Las recientes asunciones de autoridades municipales y locales así como en los concejos deliberantes y en el Congreso de la Nación generaron una serie de corrimientos y cambios en las segundas y terceras líneas del gabinete del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Restan conocer aún varias designaciones, pero de acuerdo con los últimos decretos publicados en el Boletín Oficial, algunos ex legisladores nacionales o ediles que acaban de terminar sus mandatos ya tienen nuevas funciones asignadas.

Es el caso de Melina Caren Giorgi, hasta este jueves diputada nacional por la UCR en representación de la provincia de Santa Fe, quien fue designada por decreto del gobernador Maximiliano Pullaro como Directora Provincial de Intervención del Hábitat Rosario. Reemplazará a María Laura Lucci, electa recientemente como presidenta comunal de la localidad de Acebal.

En tanto, por decreto 3115, también le fue aceptada la renuncia a Sergio Basile como Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, tras asumir como concejal de la ciudad de Santa Fe. En su lugar, y como había adelantado El Litoral, fue designado Alejandro Villar quien previamente había renunciado como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia.

La ex diputada nacional Melina Giorgi será Directora Provincial de Intervención del Hábitat Rosario.

En el Ministerio de Medio Ambiente, en tanto, desembarcará Verónica Irizar quien acaba de finalizar su mandato como concejala de la ciudad de Rosario. Asumirá como Secretaria de Cambio Climático.

Resta aún conocer quién ocupará la Secretaría de Género tras el alejamiento de Alicia Tate.

La ex concejala de Rosario Verónica Irízar estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente.

El propio gobernador, semanas atrás, había adelantado que al cumplirse dos años de su gestión, realizaría cambios en prácticamente todos los ministerios pero en segundas y terceras líneas.

"Les pedí hace un tiempo a los ministros que puedan evaluar sus equipos. Va a haber algunos cambios; hay personas que han trabajado muy bien y van a crecer en la estructura ministerial, y hay otras que van a cumplir un rol diferente en función de eso", había planteado.

Pero el mandatario descartó en la misma ocasión la creación de nuevas secretarías. Manifestó su conformidad con el equipo que lo acompaña desde hace dos años, incluyendo a los ministros y secretarios de Estado, quienes han implementado "programas muy importantes que siento que han dado resultados".

Y respaldó a los funcionarios de primera línea. "En la primera línea del gobierno no va a haber ningún cambio, estoy conforme con los ministros y con los secretarios. Más abajo sí, dentro de los ministerios, van a ver algunos reacomodamientos, que son naturales", finalizó.

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe actualizaron los resultados de la auditoría que se inició con el comienzo de la actual gestión, y continúa sobre los más de 800 comedores comunitarios de la provincia. Según detalló la titular de la cartera, Victoria Tejeda, se han relevado 481 instituciones, es decir, el 60% del total. De ellos, 222 corresponden a Rosario en tanto que los 259 restantes están distribuidos en el centro – norte de la provincia.

A raíz del relevamiento, se detectaron irregularidades en prácticamente la mitad de los sitios revisados. Sobre esa base, se debieron cerrar provisoriamente 160 comedores, aunque algunos lograron regularizar su situación, y los clausurados efectivamente en todo el territorio son hoy 115. De ese total, 45 corresponden a Rosario.

Sergio Basile, Victoria Tejeda y Ramón Zoques, durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Crédito: Flavio Raina

Entre las falencias, volvieron a marcarse direcciones falsas, "comedores fantasmas" o directamente inexistentes, falta de rendición de las partidas recibidas, y hasta falsificación de identidad de la persona a cuyo nombre se giraba la ayuda. Muchas de esas situaciones derivaron en denuncias penales.

A su turno, el viceministro Sergio Basile aseguró que encontraron en el Ministerio al asumir, "una situación de desorden generalizado". En ese marco, anunció que se descentralizarán los depósitos de alimentos, que hasta diciembre, estaban concentrados en una sola dependencia de la ciudad de Santa Fe. "Ahora incorporamos lugares en Reconquista, Rosario y Venado Tuerto, para poder atender mejor a la demanda que se genera", explicó.

