El Poder Ejecutivo plantea prorrogar parcialmente la Ley de Emergencia en materia de Seguridad para sostener la vigencia del régimen extraordinario de personal policial que permite la reincorporación a la fuerza de efectivos retirados. Durante los dos años que la ley estuvo operativa y según pudo confirmar El Litoral, 88 retirados volvieron a la actividad.

El mensaje enviado por el gobierno a la Legislatura plantea que dicho régimen se encuentra "en plena ejecución y con consecuencias jurídicas consolidadas", por lo que "se estima necesario otorgar continuidad normativa a dicha situación, a fin de preservar el vínculo jurídico con el personal ya reincorporado y mantener en funcionamiento los mecanismos extraordinarios que resultaron eficaces en el refuerzo institucional de la Policía y el Servicio Penitenciario".

Aclara el texto que la prórroga solicitada "responde exclusivamente a la necesidad de consolidar un régimen excepcional en materia de recursos humanos, sin introducir modificaciones a su alcance originario".

El objetivo, se advierte, es "fortalecer las capacidades institucionales de la Policía y del Servicio Penitenciario, consolidando una herramienta que ha demostrado utilidad operativa, manteniendo el respeto por el derecho vigente y la seguridad jurídica del personal comprendido"

La prórroga parcial se propone por el término de doce meses, y podrá extenderse por única vez por igual plazo "si subsisten las circunstancias fácticas que lo motiven".

Se estipula, por otra parte, que "la ley aplicable a los beneficios jubilatorios del personal reincorporado al servicio efectivo o que se reincorporen a partir de la vigencia de la nueva ley, se determinará de conformidad a la normativa vigente a la fecha del primer cese de la prestación de servicios". A los fines del cálculo del haber de retiro se computarán los nuevos servicios prestados acorde a la situación de revista al momento del cese en el marco del presente régimen, pudiendo incrementar su porcentual, si hubieran obtenido ascenso durante este período.

La nueva norma fija que los reincorporados mantendrán la ley vigente al primer cese y podrán mejorar su haber si obtuvieron ascensos.

En la última sesión de la Cámara baja, la diputada Celia Arena (PJ) reclamó que se constituyese la Comisión Bicameral de Seguimiento, para que desde el Poder Legislativo se pudiese controlar la ejecución de la ley.

A su criterio, la comisión de seguimiento "sigue siendo necesaria incluso en una prórroga parcial, porque es nuestro deber conocer los criterios para reincorporaciones o desvinculaciones dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente tras dos años de medidas excepcionales", concluyó.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, dispuso extender el período de inscripción online para incorporarse al Servicio Penitenciario, exclusivamente para postulantes varones de las zonas centro y sur de la provincia. Así quedó establecido en la resolución Nº 3180 del 7 de noviembre de 2025, que lleva la firma del ministro Pablo Cococcioni.De esta manera, el período de inscripción se extendió hasta el próximo domingo 30 de noviembre inclusive, mientras que el plazo de entrega de documentación requerida se amplió hasta el sábado 13 de diciembre.“Se trata del escalafón suboficiales dentro un cupo de 800 personas que prevé un 75 % de ingresos masculinos. Por lo tanto, la extensión de plazo es solamente para varones”, explicó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Además, la funcionaria remarcó que “el plan de seguridad diseñado por el gobernador Maximiliano Pullaro contempla, entre otras acciones políticas, el desarrollo de obras públicas penitenciarias para que los efectivos de la Policía de Santa Fe dejen de cuidar presos en comisarías; y el ejercicio de un estricto control en las cárceles de la provincia para que los santafesinos puedan vivir mejor”.A fines de marzo pasado, con una inversión de más de $ 109.000 millones, el Gobierno de Santa Fe comenzó a construir El Infierno, tal como se la conocerá a la cárcel para presos de alto perfil situada en la localidad de Piñero. El Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil, El Infierno, estará ubicado en la Ruta Nacional AO12 y la Ruta Nacional 14, muy cerca de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero. “Este proceso de inscripción de agentes forma parte del plan de seguridad que llevamos adelante desde la gestión del gobernador Pullaro, con el objetivo de fortalecer el plantel penitenciario a partir de las obras de infraestructura que se vienen desarrollando”, apuntó Masneri.

Masneri fundamentó la búsqueda de penitenciarios varones a partir de los cupos que se abrirán cuando finalicen las obras en El Infierno, la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero. Así, informó que “allí se alojarán más de 1000 presos varones. Y los agentes que tengan que realizar funciones dentro del penal deben ser del mismo género que los internos a cuidar. Por tal motivo buscamos que se incorporen varones de entre 18 y 28 años que, por supuesto, luego tendrán que superar las pruebas que se realizan con posterioridad a la inscripción. Todo dentro de un plan que llevará a incorporar a 2.600 agentes penitenciarios en esta gestión. Se trata de una carrera que a partir de este año tiene certificación profesional, avalado tanto por Provincia como por Nación”, resaltó la secretaria de Asuntos Penales.

La nueva Cárcel de Alto Perfil tendrá características edilicias particulares y estará compuesta por 4 minipenales y un edificio de gobierno general, por donde se realizará el ingreso. Tendrá un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, con circulación vehicular por debajo y circulación peatonal por arriba. Además, cada 70 metros tendrá un torreón de vigilancia. En el fondo del penal habrá una torre de 36 metros de alto para tener una vista de 360 grados.Cada uno de los 4 minipenales tiene 6 pabellones de 2 pisos, con 2 alas. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado que se construirán en dos plantas. En total habrá 288 celdas por minipenal y 1.152 plazas en todo el complejo. Cada minipenal tendrá su patio de uso individual restringido. También contará con boxes individuales para comunicarse por medio de un blindex y para no tener contacto físico. Tendrá sistema de salud a través de atención intramuros para minimizar el traslado, una sala de conferencias y un helipuerto.

Los aspirantes varones que residan en el centro y sur de la provincia podrán acceder a la plataforma de inscripción en www.santafe.gob.ar/ms/spsf. Los requisitos son: * Ser argentino.* Tener domicilio en la provincia de Santa Fe.* Ser mayor de 18 años y no superar los 28 años al momento de la inscripción.* No tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el régimen establecido por la Constitución Nacional.* Acreditar antecedentes honorables y de buena conducta.* No haber sido separado de la Administración Pública por exoneración.* Título secundario.* Poseer las aptitudes físicas y psíquicas que establece la reglamentación.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo la licitación para la compra de 300 chalecos antipunzantes con destino al Servicio Penitenciario. El presupuesto oficial es de $ 174.000.000.

El acto se realizó este jueves en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno y contó con la presencia de los secretarios de Asuntos Penales, Lucía Masneri; de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone; y de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; y el director de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, Matías Lanfranchi, entre otros.

Masneri señaló que “estamos abriendo los sobres para la compra de chalecos antipunzantes y anticortantes. Esto es absolutamente innovador en el Servicio Penitenciario de Santa Fe porque son chalecos que no tienen vencimiento”. 

La funcionaria contó que “el nuevo equipamiento que se va a utilizar en los sectores del interior de las Unidades Penitenciarias brindan una mayor protección y durabilidad para la función que desempeñan los agentes”.

Por último, la secretaria de Asuntos Penales indicó esta apertura de ofertas “forma parte del conjunto de licitaciones de equipamiento que lleva adelante la Provincia, que están en sus pasos administrativos como lo son los chalecos RB3 que son los antipunzante y antibalas, que se requieren para los espacios de seguridad externa, como las garitas, los puestos de control y demás, que están más vinculados con un posible ataque externo”.

Los chalecos, destinados a los agentes que realizan la vigilancia interna, están compuestos por material antipunzante y anticortante, conformado por poliéster reforzado con fibra de vidrio, diseño ergonómico rígido y liviano con propiedades de absorber impactos de armas blancas. Tienen una garantía de 5 años.

