El Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto puso en marcha una nueva modalidad de atención para la liberación de vehículos secuestrados en la vía pública. A partir del 1 de febrero, este trámite se realiza exclusivamente mediante turno previo, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y mejorar la atención a los vecinos.

Así lo explicó el juez del Tribunal de Faltas, Stéfano Quaglia, quien señaló que el cambio responde al incremento en la cantidad de vehículos retenidos como consecuencia del aumento de controles en la vía pública. “La idea es que el vecino no tenga que ir y venir varias veces al tribunal y pierda tiempo porque le falta documentación. Queremos que llegue con todo lo necesario y que el trámite sea más rápido y ordenado”, aseguró.

Según detalló, el sistema de turnos se aplica únicamente para las liberaciones del corralón, es decir, para el retiro de autos y motos secuestrados. El resto de los trámites, como certificados de libre multa, buena conducta vial o pagos en cajas municipales, continúan realizándose sin turno previo.

Quaglia indicó que el Tribunal habilitó un número de WhatsApp para facilitar el contacto y el asesoramiento inicial. El número es 3462-310341, disponible para consultas durante todo el día, aunque las respuestas personalizadas se brindan en el horario administrativo, de 7 a 15.

“El vecino puede escribir apenas ocurre el secuestro y recibir indicaciones sobre la documentación que necesita según su caso. Incluso, el inspector de tránsito o el personal policial entrega en el momento un comprobante con toda la información de contacto, QR y mail del Tribunal”, explicó.

El funcionario remarcó que muchas demoras se generan por problemas de documentación, especialmente en motos que no fueron transferidas correctamente. “La motocicleta es un vehículo como cualquier otro: tiene título y requiere transferencia. Muchas personas compran una moto y no hacen el trámite, y después no pueden ubicar al titular registral”, advirtió.

Consultado sobre la situación del corralón municipal, Quaglia reconoció que el espacio se encuentra prácticamente colmado. “Estamos con una ocupación cercana al 95%. Por eso estamos en la previa de una nueva compactación”, señaló.

Indicó que ya se publicaron los edictos correspondientes y que, una vez definida la fecha, se informará con anticipación y se difundirá el listado de vehículos a compactar. Recordó además que, una vez transcurridos seis meses desde el secuestro, el vehículo queda habilitado legalmente para su compactación si el titular no realizó ninguna gestión.

“El problema no suele ser el pago de la multa, porque el Tribunal ofrece descuentos, planes de cuotas e incluso la posibilidad de trabajo comunitario. En la mayoría de los casos, los vehículos quedan en el corralón por la falta de documentación”, explicó.

El juez de Faltas insistió en la importancia de circular con toda la documentación obligatoria: título o cédula, licencia de conducir habilitante, seguro obligatorio y autorización correspondiente. También recordó que la falta de casco, espejos reglamentarios o el uso de escapes no originales constituyen causales de secuestro.

En ese sentido, aclaró que el Decreto 460/2022 amplió las facultades de las fuerzas de seguridad para retener vehículos por razones de seguridad vial. “No son exigencias arbitrarias, son medidas que buscan proteger al conductor y a terceros”, concluyó.

Días atrás, el Juzgado de Faltas de Venado Tuerto clausuró nuevamente una quinta ubicada en calle Eterovich al 1000, luego de constatar que el inmueble volvió a ser utilizado para la realización de eventos pese a contar con una faja de clausura vigente. En este marco, el juez de Faltas Stéfano Quaglia, explicó que se trató de una violación reiterada de la medida previamente impuesta por el Tribunal.

Quaglia recordó que la organización de eventos en quintas de alquiler se encuentra regulada por la ordenanza N° 5486, sancionada en 2022, una normativa que buscó reordenar un rubro que durante años funcionó de manera informal. “Hace prácticamente tres años que existe esta ordenanza y establece con claridad que estos establecimientos deben contar con habilitación municipal y cumplir con todos los controles correspondientes”, señaló.

En el caso puntual de la quinta clausurada, el magistrado explicó que el lugar ya se encontraba cerrado por una resolución judicial que prohibía expresamente cualquier tipo de actividad hasta tanto se obtuviera la habilitación municipal. “Evidentemente, los responsables siguieron alquilando el predio y realizando eventos, lo cual está claramente prohibido”, afirmó.

El juez de Faltas aclaró que, si bien se trata de una propiedad privada, el uso permitido mientras dure la clausura es únicamente domiciliario. “Puede haber personas viviendo en el lugar, pero no puede destinarse al alquiler ni a la realización de eventos. El uso lucrativo está expresamente vedado”, remarcó, diferenciando ese escenario de una reunión familiar ocasional, que no tiene carácter comercial.

Quaglia subrayó que la regulación no apunta únicamente a una cuestión administrativa, sino fundamentalmente a garantizar condiciones mínimas de seguridad e higiene. “Muchas de estas quintas cuentan con piletas y suelen concurrir menores de edad. Por eso es indispensable que el municipio realice controles previos y periódicos”, explicó, al tiempo que indicó que la normativa también exige adecuarse a los criterios de la Dirección de Industria y Comercio en cuanto al alcance del uso habilitado.

Consultado sobre si existen otros inmuebles en situación similar, el juez indicó que este es el único caso actualmente clausurado con violaciones reiteradas, aunque aclaró que hay otros establecimientos notificados por distintas infracciones, como ruidos molestos, exceso de decibeles o falta de habilitación. “En esos casos se los insta a regularizar su situación para evitar sanciones más graves”, precisó.

En ese marco, el juez destacó especialmente el rol de los vecinos. “Muchas veces estos lugares se detectan a partir de denuncias vecinales, porque se generan ruidos, movimientos de vehículos, circulación a alta velocidad o situaciones que no son compatibles con un uso residencial normal”, explicó. Según indicó, ante esos reclamos el Municipio interviene de oficio y activa los procedimientos correspondientes.

