La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el Gobierno nacional no renovará la moratoria previsional que venció el pasado 23 de marzo. Esta medida podría dejar sin posibilidad de acceder a una jubilación a unas 240 mil personas que cumplen con la edad requerida pero no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por ley.

El impacto es profundo, ya que este régimen venía funcionando como un mecanismo de inclusión previsional para amplios sectores de la población que, por haber trabajado en la informalidad o dedicado su vida al trabajo de cuidado no remunerado, no pudieron completar los años necesarios de aportes.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el 70% de las jubilaciones que se otorgan actualmente en el país provienen de planes de moratoria. En el caso de las mujeres, ese porcentaje trepa por encima del 80%. Esta herramienta fue fundamental en los últimos años para que muchas mujeres puedan acceder a una jubilación mínima, reconociendo el trabajo doméstico y de cuidado históricamente invisibilizado.

Desde el CEPA señalaron que “la moratoria es una forma de reparar la desigualdad estructural del sistema previsional”, que se basa en un mercado laboral históricamente excluyente. La decisión del Ejecutivo, en este contexto, implica un retroceso que golpea directamente a los sectores más postergados.

Como única opción, quienes no pueden jubilarse por falta de aportes podrán aspirar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa solo el 80% de la jubilación mínima y excluye del derecho a trabajar formalmente o generar aportes propios.

“La PUAM es una pensión de segunda categoría”, afirmaron desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). “No solo implica menos ingresos, sino también menos derechos. Se trata de un régimen asistencialista que reemplaza el carácter contributivo del sistema jubilatorio”, explicaron.

En el Congreso Nacional existe un proyecto de ley aprobado en 2023 que establece un nuevo esquema de moratoria previsional, con un plan de pago que permite regularizar años no aportados incluso después de haber alcanzado la edad jubilatoria. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no ha avanzado en su reglamentación ni en su implementación práctica, lo que implica, en los hechos, que el acceso al beneficio está paralizado.

Especialistas advierten que si no se avanza en una solución legislativa o reglamentaria, cada mes que pase incrementará el número de personas mayores en condiciones de jubilarse pero sin cobertura previsional.

En las últimas semanas, las delegaciones de Anses en todo el país registraron un incremento en las consultas y reclamos. Personas que estaban por iniciar el trámite, muchas de ellas con turnos asignados para después del 23 de marzo, se encontraron con que el sistema no permite avanzar sin los aportes completos.

“Llegué con todos los papeles listos, me dijeron que no puedo jubilarme porque se cayó la moratoria. Me siento estafada”, relató Olga, una docente jubilada parcialmente que cuidó a sus hijos y padres durante décadas sin remuneración alguna.

Mientras tanto, organizaciones sociales y defensorías públicas evalúan presentar amparos judiciales para frenar los efectos de la medida y exigir que se garantice el derecho a la jubilación a quienes ya habían iniciado su proceso.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los calendarios de pagos para el mes de mayo, destinados a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

· DNI terminados en 0: 9 de mayo

· DNI terminados en 1: 10 de mayo

· DNI terminados en 2: 13 de mayo

· DNI terminados en 3: 14 de mayo

· DNI terminados en 4: 15 de mayo

· DNI terminados en 5: 16 de mayo

· DNI terminados en 6: 17 de mayo

· DNI terminados en 7: 20 de mayo

· DNI terminados en 8: 21 de mayo

· DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

· DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo

· DNI terminados en 2 y 3: 24 de mayo

· DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

· DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

· DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

· DNI terminados en 0: 9 de mayo

· DNI terminados en 1: 10 de mayo

· DNI terminados en 2: 13 de mayo

· DNI terminados en 3: 14 de mayo

· DNI terminados en 4: 15 de mayo

· DNI terminados en 5: 16 de mayo

· DNI terminados en 6: 17 de mayo

· DNI terminados en 7: 20 de mayo

· DNI terminados en 8: 21 de mayo

· DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

· DNI terminados en 0: 10 de mayo

· DNI terminados en 1: 13 de mayo

· DNI terminados en 2: 14 de mayo

· DNI terminados en 3: 15 de mayo

· DNI terminados en 4: 16 de mayo

· DNI terminados en 5: 17 de mayo

· DNI terminados en 6: 20 de mayo

· DNI terminados en 7: 21 de mayo

· DNI terminados en 8: 22 de mayo

· DNI terminados en 9: 23 de mayo

Asignación por Embarazo

Asignación por Prenatal y Maternidad

· DNI terminados en 0 y 1: 10 de mayo

· DNI terminados en 2 y 3: 13 de mayo

· DNI terminados en 4 y 5: 14 de mayo

· DNI terminados en 6 y 7: 15 de mayo

· DNI terminados en 8 y 9: 16 de mayo

Asignaciones Pago Único

· Todas las terminaciones de documento: 7 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

