La jueza de instrucción en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano, sobreseyó a Fabián Gianola en la causa en la que estaba acusado de abuso sexual contra la actriz Fernanda Silvia Meneses.

La decisión se tomó a pesar de que la fiscal Mariela Labozetta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) había solicitado el procesamiento del actor por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa el 28 de febrero pasado.

Pidieron la detención de Fabian Gianola por sospecha de posible fuga

En su fallo, la jueza señaló que el actor fue investigado por cuatro hechos ocurridos durante situaciones laborales en los años 2011, 2016 y 2017. Si bien el acusado se negó a declarar en indagatoria, presentó una declaración digital en la que rechazó las acusaciones en su contra.

La jueza declaró en el fallo que “los elementos que conforman la plataforma fáctica” no eran suficientes para probar las acusaciones y que no había pruebas concluyentes en las pericias.

Además, manifestó que las personas mencionadas por la actriz para respaldar su versión la contradecían. A pesar de este sobreseimiento, Gianola sigue siendo investigado por otros tres abusos denunciados por la locutora Marcela Viviana Aguirre.

Juliano Salierno El Litoral La jueza en lo penal de Santa Fe, Rosana Carrara, deberá resolver si sobresee en forma definitiva a los senadores justicialistas, Joaquín Gramajo (departamento 9 de Julio) y Rubén Pirola (departamento Las Colonias), denunciados en 2017 por el exconcejal rosarino Jorge Boasso, por el manejo discrecional de subsidios en la Cámara de Senadores. La denuncia, que se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario y pasó por los tribunales de Rafaela, recaló finalmente en Santa Fe -en lo que a Gramajo y Pirola refiere-, donde el entonces fiscal de Delitos Complejos, Leandro Lazzarini, la desestimó y dispuso su archivo el 18 de junio de 2018. Casi 4 años después el representante legal de Gramajo y Pirola, el Dr. Néstor Oroño solicitó una audiencia de las llamadas “multipropósito”, para tratar el pedido de “sobreseimiento definitivo” de sus clientes.

El acto judicial tuvo lugar el jueves 31 de marzo, en la Sala Nº 2 del subsuelo de los tribunales capitalinos, y si bien no estuvieron presentes los legisladores denunciados, lo hizo en su representación el Dr. Oroño, ante la jueza Rosana Carrara; mientras que por el MPA, intervino la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien se opuso al planteo defensivo. “Contra la opinión de la fiscalía, entiendo que hubo una investigación”, dijo Oroño, en referencia a “las diligencias ante el Tribunal de Cuentas, Persona Jurídica, y la citación de Carlos Bermúdez como habilitado ante la Cámara de Senadores, entre otras”, para contrastar la legalidad de los subsidios otorgados en cada caso. El abogado particular mencionó también que hubo “una cuestión de competencia” territorial, que “fue resuelta por el juez Eduardo Pocoví y luego por el camarista Enrique Álvarez”, e hizo hincapié en “el derecho al sobreseimiento” de sus representados. Si bien es cierto que ni Gramajo ni Pirola fueron imputados en la causa, el letrado insistió que “la calidad de imputado no implica que se hayan dispuesto medidas sobre una persona”. “Basta con ser indicado”, afirmó el profesional, y “en este caso existe una indicación del concejal Boasso”. “Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente”, disparó el abogado Néstor Oroño. Foto: Manuel Fabatía – Archivo En tal sentido, Oroño amplió que “no fue un pedido de investigación sobre subsidios” en términos genéricos, sino que “se daban pautas muy concretas que asociaban la figura de legisladores en hechos delictivos”, completó.

Como muestra de que “el archivo es una circunstancia de precariedad”, el Dr. Oroño se refirió al senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, cuya investigación archivada en mayo de 2018 por la fiscal Natalia Benvenutto, fue desarchivada en agosto del año pasado por indicación de la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. Si bien se trata de circunstancias harto diferentes a la de Traferri -investigado en otras causas penales-, el representante legal de Gramajo y Pirola pidió “una resolución de corte conclusivo”. “Han pasado casi 4 años y no se han aportado hechos nuevos”, por lo que la extensión en el tiempo de dicha situación “genera incertidumbre” en sus clientes. “Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente”, disparó el penalista, que insistió con el sobreseimiento.

