Un hombre identificado por sus iniciales B. I. fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de microtráfico y cohecho, luego de un procedimiento policial realizado en Venado Tuerto el 7 de enero de 2025. La sentencia se dictó este viernes 23 de octubre en los Tribunales de la ciudad, mediante un acuerdo de juicio abreviado.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Luis Lagioia, mientras que la defensa fue ejercida por Melisa Andreatta, del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP). El acuerdo alcanzado entre las partes fue homologado por el juez Adrián Godoy.

El episodio que dio origen a la causa comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas de prevención en inmediaciones de las calles Balcarce y Valdez.

En ese sector, una mujer solicitó asistencia policial y manifestó que minutos antes había sido amenazada por su pareja. Además de describir al presunto agresor, aportó información sobre el vehículo en el que se movilizaba: un Chevrolet Corsa de color gris.

Con esos datos, los efectivos iniciaron una recorrida por la zona hasta localizar un automóvil de similares características en inmediaciones de las calles Aufranc y Junín.

Según consta en los registros de Fiscalía, cuando el conductor advirtió la presencia policial, arrojó un envoltorio por la ventanilla del acompañante hacia la vía pública.

Posteriormente descendió del vehículo, se dirigió hasta una cuneta e intentó recuperar el paquete que había descartado.

En medio del procedimiento, el hombre intentó convencer a los agentes de que lo dejaran continuar su camino y les ofreció dinero a cambio.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, el acusado expresó: “¿Por estas flores me van a llevar en cana? Llevate la plata, hay unos trescientos mil y dejame seguir, dale, te consigo más, dejame hacer una llamada”.

Los policías rechazaron el ofrecimiento y continuaron con la intervención. En ese momento, el sospechoso volvió a arrojar el envoltorio, esta vez hacia el patio de una vivienda ubicada en Junín al 2500.

El hombre fue detenido en el lugar, mientras que otros efectivos se dirigieron al inmueble donde había caído el paquete. El propietario de la vivienda autorizó el ingreso del personal policial, que logró recuperar el material descartado.

Como resultado del procedimiento, los investigadores determinaron que el acusado tenía en su poder 209,7 gramos de cocaína y 114 gramos de marihuana, sustancias que fueron encontradas tanto en el vehículo como en el patio de la vivienda.

Además, durante la intervención se secuestró una suma de 472.200 pesos en efectivo, que quedó incorporada a las actuaciones judiciales.

El hallazgo de los estupefacientes y el ofrecimiento de dinero a los policías dieron lugar a la imputación por los delitos de microtráfico y cohecho.

La causa llegó a su resolución a través de un procedimiento abreviado, mecanismo judicial que permite dictar una sentencia sin desarrollar un juicio oral completo, siempre que exista un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y el acusado, sujeto a la homologación judicial.

En este caso, los hechos reconstruidos durante la investigación quedaron incorporados al acuerdo presentado por las partes, que fue posteriormente homologado por el magistrado interviniente.

De esta manera, B. I. recibió una condena de cinco años de prisión, a partir de los hechos ocurridos en enero de 2025, cuando una intervención policial iniciada por una denuncia de amenazas derivó en el secuestro de estupefacientes y en la constatación de un intento de soborno.

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes a los exfuncionarios Julio De Vido y José López a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco del caso Skanska, una de las primeras causas de corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo.

El fallo también alcanzó a exdirectivos de la empresa sueca y otros intermediarios vinculados a las maniobras investigadas. De los 30 acusados que llegaron al juicio oral, 17 fueron absueltos.

El tribunal consideró responsables a De Vido y López por los delitos de administración fraudulenta contra el Estado y cobro de sobornos. La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

El Tribunal Oral Federal N° 4 dictó el veredicto tras el juicio iniciado en 2024.

Entre los exdirectivos de Skanska, Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron condenados a cuatro años de prisión. En tanto, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba recibieron penas de tres años de prisión en suspenso.

La investigación se originó por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos durante 2004. Según la acusación, la constructora sueca pagó sobornos para obtener los contratos y ocultó las maniobras mediante un sistema de facturas apócrifas emitidas por empresas fantasma.

De acuerdo con la investigación judicial, ese mecanismo permitía simular servicios inexistentes para justificar pagos vinculados al esquema de coimas y sobreprecios.