En la oportunidad se presentaron dos oferentes: Punto de Impacto SA, con una oferta de $ 237.000.000 y una alternativa de $ 177.000.000; y la firma FC Group SRL, que cotizó  $ 114.000.000.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcini, confirmó que no hay presos alojados en la recién inaugurada cárcel federal de Coronda y que, conforme a lo acordado, esto comenzará a ser así desde el mes de marzo, y con prioridad para los internos santafesinos. Aseguró que la capacidad del penal permitirá liberar plazas en las cárceles provinciales para alojar a todos los detenidos en comisarías La Capital y "tres o cuatro departamentos limítrofes".

Ante la pregunta de El Litoral, y luego de la reunión mantenida con el intendente Juan Pablo Poletti, Cococcini negó que, tras el acto de inauguración encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hayan quedado personas detenidas en la cárcel federal de Coronda.

"Las conversaciones que nosotros habíamos mantenido ya incluían la particularidad de que inicialmente iba a haber una inauguración solamente formal. Después, bueno, cuál ha sido la estrategia comunicacional de la Nación, y se la comparta o no, es una cuestión de ellos. Pero se ha cumplido con la inauguración, con la idea de que la puesta en funciones va a darse alrededor de marzo; previa gestión de una serie de servicios y de cuestiones de infraestructura, logística, personal y demás. Ellos lo comunicaron de esa manera y ése es el plan que entendemos que sigue", explicó el funcionario.

Por otra parte, y en cuánto a la procedencia de quienes vayan a estar alojados allí, Cococcioni se remitió a los dichos de Bullrich, en el sentido de que "la prioridad la tienen los de Santa Fe, y si eventualmente sobrara capacidad de alojamiento (cosa que podría ocurrir a futuro por aplicación de la ley de narcomenudeo, y que muchos presos que hoy son federales sean provinciales), esas plazas serían distribuidas en presos federales alojados en otras provincias. Hoy no vemos mucho margen de discusión, porque el penal tiene capacidad para 462 y nosotros tenemos 680 presos federales, con lo cual tenemos para llenarlo tranquilamente".

No hay presos en la nueva cárcel federal de Coronda, que comenzará a recibir internos desde marzo, con prioridad para los santafesinos.

De hecho, añadió que otra de las razones de que hasta el momento no haya detenidos es que el compromiso incluye que los primeros sean de la provincia. "De hecho, estuvimos meses trabajando en conjunto, nuestros equipos de organismos técnicos con los del Servicio Penitenciario Federal, para poder clasificar a esos casi 700 presos federales que alojamos nosotros , para que ellos vean si se adecuan o no al perfil criminológico para el cual van a habilitar esa cárcel. Porque, por ejemplo, no irían allí presos de alto perfil y, en todo caso, habría que hacer una triangulación con los que tienen condena más larga o estén catalogados como más peligrosos, para que vayan a otra cárcel federal, y de esos otros lugares vengan aquí los que requieran seguridad mediana o baja. Esto es porque, más allá de algunos aditamentos que se han hecho por sugerencia del Servicio Penitenciario, ése es el perfil que tiene esta cárcel, pensada hace 20 años, diseñada hace 12 y comenzada a construir hace 8. Y las cosas van cambiando, es una cárcel que nació vieja", admitió.

En cuanto a las expectativas del gobierno santafesino sobre el efecto que el aprovechamiento de las nuevas instalaciones tendrá para el Servicio Penitenciario Provincial, aclaró que aunque no se pueda derivar allí a la totalidad de los presos federales, "con 400 y algo que nos saquen, para nosotros es muy importante. Piensen que en la Unidad Regional 1 hay menos de 370 detenidos en comisarías, así que 460 son para nosotros vaciar todo el departamento de La Capital, y probablemente tres o cuatro departamentos limítrofes. Nos permitiría que en toda la parte centro de la provincia en lo inmediato no haya más presos permanentes en comisarías. Eso no es algo menor".

(Por Juan Manuel Peratitis) - Quedó habilitada este viernes el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, en la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo.

Después de 27 años del plebiscito que habilitó desde la población el poder tramitar una nueva cárcel, con la condición de que dé empleo a los corondinos, tras tres intentos fallidos en 1999, 2004 y 2012, por fin hubo un acuerdo en 2015 y meses después, la piedra fundamental, el primer ladrillo hacia lo que este viernes se convirtió en la Unidad Penal Federal N° 36 “Dr. Eusebio Gómez” de la ciudad de Coronda.

Llamó la atención de los presentes y de la prensa la ausencia del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vice Gisela Scaglia.

Ubicada a 4,5 kilómetros del centro de esta ciudad, a 7 de la zona urbana de Larrechea, 300 metros al norte de la Ruta Provincial N° 64 que une ambas localidades, y a 1000 metros de la Autopista Brigadier López, el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino fue inaugurado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien mencionó en el acto realizado en uno de los pabellones del flamante presidio, que “venimos a solucionar el grave problema de superpoblación de cárceles, pero también, mediante un convenio con Santa Fe y que haremos paulatinamente con otras provincias, tomaremos los presos con largas condenas aunque sean delitos ordinarios, para tenerlos a mejor resguardo en esta cárcel que hoy se inaugura”. Esto quiere decir que la idea es que, mediante un acuerdo, incluso con la Justicia, los presos con largas penas y o con alto perfil estén en la cárcel federal y los demás, en unidades provinciales.

Funcionarios, jueces nacionales y provinciales, efectivos, y empleados estuvieron en la apertura del penal. Crédito: Daniel Melchiorri.

De hecho, ya temprano en la mañana, ingresó el primer número de reclusos, considerados de mediano y bajo perfil llegados desde unidades santafesinas. Recordemos que el Servicio Penitenciario de la provincia tiene 700 presos con causas federales y las comisarías, a su vez, resguardan 1300 detenidos. Este penal, contará con cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales, patios internos para recreación, un área educativa equipada con seis aulas destinadas a la formación de los internos, casino de oficiales, pero con una gran superficie en la que se puede seguir construyendo. El director de la Unidad 36 será el Prefecto Gustavo Lutringer.

La funcionaria contó además que “esta cárcel en breve tendrá bloqueo total de señales de telefonía y satélite, monitoreo constante, los guardias estarán en un piso alto, de resguardo, y como esto es un sistema de rotación de empleados, hay quienes trabajan con la cara tapada por las amenazas que han recibido, es un trabajo de alto nivel de estrés” y agregó que “los presos que sean sorprendidos cometiendo o intentando cometer delitos desde dentro de la cárcel, tendrán un protocolo y régimen especial como consecuencia”.

La ministra enfatizó también que “hay muchos presos candidatos para traer aquí, sacar de las cárceles provinciales santafesinas, descomprimir tanto los presidios como las comisarías, pero bien sabemos que con lo que ha ocurrido en Rosario, la mayoría de los reclusos vienen con condenas por narcotráfico”.

Bullrich durante la presentación del penal. Crédito: Daniel Melchiorri.

Consultada sobre los servicios públicos y la ubicación del personal en viviendas de cercanía a su trabajo, Bullrich contó escuetamente que “se está trabajando” para “lograr convenios de servicios públicos por un lado como residuos convencionales y cloacales” y en cuanto a que en la ciudad no se consiguieron casas para alquilar en número suficiente, aseveró que “también se está trabajando en su ubicación, junto con la intendencia local, atendiendo además que este es un trabajo rotativo”. La ministra sostuvo permanentemente en su discurso y en la ronda de prensa, que “en breve, y muy rapidito, esta cárcel se va a completar”.

Sobre el status de los reclusos, la funcionaria dijo que “los presos tendrán que estar de fajina 5 horas al día, haciendo labores, limpiando, cuidando su hábitat, y solamente van a cobrar los que trabajen 8 horas, tienen que aprender a hacerlo, porque el día que salgan la idea es que no vuelvan a delinquir”.

La totalidad de los empleados, agentes y de otros puestos, estuvieron en el acto inaugural del nuevo penal corondino.

Sobre la ausencia del gobernador Maximiliano Pullaro, Bullrich explicó que “es una decisión personal, esta es una cárcel federal, el gobierno nacional así lo toma. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente, en equipo. No tenemos ningún contradicho ni problemas con el gobernador, todo lo contrario. Sí podemos contar con miradas distintas políticas pero que no caben en este ámbito”.

