La causa Vialidad volvió a tener un movimiento judicial de alto impacto. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez, y ordenó ejecutar 111 bienes inmuebles para cubrir el decomiso fijado en el expediente.

La medida alcanza a propiedades vinculadas a la expresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, al empresario santacruceño y a firmas ligadas a su estructura empresarial. El objetivo es resarcir al Estado nacional por el fraude determinado en la causa, valuado en $685.000 millones.

Según el fallo, el decomiso comprende 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, dos de Austral Construcciones S.A., tres de Kank y Costilla S.A. y dos de Loscalzo y Del Curto S.R.L.

La Sala IV de Casación ordenó ejecutar 111 inmuebles en el marco de la causa Vialidad. Foto: Reuters

La decisión fue firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La mayoría del tribunal rechazó los cuestionamientos contra la resolución del Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que los criterios usados para identificar los bienes decomisables fueron adecuados.

En esa línea, los jueces remarcaron que no es exigible una reconstrucción contable perfecta de cada flujo de dinero en expedientes de criminalidad económica organizada y prolongada en el tiempo. Para Casación, en estos casos alcanza con establecer una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable.

La sentencia también dejó una definición fuerte sobre el sentido del decomiso. Los magistrados entendieron que exigir un rastreo exacto y absoluto del dinero terminaría vaciando de contenido una herramienta central para recuperar activos provenientes del delito.

Los activos decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema para su administración y eventual venta.

Las defensas de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner habían objetado el decomiso de varios inmuebles al sostener que parte de esos bienes provenían de herencias de Néstor Kirchner o de cesiones posteriores, incluso ajenas al período investigado en la maniobra delictiva.

Además, argumentaron que algunos inmuebles habían sido adquiridos antes del lapso temporal analizado en la causa y que, por lo tanto, no existía un nexo directo entre esos activos y los fondos de origen ilícito. También invocaron la buena fe de los adquirentes.

Casación rechazó esos planteos. El voto mayoritario sostuvo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, siempre que exista una vinculación razonable con la maniobra investigada.

La defensa de Lázaro Báez y de otros condenados también cuestionó la medida. Su argumento central fue que no había una fundamentación suficiente para vincular de manera concreta cada uno de los inmuebles con los beneficios obtenidos del delito.

Ese criterio tampoco prosperó. La mayoría de la Sala IV entendió que, dada la fungibilidad del dinero y su mezcla con activos lícitos, no puede exigirse una trazabilidad absoluta bien por bien para habilitar el decomiso en una estructura de corrupción de largo alcance.

Hubo, sin embargo, una diferencia parcial dentro del tribunal. Mariano Borinsky acompañó los lineamientos generales del fallo, pero consideró que en el caso de algunos inmuebles heredados por los hijos de la expresidenta existían defectos de fundamentación. Por eso propuso anular esa parte y ordenar un nuevo pronunciamiento.

El voto mayoritario no aceptó esa disidencia y confirmó la ejecución total del decomiso. De esta manera, la Justicia avanzará sobre los 111 inmuebles identificados para transformar esos activos en recursos que permitan cubrir el monto fijado como perjuicio al Estado.

El fallo dispuso además que todos los bienes decomisados pasen a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Será el máximo tribunal el que quede a cargo de su administración y de una eventual venta, en el marco del proceso de ejecución.

La resolución reabre así un capítulo sensible de la causa Vialidad, una investigación que giró alrededor del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, con sobreprecios, incumplimientos y contratos otorgados de manera sistemática.

La causa ya había terminado con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ese fallo sigue siendo uno de los expedientes más pesados del frente judicial de la exmandataria.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple la pena bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. Ahora, el nuevo paso de Casación vuelve a poner el foco en la dimensión patrimonial del caso y en la recuperación de activos vinculados a la maniobra investigada.

El fallo no reabre la discusión sobre la responsabilidad penal, pero sí acelera una consecuencia concreta de la condena: la ejecución del decomiso para intentar resarcir económicamente al Estado por el daño fijado en el expediente.

Un hombre de 35 años identificado como Francisco Abraham Oviedo (alias Teletubbie) fue condenado a siete años de prisión como coautor de un robo cometido en Venado Tuerto.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales venadenses.

El fiscal Iván Raposo estuvo a cargo de la investigación y, junto con el fiscal Luis Lagioia, representó al MPA en el debate.

