Sobre tablas, con la Cámara en Comisión y con el apoyo de todos los presentes en la última sesión del año, el Senado de Santa Fe completó la sanción de la Ley de Presupuesto 2026 que ya había sido despachada por Diputados, en votación dividida.

La norma fue tratada entre las preferencias que habían sido fijadas el pasado jueves 11 ante un pedido del jefe de bloque del oficialismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo). El texto se votó primero y quedaron para después las exposiciones del oficialismo y de la oposición.

Julio Francisco "Paco" Garibaldi, el senador socialista por La Capital, fue el miembro informante por la mayoría y por la oposición habló Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) que lidera esa bancada.

El presidente de la Comisión de Presupuesto subrayó que el gobierno muestra, en la Ley de Leyes, sus objetivos de gestión y en la Tributaria los medios para llevarlos a cabo. Habló de una y otra norma al destacar que se complementan para apuntalar a la producción y el trabajo de los santafesinos, en un panorama complejo de la macro economía.

Garibaldi subrayó la "previsibilidad" de las normas que requiere el Poder Ejecutivo en Santa Fe y comparó con la incertidumbre que por ahora domina el panorama nacional. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, puso el acento en que la oposición ha acompañado ambas normas, con lo que eso vale como mensaje a quienes toman decisiones en el plano económico en el ámbito privado. Afirmó que se trata de "revertir desigualdades de manera eficiente" y "con un orden fiscal con una inversión que busca el desarrollo con inclusión social".

El santafesino dijo que en el ejercicio del año próximo "vamos a tener un endeudamiento de la provincia de Santa Fe que va a ser el más bajo de los últimos 15 años, con un 1,5%". Se trata en suma de "un presupuesto sumamente ajustado y equilibrado", destacó.

Pirola señaló que la oposición debe aportar votos y críticas.

Para Pirola, en tanto, la responsabilidad de la oposición vale tanto para sumar sus votos a la sanción de la norma como para formular abiertamente las críticas o las dudas que la cuestión presupuestaria despierta entre los miembros del bloque justicialista. Recordó que desde tiempos "de Reutemann y de Obeid" Santa Fe vive "la saludable costumbre de tener en tiempo y forma el presupuesto y la ley tributaria".

Formuló "algunas consideraciones" y recordó que siempre debe ser un objetivo prioritario "igualar a las regiones y los territorios a la hora de diseñar inversiones". Habló de una agenda de trabajo consensuada para esas obras. "Queremos seguir en todos los departamentos de la provincia" la realización de esa inversiones: "lleguen las obras a todos", destacó respecto del rol de control de la Legislatura.

A la hora de revisar los números consideró que es importante que Santa Fe va a liquidar títulos públicos por 616 mil millones de pesos, producto del acuerdo al que con la Nación llegó la provincia durante el gobierno justicialista anterior. Advirtió que la Casa Gris y la administración de Maximiliano Pullaro peca de "una mirada optimista" sobre la marcha futura de la economía nacional. También deseó esa recuperación pero consideró que hay por esa razón una "sobre estimación" de los recursos nacionales que en el próximo años deben llegar a Santa Fe. "Es nueve veces mayor a lo que figura en el presupuesto nacional", estimó.

En cuanto al endeudamiento recordó que el justicialismo acompañó cada una de esas autorizaciones e insistió: "son fondos que solo deben usarse para obra pública y bienes de capital". Advirtió que los despidos y cierres de empresas que son una constante de los dos últimos años, siguen impactando en la provincia.

Además, en la Cámara logró sanción definitiva para el mensaje referente a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia, lo mismo que la prórroga en materia de recursos humanos de la Ley 14237 y del Estado de Emergencia en Seguridad Pública, por el término de 12 meses

Marcón alertó en el recinto por ataques de cotorras y palomas que afectan a productores de girasol.

Con un video ilustrativo que se proyectó en las pantallas del recinto y quedó grabado en la transmisión de la sesión, el senador radical por General Obligado, Orfilio Marcón volvió a expresarse sobre la crítica situación de los productores de girasol cuyos campos sufren ataques de bandadas de cotorras y palomas torcazas.

Un mar de tortas de girasol, de un triste color obscuro, sin sus típicos granos de amarillo intenso, es el saldo de las aves que han crecido en un número fuera de control. Dijo que comprende las críticas de los afectados que piden más celeridad al Ejecutivo y aseguró que en poco tiempo habrá medidas concretas para enfrentar este problema para la producción.

Por otra parte, Ciro Seisas manifestó su preocupación por la posible derogación del artículo 194 en la reforma laboral que se discute a nivel nacional refiere al Estatuto del Periodista que "tiene una vigencia de 80 años y va en defensa de las prácticas del profesional, en contra de las presiones políticas, garantizando la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión", describió. "Con esta derogación, todos los colegas estarían perdiendo estos derechos, siendo perjudicados con la precarización laboral", explicó el ex periodista que representa al departamento Rosario.

El proyecto de Ley de Presupuesto votado en la Cámara de Diputados prevé un total de recursos por $ 14,13 billones y gastos estimados en $14,12 billones. Equilibrio técnico financiero de $ 6.911 millones. El ahorro proyectado asciende a $ 1,75 billones, que -según el Ejecutivo- permitirá financiar el 91,7 % de los gastos de capital.

Como informó El Litoral, la Cámara de Diputados tuvo una sólida mayoría para aprobar el mensaje de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el ejercicio 2026 que fue girado al Senado que la semana próxima dejará sancionada la norma.

En cambio, en la votación en particular hubo muchos artículos votados en rechazo especialmente desde las bancadas justicialistas. La votación en general fue de 44 a favor y 3 en rechazo.

Luz verde en Diputados al presupuesto 2026. Ahora está en manos del Senado.