El magistrado también recordó que estas quintas deben tramitar una habilitación equivalente a la de cualquier comercio, conforme a lo dispuesto por la ordenanza general N° 4343. Además, señaló que las multas y sanciones se aplican al titular del inmueble, independientemente de los acuerdos privados que pueda tener con quienes alquilan el lugar. “Luego el propietario resolverá contractualmente con el inquilino, pero ante el Municipio el responsable es el dueño”, afirmó.

Para denuncias vinculadas a quintas, ruidos molestos, pirotecnia o posibles irregularidades, Quaglia recordó que se encuentra habilitado el WhatsApp de Inspección General y Control Urbano: 3462-520066, donde se pueden realizar denuncias de manera anónima.

El juez de Faltas también brindó un panorama detallado sobre la situación de los hogares de convivencia para adultos mayores en la ciudad. Recordó que la actividad se encuentra regulada por la ordenanza N° 5707, sancionada en 2023, y que existe una mesa de trabajo interdisciplinaria integrada por áreas municipales, provinciales y del Poder Judicial.

Según explicó, se trata de un rubro especialmente sensible, que durante muchos años funcionó en la informalidad y que resulta complejo de detectar. “A veces hay cuatro o cinco adultos mayores viviendo en una casa y eso puede pasar desapercibido si no hay denuncias o situaciones llamativas”, indicó.

Quaglia señaló que actualmente la mayoría de los hogares cuenta con habilitación municipal o se encuentra en proceso de regularización, gracias a un trabajo de acompañamiento sostenido por parte del Estado. No obstante, reconoció que en algunos casos fue necesario avanzar con clausuras cuando se detectó falta de compromiso o desidia por parte de los responsables.

“El objetivo es sacar a estos lugares de la clandestinidad, garantizar controles permanentes y priorizar la seguridad, la higiene y la calidad de vida de los adultos mayores, que son una población altamente vulnerable”, afirmó. En ese sentido, recordó antecedentes graves ocurridos en la ciudad que marcaron la necesidad de profundizar los controles.

Finalmente, aclaró que por el momento no hay nuevas clausuras inminentes, aunque sí establecimientos bajo seguimiento. “Se les está dando un último plazo de acompañamiento para que cumplan con las exigencias. Si no lo hacen, eventualmente se llegará a la clausura”, advirtió.

Por otro lado, el juez resaltó la plena vigencia de la ordenanza de Pirotecnia Cero, convocando a los vecinos a realizar las denuncias correspondiente en caso de detectar, principalmente, la venta de estos elementos que está totalmente prohibida en la ciudad.

El Tribunal de Faltas de Venado Tuerto resolvió aplicar una sanción ejemplar en un caso de arrojo ilegal de residuos en la vía pública. El juez municipal, Stéfano Quaglia, contó que el infractor fue identificado gracias a la denuncia anónima de un vecino y, tras reconocer su falta, aceptó reemplazar parte de la multa por trabajo comunitario.

“El hecho ocurrió hace tres o cuatro semanas, cuando se viralizó un video que mostraba el descarte de basura en la intersección de Jujuy y Brouckere, en la zona periurbana”, relató Quaglia. El registro permitió identificar el dominio del vehículo, y tras la investigación de la Secretaría de Control Urbano, la causa llegó al Tribunal de Faltas. En paralelo, el juez realizó una denuncia penal por contaminación en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la audiencia celebrada con el infractor, Quaglia destacó su predisposición: “Alex, el joven involucrado, reflexionó sobre lo sucedido, lo reconoció de inmediato y se puso a disposición para pagar una multa o realizar cualquier acción que repare el error”.

De esta manera, se aplicó lo que permiten las ordenanzas locales: sustituir parte de la multa por tareas comunitarias. “Coordinamos con la Secretaría de Servicios Públicos que limpie cuatro minibasurales en cuatro domingos consecutivos”, explicó el magistrado.

La primera jornada ya se concretó en calle Marenghini, entre Juan B. Justo y Alem, donde se recolectaron residuos y se mejoró visiblemente el lugar. “El cambio fue notorio y sirve para mostrar que la cuestión ambiental es una responsabilidad individual y colectiva”, señaló.

Aún restan tres sitios por definir, aunque el juez adelantó que serán elegidos entre los numerosos minibasurales que se forman en la periferia de la ciudad. “En el sector de Marenghini ya se instaló una cámara que será monitoreada por Servicios Públicos. La idea es limpiar a fondo y evitar que se vuelvan a generar”, sostuvo.

Quaglia vinculó esta decisión con la política de saneamiento ambiental que impulsa el intendente Leonel Chiarella, orientada a erradicar minibasurales y avanzar con el cierre del basural a cielo abierto.

Consultado por la denuncia radicada en Fiscalía, Quaglia explicó: “Creo que quedará en suspenso hasta que el infractor cumpla con todas las tareas comunitarias. Después, el MPA deberá definir si archiva la causa”.

Si bien el caso no encuadra como delito, sí lo hizo como contravención por contaminación ambiental, una figura prevista en el Código de Convivencia que puede implicar multa o incluso arresto. “Es más grave que una simple infracción administrativa y sienta un precedente importante”, aclaró.

El juez reconoció que los minibasurales son un problema recurrente: “A veces se limpian y en 15 o 20 días vuelven a generarse. Muchas veces ni siquiera son vecinos del barrio, sino de otras zonas que van a tirar residuos allí”.

Para enfrentar esta problemática, Quaglia llamó a la colaboración ciudadana: “Cualquier vecino puede enviar fotos o videos a Control Urbano al teléfono 3462-520066, que también funciona como Whatsapp. Esto nos permite sancionar a quienes incumplen y mejorar la convivencia”.

El magistrado valoró la actitud del joven infractor: “Lo importante es que reconoció el error y se ofreció a repararlo con un aporte positivo. Todos podemos equivocarnos, pero lo destacable es rectificarse”.

Y agregó: “Así como quien tala un árbol debe donar y plantar nuevos ejemplares, en este caso se buscó una medida educativa y correctiva. No se trata de un fin recaudatorio, sino de generar conciencia”.

Finalmente, recordó que ya hubo otros casos de vecinos sancionados con multas económicas elevadas, pero que este es el primero en el que se aplica trabajo comunitario como salida reparadora.

