El oficialismo y los bloques dialoguistas del Senado convocaron a una sesión especial para el jueves a las 11 con el objetivo de suspender hasta el 1 de marzo al senador Edgardo Kueider, en medio del escándalo de corrupción que lo envuelve.

Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, a pocos minutos de que se conociera la decisión de la bancada del PRO de ir al recinto a discutir el futuro de Kueider.

El decreto de convocatoria a la sesión se publicará en las próximas horas.

La decisión de inclinarse por la suspensión se arribó para esquivar la solicitud del interbloque peronista de expulsar legislador entrerriano, que fue detenido la semana pasada en Paraguay con 200 mil dólares en efectivo sin declarar.

El interbloque peronista que conduce José Mayans, y que tiene terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner, aspiraba a destituir a Kueider con el objetivo final de robustecer su bancada con un senadora más.

Si se avanzara en la remoción del senador, el espacio de Mayans sumaría un escaño porque, en el lugar de Kueider, asumiría su coterránea Stefanía Cora, referente de La Cámpora. .

Kueider, que ingresó por el Frente de Todos en 2019, rompió lazos con el cristinismo a principios del 2023 y desde el desembarco del presidente Javier Milei se mantuvo con buena sintonía con la Casa Rosada y hasta acompañó proyectos como la Ley Bases.

Al acuerdo para la sesión del jueves se arribó con el objetivo de suspender a Kueider y esquivar la acción del kirchnerismo, aunque aquella intención necesitará de dos tercios, al igual que la remoción del cargo pretendida por el bloque K.

Kueider presentó este lunes de manera oficial su pedido de licencia, tras varios días de espera.

En el eventual caso de que los legisladores se inclinaran por aprobar esa licencia, solo necesitarían mayoría simple.

En tanto, el Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, provincia que representa Kueider, decidió este martes expulsar al dirigente de esa fuerza por "incumplimiento de las obligaciones partidarias, inconductas, indisciplinas y violación de principios y resoluciones de los organismos partidarios".

El presidente Javier Milei tomó la definición de suspender la habitual reunión de Gabinete, que se realiza los martes y jueves en Casa Rosada, para seguir de lleno a seguir lo que queda del debate y la votación de la Ley Bases en el Congreso.

Se trata de una jornada clave para la administración libertaria que busca conquistar la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo proyecto de ley. Para eso, monitoreó la votación general que se aprobó por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, y el debate por cada artículo del mismo.

Al momento de la votación general, el mandatario se mostró muy activo en redes sociales dando like y compartiendo mensajes de diputados del PRO como Fernando Iglesias y Hernán Lombardi, quienes desde sus cuentas de X, ex Twitter celebraron la aprobación.

Si bien tiene previsto trasladarse a Casa Rosada durante el transcurso del día, el mandatario optó por suspender el intercambio entre ministros y secretarios para que sus funcionarios puedan dedicarse a asegurar los respaldos negociados en la previa y evitar desenlaces como el del martes 6 de febrero, cuando el Gobierno tuvo que retirar la ley por primera vez por falta de apoyos.

Por estas horas, se encuentra en el recinto el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ubicado en uno de los palcos desde donde escuchó atentamente el cierre y presenció la aprobación general.

Anoche, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los funcionarios más dedicados a torcer voluntades legislativas, visitaron a los diputados del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

La hermana y mano derecha del mandatario asistió al recinto para darle "ánimo" al bloque de La Libertad Avanza, y para reunirse con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tras las primeras horas del debate.

Para este lunes al mediodía está convocada la sesión especial de la Cámara de Diputados con el fin de comenzar a debatir dos proyectos impulsados por el gobierno nacional: la ley ómnibus y el paquete fiscal. Son las denominaciones simples para sintetizar los nombres originales: Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, respectivamente.

