Eclipsada por el debate que generó la sanción de reformas profundas al Código Procesal Penal de la Provincia, se sancionó también el miércoles 27 una ley de "gobernanza de datos y Acceso a la Información Pública" que pretende mejorar procesos internos de la administración del Estado para quitarle al ciudadano la pesada carga de su ineficiencia burocrática.

Es curioso, un término del español antiguo que era usado como un simple sinónimo de "gobierno", bajo rimbombantes parrafadas cortesanas, hoy titula la norma que ya había sancionado por unanimidad Diputados y completó esta semana, con igual consenso, el Senado Provincial.

Es lógico, la sanción definitiva y su comunicación al Poder Ejecutivo mereció bastantes menos discursos en las bancas que la urgencia de la inseguridad y el nuevo paquete de medidas para dar más poder a jueces, fiscales y policías. Pero la otra ley que salió en un día y horarios poco habituales merece más reflexiones.

"Gobernanza" se impuso a la horrible "gobernancia", de acuerdo con una explicación disponible en Fundéu, la Fundación del Español Urgente. Se recuperó un término que había caído en desuso y su nuevo empleo proviene de la necesidad de traducir del inglés a "governance" que en esa lengua siempre fue asociada a la forma como el Estado desarrolla sus procesos administrativos respecto de los ciudadanos (o súbditos).

El renacer de "gobernanza" parece atado al de la comunidad europea que requirió, además de unificar moneda y fronteras, ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras. Esa fue la opción que impuso la Unión Europea y luego aceptaron organismos como la ONU, todo en este milenio.

La Legislatura tuvo un agitado miércoles con la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal entre otras cosas.

Sucedió en 2001 su incorporación al Diccionario Académico de la RAE, acota la misma fuente. Y precisa que es el "arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía".

La llegada del radicalismo a la Casa Gris tras 60 años, en el marco de una alianza con socialistas y macristas, también trae nuevas expresiones y conceptos sobre qué debe ser y hacer el sector público provincial, aún en medio de la agenda de la crisis de la inseguridad que el gobernador ha decidido no esquivar y ciertamente tapa todo.

En términos sencillos, la ley obliga a procedimientos menos problemáticos para la población a la hora de requerir información. Habrá una "gobernanza" de los datos del Estado cuando sus oficinas sepan no molestar al ciudadano con la búsqueda de datos que ya están en la propia administración. Cuando no sea quien realiza un trámite quien deba llevar información personal que ya el sector público tiene, pero en otra oficina.

Las empresas prestatarias de los servicios públicos han buscado adelantarse a esos criterios que ahora serán obligatorios, por ejemplo al no obligar a los usuarios de la Epe a llevar lo imprescindible (fotocopia de su contrato de alquiler o de su condición del propietario del inmueble) para pedir el alta e instalar un comercio. Los demás datos ya constan en sus bases de datos o en las de, por ejemplo, el Registro Civil o el de la Propiedad. Pero los ejemplos por la contraria son todavía abundantes.

La contracara del concepto de gobernanza es el de la dictadura del burócrata. El de los expedientes que se nutren del trabajo de los propios interesados, que en ciertas ocasiones incluso deben ocuparse de que avancen y consigan, uno a uno, los sellos y las firmas necesarias para su pase a otro despacho. Lo kafkiano, por cierto, tiene su cúspide en el Poder Judicial. Lo atestiguan juicios de herederos que terminan por recibir migajas de sus familiares perdidos, porque los fondos en los bancos quedaron paralizados tras un deceso en medio de la inflación. (La Legislatura se pondrá ahora a estudiar la reforma en otros fueros, luego del penal, para hacer más eficientes sus interminables juicios civiles).

Es positivo que el Estado aprenda de las empresas, que cada vez que pueden simplifican lo administrativo, para mejorar costos (los bancos lo hacen al precio de dañar la seguridad de los ahorristas). La eficiencia no tergiversa el concepto de servicio público ni del Estado presente o "amigable" como se señalaba en administraciones anteriores.

