Por María José Ramón y Fiorella Carrión (El Litoral)

El Gobierno de Santa Fe llevará a la Nación el reclamo de industrias y comercios de la provincia por los importantes incrementos registrados en las facturas de energía eléctrica. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que algunas empresas recibieron aumentos millonarios y advirtió que la situación puede afectar la actividad productiva.

Según explicó el funcionario, los incrementos corresponden a cargos definidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), vinculados al costo de generación de energía y al esquema nacional de reducción de subsidios.

“Hay empresas y comercios que son aquellos que tienen un consumo de 300 kW o más que han recibido ya facturas en el período del mes pasado con altos incrementos”, afirmó Puccini.

El ministro detalló que el impacto ya se refleja en las boletas que comenzaron a recibir grandes usuarios de energía. “Del mes anterior que pagaba 1.400.000 pesos pasó a pagar 8 millones de pesos o empresas que pagaron 4 millones de pesos por ese cargo en el mes de mayo y pasaron a pagar 24 millones de pesos”, indicó.

Puccini señaló que la preocupación no está solo en el aumento actual, sino también en la incertidumbre sobre los próximos períodos de facturación. “Es muchísimo lo que una empresa tiene que soportar. Ya llegó una factura, va a llegar otra factura a fines de esta semana o principio de la otra, que es todo lo que ha consumido en junio y va a llegar en septiembre la de julio”, explicó.

El funcionario precisó que los montos que Cammesa traslada a las empresas santafesinas aumentaron de manera considerable en pocos meses. Indicó que en abril el costo total distribuido entre unas 340 empresas de la provincia fue de aproximadamente 400 millones de pesos, mientras que en mayo alcanzó los 1.400 millones.

“Para la facturación que va a ser en agosto, nos llegó 7.000 millones de pesos y luego va a ser 14.000 millones. Son tres meses de muchísimos aumentos”, sostuvo.

Además, aclaró que existe un componente estacional en los valores, ya que durante los meses de mayor demanda energética los costos suelen incrementarse. Sin embargo, consideró que el impacto actual resulta difícil de afrontar para algunas compañías.

“Estos picos que son los de invierno aumentan y probablemente más en verano baja. Aun así, el verano que pasó y el que va a venir en 2027 no van a hacer las bajas que otros momentos esas empresas tenían”, afirmó.

Santa Fe planteará la situación en una reunión con funcionarios nacionales de Energía, donde también participarán representantes de Cammesa y ministros de Córdoba y Entre Ríos en el marco de la Región Centro.

“Lo primero que le vamos a pedir es que Cammesa, quien está trasladando automáticamente estos incrementos, es si hay una forma de prorratear o alivianar este tipo de pago que tiene una empresa”, señaló Puccini.

El ministro remarcó que el objetivo es evitar que los aumentos afecten la continuidad de las empresas y sus posibilidades de inversión. “Hoy hay empresas que no están teniendo la producción que tienen que tener, que no tienen la certeza de que le llegue una factura de 1.400 a 8 millones”, expresó.

Puccini también destacó que Santa Fe es una de las provincias con mayor cumplimiento en el pago de la energía y pidió que esa situación sea contemplada en las próximas medidas.

En ese sentido, cuestionó que las empresas que cumplen con sus obligaciones tengan las mismas dificultades que aquellas que mantienen deudas. “La empresa que hace este esfuerzo para pagar este costo operativo puede tener bien las cuentas, pero eso afecta en que no puede invertir en su capital de trabajo, no puede invertir en tecnología”, explicó.

Finalmente, sostuvo que la provincia llevará el reclamo con información concreta sobre el impacto económico. “Vamos a ir como siempre hizo Santa Fe en defensa de los intereses santafesinos con datos, con estadísticas, con números reales, con impactos”, concluyó.

El piso de 2023, del que partirán los aumentos de tarifas residenciales de la Empresa Provincial de la Energía, no es tan alto, aunque está por sobre los valores medios en todo el país. Así lo indica una comparación entre tarifas de empresas distribuidoras de energía eléctrica elaborada por la UBA que no tiene en cuenta tanto el aumento del 10% ya dispuesto pero que impactará en tarifas en febrero y la suba que se resuelva luego de la próxima discusión en la audiencia pública, convocada para el 9 de ese mes, más lo que -desde la Casa Rosada- se resuelva respecto del valor del megavatio a nivel mayorista en generación. (Ver aparte)

Un informe de un instituto que comparten la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas indica que en 2023 el valor del servicio de distribución de la energía eléctrica en Santa Fe.

En los niveles N1,N2 yN3, que corresponden a los hogares de ingresos altos, bajos y medios en Santa Fe, la Epe estuvo en los puestos 17mo, 18vo y 16 sobre 30 jurisdicciones o empresas bajo análisis. En otras palabras, la energía eléctrica fue algo más cara para los santafesinos que en el promedio nacional pero a diferencia de otros años no se ubicó entre las 10 más caras, en ninguno de los segmentos bajo análisis.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires compara los valores de los servicios públicos en todo el país y en el apartado referido a la distribución de la energía eléctrica se observan las consecuencias de dos decisiones políticas de las gestiones nacional y provincial anteriores.