Raposo indicó que “alrededor de las 19:30 del miércoles 24 de julio del año pasado, el condenado ingresó a una casa en la que no había nadie en ese momento y sustrajo 600 dólares, dos televisores y un teléfono celular”. Al respecto, mencionó que “accedió al interior luego de trepar una reja y subirse a baldes y un banco, probablemente con la ayuda de otra persona”, y explicó que “él tiene una discapacidad motriz, por la cual utiliza muletas para caminar”.

Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “mientras Oviedo se iba a través de una vivienda vecina, llegó un hombre que reside en el domicilio en el que fue cometido el robo”, y remarcó que “la víctima vio al condenado arrojar las muletas y saltar una reja, con el fin de procurar su impunidad”.

En tanto, el fiscal expuso que “al advertir lo sucedido, la víctima retuvo al atacante para evitar que se fuera”, y destacó que “en el marco de un forcejeo, Oviedo intentó fracturarle los dedos de una mano al otro hombre, quien resultó herido”.

Por otro lado, Raposo afirmó que “a partir de un llamado de vecinos a la Central de Emergencias 911, llegó un móvil policial con agentes que aprehendieron al condenado”. En tal sentido, precisó que “los uniformados secuestraron los dos televisores y el celular y se los devolvieron a la víctima”, y agregó que “el dinero en moneda extranjera no se encontró, por lo que es posible que se lo haya llevado el otro coautor”.

Oviedo fue condenado por la coautoría de robo calificado (por efracción, escalamiento y lesiones graves), tal como lo había solicitado el fiscal Raposo.

Los fundamentos de la sentencia a 16 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal contra el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, serán dados a conocer este viernes por el juez Juan María Ramos Padilla, único integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29.

Será luego de que al ex gobernador se lo encontrara responsable de tres hechos de abuso sexual simple y de seis hechos de abuso sexual agravado -con acceso carnal-, cometidos contra su sobrina y ex colaboradora entre 2017 y 2018.

Alperovich se encuentra alojado en el penal de Ezeiza y, previo a que se revelen los fundamentos, su defensa solicitó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su situación de prisión preventiva.

En tanto, su abogado, Augusto Garrido, argumentó que el estado de salud de Alperovich se deterioró, por lo que necesita cumplir su pena bajo arresto domiciliario.

Para el juez existe el riesgo procesal de fuga del ex gobernador tucumano en caso de que recupere su libertad, ya que cuenta con los recursos económicos para hacerlo.

"La medida coercitiva se justifica, igualmente, por la gravísima naturaleza de los hechos que se han tenido por probados; no sólo en la violencia sistemática que ejerció sobre la denunciante, en su condición de mujer", había señalado ramos Padilla.

Un hombre de 37 años, identificado como Carlos Emanuel Lucero, fue condenado a prisión perpetua como autor del homicidio de Juan Marcos Correa, cometido en 2020 en la localidad de Amenábar (departamento General López). La víctima fue atacada con alevosía y ensañamiento en el marco de un rito pagano.

La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por los jueces Mauricio Clavero (presidente), la jueza Mariana Vidal y el juez Adrián Godoy (vocales), en un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino (departamento General López).

El fiscal Mauro Menéndez y la fiscal Rafaela Florit representaron al MPA en el debate. Tras la lectura del veredicto, valoraron que “el tribunal condenó a Lucero por la atribución delictiva y el monto de la pena que planteamos en la acusación y en nuestros alegatos”.

Los funcionarios del MPA explicaron que “el agresor tenía un antecedente condenatorio a prisión condicional aún no vencido, el cual fue unificado con la pena a prisión perpetua impuesta por el homicidio”, y aclararon que “la modalidad de cumplimiento condicional de aquella sentencia anterior, fue revocada”.

Pruebas         

Menéndez y Florit destacaron que “el tribunal consideró que la prueba que ofrecimos en el juicio fue ‘más que suficiente’ para acreditar nuestra teoría del caso”.

Asimismo, los fiscales expusieron que “uno de los momentos más complejos del debate fue la reproducción del registro audiovisual del hallazgo del cadáver desmembrado de Correa”, y precisaron que “las partes del cuerpo habían sido enterradas bajo un altar en homenaje al santo pagano San La Muerte”.

“También presentamos resultados de análisis de ADN realizados a partir de la exhumación, que fue llevada a cabo a principios de este año”, resaltaron. “De esa manera, se corroboró de forma incontrastable la identidad de la víctima”, agregaron.

