El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a medios nacionales, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica.

La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Allí, el funcionario brindará detalles sobre una propuesta que promete "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes".

Más allá de la controversia que de por sí generan algunas de las disposiciones normativas propuestas, el acontecimiento tendrá una fuerte carga política, por cuanto el ministro es cuestionado por sectores de la oposición como el principal ideólogo del ajuste, y la oposición viene reclamando insistentemente su presencia en el recinto.

El desembarco de Sturzenegger tendrá lugar, además, en momentos en que se encuentran sobre el tapete las causas vinculadas a $LIBRA, Andis, las compras de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las denuncias sobre la injerencia rusa en publicaciones contra La Libertad Avanza en medios argentinos.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

Según detalla el sitio especializado Parlamentario, el proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario.

En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas.

Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

La iniciativa fue firmada por el presidente y todo su Gabinete, y se enmarca en la estrategia oficial de desregulación económica y reforma del Estado de fuerte impronta neoliberal. El debate en el Senado marcará el inicio de una discusión que promete generar posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques, envió en los dos últimos días de marzo una primera tanda de 62 pliegos al Senado de la Nación para buscar acuerdo parlamentario. Esta decisión busca cubrir una parte de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

Este primer paquete incluye 50 jueces, 5 defensores, 1 fiscal y 6 conjueces, destinados principalmente a fueros nacionales y federales. Para el caso de la justicia federal de Santa Fe la medida, en principio, propicia dos designaciones: la de Emilio Rosatti para completar la integración del Tribunal Oral Federal Nº 1 y la de Walter Alberto Rodríguez como titular del juzgado federal Nº2.

En el caso de Rosatti -en caso de ser aprobado el pliego- ocupará la silla dejada vacante por María Ivón Vella y Rodríguez el dejado vacante por Francisco Miño.

Tanto Rosatti como Rodríguez integraban las ternas en los respectivos concursos terminados meses atrás en el Consejo de la Magistratura.

Rosatti encabezó la terna seguido por Gonzalo Fernández; y Sofía Chiambretto. El CM giró el listado el 31 de mayo de 2024.

En tanto, el 19 de diciembre de 2024, el CM mandó la terna del juzgado federal nª 2 con Santiago Díaz Cafferata; Walter Alberto Rodríguez; y Giselle Wade.

Dentro de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también fueron finalizados otros concursos con ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo pero que aún no fueron enviados al Senado. En el caso del concurso para el juzgado federal de Rafaela, la terna está integrada por Santiago Díaz Cafferata, Santiago Joaquín Saux y Verónica Andrea Medina.

Los pliegos deben tomar estado parlamentario en la próxima sesión del Senado para luego ser tratados por la Comisión de Acuerdos y tras las entrevistas a los candidatos ser votados en el recinto donde es necesaria la mayoría simple de los votos.

Mientras el Gobierno impulsa este jueves en el Senado de la Nación el tratamiento de la reforma de la ley de glaciares, un grupo de activistas protagonizó una protesta frente al Congreso de la Nación. Los manifestantes intentaron ingresar al edificio tras saltar una de las rejas perimetrales del Palacio Legislativo.

La situación derivó en la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, que detuvieron a 12 activistas por disturbios en la vía pública.

Antes de ser demorados, los activistas realizaron una acción en las escaleras del Congreso, asegurando que se encontraban en el lugar para exigir que los senadores rechacen la reforma y mantengan la protección vigente. Definieron la intervención como una “acción de resistencia pacífica” destinada a advertir sobre los riesgos que la modificación implicaría para la seguridad hídrica del país.

También señalaron que la detención de manifestantes durante un debate parlamentario sobre el agua como derecho resulta “preocupante desde el punto de vista democrático”.

En medio del operativo policial, se registró un incidente con un trabajador de prensa. Un camarógrafo del canal A24, identificado como Facundo Tedeschini, fue empujado por efectivos mientras cubría los hechos y terminó cayendo al suelo, según se observa en imágenes registradas por testigos.

Posteriormente, el trabajador fue detenido durante el traslado de los manifestantes. El episodio generó repercusiones en el ámbito periodístico y motivó el repudio del conductor Antonio Laje, quien calificó la situación como “inentendible e increíble”.

El oficialismo cuenta con los votos justos para avanzar con la iniciativa, siempre que acompañen algunos senadores del peronismo de provincias cordilleranas. El proyecto busca redefinir el alcance de las áreas protegidas, diferenciando el ambiente periglaciar de las geoformas periglaciales que cumplan una función hídrica estratégica.

En la práctica, la reforma limitaría la protección solo a aquellas formaciones con una función de reserva de agua comprobada, a diferencia de la ley vigente, que protege tanto glaciares visibles como cuerpos cubiertos o mezclados con roca y prohíbe allí actividades industriales. Este punto concentra el mayor rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores científicos.

Otro eje de debate es la autoridad que resolverá eventuales conflictos entre las provincias y el Ianigla, encargado del Inventario Nacional de Glaciares. Una de las alternativas en análisis es otorgar esa definición a la Secretaría de Energía.

Desde el Gobierno se sostiene que la redefinición del ambiente periglacial permitirá atraer inversiones vinculadas a la megaminería y a los hidrocarburos. En esa línea, La Libertad Avanza impulsa cambios en artículos clave para otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La publicación de Bullrich.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La publicación de Milei.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

Los tres representantes de la provincia de Santa Fe tuvieron su voto dividido, pero acompañando la tendencia de sus respectivos bloques.

Acompañando la propuesta del gobierno nacional, los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical del partido Juntos por el Cambio, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor. En contra, llegó el voto de Marcelo Lewandowski del Frente de Todos dentro del bloque Unión por la Patria

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Votos Afirmativos (42)

El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.

Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.

Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.

Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.

Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.

El Gobierno nacional vivió una jornada de júbilo tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

Pasada la medianoche, una vez consolidado el resultado positivo en el recinto, el oficialismo dio rienda suelta a una celebración que combinó mensajes institucionales de fuerte tono político con gestos de distensión y unidad entre las figuras centrales de La Libertad Avanza y sus aliados estratégicos.

Desde la cuenta oficial de Javier Milei no tardó en reaccionar. El mandatario calificó el desenlace parlamentario como un hecho "histórico", señalando que esta reforma representa un "quiebre con décadas de estancamiento y un sistema que solo generaba pobreza". Para el Ejecutivo, este paso legislativo es la piedra angular para fomentar la inversión privada y la creación de empleo genuino.

Minutos después de la votación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en X donde celebró la media sanción como una herramienta para actualizar un sistema que "durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal".

El texto subraya que esta reforma marca el fin de la "industria del juicio" y devuelve la previsibilidad y libertad al mercado de trabajo, adaptándolo a los cambios tecnológicos actuales.

Asimismo, el presidente de la Nación agradeció a los senadores que "comprendieron el mandato expresado en las urnas" e instó a la Cámara de Diputados a realizar un tratamiento rápido de la medida para consolidar este cambio histórico.

Mientras el tablero marcaba el final de la votación, el clima en las inmediaciones del Senado reflejaba el alivio oficialista.

En un video que circuló rápidamente por redes sociales, se pudo observar a las principales espadas políticas del Gobierno en un clima de camaradería. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, encabezó los festejos junto a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre risas, abrazos y felicitaciones, se sumaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y figuras parlamentarias clave como el diputado de Pro, Diego Santilli, quien acompañó el proceso desde las gradas.