El jueves 21 de agosto, personal de la Sección 8 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” de Venado Tuerto intervino en un procedimiento en la zona suburbana de la ciudad, tras denuncias de vecinos por el estado de abandono y maltrato de animales equinos. El operativo fue coordinado con SENASA, la Dirección de Asuntos Rurales del Municipio, la Dirección de Inspección General y el Juzgado de Faltas local.

La denuncia

Las actuaciones se iniciaron luego de reiteradas quejas de vecinos y una denuncia por usurpación en un predio rural. En el lugar, los agentes constataron la presencia de una tropilla compuesta por doce animales: un caballo, tres padrillos, cuatro yeguas, tres potrancas y una mula. Todos presentaban signos visibles de desnutrición y en algunos casos un cuadro sanitario crítico.

Intervención de SENASA y el Municipio

Personal de SENASA realizó el censo, la categorización y la toma de muestras biológicas para determinar el estado sanitario de los animales. La situación llevó a disponer el secuestro preventivo del ganado, aunque por cuestiones sanitarias no pudieron ser trasladados del lugar, siendo dejados bajo custodia judicial.

El juez de Faltas Municipal N.º 2, Dr. Stefano Quaglia, ordenó al responsable del predio que regularice de forma urgente la alimentación y el cuidado de los animales.

El detenido

Maximiliano C., de 32 años, fue imputado por infracción a la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales, y también por usurpación. Fue trasladado a la Comisaría 2.ª de la Unidad Regional VIII, donde se le iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Luego de cumplir con los trámites de rigor, recuperó la libertad, aunque la causa judicial sigue su curso.

Stefano Quaglia, juez de faltas de Venado Tuerto, brindó más detalles sobre la clausura preventiva de un hogar para adultos mayores ubicado en calle Aufranc 134, en el marco de un operativo que reveló serias irregularidades en las condiciones de habitabilidad y el trato a los residentes. La intervención, que forma parte de una serie de controles intensificados a raíz de la ola de frío extremo, desnudó una realidad alarmante sobre el estado de este establecimiento.

Quaglia explicó que los operativos comenzaron hace unas semanas debido a las bajas temperaturas que generaron riesgos adicionales para los adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable. "La inspección en este hogar reveló que el establecimiento estaba en condiciones totalmente inadecuadas para la convivencia de adultos mayores. Sin calefacción, sin un mínimo de higiene y con un desorden generalizado, la situación era absolutamente insostenible", explicó el juez.

Una de las situaciones más graves que se encontró fue la de una mujer residente, de avanzada edad, que fue hallada atada a una cama en una habitación helada. "El caso de esta mujer fue el más preocupante. Estaba en estado de abandono, en una habitación sin calefacción, con cuadros de desnutrición, fiebre y desorientación. Estaba atada a la cama con una cuerda, lo cual nos generó una profunda preocupación", relató Quaglia. El personal del 107 la evaluó inmediatamente y la trasladó al hospital para su atención médica.

Durante la inspección, además de la falta de calefacción y el desorden general, también se descubrió la presencia de un animal dentro del establecimiento, que mostraba signos de enfermedades dérmicas. Este hallazgo, según Quaglia, incrementó las preocupaciones sobre la salud y seguridad de los residentes. "El animal estaba durmiendo sobre la cama de un abuelo", señaló el juez. El animal fue atendido por personal veterinario del Imusca y se le brindó el tratamiento correspondiente.

El hogar había sido habilitado en el pasado, pero según las investigaciones, la persona responsable del lugar, una mujer mayor de 70 años, no pudo sostener las condiciones adecuadas para seguir operando. "La responsable del establecimiento confesó que la situación la superó. Ella misma reconoció que ya no podía hacerse cargo de los residentes, especialmente porque convivía con familiares que tampoco podían ayudarla. La falta de previsión y de recursos fue evidente", explicó Stefano Quaglia.

El juez también destacó que, además de las graves condiciones físicas del hogar, la situación evidenció una profunda desidia y falta de responsabilidad de los titulares del lugar. "A pesar de haber cumplido con los requisitos iniciales para la habilitación, el mantenimiento del establecimiento fue negligente. La normativa vigente exige que los responsables mantengan las condiciones adecuadas, y en este caso claramente no se cumplió", afirmó.

A raíz de estas irregularidades, se dispuso la clausura preventiva del lugar, con un plazo de 48 horas para que se desaloje a los seis residentes, a quienes se les proporcionó una reubicación en otros hogares. "Es fundamental que todos los hogares para adultos mayores mantengan un nivel mínimo de calidad en sus servicios. Este tipo de operativos son esenciales para evitar que situaciones como esta pasen desapercibidas", concluyó Quaglia.

Este caso no fue aislado, ya que el juez también mencionó que en el marco de los operativos se detectaron otros establecimientos con irregularidades similares. "Más de 25 hogares están bajo monitoreo, y en algunos casos se han tomado medidas preventivas o se ha solicitado la intervención de áreas correspondientes para mejorar las condiciones. Lo importante es que este tipo de situaciones se detecten a tiempo y no se repitan", subrayó el funcionario.

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Desde la municipalidad de Venado Tuerto llevaron adelante la clausura de una residencia-pensión ubicada en calle Argonz al 200, en barrio Alejandro Gutiérrez. La decisión se basa fundamentalmente en que no estaba definido claramente el rubro de la actividad comercial, donde convivían personas con discapacidad, adultos mayores e inquilinos tradicionales.

Al mismo tiempo, se registró un exceso en la cantidad de ocupantes del lugar. 

En diálogo con Sur24, el titular del Juzgado de Faltas de Venado Tuerto, Stefano Quaglia, indicó que “se procedió a la clausura de un establecimiento que no lo podemos catalogar como hogar de adultos mayores porque había personas allí residiendo por distintos motivos. Era una especia de alojamiento transitorio, de pensión”.

Entrando en detalles, precisó que “había personas con discapacidad física, gente con problemas mentales, adultos mayores que los han llevado a ese lugar a vivir, y que están medianamente en buenas condiciones, personas de paso alojadas como si fuese una pensión”.