Pablo Olivares detalló que tomó las variables macroeconómicas del Ejecutivo Nacional que proyectan un crecimiento del 5 %, una inflación interanual promedio del 14 % y una variación diciembre 2025-diciembre 2026 del 10,1 %, con un tipo de cambio de $ 1.423.

Uno de los ejes más relevantes continúa siendo la seguridad. Para 2026 se proyecta una inversión de $ 1,66 billones, de los cuales $ 1,5 billones corresponden al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Unidad Ejecutora. Esto representa un incremento del 45 % respecto del ejercicio 2025.

En salud, los recursos previstos ascienden a $ 1,54 billones. El Ministerio de Salud dispondrá de $ 1,11 billones, mientras que $ 49.637 millones se destinarán a la compra de medicamentos. Durante 2025, la compra centralizada permitió reducir en un 87 % el valor de los medicamentos respecto del precio de venta al público, lo que posibilitó ampliar el volumen de adquisiciones.

En infraestructura productiva, el presupuesto asigna $ 673.045 millones, con $ 296.639 millones destinados al Ministerio de Desarrollo Productivo.

Para obras públicas y transferencias de capital, se proyectan $ 1,8 billones. Además de la continuidad de los proyectos en ejecución, se incluyen inversiones para el recambio de redes de distribución de Aguas Santafesinas ($ 83.962 millones), el Programa de Obras Urbanas ($ 55.009 millones) y los grandes acueductos ($ 36.555 millones).

Inversión en salud, uno de los ejes del presupuesto 2026.

El Ministerio de Educación contará con $ 2,57 billones, y se prevén $ 220.010 millones para gasto de capital destinado a infraestructura educativa.

Además, se contemplan $ 81.975 millones para el Boleto Educativo Gratuito, $ 88.910 millones para comedores y copa de leche, y $ 46.715 millones para el programa 1.000 Aulas, el Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) y mejoras edilicias en todos los niveles.

La Cámara de Senadores realizará un reconocimiento al voleibolista santafesino Luciano De Cecco. La actividad se desarrollará este viernes 16, a las 12.30, en el recinto de sesiones.

El homenaje aludido se llevará a cabo a raíz de una iniciativa impulsada por el senador Julio "Paco" Garibaldi y aprobada de manera unánime por el Cuerpo en la última Sesión Ordinaria.

Dicha Resolución tiene por objetivo reconocer y homenajear la destacada labor y trayectoria deportiva de Luciano De Cecco, a quien considera un ejemplo de perseverancia, dedicación y excelencia en el ámbito en que se desarrolla.

Al fundamentar su proyecto, Garibaldi destacó que De Cecco "nunca dejó de cultivar lazos con nuestra comunidad", y resaltó su "compromiso con el desarrollo del deporte local". Asimismo, señaló que "su trayectoria y logros son un orgullo, no solo por su calidad de argentino, sino por ser un mensana formado desde el principio en la ciudad de Santa Fe".

"Reconocer a Luciano de Cecco honrará sus logros, pero también enviará un mensaje poderoso sobre la importancia del esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo. Este reconocimiento servirá para motivar a las futuras generaciones a seguir sus pasos y contribuir de manera positiva a nuestra sociedad", añadió.

Luciano De Cecco nació en la ciudad de Santa Fe, el 2 de junio de 1988. Es hijo de Ricardo de Cecco, jugador y entrenador de básquetbol, y de Graciela Gianotti, jugadora de vóleibol.

Comenzó su carrera deportiva como jugador de básquetbol en el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Teniendo proyección para convertirse en basquetbolista profesional, a sus 14 años fue reclutado por Ben Hur de Rafaela. Sin embargo, luego de un año allí, retornó a su club natal.

Por problemas relacionados con la posesión de sus derechos federativos, no pudo volver a competir en torneos oficiales con el equipo de básquetbol del Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, por lo que optó por comenzar a practicar vóleibol y tenis criollo en la misma institución como un modo de mantenerse físicamente activo mientras se resolvía su situación. Al no ser favorable la resolución del conflicto, finalmente optó por dedicarse al vóleibol a tiempo completo.

En 2002, Mario Martínez, captador de talentos del Club Bolívar Voley, observó a un chico de un ingenio prometedor en un torneo de la Federación Santafesina en el Club Regatas de Santa Fe. Habló con su padre, Ricardo, para ofrecerle sumarse a un ambicioso proyecto que tenía como cabeza a Daniel Castellani.

Cuatro años después de su nueva vida en Bolívar, alejado de su familia, Luciano debutó en la selección argentina con 18 años en el Mundial 2006 de Japón. Su irrupción en el primer nivel internacional no pasó desapercibida, continuando su camino en Italia. En este país, cada equipo cuenta con una plaza para extracomunitarios, y en los siete clubes italianos de los que formó parte, la vacante como extranjero siempre fue reservada para él. La Serie A1 es la NBA del voley mundial, y Luciano ya forma parte de ella desde hace 15 años.

Poseedor de múltiples distinciones a nivel de Selección Nacional: medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 2023.

Además, ha recibido distinciones individuales como "Mejor servidor del Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB de 2010", "Mejor armador de la Liga Mundial de Vóleibol de 2011", "Mejor armador de la Copa Mundial de Vóleibol Masculino de 2011", Premio Konex de Platino 2020 al mejor voleibolista argentino de la década, y "Mejor armador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", entre otros.

En el exterior, Luciano ya jugó en 10 Champions League y en dos de ellas fue elegido el mejor jugador de la competencia, algo inédito para un armador. En este 2024, el santafesino consiguió otro hito: igualó a Javier Webber, como el jugador con más temporadas en el conjunto nacional, con 18 años ininterrumpidos.

