Por Rogelio Alaniz

No conozco ningún país civilizado donde una burocracia sindical le declare dos huelgas generales en menos de cinco meses a un gobierno elegido democráticamente. De derecha o de izquierda. Estas novedades existen en la Argentina gracias a una estructura sindical que en sus rasgos generales continúa rigiéndose con los principios dictados por Benito Mussolini hace más de un siglo. Los caciques sindicales que el martes decretaron el paro son herederos de los mismos que le hicieron la vida imposible a Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia, Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. La primera verdad peronista sindical dice lo siguiente: la huelga vale para todo gobierno que no sea peronista. Segunda verdad: la huelga vale para todo gobierno que amenace privilegios que permiten a esa burocracia enriquecerse como jeques árabes. Puedo mencionar otras verdades sindicales criollas, incluso sus fantasías y deseos imaginarios. Por lo general estos caciques no creen en ninguna teoría, en ningún principio, en ningún valor, pero secretamente, en los repliegues sombríos de su inconsciente, anhelan aquel orden político que se confunde con su nacimiento: la alianza de los sindicatos, la iglesia y los militares. La comunidad organizada. ¡Qué felicidad! Un general, un obispo y un burócrata sindical. El general puede ser sustituido por un coronel, el obispo por un capellán, pero el dirigente sindical es siempre el mismo.

Los tiempos han cambiado. En algo por lo menos. Por ejemplo, la huelga del martes huele a fracaso. La adhesión apenas supera el treinta por ciento; más del ochenta por ciento del comercio y de las pymes trabajaron normalmente. El miércoles fue un día normal. Casi normal. Por lo menos el paisaje callejero así lo indicaba: comercios abiertos, gente en las calles, autos transitando por las avenidas. Adiós esos paros domingueros en los que nadie se movía. Esta vez los aprietes y las extorsiones habituales no dieron los resultados esperados. La fórmula entonces era eficaz y sencilla: si no hay transportes, los trabajadores no tienen otra alternativa que quedarse en su casa. Sin embargo, el miércoles la fórmula mágica no produjo los resultados esperados. No sé si la gente se moría de ganas por ir a trabajar, pero me consta que muchos, muchos argentinos, están hartos de los Moyano y los Barrionuevo. Y están hartos de estas huelgas salvajes que a los primeros que perjudican es a los argentinos porque, importa saberlo, estos paros no salen gratis. La fiestita de los burócratas nos cuesta millones de dólares, muchos millones. Plata que no tenemos, quemada en las hogueras de vanidades de los capangas sindicales.

Dicho esto, agrego para contribuir a la confusión general que el país no anda bien. Hace rato que no anda bien, pero no estoy del todo convencido de que este gobierno logre sacarnos del fracaso. Opinión, punto de vista, pálpito. Como más les guste. No estoy de acuerdo con una CGT facciosa que invoca a los trabajadores para defender sus intereses, pero a decir verdad, este gobierno me despierta más dudas que certezas. ¿Estoy en el medio? Es probable. No es un lugar para avergonzarse. Estoy en el medio porque dudo, recelo, desconfío. Mis certezas son la democracia, la república y el Estado de derecho. Los sindicalistas nunca han creído en estos valores y dudo de que Javier Milei esté muy entusiasmado con ellos. Estas dudas no se resuelven con las huelgas golpistas o desestabilizadoras de los sindicatos, sino a través de la práctica política en el interior de las instituciones de la democracia: el parlamento y la deliberación pública. Un populista preguntará: ¿Y la lucha? También la lucha. Los conflictos sociales incluyen tensiones, diferencias que se resuelven a través de diferentes recursos, entre otros la lucha. Ahora bien, las huelgas de la CGT no son luchas. Acá no hay conciencia de clase y mucho menos ética de la solidaridad: solo hay trampas y abusos para sostener los privilegios de una casta sindical multimillonaria.

