El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei para reducir el alcance territorial de los subsidios al gas, con 38 votos afirmativos y 8 negativos, después de un trámite final acelerado por la salida del recinto del bloque peronista.

La votación completó el recorrido iniciado en mayo en Diputados y dejó firme un nuevo mapa: el beneficio climático automático seguirá concentrado en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, mientras que las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021 quedarán sujetas a un régimen focalizado.

La ley sancionada modifica el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y establece que, fuera de aquellas regiones, la bonificación adicional se aplicará a usuarios incorporados a los Subsidios Energéticos Focalizados y ubicados dentro de determinadas zonas bioambientales. Entre los requisitos aparecen hogares con ingresos conjuntos de hasta tres Canastas Básicas Totales y situaciones específicas de vulnerabilidad.

El desenlace tuvo una particularidad. Antes de comenzar el tratamiento, José Mayans anunció que el bloque peronista abandonaría el recinto en rechazo al proyecto. La maniobra intentó dejar al oficialismo sin los 37 senadores necesarios para mantener la sesión, pero La Libertad Avanza y sus aliados conservaron el quórum y Patricia Bullrich pidió avanzar directamente con la votación general y particular.

La estrategia del peronismo hizo que el senador santafesino Marcelo Lewandowski también se ausente en la votación. En tanto que Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR), quienes permanecieron en sus bancas, formaron parte de los ocho votos en contra de la iniciativa.

La retracción del criterio climático afecta a la provincia de Santa Fe, ya que la ampliación vigente desde 2021 había incorporado a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, aproximadamente 1,7 millón de personas. Esa cobertura dejará de operar de manera general cuando el nuevo esquema entre en vigencia.

Eso no significa que los 550.000 usuarios pierdan toda ayuda estatal. Quienes cumplan las condiciones del régimen focalizado podrán conservar una bonificación, pero ya no por el solo hecho de vivir en una zona incluida por sus características climáticas. La diferencia es pasar de un subsidio territorial a uno determinado por situación socioeconómica.

Una estimación difundida anteriormente por El Litoral calculó que la pérdida del descuento específico podría traducirse en aumentos de entre 30% y 40% en determinadas facturas, según consumo y categoría del usuario.

El Gobierno sostuvo durante todo el debate que la ampliación realizada en 2021 había convertido a Zona Fría en un beneficio demasiado extendido y poco focalizado.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió en el Congreso que la asistencia debe dirigirse al consumo que refleja una necesidad efectiva y no extenderse indiscriminadamente por ubicación geográfica. La administración libertaria viene aplicando esa misma lógica al resto del esquema energético mediante el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

La ley mantiene, además, un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas utilizado para financiar el fondo y faculta al Ejecutivo a modificarlo hasta un máximo del 50%. El proyecto también incorpora capítulos ajenos a Zona Fría: regulariza deudas del mercado eléctrico, modifica reglas de formación tarifaria y deroga los decretos 277/2022 y 929/2013.

El gobierno de Santa Fe había anticipado su oposición al recorte desde que Diputados le dio media sanción. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, planteó en su momento que “el costo de este ajuste lo van a pagar los ciudadanos del interior en invierno” y cuestionó que se elimine de manera general la diferenciación climática en la región central. También sostuvo que dolarizar el costo energético sin amortiguadores federales afecta la competitividad productiva.

También, la vocera provincial, Virginia Coudannes, había definido la modificación como una decisión que “profundiza la brecha con el interior productivo”. El gobernador Maximiliano Pullaro trasladó el planteo a las conversaciones con el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

Además, la Provincia cuestionó también otro artículo de la iniciativa: el mecanismo que permite reconocer diferencias tarifarias acumuladas por distribuidoras eléctricas y compensarlas contra deudas con Cammesa. El planteo santafesino fue que ese esquema podría favorecer a empresas endeudadas mientras la EPE mantiene sus obligaciones al día.

La reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina fue aprobada en el Senado el 24 de septiembre de 2026, con 46 votos a favor y 22 en contra; la iniciativa sufrió modificaciones en el tratamiento en particular y volverá a Diputados para su segunda revisión.

El proyecto reformulado exige ahora mayoría absoluta del Senado para dar acuerdo a los nombramientos del directorio y fija los cargos por seis años; la remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con la previa aprobación del Senado por mayoría absoluta.

Además, el texto redefine la misión primaria del BCRA como la preservación del valor de la moneda y prohíbe financiamiento directo o indirecto al sector público, derogando los adelantos transitorios y limitando la compra de títulos públicos en el mercado primario.

El dictamen también modifica el tratamiento de utilidades y activos del BCRA para impedir que ganancias contables puedan girarse al Tesoro como recursos disponibles.

En la votación General acompañaron La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Convicción Federal, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Independencia y La Neuquinidad; el interbloque Popular votó en contra.

Al tratar en particular la regla de mayoría absoluta para la remoción, los bloques Justicialista, el Frente Cívico santiagueño y Justicia Social Federal acompañaron la modificación; según el registro, solo las senadoras santacruceñas Natalia Gadano y José Carambia votaron en contra en ese punto.

El miembro informante Agustín Monteverde defendió los cambios y afirmó, “Es necesario reformar esta ley, esto no es un capricho porque hay evidencias concretas de que se cometió un saqueo al país equivalente al 85% del PBI”, dijo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich sostuvo que la reforma busca “cuidar el valor de nuestra moneda”, dijo la jefa del bloque oficialista.

La oposición criticó la iniciativa: Martín Soria afirmó, “No vamos a permitir que con esto pretendan atornillar a Bausili en la presidencia del Banco Central”, dijo el senador por Río Negro.

La aprobación en General en el Senado no convierte aún la reforma en ley: por las modificaciones introducidas en particular, el texto volverá a la Cámara de Diputados para su consideración final.

El Senado de la Nación llegará este jueves al recinto con una agenda corta en cantidad, pero atravesada por dos discusiones que exponen, por caminos distintos, los límites que los aliados provinciales le vienen marcando al Gobierno nacional.

La reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles dejó formalmente convocada una sesión ordinaria y pública para las 12 y redujo el temario acordado a dos asuntos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del régimen de Zona Fría.

En plena interna del gobierno por discrepancias con el Presupuesto 2027, la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, deberá administrar dos negociaciones en paralelo: una ya tuvo concesiones al texto del BCRA; la otra todavía llega al recinto con números que el propio oficialismo reconoce ajustados.

La primera definición ya ocurrió antes de abrir el recinto. El proyecto que Diputados aprobó el 26 de agosto llegó al Senado con dictamen favorable de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, firmado a inicios de septiembre.

El texto coloca como “misión primaria y fundamental” del BCRA preservar el valor de la moneda, restringe el financiamiento al Tesoro, modifica las reglas para distribuir utilidades y habilita el uso de determinados activos de las reservas como garantía en operaciones propias del Banco Central. En comisión, Santiago Bausili confirmó que esa posibilidad alcanza al oro, pero descartó que involucre depósitos de los ahorristas o encajes bancarios.

El punto que terminó forzando una negociación es sobre las autoridades. La media sanción de Diputados exigía para remover integrantes del directorio la aprobación previa de ambas cámaras por dos tercios de los miembros presentes. El acuerdo alcanzado este miércoles prevé sustituir ese esquema por una mayoría absoluta de 37 senadores, tanto para la designación como para la remoción, y dejar afuera del procedimiento a Diputados. Bullrich explicó que se preservará así la intervención de la Cámara alta que la Constitución asigna para los acuerdos.

