El empleo registrado volvió a caer en mayo y acumuló 13 meses seguidos de retrocesos, una de las peores rachas de la historia argentina contemporánea, comparable solo con grandes crisis como la de los años 90 y el colapso del programa de Martínez de Hoz al final de la dictadura militar, entre 1981 y 1982.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en mayo el empleo asalariado perdió 6.971 puestos. Desde noviembre de 2023, la caída acumulada asciende a 337.365 empleos, con la industria y el comercio entre los sectores más afectados, con bajas del 4,5% y 3,1%, respectivamente.

Por sector, en mayo el empleo privado registrado cayó en 9.056 puestos. Esa baja fue parcialmente compensada por la incorporación de 736 trabajadores públicos, 1.356 en casas particulares y 2.676 monotributistas.

Desde noviembre de 2023, todos los sectores registran pérdidas: el privado formal redujo 241.176 puestos (-3,8%); el sector público, 79.865 (-2,3%); y casas particulares, 16.324 (-3,4%). En total, se perdieron 337.363 empleos (-3,3%).

Los datos son aún peores si se toma como fuente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Nación (SRT) que informó para el mismo período del año 411.613 puestos de trabajo registrados perdidos (-70.217 en mayo), lo que representa una destrucción equivalente al 4,2% del total de puestos de trabajo registrados (de 9.857.173 a 9.445.560).

Esta catástrofe laboral fue parcialmente amortiguada por la creación de 160.575 monotributistas, lo que profundiza la precarización y la pérdida de ingresos. Ese proceso coincide con uno de los objetivos del gobierno nacional, que impulsa una reforma laboral que, como ocurrió en los años 90, no genera empleo, sino que recorta derechos y deteriora las condiciones de trabajo.

Un informe de la consultora Audemus, dirigida por el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, advirtió esta semana que, por primera vez en la serie, menos de la mitad de los puestos de trabajo son asalariados formales: 48,1%, frente al 50% de 2023 y al 53,8% de 2016. El informe define este dato como “un punto de inflexión a atender”, porque marca una aceleración de la precarización laboral en el país.

La caída del empleo, como señaló en su cuenta de X Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, se ubica en niveles similares a los del período abril de 2018-enero de 2020, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se perdieron 293.460 puestos de trabajo.

Por provincias, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el empleo solo creció en Neuquén (7,6%), Río Negro (3,4%) y San Juan (0,4%). Las jurisdicciones más golpeadas por las políticas nacionales fueron Santa Cruz (-17%) y Tierra del Fuego (-16,8%), seguidas por provincias del norte como Formosa (-12%), Catamarca (-11,7%), Santiago del Estero (-11,3%), Chaco (-10,7%) y La Rioja (-10,7%).

En Santa Fe, desde noviembre de 2023 se perdieron unos 18.000 empleos registrados: de 523.700 se pasó a 505.700. La caída se aceleró en los primeros cinco meses de 2026, con 6.100 puestos menos, pese al anuncio del gobierno provincial sobre la creación de 8.694 empleos en el primer semestre como resultado de los incentivos fiscales aplicados este año.

La inflación bajó drásticamente desde aquel alarmante 25% mensual en diciembre de 2023 al 2% promedio que se consolidaría en los próximos días. Pero la mejora relativa que ese dato ofrece al poder adquisitivo de los salarios tiene como contracara el deterioro del empleo de calidad.

Según análisis basados en datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la Secretaría de Trabajo (Ministerio de Capital Humano), el total de asalariados formales perdidos (privado + público + casas particulares) es de aproximadamente 329.66 puestos, lo que supone un retroceso de −3,2% aproximadamente respecto de noviembre 2023.

"La travesía del empleo exige más reformas", destaca Osvaldo Giordano en el último Informe de Coyuntura del Ieral/Fundación Mediterránea. Ignorar esta sangría representa un peligro político para la actual gestión de cara al año electoral. Resulta prioritario "evitar que el malestar generado por el mal funcionamiento del mercado de trabajo le quite sustento político al programa económico".

