Bajo la consigna de "no se toca, la Caja no se toca", los dirigentes gremiales de la Intersindical estatal presentaron pasadas las 11 de este miércoles 24 una nota que, con todas las formalidades del caso, pide una audiencia con los integrantes del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene una cómoda mayoría en la Cámara de Senadores.

Los miembros de los secretariados de casi todos los sindicatos que pertenecen al sector público provincial acompañaron con una suerte de acto su posición de rechazo a las chances de que se discuta algún tipo de reforma previsional, a partir de un proyecto de ley que solo plantea una auditoría sobre los números de la entidad que hoy requiere del auxilio del Tesoro santafesino para su funcionamiento.

La norma en cuestión ingresó a la Cámara alta en la sesión anterior, lo mismo que su habilitación en el período de sesiones extraordinarias por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, lo que disparó las alertas en sector laboral estatal.

"Somos los verdaderos dueños de la Caja, están en ella nuestros aportes", coincidieron en señalar los dirigentes gremiales que, junto a pares y delegados, pudieron ingresar por unos minutos al hall central de la Legislatura para hacer algo de ruido y grabar entrevistas.

Lo "inconsulto" de la presentación del proyecto que pertenece al senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), un peronista que participa del interbloque del oficialismo, fue uno de los argumentos más repetidos. Por supuesto, la queja refiere sobre todo a que lo haya agregado al temario antes del 1ro de Mayo el Poder Ejecutivo Provincial.

En nombre de los docentes, Pedro Bayúgar de Sadop, destacó que "está equilibrado" el aporte de los maestros respecto del flujo necesario para cubrir las jubilaciones del sector y ante una consulta advirtió que los desequilibrios tienen como origen los pagos "en negro" a otros agentes del Estado, así como la edad en que se jubilan los policías: 50 años (si tienen los aportes necesarios). Del mismo modo, el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares afirmó que las jubilaciones del Poder Legislativo y del Judicial, más la condición de empleados sin declarar en las municipalidades también crea graves problemas para financiar las jubilaciones.

José Testoni, de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, interpretó que convocar a una reforma previsional "en medio de un contexto en el que todo es forzado al ajuste" provoca "una enorme preocupación en los trabajadores".

En rigor, se trata de un proyecto de ley similar al que presentó el mismo legislador en 2015 durante el gobierno de Antonio Bonfatti, ante la evidencia de que existe un déficit previsional (distinto del que debería financiar el Estado Nacional como compensación por la transferencia de otras cajas provinciales) que puede llevar a "una situación de quebranto" al organismo santafesino.

Hace casi una década, la iniciativa no prosperó en Senadores. Hoy, en cambio, ya tiene las firmas de los principales referentes del oficialismo: el jefe del interbloque, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) que además preside el Comité Provincial del radicalismo. En esa Cuerpo el oficialismo dispone de 14 de los 19 integrantes, es decir, que con más de dos tercios puede sobre tablas y por amplia mayoría aprobar cualquier asunto sin necesidad de acordar con los senadores del bloque PJ. Hasta ahora, en materia de proyectos de ley, no ha ocurrido.

Durante la semana, un comunicado del bloque de Senadores del Partido Justicialista subrayó que la oposición "prioriza el diálogo con gremios estatales sobre la reforma previsional en Santa Fe" e informó que los cinco legisladores liderados por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) recibieron a los dirigentes gremiales de la Intersindical.

"Los representantes sindicales expresaron su desacuerdo con la medida, considerándola un ajuste que afectaría a los trabajadores y jubilados. Además, exigieron que se tomen todas las medidas necesarias para que la provincia recupere los fondos adeudados por la administración nacional a la caja de jubilaciones provincial", reflejó el comunicado.

La jubilación mínima que abona la Caja santafesina pasó a ser de $ 298.213,44 y la pensión de $ 223.660,08 con retroactividad al primero de marzo de acuerdo al decreto 0451 del gobierno provincial que homologó el acuerdo paritario alcanzado con Upcn y ATE en el marco de la paritaria central. En tanto, mediante el decreto 0452 extiende los alcances de ese acuerdo para el personal policial, del servicio penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP).