Si el Senado aprueba esas modificaciones, la reforma no quedará sancionada este jueves y deberá regresar a Diputados. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y nuevamente necesitó flexibilizar un punto sensible del proyecto para incorporar votos radicales, del PRO y de bloques provinciales.

La segunda votación tiene una consecuencia más inmediata para las provincias. El proyecto de Zona Fría llega con media sanción de Diputados y dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto. Formalmente, además de modificar el régimen de subsidios al gas, incluye un mecanismo de regularización de deudas del mercado eléctrico y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013.

La propuesta reduce el alcance territorial automático establecido en 2021. Mantiene el régimen para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que para otras zonas reemplaza el criterio general por una bonificación focalizada vinculada a ingresos y condiciones de vulnerabilidad.

La retracción geográfica del beneficio dejaría afuera al sur de Santa Fe, Córdoba y casi todo Buenos Aires, San Luis. También perderían el precio especial del gas buena parte de Mendoza —menos Malargüe—, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

El Gobierno defiende el cambio bajo el argumento de que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos”, según sostuvo la secretaria de Energía, María Tettamanti, durante el tratamiento en comisión.

En Santa Fe, la modificación dejaría afuera del beneficio climático general a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, aunque parte de esos usuarios podría conservar ayudas si cumple los requisitos del esquema focalizado. Una estimación difundida por El Litoral calculó que la pérdida del descuento específico podría elevar entre 30% y 40% determinadas facturas.

La Casa Gris cuestionó oportunamente esa poda. El ministro Gustavo Puccini sostuvo que trasladará mayores costos operativos al sur santafesino y reclamó que la política energética contemple las particularidades productivas y territoriales del interior. El propio gobernador Maximiliano Pullaro se lo planteó a Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Milei.

Santa Fe objeta además un capítulo menos visible del proyecto. La iniciativa contempla calcular diferencias de ingresos que distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante los períodos de emergencia tarifaria y utilizar esos créditos para compensar obligaciones pendientes con Cammesa. Es el mecanismo que podría alcanzar, entre otras empresas, a Edenor y Edesur. La EPE, en cambio, no registra deudas con la administradora del mercado eléctrico.

A la negociación se agrega otro elemento: gobernadores del norte reclaman un régimen de Zonas Cálidas para subsidiar parte del mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas. El Ejecutivo ofreció avanzar mediante resoluciones, pero mandatarios provinciales reclaman mayores garantías para esa compensación. De manera que no está garantizado el acompañamiento.

"Vamos a pasar de un esquema mucho más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema de más mercado porque levanta los cortes y a un esquema más competitivo donde sean el mercado y la competitividad la que fije los precios. Una transición cuidando las capacidades constructivas y productivas ya desarrolladas en nuestro país".

La senadora salteña Flavia Royón fue secretaria de Energía de Sergio Massa y también funcionaria con Milei; en la noche del jueves fue la encargada de explicar el nuevo régimen regulatorio integral para la industria de los biocombustibles en la Argentina. La iniciativa -contempla una vigencia de 15 años- fue acordada por LLA con provincias preoductoras y aliados; tuvo oposición kirchnerista.

El proyecto sustituye de manera integral a la actual Ley 27.640 que impulsara Máximo Kirchner con beneficio para empresas bonaerenses en el mercado interno. El texto amplía la definición tecnológica para incorporar productos como el biogás, biometano, diésel renovable y combustible sostenible de aviación (SAF), permitiendo incluso la inyección de biometano en la red de gasoductos.

Uno de los pilares del dictamen aprobado fue el incremento gradual de las mezclas obligatorias de biocombustibles en los surtidores del país, que se concretará a los 12 meses de promulgada la ley.

Biodiésel: El corte mínimo obligatorio sube del 7,5% al 10%.

Bioetanol: La mezcla obligatoria se eleva del 12% al 15%.

Para el caso del bioetanol, la norma garantiza durante toda su vigencia un cupo reservado del 6% para el volumen proveniente de la caña de azúcar y un 6% para el elaborado a base de maíz. El 3% incremental restante para alcanzar el 15% total quedará abierto a la competencia entre distintas materias primas, como la biomasa forestal o insumos lignocelulósicos de segunda generación.

Asimismo, se fija una cláusula de desconcentración por la cual ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% del volumen anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio.

Siempre de acuerdo a la exposición de Rayón, el texto establece que los cortes definidos a nivel nacional operan como pisos mínimos. En este aspecto, el proyecto otorga un rol central al federalismo al facultar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer regímenes propios dentro de sus jurisdicciones para promover mezclas superiores a las nacionales.

A la par de esta autonomía provincial, la ley autoriza la circulación de vehículos con tecnología flex fuel (como la que se usa en Brasil) y habilita la instalación de surtidores adicionales en las estaciones de servicio para el expendio de estas mezclas incrementales.

La propuesta marca un cambio de paradigma estructural: pasa de un esquema altamente intervenido -donde el Estado fija cuotas, asignaciones y precios- a un modelo progresivo de libre mercado y competitividad.

Para transparentar las operaciones del corte obligatorio, se creará un mercado electrónico único por subastas, administrado por un organismo independiente. De forma paralela, se habilitará la celebración de contratos a término libremente negociados en precio y plazo entre elaboradores y mezcladores.

Como resguardo de competencia, el organismo independiente calculará y publicará un precio de referencia basado en la paridad de importación.

El texto propone un esquema de transición para empresas integradas (multinacionales) y no integradas (Pymes). Para evitar aperturas abruptas que perjudiquen el entramado productivo del interior, el dictamen prevé un régimen de adaptación gradual con horizonte al año 2036 para el sector del biodiésel, de especial trascendencia en Santa Fe.

Empresas no integradas: Conservarán inicialmente un segmento reservado del mercado interno para proteger las pymes y capacidades locales, compitiendo entre sí dentro de su propio cupo.

Empresas integradas: competirán de manera independiente en su respectivo segmento.

Con el avance del período de transición, la porción reservada a las firmas no integradas se irá reduciendo progresivamente para dar paso a una competencia abierta e integral entre todos los actores del mercado.

En materia impositiva, los biocombustibles destinados al corte obligatorio no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos ni por el Impuesto al Dióxido de Carbono, recayendo el gravamen únicamente sobre la fracción fósil de la mezcla.

En cuanto al comercio exterior, los biocombustibles para el corte obligatorio deberán ser de elaboración nacional a partir de materias primas locales. Solo se autorizarán importaciones para el corte en situaciones de escasez comprobada o cuando la paridad de importación resulte inferior al precio ofertado en el mercado local. Por fuera del corte obligatorio, la importación será totalmente libre.

El Senado convirtió este jueves en ley el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal II, con 44 votos a favor y 23 en contra, iniciativa que apunta a incorporar al sistema dólares que el gobierno nacional dijo están fuera del circuito oficial.

El proyecto redefine el concepto de discrepancia significativa en el régimen y modifica el criterio de intervención de ARCA para el sistema de declaraciones simplificadas; según el texto, la discrepancia se mide sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo definitivo, y se introduce un piso mínimo del 5% junto al umbral del 15% que ya existía en el régimen fiscal.

En el debate legislativo el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que “los dólares de abajo del colchón no le sirven al país como dijo el ministro de Economía (Luis Caputo)” y afirmó que hay U$S 170.000.000.000 fuera del sistema; Olivera Lucero defendió el nuevo proyecto como una herramienta para confiar en los contribuyentes y facilitar la regularización voluntaria.

