El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó en la sesión del último miércoles una resolución de fuerte contenido político vinculada al debate nacional por la modificación de la Ley de Tierras, con nueve votos a favor y sólo el rechazo del bloque de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por el bloque de Ciudad Futura (con el apoyo del oficialismo de Unidos), expresó el rechazo a los cambios impulsados por el Gobierno nacional que buscaban flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros.

El proyecto local tomó posición frente al dictamen que se analizaba en el Senado de la Nación dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto advertía que la reforma planteaba modificaciones sustanciales al régimen de protección de tierras rurales establecido por la Ley Nacional N° 26.737, al reconfigurar los límites máximos de titularidad extranjera y reducir herramientas de control territorial de provincias y municipios.

La resolución aprobada por el cuerpo legislativo venadense sostuvo que la tierra no debe ser considerada una mercancía más, debido a su importancia estratégica para la producción de alimentos, el desarrollo de las comunidades, la preservación ambiental y el acceso a recursos fundamentales como el agua.

Entre los principales cuestionamientos planteados por los concejales aparece la eliminación de controles a escala departamental y municipal. Según el proyecto, la fijación de un límite global por provincia podía permitir una concentración significativa de tierras en determinados distritos donde existieran recursos productivos o bienes naturales estratégicos.

El pronunciamiento también alertó sobre el impacto que una eventual flexibilización podría tener en las economías regionales y en la capacidad de las comunidades locales para definir el destino productivo y ambiental de sus territorios.

La votación en Venado Tuerto se produjo mientras a nivel nacional el oficialismo negociaba cambios al proyecto de ley. Finalmente, el Gobierno decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para avanzar en el Senado, un revés político que obligó a modificar la estrategia legislativa.

El texto aprobado por el Concejo además solicitó a los representantes santafesinos en la Cámara alta que rechazaran las modificaciones y defendieran límites estrictos a nivel departamental y municipal sobre la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.

De esta manera, el debate sobre la Ley de Tierras abrió una discusión que trascendió la cuestión dominial y puso en el centro la tensión entre la llegada de inversiones, la soberanía territorial y el rol de los gobiernos locales en la planificación del uso del suelo.

El gobierno nacional presentó este martes cambios en el nuevo dictamen del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como ley de Tierras, con el objetivo de asegurar la aprobación en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación.

La jefa del bloque, Patricia Bullrich, otorgó una conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo la Mesa Política del Gobierno. Explicó que las modificaciones al dictamen buscan responder a la presión de la oposición dialoguista y evitar la derrota legislativa.

Acompañada del presidente provisional Bartolomé Abdala, y de los senadores oficialistas Agustín Coto (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (presidenta de Legislación General), Bullrich detalló que tras ceder a esa presión se incorporaron límites y exigencias puntuales.

Se trata de una nueva modificación al proyecto de ley redactado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De acuerdo al repaso que llevan los cronistas legislativos, el texto acumula un total de 17 versiones, explicando la complejidad en el tratamiento a los que se enfrenta el oficialismo para negociar su aprobación con los bloques aliados.

“Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques”, enfatizó Bullrich en la conferencia. Y afirmó: “Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”.

“Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, sostuvo la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”, recalcó.

El nuevo dictamen fija un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para adquisiciones por extranjeros, una precisión puntual del proyecto de tierras que modifica el texto original.

"Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, dijo y añadió condiciones sobre avales conjuntos para figuras con participación estatal.

Además, detalló que el artículo 25 exige que toda adquisición por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras sea inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando nacionalidad y datos del adquirente.

En ese sentido, indicó que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, según Bullrich.

También dijo que se incorporó al nuevo dictamen un agregado al artículo 4 de la Ley N° 21.499 sobre expropiaciones, donde la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarla.

El texto también propone acelerar desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, y modifica requisitos para expropiaciones y artículos de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el uso de propiedades afectadas por catástrofes, según el dictamen.

Las modificaciones llegaron tras una creciente presión de la oposición dialoguista, que expresó reparos y amenaza de votos en contra; la cesión de parte de la jefatura del bloque buscó neutralizar esa resistencia antes de la sesión del jueves.

En los pasillos legislativos estiman que los cambios podrían otorgarle al gobierno entre 38 y 40 votos para alcanzar la aprobación del proyecto, un cálculo que marca el objetivo político detrás del nuevo texto presentado.

Para el jueves está convocada una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso, una movilización que llega mientras el gobierno presentó el nuevo dictamen y busca asegurar la aprobación en la sesión.