Por otro lado, Menéndez y Florit mencionaron que “en el juicio declaró un integrante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que desgrabó una escucha telefónica en la que Lucero le aseguró a un amigo que había matado a un abusador, cuya alma había ofrendado para pagar una deuda en el marco de su culto”. Al respecto, los fiscales informaron que “años atrás, Correa fue investigado por un delito contra la integridad sexual”, y puntualizaron que “ese legajo finalizó por la prescripción de la acción penal en 2017”.

Los funcionarios del MPA además hicieron hincapié en que “el padre de la víctima fatal brindó un testimonio impactante y señaló a Lucero como autor del homicidio”. En tanto, luego de conocer el fallo condenatorio, los familiares de Correa manifestaron su plena conformidad.

Ensañamiento y alevosía

El homicidio de Correa fue cometido entre el domingo 27 y el miércoles 30 de septiembre de 2020. Menéndez y Florit enfatizaron que “Lucero sabía que la víctima era adicto a estupefacientes y vivía en condiciones de vulnerabilidad, lo cual aprovechó para conducirlo mediante engaños a un monte conocido como el ‘nuevo basural’ de la localidad de Amenábar”. En tal sentido, aseveraron que “a partir de un plan previo, llevó cigarrillos de marihuana, un cuchillo y un recipiente”.

            “Cuando estaban en el lugar, el condenado atacó sorpresivamente a la víctima, a sabiendas de que estaba en una situación de indefensión física y psicológica”, afirmaron. “Utilizó el cuchillo de tal manera que antes de quitarle la vida, le hizo sentir dolor y sufrimiento”, añadieron.

Paradero

“La investigación comenzó como búsqueda de paradero el domingo 4 de octubre de 2020, cuando un hermano de la víctima denunció su desaparición”, recordaron Menéndez y Florit. “Desde entonces, coordinaron tareas agentes policiales -entre ellos, brigadas caninas-, y bomberos de Amenábar, Rufino, Sancti Spiritu, Venado Tuerto y Murphy, quienes realizaron numerosos rastrillajes en zonas rurales y urbanas”, indicaron.

“En el marco de las diligencias, fueron entrevistadas diversas personas que conocían a la víctima o manifestaban que podían aportar datos a la causa”, sostuvieron. “Por caso, el propietario de una casilla en la que residía el atacante dijo que había visto allí una imagen de yeso de San La Muerte y un recipiente que al parecer contenía sangre”, apuntaron.

Según subrayaron, “en esos días, Lucero fue privado de su libertad y les contó detalladamente a otros dos detenidos lo que había hecho, cómo había procedido y adónde había enterrado el cuerpo. Ellos a su vez se lo comunicaron a su abogada defensora, quien se encargó de transmitirlo a una autoridad policial”.

“Tras recibir información sobre la mecánica del ilícito, las fuerzas de seguridad fueron hasta el ‘nuevo basural’ y encontraron allí el cuerpo sin vida”, concluyeron.

Calificación penal

Lucero fue condenado a prisión perpetua como autor de homicidio calificado (por ensañamiento y alevosía).

Pasaron cinco meses desde que los ocho jóvenes de Zárate fueron condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, y su vida en el penal de Melchor Romero se mantiene prácticamente inalterada desde el primer día de su ingreso.

Se encuentra en el pabellón 6 del Área de Admisión de la Alcaidía III. Por cuestiones de seguridad, se mantienen aislados del resto de la población carcelaria. A pesar de las especulaciones de que serían trasladados a otras prisiones, hasta ahora no hubo cambios en su ubicación.

Los familiares de los condenados continúan visitandolos semanalmente, cumpliendo con el mandato de acompañamiento establecido. Cada uno tiene habilitadas las visitas de hasta cuatro familiares, y algunos rotan los nombres en la lista. En uno de los casos se solicitó la incorporación de una joven, supuestamente pareja de uno de los condenados, aunque se indica que solo uno de ellos mantiene una relación de ese tipo.

En el penal de Melchor Romero, los jóvenes comparten dos celulares, sin acceso a redes sociales pero con la posibilidad de enviar mensajes de texto. Además, cuentan con asistencia psicológica, como cualquier otro interno. Sin embargo, la información sobre su tratamiento y estado de salud mental se mantiene en secreto profesional.

El régimen interno del penal es una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los condenados. Pasan 20 horas al día encerrados en sus celdas de poco más de 2×2 metros, con solo cuatro horas diarias para realizar actividades. Tienen acceso al patio de recreo y, dependiendo del día, pueden participar en actividades de esparcimiento o deportivas, supervisadas por un profesor de educación física.

Tres años y cuatro meses después de su ingreso al penal, todavía los consideran prisioneros “de riesgo”. Los directivos de la unidad prefieren mantener el estado actual de alojamiento a intentar alguna variación.