La ley de Gobernanza y su teoría parecen el producto de los avances tecnológicos. No es así. En papel o en bases de datos digitalizadas, con conocimientos administrativos o con inteligencia artificial, siempre el Estado contó con esos datos que obliga a los ciudadanos a buscar. El desarrollo de las ciencias y tecnologías facilita los procesos administrativos, pero lo cierto es que el sector público pudo ser mejor desde hace décadas y, por ejemplo, no pedir dos veces lo mismo por distintas ventanillas.

El gobierno nacional enviaría al Senado los pliegos para cubrir los cargos de unos 70 jueces, fiscales y defensores federales. La medida abarcaría cerca de una tercera parte de las vacantes existentes, luego de la decisión de retirar en diciembre pasado los 62 pliegos que Alberto Fernández había remitido; incluyendo a Daniel Rafecas como procurador de la Corte, puesto que en esta tanda no estaría contemplado.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, actualmente hay un total de 283 vacantes, de las cuales 176 tienen concursos en trámite, 19 están para acumular o sortear, 86 ya están con ternas en manos del Poder Ejecutivo y 2 tienen pliegos en el Senado.

Cabe apuntar que esa cantidad de cargos sin cubrir, de jueces, fiscales y defensores, representa un 28 %, pero que ese total ascendió a 1002 puestos el año pasado, luego de la aprobación de la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que incorpora 27 cargos de fiscales, 14 de jueces y 9 defensores.

Esas vacantes incluyen 20 cargos correspondientes a la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que abarca la provincia y se extiende hasta San Nicolás, sobre un total de 42. Corresponden a la propia Cámara, y a cargos en Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Consultado por El Litoral, el consejero de la Magistratura, Miguel Piedecasas, consideró "una muy buena noticia" que el Poder Ejecutivo Nacional avance con el envío de pliegos, con la expectativa de que entre ellos esté comprendida la jurisdicción de nuestra provincia. Al respecto, cabe apuntar que entre los retirados había solamente uno, el de Daniel Alonso para la Cámara Federal de Rosario.

En tanto, Piedecasas señaló que el Consejo está avanzando con los trámites referidos a los nuevos cargos creados por la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe. "La primera de las evaluaciones se tomó en diciembre (precisamente, en la capital santafesina, en dependencias de la UNL) y está en etapa de corrección y evaluación de antecedentes y de la prueba de oposición". Para los otros dos juzgados, las pruebas se tomarían entre marzo y abril.

Con respecto a los concursos en trámite, otra de las novedades es que se fijó el 21 de marzo para tomar las entrevistas para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Más allá de lo cual Piedecasas expresó sus expectativas de que este año "tengamos una mayor cantidad de producción de ternas por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, y ojalá el Poder Ejecutivo Nacional siga con la decisión de enviar lo más rápidamente posible los pliegos al Senado de la Nación para que obtengan los acuerdos respectivos".

Precisamente, desde que se resolvió retirar los pliegos del anterior gobierno, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, inició una ronda de consultas con jueces, camaristas y representantes de la abogacía, e incluso mantuvo algunas entrevistas con candidatos, para confeccionar la nómina que luego puso a consideración del presidente Javier Milei, conforme publica La Nación.

El mecanismo para nombrar a un juez consiste en que el Consejo de la Magistratura realiza un concurso. Tras la corrección de los exámenes escritos hay una audiencia oral y luego se elabora un orden de mérito de los candidatos. La comisión de selección eleva al pleno del Consejo una o varias ternas de candidatos para cada cargo y se vota. Si cuenta con los dos tercios de los votos, la terna va al Poder Ejecutivo.

La etapa siguiente es que el Presidente o el ministro de Justicia eligen a uno de la terna y envían su pliego al Senado. Para convertirse en juez debe contar con el voto mayoritario de los senadores. Ya con el acuerdo del Senado, el Presidente lo designa por decreto.

En este caso, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel cuentan con solo siete senadores de 72 integrantes que tiene la Cámara alta, con lo que deberá negociar con el resto de los bloques para obtener la mayoría. Ello obligará a repartir los cargos entre los candidatos favoritos de cada bloque.

La situación se plantea luego de que, como se apuntara, el gobierno de Alberto Fernández dejó sin tratar 62 pliegos en el Senado, incluido el de su candidato a procurador Daniel Rafecas. A los dos días de la asunción de Milei como presidente mandó a retirar todos esos pliegos. Eran candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que nunca fueron tratados en la Cámara alta.

Pero en rigor esos pliegos no fueron efectivamente retirados, porque el Senado nunca se reunió desde que asumió el nuevo Gobierno. Por eso la primera medida que pretende tomar el oficialismo en la primera sesión del cuerpo es efectivizar el retiro de los pliegos anteriores y enviar esos nuevos pliegos, en algunos casos con los mismos nombres.

El retiro de los pliegos no es automático, sino que debe ser votado en el recinto. Eso va a ocurrir cuando se convoque a sesiones. Y para retirar los pliegos, el Gobierno va a necesitar una mayoría, que le puede costar conseguir si es que el kirchnerismo insiste con sus candidatos.

Se trata de 29 pliegos de jueces, nueve vocales de Cámara, 10 fiscales del Ministerio Público Fiscal y 14 defensores del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.

La cantidad de cargos sin cubrir, de jueces, fiscales y defensores, representa un 28 %, pero que ese total ascendió a 1002 puestos el año pasado, luego de la aprobación de la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que incorpora 27 cargos de fiscales, 14 de jueces y 9 defensores.

Las vacantes incluyen 20 cargos correspondientes a la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que abarca la provincia y se extiende hasta San Nicolás, sobre un total de 42. Corresponden a la propia Cámara, y a cargos en Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

“No es que me haya transformado en un senador del oficialismo”, bromeó Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) para pedir el tratamiento sobre tablas de un veto propositivo del Poder Ejecutivo Provincial para cambiar la llamada Ley de Ficha Limpia que fuera aprobada por la Legislatura santafesina.

El Senado santafesino, siempre por unanimidad, trató sobre tablas y aprobó la nueva versión normativa impulsada por el gobernador Omar Perotti, que logró el acuerdo de los opositores con el oficialismo en la Cámara alta provincial.

La broma del norteño reflejó también el clima de acuerdos entre los bloques del Senado que permitió cerrar el año sin tensiones. Hasta los pedidos de los sobre tablas se los dividieron: fue para un radical el correspondiente al veto propositivo, para un peronista del NES (Armando Traferri) el pedido de tratamiento expreso para sostener en poder de los trabajadores los bienes de la fábrica de jugos y aguas Naranpol y para otro compañero de Lealtad (Alcides Calvo) lo mismo respecto del nuevo régimen de ayudas estatales al campo ante factores climáticos adversos.

La norma ratificada por el Senado según la versión que impulsó el gobierno cambia algunos aspectos del expediente que habían iniciado en Felipe Michlig en el Senado y Ximena Sola y Alejandro Boscarol en Diputados.

Se aceptaron las enmiendas porque se mantiene lo principal: si lo mismo ocurre en Diputados se impedirá presentarse a cargos públicos electivos a personas con condena por delitos de corrupción, delitos por violencia de género y delitos contra la libertad, entre otras prohibiciones.

“Consideramos oportuno aceptar el veto propositivo a fin de otorgar más plazo al momento de la presentación por parte de los candidatos de los nuevos requisitos establecidos con la nueva ley de Ficha limpia N° 14180”, dijo Michlig.

La propuesta establecida en el veto “nos parece conveniente, ya que estaremos otorgando un plazo más razonable al momento de la presentación del certificado de antecedentes penales, que pasa a ser ‘al momento de la presentación de las adhesiones’, tal cual lo refiere el artículo 5 de la ley que regula el proceso electoral provincial”, indicó el radical.