La conducción de Amsafe provincial formalizó este martes la presentación de un nuevo amparo contra la reforma previsional votada en la Legislatura hace tres semanas. La medida se suma a otras similares impulsadas por el bloque de diputados Somos Vida, y por el Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de San Carlos (Sitram).

Precisamente, en las últimas horas y a través de la Fiscalía de Estado conducida por Domingo Rondina, el gobierno respondió a la requisitoria judicial derivada de la cautelar planteada por ese gremio. Allí habían centrado su argumentación en el procedimiento legislativo, por considerarlo "viciado" a raíz de una votación apresurada como consecuencia de los incidentes que se registraban en la explanada de la Legislatura.

En su respuesta, la Fiscalía se respaldó en jurisprudencia nacional y consignó, justamente, que "el Poder Judicial tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero no para resolver en la forma como ellas han llegado a ser aprobadas".

"Si bien el Poder Judicial puede declarar una ley inconstitucional – se planteó-, no tiene la autoridad para cuestionar o resolver sobre el proceso mediante el cual esa ley fue aprobada por la Legislatura". Y ello se justifica -se acota- en el principio de separación de poderes. El escrito sostiene que "el Congreso (en este caso, la Legislatura) tiene la autoridad exclusiva sobre el proceso de creación y aprobación de leyes. El Poder Judicial no puede interferir en este proceso interno del Legislativo (…). El control de constitucionalidad se limita al contenido de la ley, y no al procedimiento legislativo que llevó a su aprobación", se insistió.

Para la Fiscalía, resulta "imprescindible establecer claramente los límites del control judicial sobre las acciones del Poder Legislativo, manteniendo un equilibrio en el sistema de pesos y contrapesos de nuestro sistema de gobierno". Al respecto, propone diferenciar "entre un control formal y un control material; el primero alude a la revisión del procedimiento de sanción de la ley y el segundo se centra en el contenido de la norma y su compatibilidad con la Constitución". Y acota que "el Poder Judicial tiene más margen para ejercer el control material que el formal (…). Se trata de cuestiones políticas no judiciables porque se encuentra en la razón misma y rol fundamental de otro poder del Estado, que es sin más el proceso de formación de leyes. El análisis de los límites del Poder Judicial en este contexto revela una delicada balanza entre el respeto a la voluntad popular expresada a través del legislativo y la necesidad de garantizar la supremacía constitucional", manifiesta.

Desde el punto de vista de la Fiscalía, "admitir la justificación genérica del caso para la declaración de invalidez por vicio en su forma, deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo; y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares como la que se peticiona". Por todo, interpretaron los letrados que el planteo "constituye una falacia para enmascarar la real pretensión consistente en otorgarle a una sentencia judicial un efecto constitucional que no tiene. El mal uso o inobservancia del Reglamento interno no habilita a lograr judicialmente cuestiones de raigambre políticas", sostiene.

Respecto de lo sucedido (y objetado) sobre la votación, Fiscalía plantea que "cualquier desprolijidad previa a ella pudo obedecer a circunstancias de fuerza mayor que no se pueden desconocer ni dejar de merituar".

"Lo que la entidad sindical pretende – continúa- es la revisión de un acto del poder político no susceptible de revisión judicial. Se trata, en suma, de evitar la anulación de actos que por definición interesan a exigencias vitales del Estado y constituyen la exteriorización de funciones propiamente constitucionales, sometidas a un control exclusivamente político (...). No corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes". Por ello, se considera "inadmisible e improcedente" la acción de amparo.

Este martes se ratificó el paro de trabajadores municipales convocado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) para los días 27 y 28 de abril en toda la provincia, y poco a poco en la región se va aclarando cómo serán los servicios prestados durante estas jornadas sumando el lunes 1º de Mayo (Día del Trabajador).

En este sentido, este miércoles desde la Municipalidad de Rufino emitieron un comunicado haciendo referencia a la decisión tomada y denominándolo “Un paro injustificado”.

“Los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe decidieron realizar un paro de 48 horas para este jueves y viernes en reclamo por un aumento de las asignaciones familiares, entre otros temas. Entendemos que esta medida es totalmente injustificada para el municipio, teniendo en cuenta que es una situación que los Intendentes no pueden resolver ya que es competencia del estado provincial”, inicia el texto difundido por el municipio.

Y señalan que desde la Municipalidad de Rufino “viene trabajando en la regularización del personal, permitiendo que los mismos cuenten con estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo. Es mucho el esfuerzo que se hace por parte de esta gestión y de los vecinos de la ciudad como para que se tome una medida tan gravosa que afecta enormemente, no solo las finanzas del Municipio sino también la prestación de los servicios”.

Finalizando: “Entendemos el reclamo de los trabajadores, pero también estamos convencidos que la única manera de salir adelante es trabajando y más teniendo en cuenta la situación que vive el país”.

Más tarde, en un breve texto informaban que “debido al paro de trabajadores municipales para este jueves 27 y viernes 28, se descontará el día y el presentismo a quienes no se presenten a trabajar esos días. Además, no funcionará el colectivo, el cementerio y la administración central permanecerán cerrados y se modificará la recolección de residuos”.

Tras este comunicado, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rufino (Sitram) respondieron que, ya informados de este anuncio, “el conflicto gremial y las medidas de huelga han sido debidamente notificados ante el Poder Central” entendiendo a esta resolución como “una clara medida de obstaculizar el legítimo derecho a huelga garantizado en nuestra Constitución Nacional”.

Aclarando para culminar que la medida de fuerza “está garantizada”.

En este marco, desde la Municipalidad de Rufino informaron cómo será la recolección de residuos teniendo en cuenta el paro de trabajadores municipales y el feriado nacional del lunes 1º de Mayo:

– Jueves: sin recolección

– Viernes: recolección normal

– Domingo: sin recolección

– Lunes: recolección normal