Esta imagen de unidad buscó enviar un mensaje de fortaleza política, mostrando un frente consolidado entre el núcleo duro de Milei y los sectores del Pro que garantizaron el éxito de la iniciativa.

Con la reforma laboral aprobada, el oficialismo se prepara para acelerar su reglamentación. Los ministros presentes en el Senado coincidieron en que este es el punto de partida para una serie de transformaciones estructurales.

Bullrich tuvo el discurso final y luego se procedió a la votación, que arrojó un triunfo: 42 votos a favor y 30 en contra.

La jornada cerró con una sensación de triunfo total en Balcarce 50. Para el Gobierno, haber destrabado la discusión laboral en la Cámara Alta representa su mayor éxito político desde el inicio de la gestión, consolidando un nuevo mapa de alianzas en el Congreso.

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a las empresas y a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.

En una sesión que se prevé extensa y que cuenta con quórum asegurado, el Plan de Labor Parlamentaria otorga un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos.

El despacho revela que hay un total de 28 modificaciones, producto de la trabajosa negociación llevada a cabo y tal como la ex ministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta; aunque no se descartan cambios menores de redacción.

La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que la sesión seguirá hasta las 2 de la madrugada.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei van a permanecer movilizadas. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios.

- Se elimina la reducción en Ganancias. Desde diciembre, cuando ingresó la propuesta al Senado, las provincias alertaron sobre el impacto del capítulo fiscal de la reforma laboral que provocaba una baja de $ 1,9 billones en los fondos coparticipables. Finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.

- Seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%.

- Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original.

- Las empresas seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación sindicales.

- La derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley.

- Se mantiene el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

- Se ratificó la bancarización desestimando las billeteras virtuales para el pago de los sueldos.

- Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Un 2.5% irá para las pymes y el 1% para las grandes empresas.

- Los juicios laborales se limitarán a considerar los salarios de los trabajadores, sin considerar aguinaldos y vacaciones. Se podrán pagar en 6 cuotas en el caso de las grandes empresas y en 12 las pymes.

- Se amplían los servicios esenciales y trascendentales. La CGT no consiguió que se eliminara del proyecto la limitación del derecho de huelga por este concepto. Tampoco tuvo éxito con el artículo que establece que se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo.

Mauro L. Muñoz

El Gobierno quiere tener como regalo navideño tener ley de Presupuesto 2026 aprobada antes de fin de año. Para eso, no deberá tocar ni una coma del proyecto. Por lo que después del pan dulce, llegan los porotos al recinto del Senado de la Nación.

Para este viernes 26 de diciembre a las 12 está prevista la sesión. En primer lugar se tratará el Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026 y después la denominada ley de "Inocencia Fiscal". La convocatoria fue motorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras los despachos emitidos y la reunión de Labor Parlamentaria.

En Casa Rosada, la estrategia es llegar al recinto con el texto tal como salió de Diputados, resignando la revancha por el capítulo 11, que contenía el artículo 75 y proponía derogar leyes ya insistidas por el Congreso, como Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, además de otros ítems sensibles como subsidios energéticos, actualización en asignaciones familiares, coparticipación para CABA y fondos para la Corte .

La premura se anota en el calendario. Cualquier modificación al proyecto en la Cámara alta abre la puerta a un regreso a Diputados y deja al oficialismo corriendo contrarreloj para volver a discutir el texto en los dos días hábiles que le faltarán al año. El apuro de mostrar ante los mercados un aval del Congreso a la hoja de ruta del Ejercicio Fiscal que Javier Milei y su Gabinete ya ratificaron que reasignarán por vía administrativa partidas presupuestarias para alcanzar igual el déficit cero.

En tanto, la oposición ya marcó la cancha por dónde piensa discutir en la Cámara alta: el artículo 30, que explicita recortes de metas de inversión en educación, ciencia y defensa.

“Si sale como está, está muy bien, es un gran paso”, sostuvo este martes el Ministro del Interior, Diego Santilli, remarcando que el objetivo político que busca la administración libertaria es tener Presupuesto aprobado, el primero en los tres años de gestión: “su eventual sanción le dará previsibilidad y ordenamiento a Argentina”, aseguró en diálogo con El Observador.

Hubo intentos para rearmar el capítulo rechazado en la votación en particular de Diputados, pero no prosperaron. Por eso, el oficialismo decidió impulsar el dictamen en el Senado sin cambios. El propio Javier Milei salió a adelantar su postura públicamente: no vetará el Presupuesto si el Senado lo aprueba como viene de Diputados.

La condición es el mantra libertario: “déficit cero". “Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos, corrigiendo por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, dijo Milei el domingo en una entrevista en Casa Rosada.

En la misma línea Santilli aportó lecturas sobre la composición del gasto, para justificar el el equilibrio fiscal por otras vías: “El Presupuesto tiene un 85% de jubilaciones, AUH, salud, educación, discapacidad. Los temas centrales, el 85% son esos temas, por lo que hay un margen fino de maniobra para tener el presupuesto equilibrado”. Incluso afirmó que el proyecto incluye aumentos por encima de la inflación en “temáticas centrales” como educación, discapacidad y salud.

A tal fin, el oficialismo, con Patricia Bullrcih a la cabeza, hace números. En la Cámara Alta La Libertad Avanza tiene 19 senadores, con Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde en la gatera. A ellos se suman Luis Juez que dejó el PRO recientemente. Las alianzas con los 10 integrantes de la UCR y los 3 del PRO es casi una fija. En las posibles alianzas entran legisladores provinciales como el correntino” Camau” Espínola (Unidad Federal), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (la nequinidad), la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La oposición puso en la mira el artículo 30 que plantea derogaciones en materia de financiamiento educativo, científico y de defensa: el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; los artículos 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

El bloque peronista que conduce José Mayans ya adelantó que buscará incluir reformas para frenar lo que define como un retroceso en materia educativa. En ese marco se produjo una foto política en el Congreso: senadores y diputados del espacio se reunieron con estudiantes para organizar el rechazo al artículo. Por el Senado participaron Jorge Capitanich, Carlos Linares y Mariano Recalde; por Diputados, Julia Strada, además del exdirector del INET Gerardo Marchesini y estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrotécnicas.

Pero el frente peronista no es uno solo. El bloque Convicción Federal abrió una grieta al dejar correr la versión que votaría afirmativamente el Presupuesto. Sin embargo, este miércoles el panorama se volvió más incierto porque el puntano Fernando Salino planteó que la bancada podría dividirse.

“Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas”, dijo el jefe del bloque de CF, integrado además por Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Y fue todavía más tajante sobre su voto: “Yo voy a votar en contra del Presupuesto”.

En declaraciones radiales, fijó postura sobre lo que cree que puede pasar en el recinto: “Seguramente no tendremos una posición uniforme”, anticipó. Y cuestionó el trámite exprés: “En la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas”.

Salino también puso el foco en el capítulo XI caído en Diputados: “el oficialismo no terminó de resolver las diferencias que tiene; hay sectores que pretenden que corrijamos lo que pasó en Diputados”, advirtió. A la vez, dejó una lectura táctica: si el Ejecutivo presiona para reponerlo, “se le va a dificultar”; si se vota el texto como salió de Diputados, “aparentemente los votos están”.

El senador puntano, además, se plantó contra el artículo 30 desde su trayectoria: “Yo fui ministro de Educación de San Luis, no puedo aprobar el artículo 30. Fui rector de la Universidad de la Punta, no pudo aprobar el artículo 30”. Y cerró con una crítica política al vínculo con el Congreso: consideró un “error garrafal” del Ejecutivo que “tendría que tener otro diálogo con los legisladores” porque, recordó, “en definitiva somos quienes tenemos que votar”.