Sergio Basile. Crédito: Flavio Raina

Por su parte, Ramon Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, aseguró que "no fue una caza de brujas" la que se inició en enero, sino "un relevamiento para poder detectar quién trabaja bien y quién estaba haciendo mal las cosas". Y enfatizó que a partir del ahorro de recursos que se logró gracias a la corrección de situaciones irregulares, se pudieron abrir nuevos comedores. Según detalló, en Rosario, se cerraron 45 establecimientos pero se lograron abrir otros 72 nuevos, mediante convenios recientes. "No venimos a estigmatizar a las organizaciones sociales que trabajan bien y que en el territorio son aliadas nuestras para diferentes acciones y programas. Éste es un trabajo que tiene que ver con la transparencia y la optimización de recursos, y con un vínculo para poder discutir a quienes trabajan bien de los que trabajan mal. Porque la transparencia se ejerce, no se proclama", planteó.

A modo de cierre, Tejeda reveló que en toda la provincia se han logrado firmar acuerdos que permitieron la apertura de 103 nuevos comedores comunitarios en la provincia.

(Por Nicolás Loyarte) - La Provincia detectó irregularidades en el 25 por ciento de comedores sociales y merenderos de Santa Fe, tras auditar el 50 por ciento del total. Todavía resta verificar la situación de la otra mitad. Se trata de los convenios firmados durante la gestión gubernamental anterior.

En los casos con irregularidades “nos encontramos siempre con la misma situación”, dijo Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. “No están los comedores, no está el titular, no están al día, o cambian las direcciones”, enumeró. En consecuencia, en cada caso “se suspenden las partidas, se convocan a las instituciones y, si no se ordenan, se dan de baja”, explicó en diálogo con El Litoral. “Y en los casos que amerite, hemos hecho presentaciones judiciales”.

La auditoría revista las tres líneas de asistencia social vigentes que otorga el gobierno provincial: la denominada Tarjeta Institucional, el Programa Social Nutricional (PROSONU) y la Tarjeta Única de Ciudadanía. “La mayoría de las irregularidades fueron detectadas en los dos primeros programas de asistencia”, dijo Basile, y “también la mayoría de los casos son en Rosario o San Lorenzo, es decir, en el sur provincial; aunque también detectamos algunos casos en la ciudad de Santa Fe”.

“Encontramos lugares donde no había nada, donde no existía la institución que figuraba en los papeles”, detalló el funcionario, quien agregó luego que por ese motivo “dimos curso a esas denuncias”, mientras que en otros casos “había rendiciones que no se hicieron durante meses”.

“Son más de 800 las instituciones conveniadas, de las cuales relevamos 400 y más de 180 fueron suspendidas porque se detectaron irregularidades”, puso en cifras el funcionario. También destacó que “a partir de la auditoría” ven “mes a mes a dónde está la mayor demanda de la gente”. En ese sentido, Basile destacó que reforzaron los montos de asistencia en un 80 por ciento al inicio de la gestión y otro 25 por ciento en mayo. De esta forma, el gobierno asiste a diario a unas 325 mil personas en materia nutricional en toda la provincia.

“Implementamos un control de eficiencia para que la ayuda llegue a quien realmente la necesita”, había dicho la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, en febrero pasado, cuando se dieron a conocer las primeras denuncias.

Manuel Fabatía.

Luego devino la escalada inflacionaria que impactó duro en el rubro alimentos. Por ese motivo, “es real que cada día hay más demanda y el gobierno de la provincia hace todo con inversión propia porque no llegan recursos nacionales”, finalizó Basile.

Cabe mencionar que, a nivel nacional, el gobierno de Javier Milei viene realizando una auditoría similar en el Estado, cuyo resultado arrojó que “el 50 por ciento de los comedores registrados eran inexistentes”, según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), ordenado por el Ministerio de Capital Humano. Por este motivo hubo allanamientos y denuncia de extorsiones. Dicha línea de ayuda se realiza a través del denominado “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”, creado en 2020 para garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.