Ambos lograron dictamen de comisión en la última semana y ahora esperan para ser tratados por diputadas y diputados nacionales, en una sesión que, anticipan, será larga y discutida, y podría extenderse a toda la jornada del martes para llegar con media sanción al feriado del 1º de Mayo, día del Trabajador. Los pormenores del encuentro serán acordados dos horas antes, desde las 10, en la reunión de labor parlamentaria. Allí se dirimirán cuestiones como el tiempo de exposición de cada legislador y legisladora, si hablarán por cada uno de los proyectos o tendrán una intervención por cada uno, si se votará por capítulo y si, finalmente, serán incorporados algunos cambios como los impuestos al tabaco, tema que estaba en el proyecto de ley de Bases y fue retirado por el Ejecutivo.

Ahora bien, que los proyectos tengan dictamen no significa que estén exceptuados de discusión: alcanza con recordar lo que ocurrió en febrero cuando la primera de estas iniciativas llegó con acuerdo de la mayoría (oficialismo y oposición "dialoguista") al recinto, pero cayó en el debate en particular. Para esta nueva instancia también se anticipa discusión en el articulado, sobre todo en temas sensibles como las privatizaciones, la delegación de facultades al Presidente y la reforma laboral.

De todos modos, el proyecto que se pone a consideración en el arranque de la semana no es igual al que se impulsaba en ese entonces (con más de 600 artículos), que también difería del original: la "negociación", término que el gobierno evitó usar durante los primeros meses de gestión, entró finalmente en escena para limar diferencias y, en definitiva, para asegurar votos que es lo que precisa Javier Milei para obtener un primer triunfo en el Congreso, rumbo a los cinco meses de gestión sin ninguna ley sancionada.

Ahora son 2.2 artículos los que se pondrán a consideración y, como se dijo, varios puntos conflictivos quedaron reducidos o eliminados, aunque eso no garantiza acuerdo por parte de la oposición que ya anticipó que, aún recortada, la ley Bases abarca una cantidad inédita de materias que no está dispuesta a acompañar.

En cuanto al paquete fiscal, son algo más de 100 artículos que contemplan, a grandes rasgos, cambios al monotributo y Bienes Personales, un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva.

El sitio especializado Parlamentario.com hace un punteo de los principales aspectos que incluye la ley ómnibus:

A todo esto se suma la reforma laboral en la que se eliminan multas a empleadores por tener trabajadores no registrados a la vez que se eleva el período de prueba.

Con respecto al paquete fiscal, además de la restitución del impuesto a las Ganancias, el proyecto prevé la modificación en el impuesto a los Bienes Personales, blanqueo de capitales, moratoria y monotributo, entre otros.

Impuesto a las Ganancias. Se reinstala este tributo para la cuarta categoría en salarios superiores a $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos, con una actualización trimestral (no anual como pretendía el gobierno) para este año y semestral para el próximo.

Blanqueo de capitales. También en el tratamiento de este proyecto se anticipa un fuerte debate: el proyecto permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15% para montos superiores a US$ 100.000

Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC.

Monotributo. Actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

Los monotributistas con menores ingresos inscriptos en la categoría A podrán facturar hasta $6.450.000 de forma anual, en tanto que los que están en la categoría K, la más alta, pasarán a $68 millones.

Con la vuelta de las sesiones ordinarias la oposición juntó las firmas para abrir el recinto en la Cámara de Diputados que, de conseguir el número, volverá a sesionar este miércoles para debatir la movilidad jubilatoria.

La presidencia de la Cámara Baja comunicó a los legisladores el llamado a sesión para este miércoles 13 de marzo a las 12 del mediodía para una sesión especial con un solo ítem en el temario: el proyecto que presentó el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López que tiene como objetivo modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.

Ahora, será responsabilidad del miembro de Hacemos Coalición Federal de conseguir el quórum para poder habilitar la sesión. El bloque cuenta con 23 diputados y necesita 129 legisladores en su banca para dar inicio a la sesión.

El proyecto de López establece que las prestaciones se actualizarán mensualmente “conforme la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC)” elaborado y publicado por el INDEC “correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar”.

Asimismo establece una salvedad, que en este caso lo que será el “empalme”, que es el paso de la actual fórmula que actualiza las jubilaciones de manera trimestral tomando los índices pasados. El proyecto indica “deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%” -lo que equivale a la inflación de enero 2024.

