El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó este miércoles que la Provincia duplicó la cantidad de detenciones respecto de la gestión anterior, al pasar de un promedio de 1,6 nuevos presos a 3,2 por día. El dato fue presentado ante entidades del Consejo Empresario, en un encuentro realizado en la sede rosarina de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en donde se analizaron los resultados del Plan de Seguridad y se definió una agenda conjunta con el sector privado.Cococcioni explicó que este incremento “no es casual”, sino consecuencia del fortalecimiento de la operatividad policial, de la reconstrucción del sistema penitenciario y del trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación, potenciado por la incorporación de nuevos fiscales y jueces. También atribuyó el avance a las reformas normativas sancionadas en los últimos dos años, que “están empezando a mostrar resultados concretos”.Durante la presentación, el ministro repasó que el Gobierno de Maximiliano Pullaro asumió con un contexto de niveles de violencia “despegados de cualquier comparación nacional”, con tasas de homicidios entre el doble y el triple del promedio del país. “Dentro de los homicidios, empezamos a prestar atención a aquellas manifestaciones que se relacionan con la violencia interpersonal o de género. Ahora, con el programa de tobilleras para controlar las perimetrales a personas denunciadas, esperamos tener una actividad fuertemente preventiva en esa materia, y, en definitiva, estructurar lo que sería el programa normal de seguridad pasada esta primera etapa que definimos como de emergencia”, afirmó el ministro. 

Señaló además que, gracias a la reorganización del sistema de seguridad y la investigación criminal, esos indicadores “han comenzado a estabilizarse dentro de parámetros normales”. Indicó además que los delitos predatorios registran una reducción interanual del 20 %, según estadísticas del 911.En relación con el sistema penitenciario, Cococcioni recordó que la gestión inició con un programa para construir 5 mil nuevas plazas, pero la demanda obligó a ampliar la escala: actualmente hay más de 7 mil en ejecución. “La infraestructura penitenciaria es clave para sostener el aumento de detenciones y garantizar un funcionamiento adecuado del sistema penal”, afirmó.

Desde el sector empresario, el coordinador del Consejo, Maximiliano Ferraro, destacó la claridad de la exposición y planteó la necesidad de reforzar la prevención durante las Fiestas en áreas comerciales y localidades del interior.A su turno, el gerente de Camarco delegación Rosario, Rubén Llenas, valoró el cumplimiento en los pagos de la obra pública penitenciaria, lo que permite que las empresas mantengan los plazos y las curvas de trabajo.El encuentro concluyó con el compromiso de sostener reuniones periódicas para evaluar avances y profundizar la cooperación entre el Gobierno provincial y el sector productivo. 

El gobernador Omar Perotti participó este jueves del acto de toma de juramento de las nuevas autoridades que fueron designadas para ocupar cargos en el Sistema Penal de la provincia. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Erbetta, y se desarrolló en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales, en la ciudad de Santa Fe.

Luego del acto, Perotti agradeció y reconoció “el enorme trabajo realizado en un proceso complejo, en una de las instituciones más importantes de la Justicia de la Provincia de Santa Fe, de su engranaje institucional, que se ha podido llevar adelante de la mejor manera, de manera transparente, donde todos los postulantes y cualquier interesado, cualquier santafesino de cualquier lugar pudo seguir cada uno de los exámenes de cada uno de los que se presentó”; y reconoció que se trató de “una instancia inédita, pero me parece necesaria, y ojalá se siga aplicando siempre en cada instancia de selección de este tipo”.

Asimismo, el gobernador expresó que “con los procesos de los trámites legislativos correspondientes y los plazos cumplidos, con las mayores expectativas, como seguramente tiene la población, en el deseo de una justicia presente que nos ayude a encaminar un mayor nivel de convivencia en la ciudadanía, mayores expresiones de justicia que den bases sólidas a cualquier desarrollo de una comunidad”.

Finalmente, Perotti destacó este acto como “uno de esos hechos importantes y trascendentes que tiene la vida de una sociedad, donde empezamos, queremos y deseamos que las condiciones y capacidad de las nuevas autoridades designadas nos permitan mejorar y mucho el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación en la conducción de la política criminal”.