Desde la municipalidad aseguran que en total había 22 personas viviendo en la residencia-pensión de calle Argonz. En tal sentido, a fines de abril le dieron un plazo de tres semanas al propietario para que reubique a sus inquilinos. Posteriormente se procedió a la clausura del inmueble. 

Quaglia destacó que “desde el municipio se hizo el intento para que regularicen la situación y que el lugar quede habilitado, pero había muchos problemas entre terceros. Había muchas denuncias cruzadas entre distintas personas, y era un poco incompatible todo lo que se generaba ahí dentro por el mix de personas que convivían”.

A su vez “había un exceso en el factor ocupacional. No contaba con el espacio adecuado para que las personas tengan calidad de vida y puedan vivir de manera digna. Y la persona que estaba a cargo no bajó la población que tenía el lugar. Producto de toda esta situación, definimos la clausura”, agregó. 

Por último, sostuvo que “en el lugar había adultos mayores, pero (el propietario) no intentó hacer la habilitación bajo ese rubro, sino como una residencia común. Pero por distintas deficiencias procedimos a la clausura, entre ellas, la característica que tenían los baños, los cuales no estaban adaptados para los adultos mayores”, finalizó el jefe del Tribunal de Faltas.

El juez de Faltas de Venado Tuerto, Stefano Quaglia, anunció que este jueves se procedió a la clausura de uno de los siete hogares de convivencia que no cumplen con las normativas vigentes. Esta decisión forma parte de las acciones que viene desarrollando el gobierno de Venado Tuerto junto a la Defensoría General para proteger a los adultos mayores que residen en estos establecimientos. A su vez informó, que en los próximos días podrían darse nuevas medidas de esta magnitud. 

Según detalló Quaglia, esta primera clausura recayó sobre el hogar ubicado en calle Roca al 1200, en Venado Tuerto, el cual venía incumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad e higiene establecidos en la ordenanza municipal 5707. Si bien el cierre provisorio se cumplimentó este jueves, desde hace más de una semana se venía trabajando en la reubicación de los residentes.

"Entendemos la problemática de la falta de geriátricos en la ciudad, pero estos hogares deben garantizar condiciones dignas para los adultos mayores", expresó el juez municipal de Faltas, indicando que el hogar clausurado había recibido advertencias previas y un acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario, pero no cumplió con las adecuaciones solicitadas.

Actualmente, hay 28 hogares de convivencia registrados en la ciudad, de los cuales siete están en una situación similar a la del establecimiento clausurado. "Esperamos no tener que llegar a más clausuras, pero si hay que elegir entre permitir irregularidades o garantizar la dignidad de los adultos mayores, tomaremos las medidas necesarias", afirmó Quaglia.

El hogar clausurado no contaba con habilitación formal y había superado el límite de residentes permitidos en función de su infraestructura. "La capacidad máxima permitida está determinada por el espacio físico disponible. Cuando un hogar aloja a más personas de las que puede atender adecuadamente, se pone en riesgo la calidad de vida de los residentes", explicó el juez.

En este caso, la clausura no se ejecutó de manera inmediata, sino que se notificó con antelación para permitir la reubicación de los residentes. "No podemos simplemente poner una faja de clausura y dejar a los adultos mayores en la vereda. Por eso, diseñamos un protocolo que permite una transición ordenada", agregó.

Los adultos mayores que vivían en este hogar fueron reubicados en otros establecimientos, con sus familias o en casas particulares, con el acompañamiento de asistentes sociales. "La responsable del hogar entendió la situación y colaboró con el proceso de relocalización, lo que facilitó la tarea del equipo interdisciplinario", destacó Stefano Quaglia.

Este procedimiento, según explicó, se diferencia de una clausura comercial tradicional. "En un comercio, se coloca la faja de clausura de inmediato. Aquí, en cambio, se diseñó un protocolo con una semana de anticipación para coordinar la reubicación de los residentes y evitar impactos negativos en su salud y bienestar", subrayó.

Sobre la posibilidad de nuevas clausuras, el juez de Faltas indicó que otros hogares están bajo observación y que se buscará evitar llegar a medidas extremas. "El objetivo es regularizar estos espacios para que cumplan con los requisitos legales y ofrezcan condiciones dignas", sostuvo.

El 27 de marzo se llevará a cabo la audiencia en la que los responsables del hogar clausurado podrán presentar su descargo y evaluar las posibles soluciones para regularizar su situación. "Nuestro objetivo no es cerrar establecimientos, sino que funcionen correctamente y brinden un servicio adecuado a nuestros adultos mayores", concluyó.

Desde el año 2015, Venado Tuerto, implementó una medida trascendental en favor de la salud pública y el bienestar animal: la prohibición total de la pirotecnia. A través de la ordenanza 4652, conocida como Pirotecnia 0, se declaró el territorio libre de estos productos, ya que la normativa prohíbe la tenencia, almacenamiento, distribución, comercialización y uso de fuegos artificiales en todas sus formas. A pesar de los avances, el desafío de erradicar por completo su uso sigue siendo una preocupación en la época de fin de año.

La ordenanza vigente, la 4652, fue sancionada con un objetivo claro: proteger a los animales y a las personas de los efectos nocivos de la pirotecnia. No solo los ruidos estridentes pueden causar pánico en los animales, sino que también pueden generar situaciones de estrés en personas con problemas de salud como la hipertensión o enfermedades cardíacas. De esta manera, el municipio de Venado Tuerto busca fomentar un compromiso social que apunte a respetar la normativa y a cambiar una práctica arraigada en la cultura local.

“En Venado Tuerto, hace mucho tiempo que se acabó la comercialización en los locales del centro, pero todavía persiste la venta clandestina de estos productos, en menor volumen”, explicó Stéfano Quaglia, juez de faltas de la ciudad. Esta transformación, que ha sido un cambio cultural, fue posible gracias a la concientización ciudadana y a la vigilancia del cumplimiento de la ley.