El bloque cuenta con 23 diputados y tendría asegurada la presencia de los 99 que hoy conforman Unión por la Patria. A este grupo se le sumarían los cuatro miembros del Frente de Izquierda y algunos radicales, por lo que aseguran en el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto que cuenta con el número “mágico” para abrir la sesión.

Desde un sector del radicalismo señalan que es un tema que “hay posibilidad de diálogo. De hecho desde que el gobierno propuso suspender la movilidad jubilatoria y nos opusimos ha habido avances en la discusión. Ya se reconoce que debe haber una fórmula, que esta además debe preservar el poder adquisitivo de los haberes (inflación) y hasta ya se reconoce que debe haber un pago compensatorio por el empalme”.

Sin embargo, entiende que en esa negociación se están “acercando de los 20 puntos de inflación de enero ya reconocen 10 por lo cual el camino óptimo quizás no sea hacer esta semana una sesión especial, sino establecer un compromiso para dictaminar sobre el tema, una vez constituidas las comisiones”.

Desde el bloque que buscará juntar el número para avanzar explicaron que si sus colegas de las otras bancadas no bajan “van a tener que explicar por qué no quieren que mejoren las jubilaciones, por qué no quieren debatir un aumento a los jubilados en una semana en la que se discutió el aumento de las dietas”. HCF. Esto también incluye al PRO que, vía María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de movilidad jubilatoria, y al propio oficialismo que también buscaba lo mismo en la ley ómnibus.

Pero puede ser que el temario se amplíe luego del escándalo que se suscitó por el ajuste de 30% de las dietas de los legisladores. Tras el aumento que firmaron Martín Menem y Victoria Villarruel, el propio oficialismo busca dar marcha atrás para “dar el ejemplo” y ajustar a la baja los sueldos en ambas cámaras.

A partir de esto, el diputado Pichetto -que defiende la suba de los ingresos a más de $2,5 millones- presentó un proyecto de ley que propone equiparar los salarios en los tres poderes del Estado.

La iniciativa plantea equiparar las dietas de las cabezas de los tres Poderes del Estado entre sí, es decir, presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales y jueces de la Corte Suprema, asociándolos a un multiplicador del salario mínimo, vital y móvil. En el texto queda establecido que serían hasta 20 salarios mínimos que, teniendo en cuenta el SMVM para marzo 2024, sería equivalente a $4.056.000.

El 1° de marzo se inició el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Eso significa, en pocas palabras, que desde esa fecha, además de considerarse en las sesiones de Diputados y del Senado proyectos enviados por el Ejecutivo nacional, los legisladores y legisladoras podrán impulsar sus propias iniciativas.

En las últimas horas se conoció el pedido del bloque Hacemos Coalición Federal para una sesión especial en Diputados el próximo 13 de marzo a las 12 con el objetivo de debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La bancada que preside Miguel Ángel Pichetto propuso como único proyecto en el temario el que presentaron legisladores de la Coalición Cívica -integrantes del bloque- que propone actualizar los haberes previsionales mensualmente por inflación.

La solicitud lleva la firma de Emilio Monzó, Nicolás Massot, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros. El proyecto no cuenta con dictamen de comisión, por lo cual se requieren dos tercios de los votos para habilitarlo dentro del recinto; un trámite, tal cual explica el sitio web especializado Parlamentario.com, que no resultará sencillo sin acuerdos previos. No obstante, la intención es adelantarse al oficialismo, cuando todavía no se sabe de qué manera el Poder Ejecutivo reflotará la ley ómnibus.

La novedad de la convocatoria se conoció un par de días antes de que se concrete la reunión de gobernadores (o al menos de algunos de ellos) con parte del gabinete nacional luego de semanas de tensión y en el marco del llamado presidencial a participar del Pacto de Mayo. Se espera que el contenido de la "ley ómnibus" estará en la mesa de conversaciones, junto con (o como condición de) alternativas de un alivio fiscal para las provincias.