· DNI terminados en 0 y 1: 9 de mayo

· DNI terminados en 2 y 3: 10 de mayo

· DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

· DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

· DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

· Todas las terminaciones de documento: 9 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

· DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

· DNI terminados en 2 y 3: 23 de mayo

· DNI terminados en 4 y 5: 24 de mayo

· DNI terminados en 6 y 7: 27 de mayo

· DNI terminados en 8 y 9: 28 de mayo

El Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo texto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que elimina algunos artículos del proyecto original y modifica otros, entre ellos, el apartado sobre jubilaciones.

De allí se desprende que el Ejecutivo va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. Pero a partir de abril, comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato disponible del INDEC.

"Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", según una de las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley ómnibus, en busca del apoyo de sectores de la oposición.

De acuerdo con el texto que esta semana podría ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados, las prestaciones serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. La inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.

En ningún caso la aplicación de ese índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria.

La primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024.

Por otra parte, se eliminan las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente y, de esa manera, "se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia", afirmó el Gobierno.

"A partir de la sanción de esta ley, al Presidente y Vicepresidente de la Nación que culmine su mandato, le resultan aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", de acuerdo con uno de los artículos de la iniciativa.

También se modifica el artículo 1° de la ley 24.018, que quedará redactado de la siguiente manera: "Los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones".

Asimismo se modifica el artículo 3° de esa ley 24.018, que quedará redactado así: "A partir de la promulgación de esta Ley, los ciudadanos encuadrados en el artículo segundo, al cumplir 65 años de edad, o acreditar 30 años de antigüedad de servicio o 20 años de aportes en regímenes de reciprocidad, comenzarán a percibir una asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable conforme con el derecho adquirido a las fecha en que se reunieron dichos requisitos, cuyo monto será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de dichos cargos".

"Si no hacemos una serie de reformas que lo vuelvan sustentable, el sistema peligra". La advertencia corresponde a Jorge Boasso, flamante secretario de Seguridad Social de la provincia. Docente y director del Posgrado sobre dicha especialidad en la Universidad Nacional de Rosario, conduce desde el inicio de la nueva gestión provincial un área que había dejado de existir durante el anterior mandato. Bajo su ámbito se encuentran –dentro del sistema contributivo- la Caja de Jubilaciones, la Caja del Seguro Mutual y la DIPART (Dirección Provincia de Autoseguros de Riesgos de Trabajo), además del sistema de pensiones Ley 5110 –no contributivo-. El área supervisará, asimismo, las cajas profesionales y el IAPOS, aunque respetando su autarquía.

En diálogo con El Litoral, Boasso trazó un diagnóstico detallado de la situación actual de la Caja de Jubilaciones. Ratificó el déficit millonario y creciente del organismo –cerró 2023 con un rojo de más de 130 mil millones de pesos-, y alertó acerca de las reformas "legislativas y ejecutivas" que deberían promoverse para que el sistema no colapse.

"Las Cajas son seguros sociales y hay que buscar que sean sustentables. Santa Fe tiene para los beneficiarios un muy buen régimen; nadie elige aquí jubilarse con el régimen nacional. Nos encontramos, entonces, con una Caja que tiene buenos beneficios pero que en 50 años, no contó con la reingeniería necesaria para hacerla sustentable", expresó.

- ¿Qué reformas legislativas plantearía?