En cuanto el Senado de la Provincia de Santa Fe le quitó los fueros (con los que se había blindado en 2020), el senador Armando Traferri interpuso por medio de sus abogados defensores un recurso de queja para que se aparte de su caso a los dos fiscales acusadores: Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, porque han "faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación", según el legislador.

El representante por San Lorenzo pidió una audiencia pública para mostrar las pruebas contra ambos, a la que se permita el acceso a los periodistas. Traferri ha dicho, luego de lograr su reelección por el 42% de los votos, que irá "hasta las últimas consencuencias" para evitar que "la libertad de los ciudadanos no esté en manos de estos fiscales".

Durante la exposición que brindó en el recinto de la Cámara alta, cuando les pidió a sus pares de todas las bancadas que reviertan su resolución y lo autoricen a presentarse ante la justicia y ser imputado (no puede ser encarcelado) sostuvo que en estos tres años logró reunir pruebas que le permiten no solo defenderse sino acusar a sus acusadores. Ese será finalmente el primer paso de su estrategia legal.

Sus abogados Oscar Romera y Juan Murray presentaron un escrito ante la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, que solicita el apartamiento del caso Traferri para esos fiscales. (Como se sabe, Matías Edery está hoy bajo un proceso disciplinario en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que votó el avocamiento tras la inhibición de la Auditoría del MPA, y todavía no se sabe si la diputada Lorena Uleldin, cuyo mandato termina en la primera semana de diciembre, aceptará o no ser su acusadora).

Edery es cuestionado por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca por sus vínculos y el intercambio de información con Mariana Ortigalal, presa por ser parte de la banda Los Monos, en una causa por extorsiones y balaceras. Un primer dato al respecto: Moreno Socca fueron apartados por la fiscal regional Iribarren por haber hecha pública ante la prensa la identidad de Ortigala, una testigo protegida en otra causa (contra el clan rival de los Alvarado). Y una segunda acotación nada al márgen: Edery, y también Schiappa Pietra, escucharon el apellido Ortigala en varias oportunidades como parte de las extorsiones a Luis Peiti, un capitalista del juego clandestino, que tanto era exprimido en pagos mensuales por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal. Pese a esas acusaciones de 2020 no hubo una línea de investigación en la llamada causa del juego ilegal por la que ahora podrá ser por fin imputado Traferri al ser levantadas sus inmunidades.

En su banca, el 21 de septiembre, dijo que durante el actual gobierno provincial de su partido "la organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad (Marcelo Sain) designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él. Esto debería ser realmente un escándalo. Había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos", abundó.

Y enumeró: "Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe", afirmó.

Traferri sostiene esos argumentos desde que comenzó el caso en su contra, desde una posición incómoda porque optó por el privilegio como legislador de no someterse a juicio. Ahora lo afrontará desde el banquillo de los acusados, tras los comicios provinciales y la crisis que muestra el MPA de Rosario precisamente con Edery en el centro de las miradas. De todos modos, hace ya un año en que el senador sintió que la taba comenzaba a darse vuelta: desde noviembre de 2022 Traferri es considerado por la fiscales de la ciudad de Santa Fe como víctima de espionaje, en la causa Sain.

Lo mismo les sucedió a otros dirigentes políticos y personalidades públicas que fueron "perfilados", como el hoy gobernador electo Maximiliano Pullaro, funcionarios del propio gobierno como Héctor "Pirucho" Acuña, empresarios, periodistas como el fallecido por esos días (de un infarto) Mauricio Marona, y empresarios de medios, como el titular de Arcadia y principal accionista de El Litoral, Nahuel Caputto.

Ahora aquellas declaraciones públicas de Traferri están avaladas por el caso Sain e incluso por un audio del propio ex ministro y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del MPA (en una polémica licencia) en la que "como compañero" les reprocha a los fiscales Edery y Schiappa Pietra no tener suficientes pruebas contra el por entonces jefe del bloque Juan Domingo Perón en el Senado.

El escrito que tiene en sus manos Iribarren (que debió ir a Acuerdos a dar explicaciones sobre la crisis entre sus subordinados días atrás) afirma que las acciones de los fiscales "responden a una matriz de ilegalidad en donde los rastros de sus desvíos han quedado esculpidos en piedra". Les endilga "una visible actitud desleal y de mala fe, cuando no, manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y Provincial, y a las leyes cuyo cumplimiento les incumbe observar" a funcionarios del MPA.

El pedido de apartamiento dice que los fiscales no fueron objetivos que carecieron de "buena fe, lealtad, y legalidad". Y advierte que "del relato fáctico que forma el corpus de este escrito se desprenden hechos con apariencia de delito". En ese contexto, agrega: "detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain".

Entre las pruebas ofrecidas hay "testimonios de trabajadores del Organismo de Investigaciones quienes recibían órdenes de 'llevarse puesto' al senador". Ese testigo citado por la defensa afirma: "Hubo mucho interés el último año con todo lo que pasaba en Traferri. Había mucho interés en encontrar algo que lo perjudique"

De las relaciones probadas entre integrantes del MPA y Sain queda claro para el escrito que se excedían largamente los vínculos institucionales. "La información recabada en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados en el allanamiento al Ministerio de Seguridad da cuenta de un intercambio cotidiano, en el que los fiscales recibían órdenes y recomendaciones de Sain y, a la vez, reportaban su trabajo a él".

"Los funcionarios del Ministerio de Seguridad solicitaban, y los fiscales proporcionaban, información sensible sobre investigaciones en curso".

Finalmente, el tercero de los apartados, llamado "El sumario de Cotichini", desglosa el proceso disciplinario realizado por la Auditoría del MPA contra Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia del OI, que permitió destapar el Espionaje Ilegal. En esta causa, justamente, Traferri es querellante y como se ha dicho, víctima.