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación se dispone a rechazar este jueves los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Desde las 10 de la mañana, la Cámara Alta se reunirá con el objetivo de reinstaurar la vigencia de dos leyes que habían sido sancionadas con apoyo transversal, pero que el titular del Ejecutivo decidió vetar parcialmente en las últimas semanas.

El rechazo a esos vetos se define por dos tercios de los votos. La oposición, según el conteo previo, cuenta con los números asegurados. Mientras que el oficialismo no tiene respaldo suficiente ni siquiera entre los bloques dialoguistas que lo han acompañado en tramos de la agenda legislativa del año.

Con el termómetro de agosto todavía fresco, cuando Diputados aprobó la insistencia con 174 votos afirmativos en Universidades y 181 en Pediatría, el panorama para La Libertad Avanza se presenta adverso, sin margen de maniobra para tejer alianzas como en otros debates, que lo obligaría a promulgar leyes que no comparte por su intromisión en el terreno fiscal.

El antecedente similar más cercano es el de la Emergencia en Discapacidad, que quedó firme tras la insistencia de las dos Cámaras el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el Gobierno decidió promulgar la ley pero condicionándola a que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Este procedimiento desembocó en que desde la oposición estudien la posibilidad de interpelar y avanzar eventualmente con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La primera de las leyes en juego busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La norma -que fue vetada por segunda vez por Milei, ya lo había hecho el año pasado- establecía una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante 2024 y una adecuación por IPC para el ejercicio 2025, además de asegurar una recomposición de salarios docentes y no docentes, convocatorias paritarias cada tres meses y aumentos mensuales no inferiores a la inflación medida por el Indec.

La iniciativa había nacido al calor de la masiva movilización universitaria de abril, cuando rectores, docentes, estudiantes y trabajadores de las casas de altos estudios colmaron la Plaza de Mayo y ciudades de todo el país en defensa del sistema universitario público.

Desde entonces, la discusión escaló en la agenda parlamentaria. El texto finalmente aprobado fue una versión consensuada entre los bloques de la oposición tradicional, el peronismo y sectores federales. El veto presidencial no logró alterar ese equilibrio. Por el contrario, reforzó el compromiso de quienes venían sosteniendo posiciones moderadas.

El veto fue tratado el pasado 17 de septiembre en la Cámara de Diputados, logrando con amplitud la mayoría especial necesaria para la insistencia. Al mismo tiempo en que era tratado el veto, se llevó a cabo una nueva Marcha Federal que reunió una multitud de personas en distintos puntos del país.

La otra ley vetada por el Ejecutivo y pronta a ser restituida por el Legislativo es la que declara la emergencia en salud pediátrica. El texto establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales especializados, garantizando insumos, infraestructura, tecnología, medicamentos y personal médico. También incluye una recomposición salarial y la exención de Ganancias para quienes cumplan funciones críticas o guardias.

La ley, aprobada por abrumadora mayoría, fue promovida con el Hospital Garrahan como referencia nacional. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de poco más de $65.000 millones entre julio y diciembre. Para los bloques impulsores, se trata de una inversión impostergable.

Al igual que en el caso universitario, el veto presidencial generó reacciones en cadena: el colectivo médico, las asociaciones científicas y los propios trabajadores del Garrahan se pronunciaron en contra de la decisión oficial con múltiples manifestaciones. Y en Diputados recibió incluso más votos a favor que la norma para las Universidades.

Con una posición envalentonada, el bloque de Unión por la Patria busca incorporar un tema adicional al orden del día el rechazo a la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), dispuesta por el Decreto 695/2025.

Para que el tema se debata este jueves, deberá ser incorporado con dos tercios de los votos, ya que no figura en el plan de Labor Parlamentaria.

El proyecto, firmado por José Mayans y otros 24 senadores, propone declarar al sector nuclear como estratégico para el desarrollo nacional y blindar la participación estatal en la generación de energía atómica.

Además de los vetos y la posible discusión sobre Nucleoeléctrica, el Senado tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales de contenido impositivo.

En paralelo, se buscará avanzar con la media sanción del proyecto de ley que institucionaliza el sistema de Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir la desaparición de menores de forma urgente y coordinada entre organismos.

Por Nancy Balza

El Senado nacional se reúne desde minutos después de las 11 de la mañana con dos temas principales en agenda: el rechazo al veto presidencial a la ley que estableció la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, que quedó habilitado por una sobrada cantidad de legisladores (62 positivos contra 8 negativos), y la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia para poner límites a ese recurso del que hizo múltiple uso el Ejecutivo actual.

Sin dudas, es una agenda incómoda (eufemismo de uso generalizado en las últimas crónicas parlamentarias) para el gobierno de Javier Milei quien, luego de cerrar la campaña electoral en territorio bonaerense este miércoles por la noche, viajó a Los Ángeles.

En el caso de la emergencia, si el Senado logra la insistencia, será el primer rechazo de un veto total en 22 años.

Sin embargo, mucho antes de llegar al núcleo de la reunión en la Cámara alta que está presidida por Bartolomé Abdala (Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo en ausencia del Presidente), y como la realidad cambia y la gravedad de algunos hechos crece con los días, senadoras y senadores plantearon fuertes críticas, bajo la figura de cuestiones de privilegio, ante lo que se interpreta como un claro avance del gobierno nacional sobre la libertad de prensa. Esto a partir del fallo que prohibió hacer públicos audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. En lo que se considera un caso de “censura previa”.

Hubo pronunciamientos de distintas bancadas y una opinión compartida sobre la importancia de garantizar la libertad de expresión desde “todos y cada uno de los poderes del Estado”, tal cual sostuvo la santafesina, y también periodista, Carolina Losada.

Para el trabajo en comisiones quedarán temas complicados: uno de ellos es el pedido de Sergio Leavy (Salta-Unidad Ciudadana) para interpelar a Karina Milei a fin de que aclare el tema de los audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denuncia un entramado de coimas y sobreprecios.

Luego de que el Senado de la Nación aprobara dos proyectos de ley impulsados por la oposición para aumentar el gasto en jubilaciones y universidades, el ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió al declarar que esa jornada parlamentaria fue “lo mejor que pudo haber pasado”.

Los textos avalados por la Cámara alta comprometen recursos presupuestarios y fueron rechazados por el oficialismo, que advirtió sobre su impacto en las cuentas públicas. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotado, Caputo aprovechó la ocasión para reafirmar el compromiso con el equilibrio fiscal y lanzar un mensaje político.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la votación en el Senado sirvió para “dejar más expuestos que nunca a los que se resisten al cambio”, en alusión directa a la oposición, a la que identificó con la “casta política”.

“Lo de ayer fue lo mejor que pudo haber pasado”, aseguró, en respuesta a los análisis periodísticos que calificaron el resultado como una derrota oficialista. Según Caputo, la actitud de los legisladores opositores confirma que “solo buscan volver al poder para hacer lo mismo que hicieron antes”, y que están dispuestos a “dinamitar el equilibrio fiscal” logrado por la gestión de Javier Milei.

Caputo también aprovechó para repasar medidas económicas de gobiernos anteriores, recordando que en el pasado “vetaron el 82 % móvil, eliminaron las AFJP, se gastaron los fondos de los jubilados y recortaron jubilaciones en 2023”.

