En el marco del 11° Congreso Ganadero organizado por la Sociedad Rural de Rosario, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, expresó con claridad y firmeza la posición de la entidad respecto a varios temas clave para el sector agropecuario.

"Respecto a la identificación individual electrónica obligatoria, CRA se ha expresado en forma contundente por el mandato de todas nuestras confederaciones. No nos negamos a la identificación individual electrónica, pero no tenemos ninguna duda que debe ser voluntaria. No podemos obligar al pequeño productor o a aquel productor que no le interese exportar, obligarlo a la identificación, sumando un costo innecesario. No hay argumento a nuestro entender que justifique la obligatoriedad", sostuvo.

Otro tema de actualidad mencionado por el dirigente de la Mesa de Enlace fue la vacunación contra la fiebre aftosa. "En este punto, desde CRA, sostenemos que todo cambio o modificación debe tener un aval técnico serio y riguroso. Hoy por hoy, para nuestra entidad es impensable dejar de vacunar. Cumplen una función muy importante las fundaciones, un sistema virtuoso y exitoso que logró combatir la fiebre aftosa. Pensar en desactivar este trabajo en conjunto del sector público y privado es volver al pasado y poner en riesgo la sanidad de nuestros rodeos".

Castagnani también destacó los logros alcanzados gracias al sistema de vacunación: "Gracias a este sistema, que sin ninguna duda se puede perfeccionar, hemos ganado muchos mercados ofreciendo la mejor carne del mundo".

El presidente de CRA también resaltó la necesidad de "lograr créditos blandos, a largo plazo y accesibles". "Sabemos que la actividad ganadera necesita un tiempo prudencial no menos de tres años", subrayó, haciendo hincapié en la importancia de condiciones financieras que se adapten a los ciclos productivos del sector.

El dirigente abordó el tema del medio ambiente, defendiendo la sostenibilidad de la ganadería argentina: "Debemos fortalecer y defender el tema del medio ambiente. Somos víctimas de campañas de entidades fundamentalistas que nos hablan de la emisión de carbono de nuestra ganadería. Cuando se realiza el balance de lo emitido y lo que se capta, el balance ganadero es positivo".

La Sociedad Rural de Rosario y la Asociación de Acopiadores de Rosario denunciaron ante el Poder Legislativo santafesino (en ambas Cámaras) y ante el Ministerio de la Producción, "un enriquecimiento de exportadores de granos en detrimento de los productores" a raíz de la existencia de distintas cotizaciones para el dólar, por lo que también solicitaron la unificación del tipo de cambio.

En un comunicado conjunto, ambas entidades explicaron que quienes hicieron contratos de ventas de granos "forward" (para entregas posición noviembre en adelante) están siendo perjudicados por los compradores. "Liquidan divisas en el marco del Programa de Incremento Exportador a un precio mix dólar MULC y dólar financiero, mientras que pagan sus compras al valor del dólar divisa del BNA, por así haberse pactado antes de que viera luz el Programa de Incremento Exportador", plantearon.

Sostienen, además, que el cambio de reglas de juego produjo un beneficio al sector exportador que no es trasladado a los productores en los precios, por lo que solicitaron a las autoridades santafesinas que gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación de este procedimiento, "de modo tal de obligar a trasladar el precio efectivo de las divisas liquidadas".

La Rural rosarina, en particular, remarcó la importancia de la producción agropecuaria como pilar fundamental de la cadena de valor, que además es el "verdadero destinatario de los beneficios de las políticas oficiales".

Además, reclaman por el perjuicio sufrido, tanto en el pasado cercano como en la actualidad, a la vez que también advierte con preocupación que, de mantenerse el programa antes citado y de no mediar reglamentación en el sentido solicitado, se afectarán las operaciones forward de maíz y soja del ciclo agrícola 2023/2024, una "herramienta muy importante para un sector que aporta las divisas tan necesarias para la reactivación de nuestra economía".

Por lo tanto, ruralistas y corredores, coinciden en solicitar la unificación del tipo de cambio en lugar de "estas distorsiones que perjudican gravemente al productor y propician la no venta de contratos forward; en momentos que por las duras tormentas se podrían acelerar las ventas de granos guardados, además generando movimiento económico y divisas tan necesarias para la región y el país".