Sí estuvieron el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Dr. Pablo Cococcioni, la Secretaria de Asuntos Penales de la provincia, Lucía Masneri y el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini y el Subsecretario de Asuntos Penales Nacional, Julián Curi.

Finalmente, cabe destacar que el intendente Ricardo Ramírez, presente en la apertura del presidio, ya anticipó que desde la Municipalidad de Coronda insistirá con los puestos laborales y las obras complementarias prometidos y documentados que deberían haber llegado a la ciudad por ser la única localidad en la provincia que aceptó la construcción de un edificio destinado a la detención de personas, de este tipo y magnitud.

Este martes, al cumplirse el primer año de gestión de la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, el mandatario provincial decidió iniciar la jornada con acciones vinculadas a la seguridad en Rosario compartiendo un desayuno en la Unidad Regional II y posteriormente visitando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Durante las actividades, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; el jefe policial de la Provincia, Luis Maldonado; el jefe policial de la URII, Daniel Acosta; el subjefe policial de la URII, Mariano Govi; el jefe de la Agrupación Cuerpos, Nicolás D'Angelo; el jefe de la Compañía Tropas de Operaciones Especiales, Comisario Lic. Ariel Angelucci; el secretario privado del jefe policial, Rodrigo Domínguez y la plana mayor de la URII.

Ante los agentes, Pullaro aseguró que a lo largo de su primer año de gestión, “nos han honrado con su desempeño y capacidad operativa, pero fundamentalmente han demostrado el amor a la Policía de Santa Fe y a todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia”. Para el gobernador, la Tropa de Operaciones Especiales fue “una pieza clave en este engranaje de recuperar la paz en Rosario, en bajar y disminuir los indicadores de violencia en una ciudad que durante muchos años había perdido esa paz” y en ese sentido reconoció que “se hicieron capturas e investigaciones muy importantes y se lograron aprehender a muchos delincuentes violentos de esta ciudad”.

Pullaro calificó como “muy intenso” su primer año de gestión y aseguró que “a partir del trabajo comprometido la Provincia avanzó en muchas de las áreas que teníamos planificado. Siendo la Seguridad pública el principal problema en Santa Fe, gracias a la Policía, el Servicio Penitenciario y a la colaboración de las fuerzas federales, sentimos que avanzamos mucho y logramos alcanzar un orden muy importante en la ciudad y que los vecinos y vecinas puedan vivir con mayor tranquilidad”.

Por último, el Gobernador se mostró agradecido por “todo el esfuerzo y capacidad demostrados”, a la vez que les pidió a los efectivos policiales “que redoblen el esfuerzo, que sigan adelante, porque la delincuencia les tiene terror. Lo peor que le puede pasar a un delincuente o violento en la provincia es toparse con un miembro de las TOE”. Por eso, arengó a seguir “poniendo orden en las calles y sus familias y toda la sociedad se lo van a agradecer”.

(Por Juan Manuel Peratitis) - En la madrugada de este lunes fue interrumpida la aparente tranquilidad reinante en la Cárcel de Coronda, ya que una pelea que pudo ser mayor, fue apaciguada y abortada por el grupo GORO de la Unidad Nro. 1 de la cabecera del departamento San Jerónimo.

Es que varios internos iniciaron cerca de las 6 un conato de agresión múltiple que se terminó resumiendo en una feroz gresca entre dos internos. Esto ocurrió en el pabellón 6 norte, modulo sur, donde las fuerzas de seguridad del Servicio Penitenciario iniciaron rápidamente una acción para disipar el tumulto, con 18 disparos intimidatorios.

Pasados unos minutos de iniciado el problema, la cárcel nuevamente recobró el orden. Como consecuencia de esa pelea, hubo un interno lesionado, pero no fue de gravedad aunque recibió un fuerte golpe en la cabeza con lo que sería un elemento contundente.

Por lo ocurrido, hasta nueva orden, todos los presos de ese sector quedaron “engomados”, término que se utiliza en el argot carcelario para determinar que los reclusos no pueden salir de sus celdas hacia los patios de pabellones ni a los recreos.

Cabe aclarar que este incidente no generará ningún tipo de interrupción en las visitas programadas para este lunes, ya que a ese sector no le correspondía.

En el pabellón de la pequeña reyerta hay 233 presos alojados, son 1499 en el pabellón 6, donde se alojan mayoría de internos evangélicos o denominados “hermanitos”, y en total, al día de hoy, los reclusos son 2.830.

(Por Juan Manuel Peratitis) - Unas 300 familias pidieron venir a vivir a Coronda o zona cercana de influencia habida cuenta que en los próximos meses quedará habilitada la Cárcel Federal y al menos un integrante de cada uno de esos grupos familiares trabajará como agente penitenciario en el presidio.

La novedad movilizó a las autoridades porque de máxima la posibilidad de este crecimiento demográfico aumentaría en más de mil habitantes la población, de golpe, con todo el shock que eso implica para la prestación de los servicios y para la ocupación de matrículas en las escuelas, pero también para el consumo y movimiento comercial.

Sin embargo, hoy en día el cupo de viviendas en alquiler en la ciudad es muy bajo.

Sin tener en cuenta esta novedad, hay mucha gente que debido a su trabajo en la Unidad 1 ya había venido de otras localidades o bien había dejado de vivir con sus padres, por lo que ya hubo una alta demanda en la localidad sobre todo por los últimos dos ingresos masivos de personal que se concretaron para el Servicio Penitenciario Provincial.

Ante este panorama, Walter Ramírez, corredor inmobiliario corondino y presidente del Colegio de Corredores de la primera circunscripción manifestó que “nos hemos reunido con los demás colegas y nos hemos juntado con el intendente Ramírez, es una inquietud que tiene la ciudad con esta noticia de tanta gente que va a llegar de agentes federales”.

Más adelante refirió a que “hasta ahora hay 10 familias que ya alquilaron, hemos hablado con el jefe de los agentes, les hemos alquilado, pero se esperan 300 en total, es un tema porque tanto la ciudad como los alrededores no tiene tanta disponibilidad de viviendas. Es un llamado a incentivar el mercado de construcción, hablando con uno y con otro, es una obra importante, no es un tiempo como el acueducto que se está dando ahora con gente alquilando pero ellos se van, los de la cárcel no, pero de todos modos a la obra del acueducto le falta”.

Es más, dijo luego Ramírez, “vamos a necesitar muchas viviendas, para alquilar y para comprar, cuando tengan destino definitivo aquí, ya han consultado por los valores, encima ellos notan la diferencia, les gusta Coronda, el nivel de vida, la tranquilidad, muchos son de Buenos Aires, ven con buenos ojos poder comprar, de un posible loteo, y consideran que los costos aquí son mucho menores a sus lugares de origen”.

El dato hoy en día es el siguiente: entre los tres agentes inmobiliarios que alquilan casas en Coronda, hoy no sólo que no hay disponibilidad de unidades habitacionales, sino que hay listas de espera, sin que se hayan sumado por el momento a la demanda más agentes penitenciarios de otras provincias, aunque esto volverá a pasar en cualquier momento por lo que también los empresarios inmobiliarios están buscando en otras ciudades y pueblos -no lejos de Coronda- para intentar hacer subir al menos un poco la oferta.

(Por Carlos Retamal) - Hace casi tres años se produjo una masiva fuga de la Unidad Penitenciaria de Piñero, ubicada casi 40 kilómetros al sudoeste de Rosario. Ocho presos lograron huir gracias al apoyo de un grupo comando que se tiroteó con personal del Servicio Penitenciario. Casi un año se tardó en recapturar a todos los evadidos y este martes 4 de junio se conoció la sentencia para 11 de los involucrados en la escandalosa e histórica fuga.

El tribunal oral conformado por los jueces Silvana Lamas González, Fernando Sosa e Ismael Manfrín sentenció a los acusados con penas que van desde los 8 años y 10 meses a los 18 años de prisión, dependiendo de su participación y responsabilidad. Como varios de los acusados ya están en prisión cumpliendo otras condenas, varias de las sentencias se unificaron.