De todos modos, le aconsejaría a Milei que no cante victoria. Mi tía Cata, la misma que me juró con lágrimas en los ojos que el agradecimiento de ella al hombre, es decir Milei, que sacó del poder a la pesadilla del peronismo, será infinito y eterno, fue la que me dijo el otro día que este gobierno no se duerma en los laureles. Tía Cata no está mal rumbeada. De enero a mayo se sumaron tres millones de pobres; la situación social siguen siendo dramática y si bien algunos números de la macro "dan bien", la vida cotidiana de los argentinos es mala y la exclusiva novedad o el exclusivo asombro que podemos registrar es preguntarnos cómo es posible que con este clima el gobierno disponga de un respaldo social elevado. ¿De verdad lo tiene? Sí, lo tiene. Por lo menos por ahora. Y hago esta advertencia porque los denominados respaldos sociales varían. Y mucho más en Argentina. Además, no olvidar que así como a Milei lo votaron catorce millones de argentinos, hay once millones que no lo votaron y de esos once millones no tengo indicios de que hayan cambiado de opinión. Es más; los paros de la CGT estarán manipulados por los que ya conocemos, pero hay que saber que el movimiento obrero, el mundo del trabajo, el universo de las clases populares es mucho más amplio, más complejo y más incómodo que los mullidos sillones de los Daer, Moyano o Barrionuevo. En esa extendida trama social hay necesidades, dolores, lágrimas y penas. Ese trabajador, ese obrero, ese empleado, ese cuentapropista, esa ama de casa no han escuchado hablar del RIGI, de las tasas de interés, de los saldos exportables o del equilibrio fiscal. O si escucharon, no lo entienden del todo y en más de un caso desconfían. Sin embargo, lo que ninguno de ellos ignora es acerca de los imperativos, de las necesidades de su economía familiar; de los riesgos que incluye para los famélicos bolsillos una excursión al supermercado; o la angustia o la impotencia de saber que los sueldos no alcanzan para parar la olla o que no le pueden pagar más los estudios al hijo. No subestimo la macroeconomía, pero por favor, no subestimen lo que la sociología, la política, la religión y la vida cotidiana nos dicen todos los días acerca de la tragedia de la pobreza. Un país con el cincuenta por ciento de pobres y con siete de cada diez niños hundidos en esa condición, es un país que está mal, un país jodido. Y de no haber indicios de soluciones más o menos satisfactorias en un tiempo prudente, es un país disponible a caer una vez más en las emboscadas que suele tender el populismo con sus dirigentes duchos en el arte de vender estampitas de colores, sembrar ilusiones incumplibles, vender buzones, improvisar cuentos del tío y embriagar en sus habituales tabernas a las víctimas con promesas. No olvidar, nunca olvidar, que el populismo criollo es el opio del pueblo.

Las dos organizaciones sindicales que representan a trabajadores estatales en Santa Fe, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Santa Fe y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Fe, decidieron llevar a cabo medidas de acción directa tras considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo Provincial.

Ambos sindicatos anunciaron la realización de paros de actividades para los días miércoles 8 y jueves 9 de mayo, como forma de protesta y reclamo por una propuesta salarial más acorde con las necesidades de los trabajadores públicos, teniendo en cuenta el contexto inflacionario actual.

La UPCN Santa Fe convocó a un paro de actividades para el 8 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo y manteniendo las guardias mínimas. Jorge Molina, secretario general de la entidad, afirmó que la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial "no refleja las necesidades de los trabajadores públicos". Además, la UPCN se sumará al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 9 de mayo.

Por su parte, ATE Santa Fe definió un paro de 48 horas que incluye los días 8 y 9 de mayo. Al igual que UPCN, la medida será sin asistencia a los lugares de trabajo y manteniendo las guardias mínimas necesarias. Según el comunicado oficial de ATE, la decisión se tomó tras varias asambleas realizadas en diferentes puntos de la provincia y organismos públicos, debido a la falta de una propuesta salarial que cumpla con las expectativas de los trabajadores para los meses de abril y mayo.

La Revolución Industrial, que tuvo lugar entre los siglos XVIII y XIX esencialmente en Europa y Estados Unidos, marcó un cambio fundamental en la economía, la sociedad, la política y la cultura, a nivel mundial.

En un período previo, las economías se basaban en la agricultura, el comercio y la artesanía, pero la Revolución Industrial transformó ese escenario hacia una economía impulsada por la industria, las máquinas y las fábricas. Este proceso no solo impulsó un crecimiento económico significativo, sino también desencadenó cambios sociales profundos y dio origen al movimiento obrero.