Los instrumentos jurídicos habilitaron el pago a activos el lunes y este martes ocurrirá lo propio con estos sectores de pasivos provinciales. A diferencia de Anses donde los beneficiarios de haberes mínimos son la gran mayoría de beneficiarios, en el caso de Santa Fe, es un porcentaje menor. Apenas el 1,83% percibe la jubilación mínima y un 8% la pensión mínima.

El decreto 0451 dispone además que ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritarias Nº 10.052 y sus modificatorias, cobrará menos de $397.362 a partir del 1° de marzo de 2024, previos descuentos de ley, y mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable que resultará absorbible por los futuros aumentos pautados.

También se actualizan los valores de viáticos, fallas de caja y otros ítems que componen los ingresos de los estatales.

Así ya cobraron el adicional de marzo todo el escalafón Policial, Servicio Penitenciario e IAPIP; personal activo de la Administración Pública Provincial (Escalafón 2695, API, Catastro, Fiscalía) así como personal del Tribunal de Cuentas y del Poder Legislativo que también cerraron su acuerdo paritario.

Este martes perciben el pago los pasivos de los escalafones mencionados anteriormente y las autoridades superiores de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El decreto establece que la recomposición salarial es para el personal comprendido en los escalafones Decreto-Acuerdo N° 2695/83; personal de la API (Decreto N° 4447/92) y del Servicio de Catastro e Información Territorial (Decreto N° 201/95); personal superior administrativo, técnico y profesional de Fiscalía de Estado, del escalafón personal Talleres Gráficos Provinciales, y trabajadores pertenecientes al escalafón "Convenio 113/1994 — E" dependiente de la Administración Central. El incremento acordado de marzo fue del 20% para las categorías 1 a la 3, y de un 17% para las categorías 4 a la 9, del escalafón Decreto-Acuerdo N° 2695/83 y sus equivalentes respecto de los Estatutos y Escalafones, que será aplicable sobre el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2023.

En cuanto al concepto Falla de Caja tendrá mínimos de $ 14.139,52 y máximos de $ 60.550,27. En cuanto a viáticos fue establecido para marzo en $ 39.879.

En lo que hace a la paritaria para el personal de seguridad, el 17% de aumento es para agentes que se desempeñen en los grados de Director General, Director, Subdirector, Comisario Supervisor, Comisario y Subcomisario del escalafón del personal policial, como así también aquellos que lo hagan en los grados de Comisario General, Prefecto, Subprefecto, Alcaide Mayor, Alcaide y Subalcaide del escalafón del Servicio Penitenciario e IAPIP y de un 20% para el personal con desempeño en los grados de Inspector, Subinspector, Oficial y Suboficial del escalafón policial y en los grados de Adjutor Principal, Adjutor, Subadjutor, Subadjutor Ayudante, Ayudante Mayor, Ayudante Principal, Ayudante de 1ra, Ayudante de 2°, Ayudante de 3°, Ayudante de 4°, Ayudante de 5°y Subayudante del escalafón del Servicio Penitenciario e IAPIP los que serán aplicables sobre el sueldo básico de diciembre.

El decreto estipula que la reanudación de la paritaria central es el 10 de abril y ese día hubo reunión entre ministros del Poder Ejecutivo y representantes de Upcn y ATE que acordaron pasar a cuarto intermedio para este viernes. Voceros gremiales dijeron esperar que en dicha reunión se empiezan a barajar cifras de aumento salarial para el presente mes.

En la Cámara de Diputados fue ingresado un proyecto de ley para declarar la emergencia del transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial, comprendido por Ley 2499, por 360 días y con la posibilidad de una prórroga por igual lapso de considerarlo necesario el Poder Ejecutivo.

La iniciativa ingresada en Mesa de Entradas lleva la firma Lucila De Ponti (Santa Fe sin Miedo) quien es presidenta de la Comisión de Transporte que viene realizando reuniones con distintos operadores del sistema del transporte de pasajeros de la provincia.

El objetivo de la emergencia es promover las condiciones para garantizar el funcionamiento del sistema; establecer medidas urgentes y extraordinarias que resulten conducentes a superar la situación de emergencia; promover planes de inversión en el sector, a través de programas de crédito para la ampliación y renovación de unidades; y garantizar los derechos de las personas usuarias del servicio.