Cuando quedan unas pocas sesiones hasta que se renueven las Cámaras, en la Legislatura santafesina el Senado volvió a la carga con la creación de cuatro ciudades que hasta ahora han chocado con la negativa de Diputados. Y lo mismo para la creación de la comuna de Colonia Francesa, que hoy es parte de la ciudad de San Javier.

Se trata del cambio de estatus de las actuales comunas de Helvecia (Garay), Teodelina (General López), San José de la Esquina (Caseros) y Pueblo Andino (Iriondo), para que sean ciudades y que así tengan sus municipalidades.

La transformación de Helvecia en ciudad es un viejo anhelo de Garay, cuyo proyecto de ley lleva aún la firma del senador Ricardo Kaufmann, fallecido en mayo de este año. El expediente fue impulsado por su hijo Carlos, que asumió la banca como senador suplente en junio, para lo que dejó la secretaría de Comunas de la Provincia. No logró ser elegido: en ese departamento se impuso el médico radical de Campo del Medio, Germán Baumgartner.

En el caso de Teodelina, es el presidente de la bancada radical Lisandro Enrico quien reclama la condición de ciudad para esa localidad ubicada bien al sur, en el límite con la Provincia de Buenos Aires, en la suela del mapa de la bota santafesina. El senador reelecto por muy amplio margen es parte del que se supone será el gabinete del gobernador electo Maximiliano Pullaro. Sin embargo, el tema aún no está cerrado, en las próximas semanas seguramente habrá una definición. En cualquier caso, la posición de poder de Enrico permite a los teodelinenses pensar que su lugar puede ser ciudad.

El justicialista Eduardo Rosconi del bloque Lealtad es el autor del expediente que propone declarar como ciudad a la localidad de San José de la Esquina. Ese senador está en el grupo de los peronistas que lograron mantener su banca y el proyecto para que esa localidad tenga su municipio se repite sin suerte en la Cámara baja desde hace años. Por último, casi como un oximorón la transformación de Pueblo Andino en la Ciudad de Pueblo Andino, de Hugo Rasetto (UCR) también es parte de las aspiraciones del senador que fue reelecto por muy amplio margen. Rasetto es parte de los radicales santafesinos que primero se sumaron a Cambiemos, tiene buenos vínculos poíticos, pero las condiciones demográficas de la localidad -además del nombre- conspiran contra el proyecto.

Las chances de que sea ley la creación de la comuna de Colonia Francesa, que logró otra vez la media sanción del Senado santafesino, deben buscarse en la nueva realidad política del departamento San Javier y en la histórica ciudad cabecera. Hoy ese paraje es parte de la municipalidad sanjavierina. Ha cambiado de manos tanto la banca de senador, ya que no logró su reelección el peronista José Baucero porque se impuso un muy joven dirigente, el presidente comunal de Alejandra, Oscar Dolzani que cumplirá los 30 años que exige la Constitución al asumir y es también el presidente de la UCR en ese departamento. Por otra parte, la ciudad también cambia de manos porque en las Paso y luego en las generales ganó Maribel González, la primera intendenta mujer, que también es radical como su predecesor Mario Migno, que buscó sin éxito ser senador y no logró imponerse en las Paso. En definitiva, es una decisión política la que hará que se avance o no con la creación de una nueva comuna en la próxima Legislatura.

La Colonia Francesa está a 5 km de San Javier y fue creada por Alejandro Couvert el 4 de diciembre de 1867, con la radicación inicial de 25 familias provenientes de Esperanza, dedicadas a la agricultura. Los Vouilloz, Bournisent, Genolet, Udrissart, Dayer, Gaspoz, Gallay, Claussen, Motier y Miserez, además de los Couvert, fueron sus primeros pobladores.

El artículo 106 de la Constitución de Santa Fe indica que "Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes que se sancionen", lo que abre amplios criterios e interpretaciones para la creación de comunas en la Legislatura.

Sin embargo, fijó (en 1962) un límite preciso para las ciudades: "las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizan como municipios por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición como comunas. La ley fija la jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de fusión o segregación que se susciten".

A falta de una estadística más actual, vale la comparación con el padrón electoral (obviamente allí figuran solo los mayores 16 años). En Helvecia estuvieron en condiciones de votar 8.378 ciudadanos, con lo que no sería extraño que se llegue al número requerido de habitantes para que Garay tenga su primera ciudad. Pero en cambio, en Teodolina fueron solo 5.127 los electores empadronados; en San José de la Esquina el padrón fue de 5.976; y en Pueblo Andino, de apenas 2.792.

(Por Luis Rodrigo) – Los tres bloques en que se divide el peronismo en el Senado santafesino buscarán que en la sesión de este jueves 6 avance el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial que pide ampliar el margen de endeudamiento con bonos y títulos, para financiar gastos del corto plazo.

Se trata de un mensaje enviado por el gobernador Omar Perotti en favor de la reforma de la Ley 13.501 sancionada en noviembre de 2015.

En estos ocho años no ha cambiado el tope de $ 2.000 millones para cubrir la financiación de corto plazo del Tesoro y de las empresas estatales, en letras, pagarés u otro medio.

En los considerandos del expediente que está en manos del Senado, la Casa Gris explica que desde que se votó la ley a hoy “la variación de precios acumulada alcanzó el 2.016,7% de acuerdo a la información publicada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)”, que “el monto autorizado representaba al momento de ser acordada la norma, el 2,2% del gasto total devengado durante el ejercicio 2015”. En cambio, “en la actualidad dicho porcentaje es de apenas 0,2%”, lo que resulta “claramente insuficiente como mecanismo de financiamiento habitual”.