Frente a eso, aseguró que en los primeros seis meses del actual gobierno, los haberes previsionales “recuperaron un 15 % real” y que, en un contexto sin inflación, seguirán mejorando.

“Gracias a no haber convalidado la hiperinflación a la que nos llevaron, hoy tenemos un país ordenado”, remarcó, en un claro mensaje a los mercados.

El mensaje de Caputo también tiene un trasfondo electoral. Para el ministro, la votación permitió visualizar el contraste entre el oficialismo y la oposición.

“No hay mejor campaña que exponer la verdad”, sostuvo, dejando entrever que la estrategia del Gobierno para las elecciones legislativas de octubre será reforzar el discurso del cambio y denunciar a los sectores que buscan “mantener privilegios”.

En paralelo, el presidente Javier Milei adelantó que vetará cualquier ley que comprometa el equilibrio fiscal, una postura que endurece la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso.

Con su intervención, Caputo buscó enviar una señal clara al mercado: no habrá marcha atrás en la política de ajuste fiscal, aún frente a decisiones parlamentarias adversas. El Gobierno considera que este tipo de episodios refuerzan su narrativa de lucha contra la “casta” y consolidan su identidad de cara al electorado.

“Que no queden dudas. El equilibrio fiscal no se negocia. Nunca”, concluyó el ministro.

Mauro L. Muñoz

A las 14.14 de este jueves, con 42 senadores sentados en sus bancas, superando el quórum necesario, dio inicio una sesión clave en el Senado de la Nación, donde se aprobaron los siete proyectos impulsados por distintos sectores de la oposición que comprometen el equilibrio fiscal del gobierno de Javier Milei.

Mientras se entonaban las estrofas del Himno, Victoria Villarruel bajó para tomar la conducción de la sesión. Luego de dos horas de debate sobre la labor parlamentaria, la sesión fue validada y la vicepresidenta dejó el recinto. En paralelo, recibió fuertes críticas del oficialismo, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, donde se la acusó de facilitar el tratamiento de los proyectos contrarios al programa económico libertario.

Lo cierto es que no solo fueron los senadores de Unión por la Patria los que bajaron al recinto, también lo hicieron legisladores de la UCR, algunos del PRO y de bloques provinciales. En tanto, la bancada libertaria estuvo presente en el recinto para discutir la validez de la sesión y de los dictámenes conseguidos sobre algunos proyectos, pero tras no conseguir interrumpir el tratamiento los senadores oficialistas terminaron levantándose de sus bancas.

A lo largo de la tarde-noche fueron puestos a consideración siete proyectos. Tres de ellos tenían medias sanciones emitidas por la Cámara baja el pasado 4 de junio: aumento para jubilados; prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. También dos proyectos impulsados por los gobernadores, que tienen que ver con la distribución de fondos: una reforma a la norma que rige al reparto de Aportes del Tesoro Nacional, y otro sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Además, el temario incluyó el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca y una declaración sobre la resolución de la Justicia norteamericana en el tema YPF.

Por 42 votos a favor y 17 en contra se dio por aprobada la moción que certificaba la validez de los dictámenes para tratar los tres proyectos que ya tenían media sanción de Diputados: jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Así, los proyectos necesitaron solo mayoría simple y no dos tercios para ser aprobados y convertidos en Ley, hecho que el presidente Javier Milei ratificó por la tarde que vetará y judicializará en caso de que las iniciativas sean ratificadas en el Congreso.

Antes de dar paso a la votación, dejó la presidencia de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, que había reemplazado durante el debate a Villarruel. A su vez, la votación se tuvo que realizar a viva voz, debido a que se cayó el sistema y la imposibilidad de utilizar el tablero electrónico.

La actualización de haberes jubilatorios consiguió su aprobación por unanimidad con un total de 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. La votación en particular de los artículos 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, resultó con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones. Mientras que los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fueron avalados con 48 positivos, 4 negativos y 4 abstenciones; el artículo 10 alcanzó 43 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones; y el 11 y 12 lograron 44 adhesiones, 8 rechazos y 4 abstenciones.

Luego se sancionó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

Las votaciones en los proyectos de jubilaciones y moratoria resultaron a favor, pero quedaron lejos de los dos tercios que le garantizarían sortear el veto de Javier Milei.

A continuación, ya con la restitución del tablero electrónico, los senadores presentes aprobaron por unanimidad (con 56 votos positivos) la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.

El proyecto, como las otras dos medias sanciones tratadas esta jornada en la Cámara alta había recibido sanción de Diputados el pasado 4 de junio. De esta manera, las tres fueron convertidas en ley y, de acuerdo a lo dicho por el presidente Milei, se enfrentarán ahora al veto y deberán ser ratificadas en el Congreso.

Acto seguido, la oposición dejó firme la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Primero se habilitó su tratamiento en el recinto de forma unánime y luego, la Cámara alta rechazó el veto presidencial con 51 votos afirmativos, 0 en contra y 0 abstenciones.

Pasadas las cinco horas de sesión, tras la sanción de las leyes de recomposición de jubilaciones, prórroga de la moratoria y emergencia en discapacidad, se dio paso a los proyectos por la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional.

Ambos proyectos -distribución ATN y cambios en la distribución de cargas impositivas en la comercialización de combustibles- cuentan con el respaldo de los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño, por lo que contaban con el acompañamiento de todos los bloques de la oposición, e incluso las habituales fuerzas aliadas del oficialismo.

Como no habían sido tratados en comisión, requerían dos tercios de los componentes de la Cámara para recibir la media sanción. La estrategia de los mandatarios provinciales apunta a recuperar recursos para el funcionamiento de cada uno de sus distritos, con el argumento de que esto no compromete el equilibrio fiscal de la Nación, a la vez que mostrar que no buscan “romper todo” como les había adjudicado el jefe de Estado tras no asistir al acto por el 9 de julio.

Según el Monitor fiscal de recaudación nacional del Iaraf, en el primer semestre el impuesto a los combustibles líquidos -que los gobernadores plantean coparticipar- representó para el Tesoro a cargo de Javier Milei una recaudación de $2,1 billones.

"La pérdida por impuesto PAIS fue compensada por aportes y contribuciones a la seguridad social y por el impuesto a los combustibles", reseñó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dirige Nadin Argañaraz.

Este jueves en el Senado nacional, uno de los proyectos que "jaquean" la estrategia nacional es precisamente coparticipar el ITC, que según estimaciones oficiales santafesinas supone escalar de $1,4 billones a $ 3,1 billones, la masa coparticipable de ese recurso.

Según estimaciones de Hacienda de Santa Fe, este año la Nación recaudará alrededor de $5,5 billones de pesos por este tributo, pero solo $1,4 billones se distribuirán actualmente entre las provincias. La propuesta elevaría ese monto a $3,1 billones para repartir entre distritos subnacionales.

"No lo vamos a hacer nunca; no vamos a desviarnos del orden fiscal y monetario", dijo la pasada semana Luis Caputo. El ministro de Economía de la Nación repitió que "ya hemos bajado 20 impuestos por más de dos puntos de producto. Es decir, todo el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo, nosotros se lo estamos devolviendo a la gente".

Sin embargo se especula que el Senado nacional tenga este jueves dos tercios de los votos necesarios para habilitar en el recinto el debate para modificar la Ley 23966 del impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural.