Las reacciones de la oposición se centran en que el proyecto una vulneración de la soberanía territorial. Para el jefe del interbloque peronista, José Mayans, es una norma que apunta a "vender el país".

Para el jefe del interbloque peronista, “lo esencial es que esta ley se caiga” porque “es un paso tan grave que habrá una Argentina antes y después de esta ley”. “Quieren comprar todo nuestro territorio”, alertó en diálogo con el streaming Gelatina.

En cuanto al “poroteo” de cara a la sesión que se prevé para este jueves, el formoseño dijo: “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor. Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35. Estamos a un voto de 36, que es empate”.

“Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”, “Ley de tierras” o “Ley de extranjerización de tierras”: la primera denominación es la que puso el Ejecutivo al proyecto que el Senado Nacional tiene en carpeta para debatir en la próxima sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La segunda simplifica el extenso proyecto oficial que consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La tercera responde a la opinión de un variopinto arco opositor, que va desde el justicialismo y la izquierda, hasta la UCR que, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. El resultado se verá en el recinto donde, en definitiva, los votos terminan definiendo la suerte de las leyes.

Mientras tanto, también hay advertencias locales por los posibles efectos de la ley en la región. Y se viene organizando una movilización social en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.

¿Pero qué dice el proyecto del Ejecutivo? En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

El 20 de mayo la iniciativa obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta, despejó algunos ítems que habían sido cuestionados (como la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap), y estableció sus principales objetivos.

Entre ellos, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose. Ahora se quieren modificar por ley.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

En su fundamentación, el PEN remite a la Constitución Nacional que en su artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, y propone una revisión y adecuación de normas que “restablezca equilibrios, elimine distorsiones y refuerce la coherencia el sistema jurídico”. Para lograrlo, se modifican varios cuerpos normativos, en procura de alentar desarrollo, inversiones y previsibilidad.

Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos.

Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.

“La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra”, dice el informe. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.

El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.

La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.

Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.

El debate no arrancó aún en el recinto del Senado pero ya se anticipa en la Cámara de Diputados. Desde allí, Marcela Pagano (ex LLA y actual Coherencia) salió a cuestionar las reformas que introduce el actual proyecto del PEN a la ley 26.737 que en 2011 limitó la titularidad extranjera del territorio nacional, fijó topes de extensión en zonas productivas y prohibió la venta de tierras con cuerpos permanentes de agua o ubicadas en zonas de frontera.

Además planteó el efecto que la ley tendría sobre la soberanía en tierras patagónicas. “Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. “Ningún país serio hace esto. Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera”, sostuvo.

En la sede del PJ de Rosario, hubo pronunciamientos de legisladores nacionales por Santa Fe: el diputado Germán Martínez (UxP) y el senador Marcelo Lewandowski (bloque Justicialista) alertaron que “la Ley de Extranjerización de Tierras de Milei es un atentado contra la soberanía".

Los legisladores nacionales analizaron las graves consecuencias que esta iniciativa tendría para el país y explicaron que "la normativa está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino".

El diputado destacó que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra”. En tanto, Lewandowski advirtió el impacto de la ley en la obra pública: "Para expropiar una tierra para hacer una ruta o una escuela, además del costo del campo, le agregan el 'lucro cesante'. Al Estado le va a salir muchísimo más caro construir".

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe también está instalado el tema: un proyecto de comunicación firmado por Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome las medidas para resguardar “la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe", en el marco del debate del proyecto de ley nacional.

Además, solicita que se adopten medidas para resguardar los recursos hídricos de la Provincia —en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní— y las tierras de mayor valor productivo, ante una eventual flexibilización del régimen.

“Santa Fe cuenta con algunas de las tierras de mayor valor productivo del país y con recursos hídricos de relevancia estratégica, vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní. La eventual eliminación de los topes vigentes podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de estas tierras, sin que existan hasta el momento mecanismos claros de contralor provincial que sustituyan a los resguardos federales que se pretenden derogar”, advierten.

El debate está servido. El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. Habrá que esperar al jueves para saber si aún con los cambios aceptados, el Ejecutivo y sus bloques aliados logra la media sanción que no consiguió un mes antes.

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "profunda preocupación" y un rotundo rechazo ante el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Gobierno nacional. La entidad advirtió que la aprobación de esta iniciativa representaría un "grave error" al afectar directamente la soberanía nacional y la seguridad del país.