El control de esta normativa recae en la Inspección General de la Municipalidad, que se encarga de verificar tanto la venta como el uso de pirotecnia de manera clandestina. Quaglia indicó que, aunque aún no se han registrado denuncias, el año pasado, ya en esta época, se realizaron secuestros de material pirotécnico e intervenciones en domicilios donde se comercializaba ilegalmente. En este contexto, el rol de la ciudadanía es clave, ya que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas a través de una línea telefónica disponible tanto por WhatsApp como por llamada directa: el 3462-520066.

El juez recordó que, además de la tenencia ilegal, la comercialización de pirotecnia está penada con severas sanciones. Los comercios que sean sorprendidos vendiendo estos productos pueden enfrentar multas de hasta 70.000 pesos y la clausura del local por un período de hasta 60 días. “Tratamos de concientizar, no solo a los vendedores, sino también a los compradores. Sabemos que muchas veces se adquiere pirotecnia por internet y se trae desde otras provincias”, añadió el juez de faltas.

Si bien la ordenanza prohíbe la pirotecnia en general, existe una excepción: los fuegos artificiales lumínicos, aquellos que no generan ruido y cuyo uso está permitido solo con autorización especial para eventos específicos. Sin embargo, las bombas de estruendo, que generan un fuerte impacto sonoro, siguen siendo completamente ilegales y no se toleran en ningún caso. Esta distinción busca equilibrar el derecho al disfrute de quienes organizan grandes celebraciones, pero sin afectar la tranquilidad de la comunidad ni causar daños a los seres vivos.

A medida que se acerca la temporada de fiestas de fin de año, la venta de pirotecnia vuelve a estar en el centro de la discusión. Las autoridades municipales han intensificado las campañas de concientización, recordando a la población que Venado Tuerto es una ciudad libre de pirotecnia y que, por tanto, cualquier uso o comercialización está penado por la ley. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para garantizar el cumplimiento total de la normativa.

La prohibición de la pirotecnia no solo es una medida para proteger a los animales y a las personas, sino también un paso más hacia una ciudad más tranquila, solidaria y respetuosa con su entorno.

Este martes, el gobierno de Venado Tuerto avanzó con la compactación de unos 700 vehículos que estaban en el Corralón Municipal, en su gran habían sido trasladados entre el año 2022 y 2023. En esta oportunidad, fueron 645 motos, 46 autos y 166 caños de escapes que se convirtieron en chatarra para ser vendida; lo recaudado a partir de este procedimiento, tal como establecen las normativas vigentes, se destinará al cuartel de Bomberos Voluntarios.

Pero, ¿cómo se llega a esta instancia de compactación? Según explicó el juez del Tribunal Municipal de Faltas, Stefano Quaglia, hay plazos establecidos por normas nacionales que deben cumplimentarse para poder incluir los vehículos en el Prodeco (Programa de Descontaminación y Compactación), que nace como respuesta a una problemática social y ambiental a partir del secuestro de vehículos que luego no son reclamados por sus propietarios, provocando la acumulación y generación de daños y perjuicios en el medio ambiente. 

“El objetivo es regularizar esa situación, dando de baja a los vehículos en el registro y proceder a la descontaminación, compactación y recuperación de los materiales (hierro, plástico y aluminio) que son clasificados y vendidos”, explicó el funcionario, recordando que todo lo que se recauda va destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios, tal como lo determina la ordenanza local vigente. 

Quaglia remarcó que una de las problemáticas más frecuentes y que impide poder gestionar la devolución de los vehículos secuestrados en operativos de tránsito es la “falta de documentación”. “Desde el Tribunal de Faltas siempre brindamos la posibilidad de resolver los inconvenientes o infracciones que llevaron a que esos vehículos terminen en el Corralón, con facilidades, convenios, descuentos por pago contado y hasta la posibilidad de hacer tareas comunitarias para sustituir el monto de la multa. Sin embargo, muchas veces ocurre que la documentación del vehículo no está en regla, sabiendo que aún la compra-venta de estos bienes, que son registrables, sigue siendo bastante irregular, lo que lleva a que el titular no es el mismo que el propietario”, explicó.

Y añadió: “Desde el Tribunal no podemos restituir una moto o un auto a quien no es el titular registral, es decir los dueños en la documentación”. 

Una vez que se cumplen los seis meses de estadía de un vehículo en el Corralón, sin ser reclamado, ya pasan a disposición del Municipio para poder realizar el procedimiento de compactación. “En nuestro caso, se espera más de ese período, como sucedió en esta oportunidad, donde se desnaturalizaron motos que fueron secuestradas entre 2022 y 2023, es decir más de seis meses”, señaló el juez de Faltas.

En el medio se atraviesan diferentes etapas que comienza con la notificación del infractor, donde la gran mayoría se presenta en el Tribunal, pero por diferentes situaciones, en especial por no contar con la documentación, no gestionan su restitución. “Tenemos casos que regularizan la multa, pero como no tienen los papeles no la pueden sacar del Corralón. Es más, se firma un documento donde acepta dejarla en depósito, sabiendo que no va a poder reunir los documentos necesarios para retirarla”, detalló. 

Pasados los seis meses, se inicia un proceso donde se van separando en el mismo Corralón, hasta el momento de hacer la compactación. Mientras tanto, también se publican edictos para poner en conocimiento a la sociedad de este procedimiento; lo mismo que en la página del gobierno municipal se comparten todos los vehículos a compactar con las fechas de ingreso.

“A nadie le resulta grato tener que destruir la propiedad de este modo, más aún con vehículos que están en buenas condiciones. Es una lástima tener que disponer eso, pero tampoco podemos acumular indiscriminadamente estos rodados, con el costo que le implica al Estado municipal, ya sea el mantenimiento del Corralón, personal, el perímetro en condiciones, cámaras y demás. Estas cuestiones ya están establecidas en los costos de las multas, tanto el acarreo como la estadía”, puntualizó. 

Estos 700 vehículos compactados representan un 40 por ciento aproximadamente de los vehículos que se encuentran en el Corralón Municipal, que tiene una capacidad para unas 2000 unidades.  