La Sociedad Rural de Rosario pidió públicamente que se alivie a los establecimientos lecheros de la excesiva presión fiscal, ante la "muy grave" situación que pesa sobre la actividad.

En un comunicado, enumeraron los impuestos que ahogan a los productores y afirmaron que los establecimientos que trabajan "a reglamento fiscal y sanitario" (léase: 100% en blanco) "están técnicamente en quiebra". Y que quien no lo esté, "es porque trabaja en circuitos de evasión a los que lleva el irracional sistema actual".

Bajo este argumento, los ruralistas rosarinos plantearon soluciones de fondo en lugar de "la entrega de subsidios, compensaciones y otras mentiras publicitarias" que resultan inútiles. "Es urgente eliminar toda presión fiscal o impositiva que impida que la actividad lechera deje de ser rentable y desaparezca".

El comunicado

Aunque parezca una contradicción absurda, para nuestra sociedad. No lo es para la realidad económica imperante.

Sin leche es inconcebible la nutrición de nuestra sociedad que encuentra en sus derivados, una elevada fuente proteínica de origen animal. Sobre todo, en estos momentos en que las carnes suelen estar ausentes de la ingesta diaria de millones de argentinos, por el costo casi inaccesible de ella, para las grandes mayorías.

Todos sabemos que el petróleo es la fuente de energía imperante y que resulta imprescindible para la actividad económica, la logística del país depende de ella, y no resulta cancelable para mantener a la economía en pie.

Lo que reclamamos al gobierno, es el compromiso por revertir el trato absolutamente discriminatorio y asimétrico sobre la producción agropecuaria. Con relación a la producción petrolera, no tiene parangones en ningún país del mundo sobre todo si comparamos Argentina con EE.UU., que, como nosotros, produce leche y petróleo.

La producción lechera -el tambo- es la actividad productiva, símbolo de agregado de valor en origen, que además promueve el poblamiento del campo evitando el éxodo rural, que solo llena de indigentes a las urbes y permite que la tierra urbana se vuelva cada vez más cara y escasa.

Producto de la irracional política de lechería estamos extinguiendo a los pocos tambos medianos que van quedando, fuentes de trabajo familiar clásica. Porque los tambos chicos son un recuerdo del pasado.

Nuestros productores lecheros se ven afectados no solo por una sequía histórica, sino por la irracional política tributaria que grava al capital productivo (de manera destructiva, cobra por el valor de cada vaca, cobra por el valor del suelo) y no a la ganancia obtenido por él. Grava a los insumos sanitarios (uso cotidiano y dolarizado), cobra impuestos a los alimentos del ganado lechero, grava con IVA e ingresos brutos, a la leche producida. Y si existiera una mínima ganancia también es gravada. Como si todo esto fuera poco, a los lácteos se los grava con retenciones, nombre con que se identifica a los derechos de exportación.

Todos los tambos del país que trabajan a reglamento fiscal y sanitario, dentro del orden legal imperante están técnicamente en quiebra, con rentabilidad negativa. Todo otro productor lechero, que no tenga esta situación es porque trabaja en circuitos de evasión a los que lleva el irracional sistema actual, para tratar de sobrevivir. Por eso debemos defender a los tamberos en contra de un sistema que los extingue, llevando a concentrar y monopolizar la actividad.

La situación sobre la actividad lechera es muy grave y no admite espera en su solución de fondo. La entrega de subsidios, compensaciones y otras mentiras publicitarias, para soliviar el mal, son inútiles. Es urgente eliminar toda presión fiscal o impositiva que impida que la actividad lechera deje de ser rentable y desaparezca.

Bajo el título "Saqueo programado", la entidad expone cómo las medidas gubernamentales han llevado a un declive alarmante en la producción agropecuaria y amenazan el futuro del campo argentino.

El documento sostiene que, desde hace más de dos décadas, los productores agropecuarios han sido víctimas de un saqueo irracional impulsado por los derechos de exportación, conocidos como retenciones. "En un acto que desafía los principios fundamentales del sistema republicano y la Constitución Nacional, los agricultores y ganaderos se ven obligados a hacerse cargo de obligaciones fiscales ajenas a su actividad principal, como la exportación", indica, en referencia al pago de los derechos de exportación, que las cerealeras trasladan al precio de compra de la materia prima. "Estas medidas, impuestas de manera arbitraria, han conducido a la imposición de precios de venta injustos, violando derechos básicos como el de propiedad y la no confiscatoriedad".