La lista de condenados está integrada por Claudio ‘Morocho’ Mansilla, Daniel David Pscione, Ezequiel Rodolfo Romero, Martín Alejandro Cartelli, Alejandro Andrés Candia, Antonio Alejandro Schmitlein, Sergio Martín Cañete y Joel Isaías Rojas, quienes estaban en prisión al momento de la fuga. Los otros tres sentenciados a prisión son Franco Ezequiel Canteros y Rodrigo Leonel Gramajo, quienes integraron el grupo comando que llevó a cabo el escape y Elisa Magdalena Álvarez, que fue condenada por haber sido apresada mientras iba manejando un auto en el cual iban tres de los evadidos, zona en la madrugada posterior a la evasión.

Según la reconstrucción de los hechos, dada a conocer durante el juicio, minutos después de las 17 del domingo 27 de junio de 2021, cuatro personas llegaron en un automóvil Peugeot 3008 hasta el exterior sudoeste del penal de Piñero. Quien conducía no por el momento no fue identificado y todavía no ha sido detenido; se quedó en el auto, que quedó con las puertas y el baúl abiertos. Los tres restantes, Franco Ezequiel Canteros, Rodrigo Leonel Gramajo y Walter Ezequiel Soraire (con pasamontañas, capuchas, y al menos uno de ellos con una máscara de goma con la cara de un mono), llegaron hasta el penal y perforaron el cerco perimetral de la cárcel con una máquina amoladora.

Minutos después, ya dentro del perímetro de la Unidad Penitenciaria, sacaron varias armas de fuego y comenzaron a tirotearse con los empleados penitenciarios de seguridad externa que se encontraban apostados en distintas garitas de seguridad. Los tres intrusos lograron avanzar y uno de ellos (Walter Soraire) cortó otros dos cercos.

Mientras esto ocurría fuera del penal, los internos Mansilla, Pscione, Romero, Cartelli, Candia, Schmitlein, Cañete y Rojas, que estaban en el patio del pabellón 14, comenzaron a lanzar cascotes y escombros al centinela de la garita y luego realizaron un corte en el cerco metálico de ese patio. Instantes más tarde, lograron salir y unirse al grupo de personas que continuaba efectuando disparos hacia el personal penitenciario.

A raíz del enfrentamiento armado producido con los centinelas, a un metro aproximadamente del cerco perimetral, Walter Ezequiel Soraire, recibió un disparo en la región malar derecha y murió prácticamente en el acto.

La secuencia de la evasión siguió con los 8 presos huyendo junto a dos de los tres integrantes del grupo que llegó para facilitar la fuga. Se presume que todos huyeron en el Peugeot 3008 en el que los esperaba la persona que hasta el momento no está identificada.

Un rato más tarde, los evadidos se separaron y huyeron en varios autos en distintas direcciones, no sin antes sembrar clavos tipo ‘miguelitos’ en el cruce de las rutas 14 y A012 para evitar ser perseguidos.

Con el correr de los días y los meses, todos los evadidos fueron recapturados. Los primeros dos fueron Cañete y Rojas, apresados en la madrugada del lunes 28 cuando iban en el baúl de un auto Honda Civil Azul mientras circulaba por barrio Cabin 9, de la ciudad de Pérez. Ese vehículo era conducido por Elisa Magdalena Álvarez.

Antonio Schmitlein fue recapturado también el 28 de junio de 2021 en un camino rural entre Murphy y Carmen, departamento General López, al sur de la provincia; Ezequiel Romero se entregó en forma voluntaria el 30 junio, en la zona oeste de Rosario; Alejandro Candia cayó durante un allanamiento en la zona sudoeste de Rosario el 12 de julio; Daniel Pscione fue arrestado el 18 de agosto luego de ingresar con heridas de arma de fuego en brazos y piernas al hospital de emergencias (donde dio un nombre falso) y Martín Cartelli fue atrapado el 20 agosto en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires.

El último en caer fue Claudio Javier ‘Morocho’ Mansilla, que fue recapturado en la noche de este jueves 16 de junio de 2022 durante un allanamiento realizado en el barrio Zona Cero, también conocido como ‘Polledo’, ubicado en el extremo norte de Rosario, a muy pocas cuadras del inicio de la autopista Rosario-Santa Fe.

El fiscal del caso, Franco Carbone, opinó que “las penas fueron un tanto menores a las que solicitamos”, pero que igualmente estaba muy conforme y tildó al fallo como inédito.

“Nosotros marcamos desde el principio de esta investigación, hace tres años, un quiebre institucional que realmente había habido un antes y un después en la historia del Servicio Penitenciario de nuestra provincia. Las penas que han dado los jueces realmente dan cuenta de esto”, sostuvo.

“La evasión tiene una pena muy exigua en el Código Penal”, agregó Carbone, quien además recalcó: “Es una pena histórica, ejemplar. Ha sido algo ejemplar a lo que es el Servicio Penitenciario en toda la provincia y yo diría también en nuestro país”.

Los ocho presos que se fugaron fueron condenados por los delitos de evasión agravada y portación de arma agravada: Martín Alejandro Cartelli, Alejandro Andrés Candia y Daniel David Pscione fueron sentenciados a 9 años de cárcel.

La misma pena recibieron Antonio Alejandro Schmitlein, y Claudio Morocho Mansilla, pero como contaban con condenas anteriores, hubo unificaciones: Mansilla fue condenado a 21 años de prisión y Schmitlein a 22 años de cárcel.

Sergio Cañete fue sentenciado a 17 años, pena que se unificó con una condena anterior por lo que deberá purgar 36 años de cárcel; Joel Isaías Rojas fue penado con 15 años de cárcel, sanción a la que se le sumó una sentencia previa, por lo que deberá estar 20 años en prisión y Ezequiel Rodolfo Romero fue condenado a 8 años y 10 meses de cárcel, pena que se sumó a una sentencia previa, por lo que en total la pena se elevó a 16 años y 4 meses de prisión.

En tanto que los dos acusados de formar parte del grupo comando que irrumpió a los tiros en el penal de Piñero, fueron condenados a 16 y 18 años de cárcel. La pena menor fue para Franco Ezequiel Canteros y la mayor para Rodrigo Gramajo, ambos por favorecimiento doloso a la evasión agravado por el uso de armas de fuego. Mientras que Elisa Magdalena Álvarez fue condenada a 12 años de cárcel por favorecimiento doloso a la evasión agravado por el uso de armas de fuego, en concurso real, con tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, en concurso real con encubrimiento por favorecimiento personal en carácter de coautora.

Desde el Servicio Penitenciario Federal I, Patricia Bullrich presentó el nuevo "protocolo de gestión para presos de alto riesgo" con la idea de que se regularice “el aislamiento dentro de las cárceles con los que operan afuera”.

Junto con su comitiva, la ministra de Seguridad enfatizó: “Desde que asumí tengo la convicción de ir detrás de las mafias y los delincuentes. En estos cincuenta días de gobierno actuamos con compromiso e hicimos más de 130 operativos de alto impacto contra los que operan con impunidad”.

Ante los buenos resultados de las medidas oficializadas por el ministerio, como por ejemplo el protocolo antipiquete, Bullrich destacó que se trata de un “hito trascendental” y que se enfrentan “a un desafío sin precedentes”.

“Decidimos que se desconecten a los presos para que se genere el verdadero aislamiento dentro de las cárceles con los que operan afuera”, expuso en conferencia de prensa.

De esta manera, anunció que el protocolo será llevado a cabo por un grupo elite del Servicio Penitenciario Nacional y que, para resguardar a los agentes, el Ministerio no dará a conocer las identidades del personal a cargo.

Asimismo, planteó la serie de mecanismos que se realizarán con la incorporación de este nuevo protocolo.

“Se modifican y refuerzan los controles en las visitas y en las celdas”, “habrá restricciones en la comunicación con el exterior” y las llamadas “solo las va a poder hacer el interno a teléfonos previamente autorizados”.