“En estos casos de detenidos ‘famosos’ se intenta preservarlos porque siempre generan algún tipo de reacción”, dijeron en la penitenciaría. Eso ocurrió en las primeras semanas de su llegada a la Alcaidía III. Entonces, los hostigaban desde otros pabellones y los insultaban cuando los identificaban a distancia en los patios internos.

En cuanto a las condenas y apelaciones, los ocho jóvenes siguen siendo representados por el abogado Hugo Tomei, quien sostiene que existe una condena “mediática” contra ellos y que la Justicia no tiene intenciones de desmoronarse. Aunque han apelado la sentencia y están a la espera de una decisión del Tribunal de Casación, su situación en prisión no ha cambiado.

A pesar de la monotonía y el encierro, desde el entorno de los condenados aseguran que la convivencia se mantiene tranquila y sin conflictos. Sin embargo, las autoridades penitenciarias continúan considerándolos “prisioneros de riesgo” y prefieren mantenerlos aislados en Melchor Romero para evitar posibles reacciones negativas por parte de otros internos.

Mientras aguardan una posible revisión de la postura de los jueces que los condenaron, los ocho rugbiers de Zárate se aferran a la mínima esperanza de un cambio en su situación, buscando encontrar algún apoyo emocional en medio de su difícil realidad en prisión.

Proponen que los presos puedan reducir sus penas a cambio de donar sus órganos y médula ósea. El proyecto fue planteado en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. La iniciativa plantea profundas dudas éticas y legales sobre la presión indebida que esta medida pueda poner sobre aquellas personas que se encuentran desesperadas por la libertad.

El proyecto que se propuso para el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, podría entrar en conflicto con la ley federal, la cual prohíbe la compra o venta de órganos humanos o intercambiarlos por una “contraprestación valiosa”.

Según el texto, se crearía un Programa de Donación de Médula Ósea y Órganos dentro del Departamento de Correccionales del estado para permitir que las personas encarceladas reciban una reducción en su sentencia de entre 60 días y un año, con la condición de que hayan donado médula ósea u órganos.

La iniciativa plantea interrogantes sobre cómo las prisiones podrían cuidar adecuadamente la salud de los reclusos que pasan por el quirófano para donar órganos. Algunos críticos llegaron a calificar la idea de coercitiva y deshumanizante, a pesar de que el proyecto se plantea como una respuesta al encarcelamiento excesivo de personas de ascendencia hispana y negra, y la necesidad de igualar los donantes en esas comunidades.

La iniciativa de Massachusetts crearía un comité para decidir la cantidad de médula ósea y órganos que deben donarse para conseguir una reducción de sentencia. El proyecto establecería un máximo de “reducción de no más de 365 días” en la sentencia de cualquier preso que participe en el programa. Al Departamento de Correccionales se le prohibiría recibir pagos por donaciones de médula ósea.

La necesidad de órganos para salvar vidas es grande: hay más de 4.600 personas en Massachusetts y casi 106.000 en Estados Unidos en espera de un trasplante de órganos. Un 28% de los habitantes de Massachusetts se identifican como negros, hispanos o latinos, según los datos recopilados por Organ Procurement and Transplantation Network.

Pero los críticos dicen que el proyecto presentado en la Cámara de Massachusetts lo aborda de manera equivocada.

George Annas, director del Centro de Derecho, Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston, rechazó la iniciativa. Dijo que ofrecer reducción de sentencias a cambio de órganos no solo no es ético, sino que también viola la ley federal. En su opinión, reducir una pena de prisión es el equivalente a un pago.

“No puedes comprar un órgano. Eso debería poner fin a la discusión”, dijo Annas. “Es una compensación por el servicio. ¿No explotamos lo suficiente a los prisioneros?”

El representante estatal demócrata Carlos González, otro de los impulsores del proyecto de ley, defendió la propuesta y remarcó que es un programa voluntario. También dijo que él está abierto a establecer una política que permita a los reclusos donar órganos y médula ósea sin el atractivo de que les reduzcan la sentencia. Agregó que actualmente no existe una ley en Massachusetts que impida a los condenados donar órganos.

“No es un quid pro quo. Estamos abiertos a establecer políticas sin incentivos”, dijo González, y agregó que es “crucial respetar la dignidad humana y el albedrío de los presos al respetar su elección de donar médula ósea o un órgano”. García y González son miembros de las bancadas Negra e Hispana de Massachusetts.