La ley también establece que la rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles no excluirá al contribuyente del régimen si regulariza los saldos, y fija límites para funcionarios que podrán usar el sistema operativo pero sin los beneficios de presunción de exactitud del régimen.

El texto sancionado modifica el régimen simplificado de ganancias para ampliar quiénes pueden ingresar al sistema; se eliminan límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen y se permite la incorporación de contribuyentes con residencia fiscal en el país.

Entre los cambios centrales figura la nueva forma de calcular la discrepancia significativa, la introducción de un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° del régimen penal y la posibilidad de rectificar declaraciones dentro de 15 días sin perder beneficios del régimen.

Además, el nuevo proyecto contempla reducciones automáticas de sanciones para MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, y limita a funcionarios el acceso a las presunciones y liberaciones de fiscalizaciones previstas por el régimen.

En el recinto, Patricia Bullrich defendió el proyecto como un sistema que distinguirá fraude de error y sostuvo que ni el presidente ni funcionarios podrán usar los beneficios del régimen, mientras la senadora radical Silvana Schneider explicó aspectos técnicos y destacó la seguridad jurídica para los contribuyentes.

José Mayans, jefe del bloque Justicialista, criticó la iniciativa y sostuvo que la norma favorece a ciertas personas; en tono irónico propuso el “día de los inocentes fiscales” y afirmó que la ley no está pensada para trabajadores, jubilados ni pensionados.

Jorge Capitanich cuestionó la presunción de Inocencia y sostuvo que adherir al régimen no legitima el origen del patrimonio, actitud que dio lugar a un cruce con los defensores del nuevo proyecto durante el debate.

La sanción deja al sistema Fiscal con nuevas reglas operativas y de control y abre el camino para que, según el oficialismo, más contribuyentes se incorporen al circuito formal; el cambio tendrá efectos administrativos en ARCA y consecuencias prácticas para la regularización voluntaria de saldos.

Traspaso de la justicia de menores

Previamente, fueron aprobados acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y los santiagueños. Ambos convenios fueron firmados el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia.

En cuanto al acuerdo que transfiere la justicia criminal y correccional de menores, la Ciudad asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.

También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.

El oro del Banco Central de la República Argentina podrá ser utilizado como garantía en operaciones de liquidez de la propia entidad si el Senado convierte en ley la reforma de su Carta Orgánica que este miércoles avanzó en comisión.

La confirmación salió de boca de Santiago Bausili después de que buena parte de las objeciones opositoras confluyeran sobre los artículos 13 y 33, modificaciones que el titular del BCRA presentó como una actualización operativa. “Sí, el oro se puede poner en garantía, como sucede al día de hoy”, respondió Bausili, pero inmediatamente marcó un límite: “Los encajes no, ni los encajes ni los depósitos de la gente estarían afectados”.

La discusión ocupó una porción importante de las casi cuatro horas del plenario de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, que recibió también al vicepresidente del Central, Vladimir Werning. Al final de la reunión, el oficialismo hizo avanzar el dictamen del proyecto que Diputados había aprobado días atrás por 144 votos contra 102 y nueve abstenciones.

Los artículos 13 y 33 despertaron la mayor cantidad de cuestionamientos entre los senadores. La modificación de proyecto establece que los bienes que forman parte de las reservas son inembargables pero, a la vez, habilita a utilizar activos externos como garantía en “operaciones propias de banca central”.

Juliana Di Tullio apuntó directamente sobre el alcance de esa habilitación. La senadora del Justicialismo quiso saber qué activos podrían comprometerse, preguntó específicamente por los encajes de los depósitos en dólares y volvió sobre el traslado al exterior de parte del oro del BCRA.

También Alejandra Vigo (Provincias Unidas) puso el foco sobre lo que consideró la mayor contradicción que suscitan ambas modificaciones: si las reservas son declaradas inembargables pero pueden entregarse como garantía, ¿qué ocurrirá cuando la obligación garantizada no se cumple?. Jorge Capitanich, en tanto, insistitó en el requerimiento de precisiones acerca de los límites y controles que tendrá la utilización de reservas como colateral.

Bausili hizo una distinción. Una cosa, explicó, es que las reservas puedan ser alcanzadas por embargos derivados de obligaciones de otras áreas del Estado. Otra es que el propio Central afecte voluntariamente un activo para respaldar una operación. “Si se pone un activo en garantía y no se cumple el contrato, esa garantía va a ser ejecutada”, reconoció.

El funcionario insistió en que se trata de operaciones para administrar liquidez y no de una nueva fuente de financiamiento público. Puso como ejemplo la posibilidad de obtener fondos por un período corto contra títulos del Tesoro estadounidense que forman parte de las reservas, evitando venderlos y recomprarlos.

Sobre el oro trasladado durante 2024, aseguró que los movimientos están documentados y auditados. Explicó que actualmente existe oro físico en las bóvedas del BCRA y otra porción depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. Según su versión, el traslado permitió convertir lingotes de menor calidad comercial en activos con mejores estándares aprovechando condiciones favorables del mercado.

La controversia por los artículos 13 y 33 terminaron funcionando como disparador de la nueva arquitectura que Javier Milei propone en el funcionamiento del BCRA: alterar la relación con el Tesoro y, al mismo tiempo, darle a sus autoridades una estabilidad mayor frente a los vaivenes de la política.

Hacia el final de su intervención, Bausili sintetizó que la reforma busca “un rol del Banco Central mucho más acotado”, menos vinculado al programa económico del gobierno de turno y concentrado en preservar el valor de la moneda.

En ese sentido, defendió la reducción de funciones. Destacó que frente a la Carta Orgánica vigente, que incorpora estabilidad monetaria y financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social, el Central concentrará su misión principal en preservar el valor de la moneda.

“El Banco Central tiene que ser agnóstico, no tiene que estar eligiendo un sector de la economía sobre otro”, lanzó Bausili cuando los senadores le preguntaron por herramientas destinadas a favorecer el crédito a pymes o economías regionales.

Werning puso números al proyecto. Según el cálculo presentado por el vicepresidente del BCRA, el “daño patrimonial” acumulado por el Central entre 2013 y 2023 superó los US$ 550.000 millones a valores actualizados, una cifra equivalente al 85% del Producto Interno Bruto.

En esa cuenta incluyó la pérdida de reservas líquidas a través de letras intransferibles, los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades, otros mecanismos indirectos de financiamiento y el costo que luego debió asumir el Central para esterilizar los pesos emitidos.

La hipótesis que defendió Werning es lineal: el Tesoro recibió pesos y dólares; el BCRA deterioró su balance para proveérselos y las familias terminaron absorbiendo una parte sustancial del costo mediante inflación.

Para la conducción de la entidad, ese cálculo explica por qué no alcanza con que el actual gobierno decida no utilizar esos mecanismos. El objetivo es clausurarlos por ley para los que vengan después.

Ahí es donde apareció el segundo gran cuestionamiento. El proyecto involucra al Congreso de manera vinculante para remover a las autoridades del Banco Central y establece una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras. La oposición cuestionó la asimetría entre las condiciones requeridas para ingresar al directorio y las necesarias para salir.

José Mayans, jefe de bloque del Justicialismo, calificó de “inconstitucional” el esquema propuesta y sostuvo que convertiría a la conducción monetaria en una suerte de poder permanente. "La Constitución dice que tiene el ente tiene que estar al servicio del pueblo argentino, no al servicio de diez economistas", y acusó de que con la reforma el titular del BCRA "adquiere el rango presidencial o de juez de la Corte. "Nos oponemos terminantemente y declaramos que es inconstitucional que sean removidos por dos tercios ambos cuerpos", advirtió.