El texto presentado por Juan Carlos Romero plantea disolver el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), así como el de Infraestructura Hídrica (FFIH). Propone que lo recaudado por el citado impuesto se distribuya de la siguiente manera: al Tesoro nacional: 10,40%; provincias: 58,36%; Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69% y Compensación Transporte Público - Decreto 652/2002: 2,55%.

Más allá de las pulseadas políticas por los recursos (el proyecto de ley propone además coparticipar recaudación de ATN), Iaraf señala que en el semestre, cuatro de doce recaudaciones "tuvieron descensos interanuales" y que las ocho restantes tuvieron una suba interanual.

"La eliminación del impuesto PAIS significó una pérdida monetaria de $5.892.000 millones, luego le sigue en magnitud el descenso de Ganancias por $928.000 millones y en menor medida derechos de exportación e impuestos internos.

"Por otro lado -expone el centro de estudios- de los tributos con incremento de recaudación, se destaca contribuciones patronales con una suba de $2.783.000 millones, seguida por aportes personales con $1.941.000 millones y en tercer y cuarto lugar impuesto a los combustibles e IVA".

El informe revela que los impuestos cuya recaudación total cae suponen un retroceso de $6.961.000 millones, en tanto que los que suben implican un incremento de $8.121.000 millones.

"A la hora de analizar los tributos con incremento real interanual, el que más explicó la suba fue contribuciones patronales, con un 34,3%, seguido por aportes personales con 23,9%, por impuesto a los combustibles con 11,9%, por IVA con 10,1%, entre los principales", dice el Iaraf. El dato expone la relevancia que para la estrategia oficial tiene el ITC.

Mauro L. Muñoz

Mientras todas las miradas apuntaron a Diputados por la escandalosa sesión de este miércoles, el Senado de la Nación avanzó en paralelo sobre proyectos de relevancia: jubilaciones y la emergencia en Discapacidad. Sin embargo, la actividad derivó en una fuerte polémica sobre el reglamento de cara a una eventual sesión la próxima semana.

En la semana, la Cámara alta concretó el recambio de autoridades en comisiones y aceleró la actividad parlamentaria sobre las iniciativas que ya tienen media sanción, y que el gobierno nacional busca evitar que se conviertan en ley, con el argumento de que complicarán el equilibrio fiscal, motivo por el que Javier Milei ya anticipó sendos vetos.

Este martes, el peronismo en la comisión de Trabajo y Previsión Social logró dictamen tras una larga discusión, en la prórroga de la moratoria provisional y el aumento en los haberes jubilatorios del 7,2% junto a una suma fija de $40.000.

Mientras que este jueves la comisión de Población y Desarrollo Humano también firmó la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con apoyo en disidencia de senadores radicales.

Los senadores de la oposición le solicitaron en distintas instancias al jefe de la bancada oficialista (LLA-Jujuy), Ezequiel Atauche, que convoque este mismo jueves a la comisión de Presupuesto y Haciendo para tratar estos temas. La premura radica en la necesidad de poder llevar las iniciativas al recinto antes del receso parlamentario.

"Tengo conocimiento de que el presidente de la comisión le dijo a los trabajadores que no tienen que venir porque él indica. Quiero advertir que los trabajadores no son del presidente, son del Senado. Así tienen que estar presente acá porque van a estar los senadores de ambas comisiones a las 16 para tratar este tema, para dar despacho definitivo y para tratamiento en el recinto", advirtió el titular del bloque peronista, José Mayans en la reunión de Población y Desarrollo Humano.

La discusión venía de antes. El martes, en la reunión del martes en Previsión Social, se dio una extensa discusión que disparó las alertas sobre el funcionamiento parlamentario. Luego de ser ratificada presidenta de la comisión, la cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, se paró rápidamente para dar por terminada la reunión, intentó bloquear el debate sobre jubilaciones, lo que derivó en una larga discusión con los senadores presentes.

"Estoy de acuerdo con que es urgente e importante ... pero dictaminar en forma apresurada sería un error”, sostuvo Atauche, tomando la palabra. A ello respondió el radicalismo opositor, Martín Lousteau: “Es llamativo que tengamos que trabajar así”, dijo y reclamó que “las comisiones no se reúnen” y “hace más de tres semanas que tenemos proyectos con media sanción que esperan y son urgentes”.

En esa línea, Diego Recalde (UxP) criticó que se quiera "cerrar de prepo el debate” e insistió en que “la semana que viene o la otra se podrían tratar ambas iniciativas en el recinto”, aunque chicaneó: “de todos modos, ya estamos acostumbrados a que (la vicepresidente Victoria) Villarruel no convoque a sesión y dilate el tratamiento de estos temas”.

La citación de Atauche nunca se realizó y los integrantes de la comisión se presentaron igual este jueves a las 18. El plenario se llevó a cabo sin su presidente y sin transmisión oficial del SenadoTV, por lo que los senadores decidieron emitir por redes sociales.

🏛️•Cuando hay voluntad política y ganas de trabajar podemos avanzar en los proyectos importantes.Aunque el oficialismo busque paralizar el Congreso, los Senadores/as dimos dictamen a la ley de emergencia en discapacidad, moratoria previsional y aumento de jubilaciones 👇 pic.twitter.com/hok985Embb

Dieron quórum. Se votó una interpretación del reglamento a pedido de Lousteau que decidió por unanimidad que actuaban conforme a la norma. Se procedió a la firma de los proyectos. Y Juliana Di Tullio pidió al secretario parlamentario que de fe de lo dictaminado.

Así las cosas, para la oposición obtuvieron dictamen los tres proyectos: moratoria, aumento a las jubilaciones y emergencia en discapacidad. De esta manera, manifiestan que quedaron habilitados para una potencial sesión que podría tener lugar el 10 de julio de la semana próxima.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza advierten que el plenario de Presupuesto de este jueves incumple el reglamento del Senado, por lo que interpretan que no están dadas las condiciones para llevar los proyectos al recinto.

A casi dos meses de haber rechazado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado convocó a una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales para dar comienzo al debate respecto a ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizar una mayor presencia de mujeres y "federalizar" la composición del Tribunal.

Será este miércoles 28 a las 13, y el debate contempla ocho proyectos, presentados por la neuquina Lucila Crexell; la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal); el catamarqueño Flavio Fama (UCR); la rionegrina Mónica Silva; Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria; y el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Tal como informó El Litoral, éste último fue el texto más reciente impulsado desde las usinas oficiales, después de la caída de ficha limpia el pasado 7 de mayo.

Las propuestas van en la dirección de llevar el número de ministros de la Corte Suprema de cinco miembros -aunque actualmente funciona con tres- a siete, nueve o quince. También, con distintas modalidades, la mayor parte de las iniciativas apunta a garantizar la presencia de mujeres en el alto tribunal; cosa que no se produjo a lo largo de los 163 años de historia del Alto Tribunal, período en que el que tuvo 113 miembros, y solo tres fueron mujeres. Finalmente, se plantea que la elección de los ministros responda a un criterio de representatividad regional.

En cuanto a las iniciativas en discusión, el proyecto de Romero consta de un solo artículo que establece que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo". Es decir que al menos debe haber dos mujeres.

El bloque de Unión por la Patria -que con 34 senadores ostenta la primera minoría, y una fuerza preponderante para impulsar o bloquear cualquier iniciativa - cuenta con tres proyectos propios: dos de la neuquina Silvia Sapag y otro de Nora del Valle Giménez.