Otras de las cuestiones a las que dio lugar es que habrá más tecnología de prevención en las cárceles, como escáners, body scan, detectores de metales, sistema con monitoreo de reconocimiento facial, sensores infrarrojos, central de monitoreo las 24 horas los 365 días del año en tiempo real y sistema de redundancia.

“Se acabó el vale todo en la Argentina, ni afuera ni adentro de las cárceles”, finalizó la presentación.

"Con Pullaro estamos trabajando para terminar con el país de las mafias del narco y de las extorsiones y en devolverles la seguridad a los argentinos de bien", dijo la ministra días atrás.

Desde el inicio de su gestión, Maximiliano Pullaro junto con el ministerio de Seguridad provincial llevan adelante un trabajo en cárceles provinciales para aislar a presos considerados de "alto perfil".

Al respecto, Pullaro afirmó que “en este momento se está realizando una destacada operación restituyendo los pabellones de alto perfil”. El mandatario expresó que “los jefes narcos y sicarios van a volver a pabellones de alto perfil y eso nos va a permitir tener un mayor control de estos reclusos. El objetivo es que desde los penales no se cometan delitos; esto significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, van a hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y van a estar monitoreados las 24 horas”.

Por otra parte, el gobernador remarcó: “Vamos a volver a instalar los inhibidores, que están, y no los vamos a bajar más. Y vamos a suspender el ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias porque no se puede requisar la entrada de alimentos de todos los presos”.

Por último, aseguró: “Voy a volver a dar la discusión en la Justicia para que el Servicio Penitenciario no tenga que estar requisando el ingreso de alimentos: vamos a retomar la idea de darles a los reclusos las cuatro comidas por día como se hacía en la época en la que fui ministro de Seguridad, para evitar que tengan que recibir comida desde afuera”.

El intenso trabajo en materia de seguridad pública es uno de los rasgos distintivos de las primeras semanas de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Una de las acciones impulsadas está vinculada a un paquete de leyes que, tras su aprobación en la Legislatura, permiten sumar nuevas y mejores herramientas en este terreno, como la declaración de la Emergencia en Seguridad, la adhesión a la Ley nacional de narcomenudeo y la modificación en la Ley orgánica del Servicio Penitenciario, que logró un triunfo para las mujeres del servicio que ya pueden ascender con la misma jerarquía que los hombres.

Hasta este momento, por una Ley promulgada en tiempos de la última dictadura militar, las mujeres que ingresaban al servicio penitenciario tenían un tope máximo de ascenso generando una marcada desigualdad con la realidad de los hombres que podían ascender sin límites hasta llegar a la mayor jerarquía posible.

"Con estas leyes vamos a poder adquirir todas las herramientas necesarias que hoy necesitamos para combatir el delito y el crimen organizado y vamos a poder reorganizar las fuerzas policiales y penitenciarias para lograr una mayor eficacia en las investigaciones y el cuidado de las cárceles", aseguró al respecto el gobernador Pullaro.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, destacó: "Celebramos la sanción a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario ya que permite pensar dos cuestiones: que las mujeres con rango de oficiales pueden ascender a la última jerarquía al igual que sus compañeros varones; y, por otro lado, porque permite que se reconozca que el título universitario de los y las trabajadoras sociales quienes, hasta ahora, al ingresar al servicio penitenciario tienen una jerarquía menor que sus compañeros profesionales. Esto significaba una desigualdad al momento de ascender en su carrera y lo propio al querer jubilarse; hoy, teniendo una ley orgánica en mano nueva, tenemos la decisión política de compensar esta situación con todas las trabajadoras sociales, adaptándonos a la normativa vigente".

Luego, Masneri remarcó: "Pero esto no es de ahora. Hace más de 10 años que estamos trabajando en estas modificaciones, desde cuando el actual Gobernador fuera ministro de Seguridad; también con el propio Pablo Cococcioni, actual ministro de Justicia y Seguridad, cuando fue parte del Servicio Penitenciario y también con las diputadas Georgina Orciani y Silvana Di Stefano que desde la Legislatura vienen trabajando esta Ley con la presentación de proyectos que en su momento tuvieron media sanción y que ahora ya es Ley", concluyó.

Rechazo al plus penitenciario

Días atrás, Masneri firmó delante de un escribano el rechazo a acceder a un plus salarial por trabajo diferenciado que cobran los agentes del Servicio Penitenciario con mayor jerarquía y que en la gestión pasada hacían lo propio los funcionarios políticos a los cuales no les correspondía. De esta manera, Masneri rechaza una compensación ilegítima, que sólo es adquirida por personal especializado y de mayor jerarquía.

Una camioneta del Servicio Penitenciario se accidentó en Bariloche con un detenido a bordo durante un traslado.

En un incidente ocurrido el lunes por la mañana en Bariloche, una camioneta del Servicio Penitenciario que transportaba a un detenido se volcó, dejando a las tres personas a bordo con heridas.

El vehículo, una Toyota Hilux del Penal de Ejecución N°3 de San Carlos de Bariloche, estaba en ruta desde El Bolsón cuando ocurrió el accidente.

La camioneta llevaba a un detenido con prisión domiciliaria a través de la Ruta Nacional 40, pero el conductor perdió el control del vehículo, lo que resultó en el vuelco. Según las primeras investigaciones, la presencia de agua en el asfalto podría haber sido un factor en el accidente.

Como consecuencia del incidente, el detenido y los dos agentes del Servicio Penitenciario de Río Negro encargados del traslado resultaron heridos y requirieron atención médica, siendo trasladados al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche.

Con siete representantes de la gestión entrante y con las actuales autoridades del Servicio Penitenciario provincial, se llevó a cabo durante tres horas, la primera reunión de transición en el ámbito carcelario.

Fue un encuentro de trabajo, según lo definieron a El Litoral, fuentes de ambas administraciones. Es más, no fue en el despacho de ningún funcionario, sino en el propio Complejo Penitenciario de Rosario. El intercambio incluyó, de hecho, una recorrida por las instalaciones de la Alcaidía y de la Cárcel de Mujeres.

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni. Crédito: Flavio Raina

Los referentes en materia de seguridad ya habían recibido información sobre la población carcelaria y personal penitenciario, en el encuentro que se había realizado con el ministro Claudio Brilloni, semanas atrás. Este martes, en cambio, los representantes del gobernador electo hicieron foco y reclamaron datos sobre las obras de infraestructura penitenciarias que se desarrollan en la provincia.

Según pudo saber este diario, la delegación de la nueva gestión requirió información sobre el estado de las obras, las fechas de entrega y los procesos licitatorios en marcha.

Actualmente, entre los trabajos que se llevan adelante se encuentran los que permitirán sumar tres módulos con dos pabellones cada uno para ofensores sexuales; dos estarán en el penal de Las Flores, dos en Piñero y los dos restantes, en Santa Felicia. Cada uno de esos pabellones tiene capacidad para 80 internos. Serán colectivos -no individuales- y permitirán sumar 480 nuevas plazas. Los trabajos están avanzados y restan concluir las obras complementarias.

También se encuentra en proceso de licitación la sub unidad IV en el Centro Penal de Rosario; ya está concluida la fase de gobierno pero resta la penal (celdas).

La situación de la obra de la cárcel federal que se construye en Coronda también fue parte de las consultas. El penal es ejecutado por el gobierno nacional y sumaría más de 400 plazas para descomprimir un sistema penal provincial que aloja a unos 500 internos federales. El plazo de finalización estaba previsto para setiembre pero se pospuso para noviembre. Las autoridades provinciales no pudieron dar precisiones sobre alguna fecha cierta de habilitación.

Por la actual gestión, estuvieron presentes en el encuentro el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez; y el director del área, Gabriel Leegstra. Por la nueva administración, entre los siete referentes presentes se encontraba Lucía Masneri. Su nombre es uno de los que se baraja como posible titular de la repartición a partir del 10 de diciembre. Ya durante la gestión anterior se había desempeñado como Directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, cuando Maximiliano Pullaro ejercía el cargo de ministro de Seguridad.

Dos internos de la Unidad Penal N° 1 "Dr. Juan Jose O'Connor" de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, atacaron a un agente penitenciario frente a la una celda.