“Se compactaron vehículos que ingresaron hasta noviembre de 2023. Ya hay otros, que fueron secuestrados en diciembre de ese año y los primeros meses del 2024, es decir que pasaron los seis meses. De todos modos, estamos previendo un nuevo procedimiento para el primer semestre del año próximo, ya que necesitamos una dinámica de movimiento para evitar que el Corralón colapse”, sentenció.   

“Esperemos que la gente haga los trámites correspondientes para poder retirar sus vehículos. El Tribunal, Sarmiento 479, tenemos una atención al público de lunes a viernes de 7.15 a 12.30, para que los vecinos se acerquen a preguntar y recibir el asesoramiento necesario para evitar esta situación”, concluyó. 

Por orden del Tribunal Municipal de Faltas, la Secretaría de Control y Convivencia Urbana procedió, en poco más de 24 horas, a la clausura de dos comercios dedicados a la venta de alimentos: un supermercado de origen chino, ubicado en Belgrano al 2000, y una distribuidora, situada en Colón al 400. Como resultado de estos operativos, se incautaron grandes cantidades de productos vencidos y con fechas de caducidad adulteradas, además de detectarse diferentes irregularidades.

Ahora, las causas continuarán su trámite en el Tribunal de Faltas, que luego será el encargado de establecer las sanciones que le corresponden a cada uno, que serán acordes a lo detectado que está detallado en cada actuación de los inspectores municipales. 

En este marco, el juez de Faltas, Stéfano Quaglia explicó que Venado Tuerto tienen vigente la ordenanza 5574 del 2022, que establece el código de seguridad agroalimentaria, regulando en su articulado el funcionamiento de los comercios que se dedican a la venta de alimentos. “Allí se determinan aspectos a las condiciones que deben cumplir estos establecimientos y los productos alimenticios. A su vez, se determinan las sanciones para quienes las incumplen”, señaló. 

Haciendo uso de las facultades que aporta esta normativa, se procedió a la clausura preventiva de ambos locales hasta que se regulen todas las faltas y se decomisen todos los productos que no están aptos para su consumo. Como siguiente paso, se pautará una audiencia, para que los propietarios puedan ejercer su derecho de defensa y descargo. 

Una vez que la Dirección de Salud Alimentaria informe que estos comercios “no cuentan con productos o situaciones que puedan generar un riesgo o peligro para la población, y tras cumplimentar con las infracciones correspondientes, podrán volver a abrir sus puertas”, enfatizó el juez municipal.  

Según precisó Quaglia, en el comercio de calle Colón, “los inspectores detectaron alimentos vencidos, presencia de plagas, falta de higiene, limpieza y orden. Si bien se trata de un mayorista que estaba habilitado para funcionar, las condiciones no eran las adecuadas para hacerlo, más allá que en su momento cumplimentó con todo lo necesario”. 

En cuanto al supermercado de calle Belgrano, que no contaba con el proceso de habilitación terminado, se constató la presencia de alimentos vencidos y otros afectados por cortes de la cadena de frío. 

Cabe señalar que todos estos alimentos fueron destruidos y desnaturalizados, para evitar su consumo. A su vez, en caso de confirmarse la presencia de fechas de vencimiento borradas o adulteradas, se dará intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para encabezar la investigación correspondiente, ya que se estaría frente a un delito penal.  

Por otro lado, y en cuanto a las sanciones, el titular del Tribunal Municipal de Faltas, detalló: “Las irregularidades detectadas tienen una penalidad que van de las mil a las diez mil UTN (Unidad Tributaria Municipal), que actualmente tiene un valor de 172 pesos, es decir que pueden variar entre los 1.720 y 1.720.000 pesos. También se pueden aplicar normativas provinciales y nacionales, que establecen multas más elevadas de acuerdo a cada caso”. Y añadió: “Las multas están directamente relacionadas al volumen o cantidad de alimentos que se decomisaron y al análisis de la situación, porque podemos estar frente a una sumatoria de faltas o de incumplimientos de artículos de las normas”. 

Por último, precisó que el comercio de calle Colón no contaba con sanciones anteriores, mientras que el supermercado de calle Belgrano, ya cuenta con clausuras previas, incluso es el mismo propietario de otro establecimiento, en calle Valdez, que también fue sancionado. 

El juez del Tribunal de Faltas, Stefano Quaglia, brindó detalles de la intervención municipal tras el trágico accidente que derivó en la muerte de Kiara, la niña de 7 años que cayó de un toro mecánico en el salón de eventos ubicado en calle Moreno al 1100 en la ciudad de Venado Tuerto. 

En este marco, el funcionario explicó que, una vez conocido el hecho, desde el tribunal se pusieron a total disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del fiscal en turno Damián Casullo, quien solicitó la clausura preventiva del establecimiento, que se efectuó en horas de la tarde del mismo domingo.    

“Nos plegamos al pedido del fiscal que solicitó esta clausura hasta que se pueda determinar cómo fue la mecánica del hecho y poder determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte del propietario o de la persona que estaba manejando la máquina. Se trata de una medida administrativa preventiva de un local que contaba con habilitación municipal vigente desde el año 2022 hasta octubre del 2024”, explicó.

Asimismo, precisó que “hasta que no se esclarezcan los hechos o que la Fiscalía entienda que no hay riesgos de entorpecimiento de la investigación, el local no podrá funcionar, quedando todas las actividades suspendidas”. 

Quaglia también aclaró que, si bien el local estaba habilitado para funcionar como salón de eventos, tener esa autorización no implica dejar de cumplir con todos los requerimientos, pensando principalmente en la seguridad e higiene de quienes asisten. “Al momento de habilitar un local se exigen ciertas medidas de seguridad, que con el correr del tiempo se pueden ir modificando, habiendo situaciones irregulares posteriores, las cuales, de ser constatadas, se pueden determinar sanciones desde el Tribunal de Faltas municipal”, precisó.