El de HCF no es el único proyecto en línea con uno de los temas más acuciantes de la economía cotidiana de millones de personas, como es el de los haberes jubilatorios. También impulsa una iniciativa en esa línea la diputada del Pro, María Eugenia Vidal. El proyecto prevé sustituir el artículo 32 de la Ley 24.241 por uno que diga que "el índice de movilidad se ajustará mensualmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) calculado por el INDEC. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno".

"Adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento: un 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) entre los meses de diciembre de los dos años previos", agrega la modificación, que concluye aclarando que "si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado".

En caso de ser aprobado el proyecto, y siempre según el sitio especializado en temas legislativos, se establece que "a los fines de la aplicación por primera vez del mecanismo de movilidad previsto, se tomará como mes de referencia el último considerado para el cálculo del índice de movilidad aplicado por última vez con anterioridad a la sanción de esta ley".

El proyecto de Vidal es acompañado por sus pares del Pro Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Daiana Fernández Molero, Emmanuel Bianchetti, Gabriela Besana, Marilú Quiroz, Héctor Baldassi, Martín Maquieyra, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro y Germana Figueroa Casas.

Consultado sobre el tema, este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni coincidió en que "la fórmula jubilatoria debe discutirse, forma parte de una discusión amplia, y debe generar consenso generalizado porque (su aplicación) va a exceder a este gobierno". Aunque aclaró, respecto de la iniciativa de Coalición Federal, que "tenemos otro camino legislativo".

El tema vuelve a la agenda legislativa junto con el dato que reveló el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que asimila casi la mitad de la reducción del gasto público primario a la fuerte licuación de las jubilaciones durante el primer bimestre del año.

César Rodríguez

El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que alcanzaba a los sueldos de más de 700 mil pesos.

La votación arrojó 38 afirmativos y 27 en contra. La medida había recibido media sanción la semana pasada en Diputados.

Con 38 votos afirmativos se aprobó la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias.¡Mirá el video y conocé más sobre esta ley! pic.twitter.com/N5Y5NMC0lZ

La iniciativa enviada por el ministro de Economía, Sergio Massa, reforma el impuesto a las Ganancias al crear un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM.

En base a este esquema, los puntos principales del proyecto contemplan la creación de un nuevo "impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros".

De esta forma, quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos. En el caso de los mayores haberes a 15 salarios mínimos vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%.

El proyecto también determina que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero y que la actualización será el 1 de julio de cada año fiscal.

Además, prevé que las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.

Por último, la iniciativa estipula que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia y para jubilados y pensionados comprendidos en el impuesto que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en Buenos Aires, el mínimo no imponible se incrementará en un 22%.

El debate

El jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que el oficialismo decidió "sostener el Estado presente" y agregó que "estos compromisos son Constitucionales".

"Ratificamos que el salario no es ganancia y reivindicamos la recuperación del salario del trabajador. Este es un proyecto, nada más, pero va a ayudar a que los trabajadores sean un poquito más felices", indicó.

Por el contrario, el radical formoseño, Luis Naidenoff, vaticinó que "todas las medidas que se adoptaron son de tinte electoralista y tan escandalosas que nos van a conducir a la hiperinflación".

"En esta casa que tenemos que defender a las provincias, las estamos sepultando y entregando fondos coparticipables", sentenció el senador y argumentó: "No puedo creer que la CGT aplauda una medida para los más ricos, cuando a 46 millones de argentinos los están aplastando con el impuesto inflacionario".

Al abrir el debate que comenzó a las 18.05, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, aseguró que "las modificaciones que plantea el proyecto de ley parten de un concepto de no considerar al salario como una ganancia sino como lo que es, una retribución al trabajo y, en el caso de jubilaciones, un haber de retiro".

Por el contrario, el vicepresidente de la Comisión, Victor Zimermann, de Juntos por el Cambio, aseguró que "este es un proyecto que significa una enorme pérdida de recursos para las provincias y por eso planteamos que tenemos que encontrar los consensos necesarios para realizar una reforma tributaria de fondo".