Sapag tiene, por un lado, un texto integral que propone una Corte de 15 integrantes, en la que no puede haber más de 8 del mismo género. A su vez, divide al país en cinco zonas geográficas (Patagonia, Centro, NEA, NOA y Cuyo) y plantea que haya tres integrantes por cada región.

En forma paralela, promueve otro proyecto, centrado exclusivamente en la cuestión de género. El texto exige que cualquiera sea la cantidad de miembros de la Corte, debe "estar integrada por mujeres en una proporción mínima del 40 %". Como cláusula transitoria, establece que, hasta que se llegue a ese guarismo, "la totalidad de las vacantes que se produzcan deben ser cubiertas por mujeres".

En tanto, el proyecto Nora del Valle Giménez mantiene en 5 la cantidad de jueces, pero estipula que deben ser "no menos de dos mujeres".

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa del bloque federal Alejandra Vigo, también tiene un proyecto, que cuenta además con la firma de la santacruceña Natalia Gadano, el santiagueño de UxP Gerardo Montenegro, y el ex libertario Francisco Paoltroni. También mantienen la Corte con 5 jueces pero proponen "un mínimo de 30% de mujeres", tanto para el máximo tribunal como para cada tribunal federal colegiado.

En sus fundamentos el proyecto recuerda que "el ex presidente Néstor Kirchner fue el único mandatario en nuestro país que postuló dos mujeres como las juezas Elena Highton y Carmen Argibay. Ambas generaron impactantes transformaciones de género en todo el país", como la Oficina de Violencia Doméstica y la de la Mujer.

La rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck eleva a 9 el número de miembros, dispone que no debe haber más de 5 miembros del mismo género -con lo cual al menos 4 deberían ser mujeres- y plantea una selección "federal". Para ello divide el país en cinco regiones (CABA, Buenos Aires, Norte, Centro y Sur) y estipula que no pueda haber más de dos magistrados por cualquiera de ellas.

La neuquina Lucila Crexell tiene un proyecto que fija una Corte "compuesta por 9 jueces que acrediten imparcialidad partidaria o sectorial. En su composición no podrá haber menos de un tercio de jueces del género femenino, debiendo respetarse la representatividad regional del país".

Por último, el radical Flavio Fama tiene un texto propio junto a otros compañeros del bloque UCR, como Carolina Losada, que declara la paridad de genero para el Máximo Tribunal.

Desde el año pasado, el máximo tribunal de justicia funciona con su presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En diciembre, Juan Carlos Maqueda dejó la Corte tras cumplir 75 años, y el presidente Javier Milei nombró a García-Mansilla en comisión, pero el rechazo del Senado obligó la renuncia del catedrático.

De todos modos, la Corte Suprema de Justicia funciona con cuatro integrantes desde octubre del 2021 tras la salida de Elena Highton de Nolasco, quien también cumplió los 75 años, pero nunca tuvo reemplazante.

El número total de ministros llegó a ser de nueve desde 1989, cuando Carlos Menem impulsó el añadido de cuatro jueces a los cinco existentes. Con la renuncia de dos de ellos por efecto de la polémica suscitada, estuvo entonces en condiciones de nombrar a seis ministros (que llegaron a ser diez, con el correr de los años), y generar lo que durante todo su mandato se llamó la "mayoría automática", hasta la puesta en marcha de un proceso de juicio político que la desarticuló en 2004.

En 2006 se volvió a fijar en cinco el número de miembros, con la reducción paulatina de los siete ministros en ejercicio en ese momento (las dos últimas vacantes no habían sido cubiertas), hasta llegar a la cantidad estipulada y que rige hasta hoy.

Conforme ya se llevó a la práctica en otros períodos en que la Corte funcionó con integración menguada, para que se dicte un fallo es necesario que haya tres votos coincidentes; número que opera de esa manera sobre la base de que garantizaría la mayoría aún cuando estuviesen cubiertos los dos cargos vacantes. Pero si uno de los jueces no está de acuerdo, esa condición no se cumpliría. Entonces se debe convocar a un conjuez, sorteado entre todos los presidentes de las Cámaras Federales del país.

Precisamente, a finales del año pasado, a pocos días de que se jubilase Juan Carlos Maqueda (y el Tribunal funcionaba todavía con cuatro miembros), la Corte firmó una acordada para establecer un nuevo mecanismo, que permita acelerar el sorteo de conjueces y así aventar el riesgo de la paralización de expedientes por falta de mayorías.

Esa medida se dictó con la pretensión de evitar el bloqueo de causas y garantizar el acceso a la justicia en tiempo y forma. Pero además, se estableció que un mismo conjuez será designado para resolver casos análogos, asegurando coherencia en los fallos y evitando la atomización de la jurisprudencia que podría derivar en variaciones constantes en las sentencias de la Corte Suprema debido a la rotación de integrantes eventuales.

La paradoja es que aquella decisión se tomó por tres votos contra uno, con el concurso de Maqueda (que hoy ya no está) y la disidencia de uno de los tres actuales ministros en ejercicio, Ricardo Lorenzetti.

El Senado inició el debate del proyecto Ficha Limpia, tras haberle dado luz verde a las nuevas autoridades, pliegos de los embajadores y el proyecto que declara la emergencia en Bahía Blanca. Zanjadas esas cuestiones previas, Ficha Limpia calentó el debate.

Por un lado, los libertarios la usaron para presionar a la bancada kirchnerista porque, de avanzar Ficha Limpia, Cristina Kirchner no podría ser candidata a un cargo nacional por su condena en segunda instancia en la causa Vialidad.

El agite del proyecto contra el kirchnerismo se dio en paralelo al tire y afloje por el futuro del Criptogate en Diputados y el final –malo para el Gobierno– de los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como candidatos a integrar la Corte Suprema. Es decir, no tuvo efecto.

Por su parte, el PRO aprovechó la campaña de la elección porteña para buscar un triunfo para la candidata a legisladora porteña del PRO y diputada nacional, Silvia Lospennato, una de las impulsoras de la Ficha Limpia y que promete replicar el proyecto en la Legislatura.

El deseo del PRO colisionó durante días con los de LLA por cuestiones obvias: los libertarios se resistían a darle la foto de la victoria a Lospennato, una de las competidoras del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Ciudad.

Con ese "paisaje" se fueron sucediendo los discursos a favor y en contra. Lousteau se pronunció en favor de Ficha Limpia, pero cargó contra el Gobierno. El senador y presidente de la Unión Cívica Radical, puntualizó que el proyecto es un "parche en la dirección correcta", pero que no deja de ser un "parche".

Y denunció los casos de presunta corrupción que emergieron en los últimos días en oficialismo con el Pami y cargó contra quienes votaron negativamente el pedido de interpelación a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por el Criptogate.

Por su parte, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri afirmó que la política debe "dar el ejemplo" y avanzar con la ley de Ficha Limpia.

"Este proyecto es un resultado de la sociedad civil. Argentinos que creen como yo que la política debe ser ejemplo de compromiso y no una excepción. Es un mensaje claro que podemos dar: no da lo mismo ser corrupto que no serlo. La política debe dar el ejemplo", reflexionó.

La senadora Mónica Silva (Río Negro) dijo que el proyecto responde "a una demanda social legítima y urgente. No es un ley contra nadie, es favor de la credibilidad y transparencia del sistema político. La ley es una señal de que nosotros escuchamos a la ciudadanía", añadió.

La senadora por la UCR Mariana Juri (Mendoza) afirmó el Congreso tiene la "oportunidad de reconstruir el vínculo entre la política con los ciudadanos" y pidió por otro proyecto que incorpore más delitos.