¿Por qué un país con inflación a la baja y sectores en expansión sigue destruyendo empleo? La respuesta del informe desarma cualquier simplificación lineal. No estamos ante una crisis convencional donde solo caen las actividades deprimidas como la industria, la construcción o el comercio.

El fenómeno es transversal: incluso sectores dinámicos y en plena expansión, como la intermediación financiera y los hidrocarburos, reportan caídas en sus nóminas.

La explicación de fondo reside para Giordano en que, al salir del refugio de la alta inflación, las empresas deben enfrentar la intemperie de la competencia real. En este nuevo contexto, "se impone un intenso proceso de adaptación orientado a reducir costos y aumentar la productividad".

Limpiar las ineficiencias acumuladas bajo el amparo inflacionario es "tan costoso como necesario", pero subestimar sus secuelas sociales y políticas es un riesgo mayúsculo, especialmente cuando la pérdida de empleos no se debe a incapacidades insalvables de las firmas, sino a "la subsistencia de un entorno que conspira contra la producción".

Para dinamizar el empleo de calidad, el Gobierno nacional ha buscado reactivar el ritmo de las transformaciones estructurales. Tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral y la superación de las demoras políticas causadas por los cambios en el gabinete, el Congreso tiene en agenda un conjunto de iniciativas dirigidas a fortalecer la confianza en el equilibrio fiscal y promover el crédito.

En esa línea, Giordano incluye la reforma de la carta orgánica del Banco Central, las reglas fiscales de emergencia para cuando el sector público acumule meses consecutivos de desequilibrio y regulaciones financieras (mercado de capitales y al sector de seguros) para apuntalar el crédito.

Sin embargo, el diagnóstico de Giordano advierte que estos proyectos son insuficientes para recuperar la capacidad de generar empleos de calidad. Para consolidar la sostenibilidad fiscal, la verdadera madre de todas las batallas sigue sin abordarse: la reforma previsional.

En palabras del analista, "ninguna regla fiscal, por estricta que sea, será viable si no se ordena el sector público y particularmente el sistema previsional, tanto a nivel nacional como provincial".

Sin este ordenamiento de base, cualquier avance corre el riesgo de ser revertido, tal como ocurrió en el pasado con la autonomía de la autoridad monetaria.

Giordano señala el obstáculo que representa el esquema fiscal actual, advirtiendo que la falta de una "reforma esencial y transversal: la impositiva" es la gran responsable de que muchos proyectos productivos no logren ser rentables debido al "impacto de una carga tributaria extremadamente distorsiva".

Por otro lado subraya que el nuevo escenario político abre la ventana para que "varios gobiernos provinciales pasen a jugar un rol más activo". Esta articulación federal resulta clave para ganar la velocidad y consistencia que demanda el programa.

La conclusión es que el crédito y el orden macroeconómico son condiciones necesarias, pero no bastan. Las iniciativas actuales ayudan a sostener la dirección del barco, pero para llegar a destino y dar respuesta a las demandas sociales de empleo genuino, "quedan muchos escollos por superar".

De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaría de Trabajo de la Nación correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia de Santa Fe registra sin estacionalidad 510.000 trabajadores y trabajadoras formales, mientras que el mes anterior la cifra, con los datos ya ajustados, alcanzó a los 510.400.

"Es decir que se experimentó una leve caída respecto del mes anterior y en la comparación interanual se verifica una pérdida de más de 11.000 puestos formales dependientes", señaló el ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

A nivel país en noviembre de 2024 continuó la caída en casas particulares y en el trabajo independiente se observaron variaciones negativas en todas las categorías, principalmente en monotributo (categoría en la cual la cantidad de aportantes cayó un 0,5%). El monotributo social presentó una caída de 0,8%, y autónomos una caída del 0,5%.

En el detalle por actividad en el orden nacional se observa que las ramas de actividad que experimentaron mayor dinamismo fueron: Pesca (+3,5%); Comercio y reparaciones (+0,3%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%); Construcción (+0,2%); y Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%).

Entre las ramas que se mantuvieron estables se encuentran Transporte, almacenamiento y comunicaciones; y Servicios sociales y de salud. Por su parte, las ramas que mostraron mayor intensidad en la contracción del empleo fueron: Explotación de minas y canteras (-0,4%); Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,3%); e Intermediación financiera (-0,2%).

La remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2024 se ubicó en torno a los $ 1.423.000 y la mediana de la remuneración bruta fue de $ 1.077.793.

A julio, el empleo privado registrado se mantuvo en el mismo nivel que el mes anterior de acuerdo a los datos suministrados por la Secretaría de Trabajo de la Nación correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así lo señaló el ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. La provincia registró 507.300 trabajadores en esa situación. Este número implica una caída interanual del 2,6%.

El SIPA presenta un diagnóstico acerca de la evolución reciente del trabajo registrado, concepto que encuadra todas aquellas relaciones laborales con acceso a las prestaciones contributivas previstas en el sistema de seguridad social. La información del informe describe la evolución de la población ocupada que se encuentra declarada en los distintos registros administrativos que integran el sistema.

En el informe se desprenden además los asalariados del sector privado y público, los trabajadores de casas particulares, los trabajadores autónomos y monotributistas (incluyendo los monotributistas sociales). En julio de 2024 la población con trabajo registrado en todo el país alcanzó los 13.279.000 de personas. En términos desestacionalizados y en comparación con el mes anterior, la cantidad de personas con trabajo registrado se mantuvo estable en el país.

Así en julio de 2024 se contabilizaron 10.101.000 de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 3.178.000 de personas con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

Precisó Pusineri que en julio, el trabajo de SIPA por actividad a nivel nacional se observa que en diez sectores se verificó una caída en la cantidad de trabajadores, en uno se observó estabilidad, y en otros tres se verificó un crecimiento mensual ocurriendo esto en Pesca (+0,6%); Suministro de electricidad, gas y agua (+0,4%); y Enseñanza (+0,2%). Por su parte, el concepto Comercio y reparaciones se mantuvo estable.

Los sectores que presentaron las mayores contracciones fueron: Hoteles y restaurantes (-0,4%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-0,3%); Servicios comunitarios, sociales y personales (- 0,3%); Construcción (-0,3%); e Intermediación financiera (-0,3%).

La remuneración nominal bruta promedio de julio de 2024, que incluyó el pago de la primera mitad del Salario Anual Complementario, fue de $1.214.855, y creció un 245,1% con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $935.523, con un aumento del 246,4% en la comparación interanual.

En tanto, para la provincia de Santa Fe, Pusineri explicó que se alcanzó el máximo de trabajadores en el sector privado registrado en el mes de noviembre de 2023 con 524.300 personas. Desde ese momento se verifica una caída de 17.000 puestos. En los últimos meses se estabilizó la cifra en 507.300 empleos privados registrados.

En tanto, el informe de SIPA señala que -a nivel nacional- a partir de abril de 2024 se advierte una desaceleración en la magnitud de la contracción del empleo asalariado registrado privado. Durante el segundo trimestre del año se observó una caída mensual media de -0,2%. "La variación del empleo en julio parece continuar esa tendencia de desaceleración. No obstante, la caída del empleo es significativa y acumula ya once meses de variaciones negativas consecutivas", destaca.

(Por Gabriel Rossini) - En la provincia de Santa Fe hay 6.839 trabajadores suspendidos en 74 empresas, de las que alrededor de un 90 por ciento son del sur provincial vinculadas con los sectores metalmecánicos, metalúrgicos y de línea blanca mientras que, en el centro norte de la provincia, donde la composición de las empresas es distinta, las suspensiones solo afectan al 10 por ciento del total.

“El escenario es complejo por la recesión económica", explicó el secretario de Trabajo, Julio Genesini. Foto: Flavio Raina

Los datos son parte de un relevamiento hecho por el Ministerio de Trabajo de la provincia el viernes pasado y no incluye a empresas que presentaron el Procedimiento Preventivo de Crisis, ya que este mecanismo se activa directamente en la Secretaría de Trabajo de Nación sin necesidad de pasar por las autoridades locales.