Su compañero de bancada, el radical porteño Martín Lousteau, advirtió que el costo fiscal de la medida hace que se "pierda 0,83 del PBI, o sea, duplicar el déficit del presupuesto del año que viene".

"Además, cuantos más pobre es la provincia y tiene salarios más bajos, menos beneficio local. ¿Eso es progresista, es equitativo? Porque cuando le sacaron la plata a la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia dijeron todo lo contrario. Me asombra que en esta casa se esté votando así", precisó.

Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, reconoció que "algunas quejas sobre la situación fiscal de las provincias son entendibles", pero se manifestó "absolutamente orgulloso de que mi amigo el ministro haya tomado esta decisión, porque no cualquier toma esta decisión en el momento que estamos viviendo".

Por César Rodríguez

La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Cecilia Moreau, sesiona a fin de considerar el Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 2019) y sus modificaciones.

En relación al ámbito educativo, los legisladores tratarán la creación de las siguientes universidades: Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Pilar, que tendrá su sede en el partido del mismo nombre, en la provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Río Tercero, provincia de Córdoba; y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro de la agenda parlamentaria de la Sesión, se abordará además:

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo martes, a pedido del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, que buscará avanzar con el proyecto de baja de Impuesto a las Ganancias que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa.

La sesión fue pautada para las 13, con el tema de Ganancias como principal punto, aunque también aparecen en la lista proyectos de creación de las universidades de Ezeiza, Pilar, el Delta, Río Tercero, y establecer el Programa "Empleo MiPyme".

El oficialismo comenzó este jueves con la discusión de la iniciativa en comisión, con la presencia de la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; y la secretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.

Los tres funcionarios nacionales defendieron el proyecto que ingresó esta semana en la Cámara baja el ministro de Economía, luego de subir por decreto a partir de octubre el mínimo no imponible de Ganancias a 1.770.000 pesos.

El objetivo de la norma es modificar la ley de Impuesto a las Ganancias a partir de 2024.

El interbloque de Juntos por el Cambio anunció este miércoles que no acompañará la norma porque no quiere ser cómplice "de la hiperinflación de Massa".

La clave para aprobar el proyecto volverá a estar en los diputados de las provincias que no integran ese espacio opositor.

El candidato presidencial de Unión por la Patria le pidió a la oposición que "levante la mano" en el Congreso para aprobar la medida.

"Se llenaron la boca hablando de que en Argentina había que bajar impuestos van a levantar la mano cuando se trata de bajarle impuestos a los que menos tienen", subrayó Massa este jueves en el acto que compartió con movimiento sociales oficialistas.

Por César Rodríguez

Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos reformar la Ley de Alquileres, de modo tal que el plazo de duración de los contratos vuelve a ser de dos años y la actualización de los precios será cada cuatro meses.

Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, la principal coalición opositora consiguió la esperada media sanción con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, de Identidad Bonaerense, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER.

El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei se debió a que están decididamente en contra de cualquier tipo de regulación del mercado de alquileres inmobiliarios.

El intento fallido opositor de derogar la ley se debió a la imposibilidad de reunir las dos terceras partes de los votos requeridos para habilitar sobre tablas el tratamiento de los expedientes sin dictamen: fueron 124 votos a favor y 110 votaron en contra.

Luego de este paso el falso, se pasó a votar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero fue rechazado. El oficialismo proponía sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE.

La única novedad es que incorporaba una serie de incentivos fiscales para los propietarios, de modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.

El dictamen de minoría que se votó a continuación, que es impulsado por Juntos por el Cambio, es bastante más laxo en las condiciones, volviendo prácticamente a lo que establece el Código Civil y Comercial de dos años de plazo de los contratos e indexación en base a indicadores que acuerden libremente las partes.

"Legislar es proteger al más débil y eso es lo que tenemos que hacer", expresó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, criticando el dictamen de minoría por dejar el precio del alquiler al libre arbitrio de las partes, donde habitualmente se impone el más fuerte en la relación contractual.