José López también recibió una pena de cinco años por el caso Skanska.

Uno de los elementos centrales de la causa fue una grabación interna de la empresa, en la que un ejecutivo reconocía el pago de sobornos para asegurar la adjudicación de las obras.

El juicio oral comenzó en 2024 y concluyó este lunes con la lectura del veredicto. La causa Skanska es considerada uno de los primeros expedientes de corrupción de alto impacto vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El 6 de noviembre del 2025 comenzará el juicio oral por la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”, un caso que sacudió al país y que involucra a 75 imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este proceso, considerado el más grande en la historia de la corrupción en Argentina, busca esclarecer el supuesto pago de sobornos para obtener contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El caso se originó gracias a los cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, quien detalló en sus anotaciones los viajes que realizaba transportando bolsos con dinero de sobornos. Según las investigaciones, los pagos provenían de empresarios que buscaban mantener contratos con el Estado, mientras que los funcionarios eran los encargados de recolectar esos fondos.

Entre los señalados figuran la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la líder de una asociación ilícita, y exfuncionarios de alto rango como el exministro Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta. También hay decenas de empresarios, como Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, y Cristóbal López.

El Tribunal Oral Federal N° 7, compuesto por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, será el encargado de llevar adelante el proceso. Se estima que el juicio podría extenderse por más de tres años debido a la gran cantidad de acusados (75) y testigos (626). Las audiencias se realizarán por videoconferencia, todos los jueves, y los imputados ya fueron notificados de esta modalidad.

Por la cantidad de personas involucradas, el tribunal deberá buscar un lugar adecuado para garantizar la seguridad y la operatividad del juicio.

El juicio abarcará solo una parte de los 10 expedientes acumulados en esta investigación. Otros imputados, que también enfrentan graves acusaciones, esperarán nuevas fechas para ser juzgados.

Entre las pruebas presentadas, los registros de los cuadernos indican que parte del dinero terminaba en un departamento de Recoleta vinculado a Cristina Kirchner, donde, según las investigaciones, lo recibía Daniel Muñoz, un secretario personal de la familia Kirchner ya fallecido.

El comité de acción política (PAC, en inglés) del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta sospechado de haber pagado a algunos testigos de la investigación del Departamento de Justicia sobre si el exmandatario retuvo ilegalmente documentos confidenciales tras dejar el gobierno, según indicó el diario The Washington Post.

Algunos de esos testigos relataron en forma anónima que el PAC habría pagado honorarios a los participantes de la investigación.

El PAC habría abonado 120.000 dólares al estudio de abogados Brand Woodward Law, que representa a un testigo que salió en defensa de Trump y a otro que actuó en contra de él.

Si bien la ley en ese país no prohíbe que terceros paguen los honorarios a los abogados de participantes de un juicio, se trata de una práctica que podría alentar a los testigos a no cooperar, según la agencia de noticias Europa Press.

“No hay impedimento para que terceros paguen los honorarios legales, siempre y cuando se le informe al cliente; la obligación ética del abogado es con el cliente”, afirmó Stan Brand, el principal abogado de Brand Woodward Law.

En tanto, el exfiscal general Jim Walden, consultado por el periódico, sostuvo que el acuerdo de pago plantea preocupaciones sobre si el reembolso de los honorarios legales puede influir en lo que dicen o hacen los testigos.

Walden señaló que si los funcionarios del Departamento de Justicia tienen preocupaciones sobre la ética de los participantes en el caso, podrían pedirle a un juez que, como mínimo, pregunte a los clientes si están seguros de que sus intereses están siendo protegidos.

“Parece que el PAC de Trump está pagando por el silencio de estos testigos, para que tomen la Quinta (enmienda de la Constitución, que habilita a no declarar) o por un testimonio favorable”, agregó.

El Departamento de Justicia está investigando la posesión por parte de Trump de cientos de documentos clasificados en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, una vez que dejó el cargo.

Algunos de los documentos recuperados en junio por el FBI en un allanamiento aprobado por la justicia contenían información altamente clasificada, entre la que se incluían informes sobre las capacidades nucleares de un país extranjero, la actividad de inteligencia en China y el sistema de misiles de Irán.