Mientras la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó esa misma discusión para defender el diseño oficial. Sostuvo que abandonar los objetivos múltiples y que haya estabilidad en sus autoridades evitaría los cambios al ritmo de cada gobierno. “Se debe concentrar en garantizar esa estabilidad monetaria y en rendir cuentas por esos resultados”, planteó. Y sostuvo que una conducción protegida frente a remociones discrecionales no supone ausencia de control, sino una “regla de estabilidad” capaz de darle mayor independencia a la autoridad monetaria.

El debate continuará ahora en el recinto, adonde el oficialismo procura consagrar una reforma concebida para que las reglas que hoy el BCRA dice aplicar por decisión propia se conviertan en límites legales para quienes administren la moneda en los próximos gobiernos.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que continuará su tratamiento en el Senado.

El texto amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. El oficialismo sostiene que la medida permitirá formalizar ahorros mantenidos fuera del sistema, mientras la oposición denuncia un nuevo blanqueo.

La reforma elimina los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos que regían para acceder al esquema. Se mantendrán como requisitos contar con residencia fiscal argentina y no estar registrado como Gran Contribuyente Nacional.

Quienes ingresen al sistema podrán presentar una declaración simplificada y acceder a una presunción de exactitud sobre los datos informados. La propuesta también flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado por ARCA para iniciar fiscalizaciones.

El proyecto limita la posibilidad de que el organismo recaudador cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores. Además, reconoce como compatibles con el régimen los pagos en efectivo formalizados mediante escrituras públicas.

El oficialismo incorporó una restricción para quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión. Podrán utilizar la declaración simplificada, pero no recibirán las protecciones previstas en el régimen.

La exclusión comprende a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores, concejales, jueces, fiscales, defensores del Pueblo y miembros de consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.

En esos casos, ARCA podrá investigar cualquier diferencia detectada y aplicar multas o sanciones mediante las reglas generales. La limitación no fue extendida a cónyuges ni familiares de los funcionarios, uno de los puntos cuestionados durante el debate.

Diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda advirtieron que la reforma reducirá la capacidad del Estado para controlar fondos sin justificar. También cuestionaron el posible impacto sobre las investigaciones por evasión, corrupción y lavado de activos.

El oficialismo rechazó esas acusaciones y afirmó que la norma busca concentrar los controles de ARCA en inconsistencias relevantes. Laura Rodríguez Machado sostuvo que la propuesta apunta a dejar de considerar sospechosos a quienes recurrieron al ahorro informal durante períodos de alta inflación.

La iniciativa disminuye un 25% determinadas multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

También establece una reducción del 50% para algunas sanciones anteriores que todavía no estén firmes ni hayan sido canceladas. Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá regularizar el incumplimiento que originó la multa.

El senador nacional Marcelo Lewandowski advirtió que la Argentina no puede resignarse a un modelo exclusivamente extractivista y reclamó que los recursos estratégicos del país sean el motor de una industria nacional fuerte, competitiva y generadora de empleo. Lo hizo al disertar en el Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, donde compartió panel con el senador nacional Jorge Capitanich y el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato.

Allí expuso sus iniciativas para sostener al entramado productivo, entre ellas la suspensión por 365 días de embargos y ejecuciones fiscales de ARCA y el reintegro automático de los saldos a favor de IVA en un plazo máximo de 30 días para MiPymes. “Ahora estamos actuando de bomberos para parar la sangría, pero lo importante es tener un concepto de país. No podemos ser solamente extractivistas; esto tiene que redundar en un desarrollo industrial que genere empleo y oportunidades”, concluyó.

En ese sentido contrapuso los efectos del actual modelo económico y el impacto sobre el trabajo: “Uno de cada cuatro despidos formales que hay en la Argentina responde a las industrias. Y en Santa Fe, uno de cada dos”. “Lo importante es tener un concepto de país en donde pensemos que no seamos solamente extractivistas, sino que esa explotación redunde en un beneficio de un desarrollo de las industrias”, sostuvo.

Por último Lewandowski sostuvo que no cuestiona el desarrollo de la minería, el gas o el petróleo, sino que reclama que las empresas argentinas puedan participar de esas cadenas de producción para que puedan ser ellas las que provean a las empresas que vienen a invertir. "Con el RIGI las casas prefabricadas y los galpones que se necesitan para proyectos mineros las trajeron de China, cuando las podríamos haber construido acá, como históricamente fue", ejemplificó.

¿A quién le conviene la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias? El tema figura con claridad en el proyecto de Reforma Electoral Integral que el presidente Javier Milei envió al Congreso, vía Cámara de Senadores.

Fue en abril y generó ruido de inmediato. Ruido en la oposición y en los sectores dialoguistas, y negociaciones o intentos de acercamiento del Ejecutivo con los gobernadores, que por el momento no aseguran su apoyo.

Por ahora la reforma, que está compuesta por 79 artículos. Tuvo una instancia de presentación oficial en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El texto incluye la reforma del Régimen de Partidos Políticos; la reforma de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley N° 26.571) y sus modificatorias; la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Como así también la reforma del régimen de elección de Parlamentarios del Mercosur; la incorporación del Régimen de Ficha Limpia y la adecuación del régimen de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales.

En concreto, en el artículo 19 propone derogar las PASO, que fueron creadas por ley en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) y se llevaron a cabo por primera vez en 2011.

Frente a la ausencia de las PASO, el anteproyecto estipula que los partidos deberán registrar sus listas de candidatos ante la Justicia electoral con una antelación no menor a 60 días de la fecha de la elección general. Para los comicios legislativos de 2025, las primarias fueron suspendidas en febrero de ese año por única vez.

En los fundamentos se hace un poco de historia sobre las PASO, para recordar que “cuando el 28 de octubre de 2009 se presentó el proyecto que culminó con la sanción de la mencionada ley, se expresó desde un primer momento que se pretendía recoger un reclamo de la ciudadanía en materia de representación política y saldar una deuda pendiente que todo el arco político tenía consigo mismo”.

En particular, en el mensaje que precede al proyecto se adujo que la implementación de las PASO buscaba ser "un paso más” para reducir “la brecha de disociación entre la política institucional y los reclamos sociales".

Pero, afirman, “a casi 16 años desde la sanción de la citada ley, podemos afirmar que, contrario a lo que se pretendía al momento en que se ideó la norma, los años que le sucedieron a su sanción se vieron marcados -salvo algunas excepciones- por un acrecentamiento exponencial del desencuentro entre los reclamos legítimos de la sociedad y la agenda desarrollada por la clase política argentina”.

En este sentido, se logró suspender para el año 2025 el régimen de primarias, “pero es momento de eliminarlo, garantizando así previsibilidad en el sistema y seguridad para los electores”. Asimismo, “constituye un modo de asegurar la correcta libertad de los partidos para que ellos puedan promover sus elecciones internas del modo que entiendan mejor”.

Aquí cita la Constitución Nacional que, en el artículo 38, con relación a los partidos políticos, señala que: "...el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos...".

Tal como surge de los debates de la Convención Nacional Constituyente de 1994 -sigue-, la mencionada disposición se incluyó a fines de dejar en claro que la actividad de los partidos políticos debe estar orientada y delimitada por el respeto a la CN y a la democracia.