- Tenemos que tender a aggiornarnos a los tiempos. La caja es deficitaria; tiene un déficit que no lo sostiene el sistema contributivo, sino que viene de Rentas Generales o del Tesoro. A ello debe sumarse que como provincia que no transfirió en su momento la Caja, depende de ANSESS para financiar parte de ese déficit. Como gestión, ratificamos la pertenencia del sistema de jubilaciones en la provincia pero hay que hacerlo sustentable y sostenible. Estamos haciendo estudios; la ley tiene mucho para aggiornar. La Caja trata a todos por igual pero hay diez subsectores absolutamente disímiles. De 100 mil beneficiarios, el 70% son mujeres; allí hay personas que se jubilan con 60 años o menos superviviéndonos a los hombres cinco o más años. A su vez, la edad de fallecimiento promedio del hombre es de 76 en los hombres y de 80 en las mujeres; mientras que la permanencia en el beneficio es de 17 años en el caso de los hombres, contra 21 de la mujer, promedio. Santa Fe tiene un sistema cuya edad promedio de los jubilados es a los 59 años porque la mujer se jubila a los 60 o menos. En el caso del sector docente, la mujer se jubila a los 57, más la posibilidad del dos por uno; se compensan dos años de edad por uno de servicio o viceversa. Entonces, a los 55 hay mujeres que se jubilan… ¡Y son jóvenes! Tenemos una expectativa de vida de 80 años... Esta no es una posición política, sino como académico; hay que ir subiendo la edad de la mujer hasta equipararla (a la del hombre). Debe ser de manera progresiva, pero esto hay que hacerlo.

- ¿Debería haber una sola edad para hombres y mujeres? ¿Cuál debería ser esa edad?

- Sí, debería haber una edad unificada para hombres y mujeres. El Pacto de Toledo como apéndice del Pacto de la Moncloa, plantea que tiene que irse hacia una equiparación y hasta ir elevando la edad del hombre a 67. Debería ser progresivo para no perjudicar a la gente; cada dos años, se aumenta uno, por ejemplo. Esta es una verdad de perogrullo; puede ser que se abra el abanico para que después de los 65 y hasta los 70, se haga un retiro voluntario consensuado, tal como está vigente en el sector privado. Se podría proponer la edad igualada y a partir de allí, que sea la persona si se siente útil, la que resuelva si sigue trabajando o se aboca al retiro. Incluso, dando premios concediendo puntos por cada año de más trabajado. Tenemos que ir hacia un sistema más racional.

- Dijimos que tenemos un sistema con diez subsistemas que están en el mismo seguro social, pero tienen una política remuneratoria totalmente disímil entre sí. No hay una política igualitaria; cada gremio hace la suya y discute su quinta y le importa nada la del otro. En este damero que contiene esta gran heterogeneidad tenemos que (pasivos) judiciales y legislativos poseen un haber promedio de 1.900.000 pesos; de la EPE, un millón, docentes 534 mil… Es un caleidoscopio; ganan muy diferente pero el aporte en términos porcentuales es el mismo. Los judiciales, por ejemplo, por la Ley de Enganche, se equipararon a remuneraciones nacionales; pero se engancharon en las ganancias y no en las pérdidas. Porque a nivel nacional aportan un 18% del sueldo y acá el 14,5%. ¿Qué efecto trae eso? Que en promedio, esos haberes sólo se soportan con el 50% del aporte de ese mismo sector y el otro 50% es financiado por todos los santafesinos y hasta te diría por los argentinos, si pensamos en el financiamiento de Anses. Hay pocos sectores que están equilibrados: Municipios y Comunas, Arte de Curar, Dipos, Assa, Administración Central… La masa de haberes del Poder Judicial me representa 4 mil millones de pesos, pero sólo recibo aportes de ese sector por 2 mil millones, es decir, la mitad.

- ¿Deben aumentarse los aportes?

- Aquí debe haber un aumento del aporte pero desagregado conforme ingresos; es decir, ingresos con parámetros. Hoy, todo el mundo aporta el 14,5%; deberíamos lograr al menos que se aporte como en el sistema nacional. Otra cosa que debemos decir es que la contingencia que se debe proteger es la vejez; esto no es una renta básica universal. Si yo jubilo gente a los 55 años, la estoy convirtiendo en una renta básica universal casi privilegiada. Del mismo modo, tenemos pensionados que se hiperpensionan de por vida… A los 35 años, una mujer u hombre casado con un miembro del Poder Judicial si su pareja fallece, va a tener esa pensión para toda la vida. Un sistema con jubilados que no son viejos y pensionados de este tipo con beneficios que se cobran hasta por 50 años no se puede sostener.

- ¿Cómo se corrige eso?

- Hay todo un debate de cómo modificar el sistema de pensiones: tenemos que hacerlo justo. ¿¡Cómo un sistema contributivo se hace sostenible con estas ilogicidades?! Tenemos que tender a la racionalidad. Desnaturalizamos el sistema, si protegemos la mediana edad en lugar de la vejez. Hay que debatir esto; esto no pretende ser un DNU ni imperativo. Pero hay que buscar alternativas. Si no hay plata como se dice a nivel nacional y no hay plata para que Anses le pague a Santa Fe (nos deben más de 400 mil millones de pesos), o nos sentamos en serio con todos los legisladores a discutir esto, o se atenta contra la existencia de la propia Caja. Hay que ponerse los pantalones largos; o encaramos estas modificaciones necesarias para defender la Caja en el sistema provincial o nadie puede garantizar esa permanencia y su sustentabilidad.