El hecho ocurrido durante esta semana fue registrado por una de las cámaras de seguridad de la cárcel.

En las imágenes se observa como uno de los reos ataca al policía mientras este lo acompañaba hacia el encierro.

Según se detalló posteriormente, el atacante poseía un arma punzante que vulgarmente es denominado “chuza”. Con este artefacto logró propinarle algunas heridas.

Durante el pequeño intercambio, el agente retrocede y cae al suelo, al igual que su teléfono celular personal. Allí es donde interviene otro de los detenidos, que aparece en cámara tras salir de su celda y toma el celular con una sábana.

Unidad Penal N° 1 "Dr. Juan Jose O'Connor".

Ante lo sucedido y mientras era amenazado por el convicto, un segundo agente llegó a auxiliarlo y de esa manera, el penitenciario logra incorporarse y se retira del lugar.

Además de la herida por el arma cortopunzante, se supo que el funcionario sufrió una fractura en una de sus manos, cuando cayó al suelo, mientras retrocedía para defenderse del ataque.

(Por Juan Manuel Peratitis) - Todo era distinto. Es una frase de Perogrullo, pero así era por dentro y por fuera. Pasó casi un siglo ya y si bien la ciudad de Coronda no explotó demográficamente en nueve décadas, sí ha tenido un cambio tan grande que en 1933 era comuna y en este 2023 es una ciudad con más de 20.000 habitantes, cuatro veces más que hace 90 almanaques.

En aquel tiempo el Instituto Correccional Modelo recién inaugurado no tenía una sola casa alrededor, estaba en el medio del campo, y hoy está rodeado de viviendas incluso al sur donde tiempo atrás nadie quería comprar terrenos porque estaba demasiado cerca del penal.

Desde 1909 se pensó en Coronda como sede de una penitenciaría sin saber que eso cambiaría incluso la idiosincrasia de sus habitantes, para siempre.

Nació tras un proyecto presentado por el diputado Rafael Biancofiore en 1909 que señalaba la necesidad de crear una cárcel en un punto equidistante entre Rosario y Santa Fe, eligiendo el lugar en Coronda. En 1915 se adquirió el terreno, en 1922 se destinaron los fondos para iniciar la obra, en 1923 se llamó a concurso de planos y anteproyecto, aprobados en 1926 y en 1927 se firmaron los contratos con las empresas constructoras.

El presidio funciona desde 1933, cuando fue fundado como "cárcel modelo auburniano", ya que adquirió el sistema carcelario de Auburn (EE.UU.).

Antigua formación de empleados del lugar. Foto: Archivo.

La denominada inauguración que en realidad fue el ingreso de la primera guardia armada, fue a las cuatro de la tarde del viernes 12 de agosto de 1933 y contó con los agentes Joaquín López, Eloy Garcías, Ambrosio Godoy, Juan Ramos, Juan Carrillo, Pedro Garita, Juan Mazzuchini, Francisco Billordo, Julio Alzurria, José Cassanelli, Juan Alderete, Carlos González, Ramón Ojeda, Pedro Montiel, siendo subteniente Cristóbal González y Cabo 1º Delfín Ferreyra. En aquel momento había 520 presos en el momento más álgido, hoy hay 5 veces más en la misma superficie.

Don Federico Victorio Malisani falleció en 2006 a los 95 años no sin antes haber contemplado gran cantidad de desfiles, el último de ellos en 2003 cuando el penal que le dio su sustento laboral cumplía 70 años.

El Litoral dialogó con uno de sus hijos, Rubén Malisani, quien recordó todo lo que su padre le contó cada vez que pudo: “Mi papá ingresó en 1935, fue jefe de Pabellón en la guardia y al tener conocimientos laborales, pasó a los talleres de mantenimiento que servían enseñarles a los internos un oficio. Fui testigo cuando los reclusos salían en libertad y venían a agradecerle haberles enseñado. Él instruía a soldar, herrería, todo para mantenimiento adentro de la unidad, no como el IAPIP que hoy además comercializa lo que se hace”.

Malisani recuerda que su padre le contaba que “esa labor terapia era muy interesante, y los internos lo disfrutaban. Antes, fue guardiacárcel propiamente dicho. Era una tarea más complicada, porque los presos de esa época no eran tan jóvenes como hoy, eran mayores, y a veces con serios conflictos, enfrentaban al empleado que tenía que actuar. Se comentaban mucho esas anécdotas con vecinos que fueron empleados como Vallone o Flury, por nombrar dos. Igualmente se sentían orgullosos de tener ese trabajo”.

En cuanto a su anterior ubicación, el vecino recordó que “la cárcel estaba lejos de la población y mi papá iba caminando por la calle Belgrano, de una sola mano, a la que le decían el ‘asfaltito negro’, no faltó nunca en sus 20 años de trabajo. Habrá pedido el día cuando nacieron sus hijos supongo -risas-. En el taller era muy apreciado por los directores de turno, le encargaban trabajos y hasta le daban empleo afuera”.

Agregó el entrevistado que “él tenía a la cárcel siempre presente. De jubilado del Servicio Penitenciario siguió trabajando en su oficio y en otras cosas, iba a los actos, siempre lo tuvo presente. En aquellos años nuestros, teníamos la Escuela Normal o la Nocturna, así que los cuatro hermanos estudiamos y a los 18 años ya éramos maestros y salíamos a trabajar. Él, con su trabajo penitenciario nos hizo estudiar a todos y siempre fue su orgullo”.

Entre lo vivido como hijo de uno de los pioneros de la cárcel de Coronda, y la actualidad, Malisani reflexionó: “La cárcel ha cambiado mucho. Es otra cosa en algunos aspectos. Igual, por lo que veo, la cárcel de Coronda sigue siendo modelo, con labor terapia, para que los presos aprendan oficios, es un orgullo como hijo de penitenciario que exista una cárcel… si bien muchos piensan que no es positivo, podríamos tener industrias, sí, pero la estabilidad del empleado carcelario no se puede comparar con los trabajos privados, yo lo viví en Villa Constitución”.

Cuando la Cárcel se habilitó en 1933 generó rechazó también. Hoy ocurre algo similar con la Cárcel Federal, próxima a inaugurarse, pero el trabajo de penitenciario en Coronda ya es parte de la identidad local: “Si bien ha habido muchas reacciones para evitar que se instale; si eso va a traer trabajo bien remunerado, y que la familia viva con normalidad y sin contratiempos, está bien. Ser agente es una opción, pueden elegir. No deja de ser interesante, pero hoy son profesionales, no cualquiera lo hace, hay que tener secundario y capacitarse. Son exigentes, lo sé por un sobrino nieto que está haciendo el curso de oficiales” y finalizó diciendo que “en la época de mi papá, él entró con buena voluntad, predisposición y se aprendía trabajando. Ni siquiera necesitaban la primaria completa. Pero se hacían oficiales o suboficiales trabajando, en el andar”.

En los ‘80 se bautizó a la unidad con el nombre de Dr. César Tabares, en homenaje a un abogado y militante peronista desaparecido el 6 de enero de 1977, y de quien no se supo más nada.

En los oscuros años ‘70, más precisamente entre 1976 y 1979 especialmente, la Cárcel de Coronda fue sede de Gendarmería y de torturas de todo tipo que culminaron con un juicio de lesa humanidad en 2018 con condenas a tres jerarcas.

La cárcel tiene una superficie de 224.750 m², de los cuales 93.337 m² se encuentran dentro de los muros. Estos tienen una altura de 6 m y se extienden por 1.127 m de longitud -11 cuadras-, con un total de 11 garitas. El punto más alto es el torreón, con 41 metros. ​Actualmente se divide en dos: ala norte y ala sur. En estos se encuentran divididos pabellones exclusivos para rosarinos y otros tantos para santafesinos, los cuales fueron reasignados desde la masacre del 12 de abril de 2005.

La cárcel cumple 90 años con un poco más de 2.000 reclusos. Foto: Archivo.