Entre los beneficios previstos para el sector, la autora pretende prorrogar el uso de las unidades hasta 15 años de antigüedad con una revisión técnica obligatoria trimestral; excepción en el pago de dos cuotas de patente y de Sellos para determinados contratos así como la suspensión de las ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y accesorios. Otro artículo dispone que para ingresar al sistema las empresas no podrán despedir ni suspender personal y el Ejecutivo no podrá disponer de tarifas por encima del índice de salarios que difunde el INDEC.

"La eliminación del subsidio nacional representó un aumento directo en el costo del boleto urbano e interurbano y una consecuente disminución en el número de usuarios. Este efecto, a su vez, ha desencadenado un ciclo destructivo para el sistema de transporte, afectando irremediablemente la calidad del servicio ofrecido", señala la autora en los fundamentos.

La secretaría de Energía de la provincia, Verónica Geese, asistirá este miércoles a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos por los cuales el Poder Ejecutivo propicia la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.424, el llamado Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica.

El tema ya fue avalado por el Senado y aguarda la sanción de la Cámara de Diputados que volverá a sesionar este jueves.

"Si no hacemos una serie de reformas que lo vuelvan sustentable, el sistema peligra". La advertencia corresponde a Jorge Boasso, flamante secretario de Seguridad Social de la provincia. Docente y director del Posgrado sobre dicha especialidad en la Universidad Nacional de Rosario, conduce desde el inicio de la nueva gestión provincial un área que había dejado de existir durante el anterior mandato. Bajo su ámbito se encuentran –dentro del sistema contributivo- la Caja de Jubilaciones, la Caja del Seguro Mutual y la DIPART (Dirección Provincia de Autoseguros de Riesgos de Trabajo), además del sistema de pensiones Ley 5110 –no contributivo-. El área supervisará, asimismo, las cajas profesionales y el IAPOS, aunque respetando su autarquía.

En diálogo con El Litoral, Boasso trazó un diagnóstico detallado de la situación actual de la Caja de Jubilaciones. Ratificó el déficit millonario y creciente del organismo –cerró 2023 con un rojo de más de 130 mil millones de pesos-, y alertó acerca de las reformas "legislativas y ejecutivas" que deberían promoverse para que el sistema no colapse.

"Las Cajas son seguros sociales y hay que buscar que sean sustentables. Santa Fe tiene para los beneficiarios un muy buen régimen; nadie elige aquí jubilarse con el régimen nacional. Nos encontramos, entonces, con una Caja que tiene buenos beneficios pero que en 50 años, no contó con la reingeniería necesaria para hacerla sustentable", expresó.

- ¿Qué reformas legislativas plantearía?

- Tenemos que tender a aggiornarnos a los tiempos. La caja es deficitaria; tiene un déficit que no lo sostiene el sistema contributivo, sino que viene de Rentas Generales o del Tesoro. A ello debe sumarse que como provincia que no transfirió en su momento la Caja, depende de ANSESS para financiar parte de ese déficit. Como gestión, ratificamos la pertenencia del sistema de jubilaciones en la provincia pero hay que hacerlo sustentable y sostenible. Estamos haciendo estudios; la ley tiene mucho para aggiornar. La Caja trata a todos por igual pero hay diez subsectores absolutamente disímiles. De 100 mil beneficiarios, el 70% son mujeres; allí hay personas que se jubilan con 60 años o menos superviviéndonos a los hombres cinco o más años. A su vez, la edad de fallecimiento promedio del hombre es de 76 en los hombres y de 80 en las mujeres; mientras que la permanencia en el beneficio es de 17 años en el caso de los hombres, contra 21 de la mujer, promedio. Santa Fe tiene un sistema cuya edad promedio de los jubilados es a los 59 años porque la mujer se jubila a los 60 o menos. En el caso del sector docente, la mujer se jubila a los 57, más la posibilidad del dos por uno; se compensan dos años de edad por uno de servicio o viceversa. Entonces, a los 55 hay mujeres que se jubilan… ¡Y son jóvenes! Tenemos una expectativa de vida de 80 años... Esta no es una posición política, sino como académico; hay que ir subiendo la edad de la mujer hasta equipararla (a la del hombre). Debe ser de manera progresiva, pero esto hay que hacerlo.