Seguidamente detalló que una habilitación comercial puede obtenerse por un plazo de hasta cuatro años. “En el medio, sabemos que hay cuestiones de seguridad que tienen tiempos más acotados, como por ejemplo un matafuego que debe recargarse una vez al año. Tener esto en regla es responsabilidad exclusiva de los propietarios o titulares. Lo mismo el mantenimiento de los equipos”, enfatizó.

El juez de Faltas aseguró además que, previo a la reapertura del local, en caso de que la Fiscalía plantee la necesidad de revisar algunos aspectos puntuales de la seguridad del establecimiento se hará a través del área correspondiente. 

“No hay una ordenanza que regule el funcionamiento de los peloteros, ni en Venado ni en prácticamente ninguna ciudad, por ello estaba habilitado como salón de eventos”, afirmó el funcionario, agregando que tampoco está normado el uso de cierto equipamiento que tiene un riesgo, como puede ser un toro mecánico.

“Imagino que, luego de lo sucedido, el funcionamiento de estos locales será un tema que despertará el interés del Concejo Deliberante, quienes serán los encargados de evaluar si es necesario diseñar una norma específica. De todos modos, hay cuestiones de mantenimiento y seguridad que sí están reglamentados y que deben cumplimentarse”, sentenció.

Distintos vecinos desde hace años vienen radicando denuncias en el Tribunal de Faltas venadense por la acumulación de roedores, alacranes y arañas que genera un local dedicado a la venta de leña que está ubicado por calle Lisandro de la Torre a metros de Iturraspe.

El último miércoles por la mañana “el titular de ese lugar tenía una audiencia, pero no asistió. Con lo cual el proceso va a continuar y se va a ir agravando si sigue en esa postura de no resolución de lo que se está pidiendo desde la municipalidad. Y se ordenará, eventualmente, el retiro compulsivo de todo el material que tiene acumulado y la limpieza del lugar”, aseguró el titular del Tribal de Faltas de Venado Tuerto, Stefano Quaglia.

Primeramente “vamos a agotar todas las instancias legales para tratar que de buena fe el vecino responda a los reclamos y regularice su situación. Hace falta una regularización del rubro, ya que no tiene habilitación municipal. La acumulación de leña no solo desemboca en la presencia de roedores, sino también en las plagas que vienen con la leña, como arañas”, agregó el funcionario. 

Las quejas y denuncias fueron realizadas por familias radicadas en la manzana comprendida por las calles Lisandro de la Torre, Iturraspe, Dorrego y Pellegrini.

“Nosotros tratamos de que esta persona encuadre su situación y que realice una actividad acorde al lugar, porque es una zona prácticamente céntrica y no puede desarrollar la actividad como lo está haciendo actualmente. Son exigencias de las áreas de control y de industria y comercio. Pero queremos llevarle tranquilidad a los vecinos de que estamos tomando todas las medidas correspondientes y agotando todas las instancias legales”, finalizó Stefano Quaglia.

En la mañana del martes personal del Tribunal de Faltas de Venado Tuerto procedió a la clausura preventiva de un local comercial ubicado en calle Pellegrini al 500 (entre Saavedra y Castelli) por no contar con habilitación municipal y por una serie de irregularidades, como la ocupación de la vereda con plantas, macetas y objetos varios, además de no encontrarse en condiciones higiénico sanitarias para comercializar alimentos. 

En contacto con Sur24, el titular del Tribunal de Falta, Stéfano Quaglia, informó que “había muchas denuncias de vecinos, por la falta de orden y limpieza del comercio y de la vereda”. 

Al mismo tiempo, “se realizó el retiro de múltiples residuos de todo tipo. Si bien se trataba de un local comercial que se encontraría destinado a la comercialización de sustancias alimenticias, no se encontraron alimentos, pero el lugar estaba abarrotado con elementos de todo tipo que no guardan relación con la actividad: cajas de cartón recicladas, botellas de vidrio vacías de todo tipo, electrodomésticos rotos, juguetes rotos, valijas llenas de objetos muy deteriorados”, enumeró el funcionario.

Para dimensionar la cantidad de cosas acumuladas “basta decir que solo se podía entrar de a una persona al local por el gran volumen de objetos no relacionados con la actividad allí depositados”, destacó Quaglia.

El operativo se llevó adelante con personal de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y el Juez de Faltas Municipal. Además, hubo respaldo de las fuerzas de seguridad, pero no fue necesaria su intervención, ya que el procedimiento se realizó sin inconvenientes, prestando la propietaria del establecimiento su entera disposición.

El Gobierno de Venado Tuerto, a través de las direcciones de Seguridad Alimentaria y Recursos Humanos, está brindando una capacitación de Formación de Auditores de Establecimientos Elaboradores de Alimentos, destinado a personal municipal.

El curso comenzó este martes y tendrá continuidad el 10 y el 17 de noviembre, de 8 a 10.30, en la Sala Antonio Garnier del Palacio Municipal. La capacitación está a cargo de la médica veterinaria Laura Medici y el ingeniero agrónomo Claudio Acosta.

“De esta capacitación están participando todos los inspectores del área de Seguridad Alimentaria. En la primera charla que se desarrolló este martes, se vio todo lo relacionado con la parte de las auditorías que son llevadas adelante en los establecimientos de sustancias alimenticias”, explicó el director de Seguridad Alimentaria, Stéfano Quaglia.

El funcionario amplió que en las charlas se apuntó “a las condiciones edilicias, forma de realizar las auditorías y los cinco pasos del proceso, cuáles son los formularios a utilizar, y la normativa vigente y aplicable”.

El director de Seguridad Alimentaria, Stéfano Quaglia, encabezó un operativo de control de transportes de sustancias alimenticias sobre ruta nacional 33, en cercanías del ex peaje, en conjunto con las fuerzas de seguridad con competencia en la arteria y con apoyo de otras áreas municipales como la Dirección de Tránsito.

Al igual que el procedimiento llevado a cabo días pasados sobre ruta 8 y el acceso a San Eduardo, se verificaron las condiciones sanitarias de ingreso y egreso de los alimentos transportados en cada unidad y la documentación reglamentaria de vehículo y chofer, sin detectarse infracciones graves.  