"Llegamos a tener entre 10 mil y 11 mil trabajadores suspendidos en junio, pero por suerte algunas empresas no han renovado el trámite y se normalizó la situación, de todas maneras el escenario es complejo por la recesión económica" explicó el secretario de Trabajo, Julio Genesini.

Respecto a los despidos en la provincia, de acuerdo a los datos proporcionados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los despidos entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en Santa Fe fueron del 2,5 %, lo que representan unos 14 mil empleos privados menos de todos los sectores.

En el mismo período de tiempo en todo el país, según la consultora Econviews, se perdieron 142 mil empleos registrados.

También está fuertemente afectado el sector de la construcción y en menor medida los servicios. Foto: www.stockcake.com

Los sectores más afectados fueron el sector privado con una pérdida de 131 mil trabajadores, mientras que el sector público redujo su planta en 38 mil personas y en el monotributo social, casas particulares y autónomos las bajas ascendieron a 45 mil. En el monotributo hubo 80 mil alzas netas. Por rama de actividad, la más afectada fue la construcción, que perdió 73.000 empleos entre octubre y mayo.

La Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

El gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, a través de la vía judicial, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.

En la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.

Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.

A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

Ese corte abrupto de transferencias ha ocasionado una deuda de casi 70.000 millones de pesos de enero a junio, en base a este detalle:

“A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $ 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras”, se indica en el recurso interpuesto ante la Corte. “A ello cabe agregar lo determinado en el Informe de la Caja, en cuanto se detalla que los montos requeridos para cubrir el presupuesto previsional se incrementan mes a mes, requiriéndose cada vez más fondos públicos para hacerle frente”, agrega el texto de la demanda.

Cabe consignar que de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.

“La ausencia de fondos por ya medio año, sin ninguna previsión de restablecimiento de estos, más el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, más el objetivo contexto de emergencia de la provincia, determinan una situación que exige, necesariamente, una medida urgente que permita hacer frente a las necesidades previsionales. Es decir, no se trata aquí de cubrir gastos suntuosos e innecesarios, sino de cumplir con los haberes de jubilados”, advierte el recurso interpuesto por Provincia ante el máximo organismo judicial de la Nación.

"El desbalance de la Caja es estructural, seguirá creciendo en los próximos años y comprometerá cada vez más a las finanzas de la provincia de Santa Fe". La advertencia de Hugo Bertín fue expuesta en la sexta reunión del Foro Provincial de Previsión Social que analiza reformas al sistema jubilatorio santafesino.

Magister especializado en previsión social y finanzas públicas, docente en las universidades de Rosario y La Plata y miembro del Foro Argentino de Seguridad Social, Bertín celebró el debate santafesino en contraste con las modificaciones con escaso o nulo consenso en el sistema nacional.

Crédito: Hugo Bertín

"Edades tempranas para acceder a la jubilación, en particular en el subsistema docente; baja tasa contributiva con relación a las generosas tasas de sustitución entre la jubilación y el salario; la facultad de compensar edades con años de servicio; la existencia de varios regímenes especiales con parámetros aún más laxos y la caída en la relación entre activos y pasivos" son las causas que detalló el especialista en la crítica perspectiva.

"El resultado financiero de la Caja del año 2023 absorbió algo más del 6% del gasto del presupuesto de la Administración Central; este desequilibrio financió una parte del pago de las prestaciones previsionales de los 104,5 mil beneficiarios contributivos, con haberes promedio de $603.762", dijo el expositor, advirtiendo "una alta dispersión" en "la relación entre el haber máximo y el mínimo", con una dispersión de 32,4 en el mes de diciembre del 2023.

Crédito: Hugo Bertín

El economista calculó que en la provincia "el déficit contributivo" del año 2023 "fue equivalente a $1.292.399 por beneficiario" (7,4 AUH promedio del mismo período). "Esta asignación de fondos es regresiva desde el punto de vista de la distribución del ingreso e impacta en la eficiencia y en la equidad", expuso.

La provincia asiste a sólo el 2,8% de la población de la provincia en su sistema previsional. "El haber promedio de los beneficiarios de la Caja triplica al promedio de los beneficiarios contributivos (sin moratoria) del Sistema Integrado de Previsión Argentino", que cobraron un promedio 198.143 el año pasado en el sistema nacional, que representan el 13,1% de la población santafesina y que -habiendo aportado en proporciones equivalentes- obtienen beneficios muy inferiores.