El movimiento sindical surgió como respuesta a las difíciles condiciones laborales de los trabajadores industriales. Enfrentaban jornadas laborales extenuantes, salarios bajos y carecían de protección en el ámbito laboral. Para luchar por sus derechos y mejorar sus condiciones de vida, los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos. Un ejemplo temprano es la Gran Unión de los Hiladores y Tejedores de Gran Bretaña, fundada en 1829 por el irlandésJohn Doherty, que marcó el inicio institucional de la lucha sindical en Europa.

Uno de los factores impulsores de la Revolución Industrial fue el avance en ciencia y tecnología. La historia de la Revolución Industrial y el surgimiento de los sindicatos nos brinda lecciones valiosas sobre la importancia de la organización y la defensa de los derechos de los trabajadores, en momentos de gran transformación tecnológica.

Hoy estamos experimentando un cambio similar con la adopción masiva de nuevas tecnologías, incluyendo la Inteligencia Artificial (I.A.), que está transformando la producción, los procesos y la naturaleza de ciertos trabajos. Esto plantea la necesidad de que los movimientos laborales se adapten a estos cambios y participen en la formulación de políticas que garanticen condiciones laborales justas y oportunidades equitativas, en una economía donde la Inteligencia Artificial comienza a ser protagonista.

Ignorar el impacto de la Inteligencia Artificial en el entorno laboral, tanto presente como futuro, sería un acto imprudente de miopía estratégica. Debemos comenzar a evaluar, y eventualmente adaptar, nuestras estrategias de negociación colectiva para abordar temas relacionados con la I.A. Esto incluye la protección de los derechos de los trabajadores frente a decisiones automatizadas y la implementación de tecnologías de vigilancia en el lugar de trabajo. Es esencial evitar la discriminación de los trabajadores por algoritmos 2 sesgados. También debemos desarrollar la capacidad técnica para acceder a la información, evaluar el uso de algoritmos en el trabajo y participar en la definición de políticas relacionadas con la I.A.

Como camioneros, debemos afrontar con lucidez los desafíos de la Inteligencia Artificial, especialmente los vehículos autónomos, que podrían revolucionar la industria automotriz y el transporte de carga, afectando el empleo y las condiciones laborales.

Que no nos sorprenda: es importante reconocer que estamos en una nueva era y es necesario actualizarnos, informarnos, adquirir conocimientos y participar de manera activa en este proceso que está en marcha desde hace tiempo. En 2021, Alemania promulgó una ley sobre conducción autónoma y otros países como Japón, China y EE.UU. ya tienen regulaciones similares. El mercado de I.A. automotriz está creciendo, proyectándose a superar los 16 mil millones de dólares en 2026, impulsado por sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Los fabricantes planean lanzar camiones autónomos a partir de 2030, lo que subraya la urgencia de abordar estos cambios en la industria. Ante esta situación, será crucial capacitar a los camioneros en tecnología y mantenimiento de vehículos autónomos.

La adopción de estos sistemas será paulatina, por etapas y no privada de muchas discusiones. Dependerá de diversos factores, como la legislación, las regulaciones, la percepción del público y la resolución de desafíos tecnológicos y logísticos. Sin embargo, hay que tomar debida nota que los productores de camiones autónomos prometen cubrir distancias más largas sin descansos, reducir los costos operativos y ayudar a mitigar la escasez de conductores, que hoy representa un desafío en muchos países.

La seguridad es otro de los grandes temas en cuestión de esta tecnología emergente. Aunque los vehículos autónomos anuncian mejorar la seguridad vial, el camionero sigue siendo fundamental por su consciencia del entorno y su práctica de conducción defensiva, entre otros elementos humanos. Estar preparados para situaciones imprevistas y tomar decisiones rápidas sigue siendo primordial, incluso cuando los vehículos autónomos estén presentes en nuestros caminos.

Sin renegar de los beneficios que las nuevas tecnologías pueden aportar, nuestro sindicato debe abogar por el mantenimiento de altos estándares de seguridad y condiciones laborales justas en el contexto de la adopción de vehículos de carga autónomos. Debemos garantizarnos que la implementación de estas tecnologías no comprometa la seguridad de los camioneros ni los coloque en situaciones de trabajo precarias.

El eventual avance masivo de los camiones autónomos no sucederá de un día para el otro, ni significa necesariamente la desaparición completa del camionero. Si bien es cierto que la automatización podría llevar a una disminución en la demanda de conductores para ciertos tipos de rutas en el futuro, existen otras áreas en las que el factor humano sigue siendo esencial. De hecho, la carga aérea vive una situación análoga y sirve de ejemplo.