El proyecto opositor también incorpora una serie de estímulos fiscales para locadores, tal cual explica uno de sus autores, Alejandro Cacace (Evolución Radical): "Como todos reconocen que hay una retracción de la oferta de propiedades en alquiler, damos incentivos fiscales, ventajas impositivas en el monotributo, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y distintos mecanismo para que se pongan más propiedades en alquiler".

“En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”, indica el dictamen de minoría, donde se suprimió la parte donde se fijaba una periodicidad de "entre tres (por intervalos de 3) y doce (12) meses".

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño advirtió que "una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado". Por su parte, Pablo Tonelli (PRO) aseguró que lo necesario para "recuperar la normalidad en el mercado inmobiliario es reestablecer el equilibrio" y consideró que eso existía antes de esta ley cuando los contratos se basaban en el Código Civil y Comercial.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que "el problema es que los cambios que aquí se proponen, ya sea la derogación o lo que está en el dictamen de minoría, son perjudiciales a quienes alquilan".

"El lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo. Nosotros resistimos, no nos van a convencer los lobbys de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre se llevan una tajada de este negocio", protestó la candidata presidencial y referente del PTS.

El quórum para validar la sesión se logró a las 12:30 cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, comprobó en el tablero la presencia de 129 diputados, y dio por iniciada la sesión en el recinto.

Los últimos en sentarse en las bancas para llegar al número clave 129 fueron los socialistas santafesinos Enrique Estévez y Mónica Fein. Antes de ellos bajaron los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo junto a Luciano Laspina.

Los representantes de La Libertad Avanza estuvieron en duda hasta último momento, pero la decisión de Juntos por el Cambio de apostar por la derogación de la ley en lugar de impulsar el propio dictamen de reforma destrabó el acuerdo para el quórum.

También contribuyeron a que hubiera sesión los diputados de Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, que impulsan un dictamen para reformar la ley de Alquileres, volviendo a los dos años de duración de los contratos, con indexación semestral en base a indicadores.

Los diputados del bloque Ser, Claudio Vidal (gobernador electo de Santa Cruz) y Felipe Álvarez también se hicieron presentes en el recinto, así como los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo. Una vez que la oposición había logrado el quórum, con la sesión recién empezado, el Frente de Todos bajó al recinto para ocupar las bancas.

El Senado de la Nación debatirá este miércoles, en una sesión especial, el proyecto de Presupuesto 2023, en una discusión que se extenderá por varias horas y en la que oficialismo -con votos propios y de fuerzas aliadas- buscará darle sanción definitiva a la iniciativa y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La sesión, citada par las 14 horas, también incluirá la discusión del proyecto de ley, aprobado hace dos meses en Diputados, que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022, que en conjunto explican el 32% de la recaudación impositiva.

El proyecto de Presupuesto 2023 fue aprobado por la Cámara de Diputados en los últimos días de octubre, tras una extensa sesión en la que el Frente de Todos logró sancionarlo con votos propios, de fuerzas provinciales y de legisladores del radicalismo encuadrados en Juntos por el Cambio.

De hecho, en esa reunión, que se llevó a cabo entre el 25 de octubre y la madrugada del 26, el proyecto obtuvo 180 votos a favor, 22 votos en contra y 49 abstenciones y se convirtió en el que mayor cantidad de respaldos obtuvo en la Cámara baja desde 2012 a la fecha.

El proyecto de ley de Presupuesto 2023 pasó al Senado donde, tras dos reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -celebradas el 2 y 3 de noviembre-, obtuvo dictamen de mayoría con las firmas de los legisladores del Frente de Todos y de su aliado de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

La primera de las jornadas sirvió para que los legisladores escucharan a los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti.

Al día siguiente, el interbloque que es la primera minoría en la Cámara alta logró las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto.

Sin embargo, el oficialismo se tomó una semana más antes de que el tema sea discutido en una sesión.

Sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación a fin de considerar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

La Cámara de Diputados se encamina a aprobar en horas de la madrugada del miércoles, con el voto los legisladores del oficialismo, de bloques provinciales y del radicalismo, el proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales.

El oficialismo parece tener garantizada la sanción de la iniciativa diseñada por el Ministerio de Economía -que encabeza Sergio Massa, ya que cuenta con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos, del Interbloque Provincial, del interbloque Federal, de Ser, Evolución Radical y Encuentro Federal.

El bloque radical -que preside Mario Negri- definía esta noche si votaba en general o se abstenÍa. En caso de que la UCR se pronuncie de manera afirmativa, el dictamen de mayoría en general podría alcanzar alrededor de 170 votos. En cambio, el oficialismo no estaba consiguiendo los votos necesarios para aprobar los artículos sobre la eliminación de la eximición del pago de Ganancias al Poder Judicial y sobre el tema retenciones, ya que tanto el conjunto de Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal se expresaron en contra, al igual que las agrupaciones de derecha.

Más allá de estas modificaciones al texto original, el Gobierno decidió mantener el espíritu del proyecto, con una proyección de crecimiento del 2 por ciento del PBI, un déficit del 1,9 por ciento, un dólar promedio de 219 pesos y una inflación promedio del 60 por ciento para 2023.

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

La titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, abrió la sesión a las 13.45 con la presencia de 130 legisladores.

El oficialismo pudo reunir el quórum con el aporte de bloques provinciales y del radicalismo, lo que determinó que de manera inmediata se iniciara el debate en el que están anotados para exponer cien legisladores. En base a estos números, la votación en general se realizaría alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles y el tratamiento en particular finalizaría entre las 8 y las 9 de la mañana.

La discusión del Presupuesto 2023 estuvo atravesada por el debate sobre la eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias con el que cuenta en la actualidad el Poder Judicial.

Otro de los temas de discusión fue la pauta proyectada de inflación del 60 por ciento, junto con la cuestión de las retenciones y la distribución del gasto social y educativo. Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto Carlos Heller afirmó esta tarde que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 “no es un presupuesto de ajuste” y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.

Al exponer como miembro informante de la mayoría, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 “está orientado a la inversión en infraestructura, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo”. También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que “la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios.

Desde la oposición, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo “se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe” y en ese sentido cuestionó el beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.

Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que “a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal”. En esa misma línea, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que “este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina”. Agregó que “se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento”.

En el debate se expresó a favor del proyecto el titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, quien anticipó hoy el apoyo de ese espacio al proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan ?con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno? “Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión”, expresó.

Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, también explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original. Destacó que es importante que “antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar”.

En cambio, los diputados de las bancadas de derecha Javier Milei y José Luis Espert ratificaron esta tarde que rechazarán el proyecto de Presupuesto 2023 al cuestionar los gastos previstos, el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal y la proyección de inflación para el próximo año. Milei dijo que “por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto? Por su parte, el economista y legislador de Avanza la Libertad, José Luis Espert, afirmó que “nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos?

También con diferentes argumentos, la diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Romina del Plá, afirmó que “de la mano de este presupuesto la crisis social se va a profundizar” y que “hay una clara política de Estado contra las masas laboriosas, de endeudamiento en dólares y en pesos, de tasas astronómicas de interés, de achicamiento del gasto público social”.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación. Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos. En ese sentido, establece que si “al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria”. Otro punto es la posibilidad de blanqueo de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como así también para la adquisición de viviendas usadas, entre otras iniciativas.

La actividad se puede seguir en los siguientes links:

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La sesión especial convocada por diputados nacionales de diferentes bloques opositores, encabezados por Juntos por el Cambio (JxC) y el Interbloque Federal, para debatir el proyecto que busca implementar el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones presidenciales, comenzó este miércoles por la tarde con la presencia de un estricto quórum reglamentario de 129 diputados. La iniciativa es rechazada por el Frente de Todos (FdT) que la considera, entre otras cuestiones, “extemporánea”.