En la actualidad, la Unidad 1 tiene 2.320 presos -varias veces se denunció la superpoblación-, indudablemente que puede hablarse de “un pueblo dentro de una ciudad”, ya que entre los reclusos y los empleados que circulan a diario, cada jornada tiene más de 3.000 personas intra muros, mucha más gente que casi la mitad de las comunas santafesinas.

En la provincia hay cerca de 4.000 empleados del SP –cerca de un 20% son corondinos-, por eso, entre las cuatro localidades que más trabajadores aporta, Coronda es una de las que históricamente más lo ha hecho y esto queda demostrado cada vez que hay convocatorias laborales donde cientos de jóvenes conciudadanos se inscriben esperando por un trabajo que acarrea muchos dolores de cabeza pero que en líneas generales es elegido por “el sueldo fijo, porque da posibilidad a los jóvenes, porque es trabajo seguro, tiene buena obra social y aportes jubilatorios”.

(Por Ivana Fux) – Habilitado el nuevo sistema de inhibición total de señal en la cárcel de Piñero, el Servicio Penitenciario inicia ahora los estudios de factibilidad para trasladar el mismo mecanismo a los penales de Rosario, Las Flores y Coronda. Pero los tres presentan la particularidad de que se encuentran enclavados en zonas urbanas. Por ello, queda prácticamente desestimada la posibilidad de una inhibición total. En cambio, se piensa en un sistema de bloqueo “parcial o sectorial”.

Consultado por El Litoral, el titular del Servicio Penitenciario provincial, Walter Gálvez, anunció que “en diez días” se firmarán tres convenios con el INVAP para comenzar los estudios de factibilidad a fin de determinar qué sistema es más atinado para cada penal a inhibir.

“La intención es determinar qué es lo más conveniente para cada unidad porque cada una tiene su propia fisonomía. Y las tres están en zonas urbanas por lo que requerimos que nos asesoren respecto de si es pertinente una inhibición total o sectorial y parcial”, dijo el funcionario. “Y por la experiencia de Piñero – acotó-, vimos que por momentos costaba que la barrera de inhibición no superase los muros del penal y se extendiese a las empresas de servicio que estaban en los alrededores de la cárcel”. Gálvez descansó en “la experiencia” de la empresa israelí que proveyó los equipos tecnológicos, sobre todo en países de Centroamérica y África, que les ha permitido “desarrollar también sistemas de inhibición de manera parcial”.

– ¿Por lo tanto sería un sistema diferente al de Piñero?

– Sí, porque también son unidades diferentes. Piñero es un penal de máxima seguridad. Hay alojados allí 450 internos de alto perfil de los 2200 presos que tenemos en total. En cambio, Las Flores tiene otro tipo de detenidos. Ahí tenemos, además, pabellones más espaciados; y Coronda tiene su propia fisonomía también. Por eso no se puede instrumentar lo mismo. En Las Flores tenemos pocos internos de alto perfil, entonces allí quizá pueda plantearse un sistema de inhibición sectorial pero no en todo el perímetro de la unidad. Son tres penales diferentes. Coronda sí tiene presos federales vinculados a barras bravas, y ello amerita otro tipo de tratamiento.

– ¿La compra de esos equipamientos ya fue licitada?

– No, son tres estudios diferentes de factibilidad que se deberían estar terminando en sesenta días. Y a partir de allí, se inicia el expediente para la compra de los equipos. Pero el camino ya está desandado.

– Por la experiencia de Piñero, la posible instalación de los equipos va a trascender la actual gestión, entonces…

– Posiblemente, pero el piso que se deja es mucho más alto que el que recibimos. Quien asuma adoptará la decisión política que crea más conveniente, pero nosotros dejaremos todo listo. A tal punto es de avanzada el equipamiento, que la semana pasada nos visitaron funcionarios del sistema federal porque también en el sistema nacional carcelario tienen serios problemas. Ésta es la única cárcel del país que tiene esta tecnología.

El sistema de inhibición total en Piñero implicó la instalación de 8 inhibidores en la zona del cerco perimetral de seguridad y en lugares estratégicos para inhibir sectores de interés. El mecanismo genera una señal de interferencia en las diferentes bandas seleccionadas de manera que cualquier teléfono celular al momento de querer intentar conectarse a la red celular, encuentre primero la señal de inhibición. Cada inhibidor consta de dos gabinetes metálicos con sistemas de refrigeración forzada. En su interior están instalados los diferentes módulos conectados a ocho antenas direccionadas a una altura de diez metros. El sistema es monitoreado de manera remota, desde un software de gestión.

Así como sorprendió el empate entre los precandidatos a gobernador Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski en el ámbito de la población carcelaria que participó de las elecciones primarias el pasado domingo, también llamó la atención que quien ganara en la categoría “diputados” fuese precisamente quien intensificó los controles en los penales a través de los scanners, body scanners y los propios inhibidores. Sí, fue Omar Perotti quien ganó la elección según el escrutinio de la población carcelaria.

El actual gobernador triunfó cómodamente en la interna de su partido superando tanto a Marcos Cleri, como a Eduardo Toniolli y Leandro Busatto; pero con sus 70 votos, también se convirtió en el postulante más votado teniendo en cuenta el resto de los espacios políticos. El segundo lugar quedó para Amalia Granata con 48 votos; y el tercero, para el actual concejal de esta ciudad, Juanjo Piedrabuena. El cantante de música tropical obtuvo 31 votos.

Por Luis Rodrigo

Ingresó al Senado provincial un proyecto de ley que pretende asegurar ese carácter permanente, el de una norma del Estado, a la decisión política de los últimos y del actual gobierno de otorgar una de cada cinco viviendas construidas por Santa Fe a sus agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario.

El dos veces gobernador Jorge Obeid (1947-2014) estaba al frente de la Casa Gris, en 2005, cuando se dictó un decreto que fija en “una cada cinco” unidades habitacionales de los planes provinciales la exclusividad para los uniformados. El propósito de aquella medida fue doble: por una parte no repetir la experiencia de los barrios policiales, donde la enorme mayoría pertenece o perteneció a la fuerza, copiado de la segregación de los cuarteles con casas en su interior, propio de las fuerzas armadas a nivel nacional; el segundo objetivo fue que cada nuevo desarrollo urbano tenga a un agente del orden, como una forma de mejorar la seguridad.

Provincia invirtió más de $ 12 mil millones en equipamiento para las Fuerzas de Seguridad

El criterio se sostiene desde entonces, alternancia partidaria de por medio, al frente del Poder Ejecutivo y el último de los decretos que fija ese cupo se dictó durante la actual gestión de Omar Perotti, quien actuó como sus antecesores de otro signo político. Y como el también justicialista Obeid, claro.

La diferencia entre asegurar esa proporción de viviendas a policías y agentes penitenciarios por una ley, por sobre los decretos, le daría -si el tema prosperase en ambas cámaras- un carácter casi permanente: sólo una norma de esa jerarquía puede cambiarla.

Hoy, los bomberos voluntarios, los ex combatientes de Malvinas y los trasplantados o en lista de espera tienen establecida prioridad por ley, pero sin cupo determinado que pueda marginarlos del acceso. Por su parte los discapacitados tienen un cupo del 5 % que establece la ley nacional, a la que la provincia ha adherido. Prever una parte de las viviendas para policías y penitenciarios no resulta entonces extraño.

Pese al nuevo “fortalecimiento”, la brecha salarial entre militares y Fuerzas de Seguridad no varía

El justicialista Alcides Calvo llevó el tema a la Cámara alta y en los fundamentos de su iniciativa hay más información interesante. Se persigue “mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda para el personal de seguridad, sobre todo de los agentes de los grados más bajos, que habitualmente por razones económicas, no pueden acceder a las líneas crediticias bancarias destinadas a la compra de propiedades. La limitación económica hace que los agentes muchas veces moren en zonas donde ellos, y sus familias, se encuentran en contacto cotidiano con los mismos elementos sociales que son objeto de sus funciones, con el consiguiente riesgo para su seguridad, que conlleva además la implícita posibilidad de ver disminuida su capacidad para la función específica, dado el conocimiento que elementos del mal vivir puedan adquirir de la vida y los hábitos de los agentes y su vida familiar”.