En 2007, Carolina del Sur propuso un plan similar, pero después de las críticas a la propuesta, el estado creó un programa de donación voluntaria de tejidos y órganos para los presos sin ofrecerles reducción de sentencias. Los presos federales pueden donar órganos, pero solo si el receptor es su familiar.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores dará a conocer el lunes si condena o no a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa.

En caso que la justicia considere que son culpables, deberá determinar si los ocho imputados reciben la prisión perpetua o si en el caso de alguno de ellos el hecho se encuadra en una figura más leve y recibe una pena menor que, incluso, podría derivar en una salida de la cárcel en poco tiempo.

El fallo de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia se conocerá a partir de las 13 en el primer piso de los tribunales dolorenses, donde se realizó el debate oral por el crimen entre el 2 y el 26 de enero últimos.

El veredicto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se conocerá el 6 de febrero

–Prisión perpetua:

Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron a juicio imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y el mismo fue sostenido en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, quienes representan los padres de la víctima.

Si los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hacen lugar a lo planteado por fiscales y particular damnificado y entienden que todos o algunos son coautores del mismo delito, la pena que les cabe es la prisión perpetua.

En caso de que el tribunal considere acreditado uno solo de los agravantes, la pena será también de perpetua para aquellos que sean hallados penalmente responsables como coautores.

-Absolución:

El abogado defensor de los ocho imputados, Hugo Tomei, planteó en su alegato ante el tribunal que los ocho imputados sean absueltos ya que existió una “incongruencia” entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato, pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.

Crimen de Fernando Báez Sosa: la fiscalía pidió “prisión perpetua” para los ocho imputados

–Pena de 2 a 6 años de prisión:

Tomei explicó que, de manera subsidiaria y en caso de ser condenados, que a sus defendidos se los acuse de un “homicidio en riña”. El abogado aseguró que existió “una agresión” y que el hecho “se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña”, por lo que con los tres años que llevan en prisión preventiva, “quedarían todos en libertad”.

-Pena de 3 a 6 años de prisión:

También, el abogado defensor planteó que los rugbiers sean condenados por un “homicidio preterintencional” que, de acuerdo al código penal se lo considera al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, produce su muerte, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. En ese caso, los acusados también podrían salir de prisión.

-Pena de 8 a 25 años de prisión:

Finalmente propuso que se los condene por un “homicidio simple con dolo eventual”, es decir que los acusados debieron haberse representado que, al estar golpeando de esa manera a Báez Sosa, podrían ocasionarle la muerte y, pese a eso, continuaron con su accionar.

Si los jueces condenan a los rugbiers por este delito, podría existir la opción de que les imponga distinta pena a cada uno de ellos de acuerdo al rol desempeñado en el ataque a la víctima.

Marcos Sacco, uno de los fiscales del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, se refirió a la condena que podrían recibir las acusadas Magdalena Espósito Valenti, madre del niño, y Abigail Páez, pareja de esta última, y señaló que “no creo que haya posibilidad de que no se consiga la cadena perpetua”.

Con respecto a la duración de la cadena perpetua, una de las dudas que hubo en las últimas semanas, el fiscal explicó: “Hoy en día, perpetua es perpetua. Después depende de un montón de planteos de la defensa pero que no dejan de ser procedimientos”.

“No hay precedente de que se declare la inconstitucionalidad y que le den la libertad a una persona que fue condenada a perpetua”, detalló.

Caso Lucio Dupuy: sin la presencia de las acusadas, darán a conocer el veredicto

Las acusadas no estarán presentes al momento de la lectura de la sentencia, que será al mediodía lectura de la sentencia, que será al mediodía, “por un código de la provincia. Van a ser notificadas por sus abogados defensores”, explicó Sacco.

El niño de cinco años fue asesinado el 26 de noviembre de 2021, en Santa Rosa, La Pampa.

En diálogo con Gabriel Schultz para el programa Código Metro (Metro 95.1), Sacco reconoció que “estamos un poco ansiosos para que llegue el momento de la lectura de la sentencia y las expectativas son las mejores”, aunque subrayó que “no existe prueba para desincriminar. Al contrario, es toda prueba incriminatoria”.

Caso Lucio Dupuy: denunciaron por mal desempeño a la jueza que le entregó la tenencia a la madre

Y continuó: “Soy un convencido de que no hay forma de que los jueces vean otra cosa de lo que vio la fiscalía. El informe de la autopsia es determinante al momento de fijar la hora de deceso del niño, en ese horario estaban ambas y hay evidencia fílmica”.