Ahora bien, también surge de los debates de los constituyentes que, respetados esos "límites" -más que razonables-, el funcionamiento de los Partidos Políticos tanto en lo que hace a su actividad externa como interna debe contar con el mayor grado de libertad posible.

Esa es una razón que invoca el Ejecutivo para esta reforma. La otra es el costo, que también sobrevoló la decisión de suspender las PASO en las legislativas de 2025.

Volviendo al principio, la pregunta es a quién le conviene la eliminación de este sistema. Luego, si el gobierno tiene los votos suficientes para lograrlo. Y, finalmente: si no se eliminan, ¿la salida podría ser una nueva suspensión o una transformación?

El Litoral buscó la opinión de diputado nacional de La Libertad Avanza,Nicolás Mayoraz; el referente de un sector del peronismo y ex legislador y funcionario nacional Juan Manuel Abal Medina, y del consultor político Carlos Fara para tratar de responderlas y, con ello, identificar los carriles por los que se desenvolverá el debate político e institucional en el futuro inmediato.

El Senado volvió este martes sobre una reforma que pretende cambiar no solamente la manera de crear una empresa en la Argentina, sino también hasta dónde puede intervenir el Estado en su funcionamiento.

La Comisión de Legislación General retomó el tratamiento del expediente PE-193/26, enviado por el Poder Ejecutivo, con una extensa ronda de especialistas en derecho comercial, regulación, lavado de activos y tecnología. La discusión había comenzado el 24 de junio, cuando Federico Sturzenegger presentó junto con funcionarios nacionales los lineamientos de una iniciativa que busca reformular el régimen societario argentino.

Esta vez la lista de invitados mostró por sí sola la amplitud del debate. Fueron convocados, entre otros, Sebastián Balbín, Ricardo Nissen, Marcelo Gebhardt y Gabriela Calcaterra; el titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez; la fiscal general Gabriela Boquín; la exresponsable de la Inspección General de Justicia Débora Cohen; el especialista en blockchain Sebastián Heredia Querro; y el fundador de Satellogic, Emiliano Kargieman.

La composición de la mesa anticipó la amplitud de una discusión que excede la simplificación de trámites y alcanza cuestiones de control estatal, responsabilidad empresarial, prevención del lavado y nuevas formas de organización basadas en tecnología.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa diseñada por el Gobierno es modificar la relación entre la ley, los organismos públicos de control y los propios estatutos de las empresas.

La propuesta amplía el margen para que los socios definan las reglas internas de sus compañías y procura restringir la capacidad de los registros públicos para imponer condiciones adicionales sobre aquello que la legislación permite. En esa arquitectura, muchas disposiciones pasan a operar de manera supletoria frente a lo establecido por los particulares.

Es uno de los puntos políticamente más sensibles del proyecto. Para el oficialismo, forma parte de la estrategia general de desregulación y reducción de costos burocráticos. Pero esa misma retirada del Estado coloca en discusión dónde debe quedar el límite entre libertad contractual y protección de accionistas minoritarios, terceros, acreedores y el interés público.

El cambio también alcanzaría al objeto social. Una compañía podría desarrollar actividades múltiples sin necesidad de acreditar la conexión entre ellas, ampliando la flexibilidad actualmente disponible para organizar negocios y modificar su actividad.

La innovación que probablemente concentre la mayor atención pública es la creación de las llamadas sociedades automatizadas.

El proyecto contempla estructuras cuyo funcionamiento ordinario pueda descansar en algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con empleados para ejecutar determinadas decisiones. Junto con ellas introduce las organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO, que pueden operar total o parcialmente mediante reglas programadas y utilizar blockchain y activos digitales para registrar participaciones y movimientos.

El salto tecnológico plantea una discusión que excede la reducción de trámites. Si una sociedad actúa por medio de código informático, vuelve necesario definir quién responde cuando una decisión automatizada genera daños, incumple una obligación o ejecuta una operación irregular.

También aparece el desafío regulatorio sobre la identificación de quienes controlan efectivamente esas organizaciones, un punto especialmente relevante para las normas contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito.

La presencia en la reunión del titular de la UIF y de especialistas en derecho societario, criminalidad económica y transparencia reflejó precisamente esa dimensión del debate.

La reforma también intenta trasladar definitivamente el funcionamiento societario al entorno electrónico.

El esquema contempla domicilio y sede electrónicos, libros y registros digitales, reuniones de órganos sociales a distancia y mecanismos de constitución mediante firma digital o electrónica. Además, prevé un legajo digital público para cada sociedad.

El objetivo declarado es adaptar las reglas a compañías que ya funcionan con equipos remotos, plataformas digitales y activos intangibles. En la misma dirección, se amplían las alternativas para integrar capital mediante bienes, derechos, créditos, prestaciones económicamente valorables e incluso activos digitales.

La consecuencia puede ser relevante para emprendimientos tecnológicos y empresas nacidas bajo modelos que no encajan con facilidad en la estructura societaria tradicional.

Pero la simplificación administrativa vuelve a cruzarse con otra pregunta: qué controles deben conservarse para que una constitución empresarial más rápida no se convierta también en una estructura más opaca.

Otro capítulo abre mayor espacio para resolver disputas empresarias por fuera de los tribunales ordinarios.

Los estatutos podrán incorporar cláusulas arbitrales y el proyecto amplía las posibilidades de recurrir, bajo determinadas condiciones, al derecho extranjero o a reglas del comercio internacional para solucionar controversias internas.

El Gobierno presenta ese tipo de modificaciones dentro de una agenda destinada a reducir rigideces y acercar el régimen argentino a las prácticas utilizadas por empresas que operan internacionalmente.

Pero su alcance vuelve a colocar sobre la mesa la discusión más amplia que atraviesa todo el proyecto: qué parte del derecho societario debe quedar reservada a normas obligatorias del Estado y cuánto puede ser definido libremente por quienes participan de cada compañía.

El expediente ingresó formalmente al Senado el 1° de junio y permanece girado exclusivamente a la Comisión de Legislación General, sin que hasta ahora registre egreso de esa comisión.

Después de una primera reunión dominada por la explicación del Gobierno, el ingreso de especialistas provenientes del derecho, los organismos de control y el sector tecnológico abre ahora una etapa distinta: la de medir cuánto de la desregulación propuesta puede sobrevivir sin cambios cuando el Congreso empiece a discutir quién controla, quién responde y dónde queda el Estado cuando una empresa puede funcionar, incluso, a través de un algoritmo.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó en la sesión del último miércoles una resolución de fuerte contenido político vinculada al debate nacional por la modificación de la Ley de Tierras, con nueve votos a favor y sólo el rechazo del bloque de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por el bloque de Ciudad Futura (con el apoyo del oficialismo de Unidos), expresó el rechazo a los cambios impulsados por el Gobierno nacional que buscaban flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros.

El proyecto local tomó posición frente al dictamen que se analizaba en el Senado de la Nación dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto advertía que la reforma planteaba modificaciones sustanciales al régimen de protección de tierras rurales establecido por la Ley Nacional N° 26.737, al reconfigurar los límites máximos de titularidad extranjera y reducir herramientas de control territorial de provincias y municipios.

La resolución aprobada por el cuerpo legislativo venadense sostuvo que la tierra no debe ser considerada una mercancía más, debido a su importancia estratégica para la producción de alimentos, el desarrollo de las comunidades, la preservación ambiental y el acceso a recursos fundamentales como el agua.

Entre los principales cuestionamientos planteados por los concejales aparece la eliminación de controles a escala departamental y municipal. Según el proyecto, la fijación de un límite global por provincia podía permitir una concentración significativa de tierras en determinados distritos donde existieran recursos productivos o bienes naturales estratégicos.