El comunicado de la FAA se centra en la modificación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Según los federados, el nuevo proyecto elimina los límites federales vigentes y traslada la potestad de autorizar o prohibir la compra de tierras a las provincias o al gobierno nacional, lo que abriría las puertas a una "mayor concentración" y a una delegación de soberanía preocupante.Entre las principales alarmas encendidas por la organización se encuentran:Recursos hídricos: La reforma deja de lado la protección de tierras que contienen o limitan con cuerpos de agua, afectando no solo el recurso tierra sino también el acceso al agua.Zonas de seguridad: Se eliminarían las restricciones para que extranjeros adquieran tierras en áreas fronterizas, lo cual es considerado "gravísimo" en términos de seguridad nacional.Desarrollo local: La FAA defiende la ley actual porque resguarda a los pequeños productores y evita que grandes empresas con recursos foráneos desplacen el arraigo y el desarrollo rural. 

El debate en el Senado de la Nación estaba previsto para mediados de julio, pero ante la falta de acuerdos y votos suficientes, el oficialismo decidió postergar el tratamiento para el próximo 6 de agosto, tras el receso legislativo.La FAA no está sola en su rechazo. La Unión Cívica Radical (UCR) también emitió un comunicado oficial advirtiendo que la reforma atenta contra los recursos estratégicos del país. Con 10 senadores en la Cámara Alta, el radicalismo se perfila como la pieza clave que definirá el futuro de la ley.

Los proyectos de reforma política y sobre los subsidios al gas denominado "Zona Frías" que pidió este miércoles el Gobierno nacional se encuentran frenadas en el Senado de la Nación, debido a que no hay acuerdo con los bloques dialoguistas.

La solicitud de avanzar con estas iniciativas fue realizada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión que compartió con unos 120 legisladores nacionales en la Casa Rosada.

La reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las Paso, el proyecto para limitar el subsidio de gas a la Patagonia, la Puna y Malargüe, la reforma de ley de Inocencia Fiscal que se enviará a Diputados, son las principales prioridades que hoy planteó el Gobierno Nacional.

Lo que sucede es que el bloque de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, no tiene los votos para poder aprobar los cambios en el régimen electoral ni para cambiar la ley de Zonas Frías.

El proyecto de Reforma Electoral ingresó el pasado 22 de Abril y hasta ahora solo se realizó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 14 de Mayo, donde expuso la ex funcionaria del ministerio del Interior, Luz Landivar.

Si bien el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo encarando negociaciones con los gobernadores eso no alcanza para tener todos los votos, porque en el caso de la decena de radicales la mitad no tiene terminan en ninguna gobernación, y los tres del PRO tampoco.

Diego Santilli.

El oficialismo tiene 21 senadores, pero, para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos, necesita 16 legisladores que voten a favor de la eliminación de las PASO y, hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazado de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas.

Ahora con la asunción del nuevo cargo, Santilli y Bullrich trabajarán en forma conjunto para alcanzar los acuerdos para sancionar esta iniciativa, cuyo debate se reanudará en la comisión de Asuntos Constitucionales en la primera semana de Agosto, como había adelantado la Agencia Noticias Argentinas.

En este lapso seguirán las negociaciones con los bloques dialoguistas de Encuentro Misionero, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Moveré Santa Cruz, Provincias Unidas, el PRO y la UCR.

El proyecto que busca limitar el subsidio del gas a la Patagonia, La Puna y Malargüe, fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de Mayo, pero aún no se abrió el debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda, que presiden el radical Flavio Fama y el libertario Agustín Villaverde.

El oficialismo en diputados tuvo el respaldo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

En el Senado, el panorama es diferente porque los dos senadores, el ex gobernador Rodolfo Súarez, y su coterránea mendocina Mariana Juri se oponen a votar la ley de Zona Fría ya que sostienen que perjudicará a los usuarios de esa provincia.

También rechaza el proyecto, el senador Maximiliano Abad, debido a que su ciudad Mar Del Plata se vería muy perjudicada y otros radicales que pusieron reparos son Daniel Kroneberger y Fama.

En Provincias Unidas, la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, es otra de las legisladoras que rechazan el proyecto ya que muchas localidades de esa provincia con bajas temperaturas perderán el subsidio.

Otro de los proyectos prioritarios para el Gobierno es la reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno en los próximos días a la Cámara de Diputados de la Nación.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: NA

Uno de los objetivos del oficialismo es ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, para que puedan ingresar a ese sistema con lo cual se deberá eliminar el tope de ganancias anuales 1000 millones de pesos y un patrimonio de 10 mil millones de pesos.