Por otro lado, procura flexibilizar el acceso, “apuntando a que solo se cumpla con el requisito de acreditar residencia de manera fehaciente o trabajar en la localidad o ciudad, de emplazamiento del plan a adjudicar, por un período mínimo de dos años antes de la realización del sorteo de preselección, o en su defecto por un período menor cuando cuente con terreno de su propiedad o en acuerdo con las autoridades locales de la ciudad o pueblo donde se ejecuta dicho plan de viviendas”.

Asimismo, se persigue establecer por ley que, sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación, el personal podrá resultar adjudicatario siempre que: a) No sean titulares de otra vivienda; b) No se encuentren habitando otro bien inmueble de titularidad de su grupo familiar primario y c) No hayan sido adjudicatarios de una vivienda de similares características en fecha anterior a la sanción de la presente Ley”.

La Policía de la provincia sumó vehículos cero kilómetro para patrullaje

El proyecto que es parte de la agenda legislativa, como se ha dicho, pertenece al senador Calvo (PJ-Castellanos) que es visto como el más cercano al gobernador Omar Perotti. Pero también lleva la firma de su par Miguel Rabbia (PJ-Rosario). En ese par se reconoce al jefe del bloque Lealtad en el primer caso y del unipersonal de Proyectando Futuro, en el segundo: el médico del sur ha dejado en noviembre del año pasado aquella bancada para tener la suya, como referente en la Cámara de Marcelo Lewandowski. Así, el entendimiento entre el ex periodista deportivo y el jefe de la Casa Gris, nada casualmente, se observa también en como al menos parte de los legisladores que les responden comparten proyectos (y réditos políticos).

Más allá de lo que indica el año electoral, debe decirse que la invitación de Calvo a Rabbia también responde al deseo, expresado por ambos y por otros senadores, de dotar a la tarea policial de mejores condiciones laborales, sociales y económicas con el propósito de mejorar la fuerza. El proyecto de ley que plantea Calvo y respalda con su firma Rabbia se complementa con otros que en Diputados no han tenido suerte: desde la reforma para la formación de los policías (impulsado por el representante de 9 de Julio Joaquín Gramajo) hasta la idea de hacer unidades médicas especiales para la policía, como plantea el legislador rosarino.

Desde el 2020 a la fecha, el gobierno de Omar Perotti, a través del Ministerio de Seguridad, realizó una fuerte inversión de más de $12 mil millones para modernizar y equipar a las Fuerzas de Seguridad provinciales. Asimismo, se incorporaron 3.269 policías y 1.729 agentes penitenciarios para reforzar las tareas en todo el territorio de Santa Fe.

En cuanto al equipamiento para la policía, el gobierno adquirió 1.873 nuevos vehículos entre los que se encuentran 414 motos, 528 patrulleros, 844 camionetas, 50 patrulleros tipo furgón, 35 minibuses y 2 autobombas; 156 vehículos no identificables que se utilizan para actividades de investigación y 20 drones.

También, para el personal se adquirieron 9.134 nuevas armas de fuego entre las que se encuentran 8.400 pistolas, 634 escopetas y 100 fusiles; 20.500 chalecos de protección balística y multiamenazas; 800 equipos de protección antidisturbios entre los que hay 460 cascos y 60 escudos de protección balística.

Mientras tanto, para el Servicio Penitenciario se compraron 460 armas de fuego y 800 chalecos de protección balística y multiamenazas. En la policía provincial se incorporó el sistema UFED para la extracción de datos de celulares y el hardware para el uso en investigaciones; se contrató el Sistema de Administración y Juzgamiento de Infracciones que utiliza la Policía de Seguridad Vial, que tiene como finalidad la verificación electrónica de infracciones y su validación informática; se reemplazó el viejo 911 por un nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho (SiCAD) para la modernización de los servicios policiales que comprende tecnologías avanzadas de comunicación y videovigilancia, logrando que todas las fuerzas de la provincia estén plenamente coordinadas y conectadas para realizar tareas de prevención, operación y control policial.

La Agencia Antilavado entra en acción en Rosario

Este nuevo sistema integra a su vez, el funcionamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales conocido como COPs que permite planificar, analizar y evaluar las operaciones policiales, mejorando la atención de incidencias, optimizar la gestión de los recursos y minimizar los tiempos de respuesta y, para ello, se invirtió en equipamiento 2.164 teléfonos inteligentes robustos, 343 cámaras corporales con accesorios para motos, 47 estaciones de cargas para las cámaras, 10 estaciones de transmisión de datos para las cámaras; y geoposicionamiento en tiempo real para el seguimiento, despacho y control del accionar policial en el territorio.

También, el Servicio Penitenciario adquirió inhibidores de señal para las cárceles santafesinas y el sistema de body scanner que ya fue implementado en la cárcel de Las Flores, Coronda y Piñero.

Por otro lado, a finales del 2022 se obtuvo un fondo de 300 millones de pesos que fue destinado al fortalecimiento de sistemas de videovigilancia, que ya lleva firmados 141 convenios con municipios y comunas dentro de los 19 departamentos de la provincia.

Asumen las nuevas autoridades de la Unidad Regional VIII de Policía

La provincia invirtió $4.628 millones para la construcción de las Estaciones Policiales del Distrito Sudoeste y Distrito Sur, la ampliación y construcción del cerco de la Subcomisaria 19 de la UR II Rosario, Centro Integrado de Seguridad y Centro de Justicia Penal y la adecuación edilicia de Bloques B y C del CADEV (Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia) ubicados uno en Rosario y otro en Santa Fe del 911.

También, destinó $137 millones en refacciones edilicias de comisarías, subcomisarías y destacamentos en 166 municipios y comunas. Asimismo, el Ministerio de Seguridad, en el marco del “Plan Incluir+Seguridad” invirtió un total de $2.496 millones para asistir a los grandes centros urbanos en el recambio de luminarias Led y el diseño de corredores seguros.

Entre 2020 y 2021 se sumaron 1.260 nuevos agentes a la policía provincial, en 2022 egresaron 1.394 más y en 2023 ya se integraron 615 nuevos agentes para atención de la Central de Emergencias 911 e ingresarán 1.800 aspirantes a la Policía de Seguridad, 250 técnicos administrativos y 107 profesionales médicos y psicólogos.

Por su parte, el Servicio Penitenciario incorporó 1.472 nuevos agentes (entre oficiales, suboficiales y profesionales). Y, en los próximos días, egresarán 257 oficiales, así como 50 oficiales y 600 suboficiales más, antes de fin de año.

En el atardecer de este lunes 29 de mayo fueron atacados a tiros dos edificios pertenecientes al Ministerio de Seguridad ubicados en las zonas oeste y sur de Rosario.

Cambian a la cúpula policial del departamento Rosario

Las balaceras fueron en el Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario) ubicado junto al complejo penitenciario de 27 de febrero al 7800 y en la comisaría 16, de Ayacucho al 3300, en barrio Tablada.

En el primero de los lugares se hallaron al menos media docena de vainas servidas, y en el segundo otras 8. Voceros indicaron que además dejaron en ambos sitios notas con amenazas.

Se registró un amplio operativo policial en ambos lugares.

En la noche de este miércoles 17 de mayo, fue atacado a tiros el frente de la oficina de Asuntos Penitenciarios que depende del Servicio Penitenciario, ubicada en una esquina de barrio Echesortu, en el macro centro de Rosario. Es el primer ataque intimidatorio contra dicho lugar en lo que va del año y el séptimo en el término de 29 meses.

El ataque se registró alrededor de las 21 en la vivienda ubicada en la esquina de avenida Pellegrini y calle Alsina. Según las primeras informaciones recogidas en base a testimonios de vecinos de la zona, se escucharon al menos media docena de disparos. Por el momento se desconoce en que se movilizaba él o los atacantes.

Rosario: un joven salió a correr y fue acribillado a tiros

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue hasta el lugar y recogió varias vainas servidas, que serán enviadas a peritar.

Es la séptima vez que desconocidos atentan contra esa repartición en los últimos dos años y medio.