En primera instancia, se tomó juramento como Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, a la doctora María Cecilia Vranicich y, como Defensora Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, a la doctora Estrella Moreno Robinson. Además, prestaron juramento como fiscales regionales, el doctor Jorge Alberto Nessier, la doctora María Eugenia Iribarren, el doctor Matías Sebastián Merlo correspondientes a las Circunscripciones Judiciales N° 1, 2 y 3 respectivamente, y como Auditor General de Gestión, el doctor Leandro Luis Mai, todos para el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.

Como Defensores Regionales dieron juramento también el doctor Jorge Leandro Miró, la doctora María Valeria Lapissonde, el doctor Carlos María Flores Zanella, correspondientes a las Circunscripciones Judiciales N° 1, 4 y 5 respectivamente, todos para el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe.

De la ceremonia participaron también los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, y el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, junto con las autoridades salientes, Jaquelina Balangione como Defensora Provincial, y Jorge Baclini como Fiscal General.

Además estuvieron presentes la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas; el presidente provisional de la Cámara de Senadores de la provincia, Rubén Pirola; el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías; los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Gestión Pública, Marcos Corach; y de Igualdad, Género y Diversidad, María Florencia Marinaro; el fiscal de Estado, Rubén Weder; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; senadores y diputados provinciales; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda; y demás autoridades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y representantes de universidades y de colegios, entre otros.

En el recinto de la Cámara de Diputados se realizó una jornada para el análisis y evaluación de la reforma en la Justicia Penal a cumplirse ya ocho años de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal más allá de los quince años de la sanción de la norma.

La actividad fue a propuesta de la diputada Mónica Peralta (Gen) quien encabezó la reunión junto al presidente de la Cámara, Pablo Farías. Estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; la defensora general, Jaquelina Balangione así como los fiscales regionales Carlos Arietti y Rubén Martínez; Gustavo Salvador y Roberto Prieu Mántaras por el Colegio de Magistrados; jueces penales; el Defensor del Pueblo, Jorge Henn; directivos de colegios de abogados de Santa Fe y de Rosario así como la decana de la facultad de Derecho de la Universidad Católica local, Zully Degano.

“La reforma penal implicó un salto institucional fundamental para mejorar la calidad del sistema judicial; por eso es que hoy, después de ocho años de vigencia, es necesario que entre todos los poderes del Estado, podamos analizar y evaluar los alcances que esta reforma tuvo, tomando en cuenta la realidad actual”, señaló Peralta. “Hoy convivimos en una sociedad mucho más compleja, en la cual el delito organizado fue ampliando su dimensión a diferentes esferas de la vida ciudadana, atravesando todos los sectores sociales”, acotó.

Entre los expositores hubo varios planteos, pero cuestionando la falta de conformación de una comisión de seguimiento de la entrada en vigencia del nuevo sistema para ir calibrando las necesidades de reformas a algunos institutos. Por ejemplo, hubo algunos cuestionamientos al sistema de juicios abreviados, se reclamó establecer topes a la Investigación Penal Preparatoria así como reglas claras para regímenes disciplinarios. También se hizo notar desde algún juez la falta de contención o de institutos para personas con problemas de adicciones o también para casos de salud mental.

El compromiso de las partes presentes fue avanzar en buscar consensos para introducir los cambios que las partes consideren necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema. Peralta, sobre el final, lamentó la ausencia de representantes del Ministerio de Seguridad y Farías dejó abierta la cámara para buscar acuerdos entre los actores del sistema.

No ha habido ni habrá actos administrativos relevantes hasta el próximo martes, en el marco del concurso con el que se pretenden renovar las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Sí, el gobierno provincial define por estas horas la estrategia con la que esperará a la oposición el próximo martes. Ese día, funcionarios del Poder Ejecutivo recibirán a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para despejar dudas y sospechas pero también, para ratificar el proceso.

Según pudo saber El Litoral, el gobierno sostendrá el procedimiento y defenderá su continuidad, ofreciendo “medidas excepcionales” de claridad y transparencia. En ese orden se menciona, por ejemplo, que la realización del sorteo para completar las vacantes que se hayan generado en el cuerpo evaluador, sea comunicada con la suficiente antelación para que quien lo desee, pueda presenciarlo.

