potestad para aumentar el boleto en forma bimestral y hasta un 90% de lo que arroje el estudio de costos del sistema. También se tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La resolución tiene plazo hasta el viernes para fijar cuánto saldrá viajar en colectivo.

Actualmente viajar en colectivo en Rosario cuesta 700 pesos. Pero el informe que elaboró el Ente de la Movilidad local (EMR) expone que en verdad se debería pagar casi el doble de lo que se abona actualmente.

A este contexto hay que agregarle que, según estimaron en el Palacio Vasallo, los pasajeros y pasajeras podrían utilizar el sistema de Transporte Urbano (TUP) pagando la mitad de lo que se abona actualmente.

A este monto llegaron calculando respecto a los 27.900 millones de pesos que la provincia de Santa Fe envió a Nación en los últimos cuatro meses en concepto del impuesto a los combustibles y que hasta ahora generó la devolución de ni un solo peso desde Nación en el marco del llamado Fondo Compensador del Interior.

"Con ese dinero podríamos solventar el transporte de Rosario casi en su totalidad", deslizó la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, en el marco de la crisis que atraviesa el sistema del interior y el congelamiento de los subsidios de Nación al resto del interior del país.

La presidenta del Concejo entiende que si no se enviaran más el porcentaje correspondiente al impuesto al combustible que ronda los 7 mil millones de pesos por mes, Rosario podría tener un boleto de entre 270 y 280, como mínimo.

Es decir, a valores de lo que abonan los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), deslizó Schmuck a la hora de ensayar un cálculo para comprender lo que aporta Santa Fe.

Es que ese costo es lo que se desprende de los 27.900 millones en los últimos cuatro meses, más allá de que sólo un 3% de esos fondos van a parar al Fondo Compensador. Ese número surge de los 124,22 que aporta cada usuario por litro de nafta cada vez que realiza una carga en una estación de servicios, producto del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

Es lo que la ciudad paga en concepto del impuesto al combustible y lo divides con relación a los cerca de 400 mil usuarios que tiene el TUP. “Es decir, es lo que costaría subsidiar el transporte para que llegara a valores de Buenos Aires", según expreso la presidenta.

"Son algo más de $6 mil millones a razón de dos boletos diarios. Es por eso que decimos que con esa plata podríamos solventar casi totalmente por lo menos a Rosario", concluyó.

La Provincia está negociando con Banco Nación nuevas líneas de créditos a tener disponibles en Agroactiva, la muestra que se hará en territorio santafesino el mes venidero. "Queremos sumar la mayor cantidad posible de entidades bancarias para la compra de maquinaria agrícola con subsidios de tasas por parte del Estado santafesino" señaló a El Litoral.

También explicó Puccini que con Banco Nación están en negociaciones por una adhesión a los créditos Carlos Pellegrini que están destinados a micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores económicos. El objetivo de esta línea es para inversiones en pesos con plazo de amortización de hasta diez años.

De acuerdo a la carpeta del cliente, la línea puede financiar hasta el 100 % del proyecto. Acá también el gobierno provincial pretende ayudar a los interesados en el acompañamiento de presentación de carpetas y financiar parte de la tasa de interés.

"Vamos a trabajar con todas las entidades bancarias que apuestan a la producción", insistió Puccini ante El Litoral.

La semana pasada, el ministro con la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, estuvieron en la Cancillería reunidos con inversores de empresas mexicanas vinculadas a la economía del conocimiento que están buscando un lugar para instalarse en la Argentina. "Mostramos las ventajas de Santa Fe, entre ellas la posibilidad de tener recurso humano capacitado por las casas de estudios superiores que tenemos diseminadas en el territorio" señaló.

El gobierno desde Economía y Desarrollo Productivo está enfocado en el tema de créditos para sectores empresariales productivos. "Está complicado el tema consumo, pero estamos dispuestos a apoyar a los que quieren reinvertir en líneas productivas o alguna reconversión puntual, o para tecnificarse", señaló el ministro que la semana pasada acompañó a 50 empresas santafesinas que estuvieron en la Expo San Juan Minera en la provincia cuyana.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el marco de su visita a localidades del departamento Castellanos, hizo hincapié en la importancia de “poner en agenda con Nación lo que significa Santa Fe. Somos una provincia que le aporta tres veces y medio más al Estado nacional de lo que vuelve”. 

En ese sentido, el gobernador explicó que “el viernes salió un decreto por el que le recomponen a la Universidad de Buenos Aires (UBA) los gastos de funcionamiento en un 270%. Pero a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que son las universidades nacionales radicadas en nuestra provincia, le recompusieron el 105%: menos de la mitad”.

En ese punto, agregó que “también el viernes salió un decreto, que se conoció ayer (por el domingo), que dice que para que el boleto urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantenga en $ 270, el Estado Nacional va a aportar subsidios. Y nosotros aquí con el aumento del combustible y la pérdida del poder adquisitivo estamos pagando $ 700 y va a aumentar a $ 1000 o $ 1200 porque no tenemos subsidio de Nación”, enfatizó Pullaro.