Efectivamente, mientras que las aeronaves no tripuladas son una tecnología consolidada y utilizada en la actualidad, los aviones de carga siguen teniendo tripulación humana, como así también los buques de carga. Las razones son muy similares: las labores de carga y descarga de mercancías, el mantenimiento de los vehículos, la toma de decisiones en situaciones excepcionales o imprevistas, y la interacción con clientes y proveedores, son aspectos en los que el camionero sigue y seguirá siendo indispensable.Sergio Aladio - Secretario General del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe

El Ministerio de Trabajo de la Nación, encabezado por la ministra Raquel Olmos, convocó para el próximo 13 de julio a sindicalistas y empresarios para discutir una nueva actualización del haber mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, informó la cartera laboral.

La cartera convocó a integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a deliberar en sesión ordinaria a partir de las 16 del jueves próximo de manera virtual, luego de la cual sindicalistas y empresarios discutirán en una segunda reunión los montos de ese ingreso y de esas prestaciones, según lo determina el artículo 135 de la Ley 24.013 y sus modificatorias, indicó el ministerio.

Massa anunció que los salarios de hasta $ 880 mil no pagarán Ganancias sobre el aguinaldo

El organismo, que preside el Ministerio Trabajo, fue creado por la Ley 24.013, reglamentada en 1991 por el decreto 2.725, que determinó su organización institucional y operativa.

El Consejo del Salario es presidido por la ministra Olmos y, los montos vigentes de ese ingreso y por desempleo, fueron decididos por última vez el 21 de marzo.

En el encuentro participarán las cámaras empresarias de las variadas actividades, la CGT y ambas CTA (de los Trabajadores de Hugo Yasky y Autónoma de Hugo Godoy).

Con información de Télam

Pocas horas después de recibir el aval de la justicia constitucional, Emmanuel Macron promulgó la reforma jubilatoria pese al rechazo de los sindicatos y la oposición.

El Consejo Constitucional francés validó ayer el retraso de la edad de jubilación a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa.

Los sindicatos alertaron que Francia vive una “crisis democrática”, después que el presidente decidiera a mediados de marzo adoptar por decreto su impopular ley, al temer perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta.

El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, afirmó: “Decidimos promulgar la Ley a menos de 24 horas de la decisión del Consejo Constitucional como es el caso para todas las leyes económicas y la misma entrará en vigor en septiembre próximo. Le pedimos a los franceses que hagan un esfuerzo y acepten esta reforma”.

Tras el dictamen del Constitucional, se registraron incidentes en varias ciudades como París, donde hubo 138 detenidos. En Rennes (oeste), se incendió la puerta de una comisaría y, en Marsella (sureste), hubo disturbios en la estación de trenes.

“Macron quiere intimidar a toda Francia de la noche a la mañana”, lamentó el líder opositor de izquierda, Jean-Luc Mélenchon. “La lucha por la revocación de la ley es ahora una cuestión de dignidad”, añadió.

“¡Qué provocación! Nueva fanfarronada de Macron mientras el país nunca estuvo tan fracturado”, escribió en su cuenta de Twitter Marine Tondelier, líder del partido Europa Ecología Los Verdes (EELV).

?Cette promulgation dans la nuit,

Mais quelle provocation !

Nouvelle fanfaronnade d’Emmanuel Macron, alors que le pays n’a jamais été autant fracturé.

C’était vraiment le moment…

Tout en disant vouloir apaiser : de qui se moque-t’il ?#Promulgation

— Marine Tondelier (@marinetondelier) April 15, 2023

Las centrales sindicales, punta de lanza desde enero de las protestas, ya convocaron una “movilización excepcional” el 1º de mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, para marchar contra la reforma.

Los opositores están decididos a continuar y se aferran a un antecedente no tan lejano: en 2006, las protestas obligaron al Gobierno del entonces presidente Jacques Chirac a no aplicar un polémico contrato para jóvenes, pese a estar promulgado.

El 3 de mayo, el Constitucional debe pronunciarse sobre una petición de la oposición de izquierda para organizar un referendo sobre limitar la edad de jubilación a 62 años, tras rechazar el viernes una primera solicitud similar.