Más aún, el gobierno provincial entiende que si se aplicara una actualización lisa y llana de aquel monto “arrojaría un valor superior a $ 42.000 millones, no obstante lo cual en esta instancia el Poder Ejecutivo solicita la autorización por hasta un monto de $ 20.000 millones”, destaca.

Al cierre de esta edición, El Litoral confirmó que ya comenzaron las rondas de contactos entre los las bancadas Juan Domingo Perón, del Nuevo Espacio Santafesino (de seis integrantes) y del más oficialista Lealtad (de 5 bancas), así como con el bloque unipersonal de Miguel Rabbia, el reemplazante de Marcelo Lewandowski en la representación por Rosario. Once de los doce senadores peronistas apoyan la fórmula que el experiodista deportivo comparte con la ministra de Obras Públicas Silvina Frana, con quien el NES tiene un vínculo anterior a las elecciones de 2019. El número 12 es Joaquín Gramajo que en aquellos comicios apoyó a Antonio Bonfatti y ahora nuevamente va por fuera del frente Juntos Avancemos del PJ: busca otro mandato en la lista de Unite por la Libertad y la Dignidad, del frente Somos Vida.

Nació de una escuela de la localidad de Sarmiento un proyecto de ley que presentó el senador por Las Colonias, Rubén Pirola (PJ-Nes) que impulsa en la promoción de la enseñanza de sistemas de comunicación para sordos y ciegos en las instituciones educativas. El texto logró media sanción por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados con el objetivo de ampliar la población estudiantil que sabe utilizar la Lengua de Señas Argentina (LSA) y lo mismo el Sistema Braille.

Antes, otra iniciativa de Armando Traferri también logró un pronto pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales de ese cuerpo para imponer a todas las oficinas de atención al público la capacitación para usar la LSA.

Los dos proyectos tienen aspectos interesantes en cuanto a sus antecedentes. El de Pirola porque proviene de una institución educativa y el de Traferri porque se trata de una ley por la que el senador puja desde hace seis años. En 2018 se produjo su primer intento para hace que en cada ventanilla de atención al público de cada dependencia estatal haya siempre alguien que sea como comunicarse con señas con personas hipoacúsicas.

Entre otras actividades que buscan abrir el Senado de la Provincia de Santa Fe a la participación ciudadana, el pasado 23 de septiembre alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 357 “Alberto Francezon” de la localidad de Sarmiento, departamento Las Colonias, impulsaron un proyecto de ley que tomó el senador Pirola, presente en esa jornada denominada “Ciudadanos al Senado”.

La norma en cuestión cuenta con 6 artículos que declaran de interés público la promoción de la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina y del Sistema Braille en los establecimientos del sistema educativo provincial.

Ese texto fue aprobado sobre tablas, en la sesión del jueves 6 de octubre, cuando desde su banca el presidente provisional del Senado que presentó la iniciativa aclaró que la idea inicia proviene de los alumnos alumnos de la localidad de Sarmiento, de la que Pirola fue su presidente comunal entre 2003 y 2006.

Dijo que la media sanción por unanimidad había nacido “a instancias de los jóvenes de la Escuela N° 357 ‘Alberto Francezon’ de Sarmiento a partir de la experiencia de Ciudadanos en el Senado”, añadió.

En este sentido agregó que la iniciativa surgida de la empatía de los alumnos busca jerarquizar la enseñanza de la Lengua de Señas y del Sistema Braille.

También en Diputados y con media sanción del Senado se encuentra otro proyecto de ley que busca un objetivo de integración similar de integración e inclusión, al disponer la obligación de los lugares de atención al público de contar con personal capacitado para comunicarse mediante la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Este Año, como hace periódicamente su autor Armando Traferri, el texto ingresó para su tratamiento en el cuerpo de 19 bancas y pasó solo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para un pronto despacho que le permita tener la media sanción antes de que termine el período ordinario de sesiones a prorrogar hasta fines de noviembre.

Consiste en una simple modificación del artículo 5º de la Ley Provincial Nº 13.258, donde se ordena que “todas las dependencias públicas cuenten con personal capacitado e intérpretes para entender y comunicarse mediante la Lengua de Señas Argentina”.

Cada vez que en el Senado un proyecto de ley logra media sanción y luego no prospera en Diputados -con el consentimiento de todos los bloques- se pasa a una sola comisión para luego incorporarse al Orden del Día por lo que se descuenta que, como en años anteriores, el texto del jefe del bloque Juan Domingo Perón logre la aprobación y vaya a Diputados.

En marzo de 2012, en sesiones extraordinarias habilitadas por el entonces gobernador Antonio Bonfatti, el Senado santafesino que presidía el vicegobernador Jorge Henn, sobre tablas y por unanimidad, completó la sanción de una ley que aún está pendiente de hacer cumplir en muchos aspectos.

Ley Nº 13.258 busca suprimir “las barreras comunicacionales existentes entre la comunidad de personas sordas y el resto de la sociedad, reconociendo la Lengua de Señas Argentina y el derecho que tienen aquellos con discapacidades sensoauditivas a usarla como medio de expresión, comunicación y aprendizaje”.

La iniciativa tenía -tiene- objetivos concretos: la inclusión en los programas televisivos del lenguaje de sordos, tratando de propiciar su integración con el resto de la sociedad. Fue impulsada inicialmente en Diputados por un socialista, Osvaldo Fatala, y pretende que el subtitulado o por medio de intérpretes de la Lengua de Señas Argentina se incluya a los sordos en la programación.

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe le dio media sanción al Presupuesto 2023 y la Ley de Política Tributaria para el año próximo.

Ambos por unanimidad en el tratamiento en general y con abstenciones en 4 artículos de los 42 artículos en la llamada Ley de Leyes; y en solo uno en la norma que actualizará los impuestos el año próximo por parte de los 7 senadores radicales.