A cien días de gestión, el Ministerio de Desarrollo Social continúa la auditoría sobre comedores comunitarios y merenderos de la provincia. Al margen de las irregularidades detectadas que ya derivaron en el cierre de 80 instituciones, Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial de la cartera, habló de una "falta de planificación" en materia alimentaria y de un "desorden generalizado" hallado en el Ministerio. En diálogo con El Litoral, confirmó el aumento de la demanda social, y adelantó que habrá más refuerzos de partidas.

- ¿Cómo avanza la auditoría que están realizando sobre comedores comunitarios de la provincia?

- La auditoría continúa; desde un primer momento queríamos generar un orden en el Ministerio para que todo recurso que se tuviese, llegase a manos de los que más necesitan. Ésa era nuestra primera premisa. Mientras tanto, continuamos con la asistencia. Hemos auditado algo más del 25% de las instituciones; repetimos las visitas en algunos lugares y a otros, se nos dificulta acceder. Pero contamos con un fuerte acompañamiento del personal de planta que también nos decía que era necesario hacer esta revisión; estaba naturalizado que no se hicieran controles.

Respecto de los resultados, de ese 25% que tenemos relevado, la mitad la encontramos de forma irregular. Hay cuestiones graves como las que contamos; un merendero que funcionaba en una supuesta dirección pero cuando fuimos a constatar, había una plaza; y otro que tiene que ver con una suplantación de identidad, del supuesto beneficiario de esa tarjeta. Eso ya está judicializado. En todos esos casos en los que detectamos irregularidades, fueron suspendidos los beneficios. Y aquellos que debían rendiciones por más de cuatro meses, los convocamos para ver cómo resolvemos la situación de cada uno. Si esas rendiciones se ponen al día, continuamos con el plan porque la idea nuestra no es cortar por cortar, sino advertir sobre la situación y resolverla.

El gobierno santafesino hizo una auditoría sobre los comedores comunitarios.

De todas maneras, ya veníamos trabajando y estábamos en diálogo antes de asumir con todas las instituciones. Ya en noviembre, empezamos a trabajar en nuestra línea estratégica de cómo era el desarrollo que queríamos dar en términos territoriales y de planificación alimentaria. Todo lo que vamos haciendo lo vamos dejando asentado; eso hace al orden, la transparencia y el marco institucional que le queremos dar al Ministerio. Todos los que quieran hacer las cosas bien, van a estar institucionalizados.

- ¿Cuántos comedores fueron dados de baja por eso?

- De ese universo auditado (representa, hasta ahora, el 25% del total de comedores de la provincia), debimos suspender casi a la mitad. Algunos se acercaron para regularizar la situación; otros ni aparecieron y a esos se les dio de baja. Nosotros no queremos ahorrar dinero. Lo que queremos es que se traslade realmente a la gente que lo necesita y a las instituciones que hacen bien las cosas. Nosotros en la provincia tenemos alrededor de 800 instituciones.

- ¿Y de esas 800, el 10% está suspendido a raíz de los resultados de la auditoría?

- Sí, es el 10%; unas ochenta más o menos. En el sur de la provincia es donde encontramos más irregularidades.

- ¿Cuáles son las irregularidades más frecuentes, además de los dos casos graves que mencionó?

- Falta de rendición, desconocimiento de la titularidad, no han venido a recuperar los documentos de actualización, o no están anotadas en el registro de ONG… Hay todo un marco también que estamos transparentando…

- ¿En función de las irregularidades detectadas, tienen una hipótesis respecto de algún trasfondo político, o se trata meramente de un desorden y anarquía generalizada?

- Lo que encontramos fue una falta de planificación estratégica alimentaria; lo que encontramos fue un desorden. Por eso pensamos en hacer un punto de inflexión.