Crédito: Hugo Bertín

Bertín fue más allá incluso al advertir el esfuerzo fiscal de la Casa Gris en favor de los haberes, "considerando los niveles de pobreza infantil (y de la pobreza en general) y el deterioro de la infraestructura en la provincia de Santa Fe", en especial ahora que la Nación ha delegado en las provincias buena parte de la responsabilidad en infraestructura.

"Las proyecciones de largo plazo muestran un desequilibrio creciente en el tiempo, que desplazará, aún más, la inversión en educación, los gastos en salud, seguridad y la propia inversión en infraestructura, que permitiría mejorar la productividad del sector privado de la economía santafesina y disminuir la pobreza multidimensional", expuso.

"La reforma en la previsión social de Argentina se enmarca en un contexto más amplio de encontrar una mejor asociación entre el gasto (y su distribución entre corriente y de capital en todas las jurisdicciones), la carga tributaria (y la eliminación de los impuestos distorsivos), la productividad, el crecimiento económico y el envejecimiento poblacional; el desafío es cada vez más urgente porque Argentina "no se está volviendo rica, antes de volverse vieja".

Bertín dijo que "las reformas previsionales son procesos frecuentes en el mundo que conllevan conflictos sociales y políticos. Las recomendaciones de los organismos multilaterales y la experiencia de países que han reformado sus regímenes previsionales, o que están en este proceso, sugiere abrir un proceso de diálogo social y político que permita explicar el porqué y el cómo de la reforma y, también, buscar los consensos necesarios para que el nuevo régimen previsional sea estable en el tiempo".

Recordó en ese sentido que "la constitución de la Comisión de Revisión del Sistema Previsional de Santa Fe en la Legislatura de la Provincia es una vía promisoria para encontrar acuerdos que fortalezcan al régimen previsional y lo preparen para enfrentar el proceso de envejecimiento poblacional".

"A modo de ejemplo, una docente a los 57 años pudo haber registrado 30 años de aportes a una tasa de 31,7% (14,5% aporte personal y 17,2% contribución patronal) y percibirá una jubilación por vejez por 26 años (esperanza de vida a esa edad) con una tasa de sustitución del 82%; como puede observarse en este ejemplo individual, la aritmética no cierra".

"El resultado financiero de la Caja del año 2023 absorbió algo más del 6% del gasto del presupuesto de la Administración Central", expuso el especialista. En su cuadro comparativo reveló que el haber promedio del Poder Judicial santafesino es de $2.780.830; el haber promedio de la Caja es de $603.762; en municipios y comunas promedia 432.193 y en el sistema nacional $198.143 (todos valores a diciembre de 2023).

Así, el esfuerzo fiscal de todos los santafesinos es para el 17% de los jubilados en la provincia (son "provinciales") mientras que 79,2% del universo de jubilados en Santa Fe (son "nacionales"). Los primeros son 2,8% de la población de la provincia; los segundos son 13,1%.

"El resultado previsional contributivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe del año 2023 arrojó una pérdida de $129,7 mil millones, fue equivalente al 32% del gasto prestacional y representó el 6,1% del presupuesto de la Administración Pública No Financiera". Toda esa plata fue para el descripto 2,8% de la población.

Hay un proporcional de poco más de dos activos aportando por cada pasivo en el sistema santafesino. "La relación viene descendiendo en los últimos años y se espera que continúe esta trayectoria", señaló Bertín.

La proporción no alcanza para pagar haberes del 72% al 82% de los salarios (promedio de los últimos 10 años). El economista advirtió que el SIPA (la Caja nacional) paga haberes equivalentes al 56%, que reciben los jubilados santafesinos en el régimen general sin aporte fiscal de la gobernación y sosteniendo con sus impuestos al déficit de la caja provincial.