La Cámara alta alteró el orden de la sesión para que de inmediato se giren los dos mensajes elevados por el gobernador Omar Perotti a Diputados, donde estaba previsto su ingreso y pase a Comisiones.

Un alto consenso en el cuerpo que representa a los 19 departamentos caracteriza el tratamiento de dos expedientes que son importantes para el último año de la actual gestión en la Casa Gris.

Para la oposición queda pendiente una negociación que se espera pueda avanzar en Diputados: que como en 2022 a las municipalidades y comunas les quede el 60% de la recaudación del impuesto inmobiliario, en lugar del 50 que subsiste del original.

Luego de una serie de exposiciones que hablaron de la inseguridad como un fenómeno creciente, por mayoría se aprobó un proyecto de ley para volver al esquema anterior a la reforma de 2006 para la formación de los agentes de la fuerza: otra vez, si el tema también avanza en Diputados, habrá una Escuela de Oficiales de la Policía de Santa Fe y el ISEP formará a los suboficiales.

El texto se aprobó con el voto los dos bloques del PJ, mientras que la UCR se abstuvo. Los radicales del Senado prefirieron amoldarse a las opiniones de sus correligionarios en la otra Cámara, donde pesa la posición del ex ministro de Seguridad durante el gobierno anterior, Maximiliano Pullaro. Mientras el expediente estuvo en comisiones del Senado el bloque opositor no formuló objeciones y, en cambio, acompañó con sus firmas.

La iniciativa de Joaquín Gramajo (PJ-Nes- 9 de Julio) procura el objetivo de la profesionalización, con tres años de estudios más otro de especialización.

El proyecto con media sanción parte de admitir que no han sido buenos los efectos del cierre de aquella institución, en 2006, en medio de otras reformas que sobre esa fuerza impuso el segundo gobierno de Jorge Obeid (1947-2014). Para el autor de la iniciativa se debe volver a contar con esa instancia de formación “para profesionalizar a los cuadros de conducción de la policía”.

Gramajo lo expresó a sus pares primero (que han apoyado con sus firmas el proyecto) y a funcionarios del gobierno provincial luego, tanto de la actual como de la anterior gestión en el Ministerio de Seguridad.

Junto al proyecto que recrea la Escuela de Oficiales se aprobaron otros dos que, en un caso, dispone que el actual ISEP forme suboficiales y, en otro, adapta la escala de grados a la legislación que se impulsa.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y titular de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa destacó que en la formación de quienes conducen a los demás integrantes de la fuerza, es clave que haya “contenidos sobre derecho procesal, penal, constitucional, administrativo y público provincial, así como respecto del respeto a los derechos humanos”. También, “una preparación mayor en el plano de las destrezas para manejar armas, la defensa personal y las artes marciales. Una aptitud física e intelectual”, resumió.

El texto que pasa a Diputados cuenta con 43 artículos divididos en 4 capítulos. La institución a crear dependería del Ministerio de Seguridad, tendrá un director y un consejo asesor a conformar por concursos públicos.

No es la primera vez que Gramajo advierte públicamente que en su opinión ha sido un error cerrar la Escuela de Oficiales. Lo mismo sostuvo en declaraciones a El Litoral en 2016 cuando al asumir su gobierno Miguel Lifschitz (1955-2021) proponía que la Legislatura opinara sobre las designaciones en la conducción de la Policía, una de sus promesas de campaña que no prosperó porque la Constitución no lo ha previsto, entre otras razones.

En el Senado de Santa Fe, durante el pasado mes de mayo, hubo una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales que tuvo como tema central los años de estudio y los objetivos para educar a los futuros oficiales de policía. En aquella oportunidad hubo funcionarios de tres ministerios del gobierno provincial, jefes de la fuerza, legisladores y jueces penales.

“Necesitamos tener una fuerza más profesional, con una escuela que nuevamente forme a sus oficiales, para estar a la altura de lo que la situación exige. Está claro que combatir la inseguridad requiere de muchos más esfuerzos y de una actitud firme de los tres Poderes, pero mejorar a la policía es un primer paso”, dijo Gramajo a El Litoral en aquella ocasión. Ahora reiteró esos conceptos desde su banca. Habló de “restablecer las jerarquías” en la fuerza y de remediar lo hecho hace más de quince años. Comentó que las policías provinciales “no son instituciones militares, pero tampoco civiles”. Y destacó que el rol del policía es ser un “auxiliar a la Justicia”.

Sostuvo que la Policía fue “denigrada” cuando el ministerio de Seguridad estuvo a cargo de Marcelo Sain y, en cambio, destacó el apoyo de quienes lo sucedieron para con el cambio propuesto, tanto del ex ministro Jorge Lagna y del ministro Rubén Rimoldi.

Agradeció al fiscal de Estado Rubén Weder sus aportes técnicos, lo mismo que del senador Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) cómo titular de la Comisión de Educación, cuyo despacho sirvió de guía para la media sanción del cuerpo.

En el artículo 3 se establecen las siguientes carreras: a) Oficial de Seguridad; b) Especializaciones en Narcotráfico, Delitos Complejos, Estafas y Defraudaciones, Pericia Criminal, Balística y Homicidios.

Los títulos respectivos serán otorgados una vez aprobados los exámenes que se establezcan, sin que sea posible la promoción automática por cumplir con la asistencia al cursado.

El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con Universidades Nacionales, públicas o privadas, para el cursado, con carácter regular de los alumnos, de aquellas asignaturas del plan de estudios que fuere posible, dentro de la estructura actual de las diferentes facultades y escuelas del sistema de enseñanza superior, indica el proyecto que pasó a Diputados.