“En lo que va del año -continuó- aportamos cerca de 25 mil millones de pesos a ese fondo del transporte. El año pasado venían 1.500 millones de 4.500 que aportábamos por mes. Ahora estamos aportando un poco más porque la cosecha es buena, se paga un fondo único por litro de combustible, más cosecha y más impuestos. Y, sin embargo, no nos dan esos recursos”, cuestionó.

Para Pullaro, “tenemos que poner en la agenda lo que significa la provincia de Santa Fe. Cuando eso suceda, vamos a articular mejor y Argentina va a salir adelante. El país va a salir adelante con trabajo y con producción. Eso se va a lograr desde el interior, desde localidades con gente que lo quiere es trabajar, vivir tranquilo y vivir bien. El federalismo nos va a permitir salir adelante”, concluyó.

Previamente a sus declaraciones en las localidades del departamento Castellanos, el Gobernador ya se había expresado en sus redes sobre el tema: “Miles de santafesinos utilizan a diario el transporte público para trabajar y cumplir con sus obligaciones. La discriminación respecto al envío del subsidio compuesto por un fondo que sostenemos entre todos es un error incomprensible del gobierno nacional que repite el esquema del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo digo con respeto y con claridad, no queremos una ayuda, reclamamos una parte ínfima de lo que aportamos”.

Agregó que “para que se entienda el aporte que Santa Fe realiza al fondo que administra el gobierno nacional”, señaló que “si esos recursos de los santafesinos fueran a nuestro sistema de transporte, el boleto sería prácticamente gratuito”.  

Y completó: “como gobernador de todos los santafesinos inicié contactos para que se escuche un reclamo que es justo y que es una medida que solo mira el AMBA y sus necesidades”.

El Gobierno Provincial puso de relieve la profundización del desequilibrio entre AMBA y el resto del país, a partir de la decisión del gobierno nacional de incrementar en un 39% los aportes para esa región, mientras que se dejó sin efecto el Fondo Compensador para el resto de las jurisdicciones, que por la tanto reciben “cero pesos”, a pesar de las erogaciones producto del impuesto a los combustibles.

Como se conociera en las últimas horas, se oficializó la medida del Gobierno Nacional que incrementó los aportes al transporte del AMBA en un 39%, convirtiéndose en el único distrito del país que mantendrá las compensaciones de Nación, en detrimento de Santa Fe y el resto del interior.

A través de sus redes sociales, el gobernador Maximiliano Pullaro (al igual que los mandatarios de otras provincias), reaccionó de inmediato y resaltó que “miles de santafesinos utilizan a diario el transporte público para trabajar y cumplir con sus obligaciones. La discriminación respecto al envío del subsidio compuesto por un fondo que sostenemos entre todos es un error incomprensible del gobierno nacional que repite el esquema del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo digo con respeto y con claridad, no queremos una ayuda, reclamamos una parte ínfima de lo que aportamos.

“Para que se entienda el aporte que Santa Fe realiza al fondo que administra el gobierno nacional, si esos recursos de los santafesinos fueran a nuestro sistema de transporte, el boleto sería prácticamente gratuito”, ilustró el gobernador. Y dejó en claro que está llevando adelante gestiones “para que se escuche un reclamo que es justo y que es una medida que solo mira el AMBA y sus necesidades”.

Más allá de este pronunciamiento político, en el curso de la jornada sentaron la postura oficial del gobierno la secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Renata Ghilotti, y la subsecretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado.

En el curso de una conferencia de prensa, Alvarado ilustró la desproporción inicial que siempre aquejó al sistema, mostrando que en el último trimestre de 2023 se distribuyeron 123 mil millones de pesos para el transporte, 33 mil de los cuales tocaron al interior y 4 mil puntualmente a Santa Fe.

“Este es el desequilibrio que pedíamos romper, pero lejos de eso se ha profundizado, con la decisión de eliminar el Fondo Compensador para el Transporte del Interior, a partir de lo cual el aporte ha sido de cero pesos”, expuso.

Ambas funcionarias dejaron en claro la decisión del gobierno de Santa Fe de sostener el sistema de transporte que, por caso, implicó hasta el momento un desembolso de cerca de 4.600 millones de pesos en concepto de boleto educativo, y casi 14.300 millones en concepto de asistencia al transporte público. Pero que esas cifras tienen como contraprestación del gobierno nacional, precisamente, “cero pesos”.

Ghilotti expresó “la firme decisión del gobierno de la provincia de seguir aportando al sistema de transporte público, pero estamos mostrando la desigualdad, profundizada por la aplicación de una decisión absurda, de un gobierno que anunció que venía a cambiar las cosas, y lo único que hizo fue profundizar una disparidad que ya venía consolidándose en la gestión anterior”.

“Si tuviera la oportunidad, me gustaría preguntarle al Presidente por qué el esfuerzo de un santafesino vale menos que el de un porteño o un bonaerense”, añadió la funcionaria, para luego dar cuenta de la vocación de seguir trabajando “día a día” para mejorar el servicio y no cejar con los reclamos ante la Nación, encabezados por el propio gobernador.