La Sociedad Rural de Rosario hace hincapié en cómo estas intervenciones desmedidas han llevado a una transferencia masiva de recursos, superando los 180.000 millones de dólares, mientras los productores luchan por mantenerse a flote ante una carga impositiva que excede los límites razonables. "Esta situación ha resultado en la desaparición de miles de productores pequeños y medianos, la degradación del equipamiento agrícola y las instalaciones rurales, y un empobrecimiento del suelo que alcanza dimensiones alarmantes", diagnostica la institución.

En este contexto, la entidad resalta que el pasivo contingente generado por la falta de reposición de nutrientes en el suelo representa otro aspecto grave de este saqueo programado. Se estima que la reposición de nutrientes requeriría una inversión cercana a los 60.000 millones de dólares, lo que agrava aún más la magnitud del daño causado por las retenciones.

La situación se ha agravado aún más debido a una devastadora sequía que ha golpeado al sector agropecuario. La falta de créditos y promesas incumplidas han dejado a los productores en una situación de endeudamiento insostenible.

En este escenario, además, el gobierno nacional ha lanzado la controvertida medida del "dólar maíz" con la promesa de un mejor precio para el maíz. Sin embargo, los funcionarios han vuelto a intervenir en el mercado, afectando gravemente a los productores. La resolución 1631/2023, que permite la exportación de maíz con la condición de adelantar las retenciones, compromete la cosecha del próximo año y favorece a los exportadores a expensas de los agricultores.

La Sociedad Rural de Rosario denuncia esta maniobra como un nuevo negocio entre el gobierno y el sector exportador, mientras los productores se ven nuevamente saqueados. La manipulación de los mercados agropecuarios se presenta como un saqueo programado, en el que los agricultores y ganaderos son las principales víctimas.

Finalmente, la rural rosarina alerta sobre la grave situación que enfrenta el sector agropecuario debido a las intervenciones gubernamentales y las retenciones. "Los efectos negativos de estas medidas han llevado al deterioro de la producción, la desaparición de productores y un empobrecimiento del suelo que amenaza la sostenibilidad futura del sector", advierte. Por ello consideraron "imperativo que se tomen medidas para garantizar un entorno favorable para la producción agropecuaria y se respeten los principios fundamentales que sustentan el sistema republicano y la Constitución Nacional".

La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, aseguró que la implementación del “dólar agro”, medida lanzada por el Ministerio de Economía de la Nación y que entró en vigencia a partir de este lunes, “no traerá ningún beneficio” a los productores porque “no hay producción”, haciendo referencia a los efectos que ha provocado la extrema sequía que afectó al país y puntualmente a la provincia de Santa Fe.

Cabe recordar que, con el objetivo de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumente su nivel de reservas, se puso en marcha una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), disponiéndose esta vez un tipo de cambio de $300 por dólar para el complejo sojero hasta el 31 de mayo y para las economías regionales hasta el 31 de agosto próximo.

La cañaseña María Soledad Aramendi es la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario.

“Estas medidas son parches que se intentan poner, cuando en realidad lo que necesitamos son políticas estructurales que no tengan como único objetivo que la Nación pueda hacer caja y beneficiar a los exportadores”, comentó la dirigente rural oriunda de la ciudad de Villa Cañás, añadiendo que la mayoría de los productores tuvieron “muy malas cosechas” y por ende “no hay producción”.

“El único que puede tener stock es el exportador, pero no los productores. En general ya no hay tenencia de cereal. Por eso decimos que este es un vínculo del gobierno nacional con los exportadores y no con los productores”, continuó.

Asimismo, destacó: “El 70 por ciento de los campos de Argentina están arrendados y estamos viendo que, frente a esta situación productiva crítica, se incrementan las deudas y se hace cada vez más complicado cumplir con los pagos”.

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A modo de ejemplo y para poder graficar los efectos que ha tenido la sequía extrema en el campo, Aramendi contó que “hace unos días, justo antes del feriado, en el puerto de Rosario hubo un ingreso de 1.200 camiones, cuando el mismo día pero del año pasado hubo 5.100. Con este dato podemos ver como ha sido la cosecha y la merma que está produciendo”, exclamó.