- ¿Debería haber una sola edad para hombres y mujeres? ¿Cuál debería ser esa edad?

- Sí, debería haber una edad unificada para hombres y mujeres. El Pacto de Toledo como apéndice del Pacto de la Moncloa, plantea que tiene que irse hacia una equiparación y hasta ir elevando la edad del hombre a 67. Debería ser progresivo para no perjudicar a la gente; cada dos años, se aumenta uno, por ejemplo. Esta es una verdad de perogrullo; puede ser que se abra el abanico para que después de los 65 y hasta los 70, se haga un retiro voluntario consensuado, tal como está vigente en el sector privado. Se podría proponer la edad igualada y a partir de allí, que sea la persona si se siente útil, la que resuelva si sigue trabajando o se aboca al retiro. Incluso, dando premios concediendo puntos por cada año de más trabajado. Tenemos que ir hacia un sistema más racional.

- Dijimos que tenemos un sistema con diez subsistemas que están en el mismo seguro social, pero tienen una política remuneratoria totalmente disímil entre sí. No hay una política igualitaria; cada gremio hace la suya y discute su quinta y le importa nada la del otro. En este damero que contiene esta gran heterogeneidad tenemos que (pasivos) judiciales y legislativos poseen un haber promedio de 1.900.000 pesos; de la EPE, un millón, docentes 534 mil… Es un caleidoscopio; ganan muy diferente pero el aporte en términos porcentuales es el mismo. Los judiciales, por ejemplo, por la Ley de Enganche, se equipararon a remuneraciones nacionales; pero se engancharon en las ganancias y no en las pérdidas. Porque a nivel nacional aportan un 18% del sueldo y acá el 14,5%. ¿Qué efecto trae eso? Que en promedio, esos haberes sólo se soportan con el 50% del aporte de ese mismo sector y el otro 50% es financiado por todos los santafesinos y hasta te diría por los argentinos, si pensamos en el financiamiento de Anses. Hay pocos sectores que están equilibrados: Municipios y Comunas, Arte de Curar, Dipos, Assa, Administración Central… La masa de haberes del Poder Judicial me representa 4 mil millones de pesos, pero sólo recibo aportes de ese sector por 2 mil millones, es decir, la mitad.

- ¿Deben aumentarse los aportes?

- Aquí debe haber un aumento del aporte pero desagregado conforme ingresos; es decir, ingresos con parámetros. Hoy, todo el mundo aporta el 14,5%; deberíamos lograr al menos que se aporte como en el sistema nacional. Otra cosa que debemos decir es que la contingencia que se debe proteger es la vejez; esto no es una renta básica universal. Si yo jubilo gente a los 55 años, la estoy convirtiendo en una renta básica universal casi privilegiada. Del mismo modo, tenemos pensionados que se hiperpensionan de por vida… A los 35 años, una mujer u hombre casado con un miembro del Poder Judicial si su pareja fallece, va a tener esa pensión para toda la vida. Un sistema con jubilados que no son viejos y pensionados de este tipo con beneficios que se cobran hasta por 50 años no se puede sostener.

- ¿Cómo se corrige eso?

- Hay todo un debate de cómo modificar el sistema de pensiones: tenemos que hacerlo justo. ¿¡Cómo un sistema contributivo se hace sostenible con estas ilogicidades?! Tenemos que tender a la racionalidad. Desnaturalizamos el sistema, si protegemos la mediana edad en lugar de la vejez. Hay que debatir esto; esto no pretende ser un DNU ni imperativo. Pero hay que buscar alternativas. Si no hay plata como se dice a nivel nacional y no hay plata para que Anses le pague a Santa Fe (nos deben más de 400 mil millones de pesos), o nos sentamos en serio con todos los legisladores a discutir esto, o se atenta contra la existencia de la propia Caja. Hay que ponerse los pantalones largos; o encaramos estas modificaciones necesarias para defender la Caja en el sistema provincial o nadie puede garantizar esa permanencia y su sustentabilidad.

- ¿Plantearía alguna reforma sobre cómo establecer los topes?