“El trabajo conjunto es fructífero y no es el primer operativo que hacemos, ya que antes lo habíamos hecho en otro de los accesos a la ciudad. Es un procedimiento en principio de carácter preventivo e informativo, porque hay transportes que desconocen la existencia de la Cabina Sanitaria, considerando además que en noviembre pasado nos mudamos a Hipólito Yrigoyen y ruta 8; por eso pensamos que la información y el control deben ser constantes”, afirmó Quaglia.  

El funcionario destacó la “predisposición” de los transportistas respecto a los controles y confió que “la idea es sostenerlos en el tiempo porque hace al rol de contralor del Estado” en cuanto a la trazabilidad de los alimentos que se consumen. 

“Trabajamos en coordinación con las fuerzas de seguridad y cada uno se enfoca en su competencia. Si detectamos una irregularidad, se evalúa y puede ocurrir de dejarlos continuar con una notificación o apercibimiento; si la irregularidad es grave, estamos ante otra situación. En este operativo no hallamos mayores irregularidades y esto nos da tranquilidad, tanto para el consumidor de nuestra ciudad como para los transportistas, que están atentos a los requerimientos”, dijo Quaglia. 

Si bien las vísperas de feriados largos suelen ser de especial atención, por el tránsito fluido, también los son los jueves y viernes, días de mayor circulación de sustancias alimenticias a juzgar por los números que maneja Seguridad Alimentaria.  

“Estos datos que compilamos nos permiten ir contando con mayor y mejor información y trabajar desde de manera focalizada en los problemas más críticos”, acotó Quaglia. 

Según lo informado por el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, el pasado martes recibieron la visita de director de Seguridad Alimentaria local, Stefano Quaglia y del concejal Leonardo Calaianov quienes fueron recibidos por Ruth Sager, Silvia Villarroya, miembros de la Comisión Directiva del Cceivt y Celeste Herrera por Cámara de Jóvenes.

En la oportunidad, manifiestan que “se presentaron las modificaciones que se realizaron a la ordenanza de Agroalimentos”.

Y según lo explicado por Quaglia “la misma le da un marco que ordena su trabajo y facilita el control, además se pretende reglamentar con un decreto municipal, donde completa lo que ya está en la nueva ordenanza”.

“Se enfatizó que la dirección de Seguridad Alimentaria sufrió muchos cambios, que significaron más controles de comercios y sus mercaderías y de a poco en el 2020 se trabajó en la educación y concientización de los Comercios del rubro alimenticio”, remarcan desde el Centro Comercial.

En 2021, en tanto “se puso eje en el trabajo con emprendedores y capacitaciones para lograr idoneidad para ejercer las buenas prácticas, la importancia de contar con el Carnet de Manipulador y las gestiones para habilitar el comercio”.

Laboratorio de análisis de alimentos

Asimismo expresan que fueron informados que “se está armando un equipo de gente que responde al área de Bromatología con formación específica en Alimentos y se está avanzando en la idea de lograr que Venado Tuerto tenga un laboratorio de análisis de alimentos que recepcione productos alimenticios y alimentos”.

“También se habló –agregan- de la coordinación con los puntos donde se sitúa la cabina sanitaria (Laboratorio) y se va a llamar a concurso de laboratorios locales para ofrecer servicio de análisis o un grupo de laboratorios poder realizar una parte cada uno”.

Tasas y bonificaciones

Con respecto a las tasas, “la idea principal no es sobrecargar al contribuyente, por eso se pensó en algo muy accesible que se va a comenzar a pagar recién en 2023, también habrá bonificaciones, premios a los comercios que cumplen con la ordenanza y decreto, entre otros. Por último, manifestaron que van a comenzar a implementar campañas de difusión donde apuntan a concientizar y educar tanto al consumidor como al comerciante”.

Y en este punto, desde la institución “ofrecimos colaboración con la difusión de campañas vinculadas al tema”, comunican.

“Se puso de manifiesto durante toda la reunión la importancia de la salud del consumidor y también la fuerza que puede ejercer el comerciante como parte de la cadena agroalimentaria para hacer más eficiente el trabajo y más responsable la población y su comercio.

Se comentó también los temas que se acordaron con la Cámara de Alimentos Región Venado Tuerto (CARVT) en una reunión previa que interesa a los industriales y productores de alimentos; se aclara que los fabricantes que ya tienen RNE no tendrán ninguna carga impositiva adicional porque ya abonan la correspondiente tasa”, detallan.

Por último: “Esta ordenanza tiene en cuenta que las exigencias para que los productores locales logren las habilitaciones municipales sean exactamente las mismas que las que exige el Código Alimentario Argentino. Todos los productos que estén habilitados por la nueva ordenanza local, deben tener una etiqueta que indique que es un producto que solo se comercialice en Venado Tuerto”.

El Gobierno de Venado Tuerto a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria realizó en la fecha un operativo en ruta 8 y acceso a San Eduardo para controlar a los transportes de sustancias alimenticias que ingresan a la ciudad o que transitan por la arteria nacional, verificando en cada unidad la existencia de documentación en regla y las condiciones higiénico- sanitarias.

El procedimiento fue supervisado por el director del área, Stéfano Quaglia, en respuesta a una iniciativa conjunta de Seguridad Alimentaria municipal junto a la Dirección de Tránsito y Gendarmería Nacional, y se desarrolló en el horario de 9 a 12; poniendo el foco en aquellos vehículos que circulaban en el sentido Buenos Aires- Córdoba.

“En total controlamos cerca de 20 camiones e hicimos notificaciones verbales y escritas, por falta de requisitos menores. También detectamos nuevos conductores que desconocían la existencia de la Cabina Sanitaria de ruta 8 e Hipólito Yrigoyen, a los cuales pusimos al tanto que deben hacer allí los controles sanitarios. Fue un operativo muy positivo y que no arrojó irregularidades significativas”, reseñó Quaglia.

Cabe agregar que en estos controles se solicita documentación relacionada con el rodado y con la carga alimenticia que se transporta, que debe contar con una guía, remito, facturación y referencias de origen y trazabilidad, cotejados desde ya conforme la carga.