Ello tropezará con la postura que llevarán algunos referentes de la oposición, sobre todo del radicalismo, quienes plantearán que el jurado debe ser constituido nuevamente en su totalidad. Plantean borrón y cuenta nueva; que renuncien todos y se vuelva a integrar de común acuerdo. Para intentar limar asperezas, la Casa Gris está entablando contactos y mantendrá diálogo con algunos legisladores de aquí al martes.

Hasta aquí, por renuncias, excusaciones y recusaciones, nueve integrantes del jurado original dieron un paso al costado. En el caso de las dimisiones, siempre se argumentan “razones personales”. Lo cierto es que la escalada de bajas en el cuerpo evaluador comenzó a generarse después de que se difundiese un audio en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain, que compromete al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.

El concurso estuvo inmerso en una fuerte tensión con la oposición desde sus inicios, pero la difusión del audio aludido elevó los decibeles de la discusión a la que se sumaron, incluso, otros actores institucionales. Fue así que por decreto, se decidió apartar a Somaglia del procedimiento. Pero ello no fue suficiente para acallar la polémica. La oposición cerró filas y estuvo a punto de pedir la interpelación de la ministra de Gobierno, Celia Arena; y del fiscal de Estado, Rubén Weder. Ambos quedaron a cargo del proceso tras el apartamiento de Somaglia. Y si no se avanzó con ese trámite legislativo, fue porque el gobierno logró desactivarlo a partir de la invitación a la oposición para conversar el próximo martes.

Fuentes del gobierno consultadas por El Litoral aseguraron que desde el punto de vista jurídico, el concurso “no está impugnado”; y acotaron que el propio reglamento establece cómo proceder para salvar la situación derivada de las renuncias y las respectivas vacantes. Pese a ello, se admite que una decisión política puede frenar y hasta hacer caer el trámite.

Tras la inscripción de los postulantes y la presentación de los planes de trabajo, el Consejo de la Magistratura debe avanzar aún en la admisibilidad de los interesados. Esto implica un análisis de los datos y requisitos objetivos de cada participante – título, años en la magistratura o en la profesión, por ejemplo- para “admitirlos” en el proceso. Posteriormente, el jurado deberá tomar las entrevistas pero antes, deberán ser cubiertas las vacantes. Restan resolver también las excusaciones y recusaciones formuladas en el marco del proceso.

En las últimas horas, se sumó a los de la semana pasada, el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Rosario. La institución se ofrece como anfitriona de una “mesa de diálogo” con todos los actores, que permita garantizar la continuidad del proceso con transparencia.

Este lunes, al mediodía, venció el plazo para la inscripción de postulantes a ocupar los principales cargos de conducción tanto en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Publico Provincial de Defensa Penal. Trascendió que hubo 83 anotados para el MPA y 30 para la Defensa; entre los primeros deberán incluirse 13 postulantes para el cargo de Fiscal General que hoy desempeña Jorge Baclini y que no tiene posibilidad legal de repetir la tarea.

Los cargos a concursar son el Fiscal General y los cinco regionales para el MPA más el cargo de auditor de gestión. En tanto, en la Defensa concursan la conducción del órgano hoy a cargo de Jaquelina Balangione -tampoco tiene reelección- más cuatro regionales -no está en juego el de Venado Tuerto-.

Los mandatos de las actuales autoridades vencen en abril del 2023 y el propósito del Poder Ejecutivo es tener las ternas antes de fin de año para enviarlas a Legislatura y que los primeros meses del año venidero sean de coordinación entre salientes y entrantes.

Los postulantes debieron presentar un plan de trabajo escrito y anónimo que luego deberán defender en una entrevista pública, en la cual se ponderarán además sus antecedentes. Asimismo, debieron completar el formulario de inscripción en el sitio web del Consejo de la Magistratura. Además debieron entregar en una carpeta en soporte papel la acreditación de sus antecedentes, en original y copia.

Ahora, la Secretaría de Justicia deberá evaluar si las presentaciones cumplen con los requisitos para luego publicar la lista de concursantes para recibir posibles observaciones y luego poner en marcha la etapa de evaluación de los postulantes con jurados ya anunciados con la participación de expertos nacionales y provinciales.

Sandra Valenti, Ana María Figueroa, Alejandro Slokar, Darío Vezzaro y Arsenio Domínguez son los titulares para los cargos del MPA mientras que Ángela Ledesma, Gustavo Salvador, Rodolfo Zehnder, Marta Feijoo y Sergio García Ramírez para la Defensa.