Más allá de la reforma, que de acuerdo al Ejecutivo es para evitar un déficit de 13.000 millones de euros en la caja de las pensiones para 2030, el presidente se juega también poder aplicar su programa durante su segundo mandato hasta 2027.

En abril de 2022, Macron fue reelegido con un 58,5% de votos frente a Marine Le Pen, pero la actual crisis benefició a la ultraderechista en los sondeos, a pesar de que su oposición a la reforma fue menos activa que la de la izquierda.

En la fecha y como estaba previsto se desarrolló el Plenario de Secretarios Generales de Festram. En el mismo los representantes de sindicatos de toda la Provincia recibieron información respecto de la propuesta salarial trasladada por la mesa paritaria y analizaron las estrategias de cara a la nueva reunión de paritaria prevista para el día jueves 16.

El Plenario concluyó ratificando por unanimidad las facultades otorgadas a los representantes paritarios para continuar con las negociaciones en curso y resolver toda acción necesaria en defensa del salario de los trabajadores municipales y comunales.

Dos ataques incendiarios a sedes sindicales, con artefactos de fabricación casera, descriptas por personal policial como bombas tipo molotov, causaron miedo y zozobra en el centro de Rosario. No se registraron heridos, pero sí momentos de tensión en dos calles muy concurridas.

Varios plomos impactaron contra el frente del inmueble. No hubo heridos.

Casi en simultáneo se conoció que hubo otro ataque intimidatorio, de las mismas características, en otra sede gremial ubicada a menos de 10 cuadras, sobre calle San Lorenzo al 2000, a menos de 100 metros de la sede local del Gobierno de Santa Fe.

En este caso, el inmueble en el que se arrojó una bomba molotov fue la sede de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara), ubicada sobre calle San Lorenzo 2067, entre Balcarce y Moreno.

Al parecer, varias personas llegaron en un auto, una de ellas se bajó, y arrojó la bomba molotov y luego huyeron. El incendio logró ser rápidamente controlado por personal de guardia del lugar. No hubo heridos, solamente daños sobre la mampostería y el ingreso a la obra social. Se investiga si hubo vinculación entre ambos hechos.

Movimientos sociales, referentes de derechos humanos, sindicatos y otros sectores vinculados al kirchnerismo se movilizan este martes hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia del centro porteño. Bajo la consigna “basta de impunidad”, quienes participan de la protesta exigen “el fin del lawfare”, además de la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Entre los que apoyan la movilización que tendrá lugar a las 18:00, se encuentran los ministros: Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) Aníbal Fernández (Seguridad), Juan Martín Mena (viceministro de Justicia). En la lista también figuran la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el diputado nacional y titular del gremio de la Bancaria, Sergio Palazzo; el también legislador nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y el dirigente social Luis D’Elia, entre otros.

Mientras que de las tres organizaciones sociales cercanas al oficialismo, en la Corriente Clasista y Combativa, del diputado nacional Juan Carlos Alderete, y Somos Barrios de Pie, del también diputado Daniel Menéndez, aseguraron a TN que harán “presencia simbólica”. Es decir, movilizarán a una delegación, pero de ninguna manera llevarán a toda su gente a la calle. En tanto, el Movimiento Evita, que comanda Emilio Pérsico (funcionario de Desarrollo Social), anticiparon que no acompañarán.

Además, las organizaciones de derechos humanos que informaron que se sumarán a la movilización se encuentran: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros.

Cómo será el acto contra la Corte Suprema

Durante una conferencia de prensa, D’Elía adelantó que la concentración se realizará en la plaza del Teatro Colón y que a las 18:00 se movilizarán hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, donde se instalará un remolque para escenario. El único orador que fue anunciado, hasta el momento, fue el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, Juan María Ramos Padilla.

Sin embargo, otro sector, que habría delineado su propia organización y que integran Yasky, Moyano, Roberto Baradel (SUTEBA) y José Schulman (presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) había impulsado la lectura de un documento con las tres consignas principales de la protesta: repudio al desempeño de la Corte Suprema y sus miembros, reclamar contra la impunidad y ponerle fin al “lawfare”.

Qué dijo el Gobierno sobre la movilización contra la Corte Suprema

Desde Honduras, hacia donde se trasladó para participar de la asunción de la flamante presidenta Xiomara Castro, Cristina Kirchner se refirió a la movilización del 1F, aunque sin nombrarla directamente. En palabras de la exmandataria nacional, antes en América Latina había golpes militares y “ahora hay golpes judiciales”.