“Santa Fe está afectada en un 80 %, en toda su extensión, y en el país está en el orden del 50 %. Sin duda somos la provincia más perjudicada con esta realidad y, por el momento, no tenemos medidas paliativas para afrontar este momento de crisis. Sí se ha declarado a nivel nacional la Emergencia Agropecuaria y ahora necesitamos que la Provincia decrete el ‘desastre agropecuario’ para que modifiquen los vencimientos de los compromisos con Afip y así tratar de acomodar la cadena de pagos”, enfatizó.

Para la dirigente, “no tenemos medidas reales que beneficien al sector, que está necesitando soluciones en tiempo y forma para poder cumplir con los pagos y saldar todas las deudas”.

También solicitó que el BCRP retome los créditos a tasas subsidiadas para tener un acompañamiento real en este período y no afectar la continuidad del trabajo productivo.

El 80 por ciento de los campos de Santa Fe se vieron afectados por la sequía.

La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario puntualizó que la solución para el sector y el país vendrá de la mano de medidas económicas estructurales. “Una de las grandes pérdidas es por el tipo de cambio, no sólo para nuestro rubro, sino para muchos otros que hoy están trabajando a pérdida. Lo que necesitamos es que se unifique el tipo de cambio, pero no vemos voluntad política para eso, lo mismo que sucede con la quita de las retenciones”, sentenció.

En una gacetilla dada conocer este martes 2 de enero, la Sociedad Rural de la ciudad de Rosario remarcó los condicionantes para la producción que impone el clima. “Ha comenzado el año y se mantiene la sequía en los campos, con el paso de los días solo vemos que los cultivos de verano de la región núcleo se van deteriorando cada vez más. Los pastos no crecen y las lagunas se mantienen secas. Los pronósticos meteorológicos nos confirman que las lluvias serán menores a las habituales durante el primer trimestre y que finalmente la Niña se va a ir retirando a partir de marzo. Por lo pronto, al fracaso de la cosecha fina, le sumamos esta mala perspectiva productiva de la cosecha gruesa y en ganadería una alarmante baja de productividad”.

Por otro lado, remarcaron que esta última entra en crisis por falta de alimento que genera bajo índice de preñez, por menos terneros destetados y disminución de cabezas. “Además de la manipulación de precios (planchados en los últimos ocho meses) que ocasiona una falta de previsibilidad en una actividad a largo plazo cuyas pérdidas llevan a una real descapitalización y del sector que se derrama en la sociedad en su conjunto”, criticaron.

En este sentido, opinaron que en países vecinos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile existe una relación de confianza recíproca entre el sector privado productor con los respectivos gobiernos, producto de políticas coherentes, sustentables y de largo plazo. Cabe destacar, que muchas tecnologías propias fueron tomadas por los países vecinos con mucho éxito, siendo éstas la base de su perfil exportador y desarrollo.

“Como productores y haciendo uso del sentido común, exigimos políticas de Estado agropecuarias predecibles y desarrollo de infraestructura (en un país de grandes extensiones y con capital de agua dulce) para así aprovechar a pleno los recursos naturales que existen, junto a la tecnología altamente desarrollada, se genere mayor y mejor producción, promoviendo y alentando el valor agregado en origen. Esto podría generar más trabajo y arraigo, logrando un círculo virtuoso de la economía”.

Según los ruralistas, los mecanismos económicos como el cepo cambiario, las retenciones, los dólar -soja I y II-, la creación de los poco transparentes fideicomisos, el cierre de exportaciones, la manipulación de los mercados, “no han hecho otra cosa que crear incertidumbre al productor a la hora de la toma de decisiones y han roto la confianza y previsibilidad de los acuerdos de Argentina con el mundo”.

La extrema situación actual del sector agropecuario, economías regionales y el país en su conjunto, “nos avergüenza como ciudadanos”. Y expresaron que “estamos en el 2023 en un país rico en recursos naturales, donde de una vez por todas con madurez y consensos tenemos que hacer los cambios necesarios y determinar políticas de estado productivas a corto, mediano y largo plazo y así salir adelante”.

Ante semejante adversidad, solicitaron que el gobierno “baje los impuestos, unifique el tipo de cambio, elimine las retenciones y libere los mercados, para poder hacer frente a esta durísima realidad. Devuelvan la extrema confiscación fiscal de nuestros recursos que hoy requerimos para enfrentar la crítica realidad de un año perdido”.