El senador de Unión por la Patria Eduardo De Pedro (Buenos Aires) afirmó ayer que el proyecto Ficha Limpia es para proscribir a Cristina Kirchner.

"Reconocen algunos que el proyecto es malo. Dicen que van a votar porque hay mucha presión mediática. Eso se llama poder real. La persecución judicial y mediática siempre es contra el peronismo", lanzó De Pedro.

En esa línea, continuó contra el discurso de la senadora Mónica Silva: "Escuché 'que esta ley no era contra nadie'. Sí, es contra Cristina Kirchner. No pueden ganar con los votos y la quieren sacar de la cancha".

"Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados. Es un proyecto para proscribir a Cristina Kirchner", resalto De Pedro en su alocución.

Y se preguntó: "¿En serio piensan que este proyecto es pelear contra la corrupción en la política? ¿Piensan que esto va a mejorar el sistema democrático? Estoy convencido que esto socava a la democracia".

Para finalizar, De Pedro remató: "Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso a partir del manejo de los medios y del poder judicial".

Mauro L. Muñoz

Tanto Ariel Lijo como Manuel García-Mansilla estuvieron muy lejos de poder contar con los dos tercios necesarios para ser consagrados como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Senado decidió durante la tarde de este jueves rechazar ambos pliegos, elevados por el presidente Javier Milei para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

En una corta sesión, que se extendió poco más de seis horas, la Cámara alta votó desestimar a Lijo y García-Mansilla como candidatos del Ejecutivo para ocupar el Máximo Tribunal. En el caso del juez fue por 43 votos negativos, 27 afirmativos y una abstención. La postulación del catedrático obtuvo 51 votos negativos, 20 afirmativos y ninguna abstención.

La sesión fue presidida por el presidente provisional, Bartolomé Abdala, y la vicepresidenta, Silvia Sapag, ante la ausencia de Victoria Villarruel en el recinto, debido a que ejerce la presidencia de la Nación en su ausencia de Milei, quien viajó a los Estados Unidos para recibir un premio otorgado por Donald Trump, en medio de negociaciones arancelarias de urgencia desatadas por los anuncios globales de la administración norteamericana.

El quórum se logró con la presencia de 32 de los legisladores peronistas, 2 radicales, 2 del PRO y un ex libertario se consiguió el quorum para tratar los pliegos. Los bloques habían acordado previamente realizar una corta sesión donde solo se tratarán los pliegos, y no fueron avaladas las cuestiones de privilegio referidas al aumento de las dietas y el proyecto de Ficha Limpia con media sanción de Diputados.ze García-Mansilla.

Ahora, ya con los pliegos de García-Mansilla y Lijo sin aprobar, el rechazo del catedrático abre la posibilidad de un conflicto institucional. Expertos del ámbito jurídico advierten que su continuidad en la Corte queda en el aire, ya que la Constitución no indica taxativamente el procedimiento a seguir en caso de que un magistrado nombrado en comisión, no logre el acuerdo del Congreso, como lo es en este caso.

A lo largo de todas las exposiciones que se fueron sucediendo a lo largo de la sesión se dejaba entrever el saldo negativo que las candidaturas tendrían a la hora de la votación.

Desde el comienzo, en su rol de miembro informante, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri explicó su rechazo fundamentando que tenía la decisión tomada desde que los pliegos ingresaron a la Cámara alta, ya que no cree en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres.

Además, hizo un repaso sobre la labor realizada en la Comisión de Acuerdos, la cual preside, y le enrostró al oficialismo que la “demora” en la definición “fue por la falta de consensos”, pese a “la cortesía” de darles tiempo. Del mismo modo, apuntó contra el catedrático García-Mansilla: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? En ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”.

Por el contrario, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero cuestionó a sus pares de bloque: “Me pregunto para qué algunos del Pro les dieron el quórum. No lo entiendo. Jamás voy a ser funcional al kirchnerismo”. “Esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar el Gobierno del presidente Milei”, opinó la aliada del oficialismo.

A su turno, el radical Martín Lousteau argumentó su voto en contra de ambos, al sostener que “esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que García-Mansilla se vaya a la casa”. “Si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Desde Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti aseguró que si García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo", observó la mendocina, quien también denunció una “amenaza” por parte de Ricardo Lorenzetti de acelerar una condena contra Cristina Kirchner si no se rechaza el pliego de Ariel Lijo.

El senador cordobés Luis Juez cargó contra la bancada peronista, con su habitual ironía: “Nos vino de golpe una nube de sentimiento constitucional”. Reflexivo con el oficialismo, suavizó sus dichos y sugirió “buscar mecanismos” porque “no es forma designar jueces por decreto”. Para terminar su intervención, anunció que “el pliego de Lijo no lo acompaño de ninguna manera, pero García – Mansilla es otra cosa”.

Francisco Paoltroni reiteró sus cuestionamientos respecto a Ariel Lijo, motivos que lo llevaron a alejarse del bloque de La Libertad Avanza. "No solo que voy a votar en contra, sino que voy a hacer lo imposible para que llegue a la Corte”, agregó en contra de Lijo, a quien definió como “el verdugo que salvó a (Gildo) Insfrán”, gobernador de la provincia que representa.

Asimismo, se mostró irónico con la oposición más dura y dijo que “estamos asistiendo al nacimiento del kirchnerismo republicano”. A su vez, relató que “me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”.

Por su parte, una de las cuatro integrantes del nuevo interbloque Convicción Federal, que se desprendió de la bancada kirchnerista, avaló el rechazo del juez Mansilla, pero confirmó que va a votar a favor del pliego de Lijo porque “creo en su idoneidad, porque hizo carrera y porque empezó de abajo”, expresó, a diferencia de lo que expresaron sus pares.

Sin dar nombres propios fue crítica de la labor del Senado en el ultimo lustro: “Venimos de años y años con 145 vacantes en los juzgados provinciales”. Esta observación de Moisés se da en el marco de su postura contraria a la conducción de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista. Respecto a los pliegos, envió un mensaje general para todas las bancadas: “No pongamos pretexto cuando en realidad buscamos bloquear”.

En el cierre de los discursos, el jefe de la bancada de PRO, Alfredo De Angeli, también cuestionó la decisión del Presidente Milei de haber designado por decreto en comisión a los jueces y dijo que el mandatario “está mal asesorado”, repitiendo los términos del referente de su partido político Mauricio Macri .

El entrerriano señaló que “no es una sesión más", porque "se están tratando los pliegos de dos candidatos que manda el Presidente en una situación irregular" y “no que podrían estar por más de 20 años en la CSJN”. “No es un acuerdo más, estamos decidiendo el futuro de la justicia argentina”, advirtió.

En su exposición, el jefe de bloque radical Eduardo Viscchi llamó “fracaso” a la intención del Gobierno nacional. Se mostró crítico, aunque mesurado en sus palabras, pero no dejó pasar la intervención en el recinto para dejarle un mensaje al presidente Milei: “Si yo, Poder Ejecutivo, necesito dos tercios, como mínimo, lo primero que debo hacer es dialogar y tener consensos antes de enviar los pliegos”.

En ese punto, el correntino cuestionó la forma de proceder del Poder Ejecutivo, quien apeló a un decreto para hacer las postulaciones, pese a que remarcó que no es posible dudar de la legitimidad del mecanismo que eligió el presidente Milei para postular a los candidatos a la Corte. “Pero pareciera que el Gobierno cree ganar una batalla poniendo a los jueces, cuando en realidad afecta de forma contundente la institucionalidad, pero termina ganando por un lado y perdiendo por el otro, porque no tengo dudas que esto afecta a la economía”, expresó.