- ¿Plantearía alguna reforma sobre cómo establecer los topes?

- En mi idea académica plantearía fijar topes no como el nacional porque es realmente bajo, pero tampoco como el que tiene actualmente la provincia; me parece una exageración el de Santa Fe donde está planteado el tope como el 80% del sueldo del presidente de la Corte con 30 años de antigüedad sabiendo que por cada año de antigüedad se suma un 2% sobre el sueldo. Tiene que ser un tope razonable, donde la unidad de medida sea el nivel dos de la administración. Nueve o diez de esos haberes. Hacerlo sustentable, respetando la vida laboral de cada uno. Toda la clase política tiene que ser consciente de que hay que hacer una reformulación de los entes de la seguridad social porque de lo contrario, peligra el sistema como también peligra el nacional. Podemos tener la Caja que queramos, pero la tenemos que poder sostener.

- Descuento que todo esto que sugiere tiene el aval político del gobierno provincial para plantearlo como proyecto de ley...

- Esta es mi propuesta; quien defina el momento, la oportunidad y la ocasión será el gobernador. Y se deberá dar el debate. No recuerdo que se haya dado un debate en serio para discutir estas reformas en los últimos tiempos. Mi deber es formular las propuestas y las someto al debate que sea necesario. Un ámbito para esa discusión puede ser el Foro de la Seguridad Social que vamos a crear. Y el debate democrático será en la Legislatura. Vamos a promover un debate honesto, racional; acepto mejoras pero me van a tener que convencer. Insisto, tenemos que hacer un sistema sustentable porque si no hacemos esto, el sistema peligra. La reingeniería no es ni ir hacia una AFJP ni a una transferencia a la Nación o al sistema privado; queremos la Caja en la provincia, pero así no puede seguir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social debe hoy a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe $ 56.318 millones, porque sus transferencias llegan cada mes a valores históricos, sin tener en cuenta lo que dicta la Ley de Presupuesto sobre su actualización y su pago en término.

Cada mes, al organismo previsional santafesino arriban $ 949 millones de los $ 7.207 millones que deberían enviarse si se cumpliera con la norma vigente. Desde la década del '90, cuando buena parte de las provincias transfirieron sus cajas (con lo que sus déficits son pagados por el conjunto de los argentinos), la Casa Rosada debe compensar a aquellos estados provinciales que no libraron a sus jubilados a la suerte nacional. Y cubrir sus respectivos déficits.

Santa Fe es una de las 12 provincias que -al igual que Córdoba- no le pasó a la Nación su caja de jubilaciones. El rojo de sus cuentas debería ser asumido por las arcas nacionales, pero no así. El grueso de los desequilibrios previsionales provinciales los pagan todos los santafesinos, sean o no sus futuros beneficiarios.

De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas a este diario el pago del total de los beneficios jubilatorios y las pensiones sumaron en septiembre 41.200 millones. Y lo que Anses le debe a los santafesinos está por encima de esos recursos ($ 56.318 M). Dentro de poco será igual a un mes y medio de jubilaciones y pensiones.

Además, a esas cifras debe sumarse un elemento que ayer develó El Litoral. En el proyecto de ley de presupuesto 2024 no se agregaron dos artículos que aseguran tanto la actualización de esos giros, como su pago a tiempo. Obviamente, es el artículo 92 del cálculo de gastos y recursos de 2023 el que hoy no se cumple: la Nación paga a Santa Fe como si nada hubiera ocurrido en materia económica entre hoy y 2019, es decir, a valor histórico, sin la actualización prevista por dicho artículo, según se explicó oficialmente.

Tal como se informó en la víspera, el mensaje enviado al Congreso por el ministro de Economía Sergio Massa no contiene los artículos 92 y 93 que en el ejercicio vigente impuso la oposición, en la negociación parlamentaria, gracias a que Córdoba llevó el planteo a Diputados. El Bloque Federal tomó el tema y se logró su inclusión, pero una vez más la Nación lo incumplió.