El especialista añadió que "la feminización de la base de pasivos provinciales (69% del total), en especial en el subsistema de docente (38,4% del total), contribuye a una mayor duración promedio de la permanencia de los beneficios, en virtud de su mayor esperanza de vida y la menor edad a la cual pueden acceder al sistema.

"En el mismo sentido -sostuvo Bertín- los procesos de reforma del Estado, las privatizaciones, concesiones y la tercerización determinaron la disminución de la cantidad de aportantes, generando un comportamiento decreciente de la tasa de sostenimiento".

La cantidad de personas con trabajo registrado en el país alcanzó a 13,047 millones en enero (+20,2 mil trabajos respecto del mes previo) y se acumularon 30 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado formal privado, el período de expansión más prolongado de los últimos 14 años, informó el Ministerio de Trabajo en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El empleo creció 0,2% respecto del mes anterior (20,2 mil personas más) en enero y, en la comparación interanual el alza fue de 4,7% (579,8 mil trabajadores más)

Además, en este último mes se alcanzó un nuevo hito: el número de trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado registrado en enero de 2023 es el más elevado desde 2009, cuando se inició la serie estadística.

Se contabilizaron 10,176 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares), y 2,87 millones de personas con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

Puntualmente, las personas con empleo asalariado en el sector privado alcanzaron los 6.295.000 de trabajadores y trabajadoras con empleo formal: un 0,2% más que en el máximo anterior de diciembre de 2017, un 1,2% más que en diciembre de 2015 y un 12% más que en enero de 2009 (correspondiente a la serie sin estacionalidad).

De este modo, el proceso de expansión del empleo formal vigente permitió recuperar el empleo perdido durante la pandemia y reintegrar la totalidad del trabajo asalariado formal desvinculado durante el período comprendido entre 2018 y 2019.

Desde diciembre de 2019 se sumaron 915 mil trabajadores y trabajadoras a puestos cubiertos con las prestaciones contributivas de la seguridad social, y con la variación positiva observada en enero de 2023, se acumulan 30 meses de crecimiento consecutivo del empleo asalariado registrado del sector privado.

A lo largo de esta fase expansiva, que se extiende dos años y medio, más de 500 mil personas lograron acceder a puestos de trabajo asalariados formales en empresas privadas, y se transformó en el período de crecimiento más prolongado de, al menos, los últimos 14 años.

La única fase que se aproxima a la presente es la que se extendió durante 28 meses, entre septiembre de 2009 y diciembre de 2011.

Además, en este último mes se alcanzó un nuevo hito: el número de trabajadores y trabajadores con empleo asalariado registrado en enero de 2023 es el más elevado desde 2009, cuando se inició la serie estadística.

En enero de 2023 se contabilizan alrededor de 6.295.000 de trabajadores y trabajadoras con empleo formal: un 0,2% más que en el máximo anterior de diciembre de 2017, un 1,2% más que en diciembre de 2015 y un 12% más que en enero de 2009 (correspondiente a la serie sin estacionalidad).

La expansión del empleo registrado privado en el último año fue generalizada a nivel sectorial y territorial.

El nivel de empleo creció en 12 de los 14 sectores en los que se desagrega la economía (los dos sectores que se contrajeron fueron el agropecuario y la intermediación financiera) y en 23 de las 24 jurisdicciones entre enero de 2022 y enero de 2023.

En este mismo período (enero 2022 a enero 2023) las ramas de actividad que se destacan tanto por su mayor dinamismo como por su relevancia en tanto sector empleador son Hoteles y restaurantes (+0,7%, +1.800 empleos), Construcción (+0,5%; +2.100 empleos), Comercio y reparaciones (+0,4%; +4.700 empleos) —que en enero registra el máximo de la serie—, Industria (+0,3%; 3.200 empleos), y Servicios empresariales (0,3%, +3.100 empleos).

Las expectativas netas de las empresas con relación a la contratación de personal para los próximos tres meses continúan siendo positivas (2,7%), según el informe de “Panorama mensual del Trabajo Registrado”.

Este indicador surge de la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirla: del 5,4% de las empresas que declaran que harán cambios en sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 4,1% espera aumentar la dotación y el 1,3 % estima que la reducirá”, detalló el informe.