El pronunciamiento también alertó sobre el impacto que una eventual flexibilización podría tener en las economías regionales y en la capacidad de las comunidades locales para definir el destino productivo y ambiental de sus territorios.

La votación en Venado Tuerto se produjo mientras a nivel nacional el oficialismo negociaba cambios al proyecto de ley. Finalmente, el Gobierno decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para avanzar en el Senado, un revés político que obligó a modificar la estrategia legislativa.

El texto aprobado por el Concejo además solicitó a los representantes santafesinos en la Cámara alta que rechazaran las modificaciones y defendieran límites estrictos a nivel departamental y municipal sobre la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.

De esta manera, el debate sobre la Ley de Tierras abrió una discusión que trascendió la cuestión dominial y puso en el centro la tensión entre la llegada de inversiones, la soberanía territorial y el rol de los gobiernos locales en la planificación del uso del suelo.

El gobierno nacional presentó este martes cambios en el nuevo dictamen del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como ley de Tierras, con el objetivo de asegurar la aprobación en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación.

La jefa del bloque, Patricia Bullrich, otorgó una conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo la Mesa Política del Gobierno. Explicó que las modificaciones al dictamen buscan responder a la presión de la oposición dialoguista y evitar la derrota legislativa.

Acompañada del presidente provisional Bartolomé Abdala, y de los senadores oficialistas Agustín Coto (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (presidenta de Legislación General), Bullrich detalló que tras ceder a esa presión se incorporaron límites y exigencias puntuales.

Se trata de una nueva modificación al proyecto de ley redactado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De acuerdo al repaso que llevan los cronistas legislativos, el texto acumula un total de 17 versiones, explicando la complejidad en el tratamiento a los que se enfrenta el oficialismo para negociar su aprobación con los bloques aliados.

“Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques”, enfatizó Bullrich en la conferencia. Y afirmó: “Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”.

“Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, sostuvo la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”, recalcó.

El nuevo dictamen fija un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para adquisiciones por extranjeros, una precisión puntual del proyecto de tierras que modifica el texto original.

"Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, dijo y añadió condiciones sobre avales conjuntos para figuras con participación estatal.

Además, detalló que el artículo 25 exige que toda adquisición por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras sea inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando nacionalidad y datos del adquirente.

En ese sentido, indicó que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, según Bullrich.

También dijo que se incorporó al nuevo dictamen un agregado al artículo 4 de la Ley N° 21.499 sobre expropiaciones, donde la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarla.

El texto también propone acelerar desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, y modifica requisitos para expropiaciones y artículos de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el uso de propiedades afectadas por catástrofes, según el dictamen.

Las modificaciones llegaron tras una creciente presión de la oposición dialoguista, que expresó reparos y amenaza de votos en contra; la cesión de parte de la jefatura del bloque buscó neutralizar esa resistencia antes de la sesión del jueves.

En los pasillos legislativos estiman que los cambios podrían otorgarle al gobierno entre 38 y 40 votos para alcanzar la aprobación del proyecto, un cálculo que marca el objetivo político detrás del nuevo texto presentado.

Para el jueves está convocada una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso, una movilización que llega mientras el gobierno presentó el nuevo dictamen y busca asegurar la aprobación en la sesión.

Las reacciones de la oposición se centran en que el proyecto una vulneración de la soberanía territorial. Para el jefe del interbloque peronista, José Mayans, es una norma que apunta a "vender el país".

Para el jefe del interbloque peronista, “lo esencial es que esta ley se caiga” porque “es un paso tan grave que habrá una Argentina antes y después de esta ley”. “Quieren comprar todo nuestro territorio”, alertó en diálogo con el streaming Gelatina.

En cuanto al “poroteo” de cara a la sesión que se prevé para este jueves, el formoseño dijo: “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor. Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35. Estamos a un voto de 36, que es empate”.

“Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”, “Ley de tierras” o “Ley de extranjerización de tierras”: la primera denominación es la que puso el Ejecutivo al proyecto que el Senado Nacional tiene en carpeta para debatir en la próxima sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La segunda simplifica el extenso proyecto oficial que consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La tercera responde a la opinión de un variopinto arco opositor, que va desde el justicialismo y la izquierda, hasta la UCR que, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. El resultado se verá en el recinto donde, en definitiva, los votos terminan definiendo la suerte de las leyes.

Mientras tanto, también hay advertencias locales por los posibles efectos de la ley en la región. Y se viene organizando una movilización social en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.

¿Pero qué dice el proyecto del Ejecutivo? En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

El 20 de mayo la iniciativa obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta, despejó algunos ítems que habían sido cuestionados (como la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap), y estableció sus principales objetivos.

Entre ellos, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose. Ahora se quieren modificar por ley.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

En su fundamentación, el PEN remite a la Constitución Nacional que en su artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, y propone una revisión y adecuación de normas que “restablezca equilibrios, elimine distorsiones y refuerce la coherencia el sistema jurídico”. Para lograrlo, se modifican varios cuerpos normativos, en procura de alentar desarrollo, inversiones y previsibilidad.

Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos.

Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.

“La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra”, dice el informe. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.

El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.

La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.

Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.

El debate no arrancó aún en el recinto del Senado pero ya se anticipa en la Cámara de Diputados. Desde allí, Marcela Pagano (ex LLA y actual Coherencia) salió a cuestionar las reformas que introduce el actual proyecto del PEN a la ley 26.737 que en 2011 limitó la titularidad extranjera del territorio nacional, fijó topes de extensión en zonas productivas y prohibió la venta de tierras con cuerpos permanentes de agua o ubicadas en zonas de frontera.

Además planteó el efecto que la ley tendría sobre la soberanía en tierras patagónicas. “Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. “Ningún país serio hace esto. Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera”, sostuvo.

En la sede del PJ de Rosario, hubo pronunciamientos de legisladores nacionales por Santa Fe: el diputado Germán Martínez (UxP) y el senador Marcelo Lewandowski (bloque Justicialista) alertaron que “la Ley de Extranjerización de Tierras de Milei es un atentado contra la soberanía".

Los legisladores nacionales analizaron las graves consecuencias que esta iniciativa tendría para el país y explicaron que "la normativa está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino".

El diputado destacó que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra”. En tanto, Lewandowski advirtió el impacto de la ley en la obra pública: "Para expropiar una tierra para hacer una ruta o una escuela, además del costo del campo, le agregan el 'lucro cesante'. Al Estado le va a salir muchísimo más caro construir".

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe también está instalado el tema: un proyecto de comunicación firmado por Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome las medidas para resguardar “la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe", en el marco del debate del proyecto de ley nacional.

Además, solicita que se adopten medidas para resguardar los recursos hídricos de la Provincia —en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní— y las tierras de mayor valor productivo, ante una eventual flexibilización del régimen.

“Santa Fe cuenta con algunas de las tierras de mayor valor productivo del país y con recursos hídricos de relevancia estratégica, vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní. La eventual eliminación de los topes vigentes podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de estas tierras, sin que existan hasta el momento mecanismos claros de contralor provincial que sustituyan a los resguardos federales que se pretenden derogar”, advierten.

El debate está servido. El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. Habrá que esperar al jueves para saber si aún con los cambios aceptados, el Ejecutivo y sus bloques aliados logra la media sanción que no consiguió un mes antes.