En febrero de este año, cuando recién comenzaba a aplicarse la ley de presupuesto, se presentó una protesta formal de la Casa Gris santafesina a la Rosada. Hoy se observa que no tuvo resultado. A Santa Fe le ocurre lo mismo que a las 13 provincias deben recibir fondos nacionales que compensen sus déficits previsionales producto de no haber transferido -en los '90- sus cajas de jubilaciones. Sólo 6 de ellas se quejaron, sin más resultados que la exposición pública del problema. Entre ellas, las de la Región Centro: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El tema en la provincia mediterránea genera mucha mayor atención porque su estado sufre además el pago de intereses de un endeudamiento externo en dólares que crece con cada devaluación. Allí crece la idea de un nuevo reclamo judicial, una vez agotada la instancia administrativa.

Desde este primero de enero, la jubilación mínima en la provincia de Santa Fe es de $ 82.464 y la pensión alcanza a $ 61.848, de acuerdo al decreto 3005 del 2022 que publicó el Poder Ejecutivo en este mes en el Boletín Oficial. Los valores surgen del acuerdo paritario de diciembre entre el gobierno con los gremios estatales. En diciembre, la jubilación mínima había sido de $ 80.423 y la pensión de $ 60.317.

Los valores mínimos de los pasivos santafesinos son muy superiores a los fijados por Anses para los pasivos nacionales donde la gran mayoría de los beneficiarios perciben la mínima. En cambio, en Santa Fe, el haber mínimo es percibido por apenas el 3% de los pasivos.

De acuerdo a datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia apenas 1.328 jubilados (1,8% del total) y 1.726 pensionados (7,32%) perciben los haberes mínimos. Es decir apenas el 3,13% de los beneficios del sistema santafesino perciben la jubilación mínima. Los casos de estos mínimos son agentes con muy pocas horas de prestación de servicios, en su gran mayoría docentes con pocas horas cátedras que accedieron al beneficio previsional o bien profesionales de la salud con prestación reducida.

El sistema previsional santafesino no establece tope para los beneficios y están en relación directa con el ingreso de los activos de cada sector.

En Anses, el haber mínimo para los jubilados en enero se ubica en $50.124 y el monto máximo en $337.289. En ambos casos se trata del valor bruto de la prestación previsional, a la que se le debe añadir el bono extraordinario de $10.000 para la jubilación mínima, hasta decrecer a $7000 en el caso de las jubilaciones superiores. Así, más allá de la fórmula el mínimo de bolsillo es de $ 60.000 pero cobrado por la mayoría de los pasivos.

Volviendo a la Caja santafesina, a diciembre cobraron 97.367 beneficios y el desembolso realizado por el organismo alcanzó a $ 22.719.231.780 de acuerdo a los datos publicados por el organismo previsional.

En el último mes del último año, Santa Fe tenía 73.841 jubilados que percibieron un haber promedio de $ 244.658 mientras que 23.535 pensionados con un haber promedio de $ 145.203. Estos promedios se incrementarán desde este mes debido a la actualización prevista en el acuerdo paritario.

El artículo 8 del acuerdo paritario de diciembre con Upcn y ATE determina traslada “la política salarial definida a los agentes del sector pasivo del Escalafón Decreto Acuerdo N° 2695/83, de la Administración Provincial de Impuestos, Decreto N° 4447/92, del Servicio de Catastro e Información Territorial, Decreto N° 201/95, y de Fiscalía de Estado, en la misma forma y condiciones que las establecidas para el sector activo”. En los restantes acuerdos paritarios (docentes, salud, viales, etc) se incluyó una cláusula similar de protección a los haberes previsionales.

Los docentes representan el mayor porcentaje de pasivos para la Caja. Fueron 33.014 los que percibieron en noviembre beneficios previsionales con un promedio de $ 195.136. En la masa general, el segundo grupo es la administración central con 18.198 beneficiaros y un promedio de $ 152.973. El podio en números se completa con agentes de seguridad que tiene 9.548 pasivos y un haber promedio de $ 210.110.

Personal legislativo, viales y el arte de curar son los que menor número de agentes pasivos tenían a noviembre: 559, 793 y 1437 pasivos respectivamente.

El decreto del Poder Ejecutivo también ordena actualizar el monto de las Pensiones Sociales Ley 5.110 que administra ese organismo y que comprende la pensión para adultos mayores; por incapacidad laboral; para menores desamparados; para madres con hijos menores de 16 años; la pensión de honor de Veteranos de Guerra de Malvinas; para madres de víctimas del terrorismo de Estado; para presos políticos, gremiales o estudiantiles y para bomberos voluntarios.