En tanto, Alberto Fernández se expresó por primera vez a horas de que se concretel la movilización y afirmó: “La Corte no ha funcionado bien todo este tiempo”. “Hubo decenas de quejas planteando abusos en las detenciones, los procesamientos. Fue viendo pasivamente cómo todo esto pasaba porque el sistema jurídico argentino le permite a la Corte hacer eso”, aseguró. Y completó: “La marcha de mañana es una marcha ciudadana, convocada, y es una expresión”.

Antes de que el presidente y la vicepresidenta se expresaran, la portavoz Gabriela Cerrutti aseguró que “el Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social”. “Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno”, agregó.

Quiénes son los impulsores de la marcha contra la Corte Suprema que tuvieron causas judiciales

Luis D´Elía: en 2017 fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, en junio de 2004, por los delitos de “atentado contra la autoridad”, “usurpación del espacio público, “instigación a cometer delitos”, “lesiones” y “privación de la libertad”.

Tras pasar algo más de un año detenido, en 2020 le otorgaron el arresto domiciliario y un año más tarde obtuvo la libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de su condena.

Juan María Ramos Padilla: su hijo, el también magistrado Alejo Ramos Padilla, está denunciado por haber impulsado el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Hebe de Bonafini: la titular de Madres de Plaza de Mayo fue procesada por la causa Sueños Compartidos y en 2020 se confirmó su elevación a juicio oral. Será juzgada como presunta partícipe de defraudación a la administración pública por un supuesto desvío de fondos.

Aníbal Fernández: en octubre de 2021, la Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó su sobreseimiento por supuestos sobreprecios en la compra de derechos de TV del Programa Fútbol Para Todos.

Pablo Moyano: fue procesado en una causa por asociación ilícita entre barrabravas y dirigentes de Independiente (2020), aunque fue sobreseído en diciembre de ese mismo año.

Milagro Sala: el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de cárcel para la líder de la Tupac Amaru en el marco de la causa “pibes villeros”. Está en prisión domiciliaria desde hace dos años. Además, cuenta con otra condena a tres años y dos meses por amenazar policías.

Cristina Caamaño: es la interventora de la AFI. Fue investigada en una causa por la filtración de un informe secreto con los nombres de más de 2000 espías, aunque la jueza María Servini le dictó la falta de mérito. Ademas, es la titular de Justicia Legítima y adelantó que su organización estará presente.

El consejo directivo de la CGT comenzó esta semana el debate para producir una reforma estatutaria que permita ampliar del 30% al 50% la participación de las mujeres en la conducción a partir del próximo turno de renovación de autoridades, previsto para el 11 de noviembre, aunque las gremialistas quieren debatir cómo se concretará la iniciativa.

El objetivo de que el sector femenino de los sindicatos ocupe la mitad de los espacios de conducción en la central sindical implicaría duplicar la cantidad de integrantes del consejo directivo, que pasaría de 35 a 70 miembros, según las fuentes consultadas.

El debate del miércoles último en la sede de Azopardo al 800, el primero de forma presencial desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, continuará el martes próximo para formalizar la convocatoria al Comité Central Confederal para el 22 de septiembre, así como el llamado al Congreso Nacional de elección de autoridades para los próximos cuatro años, a realizarse el 11 de noviembre en el predio del gremio mercantil en Parque Norte.

Pero los integrantes del consejo directivo profundizarán también el debate sobre la reforma del estatuto de la CGT -en la que ya trabajan sus especialistas y asesores legales- para ampliar la participación de la mujer en los cargos de conducción desde el 30% vigente, estipulado desde 2002 por la Ley de Cupo Sindical Femenino 25.674, al 50% que se plantea como nueva meta.

Según los voceros gremiales consultados por Télam, los cambios estatutarios en estudio incrementarían de 35 a 70 los cargos femeninos en el consejo directivo, por lo que a partir de noviembre cada gremio que integre la conducción tendría dos representantes en el órgano colegiado -un hombre y una mujer- aunque la ley 25.674 estipule un mínimo del 30% como cupo obligatorio.