Por último, destacó que “el proceso fue bastante rápido”, y reveló que “vemos casos como este permanentemente. Es la temática que más casos tiene la provincia”.

El Tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa confirmó este jueves que el veredicto será el lunes 6 de febrero, donde se conocerá el fallo para los ocho imputados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.

María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, confirmó, tras las “ultimas palabras” de los acusados, que ese día se conocerán la sentencia a las 13.

Llanto y pedido de disculpas de los rugbiers acusados por el crimen de Báez Sosa

Tanto la Fiscalía, como la querella y la defensa afirmaron estar de acuerdo con la decisión del Tribunal.

La decisión fue anunciada este jueves, luego de que finalizara la etapa de alegatos en el proceso judicial que tiene como imputados a los ocho rugbiers que atacaron al joven a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell hace tres años.

Antes de eso, los ocho rugbiers pidieron “disculpas” a la familia de la víctima, manifestaron estar “arrepentidos” del hecho, indicaron que “no hubo ningún plan de matar” y aseguraron que lamentan “la muerte de un joven de su misma edad”, al decir sus “últimas palabras” en el juicio que se les sigue en la ciudad de Dolores.

Tal como se había anunciado, poco después del mediodía de este miércoles 12 se dio a conocer la sentencia en el marco del juicio oral y público denominado “Megaestafa inmobiliaria”, en la cual el abogado Antonio Di Benedetto, sindicado como el líder de la banda delictiva, recibió la pena de 12 años de cárcel (el fiscal Matías Merlo había solicitado 16 años por considerarlo jefe de una asociación ilícita), además de la inhabilitación por el mismo lapso para ejercer la profesión.

En tanto, para el gestor Raúl Jaime el castigo es de 10 años de prisión (la Fiscalía pidió 12 años), y de tres años y medio para Marcelo J. Sava (se habían solicitado seis años).

Todos ellos habían sido acusados de apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos en Venado Tuerto y un gran campo en la localidad de San Eduardo.

Cabe mencionar que el Tribunal pidió que el encarcelamiento de Di Benedetto, Jaime y Sava, sea en un presidio provincial.

Entre los funcionarios locales y provinciales presentes en el auditorio, sobresalieron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el subsecretario de Asuntos Registrales en el gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, Matías Figueroa Escauriza; las diputadas provinciales Clara García y Rosana Bellatti; y los concejales Nahuel Pasquinelli y Leonardo Calaianov.

El juicio había comenzado el martes 10 de mayo y el tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.

Luego del paso de decenas de testigos por los tribunales, a comienzos de septiembre se llevó adelante el alegato final del fiscal Matías Merlo, quien aportó “un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo” dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.

En tanto, luego fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto.

Nahuel Pasquinelli, Matías Figueroa Escauriza, Clara García, Leonel Chiarella y Rosana Bellatti, minutos antes de la condena a los culpabes.

El fiscal Merlo había señalado, previo a la condena, que las principales pruebas son “testimoniales, escrituras que se contraponen con partidas de fallecimiento, informes de personal policial que hizo las investigaciones, donde denunciaban el boleto de compra-venta para hacer el juicio de escrituración. A la lista se suman funcionarios públicos que hicieron las denuncias pertinentes, sentencias judiciales ya en juicios civiles y escuchas telefónicas. Es un abanico grande de pruebas (…) En la pluralidad de los hechos se ve cómo era el funcionamiento y el rol que tenía Di Benedetto, acusado en este juicio”.

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Díaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dall’Armellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez, fueron sentenciados a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

NOTICIA EN DESARROLLO

Un hombre de 27 años identificado como Néstor Fabián Daga fue condenado a 20 años de prisión como autor del homicidio de José Antonio Perino, cometido en 2020 en la localidad de Gödeken (departamento Caseros).

La sentencia fue resuelta por el tribunal integrado por los jueces Lorena Garini, Adrián Godoy y Benjamín Révori en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Melincué. Los magistrados dieron a conocer los fundamentos de su decisión en una audiencia llevada a cabo en la mañana de este lunes.

La investigación que permitió llegar a la condena estuvo a cargo de la fiscal Susana Pepino, quien informó que “el condenado reconoció su responsabilidad penal por los hechos ilícitos que le atribuimos”.

En la audiencia de juicio abreviado Pepino expuso que “el homicidio de Perino ocurrió el lunes 13 de enero de 2020 en una casa ubicada en la calle 22 al 1.300 de Gödeken, donde residía la víctima”. En tal sentido, señaló que “la puerta de entrada al domicilio estaba abierta y el condenado ingresó silenciosamente”.