- En mi idea académica plantearía fijar topes no como el nacional porque es realmente bajo, pero tampoco como el que tiene actualmente la provincia; me parece una exageración el de Santa Fe donde está planteado el tope como el 80% del sueldo del presidente de la Corte con 30 años de antigüedad sabiendo que por cada año de antigüedad se suma un 2% sobre el sueldo. Tiene que ser un tope razonable, donde la unidad de medida sea el nivel dos de la administración. Nueve o diez de esos haberes. Hacerlo sustentable, respetando la vida laboral de cada uno. Toda la clase política tiene que ser consciente de que hay que hacer una reformulación de los entes de la seguridad social porque de lo contrario, peligra el sistema como también peligra el nacional. Podemos tener la Caja que queramos, pero la tenemos que poder sostener.

- Descuento que todo esto que sugiere tiene el aval político del gobierno provincial para plantearlo como proyecto de ley...

- Esta es mi propuesta; quien defina el momento, la oportunidad y la ocasión será el gobernador. Y se deberá dar el debate. No recuerdo que se haya dado un debate en serio para discutir estas reformas en los últimos tiempos. Mi deber es formular las propuestas y las someto al debate que sea necesario. Un ámbito para esa discusión puede ser el Foro de la Seguridad Social que vamos a crear. Y el debate democrático será en la Legislatura. Vamos a promover un debate honesto, racional; acepto mejoras pero me van a tener que convencer. Insisto, tenemos que hacer un sistema sustentable porque si no hacemos esto, el sistema peligra. La reingeniería no es ni ir hacia una AFJP ni a una transferencia a la Nación o al sistema privado; queremos la Caja en la provincia, pero así no puede seguir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso la vuelta de los giros de fondos a las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales al Estado Nacional (entre ellas Santa Fe). Será por el equivalente mensual de una doceava parte del último monto del déficit convenido, en concepto de anticipo para el ejercicio 2023 y a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial.

La decisión implica que Santa Fe volverá a percibir una suma algo superior a los 990 millones mensuales a cuenta del déficit, pagos que se habían cortado en diciembre último. El pago es “a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial, hasta tanto se dicten las normas aclaratorias de los artículos 92 y 93 de la Ley N° 27.701”. Esta última es la ley de Presupuesto General de la Nación y desde la provincia se entiende que las transferencias deberían tener una actualización debido a que el monto de 990 millones es por el último convenio entre las partes y que está referido al ejercicio 2019.

“Para Anses, no está claro lo que dice la ley de Presupuesto y pagarán al valor histórico del último convenio que es 2019”, señaló Humberto Giobergia, director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones a El Litoral. “Según nuestros cálculos la actualización debería llevar la cifra mensual a 4.000 millones de pesos”. No obstante, ahora ya está determinado que debe pagar los anticipos de enero, febrero y la semana próxima marzo del corriente año.

Santa Fe ya remitió toda la documentación relativa al ejercicio 2020 y Anses aún no respondió sobre si está o no de acuerdo con la liquidación de déficit del sistema santafesino y la parte que le corresponde enjugar por no haber sido transferida la Caja santafesina.

“Están pendientes los acuerdos de 2020, 2021 y 2022”, señaló Giobergia reconociendo que sobre el último ejercicio recién se enviará la documentación a mediados de año. Anses transfiere anticipos por el financiamiento a provincias y luego debe acordar un plan de pagos sobre el déficit de caja ejercicio.

En el Presupuesto, el artículo 92 ordena a Anses transferir “antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas”. Acota que “cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota”. En el siguiente artículo se ordena que “una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del SIPA entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago”. Pero otro artículo, el 94, faculta al Poder Ejecutivo nacional a dictar las normas aclaratorias al régimen dispuesto en los dos artículos anteriores.

En su resolución, Anses señala que “estima necesario el dictado de una norma a efectos de garantizar un piso mínimo de fondos para cubrir las necesidades financieras en la materia, a cuyo efecto, las transferencias mensuales en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit del Ejercicio 2023 serán el equivalente a una doceava parte del último déficit total anual, provisorio o definitivo, convenido para cada Provincia de acuerdo con el Decreto N° 730/18 y sus normas complementarias y modificatorias”.