La ley, sancionada en 2002, estableció el 30% como piso femenino también para las delegadas en las negociaciones colectivas y para las listas eleccionarias de los sindicatos, lo que a su vez es contemplado por el artículo 47 del estatuto vigente de la CGT, aunque hoy esté incumplido, ya que hoy solo ocupan cargos dos mujeres: Noé Ruiz (secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género) y Sandra Maiorana (secretaria de Salud).

Sobre las reformas en carpeta, Vanesa Siley, diputada nacional (Frente de Todos-Buenos Aires) y secretaria general del sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), sostuvo en diálogo con Télam que las mujeres deben acceder a los cargos de conducción, tanto en sus propios gremios como en la CGT, y explicó que la norma de cupo sindical modificó la histórica Ley de Asociaciones Sindicales 23.551.

“Esos cambios rigen para las uniones, gremios, federaciones y confederaciones, es decir, para las organizaciones de primer, segundo y tercer grado, y especificaron un cupo de al menos el 30 por ciento en cargos titulares. O sea, de los 35 actuales en el consejo directivo de la CGT, entre 11 y 12 deberían ser para el sector femenino”, puntualizó.

Para la referente nacional de la Mesa de Mujeres Sindicalistas, más allá de esos cambios estatutarios, la tarea tiene que realizarse “en resguardo de los principios legales y del modelo sindical argentino vigente”, y en ese sentido afirmó que si la reforma que se proyecta incorpora un cupo del 50 por ciento de mujeres debe, ineludiblemente, regir para los cargos titulares de la CGT.

“Se trata de una oportunidad histórica inigualable para el movimiento obrero y para la CGT. Una verdadera reforma estatutaria no solo debe apuntar a que las mujeres ocupen esos cargos de conducción sino a construir una agenda con perspectiva de género”, planteó Siley.

Para la gremialista y diputada, una verdadera y profunda discusión sobre el tema debe encaminarse a un debate sobre “por qué las mujeres menores de 25 años están mayormente desocupadas, por qué perciben salarios inferiores a los hombres, por qué cobran una remuneración menor en las ramas industriales, y por qué entre ellas es más grave la situación de precarización y subcontratación laboral, lo que es preciso resolver”.

“Es decir, existen problemas estructurales que será preciso analizar y debatir a fondo y resolver de manera definitiva. Esa es la verdadera reforma. Las mujeres, en los sindicatos y en la CGT, deben ocupar cargos de conducción”, exhortó Siley.

Alicia Castro, extitular de Aeronavegantes entre 1991 y 2003, quien fue delegada de base y tripulante de cabina por 20 años en Aerolíneas Argentinas y diputada nacional y también fue vicepresidenta de la Internacional de Trabajadores del Transporte (uno de cuyos lemas es “el sindicato es el mejor lugar de la mujer”), consideró “muy importante” el proyecto que promueve la CGT.

“Esa iniciativa es muy importante, en especial luego de muchos años de discusión y debate del cupo femenino por el machismo perverso y penetrante”, advirtió.

Castro, también cofundadora del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) en los años menemistas junto a Hugo Moyano, Néstor Cantariño, Juan Carlos Schmid y Juan Manuel Palacios, entre otros, aseguró a Télam que ese “machismo” provoca, por ejemplo, que los dirigentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) “se excusen en la aplicación del cupo femenino en sus gremios con el argumento de no tener afiliadas, en lugar de fomentar esa necesaria tarea”.

La exgremialista de Aeronavegantes recordó que en los años del menemismo sólo ella y la fallecida Mary Sánchez (entonces a cargo de la Ctera, del sector educativo) encabezaban gremios, y luego advirtió que muchas veces “se incorpora a las mujeres en las organizaciones solo por compromiso y como secretarias de Actas, cuando deberían llegar a los cargos por capacidad y no por un cupo”.

“Lo primero que se necesita es producir un cambio cultural, es decir, desideologizar el rol femenino, porque a la mujer solo se le encomienda el cuidado de niños y adolescentes. Las mujeres deben sentirse libres para ocupar esos espacios, por lo que es muy buena la iniciativa de la CGT, aunque hay que estudiarla a fondo”, profundizó.

Castro sostuvo, además, que la reforma estatutaria y la participación femenina en la central obrera contribuirían a terminar con “las políticas que solo la desprestigian”.

