Mauro L. Muñoz

La sesión ordinaria de este miércoles en el Senado de la Nación, convocada en principio para dar ingreso a pliegos y votar acuerdos internacionales, terminó convertida en una escena política sobre la memoria.

En ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, se votó una resolución en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y ratificar el compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia. El resultado fue contundente: 49 votos a favor y 20 abstenciones, todas de La Libertad Avanza.

En el medio, además, se colaron durísimas acusaciones del peronismo contra Javier Milei por el caso Libra y una defensa cerrada de Patricia Bullrich, que volvió a quedar en el centro de la estrategia libertaria en el Senado.

La disputa legislativa comenzó a las 17.15, cuando Eduardo “Wado” De Pedro planteó una moción de preferencia para tratar sobre tablas el proyecto de declaración. El oficialismo aceptó que el tema fuera abordado al final de la jornada, pero ahí empezó el problema. Porque lo que parecía un acuerdo mínimo duró poco: enseguida surgieron diferencias sobre la redacción final del texto, y eso empantanó la sesión durante varias horas.

El proyecto había sido presentado ese mismo miércoles, poco antes del inicio de la sesión, y el aval para tratarlo contó incluso con el visto bueno inicial de Patricia Bullrich. Según se reconstruyó en el recinto, la jefa del bloque libertario miró a los suyos y ordenó: “votamos a favor”. Pero de inmediato introdujo una condición. La Libertad Avanza acompañaría siempre y cuando la redacción “sea objetiva”.

Ahí se trabó todo. La versión original del texto, defendida por De Pedro y el peronismo, repudiaba al “terrorismo de Estado”. La contrapropuesta del oficialismo buscaba reemplazar esa formulación por otra más amplia y, a tono con su posición política, proponía “condenar cualquier tipo de violencia plasmado en el concepto del Nunca Más”. No hubo punto de encuentro. Ni matiz que alcanzara. Nada.

La discusión, entonces, se corrió del contenido simbólico de la resolución hacia una pelea de fondo por el sentido mismo del pronunciamiento. De un lado, el peronismo se plantó sobre la redacción original. Del otro, el oficialismo quiso forzar una reescritura que desdibujara la referencia explícita al terrorismo de Estado. Y el Senado, que a veces avanza a reglamento y otras veces a puro reflejo político, entró en una zona de tensión abierta.

El resultado de la votación.

Sin acuerdo para imponer los cambios, Bullrich salió a buscar respaldo entre los bloques aliados. No lo consiguió. Y cuando en La Libertad Avanza advirtieron que se asomaba una derrota legislativa, la reacción fue otra: intentaron quebrar el quórum. La jefa de bancada alentó a los integrantes de su bloque a dejar el recinto para frenar la votación. Pero no prosperó.

La maniobra quedó a mitad de camino porque el resto de las bancadas no acompañó la retirada. Los libertarios amagaron con levantarse, pero quedaron solos. Sin eco. Sin arrastre. Y terminaron retrocediendo sobre sus pasos. Esa secuencia, más allá del resultado puntual, expuso el límite político del oficialismo en la Cámara alta: puede tensar, puede dilatar, puede intentar reescribir, pero no siempre puede ordenar al resto del cuerpo detrás de su estrategia.

Villarruel presidió gran parte de la sesión. Foto: HCSN.

Del otro lado, el interbloque Popular apuraba a Bartolomé Abdala para que pusiera el tema a consideración del Senado. Para ese momento, además, Victoria Villarruel ya no presidía la sesión. No es un detalle menor. Porque el dato institucional coincidió con el momento de mayor fragilidad para el oficialismo: cuando hubo que definir una votación incómoda, la vicepresidenta ya no estaba en el estrado.

Finalmente, De Pedro dejó en claro que no aceptaba las modificaciones propuestas por Bullrich. Se votó el texto tal como había sido planteado desde el inicio y la resolución quedó aprobada con 49 votos afirmativos y 20 abstenciones. Todas de La Libertad Avanza. Un número que dice bastante por sí solo.

Antes de que estallara la discusión por la resolución conmemorativa, la sesión ya venía cargada de voltaje político. Durante las cuestiones de privilegio, los senadores de Unión por la Patria Martín Soria y Juliana Di Tullio apuntaron con dureza contra el presidente Javier Milei por los últimos hallazgos vinculados al caso Libra.

Soria fue tajante. Dijo que el lanzamiento de Libra, el 14 de febrero de 2025, “no fue un error” sino la expresión de “un modus operandi” del jefe de Estado. Y remató con una frase que resonó fuerte en el recinto: “Estamos en presencia de un estafador serial”. El rionegrino vinculó esa acusación con el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, del que se desprenden numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token.

Según se expuso en la sesión, en el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; con el ex jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel; y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Di Tullio endureció aún más el tono. “Este es un gobierno de estafadores”, lanzó. Y fue todavía más lejos al afirmar: “El presidente de la República Argentina es un estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”. No fue un comentario lateral. Fue una acusación política de máxima gravedad, formulada en plena sesión ordinaria y en medio de una Cámara que ya venía caliente.

La respuesta del oficialismo no tardó. Patricia Bullrich volvió a tomar la palabra y defendió a Milei con énfasis. “Nuestro presidente es absolutamente inocente”, sostuvo. Luego pidió: “La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, y acusó al peronismo de actuar con “hipocresía” al denunciar al jefe de Estado mientras, según señaló, tiene a su líder Cristina Kirchner presa con condena firme.

Ese cruce sumó otra capa de conflicto a una jornada ya marcada por las tensiones. Porque el Senado no sólo discutió pliegos ni acuerdos internacionales. Discutió, también, el modo en que el poder político se para frente a su propia memoria reciente y la forma en que oficialismo y oposición eligen librar sus batallas en el recinto.

En esa trama, la votación por la resolución en conmemoración de los 50 años del golpe terminó siendo mucho más que un punto del orden del día. Fue una prueba de fuerzas. Una pulseada por el lenguaje, por la interpretación histórica y por la capacidad de construir mayoría cuando el oficialismo no tiene cómo cerrar la puerta. Y esta vez, no pudo.

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Senadores de la Nación desarrolla este viernes la sesión extraordinaria cuyo eje está puesto en el proyecto de Presupuesto 2026 que tiene media sanción de Diputados. Además está en el temario la ley de Principio de Inocencia Fiscal .

El quorum se alcanzó sin inconvenientes durante el mediodía. Luego de las cuestiones de privilegio, comenzó el debate sobre el proyecto Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. Se espera que la discusión se desarrolle durante toda la tarde y, en horas de la noche, se proceda a la votación.

A la hora de la votación, se determinó en el primer tramo de la sesión -ya que no hubo acuerdo en Labor Parlamentaria- que el tratamiento en particular sea por capítulos y no por artículos. Si bien el oficialismo impuso su postura, el peronismo rechazó este criterio ya que sostuvo que es inválido porque no obtuvieron los dos tercios de los votos.

Para el oficialismo es clave votar por capítulo para no abrir una discusión sobre el artículo 30 que deroga el artículo que establece un piso del 6% del PBI para el financiamiento de la educación, de un aumento gradual para la Ciencia y Técnica, cuestión que fue objeto de reclamos tanto de la oposición dura como de los bloques aliados.

En cuanto a los votos, La Libertad Avanza confía en que cuenta con los necesarios para completar la sanción y poder darle al gobierno el primer presupuesto de la gestión de Javier Milei. Aunque, de haber cambios, el texto deberá volver a la Cámara baja complicando el cronograma previsto para el cierre de año.

Viernes 26.12

El Presidente festejó en sus redes la sanción de la Ley de Presupuesto para el 2026 en el Senado. "Viva la libertad, carajo", escribió en su cuenta de X, en la que compartió el tablero con el resultado de la votación en general del proyecto.

Viernes 26.12

Fue con igual resultado que el proyecto en general.

Viernes 26.12

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

Ahora tratan en particular los capítulos del proyecto, con el cuestionado artículo 30 bajo la lupa. El oficialismo confía en tener los números para sancionarla como ley.

Viernes 26.12

"El equilibrio fiscal es la regla de oro. No como dogma, sino como regla moral para los ciudadanos que trabajan. Porque cuando hay superávit, los argentinos no salen corriendo porque se cae su salario. Nunca más emitir, nunca más el impuesto inflacionario", indicó la jefa de bloque de La Libertad Avanza.

"Segundo, la ayuda social, pero sin intermediación. ¡Afuera los gerentes de la pobreza! Y también la Seguridad y la Defensa", añadió. También valoró la "desregulación y transformación del Estado" y la baja de impuestos, y les pidió a las provincias y los municipios que imiten a Nación.

Viernes 26.12

El formoseño jefe de bloque del Justicialismo cuestionó el "tratamiento exprés" impulsado por el Ejecutivo y dijo que el proyecto "no tiene nada que ver" con lo que vendrá. En ese sentido, apuntó a los últimos cambios en la política cambiaria y el freno en la actividad económica: "Empezó la parábola decadente. Cae el consumo y tambien la coparticipación. Las provincias van perdiendo cada vez más la coparticipación".

Viernes 26.12

Tras la exposición de los últimos dos jefes de bloque, José Mayans por el peronismo y Patricia Bullrich por La Libertad Avanza, se procederá a la votación del proyecto de Presupuesto 2026.

Viernes 26.12

Fernando Salino, presidente del bloque Convicción Federal, adelantó el rechazo al Presupuesto de La Libertad Avanza. "Es un cuento que los gobernadores administran mal, las provincias están bien administradas y en muchos casos lo que hacen es un milagro, con un Gobierno que tiende a despedazarlas. Nosotros no participamos de esto, no vamos a admitir que esta sea la ecuación: que las provincias hacen todo mal pero menos mal que como acá hacen todos bien nos salvan. Más vale nos asfixian", cuestionó Salino.

Viernes 26.12

Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR en el Senado, confirmó que apoyará el Presupuesto, pero advirtió que habrá diferencias al interior de la bancada en la votación en particular. "Este Presupuesto tiene que ser aprobado más allá de tener algunas cuestiones que necesitamos revisar, buscarlas trabajar en conjunto pero hay que avanzar hacia un presupuesto que nos permita tener un orden, una línea de trabajo", sostuvo el radical correntino.

Viernes 26.12

Juliana Di Tullio, senadora nacional de la provincia de Buenos Aires, hizo una férrea oposición al Presupuesto. "Este Presupuesto tiene una gravedad muy específica, tiene una intención en todo su articulado de demoler el Estado Nación. Eso que nos llevó tanto tiempo construir a los argentinos, desde la Independencia", señaló la referente del kirchnerismo.

"Es un Presupuesto de ajuste, que es cada vez más severo, año a año em un contexto de recesión. Parece que están en un party, en una fiesta, hacen un Presupuesto ridículo, un Presupuesto de Narnia", lanzó la senadora bonaerense.

Viernes 26.12

Florencia López, senadora nacional del peronismo por La Rioja, cuestionó en duros términos al Gobierno por el proyecto de Presupuesto a la vez que expresó mecanismos extorsivos para votar a favor del proyecto. "Yo decía que el Gobierno le paga voto a voto en el Congreso, le paga a los gobernadores para que convenza a sus legisladores, le paga a los senadores y diputados. Y todos decían: 'Oh, que desubicada la senadora'. Salgo de la comisión y los senadores me mandan la planilla de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), y en diciembre liquidaron más del 50% de los ATN, en relación a los 11 meses anteriores. ¿Por qué? Había que votar algunas leyes", lanzó López. Y concluyó: "¿No les raro que siempre, 24 horas antes de que se vote alguna ley, siempre aparecen los ATN que se transfieren justo a las provincias que acompañan a estos proyectos que perjudican tremendamente a la gente".

Viernes 26.12

La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) por Chaco Silvana Schneider se mostró a favor del Presupuesto 2026: "Hoy discutimos un Presupuesto que no es perfecto, pero que simboliza otra Argentina: una que intenta reconstruirse sobre bases sólidas, orden fiscal, previsibilidad, respeto a la ley, dignidad del trabajo y fin del apriete callejero como forma de hacer política. El esfuerzo de los argentinos durante los últimos dos años comienza a dar sus frutos".

Viernes 26.12

Carmen Álvarez Rivero, senadora por Córdoba de LLA, celebró que el Presupuesto 2026 prioriza el equilibrio fiscal como principio innegociable, respaldando la estrategia del oficialismo de ordenar las cuentas y eliminar canales discrecionales que eludían el control del Congreso.

Expresó: “Vimos como las discusiones de presupuesto, las emergencias se volvieron permanentes, transformando lo que debe ser excepcional, en regla. Eso vació en contenido el presupuesto y de control a este Congreso”.

Viernes 26.12

Flavio Fama, senador nacional de la UCR por Catamarca, se mostró alineado a su compañero de bancada, Maximiliano Abad, quien anticipó que no acompañará el capítulo 2 por el desfinanciamiento a Educación y Ciencia.

Viernes 26.12

Fernando Rejal, senador de La Rioja que integra el bloque "Convicción Federal", división del peronismo en el Senado, manifestó la oposición al Presupuesto, apalancado en el reclamo por coparticipación. "Vamos a plantear una incorporación en el Presupuesto para recuperar ese punto de coparticipación perdido hace 38 años", remarcó Rejal, que calculó 21 mil millones en doce cuotas mensuales.

Viernes 26.12

El senador de la UCR Maximiliano Abad adelantó que no votará el capítulo 2, en donde está incorporado el artículo 30, que contiene eliminación de metas del financiamiento a Educación y Ciencia. "Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo. Esto es una tesis falsa, pero fundamentalmente peligrosa porque nos pone del lado de enfrente de todos los casos de progreso en en el mundo. Para el Gobierno Nacional los modelos a seguir son Estados Unidos e Israel, EEUU invierte el 3,45% del PBI en Ciencia, e Israel por arriba del 5%", dijo.

Viernes 26.12

El senador por la Pampa Daniel Bensusánafirmó que el Presupuesto 2026 "resulta totalmente inviable" y reclamó a la administración de Javier Milei por los “montos adeudados con las provincias" reprochando al senador Ezequiel Atauche (LLA) por afirmar que deben "exigirles" a los gobiernos provinciales que "se empiecen a acomodar un poco" en materia económica.

Viernes 26.12

El senador peronista de Chaco Jorge Capitanich tuvo este viernes su primera intervención tras asumir y pidió discutir “el estancamiento” de la economía en el país. “Discutamos muy bien el tema de recursos, discutamos la composición; no sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo y para eso este recinto tiene que discutir la tendencia secular del estancamiento en la Argentina”, reclamó el ex gobernador.

Viernes 26.12

"Este Presupuesto es un punto de quiebre para nuestra historia. Por primera vez en décadas tenemos un Presupuesto sin déficit, no vamos a gastar más de lo que nos ingresa. Vamos a ordenar nuestras cuentas, vamos a hacernos cargo del sector más sensible de la sociedad y vamos a asegurarles a los argentinos un futuro mejor", enfatizó senador por La Libertad Avanza Ezequiel Atauche.

Viernes 26.12

Se discutió cómo será el tratamiento del proyecto en particular, los libertarios plantearon que fuera por capítulos, y el peronismo por artículos. Finalmente, el oficialismo logró que se apruebe tratarlo por capítulos, de forma más rápida, pero el bloque Justicialista argumentó que como había sido sin los dos tercios, la votación era ilegítima. Tras esa discusión, el libertario Ezequiel Atauche inició la exposición del nuevo presupuesto.

Viernes 26.12

El primer cruce de la tarde se dio entre la senadora Cristina López contra la titular de la vicepresidente Victoria Villarruel. La fueguina planteó una moción de privilegio contra la presidencia del Senado al referirse montado por el personal de Seguridad para quedarse con su despacho y aseguró que sufrió "agresiones físicas y tocamientos impúdicos".

"No lo hago desde lo personal ni desde el enojo sino como un reflejo con una profunda preocupación democrática. Lo que está pasando en esta Cámara es grave e intolerable. En el Senado reina el autoritarismo y el abuso de poder. Lo digo sin vueltas y de cara a usted señora presidenta (Victoria Villarruel): todo lo sucedido en este último mes es un acto de represalia política de parte suya por haber jurado por los 30 mil desaparecidos", apuntó López.

Viernes 26.12

Tras la entonación del Himno Nacional, la vicepresidente Victoria Villarruel le tomó juramento a Enzo Fullone, libertario rionegrino que reemplazó a Lorena Villaverde, que no pudo jurar su banca por las impugnaciones por sus antecedentes judiciales vinculados con una causa por narcotráfico.

Viernes 26.12

La Cámara alta logró pasadas las 12.20 el quórum necesario para iniciar la discusión del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia fiscal que propone el gobierno de Javier Milei.

(Por Ignacio Hintermeister y Mario Cáffaro) - "Hay industria del juicio en Santa Fe, mucha, y queremos bajar la litigiosidad. Trabajamos con las herramientas que tenemos y vamos a trabajar también en el Congreso Nacional para que esto pueda bajar".

Maximiliano Pullaro mantuvo una extensa charla con El Litoral, a dos años de gestión y trazando un camino para los próximos 24 meses. En el capítulo productivo de la larga entrevista (esta es una primera entrega) el gobernador de Santa Fe dejó en claro que “no podemos tener el nivel de litigiosidad que estamos teniendo”.

"Lo habíamos logrado corregir después de la adhesión que tuvimos en el año 2020 al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Y posteriormente la tasa de litigiosidad se volvió a escapar".

Señaló que "trabajamos mucho con la justicia laboral y también con muchos instrumentos para reducirla. Se corrigió un poco en el segundo semestre de este año, pero esperamos el año que viene poder tener todos los instrumentos para que la industria del juicio en Santa Fe sea similar o menor al de otras provincias".

Consultado si el convenio del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe -para la designación de peritos médicos judiciales- es una "clave" para encauzar el problema, Pullaro señaló que "es una cuestión más.

"Hay temas que tiene que corregir Nación, que se le ha pedido al ministro de justicia de la Nación que los pueda corregir. Se está trabajando con la Corte, se está trabajando también con cada una de las partes, también con los gremios de trabajadores porque en definitiva, si una empresa quiebra por un juicio laboral incorrecto, por una demanda incorrecta, también se pierden fuentes de trabajo.

"Cuando una empresa cierra por un juicio laboral -insistió- no solo pierde el empleador, sino que se pierden las fuentes de trabajo. Con lo cual vemos también un compromiso de los gremios también para corregir esto".

"Nosotros vamos a acompañar lo que entendemos que está bien, como la modernización laboral" que se discute en el Senado nacional. El mandatario santafesino estimó que "en algunos aspectos el proyecto tiene que ver con la nueva ley que se necesita, para lo que estamos viviendo en estos tiempos".

Apoyo a la modernización sin que haya "desfasajes" a favor de empresas ni gremios. La posición de Pullaro.

Respecto de un reciente encuentro con las nuevas autoridades de la CGT nacional, Pullaro reconoció que hablaron "de la ley de modernización laboral", pero aclaró que "como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en términos generales".

Sostuvo que "hubo muchas coincidencias en lo que nosotros planteábamos. Hay una sensatez muy grande en este momento de los problemas que tiene Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán mucho a los trabajadores y está bien que así sea".

Añadió que "las industrias defenderán lo suyo, las cámaras industriales o comerciales defenderán mucho más a los empresarios, y está bien que así sea. Y el parlamento encontrará el equilibrio para tener una ley que resuelva los problemas que hay hoy en la Argentina".

Pullaro dijo que los juicios laborales no son "el único causal por el cual tenemos más empleados informales que formales en Argentina. Pero no es bueno porque un juicio a una Pyme la termina tumbando. Hay distorsiones que corregir y estamos todos de acuerdo, hay que encontrar un equilibrio y para que no haya un desfasaje en contra de los trabajadores ni en contra del capital privado".

Respecto de los reclamos para que el Régimen de Inversiones para las Medianas Inversiones (el "mini RIGI" contenido en la reforma laboral) mejore la posición de industrias agroalimentarias, Pullaro dijo "es una ley que está en estudio. Santa Fe tiene una matriz productiva basada en la pequeña y mediana industria.

"Entonces, nosotros siempre vamos a estar parados defendiendo eso, defendiendo lo que somos y cuidando las fuentes de trabajo que se generan en las economías de muchas localidades, potenciando el crecimiento económico de la provincia".

El mandatario aclaró que "tenemos que trabajar juntos y a veces vemos que el gobierno nacional planifica a través de una tabla de Excel, pero no ve el impacto que tiene con las medidas en la microeconomía. Y lo que uno tiene que cuidar mucho en este momento es la microeconomía".

El gobernador recordó en otro tramo de la entrevista que "la infraestructura vial está muy mal porque Nación no ha invertido, y hubiésemos necesitado una inversión mucho más grande del gobierno central".

Un presente de El Litoral para el mandatario santafesino, a dos años del inicio de su gestión.

A manera de ejemplo mencionó un reciente siniestro vial en el cruce de las rutas 39 y la 34, recordó que allí hace falta una obra que "debió haber hecho Nación hace 40 años, que la está haciendo la provincia de Santa Fe" mientras el gobierno central "no da algunas autorizaciones" para poder avanzar.

"No solo está lo que Nación no invierte, sino que tampoco está tapando los baches o los pozos que tienen las rutas 34, la 33, la 11, la 168, la 178 y tantas rutas nacionales. No invierte en las obras que dejó inconclusas el kirchnerismo y por continuidad institucional debió hacerlo. Y no nos paga lo que nos debe".

Sostuvo Pullaro que "la inversión en obra pública de la provincia de Santa Fe -en un momento que ninguna provincia está invirtiendo en obra pública- tiene que ver con el cuidado de la microeconomía. Tiene que ver con que hay 40000 personas con empleo directo o indirecto generados en el trabajo de la obra pública. Y eso genera el sostenimiento de las economías locales".

Señaló que "cuando nosotros le damos un fondo a una comuna para hacer una vivienda, son cuatro familias sostenidas por el trabajo durante 18 meses en esa vivienda. Cuando le damos un fondo para hacer un cordón cuneta, son tres o cuatro familias por cuatro o cinco meses viviendo de eso.

"Y cuando eso lo proyectás por 365 localidades con una inversión de 1500 millones de dólares, como tuvimos el año pasado, es un efecto multiplicador que se da en la economía de la provincia. Pero fundamentalmente impacta la microeconomía, que es lo que tenemos que cuidar y nosotros vamos a cuidar mucho la microeconomía con inversiones del Estado que generen desarrollo e igualdad".

Respecto del destino -entre obras en marcha y nuevos emprendimientos- de los US$ 800 millones de financiamiento conseguidos por Santa Fe en Nueva York, Pullaro señaló que "nosotros estamos pagando entre 150.000 y 190.000 millones de certificados de obras por mes.

"Es decir que estamos teniendo un nivel de ejecución muy alto de obra pública en Santa Fe y eso lo vamos a intentar acelerar con los recursos extras que vienen".

Recordó que "tenemos para este presupuesto 1 billón 900 mil millones de pesos para obra pública. Es tres veces más de lo que había invertido la provincia en el año que más lo había hecho en la gestión de Miguel Lifschitz. En 2025 ejecutamos una inversión similar a lo que va a ser el 2026".

Respondió entonces que los nuevos recursos servirán para "acelerar esas obras con mayor flujo financiero, en el pago de certificados. Y por supuesto anunciar obras nuevas para la capital provincial, para la ciudad Rosario y para todo el resto de la provincia.

"Allí hay obras de infraestructura y en Rosario -como en el interior- más que todo son conexiones viales y desarrollo energético, que es lo que le está faltando a la provincia".

Añadió Pullaro que "tenemos que llegar a destino con los gasoductos que estamos llevando adelante. Eso tiene un costo y un tiempo muy importante, pero estamos en marcha. Después de 20 años estamos haciendo siete gasoductos en la provincia de Santa Fe".

Dijo que "una empresa, si hoy tiene gas natural, abarata el 60 y pico por ciento del costo energético, que le impacta un 18% en el costo total del producto final. Eso significa que vende más barato, que puede exportar más. ¿Y por dónde va a exportar? Por los aeropuertos y los puertos de acá. Eso es tomar más gente que va a consumir más en su localidad y va a fortalecer el comercio".

Repasó que los gasoductos son parte de un mismo esquema que se suma a "infraestructura vial y conectividad digital, a puertos y aeropuertos. Teniendo esa infraestructura en condiciones, la provincia baja sus costos logísticos y al bajar sus costos logísticos baja los costos productivos y logra generar mayor empleo en Santa Fe".

Consultado se concesionará a un gerenciador privado la gestión del puerto de Santa Fe, Pullaro respondió que "estamos trabajando. El nuevo presidente (del Ente Administrador, Leandro González) le está dando una impronta muy grande.

El mandatario no descartó, ante la consulta, la posibilidad de concesionar el puerto santafesino.

"Queremos -subrayó- que sea un puerto productivo. Y cada inversión que se hace también en el ámbito del puerto, cada dólar que se paga por metro cuadrado, tiene que ir a inversiones de carácter netamente productivas. Porque hoy gobernar es generar empleo y generar trabajo".

El mandatario remarcó que "en el puerto de Santa Fe, durante muchos años, no hubo una rectoría de política pública que le dé un norte o que intente encontrar el lugar adonde tenía que ir. Tal vez hubo una mirada de desarrollo diferente a la que yo tengo en este momento.

"El desarrollo urbano -dijo- tiene que ir asociado al desarrollo productivo y cada recurso que se junta en el desarrollo urbano del puerto y que paga por metro cuadrado, tiene que ir asociado al desarrollo productivo. Y eso durante años no pasó. No es una crítica, es una mirada distinta".

Mauro L. Muñoz

Otra semana compleja para el oficialismo en el Congreso. El primer traspié fue ayer en la sesión en Diputados, donde no pudo sostener el veto en Discapacidad y con esfuerzo lo hizo en jubilaciones. El segundo ocurrió este jueves, con un nuevo revés de parte del Senado con la derogación de decretos desregulatorios del presidente Javier Milei.

La sesión fue encabezada por la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Minutos después de las once, el quórum se consiguió con la presencia de 40 senadores de los bloques de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y La Libertad Avanza.

En el inicio de la sesión, el cuerpo trató expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo vinculados a militares. Fue a través de 69 votos afirmativos que se sancionó, en general, los pedidos de ascensos para personal de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina.

La sesión fue presidida por Victoria Villarruel.

Al continuar con el temario, la oposición logró rechazar cuatro decretos desregulatorios del presidente Milei oficializadas en la última semana de sus facultades delegadas que disolvían organismos nacionales. De esta manera, el Presidente ya no podrá volver a tomar esa medida este año. Lo propio ocurrió con el DNU que incluía nuevas actividades bajo la caracterización de esenciales e incluía la categoría de trascendentales para más servicios.

La sesión siguió con el temario acordado en labor parlamentaria que incluía dos proyectos con media sanción de Diputados que, de aprobarse, se convertirán en ley: el de financiamiento universitario, que establece una actualización retroactiva del presupuesto desde enero y recomposición salarial para docentes y no docentes; y la declaración de la emergencia pediátrica, que hace eje en el funcionamiento del Hospital Garrahan, que prevé refuerzo de fondos, mejoras salariales y facilidades para la compra de insumos y medicamentos

El primero en rechazarse fue el Decreto 462/25 con votos 60 en contra 10 a favor y 1 abstención, que disolvía de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; y transformaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

El segundo en rechazarse fue el Decreto 345/25 por 57 votos en contra, 13 afirmativos y 1 abstención, que ordenaba la disolución del Instituto Nacional del Teatro, la fusión del Instituto Yrigoyeneano y el de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y la degradación de instituciones como el Instituto Sanmartiniano, el de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Amplio acuerdo opositor para derogar los decretos de Milei.

El tercero en ser rechazado fue el Decreto 351/25 por 58 votos negativos, 12 afirmativos y 1 abstención, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El cuarto rechazo fue el DNU 340/25 por 55 votos en contra, 13 a favor y 3 abstenciones, que disponía la desregulación de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad, que en los artículos 2 y 3 imponía restricciones al derecho de huelga en actividades consideradas como servicios esenciales y trascendentales.

El quinto en ser rechazado fue el Decreto 461/25 por 60 votos negativos, 10 positivos y 1 abstención, que modificaba organismos de la Secretaría de Transporte y disolvía Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, promoviendo una reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Durante su intervención por los decretos de facultades delegadas, la senadora Juliana Di Tullio fustigó a Javier Milei: "Yo estoy segura de que el Presidente quiere suprimir el funcionamiento del Congreso nacional", apuntó y dijo que "si nosotros cedemos el poder, estamos desamparando a los argentinos y argentinas".

José Mayans apuntó duramente contra Milei. Foto: HCSN.

Luego, hizo lo propio el jefe de bancada del Frente Nacional y Popular, José Mayans, con fuertes críticas contra el presidente libertario al que trató de "estúpido" en más de una ocasión y "un corrupto que le dice que no a jubilados y discapacitados mientras coimea con medicamentos y libra". Luego extendió los cuestionamientos a los principales funcionarios de su gabinete como Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich: "Esos infelices volvieron otra vez para hacer un desastre peor".

Previamente, durante la mañana, Milei había criticado con dureza el funcionamiento del Congreso, luego de que este miércoles Diputados lograra el rechazo al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad y este jueves el Senado trate una serie de decretos que desregulan organismos nacionales.

“No vamos a negociar nuestros valores, no vamos a entregar el futuro de los argentinos a este conjunto de psicópatas”, había dicho en el Council de las Américas. Y agregó que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo", ya que "solo responde a sus propios intereses".

Tras el rechazo del Senado Nacional a su pliego, el juez designado por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia renunció de forma indeclinable al cargo, según se desprende de una carta presentada este lunes y dirigida al propio mandatario, en la que expresa duras críticas al funcionamiento actual del máximo tribunal.

El momento de la jura ante quienes integran el máximo tribunal.

En la misiva el magistrado, designado por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, fundamentó su decisión en “la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”.

García Mansilla junto a Lorenzetti en la apertura de sesiones pasada. Crédito: Reuters.

El juez sostuvo que el tribunal viene funcionando desde diciembre con solo tres miembros, situación que consideró “sorprendente” y que agravó la parálisis judicial. “A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, expresó.

El pliego de García-Mansilla fue rechazado en el Senado

Además, el ahora exintegrante del tribunal advirtió sobre la “falsa creencia de que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces”, lo cual calificó como un “espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”.

“El funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte”, señaló. Y advirtió que la lentitud “afecta en concreto la actividad del Tribunal y, fundamentalmente, la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión”.

El gobierno de Javier Milei es el primero al que le rechazan en el Senado Nacional un candidato propuesto para juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En realidad fueron dos rechazos en la misma sesión.

Fue lo que ocurrió este jueves cuando la Cámara alta votó en contra, por amplia mayoría, los nombres de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, propuestos por el Ejecutivo para integrar el máximo órgano de Justicia de la Nación. Ambos habían sido nombrados, además, por decreto y uno de ellos, García-Mansilla, ya había jurado como miembro del máximo tribunal.

Es un hito en la carrera presidencial del libertario Javier Milei. Pero no es la única "primera vez" en su tensa relación con el Congreso nacional. En septiembre de 2024 fue el primer presidente al que el rechazaron un decreto de necesidad y urgencia: es el caso del DNU 656 que establecía fondos reservados para la SIDE. Aquella disposición no pasó el filtro del Poder Legislativo.

El Presidente Javier Milei en su primer discurso como Presidente, de espaldas al Congreso Nacional.

Volviendo al rechazo de los pliegos para jueces de la Corte y mientras se redefine el panorama de García-Mansilla, quien juró como su cuarto integrante a fines de febrero pero obtuvo este jueves el rechazo de 51 senadores, es interesante analizar cómo se tramitaron situaciones similares en años anteriores.

Aquí vale una aclaración: no siempre los pliegos enviados por el Ejecutivo tuvieron apoyo en el Congreso; en todo caso, sin un consenso garantizado, fueron retirados a tiempo, antes de que el intento se materialice en derrota.

Otro detalle: tampoco es la primera vez que dos jueces de la Corte son designados en comisión por el Presidente de la Nación: lo fueron también Horacio Rosatti (actual presidente del máximo tribunal) y Carlos Rosenkrantz. Ambos fueron nombrados por Mauricio Macri pero obtuvieron luego un amplio apoyo en el Senado. Y asumieron en sus cargos recién después de cumplida esa instancia.

El sitio especializado Parlamentario.com hace un repaso de escenarios similares que tuvieron una resolución, cuanto menos, decorosa.

En primer lugar, alude a Daniel Reposo, propuesto por Cristina Fernández de Kirchner para el cargo de procurador general de la Nación en reemplazo de Esteban Righi, quien renunció en 2012.

Reposo fue el elegido para reemplazarlo, pero su nombramiento no prosperó luego de que se detectaran errores en su currículum. Con la certeza de que no tendría aval del Senado, Fernández de Kirchner decidió retirar el pliego y propuso a Alejandra Gils Carbó, que sí consiguió con holgura los dos tercios necesarios.

Más tarde Gils Carbó se revelaría demasiado alineada con el Gobierno kirchnerista, por lo que cuando asumió Mauricio Macri en 2015 comenzó a reclamar su renuncia, la que se materializó cuando Cambiemos ganó las elecciones intermedias. En su reemplazo fue propuesta Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego fue luego retirado luego de que Macri perdiera las elecciones, explica el mismo sitio.

Alberto Fernández propuso como procurador general al juez federal Daniel Rafecas, pero el kirchnerismo frenó el tratamiento de ese pliego durante los cuatro años de gestión de esa administración, y su designación se extinguió sin ser considerada nunca en la Comisión de Acuerdos.

En el caso de la Corte Suprema, cuando Eugenio Zaffaroni renunció a su cargo por haber cumplido la edad límite aceptada por la Constitución, Cristina Kirchner propuso nombrar en su reemplazo a Roberto Manuel Carlés, postulación que elevó el 28 de enero de 2015, último año de gestión de una presidenta que no tenía posibilidad de reelección: 28 integrantes del Senado de la a oposición firmaron un compromiso para no otorgar la aprobación de ese ni ningún otro candidato que postulara la entonces mandataria nacional.

Imagen ilustrativa. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Crédito: Fernando Nicola

Igual, Carlés participó el 31 de marzo de 2015 de una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que emitió dictamen favorable. Como el pliego quedó inmovilizado, poco antes de las elecciones presidenciales de octubre el Gobierno retiró la postulación, y envió al Senado otros dos postulantes: Eugenio Carlos Sarrabayrouse, para cubrir la vacante de Zaffaroni, y Domingo Juan Sesín, por la vacante que a fin de año dejaría Carlos Fayt al jubilarse. Fueron candidaturas testimoniales: el Senado aprobó el ingreso de esos pliegos tres días antes de que Macri ganara el balotaje, y fueron retirados cuando el Gobierno de Cambiemos asumió. Los reemplazó por los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados originalmente en comisión, pero luego aprobados por el Senado por 60 y 58 votos a favor, más de los dos tercios necesarios.

A ambos debut de la actual gestión nacional en su vínculo con el Congreso, se suma otra novedad. El mandatario nacional inauguró la modalidad de reconducir el Presupuesto por dos años consecutivos.

En efecto, la hoja de ruta de los gastos y recursos, como se define a la "ley de leyes" es la misma que las Cámaras legislativas le aprobaron al gobierno de Alberto Fernández en 2023.

Sin impulsar un nuevo proyecto, aquel Presupuesto siguió vigente en 2024 y sigue en pie todavía para este año, a pesar de la presentación hecha por el propio Milei (otra primera vez en que un Presidente expone el Presupuesto ante el Congreso) en cadena nacional y en horario central del último domingo 15 de septiembre. Una decisión inédita que vuelve una y otra vez al debate de las Cámaras en forma de reclamo de la oposición, incluso la denominada "amigable", pero que sigue sin resolución.

La senadora nacional santafesina Carolina Losada sigue manteniendo el cuestionamiento a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y calificó como "decisión acertada" la del tribunal supremo de no tomarle juramento mientras no renuncie al cargo de juez federal.

Cómo está el debate en el Senado sobre los dos pliegos a la Corte mientras asoma ya en el Congreso el análisis del posible acuerdo del gobierno con el FMI.

Parte de la conversación con Losada quien visitó el nuevo edificio de diario El Litoral.

"Mi posición respecto del pliego de Lijo es más que pública". Créditos: Melina Gaido

- Celebro la decisión de la Corte. Me parece que es una decisión acertada que tiene que ver con los fallos que ha tenido anteriormente sobre la materia. Una persona, un juez, no puede estar en dos instancias al mismo tiempo. Si tomara una licencia sería para no perder un laburito mientras ve si puede enganchar algo mejor. Éticamente no corresponde.

Mi posición respecto del pliego de Lijo es más que pública. Estoy en contra de que una persona que no es idónea, ni tampoco cumple con la ejemplaridad pueda ser juez.

Hay muchas razones: Tiene uno de los juzgados más lentos de Comodoro Py, si no es el más lento. Hay causas como la de YPF que tienen más de 16 años donde no la llevó a una instancia superior ni tampoco excusó a los imputados, nada. O sea, en YPF, para Lijo, no pasó nada.

Hay un montón de causas no resueltas y tiene denuncias tanto por mal desempeño como por corrupción. Cuando estuvo en la audiencia en el Senado hizo agua en cada cosa que le preguntamos. Le pregunté sobre el tema género -estoy convencida que a la Corte debe ingresar una mujer- también hizo agua, dijo que había hecho cursos de género.

En esa audiencia hizo agua por todos lados, todo lo que le preguntábamos no lo contestaba satisfactoriamente. En un momento dijo que iba a ser el representante de la justicia federal en la Corte, cuando esa no es la función de la Corte.

No necesitamos un representante de la justicia federal o de Comodoro Py en la Corte. Necesitamos jueces idóneos y ejemplares que sepan resguardar la Constitución nacional, que es lo más importante.

- ¿A García Mansilla lo votaría?

- Tenía un excelente concepto respecto a García Mansilla. No solamente por lo que fue la audiencia en el Senado donde fue super sólido, sino por todo lo que tiene que ver con su carrera hasta el momento. Gente de la justicia admite que García Mansilla es impecable.

Por eso me deba votarlo a favor. Cuando asumió en comisión en la Corte, me decepcionó un poco porque durante la audiencia había dicho que no estaba de acuerdo con esa forma de asumir.

Me quedé con dudas. Ahora me pareció muy correcto lo que hizo votando en contra de que Lijo se pueda tomar esa licencia para poder ingresar en la Corte. Su voto fue importante porque estamos hablando de que hay cuatro jueces en la Corte y además fue contrario a la voluntad del gobierno que lo propuso.

Él está pendiente de un hilo porque si no lo vota el Senado se va a su casa. Me pareció una actitud valiente y mostró que para él fue importante lo que creía y sus valores. Esto cuenta a favor en la balanza.

- Explique porqué el Senado tuvo los pliegos y no los votó y habilitó al Poder Ejecutivo a dictar el decreto de nombramiento de ambos.

- No es como dice el gobierno que durante once meses tuvimos dormidos los pliegos y no pasó nada. La Constitución Nacional pide mayorías especiales, considera que es tan importante un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pide mayorías difíciles de conseguir.

Esas mayorías en el Senado no estaban ni para tumbarlos ni para aprobarlos. Estábamos en una situación que parecía inmóvil desde otros lugares. La realidad es que no estábamos inmóviles, no se conseguían las mayorías necesarias.

"En mí no existe ninguna posibilidad de negociación con Lijo". Créditos: Melina Gaido

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación es tan importante como para que la Constitución Nacional aplique mayorías especiales -dos tercios, o sea, cada tres senadores dos lo tienen que votar en positivo- me parece que es totalmente desatinado nombrarlos en comisión, más allá de que pueda ser constitucional.

Va por el borde de la institucionalidad porque fue justo tres días antes de que comiencen las Sesiones Ordinarias del Congreso donde se lo podía seguir tratando. No estuve de acuerdo con esa decisión del Ejecutivo.

- ¿Es imposible dialogar entre el Senado y el Poder Ejecutivo en determinados temas como la integración de la Corte?

- En mí no existe ninguna posibilidad de negociación con Lijo. Es una cuestión moral, una cuestión de valores. Quizás en otros espacios había algunos pares que estaban más dispuestos a negociar y no hubo la suficiente cintura política de parte del gobierno como para que eso suceda. Tenemos personas con las que hablamos del gobierno, que son las articuladores con el Senado.

Hablamos de las leyes que quiere el gobierno. En este caso quizás no alcanzó y si no alcanzó es porque no había la suficiente certeza ni para un lado, ni para el otro. Por eso no se llegó a ningún lugar. No es que quedó en un cajoncito olvidado. Es un tema vigente, es un tema super vigente.

- ¿Qué imagen le dejó el acto de apertura de sesiones del primero de marzo en el Congreso?

- El presidente dio un discurso habitual donde se hace un balance de los puntos a resaltar, de lo que va a venir. Las leyes que mandará el Ejecutivo, de la baja de edad de imputabilidad, del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estuvo bien el discurso, después se vio empañado por todo lo que sucedió más tarde.

- ¿Pero hubo un vacío en el Congreso?

- Yo fui. Fui porque me parecía que lo institucionalmente correcto era ir. Alguno puede estar enojado, alguno puede pensar distinto; no me importa lo que piense cada uno. Hay que actuar como corresponde y es lo que hice.

Es cierto que algunos senadores no podían ir porque tenían actividades en sus provincias como, por ejemplo en la provincia de Corrientes, las sesiones ordinarias empezaban también en ese mismo momento.

Radicales éramos bastantes, igual del Pro, obviamente de la Libertad Avanza, de otros partidos. Que no haya ido nadie del kirchnerismo era raro, pero es una decisión que ellos toman.

No son los reyes de la institucionalidad, sino más bien todo lo contrario, ahora de repente parece que les importara la República, de repente les importa la institucionalidad que nunca han respetado. El kirchnerismo, ni la República ni la institucionalidad respetó cuando fue gobierno.

El Senado aprobó este jueves el proyecto Juicio en Ausencia y lo convirtió en ley con 45 votos afirmativos, 22 negativos y cero abstenciones. De esta manera, los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que provocó 85 muertos y 300 heridos, podrán ser juzgados sin estar presentes en la Argentina.

Fue apoyado por el pleno de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y una porción del kirchnerismo, que profundizó su crisis interna y otro desaire a la ex presidenta Cristina Kirchner, involucrada en la causa por el Memorándum con Irán.

Entre los kirchneristas que acompañaron el proyecto resaltan los apellidos de: los santiagueños José Emilio Neder y Gerardo Montenegro, Lucia Corpacci (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Carolina Moisés (Jujuy) y los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza.

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa modifica la legislación procesal penal para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no se presenta.

Es una herramienta que se aplicará en casos donde el acusado haya sido declarado en rebeldía por el juez tras no comparecer ante el tribunal, ausentarse de su domicilio sin justificación o fugarse de su lugar de detención.

A su vez, determina que el imputado tendrá derecho a hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial, siempre que eso no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso.

El senador Oscar Parrilli (Neuquén), que fue uno de los que rechazó proyecto, sostuvo que la aprobación no cerrará las heridas, sino que "las va a profundizar". "En todo caso, lo que se va a hacer es dejar una sensación de que en la Argentina lo que hacemos es esconder debajo de la alfombra los problemas que tenemos", agregó.

"Queremos decir 'con esto se termina y no hablemos más; y no se va a terminar la historia con esta ley porque la deuda que tenemos los argentinos y la Justicia es buscar a los verdaderos responsables. Con esta ley no lo vamos a solucionar", reflexionó una de las voces principales de Cristina Kirchner en el Senado.

Al cruce le salió el senador Luis Juez (Córdoba): "Esto no es una ley que va a resolver un problema. Esta es un ley que nos permite pararnos al terrorismo internacional de otra manera. Lo escucho a Parrilli con tanta liviandad de un tema tan profundo. Han gobernado este país y se llevaron puesto al fiscal de la causa. Dejemos en paz a esa gente".

Por su parte, el senador Maximiliano Abad (Buenos Aires) argumentó favorablemente y dijo: “Este proyecto de ley es una señal muy fuerte, muy contundente, muy potente de que la Argentina no pacta con el terrorismo, que si nuestro país comete un acto terrorista los vamos a ir a buscar, y si no se presentan, si no compadecen ante los tribunales, los vamos a juzgar”

Al filo del período extraordinario de sesiones, que concluye este viernes, el Senado Nacional logró la aprobación para suspender las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), uno de los temas que incluyó el gobierno de Javier Milei en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Fue por 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones.

El proyecto tuvo media sanción en Diputados el 6 de febrero por una amplia mayoría de 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Ahora la Cámara alta lo convirtió en ley.

En realidad, el proyecto original impulsado por el oficialismo, establecía la eliminación de esa instancia electoral que incorporó la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Unas cinco horas después del inicio de la sesión, convocada para este jueves al mediodía, que arrancó con un fuerte debate sobre la causa $LIBRA, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales Alejandra Vigo (Unidad Federal - Córdoba) explicó los fundamentos del dictamen que se logró el 12 de febrero y que posibilitó que el tema llegue al recinto de sesiones.

Al inicio de la sesión se tomó juramento a Stefanía Cora como senadora de UxP por Entre Ríos, en reemplazo a Edgardo Kueder, quien fue expulsado del cuerpo legislativo a principios de diciembre luego de que un control policial lo sorprendiera con más de 200.000 dólares sin declarar, intentado cruzar de Brasil a Paraguay.

El debate por la suspensión de las PASO permitió un interesante debate entre quienes argumentaron sobre la importancia de esta modalidad para asegurar una mayor participación política de quienes “no eran candidatos de los dueños de la lapicera”, como señaló Edith Terenzi (Despierta Chubut) y quienes advirtieron sobre el “escaso” interés de la población por participar de esta instancia.

Sin embargo, fueron varias las voces que avisaron que acompañarían la suspensión solo por este año y que no permitirían una prórroga, a la vez que señalaron que es una norma perfectible, como advirtió desde el PRO Guadalupe Tagliaferri.

Una propuesta que se repitió entre varios legisladores fue que se conviertan en optativas: hay proyectos en esa línea.

También se advirtió sobre el efecto que tendría la eliminación de este “filtro” en la boleta única papel que se aprobó apenas meses atrás y ya regirá para los próximos comicios intermedios. “Va a ser una boleta multitudinaria”, señalaron.

El argumento del ahorro, que esgrime el Ejecutivo nacional para impulsar este proyecto de ley, tampoco fue aceptado por unanimidad a la hora del debate aunque no modificó el resultado de la votación: un interrogante que se repitió es hacia dónde serían destinados los 150 millones de dólares que, en teoría, se dejarían de afectar a las primarias. Todo mientras desde varias bancadas opositoras se volvió a reclamar porque en el temario de extraordinarias no estuvo incluido el proyecto de Presupuesto 2025, que por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia será reconducido.

Una de las posiciones destacadas en el recinto fue la del radical Pablo Blanco quien manifestó su negativa a la suspensión de las PASO y lanzó una fuerte crítica al presidente Javier Milei, al afirmar que "no sabe en qué punto" se está en un "sistema democrático". Blanco planteó que las PASO son un sistema válido para "que cualquier ciudadano pueda presentarse a consideración de la ciudadanía sin contar con la estructura de un partido". En esa línea, se quejó por el intento de la modificación del sistema electoral y afirmó que el Gobierno rompió con la "tradición democrática" de no modificar las reglas del juego en año electoral.

También se manifestó en contra de esta suspensión el presidente de la bancada Martín Lousteau.

Del otro lado, Ezequiel Atauche (LLA) cerró las exposiciones para fundamentar la medida como “parte de un proceso de transformación histórico” que incluye “la desburocratización y la disminución del Estado”, asimilando la suspensión de las PASO a una cuestión de ahorro para las arcas públicas. Ese fue, precisamente, uno de los argumentos que rechazó la oposición y aún los bloques “dialoguistas”.

Finalmente, a las 20 de este jueves, el proyecto de ley con las modificaciones que ya había introducido Diputados (que de eliminación pasó a suspensión) e convirtió en ley.

Victoria Villarruel, presidenta del Senado a cargo de Ejecutivo mientras dure el viaje del presidente Javier Milei por Estados Unidos, siguió el último tramo del debate desde uno de los palcos. La sesión fue presidida por el oficialista Bartolomé Abdala.

El senador nacional Edgardo Kueider declaró esta tarde que el dinero que le fue incautado "no era suyo", después de haber sido detenido en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

"Voy a dar mi versión al fiscal de turno para manifestarle mi total inocencia", declaró Kueider ante los medios paraguayos.

Se trata de la única expresión pública que realizó Kueider tras el hecho. Lo hizo en el ingreso a la unidad especializada a cargo de la investigación.

Desde su vocería oficial todavía no se expresaron al respecto. Solo hubo un comunicado del bloque Las Provincias Unidas, espacio que integra Kueider.

En el texto, sus integrantes se despegaron de la detención del legislador y manifestaron que la Justicia debe resolver el caso.

"Ante la situación de público conocimiento respecto de Kueider, manifestamos nuestra firme voluntad a favor de que la Justicia investigue los hechos hasta el esclarecimiento", expresó la bancada en el breve documento. 

Y reafirmó su postura respecto de que "todos los funcionarios públicos de los poderes del Estado" están "obligados a someternos a la Justicia cuando lo requiera".

El bloque de senadores de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para pedir la remoción del senador Edgardo Kueider, luego de que fuera detenido esta madrugada en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar, de la Cámara presidida por Victoria Villarruel.Cabe recordar que este era el espacio político de Kueider previo a coquetear con el oficialismo durante la discusión de la Ley Bases, cuando decidió votar a favor del proyecto del presidente de la Nación, Javier Milei y desligarse del kirchnerismo.

El entrerriano actualmente integra el bloque Unidad Federal junto a Mauricio Camau Espínola y Alejandra María. Todos identificados con el peronismo y hoy en día "aliados" con el gobierno nacional y sus intereses.El texto ingresó a las 17 por la mesa de entrada del Senado y lleva la firma de la titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Juliana Di Tullio; el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans; y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.Según indica la iniciativa, el pedido es "por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento".

En los fundamentos, el kirchnerismo sostuvo que accionó la medida con el objetivo "claro y urgente" de expulsar a Kueider para "preservar" la integridad institucional del Senado.

"Estos acontecimientos no solo afectan la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes, sino que también ponen en riesgo la legitimidad moral y política de este cuerpo legislativo ante el país y el mundo", señala el proyecto.

El Senado aprobó este jueves por unanimidad retrotraer los aumentos de las dietas de los senadores y congelar esos haberes hasta diciembre, tras la polémica que se había generado por la suba del 6,6 por ciento que elevaba los sueldos de los legisladores a los nueve millones de pesos.

De este modo, el plenario legislativo decidió con 65 votos anular la suba que se había dispuesto la semana pasada, al acoplarse a los aumentos dispuestos para los empleados del 3,5 por ciento para julio y el 3 por ciento para este mes.

La decisión se adoptó en el último tramo de la sesión con el respaldo de los legisladores de LLA, la UCR, Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana, Cambio Federal, Unidad Federal, PRO, Frente Renovador de la Concordia Social, Juntos por Río Negro, por Santa Cruz, por la Justicia Social y Comunidad Neuquén.

El proyecto de resolución, cuya autoría corresponde al senador Juan Carlos Romero, establece "suspender para las señoras y señores senadores toda actualización que se realice en el valor del módulo, establecido en la DR8/24, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2024".

Tras la polémica que se había generado por ese incremento, y a la que sumó su rechazo el propio presidente Javier Milei, los jefes de los bloques le presentaron una nota a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, para suspender la suba de 6,6 por ciento en los sueldos.

Milei había expresado desde las redes sociales su "máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores". Pero Villarruel pidió una sesión especial para este jueves para retrotraer las dietas de los senadores, que cobran del doble que sus pares de la Cámara de Diputados.

Los senadores habían resuelto en abril acoplarse a los aumentos de los empleados y, en esa ocasión, aprobar a mano alzada y sin debate una resolución para incrementar sus dietas de 7 millones de pesos brutos.

En esa ocasión votaron un proyecto que establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo.

La iniciativa que autogestionaron en aquella ocasión los senadores agregaba una dieta más a las 12 que existían antes, para compensar el aguinaldo.

El plenario de comisiones que trata de la ley de Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda, que estudia el paquete fiscal, entraron en cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana, según especificó el senador y presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), quien también confirmó que darán respuestas en las próximas horas a los senadores que presentaron modificaciones.

"Algunos cambios son similares y otros no tienen nada que ver con al ley. Es necesario que se analicen todos las propuestas", lanzó Abdala. Además, aseguró que en las próximas horas circulará un dictamen que les permita que ambos mega proyectos vayan tomando forma, a partir de las modificaciones realizadas.

La intervención de Abdala se dio sobre el final del plenario de comisiones que trata la ley de Bases, bajo un mar de dudas con respecto a la firma del dictamen que La Libertad Avanza intentó apurar, apalancado en un grupo de senadores aliados, entre ellos, el senador y líder del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta).

El oficialismo llegó por la mañana a la Cámara alta con el objetivo de llevarse las firmas, al menos en disidencia, de aquellos senadores que plantearon a lo largo de estas tres semanas profundas divergencias en algunos capítulos y artículos. Sin embargo, LLA volvió a dar un paso en falso y su planificación quedó enterrada.

Este martes, el paquete fiscal fue fuertemente cuestionado por el senador kirchnerista Fernando Salino (San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA). En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se presentó.

Al reanudarse el cuarto intermedio del plenario de Bases, el senador de Unidad Federal Edgardo Kueider (Entre Ríos) arremetió contra varios puntos. Entre otras cuestiones, Kueider apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra "disolución total o parcial".

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismos públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización. .

Para defender su postura, aseguró que "no todos los organismos del Estado pueden dar superávit". Solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.

El senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) quien leyó otra extensa lista de cambios promovida por el sector de la UCR más propensa a acompañar el dictamen, pero en disidencia. Estos cambios dejaron aún más al Gobierno contra las cuerdas en su ansiedad por la firma de los despachos.

Zimmermann le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino. No obstante, el chaqueño pidió que, de concretarse las privatizaciones, los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias.

Lo mismo para el Correo Argentino: "Es un tema central para los pueblos del interior", argumentó. En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que "sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario". Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales.

En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: "Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes". También tocó el tema previsional: "Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres".

(Por Emerio Agretti) – Las cuentas no cierran. El oficialismo no consigue juntar 37 senadores para sesionar, y la oposición no está dispuesta a facilitar el quórum. El motivo de ambos es la intención de autorizar que Ana María Figueroa continúe en funciones en la Sala I de la Cámara de Casación Penal después de cumplir los 75 años, momento en que de no mediar esa excepción estará obligada a jubilarse. El oficialismo quiere que siga en el cuerpo que debe resolver si envía o no a Cristina Fernández a juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, ya que (más allá de los méritos que le adjudican) la consideran inclinada a favorecer a la exmandataria. Por la misma razón, Juntos por el Cambio prefiere de deje su cargo, y utiliza la herramienta de no prestar quórum para impedir la sesión en la que el kirchnerismo habilitaría su continuidad.

En el discurso, unos y otros se achacan mutuamente la responsabilidad de que el cuerpo no sesione, y buscan liberarse de culpas ante la sociedad, y achacárselas al rival; sin margen para ceder ni conceder. Lo que están en juego en última instancia son las concepciones sobre el papel del Congreso y el propio rol de cada quien ocupa una banca. Pero por lo pronto, y más allá de la vehemencia de los discursos y la firmeza de las estrategias, la puja se basa en cuestiones formales.

Para el oficialismo se trata de que haya quórum para sesionar y de hacerlo antes del 9 de agosto, día en que Figueroa cumplirá los 75 y deberá retirarse; algo extremadamente improbable dadas las circunstancias y el contexto electoral.

La llave del quórum es el escurridizo número 37. Después de la división del bloque en febrero (esta vez genuina, y no como maniobra para acceder a cargos en el Consejo de la Magistratura), el Frente de Todos quedó con 31. Cifra que llega a 33 sumando dos aliadas prácticamente incondicionales: Clara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), y a 34 computando a la puntana María Eugenia Catalfamo, que también suele acompañar.

Los tres senadores con los que se esperaba alcanzar el número mágico eran Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Pero en la fallida sesión del 12 de julio esos legisladores no estuvieron. Por eso todos los esfuerzos se concentraron en conseguirlos para este jueves 3 de agosto. Y en medio de ese trámite, el kirchnerismo recibió la noticia de que no asistiría la chaqueña Inés Pilatti de Vergara, por motivos personales. Y la sesión volvió a caer, sin remedio.

Con este escenario y antecedentes, la última chance estaría dada el próximo jueves 10. Para entonces, Figueroa ya habrá cumplido los 75, pero el oficialismo considera que el dictamen de comisión a favor de su continuidad ya implica un paso en orden a consagrarla, con lo cual se impediría la jubilación “automática”.

Con el mismo argumento, el plan B es que la sesión se haga después de las PASO del día 13. Aunque en ese caso se expone al riesgo de que los resultados proyecten sus efectos sobre el grado de alineamiento de los senadores del peronismo, y ello pueda gravitar no ya sobre el quórum, sino sobre la mayoría necesaria.

En medio de la puja quedan 75 pliegos judiciales que, más allá de ser parte o no (según quien lo diga) de una estrategia de copamiento de los tribunales, incluyen cargos federales vitales para fortalecer la estructura en Santa Fe. Y también una agenda de alcance mucho más amplio, pero desplazada de las urgencias parlamentarias. No es un accidente: el Senado está hace rato sometido a una lista de prioridades unidireccional, y librado a la suerte del juego de mayorías y minorías (y quórum), aparentemente sin margen para consensuar iniciativas o incluso negociarlas. Por eso en todo el año sesionó solamente dos veces para tratar proyectos. Y ésas son, en definitiva, las cuentas que no cierran para nadie.

(Por Emerio Agretti y Nancy Balza) – El Senado nacional se reunirá este jueves 13, luego del escándalo del pasado 30 de marzo, cuando la sesión se cayó por el retiro de la oposición, tras una discusión reglamentaria por el orden del temario.

Si no hay novedades de último momento, eso no ocurrirá esta vez, ya que los dos grandes bloques de senadores, aún sin haber pasado por el trámite de consensuar el temario, lograron coincidir en el mismo. Lo que incluye tanto los temas que estaban previstos en la fallida sesión de fin de mes (entre ellos la cobertura de vacantes judiciales en Santa Fe y Córdoba, y la llamada “Ley Lucio”), como los que se plantearon entonces y se agregaron para esta nueva convocatoria. Particularmente, el fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe, con la creación de cargos de jueces, fiscales y defensores para toda la provincia, que había sido impulsado con acuerdo entre las distintas fuerzas políticas hasta lograr su aprobación en Diputados.

El temario recupera lo previsto para la sesión fracasada, empezando por la cobertura de tres cargos de jueces federales para Rosario y otros tantos para Córdoba. Pero aparece como novedad la inclusión del proyecto que promueve el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia, que al no haber pasado por las comisiones no figuraba en el temario de la sesión pasada, y cuya inclusión y tratamiento sobre tablas fue solicitado por el oficialista santafesino Marcelo Lewandowski.

Los proyectos incluidos para la sesión pedida son los seis pliegos judiciales de la semana anterior. También el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional que cuenta con media sanción de Diputados.

Otra iniciativa con media sanción es la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niños, niñas y adolescentes o también conocida como Ley Lucio, inspirada en el caso del nene pampeano Lucio Dupuy, aunque no llevará ese nombre, por recomendación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.

Igual que esos temas, también con media sanción de la Cámara baja sumaron el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, y la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Salón Illia de la Cámara Alta, Lewandowski destacó que “fue el gobierno del 2003 en adelante quien a través del Banco Nación evitó los remates de los campos de pequeños productores”. “Al día de hoy el Banco Nación ha otorgado cerca de 2 billones de pesos en líneas de crédito, en este poco tiempo, y lo ha hecho para industrias y para el sector del agro. En mi provincia, Santa Fe, la industria está explotada de mano de obra, incorpora constantemente trabajadores y le falta personal capacitado. Muchas de esas empresas hace 4 o 5 años estaban al borde de la quiebra. Quiero recordar esto para poner las cosas en contexto”. Luego de esa introducción el senador nacional consultó a Bahillo sobre dos temas puntuales. “El primero es la diversificación de nuestros alimentos y el trabajo de los periurbanos. Es fundamental ayudarlos y potenciarlos. Muchas de esas producciones se dan en los pueblos, a veces intentan pero no tienen todas las herramientas para agregar valor a sus producciones. La segunda consulta tiene que ver con el ganado ovino porque he recibido algunas consideraciones o comentarios que sostienen que debemos diversificar y poder criar la mayor cantidad de animales de todo tipo y así ampliar el consumo en la mesa de los argentinos. Tengo entendido que exportamos solo el 20% del cupo que tenemos a la Unión Europea de carne ovina. ¿Esto se puede revertir y qué política se puede llevar adelante para modificar esa realidad?” Bahillo coincidió con el contexto detallado por el legislador nacional y añadió: “Es una agenda de crecimiento y no la agenda de subsistencia como teníamos hace 2 años”. Asimismo agregó: “Seguro que hay cosas para resolver pero no podemos negar que los sectores productivos cuando nos vienen a ver lo hacen con una agenda de crecimiento y no una de subsistencia. Nos vienen a consultar por inversión para desarrollarse, para abrir nuevos mercados, para ampliar la planta o para hacer más granjas. Estamos para resolver esas cosas”. Puntualmente sobre las consultas de Lewandowski, Bahillo sostuvo: “Creo que las políticas que tienen que ir a los productores de los periurbanos del sector de hortalizas y de otros pequeños artículos tiene que estar vinculadas con comercio de cercanía o ferias de barrio. Hay que apoyarlos y de hecho Agricultura Familiar y nosotros también estamos pensando en un programa para llegar a esos sectores a través de la agenda de los intendentes. Ellos son quienes conocen mejor que nadie esas realidades productivas de esos sectores sociales”. “En cuanto a los ovinos el problema más grande es la enorme informalidad que tiene. Sumado a que no se declara la existencia de cabezas, no se pueden sacar guías de traslado y no se pueden faenar en los frigoríficos. Por lo tanto el frigorífico no puede cumplir con las cuotas de exportación o con un mercado formal. Para mí el principal problema que tiene en parte el sector es la informalidad, después hay cuestiones macroeconómicas que le están afectando al sector”. Además el secretario adelantó: “Me han hecho llegar de la cámara sectorial un pedido de audiencia y seguramente la semana que viene lo vamos a estar trabajando”.

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, presentó en la Cámara alta un nuevo proyecto de Ley para la protección ambiental, restauración y el uso racional y sostenible de los humedales y sus servicios ambientales. El mismo establece la elaboración de un Inventario Nacional de Humedales, la creación de un Fondo Nacional de Conservación reglado por Ley y fuertes sanciones para quienes atenten contra los humedales. Al respecto Lewandowski resaltó que “la protección de los humedales y la biodiversidad constituye uno de los desafíos más importantes de nuestros tiempos” y señaló que en el texto del anteproyecto que presentó “cada provincia determina su autoridad de aplicación y serán responsables de la gestión de los humedales existentes en su territorio”. “Los incendios intencionales generan daños irreversibles en el ecosistema y en la salud de las personas, por eso es necesario el esfuerzo de todos y todas por una calidad de vida sostenible que proteja el medioambiente, nuestra flora y fauna. Esto exige el compromiso de los distintos poderes del Estado para el control, el fomento de Políticas Verdes y la aplicación de las leyes”, detalló. Lewandowski remarcó que el proyecto presentado “además de establecer las sanciones correspondientes, se centra en la protección y deja a otra Ley algún tipo de sanción penal específica para cuestiones ambientales”. “No tenemos que creer que la sanción de esta Ley va a venir a resolver todo, es una herramienta más. Hoy se puede comenzar por la aplicación del Artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, afirmó. El texto del anteproyecto presentado por el senador santafesino tiene como objeto la protección ambiental, la restauración y el uso racional y sostenible de los Humedales -que representan más del 20 por ciento del territorio nacional- promoviendo su conservación, el uso racional y sostenible de los mismos e implementar políticas y procedimientos específicos para regular y controlar la disminución de las superficies existentes. Además establece que cada provincia determina su autoridad de aplicación siendo la responsable de la gestión de los humedales existentes en su territorio. Para ello el proyecto determina que deberá realizar el Ordenamiento de los Humedales existentes en su territorio a partir del cual habrá tres niveles de conservación: I (lugares que no deben transformarse), II (lugares que demandan un uso sostenible) y III (lugares donde podrían desarrollarse actividades económicas y/o productivas en base a criterios de sostenibilidad). No obstante y adicionalmente siempre se requiere autorización por parte de la autoridad competente mediante presentación del correspondiente con un Plan de Uso Racional y Sostenible de Humedales. La iniciativa establece que para las categorías I y II se prohíbe la dispersión de sustancias o elementos contaminantes y la quema a cielo abierto en tanto que para la categoría III rige lo establecido en la ley de presupuestos mínimos de quema. Asimismo plantea la creación de un Fondo Nacional de Conservación de Humedales para los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conservan los humedales existentes en sus respectivos territorios. Estos se distribuirán mediante criterios como porcentaje de superficie de humedales declarado por cada autoridad competente y la relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus humedales. Esos fondos son de uso específico y deberán destinarse a desarrollar y mantener mecanismos de monitoreo, control y trazabilidad de todas las actividades que se desarrollen en los humedales. Finalmente, en su último título, el proyecto establece sanciones por hasta cien mil (100.000) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional, suspensión de la actividad de sesenta (60) días hasta cinco (5) años y se duplican en caso de reincidencias para todos aquellos que estén por debajo de los estándares de conservación y uso racional de los humedales establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles que le pudieran corresponder.

La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, oriunda de Firmat, y el diputado nacional Esteban “Chiche” Bogdanich, vecino de la localidad de Chovet, finalizarán su mandato el próximo 10 de diciembre y el sur profundo de la provincia de Santa Fe se quedará sin representantes en el Congreso.

La derrota del oficialismo provincial en estas elecciones generales hizo que perdiera una banca en la Cámara alta, justamente la que disputaba Sacnun, quien fue la compañera de fórmula de Marcelo Lewandowski, quien sí ingresará en el Senado.

La dirigente oriunda de Firmat ingresó hace seis años al Congreso, junto al actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien dejó su banca en manos de Roberto Mirabella. Durante estos años encabezó importantes gestiones para el sur provincial, como la obra de la autopista 33 y el Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Por su parte, Esteban Bogdanich, asumió como diputado nacional en 2019 en reemplazo de Agustín Rossi, quien renunció a su banca por haber sido convocado para ocupar el cargo de ministro de Defensa de la Nación.

Si bien por orden de suplencia, el lugar de Rossi le correspondía al concejal santafesino Juan José Saleme, en los comicios provinciales de 2019 fue reelecto como concejal en Santa Fe y decidió continuar en ese cargo por los próximos cuatro años. De esa manera, el sexto integrante de la lista (Bogdanich) terminó ocupando la banca del “Chivo”.

En esta oportunidad, el ex presidente comunal de Chovet no formó parte de las listas de candidatos a renovar su banca.

Cabe recordar que el primer representante que tuvo el departamento General López en el Congreso de la Nación fue Ricardo Spinozzi, quien cumplió su mandato desde el 2013 al 2017.

Cabe recordar que el venadense llegó a la Cámara baja luego de su polémico pase desde el Partido Justicialista (PJ) a Unión PRO Federal, donde fue el tercer candidato de la lista que encabezó Miguel Del Sel.

Ese año ingresaron a la Cámara Hermes Binner, Mario Barletta, Alicia Ciciliani y Pablo Javkin, por el Frente Progresista, Cívico y Social; Miguel Torres Del Sel, Gisela Scaglia y Ricardo Spinozzi, por Unión PRO; y Jorge Obeid y Josefina González, por el Frente para la Victoria.

En 2017 no fue convocado para renovar su banca y desde entonces la participación de Spinozzi en política se fue desvaneciendo.

El actual diputado provincial Maximiliano Pullaro confirmó que será precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe en los próximos comicios que se desarrollarán entre los meses de septiembre (PASO) y noviembre (generales). Días atrás, legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR), presidentes comunales e intendentes le solicitaron al ex ministro de Seguridad de Santa Fe en la gestión de Miguel Lifschitz que lidere este proyecto dentro del frente Juntos por el Cambio. “He decidido aceptar el desafío”, expresó.

“Cuando tomamos una definición la sostenemos, la honramos y trabajamos fuertemente para que se cumpla. Creemos que esta es la elección más importante en la República Argentina desde el 83, porque se discute el modelo de país que queremos”, manifestó el dirigente de la UCR. Y añadió: “Desde la provincia tenemos diferentes propuestas políticas para Santa Fe pero también para el país. En ese sentido, queremos estar en la discusión nacional como santafesinos, porque estuvimos sumamente relegados”.

“Por eso -continuó- decidí aceptar esta propuesta que han hecho muchos legisladores provinciales, presidentes comunales e intendentes, quienes consideran que debe haber una mirada distinta para representar a la provincia en el Congreso Nacional”.

Asimismo Pullaro comentó que días atrás estuvo reunido con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, coordinada por el senador nacional Martín Lousteau, quien “es un hombre de la Unión Cívica Radical (UCR) que nos da una buena perspectiva de futuro”. Según planteó “dialogamos sobre la manera de llevar a cabo la campaña electoral en la provincia de Santa Fe y de un proyecto de país que se tiene que venir”, señaló.

“Como radicalismo hemos decidido jugar en la interna que tiene hoy Juntos por el Cambio porque tenemos mucho para aportar y vamos a trabajar fuertemente para que se concreten nuestras aspiraciones”, enfatizó.

La decisión de Pullaro y un sector importante del radicalismo de participar dentro del frente Juntos por el Cambio dejó en evidencia la ruptura dentro del Frente Progresista Cívico y Social, algo que se venía viendo desde la muerte de Miguel Lifschitz, candidato natural de este espacio.

“Desde el mes de diciembre veníamos planteando que el Frente Progresista debía abrirse, ampliarse, hacer un esfuerzo por coordinar política aunque no pensáramos todos exactamente igual, porque la discusión que se viene en el país es sumamente importante, más aún cuando tenemos un gobierno que intenta avasallar la justicia o dicta normas que atentas contra la producción como ha sucedido con la ganadería; mientras los índices de pobreza y desempleo no paran de crecer”, sostuvo el diputado provincial.

En este marco consideró que “estamos dispuestos a hacer el esfuerzo y confluir con personas con las que no estuvimos juntos las últimas elecciones pero que podemos coincidir en un proyecto de país”. Y agregó: “En los últimos días se sumó también a este espacio Facundo Manes, un referente de la salud, un neurocientífico que viene a aportar al frente Juntos por el Cambio, como lo hizo dos años atrás Martín Lousteau y como lo hacemos nosotros también ahora, porque es importante discutir las cuestiones de fondo”.

Por otro lado, Pullaro aseguró que hoy en día el frente Juntos por el Cambio tiene diferencias marcadas con aquel espacio que ganó las elecciones presidenciales en 2015, momento en que el Frente Progresista fue muy crítico de las ideas y propuestas. “La presidencia de Mauricio Macri tuvo aciertos y errores, porque subestimó la economía y no se obtuvieron los resultados esperados, sobre todo en los últimos dos años de gestión. Pero también valoramos el respeto a las instituciones que tuvo. Hoy el frente no es el mismo, en especial por la conducción, donde la UCR tiene un rol protagónico en varias provincias, y queremos hacer las cosas de manera diferente”, sentenció.

Por unanimidad, el Senado la Nación dio media sanción a la Creación de una Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso para el seguimiento, monitoreo, auditoria y contralor del proceso de concesión y funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, del Sistema de Navegación Troncal.

El proyecto de ley, presentado por la senadora María de los Ángeles Sacnun, propone que dicha comisión, esté integrada por SEIS (6) senadores y SEIS (6) diputados, designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara legislativa, y que pueda solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales e internacionales.

Tendrá la facultad de citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes, como así también a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía. También podrá requerir información vinculante a las Universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores.

“El artículo segundo de este proyecto establece el objeto de esta comisión y allí se han incorporado algunas sugerencias de parte de la oposición que interpretaban los fundamentos de este proyecto de ley de mi autoría donde planteaba la importancia estratégica de este sistema de navegación troncal, dijo Sacnun  y agregó “La generación del equilibrio territorial, el repoblamiento de la Argentina, la revalorización de un concepto central y fundamental que es el arraigo para el interior profundo de la Argentina, son parte de los objetivos que debemos trazarnos como una de las grandes causas nacionales”.

“Este proyecto de ley tiene fundamentos políticos, históricos, culturales, sociológicos. Considero que una de las más grandes epopeyas militares junto con el cruce de Los Andes fue el combate de La Vuelta de Obligado. Que no se produjo en ese recodo del río sino también a lo largo de Tonelero, Quebracho, San Lorenzo y que significó una reivindicación soberana de la navegación de nuestro río y de la soberanía territorial, económica, política y con la sustentabilidad que podemos tener como Nación”, dijo Sacnun.