“Con la intención de quitarle la vida a Perino, Daga lo atacó de manera sorpresiva”, sostuvo la fiscal. “Le pegó con un palo en reiteradas oportunidades. Lo golpeó en la cabeza y en distintas partes del cuerpo y le provocó múltiples heridas cortantes en el cráneo y una fractura en el antebrazo derecho”, detalló y afirmó que “a causa de la agresión, la víctima falleció”.

Por otra parte, la fiscal narró que “antes de cometer el homicidio de Perino, el condenado había cometido hechos delictivos en un hogar de ancianos y en la vivienda de la abuela de su pareja, ambos inmuebles ubicados en Gödeken”. Según precisó, “Daga usó un elemento contundente para romper los vidrios de diferentes aberturas”.

La fiscal Pepino puntualizó que “luego de cometer el homicidio, Daga fue detenido y alojado en la Alcaidía de Melincué”, y relató que “desde allí, amedrentó por teléfono a una mujer durante dos meses y medio”. Al respecto, la funcionaria del MPA aclaró que “la víctima de las amenazas es la madre de quien por entonces era la pareja de Daga”.

De acuerdo con lo expresado en la audiencia, “el condenado atemorizaba a su suegra diciéndole que cuando recuperara su libertad la buscaría para hacerle daño”. Además, “la intimidaba con el falso argumento de que, sin notarlo, era controlada por otras personas y que por lo tanto él conocía los movimientos que ella hacía en todo momento”, indicó Pepino.

Daga fue condenado como autor del homicidio de Perino y de los delitos de amenazas y de daño. La Defensa aceptó la calificación penal de los hechos ilícitos, la pena a 20 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Asimismo, los familiares de Perino y las otras víctimas de los ilícitos manifestaron estar de acuerdo con lo resuelto.

El presidente comunal de Berabevú, Tomás Sorribas, acompañó el jueves último a la familia de Julieta Del Pino a los tribunales de Melincué para conocer la condena qua recibió Cristian Romero por el femicidio cometido en el mes de julio del 2020. El mandatario también participó de la conferencia de prensa que encabezó la fiscal de la causa Susana Pepino.

Presidente comunal de Berabevú, Tomás Sorribas. Foto: Gentileza.

“Fue una jornada realmente muy emotiva, porque para la comunidad significa cerrar un poco esa herida que se abrió el 25 de julio del 2020 con el femicidio de Julieta. Y sigo cerrar un poco porque es un dolor que va a estar siempre”, comentó Sorribas, quien asistió a Melincué junto a la vicepresidenta comunal María del Luján Aguirre, miembros de la Comisaría y de los Bomberos de Berabevú, que participaron de la investigación.

“Tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir un hecho así ni en nuestra localidad ni en la región”, manifestó, mostrando conformidad por la condena que recibió Romero de prisión perpetua. “Las pruebas eran contundentes y por eso este era el resultado que esperábamos, esta pena. Hubo un gran trabajo de la Fiscalía, como así también de las fuerzas de seguridad de la provincia, siempre con el acompañamiento de todo el arco político”, exclamó.

El presidente comunal también hizo referencia al aporte que hizo el gobierno local que se puso a disposición desde el inicio “cuando la mamá de Julieta pedía desesperada que se encuentre porque hacía horas que la estaba buscando y no aparecía, poniendo a disposición el personal y empezando a revisar las imágenes del sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad que tiene la localidad. Allí se logra identificar a Julieta, al vehículo y el circuito”, contó. Y añadió: “Ese día me sumé, al igual que gran parte de la comunidad, como un miembro más del equipo de investigación”.

Por último, Sorribas indicó: “El frío del jueves pasado en Melincué (cuando se dio a conocer la sentencia) me hizo acordar a ese 25 de julio. Fueron casi dos años intensos, porque en lo personal es una historia que me atraviesa, que me marcó para toda la vida y que me puso en el compromiso de tener que orientar los destinos de una comunidad que había quedado desorientada. Fue muy triste y duro, por eso entendemos el dolor y el infierno que vivió la familia, pero afortunadamente empieza a cerrarse con este fallo”.