“La profesionalización de las fuerzas policiales se relaciona con el nivel de protección de los derechos humanos fundamentales. El nivel de competencias profesionales con el que cuenten los agentes policiales incide en la eficiencia y eficacia en la defensa de los bienes jurídicos de las personas, a cuyo servicio se encuentran, y contribuye a un mejor y más rápido restablecimiento de los derechos vulnerados, identificación y sanción de quienes fueran responsables, ya que la colaboración de estas fuerzas con la Justicia es fundamental”, sostiene el autor de la norma en los fundamentos.

Con media sanción, el Senado santafesino aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que o establece la obligatoriedad de contar con “baños inclusivos para todo establecimiento/edificio de uso y/o de acceso público sea su propiedad pública o privada”, de acuerdo con los ocho artículos del texto presentado por el jefe del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo). Los sanitarios de género neutro o unisex, deberán contar con instalaciones sanitarias destinadas al público “sin separación por género”.

De prosperar en la Cámara de Diputados, el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia pasará a denominarse Hospital de Infancias y Adolescencias Dr. Orlando Alassia, de acuerdo con el proyecto de ley que por unanimidad fue aprobado en la Cámara de Senadores, presentado por el senador justicialista de Lealtad por el departamento La Capital Marcos Castelló. “No se trata solo de un cambio de nombre estético, por capricho o moda; sino que es sinónimo de crecimiento, reconocimiento y una actualización al contexto en el cual se encuentra inmerso nuestro hospital, ante los innumerables cambios sociológicos, culturales y económicos que estamos atravesando”, dice en los fundamentos el legislador.

El Senado busca modificar la norma que rige el trabajo de los fiscales, mediante un proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados. La iniciativa tiene en foco a las víctimas de los delitos y, para garantizar que puedan ejercer sus derechos, se amplía el alcance de una de las faltas graves por las que los integrantes del Ministerio Público de la Acusación pueden ser sancionados por la Legislatura.

De acuerdo con la nueva redacción del inciso 7 del artículo 52 de la Ley 13.013 es una falta grave: “No informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima cuando ésta lo requiera”, tal como ya dice esa norma, y además: “no observar o incumplir las disposiciones legales para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.

El texto propuesto amplía el abanico de posibilidades por las que las víctimas pueden sostener que no se cumplen sus derechos y hace lo mismo con la atención que deberán poner los acusadores en el proceso penal. Tanto en la etapa de preparación como durante el juicio. Fue aprobado por unanimidad y había sido presentado en marzo de este año, con dictamen favorable de las comisiones y algunas modificaciones en Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Mejor lo explica en los fundamentos, el autor de la ley de modificación, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias), que plantea que existe una nueva corriente doctrinaria que busca para las víctimas de los delitos un rol más activo, mucho más que el de mera fuente de información para la investigar los delitos.

“La participación de la víctima en nuestro proceso penal se caracterizó tradicionalmente por ocupar un rol accidental y secundario, debido a las tensiones para el reconocimiento de facultades autónomas y de derechos y garantías que permitan ubicarla más allá de una fuente para elaborar el plexo probatorio. Sin embargo, en las últimas décadas este paradigma se fue transformando en forma paulatina a través de instrumentos internacionales, jurisprudencia nacional e internacional, como también por la adopción de legislación específica que le asigna un rol cada vez más protagónico”, dice el presidente provisional del Senado.

Se propone ampliar la tipificación de la falta grave del inc. 7 del artículo 52, “no limitándola solamente al deber de información en relación a la víctima sino considerando también la falta del Fiscal que no observe o incumpla las disposiciones legales para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.

De esta manera, “el reconocimiento de los derechos de las víctimas no sólo enuncia en cuanto a funciones y principios de actuación sino también a las responsabilidades que acarrean su no cumplimiento y la posibilidad de iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan y la respectiva aplicación de sanciones”.

De inmediato, agrega: “Entiendo así que el reconocimiento de derechos y garantías a la victima de delitos y a sus familiares en el marco de un proceso penal se refiere a su legalidad y también a su legitimidad, pues no solo se trata de decir que se está haciendo justicia, sino que esa justicia es sensible a las necesidades y opiniones de las personas afectadas: las víctimas y que entonces debe actuar según esas responsabilidades y reaccionar cuando no se cumple con tales obligaciones por parte de los encargados de la persecución penal como establece la Ley 13.013”.

Aunque el juicio abreviado no está en el texto legal propuesto ni en los considerandos de Pirola, parece imposible no pensar en esa figura, que es la que se usa con mayor frecuencia cuando los casos penales se resuelven en un juicio en los tribunales santafesinos. Más si se advierte que hay en los móviles para el cambio normativo la idea de poder hacer que el proceso judicial, además de legal sea legítimo.

La ley 13.013 guía a los fiscales para actuar. Incumplirla puede hacer que sus acciones sean observadas o sancionadas internamente por la Auditoría General del MPA o por el propio Poder Legislativo según su gravedad. La Legislatura se ocupa de evaluar las faltas graves que ahora se espera ampliar. Los miembros del órgano de la acusación, como los defensores públicos, pueden ser encartados en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa y luego, en un proceso político que exige muy sólidas mayorías especiales, eventualmente pueden sancionados, suspendidos o apartados en una sesión especial conjunta de ambas Cámaras, que requiere del quórum de cada cuerpo.

Un proyecto de comunicación de la Cámara de Senadores, aprobado por unanimidad y sobre tablas, revela que la provincia de Entre Ríos ha demorado la entrega de información vital para que avance la investigación judicial sobre las quemas de islas de esa provincia, que afectan a la ciudad de Rosario y otras del sur santafesino.