Por otro lado, en relación a debates más generales del ámbito sindical, Castro señaló que el movimiento obrero tiene “una extensa tradición de lucha y hay ejemplos: Germán Abdala, Raimundo Ongaro, Agustín Tosco. La meta en aquella época y hoy era y es diferenciarse de los ‘gordos’ de la CGT, muchos de los cuales volvieron a engordar, aunque hay algunos ejemplos virtuosos”.

Por otro lado, la secretaria general de la filial porteña del gremio docente Sadop (docentes privados), Alejandra López, respaldó la intención de la CGT de ampliar la participación femenina, aunque indicó que la propuesta requiere “un amplio debate y estudio”, y se pronunció por la necesidad de que el sector femenino del gremialismo adopte una posición política sobre el proyecto.

“Habrá que aguardar para saber cómo continúa el proceso de reforma estatutaria. Pero es una iniciativa superadora. Lo importante será conocer qué implicará, qué lugares ocuparán las mujeres y cómo”, subrayó López.

Por su parte, Graciela Aleñá, del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), adelantó que acompañará la iniciativa de la CGT, y resaltó la importancia de reformar el estatuto para acompañar a la sociedad en “la lucha y visualización de la igualdad de género”.

“Que la nueva conducción de la CGT, a elegirse en noviembre, procure que participe un importante cupo femenino, incluso mayor al estipulado por ley, remite al fuerte compromiso del sindicalismo argentino en acompañar el cambio social que la clase trabajadora impone y por el que luchan a diario las mujeres en sus diferentes roles”, evaluó.

Aleñá, que integra el espacio Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y la CATT, añadió a Télam que “se viven momentos históricos, por lo que hay que acompañar los cambios para reconocer a las representantes de las trabajadoras, que cada vez son más”.

Finalmente, Ana Lemos, secretaria de Interior de la Unión Obrera Ladrillera (Uolra), celebró la iniciativa de la CGT y llamó a incorporar “real y efectivamente” a las mujeres sindicalistas en el consejo directivo, y relacionó el proyecto con “la lectura de la situación y de la realidad por parte de su conducción”.

“Esta necesaria incorporación fue construida por las mujeres trabajadoras durante la resistencia al Gobierno de Cambiemos en la calle, con unidad, articulación, movilización y lucha. Las demandas y reivindicaciones hoy tomadas en cuenta son un paso y una victoria muy importante para los feminismos”, analizó la dirigente ladrillera a esta agencia.

La mesa directiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) se expresó este martes en duros términos, señalando en un comunicado que “el salario del sector laboral lleva tres meses consecutivos por debajo de los índices de inflación. Los recursos locales, especialmente por coparticipación, están creciendo por sobre los incrementos salariales pactados, a tal punto que las Municipalidades y Comunas cedieron más de 200 millones de pesos, en concepto de costo fiscal en el subsidio al sector comercial, industrial y agropecuario.”

“Los valores establecidos por el Indec, muestran una Canasta Básica de $ 66.500, cuyo crecimiento trimestral e interanual supera al índice inflacionario, los salarios de los trabajadores municipales se comportan a la inversa y llevan tres meses consecutivos de caída promedio del 3% mensual, profundizando la cantidad de trabajadores y trabajadoras debajo de la línea de pobreza. Para el mes de julio, el Salario Mínimo Garantizado se ubica en $47.617 destinando $28.000 en alimentos”, advierten.

“Los sindicatos son testigos de la especulación financiera que se realiza con el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que demuestra una actitud contraria a las políticas económicas impulsadas por el Estado Nacional en procura a que los incrementos salariales superen la inflación. El crecimiento de los depósitos a plazo fijo que tienen los municipios con intereses al 37% anual, justifican gran parte del superávit fiscal y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”, denuncia la Festram.

La falta de respuesta a los reclamos de adelantar para el mes de julio la totalidad del aumento salarial del 35%, y continuar la discusión de la política salarial de este año, motiva la decisión de reclamar en forma urgente la apertura de paritarias, que en caso de no concretarse obligará a adoptar las medidas de fuerza en reclamo de una nueva política salarial.

“Por otra parte, se ha negado la vacunación prioritaria para los trabajadores esenciales con tareas de riesgo Covid; continúan los cortes de distintos servicios del Iapos y la falta de capacidad para hacer cumplir la conciliación obligatoria por trabajadores despidos en la Municipalidad de San Carlos Centro. Todo lo expuesto confluye en un estado de situación que genera fuerte tensión entre los trabajadores municipales y comunales”, concluye.