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El presidente comunal de Berabevú, Tomás Sorribas, acompañó el jueves último a la familia de Julieta Del Pino a los tribunales de Melincué para conoce...]]>

En los próximos días el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, concurrirá al Concejo Municipal para exponer la delicada situación que atraviesa el servicio de justicia en nuestra ciudad, que desde hace varios meses sufre la ausencia -por razones de salud- de los magistrados del Juzgado de Circuito, Vicente Militello, y del Juzgado Laboral, Jorge Verna, en tanto que se destrabó el llamado a concurso para cubrir la vacancia en el Juzgado de Familia -que ocupaba Nancy Grasso-, aunque todavía sigue sin una suplencia específica.

Sobre su próxima visita a Sarmiento y Alem, expresó el dirigente que “hoy, más que nunca, necesitamos que todos los actores de la política y las entidades intermedias de la ciudad se involucren en esta problemática que resulta perjudicial para los ciudadanos y afecta el ejercicio profesional de los abogados, y por ende sus ingresos económicos”, observó Turcato, quien admitió que los clientes se disgustan ante la postergación sin plazo de las causas y “a nosotros nos cuesta hacerles entender que no hay sentencia porque no hay juez”. Y a esto hay que sumar las dificultades inherentes a la pandemia, con atención limitada mediante sistema de turnos y menor cantidad de personal judicial disponible en función de los protocolos sanitarios.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

“Hay una fuerte sobrecarga en otros jueces, que hacen lo que pueden, pero ya están superados por las circunstancias y eso se refleja en el atraso de las causas”, lamentó el ex concejal. “Para colmo los juzgados laboral y de familia son los de mayor demanda”, enfatizó, añadiendo que “es por eso mismo, y no por capricho, que se aprobaron las leyes de creación de otros dos juzgados, uno Laboral y otro de Familia, porque estaban colapsados, pero ahora faltan los jueces originales y bajo el argumento de que no se asignaron partidas, esos nuevos juzgados no se implementan. Recién cuando haya dos juzgados laborales y dos juzgados de familia, y todos cuenten con sus respectivos jueces, las cosas se normalizarán. Por otro lado -continuó-, en Civil y Comercial veníamos bien, con dos jueces muy eficientes, pero ahora los estamos desestabilizando ante la obligación de colaborar en otros juzgados”.  Cabe acotar que los magistrados María Celeste Rosso y Gabriel Carlini no sólo atienden sus propias reparticiones (Juzgados en lo Civil y Comercial de 1° y 2° Nominación, respectivamente), sino que deben desdoblarse para actuar en el Juzgado de Familia, el Juzgado Laboral y el Juzgado de Circuito. Y hasta tendrían que salir en rescate de algunos de los juzgados de fuero pleno de Firmat, Melincué o Rufino, en caso de resultar necesario.

Consultado sobre eventuales corresponsabilidades en esta situación del Poder Judicial y la Gobernación, Turcato prefirió apuntar a la “laguna legal” que existe en la Provincia ante este tipo de sucesos. “No puede ser que no haya posibilidad de cubrir con una suplencia el cargo de un juez que se enfermó, y que no es una ausencia por una semana, sino por varios meses. Tampoco se puede llamar a concurso porque los magistrados están con licencia médica, es decir que no se trata de una vacante. Distinto es el caso del Juzgado de Familia -aclaró-, donde se llama a concurso porque su titular se acogió al beneficio jubilatorio. Ya lo habíamos hablado tiempo atrás con el senador provincial Lisandro Enrico y este martes lo hice con la diputada provincial Rosana Bellatti, planteando la necesidad de que la Legislatura elabore algún proyecto de ley para evitar que esta clase de situaciones se reitere en el futuro”, comentó.

Cabe recordar que el Colegio de Abogados regional había accedido a importantes reuniones personales en febrero último con el presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Roberto Falistocco, y con el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, entre otras autoridades, en busca de una solución expeditiva ante la imposibilidad de cubrir las mencionadas ausencias. Y a pesar de la buena predisposición exhibida, transcurrieron los meses y todo siguió igual, hasta que un mes atrás los colegiados volvieron a dirigirse por nota a los mismos funcionarios, sin encontrar respuestas una vez más.

Un mes atrás, en nota remitida a la Secretaría de Justicia provincial, el Colegio de Abogados puntualizaba que “las vacancias existentes se prevén de largo aliento y ese panorama exige a todos los sectores el análisis de soluciones creativas que favorezcan y garanticen el debido acceso a la Justicia. Se hace imperativo concretar los llamados a concurso de los juzgados con vacancias definitivas, establecer los nombramientos y puesta en marcha de los juzgados creados por ley, y contemplar algunas alternativas para poder definir presencias transitorias o subrogadas en los juzgados con vacancias temporarias, pero que se observan de largo alcance”.