En medio del proceso electoral, el ministro de Economía y candidato a presidente de la gestión de Alberto Fernández incluyó por decreto en la denominada "zona cálida" a buena parte de los usuarios residenciales de la provincia de Santa Fe, un reclamo histórico del centro norte del mapa de la bota (incluida la capital provincial) que tienen idénticas condiciones climáticas que las provincias vecinas y no gozan de los mismos beneficios. Entre otras decisiones políticas, Sergio Massa apuró un mayor alcance de los subsidios energéticos a los segmentos N2 (los más pobres) y N3 (la minoritaria sección media) al pasar de 400 a 600 kilovatios mensuales la energía con ayuda estatal nacional en el mes de diciembre y hasta febrero.

Por otra parte, el gobierno provincial anterior no actualizó la tarifa de la Epe por el VAD (Valor Agregado de Distribución) aunque había condiciones para aplicar un incremento del 20% mediante una suerte de cláusula gatillo ya otorgada a principios del año pasado.

Por último, otra decisión política, de las autoridades provinciales actuales aumentaron en un promedio del 10% las tarifas de la Epe para mejorar su retribución por la energía distribuida, sin llegar al tope del 20% que había disponible sin celebrar una nueva audiencia pública. Los efectos de esta última medida se comenzarán a notar en una parte de las boletas que se repartirán en febrero, con los consumos con nuevos valores de enero.

Se trata en definitiva de un piso, ya que por sobre estos valores impactarán los aumentos por la actualización de las tarifas en materia de generación y transporte en alta tensión, así como por el retiro de los subsidios en ambos sectores. La Secretaría de Energía de la Nación ha anunciado que por tercios buscará eliminar esas ayudas a los sectores medios y que dejará solo subsidios tarifarios a las familias en "situación de vulnerabilidad". La eliminación tendrá en cuenta los ingresos por hogar y no solo los de los titulares de los servicios públicos en electricidad y gas natural por redes. El objetivo es privar a los N3, la clase media, de esos aportes estatales. El segmento N1 ya no tiene subsidios desde el gobierno anterior y aún no está claro qué proporción de los usuarios residenciales N2 sufrirán recortes.

En cuanto a las tarifas que presenta el informe por provincias, aclara que "al momento de realizar un análisis tarifario comparativo es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas provinciales (como la Epe), empresas privadas (como Edenor y Edesur en el Conurbano y la ciudad de Buenos Aires) y cooperativas (en todo el país), alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso del Amba, provinciales y municipales en el caso de cooperativas".

"Desde el mes de marzo de 2023 hubo aumentos dispares entre los cuadros tarifarios de todas las jurisdicciones. La autorización de las tarifas en cada caso son potestad exclusivamente de cada provincia y, por lo tanto, responden a criterios diferentes. Los datos indican que entre marzo y diciembre de 2023 la factura eléctrica promedio para un hogar de altos ingresos aumentó 145%, mientras que para los ingresos bajos y medios el incremento fue del 73% y 69% respectivamente", con una inflación que a lo largo del año se ubicó en el 120%. El impacto de los subsidios hizo que a los hogares que declararon tener ingresos altos (o no completaron su declaración jurada ante el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, Rase) la suba de tarifas eléctricas supere en más de 25 puntos a la inflación, pero que sea sensiblemente menor para las capas medias y bajas.

Los subsidios a la energía significaron el 75% del total de esas ayudas nacionales. El resto, se lo lleva sobre todo el transporte público de pasajeros en el Amba y el sostén del déficit de la empresa de agua y saneamiento para porteños y bonaerenses. Durante 2023 en materia de electricidad y gas natural por redes los aportes estatales cayeron 14,5% en términos reales, destaca el informe de la UBA. Solo en diciembre, los destinados a diferentes rubros (transporte, energía y otros servicios públicos) representaron $702.713 millones, de acuerdo con los números publicados por el Ministerio de Economía. Ahí apunta el gobierno nacional para mejorar las cuentas del Estado.

Al finalizar el encuentro, la subsecretaria de Transporte de la Nación, Laura Labat, expresó: “Este es un espacio de consenso en el que transportistas y dadores de carga, con mediación del Ministerio de Transporte, se pusieron de acuerdo con respecto a cuál va a ser la tarifa de referencia de cereales y oleaginosas. Ha sido una jornada de mucho diálogo, donde se logró acordar cuál va a ser la tarifa de referencia hasta el 1 de marzo de 2023”.

Autoridades del Ministerio de Transporte, transportistas y dadores de carga, acordaron hoy un aumento del 35% en la tarifa de referencia de carga para los servicios de transporte de jurisdicción nacional que movilizan cereales, oleaginosas, productos, subproductos y derivados. pic.twitter.com/jmYTg5WtOJ

— Ministerio de Transporte (@MindeTransporte) November 8, 2022

La reunión formó parte de la Mesa de Negociación Participativa a la cual asistieron transportistas y los siguientes dadores de carga: CATAC, CRA, FAA, FADEEAC, FAETYL, CONIAGRO, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), y la Sociedad Rural Argentina.

Por parte del Ministerio, además de Labat, encabezaron los encuentros el secretario de Planificación de Transporte Sr. Gastón Jaques; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Planificación de Transporte, Agustín Bugallo; la directora Nacional de Transporte Automotor de Cargas, Mariela Mariano; y los asesores Guillermo Abaria y Alejandra Pereyra. Además de Georges Bretschmitt, Silvina Campos Carle, y Ezequiel De Freijo, Economista Jefe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales.