Alguna vez se podrá construir un indicador sobre la situación económica de las municipalidades y las comunas santafesinas según el destino final de los recursos creados por la Ley 12.385, conocida como de Obras Menores.

Aquí se ofrecen datos para una aventura estadística de esa naturaleza, y un dato:otra vez, en la Cámara de Senadores la Provincia de Santa Fe se debate en comisiones un proyecto para que -por vía de una excepción- se pueda utilizar (en este caso hasta el 50%) del dinero que a cada municipalidad de segunda categoría y cada comuna le corresponde.

La norma que nació en 2004 constituye, en cada Ley de Presupuesto Provincial un fondo equivalente al 1% del el ejercicio económico del año. Pero solamente se ha aplicado íntegramente en seis ocasiones.

Apenas en sus primeros cuatro años de vigencia (2005, 2006, 2007 y 2008) el Fondo no cambió de propósito. Y la primera excepción, que luego sería regla, se produjo en 2009. En aquel año Santa Fe sufrió una grave sequía y se sintieron además los efectos de una crisis económica nacional vinculad al plano internacional.

Debieron pasar dos décadas hasta que el fondo vuelva a usarse solo para lo previsto inicialmente (en lugar de pagar sueldos, por ejemplo). En 2024 y 2025 no se le dio ese destino. A fines de 2023 se permitió que con los saldos pendientes de liquidación se asuman otros gastos, es decir, para cuando el cambio de destino de los fondos ya era un hecho.

En el conjunto de las administraciones de pueblos y ciudades de Santa Fe (todas, menos la capital provincial y Rosario) hay recursos por 130.000 millones de pesos que, de aprobarse la iniciativa comentada, podrían ser solo para obras, equipamiento y rodados apenas el 50%. La otra mitad, para cubrir los pagos mensuales habituales.

El Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe no se ha ejecutado según su asignación específica en 15 oportunidades.

Ahora, en comisiones y con una preferencia para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria, se encuentra el expediente 52.782 del justicialismo, que pide otra vez la excepción.

El texto propuesto por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) dice "facúltase a los municipios de la Provincia, en forma excepcional para el año 2026, a afectar hasta el cincuenta por ciento del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados (Ley 12385), para ser aplicado a gastos corrientes".

En los dos años anteriores, iniciativas similares no prosperaron, pero ahora hay signos evidentes de un deterioro serio en la recaudación del Estado que afecta especialmente a los gobiernos locales.

La media sanción de una ley para declarar la Emergencia Hídrica de manera preventiva ante el fenómeno de El Niño, que vaticina la posibilidad de que haya lluvias y crecientes en los ríos de graves consecuencias, merece algunas reflexiones más allá de la pronta respuesta de la Cámara de Senadores al mensaje llegado de la Casa Gris.

Tal como se informó, en menos de una semana de debate en comisiones, se ha aprobado una norma que busca “como nunca antes” según describieron los senadores del oficialismo, poder aprovechar el tiempo que queda para el inicio de ese ciclo marcadamente húmedo.

Pero importa señalar que hubo modificaciones al texto original y que además se han hecho incorporaciones fuertes. Y la más importante es conceder a la oposición del Senado una instancia de control y seguimiento, en manos del Poder Legislativo.

Se agregó al proyecto nacido en el gabinete provincial el artículo 18 que crea “la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Hídrica, integrada por tres (3) diputados y tres (3) senadores designados por sus respectivas Cámaras, respetando la representación proporcional de los bloques legislativos”.

Y aclara el nuevo texto: “La Comisión tiene por objeto efectuar el seguimiento de la implementación de la presente ley, de la utilización del Fondo de Emergencia Hídrica, de las obras y contrataciones realizadas y de los recursos extraordinarios asignados a los municipios. A tales fines, puede requerir informes a los organismos provinciales competentes y emitir recomendaciones”.

De ese aporte y de la media sanción hablaron en el recinto del Senado, tanto el miembro expositor por la mayoría, Julio Francisco “Paco” Garibaldi, como Rubén Pirola como presidente del bloque del justicialismo, así como el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

El socialista subrayó que no siempre el Estado se ha preparado para enfrentar estos fenómenos y se extendió sobre obras necesarias y en marcha para la capital provincial y otras localidades cercanas; el de Las Colonias que lidera a la oposición subrayó el espíritu de colaboración de todos los sectores que componen el cuerpo deliberativo y el titular de la Cámara mencionó que primó el acuerdo entre legisladores de distintos partidos y con los funcionarios de la Casa Gris.

Joaquín Gramajo mostró su preocupación por lo que viene y también por el marcado temor con que los santafesinos se expresan frente al fenómeno. Habló de una psicosis que es lógica pero insalubre, que se enfrenta con información y acciones de gobierno.

Cuando Diputados complete la sanción de la ley habrá emergencia hídrica en la totalidad del territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, y con posibilidad de prorrogar su vigencia por seis meses más en caso de persistir las condiciones que motivan la medida.

Garibaldi mencionó que el proyecto "se trabajó con responsabilidad y celeridad" y destacó que "la mejor política en estos casos fue, es y será la prevención", frente a los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno climático El Niño.

Por su parte, el senador Rubén Pirola señaló que el bloque justicialista acompañó la iniciativa realizando aportes para fortalecer el texto, al considerar que "el Estado debe estar preparado para este tipo de eventos meteorológicos", mientras que Raúl Gramajo destacó la importancia de transmitir tranquilidad a la ciudadanía demostrando que las instituciones trabajan de manera anticipada para reducir los riesgos.

En un tramo de su discurso, Garibalidi expresó que “se puede mirar al costado y dejar que la suerte nos acompañe que es lo que alguna vez ocurrió en la Provincia o podemos hacernos cargo. Eso es lo que hoy sucede. El Estado tiene la obligación de anticiparse, de prever”.

Dijo que “la ley de emergencia no reemplaza la planificación, busca dar respuestas con menos tiempos ociosos”.

Habló de la capital provincial y su entorno que tantas veces ha sufrido inundaciones por el aumento del caudal de los ríos y por lluvias.

Mencionó obras prioritarias como la finalización del terraplén Garello para los barrios costeros de la ciudad y para las defensas de San José del Rincón y Arroyo Leyes. “Restan unos 30 metros de consolidación y ya hay un 75% de avance”, informó.

Destacó la prevención sobre 300 obras de desagües y los 4.000 canales intervenidos, así como la actividad de las juntas locales de protección civil.

Pirola indicó que hoy las nuevas tecnologías y los estudios brindan “como nunca antes” información con mayor anticipación y hay que “aprovechar” el tiempo que nos queda para que se precipiten los problemas hídricos.

“Estamos como siempre de manera constructiva y con aportes para poder colaborar, y ser desde el Senado como puentes entre comunas, municipios y la provincia”, expresó respecto de la asistencia a esos niveles de gobierno. Destacó que el texto está “enriquecido” con ese aspecto y expresó: “ojalá no necesitemos esas herramientas”, propias de enfrentar a la naturaleza.

Lamentó que los pronósticos lleguen a extender el fenómeno “hasta el otoño de 2027” y consideró imprescindible haber incorporado la comisión de seguimiento.

Michlig dejó constancia que horas antes de la media sanción, el ministro de Gobierno Fabián Bastia estuvo con senadores de todos los bloques para terminar de acordar los cambios que se trabajaron en la Comisión de Asuntos Hídricos que produjo su dictamen.

Sin medias tintas dijo que los seis legisladores de ambas cámaras que formen esa comisión deberán ser “celosos custodios de que el fondo de 10 mil millones se use correctamente y controle” su destino.

El senador por San Cristóbal remarcó que el Senado dio tratamiento a la iniciativa "en tiempo récord", destacando que la representación territorial permitió actuar con rapidez para dotar al Estado de herramientas que otorguen flexibilidad en la respuesta ante eventuales lluvias extraordinarias.

Expresó que la unanimidad constituye "un mensaje contundente a la ciudadanía" sobre la capacidad de las distintas fuerzas políticas de priorizar el interés general frente a situaciones que requieren previsión y coordinación institucional.

Una semana después de su arribo por mesa de entradas, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y giró a Diputados una norma que busca dar herramientas excepcionales al gobierno provincial para mitigar las pronosticadas crecientes y precipitaciones que desencadene El Niño.

Las urgencias propias de la situación requiere esfuerzos extraordinarios del sector público provincial, en un contexto de absoluto retiro del Estado Nacional del gasto en obras públicas. El mensaje de la Casa Gris recibió una preferencia la semana pasada y sobre tablas se aprobó sin más dilaciones este jueves 6 de agosto.

El jefe de bloque del radicalismo, Rodrigo Borla, agradeció la colaboración de la oposición justicialista, que también acompañó con su voto la sanción de la norma. El tema para a la otra Cámara, que sesionará seguramente el jueves 13.

Se trata de reparar, mantener, rehabilitar y mejorar obras de infraestructura existentes, diseñadas para enfrentar ciertos pronósticos de crecidas de los ríos y determinados niveles de precipitaciones.

La región y la totalidad del territorio de la Provincia de Santa Fe se encuentran en riesgo hídrico frente al fenómeno climático.

La ley que se definirá en Diputados declara la emergencia y permitirá licitar o comprar bienes y servicios mediante procedimientos especiales que tendrán carácter de urgentes. Y con en las compras también se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar los procedimientos.

La iniciativa da indicaciones al Tribunal de Cuentas, que en la emergencia deberá “efectuar el control de los actos y procedimientos derivados de la emergencia con un plazo máximo de 10 días hábiles y comunicarlo a las cámaras legislativas y "tener en cuenta el carácter excepcional de la presente norma que prioriza la agilidad de los trámites y contrataciones".

La norma faculta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que estime convenientes para disponer la prevención y la atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestido y sanitaria de las personas afectadas y para evitar o mitigar las consecuencias que pudieran derivarse del fenómeno hídrico", marca en el artículo 2.

"Los entes, organismos y reparticiones que actúan bajo la órbita de su competencia, pueden proyectar, contratar, dirigir y ejecutar obras de arte hidráulicas y trabajos tales como movimiento de suelos, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones, lagunas de retardo y endicamientos de cursos de agua”.

Lo mismo con la “clausura, modificación, restauración y mejorados de caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, como así también toda otra obra que se considere pertinente para alcanzar los objetivos perseguidos con la presente, incluyendo la contratación de servicios y adquisición de bienes", indica más adelante.

Mensaje Emergencia. 2026 07.08 by vchiaraviglio.ellitoral

En otro artículo se habilitan las contrataciones en la emergencia para las adquisiciones de bienes de uso, servicios y equipamiento que se harán efectivas mediante procedimientos especiales de contratación que tendrán carácter de urgentes.

Para ello, se dispone que el propio Poder Ejecutivo reglamentará dichos procedimientos específicos, "incluyendo los criterios de selección, de adjudicación y de evaluación de las propuestas, garantizando la transparencia, la igualdad, la concurrencia y debida competencia entre los oferentes".

El senador nacional Marcelo Lewandowski denunció en el Senado que la Ley de Tierras no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un paquete de normas que, a su entender, consolida un modelo de entrega de la soberanía nacional. "Ley Bases, RIGI, Glaciares, esta ley de tierras y el Super RIGI responden a una misma lógica", afirmó. En ese marco, sostuvo que el Gobierno impulsa "un estatuto legal del coloniaje del siglo XXI", retomando la definición de Arturo Jauretche para describir un modelo económico que, lejos de promover el desarrollo nacional, facilita el remate de los recursos estratégicos del país.

Durante su intervención, Lewandowski celebró que la presión social haya obligado al oficialismo a retirar capítulos completos del proyecto y sostuvo que esa movilización demuestra que "cuando el pueblo se organiza puede frenar leyes que perjudican al país". En ese sentido, convocó a mantener el compromiso ciudadano y alertó: "Vienen por nuestros recursos, por nuestra agua, por nuestros alimentos y por nuestra energía, pero no para desarrollar la Argentina, sino para llevárselo todo y no dejarnos nada". "No podemos naturalizar que se entregue el futuro del país mientras millones de argentinos se endeudan simplemente para poder comer", criticó.

En otro tramo de su discurso, el legislador santafesino advirtió que el contexto geopolítico internacional demuestra el creciente interés de las grandes potencias por los recursos estratégicos que posee el país. "Tenemos litio, cobre, agua, energía y todo lo que necesita la inteligencia artificial, pero las leyes que se aprueban impiden que ese desarrollo genere valor agregado, industria y empleo para los argentinos", sostuvo.

Por último, cuestionó el modelo económico y aseguró que mientras se otorgan beneficios extraordinarios a grandes inversores, se abandona a las pymes, las economías regionales y a las familias argentinas. "No le tiran un centro a la gente. Todo está pensado para que unos pocos hagan grandes negocios mientras la mayoría se empobrece", afirmó. En esa línea, advirtió que el gobierno nacional avanza hacia una "balcanización" del país, dejando a las provincias sin recursos para sostener hospitales, escuelas y la seguridad, mientras algunos gobernadores -entre ellos, el de Santa Fe- priorizan acuerdos políticos antes que la defensa de sus ciudadanos.

En noviembre de 2022 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley de Ficha Limpia. Y entre julio y septiembre de 2025 la Convención Reformadora la agregó a la Constitución provincial en su artículo 56: "Ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley".

Los avances santafesinos (que aún no han sido posibles a nivel nacional) hablan siempre de uno de los dos extremos habituales en los casos de corrupción: el de los dirigentes políticos y las obligaciones para postularse a cargos electorales provinciales.

Ahora, en el Senado provincial se debate una ley que se enfoca en el otro extremo habitual de esos delitos, el de las empresas proveedoras de bienes y servicios para el Estado. La exigencia que se pretende es similar: si no hay ficha limpia empresaria, no hay contrato. Tal como sucede con los ciudadanos que quieren ser electos.

Un proyecto de ley para la transparencia de antecedentes penales en quienes firman contratos con el Estado tiene en la Legislatura de Santa Fe ya media sanción de Diputados. En agosto del año pasado avanzó con esa norma la Cámara baja, al aprobarse una iniciativa de la diputada socialista de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lionella Cattalini.

El texto plantea hacer a un costado de las competencias licitatorias y compulsas de precios a proveedores a empresas, mutuales o cooperativas que tengan "antecedentes" por delitos de corrupción.

"Hay una demanda clara de la sociedad de terminar con los privilegios y con la corrupción. Lamentablemente, Argentina tiene una larga tradición de proveedores y funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita en operaciones con el Estado", señaló la legisladora al tratarse el tema en Diputados en agosto del año pasado.

"Es una señal fuerte, clara, para toda la ciudadanía y también para dar garantías de equidad, para competir en plenas condiciones de igualdad, a las empresas que en forma honesta trabajan en la provincia. El Estado deben contar con mecanismos para saber si sus proveedores están bajo investigación por corrupción, por eso hablamos de antecedentes", explicó.

Durante la sesión del 21 de mayo pasado, el Senado acordó un lugar preferencial en su agenda e intentar en la próxima sesión de este jueves 4 darle tratamiento parlamentario en el recinto. Todo indica que en junio habrá novedades, y que es posible alguna modificación que lleve el tema nuevamente a la cámara de origen.

Hasta aquí ninguna otra provincia ha avanzado con normas similares. Un proyecto de ley con elementos en común existe en el Poder Legislativo en el Chaco, pero allí no hubo avances como en Santa Fe.

La creación de una comisión provincial para el debate y la elaboración de una Ley de Educación para Santa Fe con carácter consultivo, participativo y plural, fue propuesta por diputados radicales encabezados por el sancristobalense Marcelo González y podría aprobarse esta semana.

El objetivo es que todas las voces participen de la discusión para poder llegar el año próximo a sancionar una ley sobre la materia, intención que se frustró en varias ocasiones en la Legislatura en la última década.

La base del futuro proyecto de educación deberá tener como base la reformada Constitución santafesina que dedica un capítulo con cinco artículos a la temática, fruto de decenas de proyectos presentados por convencionales y particulares durante el funcionamiento de la Convención.

El proyecto del diputado González señala que la comisión tendrá por objeto promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial.

Propone que el grupo de trabajo esté integrado por cinco representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes de la Comisión de Educación de ambas cámaras. En el caso de Diputados son once los integrantes donde están representados la mayoría de los espacios políticos. En Senado, son seis los integrantes con equilibrio de los espacios que integran el cuerpo.

"Estamos trabajando para que todos los espacios con representación parlamentaria estén en la comisión" le dijo González a El Litoral.

El proyecto de ley encomienda a la comisión promover la realización de foros, mesas de diálogo y encuentros participativos en cada uno de los departamentos de la provincia, asegurando representación territorial equitativa; participación de la comunidad educativa local; y registro y sistematización de los aportes.

Además le manda elaborar un informe final que contenga los aportes recogidos en las instancias departamentales así como los lineamientos y propuestas para una Ley de Educación Provincial.

El plazo de trabajo estipulado es de diez meses a partir de la constitución y el Ministerio de Educación será el encargo de aplicar la formación de la comisión.

"La provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una Ley de Educación Provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo. Si bien el sistema educativo se encuentra enmarcado en normas nacionales como la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, resulta imprescindible contar con una legislación provincial que adecue dichos lineamientos a la realidad local, fortaleciendo la autonomía jurisdiccional y promoviendo políticas públicas contextualizadas", explicó el diputado radical.

Acotó que "la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo".

El proyecto de ley pone especial énfasis en la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia. Esta estrategia busca garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean ·efectivamente escuchadas, reconociendo la diversidad de realidades educativas que conviven en el territorio santafesino.

Para González la creación de la Comisión permitirá actualizar y profundizar un debate ya iniciado en diversas instancias participativas previas, a fin de dar respuesta a la compleja realidad actual. "Se posibilitará sistematizar diagnósticos y propuestas, generando un insumo técnico y político de alta calidad que sirva de base para el trabajo legislativo posterior", destacó.

"Este proyecto busca sentar las bases para una política educativa de largo plazo, construida colectivamente, que garantice el derecho a la educación de todos los habitantes de la provincia", señaló González.

El capítulo segundo de la nueva Constitución dedica los artículos 37 al 41 al tema educativo y pone las bases para el debate de la comisión.

Así por ejemplo, el 37 dispone que "toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.

El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.

La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho".

En el 38, la Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.

En el siguiente artículo "la Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.

La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud".

En el 40 define que "el Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales".

En el último, "la Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo".

Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad.

En el Senado, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación es presidida por Germán Giacomino (UCR- Constitución), secundado por Osvaldo Sosa (PJ-Vera).

En Diputados, la comisión es encabezada por la socialista Gisel Mahmud secundada por el justicialista Miguel Rabbia.

Entre otros expedientes con tratamiento preferencial, para este jueves 9 de abril se encuentra en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que crea un programa cuyo eje son los alumnos de las escuelas secundarias y sus emociones. Nada más actual.

La iniciativa se apoya en la experiencia de una medida dispuesta en 2017 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, y procura crear un "Espacio de Escucha y Acompañamiento emocional para estudiantes de las escuelas secundarias y técnicas, de gestión oficial y de gestión privada de la Provincia de Santa Fe.

El texto no es una mera declamación de buenas intenciones. Propone sumar y poner en el escalafón del Ministerio de Educación a "psicólogos, psicopedagogos, counselors (1), licenciados en trabajo social y aquellos profesionales y docentes que tengan títulos profesionales y capacitación pedagógica, de conformidad a la competencia que otorgue la Unidad de Incumbencias y Competencia de Títulos".

La propuesta que coincide con la próxima sesión de los senadores ingresó en noviembre de 2025 y su tratamiento se ha postergado en varias oportunidades desde entonces. El día 19 de marzo se le brindó una nueva promesa de tratamiento con preferencia, casi dos semanas antes de los trágicos sucesos de la ciudad de San Cristóbal.

Su autor es un senador que, además, es médico. En sus fundamentos, el representante por San Jerónimo, Leonardo Diana, subraya el impacto que la pandemia (con sus angustias y restricciones) seguramente dejó en los chicos que hoy son alumnos de ese nivel educativo. El objetivo es mejorar la convivencia en esas instituciones, con la ayuda de profesionales, de manera sistemática.

La norma en discusión sostiene que se debe avanzar en "la formación de facilitadores de convivencias", de acuerdo con lo dispuesto por una resolución de Educación de 2009, que ya ponía el tema sobre el tapete.Años después, el decreto 0174 de 2017, creaba como espacio curricular las "Ruedas de Convivencia" para todos los establecimientos de educación secundaria y de educación técnica, de gestión oficial y de gestión privada. Como ahora la ley en discusión planteaba afectar el presupuesto y darle un lugar en el escalafón de Educación a expertos en salud emocional.

Además, una vez dictado ese decreto hubo más intentos de replicarlo pero por ley en el Senado. En junio de 2025 el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) presentó una iniciativa en igual sentido, que procuraba la capacitación de los docentes en materia de convivencia. El representante del peronismo tomó en aquel caso una iniciativa de estudiantes del 6to año de la Escuela de Educación Técnica N.º 495 "Malvinas Argentinas" de Rafaela, en el marco del programa Ciudadanos en el Senado en el año 2024.

El programa que propone Diana "tendrá el carácter de actividad grupal como así también individual en las situaciones que el alumno así lo solicite" y obviamente faculta a las autoridades educativas a "resolver cuestiones no previstas en la presente" y a "dictar las normas que resulten necesarias para la implementación del presente programa".

"Este tipo de proyectos, apunta a correrse de viejos paradigmas, educativos y de salud, fomentando espacios donde los jóvenes puedan abrirse y construir junto a su consejero un vínculo adecuado, donde la información, escucha y contención, le permitan pensarse y construirse como sujeto y ciudadano, reflexionando sobre sí mismos", dice en los considerandos el proyecto del senador radical.

"Estoy convencido que desde la educación formamos académicamente, pero también debemos apuntar a construir una sociedad con seres individuales, que puedan armas su proyecto de vida, y que puedan sumar todo su potencial al desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país. Este programa tiene como antecedente el historial de experiencias favorables y beneficiosas para los jóvenes de nuestra provincia del Programa de Ruedas de Convivencia impulsado por el gobierno del Ing. Miguel Lifschitz; en tanto que nuestra propuesta retoma las virtudes de dicho programa y tiene por objetivo fortalecerlo, expandirlo y aggionarlo a la coyuntura post pandémica que presentan los adolescentes", agrega.

El principal aporte de la ley en comisiones del Senado es que "establece que los profesionales a cargo de brindar dicho espacio, sean profesionales idóneos en la temática, como así también, se propone expandir el servicio a todos los niveles secundarios y habilitar un espacio de atención y escucha individual cuando el joven así lo requiera".

Un counselor o consultor psicológico es un profesional de la salud, formado en un enfoque humanista, que brinda orientación y apoyo en crisis vitales, duelos, conflictos familiares o desarrollo personal. A diferencia de un psicólogo, no trata psicopatologías ni medica; se enfoca en personas sanas que buscan superar estancamientos, promoviendo el autoconocimiento y la toma de decisiones.

La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos hace quince días por el Senado, y sancionó una ley que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes así como la gestión y regulación de alarmas en manos de particulares.

La sanción de la norma llegó en la última sesión del período Ordinario y contó con el respaldo de gran parte del arco político y el rechazo de los cuatro integrantes de Somos Vida y Juan Argañaraz de Inspirar.

El socialista Rubén Galassi, uno de los autores del proyecto, volvió a fundamentar el proyecto tal como hiciera cuando oportunamente fuera votado por la Cámara Joven. Explicó que en el Senado y a instancias del Ministerio de Justicia y Seguridad se incorporó el tema alarmas sobre el que se explayó.

En cambio, Silvia Malfesi expuso el rechazo al proyecto por entender que hay exceso de reglamentarismo que traerá más inseguridad. "El proyecto desalienta a los privados que quieran colaborar en la temática" remarcó.

Galassi recordó que desde 2008 la Cámara de Diputados empezó a discutir el tema con iniciativas de Alicia Gutiérrez y luego se sumó otra de Hugo Pieroni. Hubo algunas medias sanciones de Diputados pero no prosperaron en el Senado.

Este año, tras trabajo legislativo en comisiones e incluso reuniones con cámaras que agrupan a empresas de seguridad, la Legislatura dictó la norma que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo. El universo a regular abarca unas 200 empresas y unos 12.000 empleados aunque la ley ordena realizar un censo para conocer el universo de prestadores.

"Es necesario avanzar con una norma en una tarea donde los privados suplantan o ayudan a la tarea de seguridad del Estado y que funciona con decretos del año 1991" explicó Galassi.

El legislador se detuvo además en la inclusión del tema alarmas con estadísticas del propio ministerio de Justicia y Seguridad donde el sistema de alarmas repercute en el 911 y dispara intervenciones de móviles y agentes policiales para gran parte de falsas advertencias.

Señaló que hasta octubre de este año, de los 595.000 incidentes en que participaron móviles del 911, 215.000 fueron generados por alarmas y de ellos apenas el 3% fue por hechos de inseguridad.

Advirtió el legislador que eso no ocurría cuando el sistema de llamado policial era el 101 donde las empresas de alarmas derivaban a la policía los casos de inseguridad.

La norma sancionada tiene 70 artículos y comienza por regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la Provincia.

"Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria", completa el primer artículo.

La norma encarga la construcción de un registro de empresas, los tipos de servicios que pueden prestar así como las características que deben cumplir los titulares de las firmas y los empleados. Un capítulo especial es la prestación de servicios con usos de armas.

En cuanto a alarmas, "la regulación persigue los fines de optimizar el empleo de recursos públicos, reducir las falsas alarmas, garantizar la interoperabilidad técnica y mejorar la respuesta del sistema de seguridad ciudadana".

La diputada socialista Lionella Cattalini será la nueva presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, ocupando el lugar que venía desempeñando Pablo Farías desde diciembre de 2023. Tanto Cattalini como Farías fueron convencionales constituyentes este año por la bancada de Unidos.

En la sesión se votó una resolución con la inclusión de la rosarina en la Comisión de Constitucionales y en la próxima reunión el bloque de Unidos la propondrá como titular de esa estratégica comisión.

Hoy Cattalini además preside la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados. No obstante, a partir del año próximo, la titularidad de esa comisión le corresponderá a la Cámara Alta.

El diputado socialista Pablo Farías presentó su renuncia a la banca de diputado provincial debido a que jurará en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles venidero y entrará en funciones el 10 de diciembre.

La renuncia le fue aceptada sobre el final de la sesión y su reemplazo, el también socialista, Javier Farías, jurará en el cargo en la primera sesión del Período de Extraordinarias que será convocado el próximo lunes por el Poder Ejecutivo.

No obstante, la primera parte de la sesión se la llevó un unánime reconocimiento a la figura de Farías quien deja la Cámara después de 6 años.

Primero, la presidenta de la Cámara, Clara García, al abrir la reunión rompió el listado de legisladores a los que les corresponde izar la Bandera para hacerlo ella con el propio Farías.

Antes, tuvo palabras de gran reconocimiento a la figura del santafesino por "la calidez humana, el trabajo, la vocación de diálogo, de la búsqueda de los entendimientos"

Es más, lo definió como "el elegido de los gobernadores" recordando las funciones que cumplió durante los mandatos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

Farías fue presidente de la Cámara de Diputados tras el fallecimiento de Lifschitz y el hecho no pasó inadvertido para García que lo definió como "mi hermano".

Después hubo palabras de reconocimiento a la tarea y a la vocación dialoguista de Farías desde todos los sectores políticos donde cada uno de los oradores fue rescatando aspectos de la figura del legislador.

Un proyecto ingresado en la Cámara Alta de la Legislatura provincial propone que el Microestadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), que se construirá en la ciudad de Santa Fe para los Juegos Sudamericanos Odesur, sea nombrado Alejandra “Locomotora” Oliveras, en honor a la boxeadora seis veces campeona mundial que falleció el pasado 28 de julio. El nuevo estadio está proyectado para septiembre de 2026 cuando comenzarán los juegos que tienen como sede a nuestra provincia y en donde se reunirán a más de 4000 deportistas de 15 países.

“Más allá de sus logros deportivos que estos días hemos recordado mucho, la Locomotora fue una persona con un gran compromiso social, que promovía el deporte como motivación y como forma de salir adelante y desarrollarse personal y profesionalmente”, indicó el senador Garibaldi. “Fundó equipos, brindó asistencia alimentaria, lideró programas para prevenir la violencia en el deporte, y participó de la política porque la veía como una herramienta para transformar la realidad”, agregó el legislador y convencional reformador de Santa Fe.

El pasado lunes 28 de julio, Oliveras falleció tras sufrir un ACV y una embolia pulmonar masiva. “Su muerte nos conmovió, nos llenó de dolor porque se fue alguien a quien muchos seguimos y admiramos, por eso como santafesino creo que ponerle este nombre al microestadio honra su memoria, inspira a futuras generaciones a luchar por cumplir sus sueños y transformar su realidad y la de otros”, sostuvo Garibaldi.

El Microestadio en el CARD se proyecta como un ícono deportivo y social de Santa Fe, con capacidad para cerca de 3.500 espectadores, infraestructura de última generación y un diseño pensado para albergar disciplinas olímpicas bajo techo. Además, su enfoque multipropósito lo convierte en una plataforma funcional para deportes, cultura y educación. Será parte de un verdadero polo regional de alto rendimiento, un legado que trascenderá los Juegos y beneficiará a la comunidad en los años venideros.

En Diputados se votó una resolución que pasó casi desapercibida, en el Senado sucedió algo parecido, pero luego el presidente provisional Felipe Michlig, que condujo la sesión, tomó la palabra desde el estrado y aclaró: "hemos votado un receso que esta vez, a diferencia de otros años, será solo administrativo, del 8 al 21 de julio" y aclaró: "no es un receso legislativo".

El radical de San Cristóbal fue prudente respecto de la decisión en cuanto a sus antecedentes, que los cronistas parlamentarios más experimentados ya vieron aisladamente en unas pocas oportunidades: receso sólo para cumplir con la legislación laboral, pero no para los legisladores que "vamos a seguir al pie del cañón en esas dos semanas y como corresponde por ley habrá un receso administrativo para quienes colaboran con nosotros a diario", dijo el presidente del Comité Provincial de la UCR. Y siguió: "desde el punto de vista legislativo todo sigue con normalidad". Obviamente, lo dicho no quiere decir que haya sesiones en el período señalado.

Una lectura superficial vincula de inmediato la decisión asumida por unanimidad por los 50 diputados y los 19 senadores provinciales con las reacciones de los dirigentes políticos al discurso "anti casta" que predomina en el país y tantos réditos le ha dado al presidente Javier Milei. Otra algo más atenta a la marcha de la gestión de gobierno provincial y en especial al panorama legislativo indica que la explicación para la tribuna tendrá alguna resonancia respecto de lo anterior, pero que lo importante pasa por no detener el almanaque durante dos semanas en las comisiones de sendos cuerpos deliberativos y, sobre todo, en una bicameral que hoy se muestra particularmente activa y tiene fecha de vencimiento: la que analiza los números de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.

La ley que primero votó el Senado y luego corrigió Diputados bajó de 90 a 45 días su actuación, que quedó limitada a la producción de un informe a girar trasladar al Poder Ejecutivo Provincial en muy poco tiempo. En términos parlamentarios, un mes y medio es un plazo breve. De hecho, la semana próxima habrá más reuniones y desfilarán ante la bicameral de reforma previsional más interesados en exponer sus opiniones, sobre todo gremios y otras entidades que representan intereses corporativos como las asociaciones de magistrados que ya hicieron llegar a los legisladores su punto de vista por nota.

El gobierno provincial, que cuenta con cómodas mayorías en ambas Cámaras, no quiere demorar el proceso lleva a una reforma del sistema previsional para mejorar los números de su déficit. Su objetivo es completarla en 2024. Insiste en que el rojo proyectado de 400.000 millones de pesos es soportado por el conjunto de los santafesinos y que solo los estatales gozan de los beneficios jubilatorios muy superiores a los de Anses. A nivel nacional más del 95% de las jubilaciones son la paupérrima mínima. En la provincia son escasos los haberes de pasivos en el piso de la escala. Las malas lenguas dicen que aún subsisten 8 jubilaciones de privilegio, que no cuentan para la contabilidad pero sí son un símbolo de la idea de que, en efecto a lo largo de décadas tanto durante los años de la dictadura como de las instituciones democráticas, hubo (¿hay?) castos y castas de abusadores.

Con la presencia de numerosos familiares y algunos dirigentes políticos de otros ámbitos, el Senado de la Provincia de Santa Fe celebró la sesión preparatoria en la que juraron los nuevos representantes de los departamentos, electos y reelectos. La sesión fue presidida como es de práctica por la presidencia de la Cámara, a cargo de la vicegobernadora saliente Alejandra Rodenas. Al despedirse de sus labores pidió un aplauso para su sucesora Gisela Scaglia, presente entre otros invitados especiales: el saliente presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farias; su sucesora Clara García; el diputado nacional Enrique Estevez; los diputados provinciales electos, José Corral y Juan Martin; el ex vicegobernador Carlos Fasendini y el saliente secretario de Comunicación Social Carlos Bermúdez, entre otros.

Se cumplieron todos los cuidados para que el acto, en definitiva una fiesta institucional con un momento inolvidable para legisladores y sus familias no se empañe con discusiones pendientes, que se resolverán en una sesión especial el 10 del corriente antes de que jure el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Scaglia.

Antes de finalizar la reunión de este martes 5, Enrico hizo ingresar una nota con un inédito pedido de licencia sin goce de sueldo que, de aprobarse una reforma del Reglamento de la Cámara, podrá mantener su condición de legislador al mismo tiempo que ejerza el cargo de ministro de Obras Públicas de la Provincia, en el Poder Ejecutivo Provincial.

También con esa reforma el oficialismo se dispone a aprobar el ingreso en su reemplazo de la senadora suplente, Leticia Di Gregorio, a quien Rodenas mencionó como una más al referirse a quienes habrán de jurar bajo la expresión "senadores y senadoras".

Con dos tercios, se buscará permitir que de ahora en más cualquier senador pueda tomar licencia e incluso ser ministro sin renunciar. Y llegado el caso ser reemplazado de manera interina.

El tema espinoso, ajeno al espíritu del acto de jura, se tratará el domingo a las 16.30 según lo resuelto.

El senador Felipe Michlig (UCR-Unidos-San Cristóbal) fue votado por unanimidad y por signos presidente provisional de la Cámara, y como vicepresidente 1ro, su par Osvaldo Hugo Sosa (PJ-Vera). El cargo de vicepresidente 2do se decidió dejarlo pendiente, por indicación del presidente del bloque del radicalismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo).

El secretario administrativo será Diego Maciel y el legislativo, Agustín Lemos, y subsecretaria de Cámara, Patricia Boni.

En el oficialismo juraron por Belgrano, Pablo Horacio Verdecchia (UCR), primer mandato; por Constitución, Germán Giacomino (UCR) 4to mandato; Garay, Germán Baumgartner (UCR), primer mandato; General López, Lisandro Enrico (UCR), 4to mandato (Suplente, Leticia Di Gregorio); General Obligado, Orfilio Marcón (UCR), 4to mandato; Iriondo, Hugo Rasetto (UCR-JxC), 4to mandato; La Capital, Julio Francisco Garibaldi (PS), primer mandato; Rosario, Ciro Ruperto Seisas (CREO), primer mandato; San Cristóbal, Felipe Michlig (UCR), 7mo mandato; San Javier, Oscar Alfredo Dolzani (UCR), primer mandato; San Jerónimo, Leonardo Diana (UCR) 2do mandato; San Martín, Esteban Federico Motta (UCR), primer mandato; y por San Justo, Rodrigo Borla (UCR), 5to mandato, que presidirá el oficialismo. En su interbloque participará también el justicialista de 9 de Julio, Joaquín Gramajo (Unite), 8vo mandato.

En la oposición juraron por Caseros, Eduardo Rosconi (PJ), 6to mandato; Castellanos, Alcides Calvo (PJ), 7mo mandato; Las Colonias, Rubén Pirola (PJ), 5to mandato; San Lorenzo, Armando Traferri (PJ), 6to mandato; Vera, Osvaldo Sosa (PJ), 3er mandato.

La preparatoria cumplió además con la conformación de las comisiones permanentes de trabajo. La más poderosa, de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el último filtro de cada proyecto de Ley, será para el abogado y estudioso de la historia Rodrigo Borla. Su antecesor, el justicialista Joaquín Gramajo, de Unite, cercano al gobernador electo Pullaro, seguirá solo en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

En Presupuesto estará el socialista Paco Garibaldi, que es el único contador que forma filas entre los partidos de gobierno.

Por Luis Rodrigo

Con el compromiso de un rápido tratamiento en comisiones, ingresaron para su estudio al Senado de la Provincia de Santa Fe dos proyectos de ley que buscan otorgar beneficios a los médicos, enfermeros y otros trabajadores de los equipos de salud que enfrentaron la pandemia en el ámbito público.

En un caso, se trata de otorgar beneficios a la hora de la jubilación; en otro de hacerlo para facilitar el ingreso a planta permanente sin tener en cuenta las condiciones de edad y antigüedad laboral que hoy están vigentes, siempre que se trate contratados -profesionales o no- que fueron parte de las áreas Covid-19 donde todo era prevención extrema para evitar los contagios, mucho antes de que se llegara al desarrollo de las vacunas que permitieron superar un momento dramático para la humanidad.

Se trata de dos expedientes que fueron saludados desde las barras con aplausos. Dirigentes del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud y de la Asociación de Médicos de la República Argentina, con sus banderas de Siprus y Amra estuvieron en la Cámara para apoyar desde su ingreso a las dos iniciativas.

Pocas veces presencian en las barras los directamente interesados el simple ingreso de un proyecto de ley. Ocurrió esta vez y eso generó algunas intervenciones más de los legisladores que los compromete con el tratamiento y la media sanción.

En un caso, Guillermo Cornaglia (PJ-Nes-Belgrano) se extendió sobre la necesidad de que se avance en “un acto de justicia” para que haya un reconocimiento con un cómputo diferencial para los trabajadores del ámbito de la salud que efectivamente estuvieron en la lucha contra el coronavirus. No solo por enfrentar más riesgos que los habituales en su labor, sino por haber tenido que pasar jornadas agotadoras con escasos recursos humanos de reemplazo y no menos angustias de llevar a sus familias, una enfermedad que aún no tenía una vacuna que prevenga sus peores efectos.

Pocos lo recuerdan pero hubo vacunas VIP para funcionarios políticos nacionales acomodados durante la gestión de Ginés González García, en febrero de 2021 y antes de ese escándalo, en enero de aquel año, El Litoral reveló que 30 dosis fueron utilizadas para inmunizar al personal de calle del Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe. Y para entonces muchos médicos, enfermeros, personal de limpieza y administrativos en constante contacto con pacientes Covid no habían sido vacunados.

Por otra parte, un proyecto de ley impulsado por el representante por La Capital, Marcos Castelló busca crear beneficios extraordinarios para ingreso a planta permanente de los contratados que actuaron en contacto con el virus, para que su edad o su antigüedad laboral no limite su ingreso formal al sistema público de salud, en mérito a su labor en aquellas circunstancias extremas.

El músico y cantante destacó que su texto a debatir en comisiones debe ser visto como “una devolución a todo lo que han sufrido y trabajado en la pandemia” los equipos de salud. Habló de quienes ya no están y de los que no dudaron en sumarse aún sin ser personal de planta en los efectores públicos en el peor momento.

La ley impulsada por Castelló plantea exceptuar a los agentes dependientes del ministerio de Salud (alcanzados por los acuerdos paritarios celebrados antes del 15 de diciembre de 2022) en los cuales se dispusiere el pase a planta de personal permanente, de lo establecido en la Ley Nº 9282, que exige no tener más de diez años de graduado y cuarenta años de edad para ingresar en las funciones de Profesional Ayudante en las Unidades de Organización Asistencial y Sanitaria.

El proyecto contempla también, que dicha excepción no podrá extenderse más allá de la edad prevista por la Ley N° 6915 y modificatorias para obtener la Jubilación Ordinaria.