- Desorden que en algún caso rozó el delito, como la suplantación de identidad…

- Sí, eso se va a investigar. Somos funcionarios públicos y tenemos la obligación, si vemos una irregularidad, de dejarla asentada. Hubo una retracción en los últimos años del estado que hizo que hubiese quizá un acompañamiento económico, pero no una presencia del Estado para poder abrazar a esa institución y ver cómo se desarrolla la tarea. Se transfería la partida y hasta allí llegaba la cosa. Nosotros queremos otra línea de trabajo, que es el acompañamiento profesional; de hecho, hicimos ya convenios uno con IGPJ para la certificación de firmas gratuitas para las instituciones; y otro con la ASSAL sobre manipulación de alimentos para quienes trabajan en las Copas de Leche.

- ¿El desorden lo encontraron en la parte alimentaria o en toda la cartera?

- Sí, había un desorden generalizado en el ministerio. Entiendo que era una forma de trabajo con la que, obviamente, no coincidíamos. En eso, nuestra idea fue siempre definir un plan estratégico que no solamente lo baja el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, sino desde la provincia. Sabemos cómo transitar estos meses, cómo llegar a fin de año, y cuáles son nuestros objetivos.

- ¿Ha aumentado la demanda de alimentos?

- Sí, eso es concreto y palpable. Uno no esconde la realidad; además, lo vemos porque recorremos el territorio. No nos escapa la realidad que es cruda y dura, donde se cae el empleo y crece la inflación. Hay un golpe al bolsillo que siempre aumenta la demanda social.

- ¿Y quien solicita ayuda ya es un trabajador registrado o personas de clase media?

- Se empieza a ver, pero hay distintas herramientas también del Estado para cubrir a los distintos sectores. Nuestro Ministerio trabaja sobre el sector más vulnerable y de excluidos. Queremos integrarlos; por eso es importante el diagnóstico. Ojalá pudiésemos prescindir de los merenderos y comedores, pero estamos lejos de ello. Por eso queremos hacer un acompañamiento de esas instituciones para que la distribución de los recursos también sea equitativa y eficaz. La demanda es muy fuerte, es urgente y eso hace a la cotidiana; es el cuerpo a cuerpo. Intentamos no cerrar la puerta a nadie; de hecho, no lo vamos a hacer jamás. Vamos a ir a los lugares que se necesiten.

- Han incrementado un 80% las partidas pero las instituciones insisten en que no es suficiente. ¿Habrá nuevos refuerzos?

- Desde que asumimos, tenemos una inflación del 60/70 por ciento. Sólo estamos haciendo un promedio de 80% de incremento de la asistencia. Por lo tanto, estamos por encima con nuestros propios recursos porque no tenemos ingresos nacionales. Eso hace que deba ser mayor el esfuerzo y también nos cargan más la mochila de demandas. Ésa es la realidad que tenemos, y apuntamos hacia adelante. Ese 80% lo vamos a seguir ajustando. Sabemos que nunca va a alcanzar porque el contexto es muy difícil. Intentamos complementar y todos empujar hacia adelante. Para nosotros fue importante el aumento, y lo vamos a ajustar también con mucho diálogo para poder corregir y transparentar los fondos.

- ¿Tienen previsto instrumentar programas nuevos?

- Hay algunas líneas que estamos trabajando. Lo que ya estaba, lo estamos corrigiendo y continuando. Éste es un ministerio con muchas áreas (deportes, juventud, discapacidad…). Todo eso hace a diferentes programas que se terminan complementando. Pero el foco principal está en la asistencia alimentaria. Nos gustaría tener planificación a más largo plazo, pero la urgencia por la demanda no lo permite. Tratamos en esto de no ser fundacionales, sino de mejorar todo lo que existe y transparentarlo. Después de la auditoría, vamos a avanzar hacia la identificación de las instituciones (comedores, merenderos) para que también el ciudadano conozca quién está en el barrio, de qué manera reciben los fondos, cuántas son las raciones que se sirven en el lugar, y en qué horarios.