Ante la ausencia del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa -quien integra la comitiva que viajó con el presidente Alberto Fernández a Los Ángeles para asistir a la IX Cumbre de las Américas-, el plenario es presidido por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (PRO).

De esta manera, la oposición consiguió reunir un estricto quórum de 129 diputados con sus propios legisladores, ya que el FdT había anticipado que no bajaría al recinto porque considera que se trata de un tema que no está en “la agenda de la gente”.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Miguel Nanni (UCR), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (CC), Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y José Luis Espert (Avanza Libertad), entre otros.

Para aprobar la iniciativa, la oposición necesitará 129 votos afirmativos, es decir la mitad más uno de los 257 que integran el cuerpo, por tratarse de una ley de carácter electoral. Entre los espacios convocantes a la sesión suman 128 voluntades -excepto Mario Negri (UCR) que se encuentra con coronavirus- además de los legisladores de JXC y el interbloque Federal, el riojano Felipe Álvarez, de Ser; el representante del Movimiento Popular Neuquino y los dos de la bancada libertaria que lidera Javier Milei.

Este conglomerado opositor acompañó hace un mes el emplazamiento para que se ponga este tema en la agenda de las comisiones, y actuarían en consecuencia hoy a la hora de votar aunque no estamparon sus firmas en la convocatoria a la sesión especial.

Además se permitirá votar la lista completa y utilizar, si así lo autoriza el sistema electoral provincial, el esquema BUP, pero se deberá hacer en boleta y urna separadas; y se autorizará el voto por correo electrónico a los extranjeros que se aplicó hasta 2019.

El rechazo del oficialismo al proyecto fue puesto de relieve durante las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron durante el debate en comisiones. Allí la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, aseguró que “desde el 1983 a la fecha las elecciones se desarrollan con total normalidad y no ha habido denuncias”, dijo que el sistema “ha dado pacífica alternancia a las distintas fuerzas” y consideró que con los planteos para cambiar el método de votación “se pone en cuestión la legitimidad de todos los cargos electos”.

Por su parte, el Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, dijo que “estamos en una discusión apresurada me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar y diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral”.

“Me preocupa que sea una discusión exprés”, afirmó Schiavi, quien propuso que los que defienden esta reforma “construyan una evidencia”. “Tenemos elecciones libres, limpias y transparentes. Modificar el sistema trae más riesgos que soluciones”, puntualizó el funcionario.

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El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados inició este miércoles a las 10 el tratamiento de los proyectos sobre boleta única papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo.

En el debate se pusieron sobre la mesa ocho proyectos elaborados por Silvia Lospennato (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enríquez (PRO) -mandato cumplido-; Emilio Monzó (Encuentro Federal), Gustavo Menna (UCR) -mandato cumplido-; Enrique Estévez (Socialismo) y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Identidad Bonaerense).

El tratamiento del proyecto sobre boleta única se resolvió la semana pasada tras el avance opositor para pedir una sesión especial para debatirlo el jueves pasado, a partir de una solicitud que contaba con los respaldos suficientes cono para alcanzar el quórum.

Pero el miércoles, sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida, aunque para conseguir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder al planteo de la oposición.

En el esquema esbozado por JxC se prevén reuniones también los días martes 17 y 24, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio.

Para posibilitar la convocatoria a ese plenario, se formalizaron este martes las integraciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fueron reelegidos como presidentes los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente.

En Asuntos Constitucionales, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) tendrán cada uno 17 miembros, en tanto que la restante vacante será ocupada por una integrante del interbloque Federal. En la comisión de Justicia, en tanto, los dos principales espacios de la Cámara tendrán 15 representantes cada uno y el lugar restante será para el interbloque Federal.

La sesión, que se inició con la presencia de 129 diputados en el recinto, número exacto para el quórum, se extendería hasta la medianoche. El acuerdo sobre el texto fue el fruto de varias reuniones desarrolladas durante toda la jornada de ayer entre representantes del oficialismo y de otros bloques opositores. El dictamen obtuvo el respaldo de casi 80 firmas de integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, a partir de los avales del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal y Provincias Unidas.