A la hora de contestar, la fiscal Mariela Jiménez se mantuvo firme en su postura y rechazó el planteo, en primer lugar por “la forma en que se formuló el planteo, que se hizo ante un juez de la IPP y no del fiscal”; y en segundo término, porque “hay una resolución de desestimación de denuncia y archivo”. En línea con lo que que criticó el abogado de Gramajo y Pirola, la fiscal Jiménez confirmó que “no se realizó imputación concreta a una persona” ni se llamó a audiencia imputativa y dijo que “mientras nos encontremos en la IPP (investigación preliminar preparatoria) la única opción es el archivo, nunca el sobreseimiento, no hasta que exista el proceso intermedio” que es la antesala del juicio. Un poco para llevar tranquilidad a la contraparte y otro para alejar teorías de fiscales omnipotentes, la Dra. Jiménez explicó que “no es tan fácil la reapertura de una investigación”. Y agregó: “el archivo impide la persecución de una persona por los mismos hechos”.

Además planteo otro obstáculo formal para la reapertura que obliga al fiscal a “elevar un pedido al Fiscal Regional con elementos sobrevinientes, para que en su caso disponga la reapertura”. Es decir que “ésto sólo va a ocurrir ante un elemento nuevo y que el Fiscal Regional autorice avanzar en la situación particular, cosa que hasta ahora no ha ocurrido”, completó. En síntesis, la Fiscalía de Delitos Complejos sostiene que “este grado de preocupación de Gramajo y Pirola se ha satisfecho con el archivo, pero no implica la certeza necesaria para un sobreseimiento”. En tanto, remarcó que “en el hipotético caso que se planteara una imputación, primero hay que remover un un obstáculo legal porque los dos tienen fueros”.

La causa original señalaba a los senadores Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) y José Baucero (PJ-San Javier) y al ex vicegobernador Jorge Henn, este último por la implementación del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Senado de la Provincia de Santa Fe.

Gabriel Real, máximo referente provincial del PDP.

“El Partido Demócrata Progresista de la provincia de Santa Fe expresa profunda preocupación e indignación por los arrebatos judiciales de las últimas horas en nuestro país. No es posible que, ante las profusas pruebas de evasión y lavado de dinero, se decida el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Esto nos sitúa, como país y ante el mundo, como ejemplo de todo lo que no debe ser: la política de privilegios y la corrupción que debilita cualquier sistema republicano”.

“Hotesur y Los Sauces SA eran sociedades de la ex Presidenta de la Nación y está debidamente acreditado que no cumplían con ninguna normativa: no tenían balances, no actualizaban el directorio, no pagaban tasas, no actuaban los organismos de control y tenían un domicilio falso. En escena, involucrados los empresarios contratistas del Estado: Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza”.

“Ocupación de habitaciones y salones en los hoteles, alquiler de inmuebles y el supuesto circuito de pago de coimas que es un escándalo. Se presentaron las denuncias respectivas y hubo investigaciones judiciales, que tuvieron la intervención de diferentes fiscales, jueces y camaristas. Se llegó a un procesamiento y, al arribar la causa al Tribunal Oral Federal 5, para el inicio del juicio oral, resuelve que no se van a conocer las pruebas ni que es posible la condena, mediante un juicio”.

“Solicitamos la reacción del fiscal para apelar esta vergüenza nacional. La política y la justicia se dan la mano de la peor manera, dejando al descubierto la falta de independencia de poderes. Evidentemente, parece funcionar la lucha sistemática del Gobierno Nacional para lograr impunidad, cueste lo que cueste. Quienes estamos en un partido político que entiende que la decencia no puede ser una excepción y la corrupción debe ser siempre condenada, venga de quien venga, estamos alertas exigiendo los pasos institucionales correctos. Le pedimos a la sociedad que también esté atenta. Lisandro de la Torre entregó su vida por la lucha contra la corrupción; tantos años después seguimos asistiendo a estas miserias judiciales que retrasan a pasos agigantados el progreso de nuestra Nación”.