Luego, el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, se refirió en muy duros términos a las declaraciones que tuvo Milei sobre Malvinas en el acto del 2 de abril. "El Presidente cometió una canallada, es un ignorante", aseguró. En la misma línea, cuestionó el accionar policial en las últimas marchas de los miércoles de los jubilados al Congreso y criticó el nuevo acuerdo del Gobierno con el FMI.

Sobre los pliegos de los jueces, el senador formoseño remarcó: "No puede nombrarlos por decreto, García-Mansilla está usurpando el cargo, me alegra tener esta sesión y nuestro bloque va a rechazar los pliegos y a votar en contra".

Por último, el jefe de bancada de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, intentó en vano defender los pliegos de ambos candidatos frente a la oposición argumentada a lo largo de la sesión: "Se pretende interpretar normas de manera parcializada, el derecho no es un compartimiento estanco", señaló, asumiendo que "nos falta dialogar", pero enfatizando en los "prejuicios que tenemos que eliminar porque nos llevan a una disgregación compleja".

El oficialismo y bloques aliados lograron dictaminar en el Senado el proyecto de Ficha Limpia que impide a los dirigentes condenados por corrupción en segunda instancia ser candidatos en las elecciones de octubre, pero sigue la incógnita sobre cuándo podría ser discutido en el recinto.

Fue en una tensa reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales: de avanzar el proyecto, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata. Además, el kirchnerismo llevó a la discusión en el Salón Arturo Illia el escándalo que envuelve por estas horas al presidente Javier Milei por el escándalo de $LIBRA.

Una de las primeras en tomar la palabra fue la senadora de Unión por la Patria (UxP) Anabel Fernández Sagasti, quien pidió modificaciones, principalmente, en la ampliación de los delitos condenatorios, pero ante la negativa de los dialoguistas dijo que presentarán desde su espacio un dictamen en minoría.

Luego, la senadora peronista Florencia López no solo denunció "proscripción" contra la ex mandataria y actual jefa del PJ sino que también llevó a la discusión por el proyecto el caso Libra, que abrió paso a un embate contra la Casa Rosada.

"Sostienen la discusión de un proyecto de Ficha Limpia cuando el principal referente del Gobierno está en todas las páginas del mundo por estafa por criptomonedas", dijo López sobre el presidente Javier Milei.

Y añadió que "pareciera que son más las ganas de proscribir a la principal referente de la oposición para que por un minuto se deje de hablar de lo que está sucediendo".

Más fuerte estuvo el senador Mariano Recalde (UxP), quien tildó a Milei de estafador y delincuente: "Este proyecto no busca limpiar la política, busca proscribir a determinados actores políticos de la Argentina. Que venga el presidente estafador, delincuente; que tiene en su Gabinete gente que pide plata a trocha y moche para habilitar reuniones".

En defensa del proyecto salieron los radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Carolina Losada (Santa Fe), además del senador Luis Juez (Córdoba), que dijo en referencia a Cristina Kirchner: "Cuando se planteó este proyecto ni siquiera estaba imputada".

El proyecto sancionado en Diputados establece que los dirigentes que tengan una segunda condena por corrupción no podrán postularse en los comicios donde se eligen presidente, diputados o senadores, así como a otros cargos electivos de la administración pública.

En la iniciativa se estableció que será excluido un dirigente cuando el fallo de segunda instancia se haya producido como fecha tope 180 días antes de las elecciones generales.

De acuerdo al calendario electoral vigente, la fecha bisagra para este año que surge de la ley de Ficha Limpia es el 29 de abril, día de emisión de los padrones provisorios según lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral, esto es, seis meses antes de los comicios generales del 26 de octubre.

Los fallos de segunda instancia que tengan lugar con posterioridad a esa fecha no anularán la participación electoral de los candidatos condenados.

El miércoles, mientras todas las miradas políticas estaban puestas en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatió y se dio media sanción a la ley de Ficha Limpia, el Senado mantenía plena actividad en comisiones.

Así, quedó habilitado en Asuntos Constitucionales el tratamiento de la suspensión de las PASO y, en Justicia y Asuntos Penales, los proyectos de juicio en ausencia, y de reiterancia y reincidencia. De paso, recibió luz verde el pliego de Ariel Lijo para juez de la Corte Suprema en la Comisión de Acuerdos.

Una notable cosecha que tendrá continuidad la semana próxima cuando la Cámara alta será convocada a sesionar. Y donde los votos no parecen estar garantizados para todos los puntos del temario.

Se estima que esto ocurrirá le 20 de febrero, un día antes de que expire el período extraordinario de sesiones convocado por el Ejecutivo nacional.

Claro que también deberá pasar por el Senado el proyecto de Ficha Limpia que obtuvo media sanción de la Cámara baja luego de un extenso (y tenso) debate que abarcó buena parte de la jornada.

Antes de la sesión del Senado, habrá una instancia de consultas: por el lado de juicio en ausencia y de reiterancia y reincidencia, que ya tienen media sanción, fue solicitada la presencia del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para el próximo martes. No se descarta que se sumen más expositores al intercambio.

Como se dijo, el Senado dictaminó en forma favorable el proyecto que propone la suspensión de las PASO aunque no está garantizado el apoyo una vez que se lleve a la sesión, de manera que para los días previos se espera una nueva e intensa ronda de diálogo y negociación del oficialismo con la oposición, estrategia que ya se desplegó en la previa al tratamiento del tema por Diputados.

En tanto, el proyecto de reiterancia y reincidencia fue aprobado el 6 de febrero en la Cámara de Diputados y busca que las personas condenadas y nuevamente detenidas por otro ilícitos no puedan quedar en libertad mientras prosiga el proceso judicial.

Esta iniciativa establece que, si alguien está condenado y comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada "puerta giratoria".

La propuesta considera reincidente a "toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme". Además, fija que la condena sufrida en el extranjero "se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición".

La iniciativa de reforma al artículo 17 del Código Procesal establece que "las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada".

A lo largo del dictamen se permite sumar condenas de varios tribunales hasta llegar a un máximo de 50 años de prisión.

En tanto, no se tendrá en cuenta para dar lugar a la reincidencia la pena impuesta por delitos cometidos por menores de 18 años o por aquellos donde hubo amnistía.

Por otra parte, el proyecto de Juicio en Ausencia permitirá juzgar a los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque a la sede de la AMIA, delito que fue declarado de lesa humanidad.

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa modifica la legislación procesal penal para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no se presenta.

El dictamen de mayoría determina que el imputado tendrá derecho a hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial, siempre que eso no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso.

También hubo actividad en la Comisión de Acuerdo del Senado que dio luz verde al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Fue con las firmas de Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Claudia Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Carlos Arce (Misiones), Juan Carlos Romero (Salta), Carlos Espínola (Corrientes), Eduardo Vischi (Corrientes), Beatriz Ávila (Tucumán) y Ezequiel Atauche (Jujuy).

En cuanto al otro pliego enviado por el Ejecutivo nacional, para designar a Manuel García Mansilla como quinto integrante de la Corte, aún no hubo dictamen y, a menos que el Ejecutivo cambie su postura de insistir con ambos nombres o ninguno, la alterativa podría ser un nombramiento por decreto.