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "profunda preocupación" y un rotundo rechazo ante el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Gobierno nacional. La entidad advirtió que la aprobación de esta iniciativa representaría un "grave error" al afectar directamente la soberanía nacional y la seguridad del país.

El comunicado de la FAA se centra en la modificación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Según los federados, el nuevo proyecto elimina los límites federales vigentes y traslada la potestad de autorizar o prohibir la compra de tierras a las provincias o al gobierno nacional, lo que abriría las puertas a una "mayor concentración" y a una delegación de soberanía preocupante.Entre las principales alarmas encendidas por la organización se encuentran:Recursos hídricos: La reforma deja de lado la protección de tierras que contienen o limitan con cuerpos de agua, afectando no solo el recurso tierra sino también el acceso al agua.Zonas de seguridad: Se eliminarían las restricciones para que extranjeros adquieran tierras en áreas fronterizas, lo cual es considerado "gravísimo" en términos de seguridad nacional.Desarrollo local: La FAA defiende la ley actual porque resguarda a los pequeños productores y evita que grandes empresas con recursos foráneos desplacen el arraigo y el desarrollo rural. 

El debate en el Senado de la Nación estaba previsto para mediados de julio, pero ante la falta de acuerdos y votos suficientes, el oficialismo decidió postergar el tratamiento para el próximo 6 de agosto, tras el receso legislativo.La FAA no está sola en su rechazo. La Unión Cívica Radical (UCR) también emitió un comunicado oficial advirtiendo que la reforma atenta contra los recursos estratégicos del país. Con 10 senadores en la Cámara Alta, el radicalismo se perfila como la pieza clave que definirá el futuro de la ley.

Los proyectos de reforma política y sobre los subsidios al gas denominado "Zona Frías" que pidió este miércoles el Gobierno nacional se encuentran frenadas en el Senado de la Nación, debido a que no hay acuerdo con los bloques dialoguistas.

La solicitud de avanzar con estas iniciativas fue realizada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión que compartió con unos 120 legisladores nacionales en la Casa Rosada.

La reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las Paso, el proyecto para limitar el subsidio de gas a la Patagonia, la Puna y Malargüe, la reforma de ley de Inocencia Fiscal que se enviará a Diputados, son las principales prioridades que hoy planteó el Gobierno Nacional.

Lo que sucede es que el bloque de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, no tiene los votos para poder aprobar los cambios en el régimen electoral ni para cambiar la ley de Zonas Frías.

El proyecto de Reforma Electoral ingresó el pasado 22 de Abril y hasta ahora solo se realizó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 14 de Mayo, donde expuso la ex funcionaria del ministerio del Interior, Luz Landivar.

Si bien el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo encarando negociaciones con los gobernadores eso no alcanza para tener todos los votos, porque en el caso de la decena de radicales la mitad no tiene terminan en ninguna gobernación, y los tres del PRO tampoco.

Diego Santilli.

El oficialismo tiene 21 senadores, pero, para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos, necesita 16 legisladores que voten a favor de la eliminación de las PASO y, hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazado de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas.

Ahora con la asunción del nuevo cargo, Santilli y Bullrich trabajarán en forma conjunto para alcanzar los acuerdos para sancionar esta iniciativa, cuyo debate se reanudará en la comisión de Asuntos Constitucionales en la primera semana de Agosto, como había adelantado la Agencia Noticias Argentinas.

En este lapso seguirán las negociaciones con los bloques dialoguistas de Encuentro Misionero, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Moveré Santa Cruz, Provincias Unidas, el PRO y la UCR.

El proyecto que busca limitar el subsidio del gas a la Patagonia, La Puna y Malargüe, fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de Mayo, pero aún no se abrió el debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda, que presiden el radical Flavio Fama y el libertario Agustín Villaverde.

El oficialismo en diputados tuvo el respaldo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

En el Senado, el panorama es diferente porque los dos senadores, el ex gobernador Rodolfo Súarez, y su coterránea mendocina Mariana Juri se oponen a votar la ley de Zona Fría ya que sostienen que perjudicará a los usuarios de esa provincia.

También rechaza el proyecto, el senador Maximiliano Abad, debido a que su ciudad Mar Del Plata se vería muy perjudicada y otros radicales que pusieron reparos son Daniel Kroneberger y Fama.

En Provincias Unidas, la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, es otra de las legisladoras que rechazan el proyecto ya que muchas localidades de esa provincia con bajas temperaturas perderán el subsidio.

Otro de los proyectos prioritarios para el Gobierno es la reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno en los próximos días a la Cámara de Diputados de la Nación.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: NA

Uno de los objetivos del oficialismo es ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, para que puedan ingresar a ese sistema con lo cual se deberá eliminar el tope de ganancias anuales 1000 millones de pesos y un patrimonio de 10 mil millones de pesos.

Por Nancy Balza

A las 11 de este jueves estaba convocado el Senado Nacional para tratar, entre otros temas que tienen el visto bueno del gobierno, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, además de pliegos judiciales y acuerdos internacionales.

Sin embargo, 30 minutos después de la hora de inicio, máximo plazo de tolerancia, la sesión quedó suspendida por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala que ocupó el sitio reservado a Victoria Villarruel (titular del Senado). ¿La razón? Falta de quórum.

Sin embargo, la cámara que transmite la sesión en vivo mostraba un recinto de lo más concurrido pero con pocos senadores sentados en sus bancas.

En definitiva, la sesión en la que el tema más urticante para el oficialismo era la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, fracasó: de 37 presencias necesarias para abrir la reunión, se llegó en algún momento a un máximo de 25. El resto permanecía de pie, sin registrarse.

El encuentro prometía un arduo debate reglamentario que tiene de fondo, en realidad, a la figura del Jefe de Gabinete y ex vocero presidencial a quien la oposición quiere interpelar y, si se avanza, remover del cargo.

Hay varias iniciativas en ese sentido, incluida la que se conoció en las últimas horas y corresponde al bloque del PRO cuyo presidente Martín Göerling ingresó un pedido para interpelar al funcionario de confianza de los Milei el próximo 2 de julio, fecha en que Adorni iba a concurrir a la Cámara alta a brindar su informe de gestión.

La discusión reglamentaria, que también se suscitó en Diputados dos días atrás, pasa por si se puede aprobar esa medida por mayoría simple o por mayoría especial (48 senadores) y si debe tener dictamen de comisión (en Diputados fue convocada Asuntos Constitucionales para el 30 de junio y en el Senado para el 1° de julio) o se podría dirimir en el recinto.

En la Cámara baja la oposición no logró que prosperase un pedido similar: el martes no consiguió el quórum necesario para abrir la sesión (precisamente, faltó el PRO, además del oficialismo, un sector de la UCR y otros referentes provinciales), y este miércoles tampoco avanzó un apartamiento de reglamento para insistir sobre el tema.

Mientras todo esto ocurría, se conoció la renuncia “irrevocable” de Esteban Bullrich al PRO. Fue en una carta dirigida por el ex ministro de Educación al titular del partido amarillo Mauricio Macri.

Allí, Bullrich funda su decisión en “la protección brindada a Manuel Adorni”, en Diputados, cuando legisladores de esa pertenencia política no dieron quorum para tratar la interpelación del jefe de Gabinete. “Permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, advirtió el ex dirigente que atraviesa por una dura enfermedad.

En ese sentido, planteó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

Desde el Partido Justicialista hay un pedido de interpelación ingresado el 12 de junio que hasta el momento no se trató.

