Durante la sesión de este jueves 17 de septiembre, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción a dos mensajes de ley del gobernador Maximiliano Pullaro, vinculados a la seguridad y la defensa penal.

Obtuvieron media sanción los Mensajes N° 24/2026 y N° 25/2026 del Poder Ejecutivo. El primero establece el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, mientras que el segundo incorpora el artículo 21 bis a la Ley N° 13.014, correspondiente al Servicio Público de Defensa Penal, referido a las Unidades Especiales de la Defensa Pública.

En el primer caso, se trata de mecanismos de control y registro del comercio de teléfonos celulares, para desalentar el robo de esos y otros dispositivos tecnológicos al bloquearse en todo lo posible su compra-venta ilegal.

En el segundo, se crean cargos y añaden funciones, mediante Unidades Especiales, al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que forma parte del ministerio público. Un artículo en particular del proyecto de ley que ahora pasó a Diputados habla de la defensa de los uniformados en la provincia, tanto la policía como los integrantes del Servicio Penitenciario.

Con las limitadas herramientas que otorga la jurisdicción provincial, se apunta por un lado a ponerle obstáculos al comercio ilegal, así como a perseguirlo con más precisión, gracias a registros y políticas que vigilen la trazabilidad dentro del territorio santafesino.

Por otra, se va directamente contra los actores de ese mercado en negro, incluidos los clientes que no pregunten por el origen de los aparatos ofrecidos.

Por primera vez, si la norma avanza en la Legislatura, el Código Procesal Penal dará a la autoridad policial la potestad de revisar que los celulares tengan todo en orden. No se trata de la apertura de contenidos de carácter privado, sino de que los uniformados puedan requerir a cualquier ciudadano los aparatos y verificar si no fueron alterados.

IMEI mediante, cualquier comprador de teléfonos experimentado sabe si el celular que se le ofrece es o no robado. Ahora, los policías podrán hacer lo mismo con cualquier ciudadano y revisar ese aspecto, con la misma práctica con que piden documentos.

Si en la base oficial (imei.enacom.gob.ar) se encuentra alguna irregularidad, "el personal policial procederá a efectuar requisa personal y secuestro del dispositivo, con inmediata comunicación al Ministerio Público de la Acusación".

Se crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos "destinado a dotar a la Provincia de Santa Fe de un marco normativo integral para prevenir, detectar, investigar y desarticular uno de los mercados que mayor incidencia tiene en la criminalidad urbana".

En cuanto a la ley en debate sobre la Defensa Pública, que va a Diputados, se asignación más recursos humanos y objetivos: ocho cargos de defensores y entre las nuevas disposiciones legales incorpora "la defensa de miembros de fuerzas de seguridad, en casos en los que se alegara violencia institucional".

Más allá de la repercusión de esta innovación -que bien puede ser interpretada como una señal a los uniformados- hay en el proyecto de ley un alcance mayor que estará atado a lo que resuelva la conducción de los defensores públicos.

La Ley 13.014 a reformar es parte de la reforma de la Justicia Penal en Santa Fe y la creación del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (como su mellizo institucional el Ministerio Público de la Acusación) tiene dos etapas marcadas por la Constitución.

Además, la Cámara alta aprobó un proyecto de ley de autoría de Oscar Dolzani, que modifica los límites jurisdiccionales de los distritos San Javier y Colonia Teresa, en el departamento San Javier.

También,del senador Esteban Motta, una modificación sobre la Ley N° 13.169, Código de Faltas de Tránsito de la Provincia. La iniciativa sustituye el artículo 117 e incorpora los artículos 117 bis y 117 ter, referidos a competencias, desafíos o pruebas no autorizadas con vehículos motorizados en la vía pública, y los artículos 130 bis y 133 bis, vinculados con las actas de infracción.

En pocas palabras, espera poder controlar el fenómeno extendido de las picadas de autos y motos en el espacio público.

La Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, mantuvo una reunión con el Ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, para implementar el curso de capacitación de prevención en violencia institucional destinado a miembros de las fuerzas de seguridad santafesinas que surge del convenio firmado entre el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) y el Ministerio de Seguridad.

La iniciativa tuvo lugar a partir del análisis y entrecruzamiento de los datos recabados por el Registro de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos de la Defensoría Provincial con los datos del Ministerio de Seguridad como así de algunas decisiones judiciales que han impuesto a imputados miembros de fuerzas de seguridad reglas de conducta consistentes en la participación en cursos de capacitación sobre violencia institucional.

Brilloni le respondió a Frederic y defendió a la policía de Santa Fe

El acuerdo propende a la prevención de la violencia institucional a partir de la capacitación, formación profesional y construcción e internalización de buenas prácticas por parte de fuerzas policiales. Ambos organismos establecieron las bases de contenidos mínimos y el programa de capacitación con enfoque de Derechos Humanos, el cual comenzará a mediados de marzo de este año, y estará dirigido en primera instancia a las jerarquías superiores del cuerpo policial.

Esta actividad está proyectada para el resto del escalafón de las fuerzas de seguridad lo que insume un gran esfuerzo por parte del SPPDP y del Ministerio de Seguridad, en atención a los casi veinte mil agentes y cadetes para quienes se encuentra proyectado el curso.

Respecto a la currícula, se abordarán temas referidos al concepto de violencia institucional, sus antecedentes, contexto histórico y abordaje normativo; los principios sobre el uso de la fuerza en relación al ejercicio de la función policial; la relación entre las prácticas policiales actuales con las dictaduras militares en el contexto argentino y latinoamericano; y el control de las fuerzas de seguridad.

El curso se dictará desde el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública, en forma virtual habida cuenta la cantidad de gente que lo tomará y la extensión territorial de la provincia.

El cuerpo docente de esta formación es encabezado y coordinado por la propia Defensora Balangione acompañada por la Subsecretaria del Registro de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos, Lorena Negro, y lo integran defensores y funcionarios con formación profesional específica en la materia.

Se trata de la primera propuesta formativa con este tipo de características específicas. Desde el servicio de Defensa se valoró la importancia del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad para dar respuesta tanto a situaciones puntuales como para propender a la formación general de la agencia policial en su conjunto con perspectiva en Derechos Humanos. Balangione destacó la predisposición del Ministro de Seguridad en la búsqueda de potenciar la vocación policial a través de la formación y capacitación constante de sus agentes.

La Provincia de Santa Fe se encuentra obligada por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina y, entre ellos se encuentra el deber de adoptar medidas progresivas para erradicar la violencia institucional.