La iniciativa presentada por el senador Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) consiste en dirigirse a las instituciones entrerrianas para que se le facilite al fiscal federal subrogante de Victoria, Claudio Kishimoto, la información catastral requerida para determinar la propiedad de las islas afectadas por el fuego, así como su explotación ganadera por sí o por terceros.

El texto fue acompañado con las firmas de todos los demás senadores que representan a departamentos del sur costero igualmente afectados: el jefe de la bancada Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y los senadores del radicalismo Germán Giacomino (UCR-Constitución), Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo) y Leonardo Diana (UCR-FPCyS-San Jerónimo).

En un caso la comunicación de la Cámara alta de la Legislatura santafesina pidió a sus pares entrerrianos que breguen para que el gobierno de esa provincia entregue a la fiscalía federal de Victoria la información catastral requerida y en el restante que el Poder Ejecutivo Provincial de la citada jurisdicción entregue esa herramienta para que pueda actuar la justicia, obviamente a través de la Casa Gris como mandan los procedimientos de protocolo institucionales para estos casos de jurisdicción extraña a la de los legisladores.

Desde su banca, Rabbia habló de las rinitis, laringitis y de los graves efectos que tienen sobre cuadros respiratorios crónicos (como los de una Epoc) el denso humo que invade a la ciudad del sur y a otras vecinas por la quema de pastizales y pajonales, al describir su visita (junto al senador nacional Marcelo Lewandowski) al fiscal mencionado.

Confirmó que encontró en el funcionario judicial nacional una fuerte disposición a poder establecer las causas de fondo del problema, pero se quejó de la falta de colaboración de las autoridades entrerrianas. Incluso, reveló a El Litoral que en un primer momento el trámite de pedido de información catastral se demoró porque se había hecho mediante la firma digital y no por un documento en papel… Y que desde la fiscalía federal se le indicó que ahora, una vez presentado el procedimiento de manera tradicional, no había una explicación alguna para la demora.

En las últimas horas, en declaraciones a la prensa el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet dijo que “estamos trabajando en lo que solicitó esta semana el Juzgado Federal de Victoria”, aunque no dio precisiones respecto de cuándo se cumplirá con ese requerimiento.

El jefe del estado entrerriano expresó que “en cuanto se produzca una orden judicial en torno a los responsables de generar incendios en el Delta, actuaremos con la Policía de Entre Ríos para hacerla cumplir”.

Sobre tablas, y al cabo de una extensa reunión de labor parlamentaria, el Senado santafesino aprobó un proyecto de ley que crea un Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos.

La media sanción por unanimidad tiene la firma de todos los presidentes de los bloques de la Cámara alta y fue elaborado por el radicalismo. Como miembro informante habló el autor de la iniciativa Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) que definió como una política pública que no requerirá de nombrar ni un solo empleado y sacará provecho de “la capacidad de compra en volumen que un Estado Provincial como Santa Fe posee, para mejorar precios con la concurrencia de oferentes, y la programación de stocks, entre otros aspectos”.

El plan parte de verificar que hoy “la provisión de medicamentos a ciudadanos que carecen de obra social es ineficiente, ineficaz, descoordinada, disfuncional y con dificultades importantes para ser conducida en forma integral”.

“Por un lado -describió el radical- se adquieren medicamentos de una forma centralizada desde el Ministerio de Salud y son distribuidos para su entrega a través de los efectores públicos de salud. Pero, por otro lado, efectores de salud públicos no estatales que igualmente integran el sistema de salud pública y contando con facultades de autogestión, también compran medicamentos, en unos casos con planificación y buenas prácticas administrativas y en otros casos con baja planificación, mediante compras directas invocando urgencias. Incluso aquellas compras con recursos que no son provistos por el Estado quedan en una zona gris en materia de control externo”, destacó el senador que también advirtió que se trata de una crítica que involucra “a todas las gestiones”.

Los senadores del peronismo, tanto de Lealtad como del Nes, sumaron aportes y exposiciones en sus bancas a favor de la iniciativa que recibió cambios en la comisión de Salud que preside un médico, Hugo Sosa (PJ-Nes-Vera). Los otros colegas de la Cámara alta también aportaron al articulado y hablaron en el recinto. Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) subrayó las virtudes de la iniciativa y explicó que sobre la base de la estadística de los efectores públicos más los criterios científicos aplicables a la población a atender se pueden adelantar las necesidades que de medicamentos tendrá la población que no cuenta con una obra social. Y del mismo modo, Leonardo Diana (UCR-FP-San Jerónimo) explicó que el derecho al acceso al medicamento se sostiene con políticas públicas que pueden cambiar la realidad que hoy sufre un amplio sector de la población.

A las palabras de los nombrados se sumaron las de Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) como jefe del bloque Juan Domingo Perón, del presidente provisional de la Cámara, Rubén Pirola del mismo sector (PJ-Nes-Las Colonias) y con idénticos elogios, el jefe de la bancada del radicalismo, Lisandro Enrico (UCR-General López).

Para Michlig “el proyecto que hoy traemos a tratamiento tiene una gran importancia, no solo por la dimensión de sus virtudes generales sino también por la amplitud de los impactos positivos que posee. En términos sintéticos podemos decir que se trata de procurar garantizar en los hechos un derecho esencialísimo que, si bien hoy se encuentra reconocido normativamente, su logro no es alcanzado íntegramente y la parte que es concretada lo es con baja eficiencia”.

La iniciativa fue presentada como “un salto en términos de efectividad prestacional, calidad de servicio, eficiencia de gestión y conducción estratégica por las autoridades de gobierno”.

Comprar medicamentos desde un centro único que “provea a los usuarios de una forma descentralizada a través del efector que corresponda” convertiría en “una combinación inteligente entre las virtudes de la centralización y la descentralización”.