En las últimas horas se conoció el texto el PRO, que lleva la firma del jefe de bancada y de María Victoria Huala (La Pampa), y dispone citar a Manuel Adorni a concurrir al recinto del Senado el día 2 de julio “con el objeto de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

El artículo 2 establece que el Jefe de Gabinete deberá “brindar las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”.

A renglón seguido se le pide que “informe las medidas de gobierno adoptadas que le corresponden en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, especialmente las derivadas del inc. 7 (“Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.”), siendo que ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen lícito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado”.

Por último, se dispone que “en caso de no concurrir de Gabinete a la citación del art. 1°, la Cámara pasará de inmediato a considerar sin más trámite la moción de remoción del art. 101 de la Constitución Nacional".

La cita de Adorni con el Senado ya estaba acordada para el 2 de julio pero, como se dijo, para brindar su informe de gestión.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo pública su opinión acerca de la inconveniencia de que el funcionario se presente en el recinto donde seguramente sería “castigado” durante varias horas por la oposición. Desde allí se viene reclamando el apartamiento del funcionario, luego de las sucesivas inconsistencias patrimoniales que se conocen desde marzo.

Luego, el propio Adorni dijo que estaba dispuesto a concurrir ese día a la Cámara.

La última vez que un Jefe de Gabinete fue a la Cámara alta a dar un informe fue el 26 de junio de 2025. En ese momento el lugar estaba ocupado por Guillermo Francos.

Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, en el recinto del Senado de la Nación.Este viernes se cumple un año de la última vez en que un jefe de Gabinete concurrió al Senado a dar su informe de gestión. En esa oportunidad el cargo era ocupado por Guillermo Francos. Foto: Archivo

Por el momento es una incógnita si el aun jefe de Gabinete cumplirá con su compromiso y, en todo caso, si tendrá preguntas de gestión para responder (apenas 10 legisladores hicieron consultas hasta el miércoles, cuando vencía el plazo para formularlas) o si todas estarán dirigidas a su evolución económica que cada día abre más interrogantes.

Se abra o no se abra el recinto de cualquiera de las cámaras, el tema Adorni sigue ocupando la atención de la oposición y hasta de algunos aliados, que lo quieren fuera de la gestión, y del oficialismo, que redobla esfuerzos e interpretaciones reglamentarias para sostenerlo.

La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado. Ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo decidió postergar el tratamiento de la iniciativa hasta agosto.

La decisión refleja las dificultades que atraviesa la Casa Rosada para construir mayorías en la Cámara alta, donde distintos bloques opositores y aliados circunstanciales expresaron reparos sobre uno de los puntos centrales del proyecto.

La propuesta forma parte de una reforma electoral más amplia que también contempla modificaciones vinculadas a la denominada Ficha Limpia, el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos del régimen electoral argentino.

Según trascendió en las últimas horas, la eliminación de las elecciones primarias obligatorias no cuenta con el respaldo suficiente para alcanzar la aprobación en el Senado. Sectores de la Unión Cívica Radical, referentes del PRO y representantes de bloques provinciales mantienen diferencias con la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

Frente a ese escenario, el oficialismo comenzó a evaluar alternativas que permitan acercar posiciones. Entre las opciones que surgieron en las conversaciones parlamentarias aparece la posibilidad de transformar las PASO en un mecanismo optativo, en lugar de eliminarlas por completo, una fórmula que podría generar mayores consensos entre los distintos espacios políticos.

La discusión adquiere relevancia porque las primarias constituyen una herramienta utilizada por los partidos para definir candidaturas y ordenar competencias internas.

Quienes rechazan su eliminación sostienen que representan un mecanismo de democratización partidaria, mientras que desde el Gobierno argumentan que implican elevados costos para el Estado y que muchas veces funcionan como una gran encuesta nacional financiada con recursos públicos.

La postergación del debate también expone un escenario político menos favorable para La Libertad Avanza en la Cámara alta. En las últimas semanas, el oficialismo enfrentó dificultades para avanzar con distintos proyectos y negociaciones parlamentarias, lo que complicó la construcción de acuerdos para iniciativas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

En este contexto, el Gobierno apuesta a utilizar el receso invernal y las semanas posteriores para intensificar las conversaciones con gobernadores, senadores provinciales y bloques dialoguistas. El objetivo será alcanzar un texto que pueda reunir los apoyos necesarios cuando el tema vuelva a la agenda legislativa después de julio.

Por ahora, la reforma electoral deberá esperar. La falta de consenso en torno a las PASO obligó a reconfigurar la estrategia oficialista y trasladó una de las discusiones políticas más importantes del año para el segundo semestre, en un Congreso donde cada voto aparece como determinante.

Mauro L. Muñoz

Vuelve a escalar la disputa sobre la ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno nacional llevó su reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario. En paralelo, aumenta la tensión en el Conrgeso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo.

La presentación de la Procuraduría del Tesoro pidió que se frene su aplicación. En tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en Diputados para hacer oír sus reclamos. Mientras el Senado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ejecutivo para revisar pensiones y endurecer auditorías, iniciativa que recibió fuertes críticas.

En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobirno sostiene que el fallo “genera una situación de gravedad institucional” y que, al declarar abstracta la cuestión, “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.

El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.

El conflicto sobre la norma viene desde el año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma, pero luego dispuso su suspensión mediante el decreto 681/2025 con el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue la que dio lugar a la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, además de descartar el argumento económico al recordar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.

En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno pretende con este recurso instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado. “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y pidió a la Corte que no habilite esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.

Mientras la pelea escala en la Corte, en el Congreso sigue el conflicto. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición, sin participación del oficialismo ni de sus aliados.

El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, con unos 150 invitados vinculados a la temática. La excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que, según denunciaron, mantiene en jaque al sistema de prestaciones. Pero el tono de la reunión fue bastante más intenso que una simple audiencia de exposición.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.

También participó Ian Moche, el joven influencer con autismo, que denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra él. Ese testimonio volvió a correr la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.

La otra pata del conflicto está en el Senado. Ahí ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que en los hechos busca reabrir la discusión sobre discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.

La iniciativa propone revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la ley 13.478, introducir cambios en la ley 24.901 y tocar artículos centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicho rápido: el Gobierno no pudo desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir por la vía legislativa varios de sus puntos más sensibles.

Uno de esos núcleos es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Ahí aparece una diferencia clave con la ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo vuelve a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.

Esa vuelta atrás no es menor. Supone correrse de una lógica de inclusión laboral con protección y regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Otra vez, lo que aparece es un modelo. Uno que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.

El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para eso podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.

En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja del beneficio.

El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a medios nacionales, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica.

La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Allí, el funcionario brindará detalles sobre una propuesta que promete "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes".

Más allá de la controversia que de por sí generan algunas de las disposiciones normativas propuestas, el acontecimiento tendrá una fuerte carga política, por cuanto el ministro es cuestionado por sectores de la oposición como el principal ideólogo del ajuste, y la oposición viene reclamando insistentemente su presencia en el recinto.

El desembarco de Sturzenegger tendrá lugar, además, en momentos en que se encuentran sobre el tapete las causas vinculadas a $LIBRA, Andis, las compras de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las denuncias sobre la injerencia rusa en publicaciones contra La Libertad Avanza en medios argentinos.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

Según detalla el sitio especializado Parlamentario, el proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario.

En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas.

Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

La iniciativa fue firmada por el presidente y todo su Gabinete, y se enmarca en la estrategia oficial de desregulación económica y reforma del Estado de fuerte impronta neoliberal. El debate en el Senado marcará el inicio de una discusión que promete generar posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.