Por Nancy Balza

A las 11 de este jueves estaba convocado el Senado Nacional para tratar, entre otros temas que tienen el visto bueno del gobierno, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, además de pliegos judiciales y acuerdos internacionales.

Sin embargo, 30 minutos después de la hora de inicio, máximo plazo de tolerancia, la sesión quedó suspendida por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala que ocupó el sitio reservado a Victoria Villarruel (titular del Senado). ¿La razón? Falta de quórum.

Sin embargo, la cámara que transmite la sesión en vivo mostraba un recinto de lo más concurrido pero con pocos senadores sentados en sus bancas.

En definitiva, la sesión en la que el tema más urticante para el oficialismo era la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, fracasó: de 37 presencias necesarias para abrir la reunión, se llegó en algún momento a un máximo de 25. El resto permanecía de pie, sin registrarse.

El encuentro prometía un arduo debate reglamentario que tiene de fondo, en realidad, a la figura del Jefe de Gabinete y ex vocero presidencial a quien la oposición quiere interpelar y, si se avanza, remover del cargo.

Hay varias iniciativas en ese sentido, incluida la que se conoció en las últimas horas y corresponde al bloque del PRO cuyo presidente Martín Göerling ingresó un pedido para interpelar al funcionario de confianza de los Milei el próximo 2 de julio, fecha en que Adorni iba a concurrir a la Cámara alta a brindar su informe de gestión.

La discusión reglamentaria, que también se suscitó en Diputados dos días atrás, pasa por si se puede aprobar esa medida por mayoría simple o por mayoría especial (48 senadores) y si debe tener dictamen de comisión (en Diputados fue convocada Asuntos Constitucionales para el 30 de junio y en el Senado para el 1° de julio) o se podría dirimir en el recinto.

En la Cámara baja la oposición no logró que prosperase un pedido similar: el martes no consiguió el quórum necesario para abrir la sesión (precisamente, faltó el PRO, además del oficialismo, un sector de la UCR y otros referentes provinciales), y este miércoles tampoco avanzó un apartamiento de reglamento para insistir sobre el tema.

Mientras todo esto ocurría, se conoció la renuncia “irrevocable” de Esteban Bullrich al PRO. Fue en una carta dirigida por el ex ministro de Educación al titular del partido amarillo Mauricio Macri.

Allí, Bullrich funda su decisión en “la protección brindada a Manuel Adorni”, en Diputados, cuando legisladores de esa pertenencia política no dieron quorum para tratar la interpelación del jefe de Gabinete. “Permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, advirtió el ex dirigente que atraviesa por una dura enfermedad.

En ese sentido, planteó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

Desde el Partido Justicialista hay un pedido de interpelación ingresado el 12 de junio que hasta el momento no se trató.

En las últimas horas se conoció el texto el PRO, que lleva la firma del jefe de bancada y de María Victoria Huala (La Pampa), y dispone citar a Manuel Adorni a concurrir al recinto del Senado el día 2 de julio “con el objeto de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

El artículo 2 establece que el Jefe de Gabinete deberá “brindar las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”.

A renglón seguido se le pide que “informe las medidas de gobierno adoptadas que le corresponden en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, especialmente las derivadas del inc. 7 (“Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.”), siendo que ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen lícito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado”.

Por último, se dispone que “en caso de no concurrir de Gabinete a la citación del art. 1°, la Cámara pasará de inmediato a considerar sin más trámite la moción de remoción del art. 101 de la Constitución Nacional".

La cita de Adorni con el Senado ya estaba acordada para el 2 de julio pero, como se dijo, para brindar su informe de gestión.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo pública su opinión acerca de la inconveniencia de que el funcionario se presente en el recinto donde seguramente sería “castigado” durante varias horas por la oposición. Desde allí se viene reclamando el apartamiento del funcionario, luego de las sucesivas inconsistencias patrimoniales que se conocen desde marzo.

Luego, el propio Adorni dijo que estaba dispuesto a concurrir ese día a la Cámara.

La última vez que un Jefe de Gabinete fue a la Cámara alta a dar un informe fue el 26 de junio de 2025. En ese momento el lugar estaba ocupado por Guillermo Francos.

Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, en el recinto del Senado de la Nación.Este viernes se cumple un año de la última vez en que un jefe de Gabinete concurrió al Senado a dar su informe de gestión. En esa oportunidad el cargo era ocupado por Guillermo Francos. Foto: Archivo

Por el momento es una incógnita si el aun jefe de Gabinete cumplirá con su compromiso y, en todo caso, si tendrá preguntas de gestión para responder (apenas 10 legisladores hicieron consultas hasta el miércoles, cuando vencía el plazo para formularlas) o si todas estarán dirigidas a su evolución económica que cada día abre más interrogantes.

Se abra o no se abra el recinto de cualquiera de las cámaras, el tema Adorni sigue ocupando la atención de la oposición y hasta de algunos aliados, que lo quieren fuera de la gestión, y del oficialismo, que redobla esfuerzos e interpretaciones reglamentarias para sostenerlo.

La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado. Ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo decidió postergar el tratamiento de la iniciativa hasta agosto.

La decisión refleja las dificultades que atraviesa la Casa Rosada para construir mayorías en la Cámara alta, donde distintos bloques opositores y aliados circunstanciales expresaron reparos sobre uno de los puntos centrales del proyecto.

La propuesta forma parte de una reforma electoral más amplia que también contempla modificaciones vinculadas a la denominada Ficha Limpia, el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos del régimen electoral argentino.

Según trascendió en las últimas horas, la eliminación de las elecciones primarias obligatorias no cuenta con el respaldo suficiente para alcanzar la aprobación en el Senado. Sectores de la Unión Cívica Radical, referentes del PRO y representantes de bloques provinciales mantienen diferencias con la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

Frente a ese escenario, el oficialismo comenzó a evaluar alternativas que permitan acercar posiciones. Entre las opciones que surgieron en las conversaciones parlamentarias aparece la posibilidad de transformar las PASO en un mecanismo optativo, en lugar de eliminarlas por completo, una fórmula que podría generar mayores consensos entre los distintos espacios políticos.

La discusión adquiere relevancia porque las primarias constituyen una herramienta utilizada por los partidos para definir candidaturas y ordenar competencias internas.

Quienes rechazan su eliminación sostienen que representan un mecanismo de democratización partidaria, mientras que desde el Gobierno argumentan que implican elevados costos para el Estado y que muchas veces funcionan como una gran encuesta nacional financiada con recursos públicos.

La postergación del debate también expone un escenario político menos favorable para La Libertad Avanza en la Cámara alta. En las últimas semanas, el oficialismo enfrentó dificultades para avanzar con distintos proyectos y negociaciones parlamentarias, lo que complicó la construcción de acuerdos para iniciativas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

En este contexto, el Gobierno apuesta a utilizar el receso invernal y las semanas posteriores para intensificar las conversaciones con gobernadores, senadores provinciales y bloques dialoguistas. El objetivo será alcanzar un texto que pueda reunir los apoyos necesarios cuando el tema vuelva a la agenda legislativa después de julio.

Por ahora, la reforma electoral deberá esperar. La falta de consenso en torno a las PASO obligó a reconfigurar la estrategia oficialista y trasladó una de las discusiones políticas más importantes del año para el segundo semestre, en un Congreso donde cada voto aparece como determinante.

Mauro L. Muñoz

Vuelve a escalar la disputa sobre la ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno nacional llevó su reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario. En paralelo, aumenta la tensión en el Conrgeso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo.

La presentación de la Procuraduría del Tesoro pidió que se frene su aplicación. En tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en Diputados para hacer oír sus reclamos. Mientras el Senado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ejecutivo para revisar pensiones y endurecer auditorías, iniciativa que recibió fuertes críticas.

En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobirno sostiene que el fallo “genera una situación de gravedad institucional” y que, al declarar abstracta la cuestión, “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.

El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.

El conflicto sobre la norma viene desde el año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma, pero luego dispuso su suspensión mediante el decreto 681/2025 con el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue la que dio lugar a la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, además de descartar el argumento económico al recordar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.

En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno pretende con este recurso instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado. “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y pidió a la Corte que no habilite esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.

Mientras la pelea escala en la Corte, en el Congreso sigue el conflicto. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición, sin participación del oficialismo ni de sus aliados.

El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, con unos 150 invitados vinculados a la temática. La excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que, según denunciaron, mantiene en jaque al sistema de prestaciones. Pero el tono de la reunión fue bastante más intenso que una simple audiencia de exposición.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.

También participó Ian Moche, el joven influencer con autismo, que denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra él. Ese testimonio volvió a correr la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.

La otra pata del conflicto está en el Senado. Ahí ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que en los hechos busca reabrir la discusión sobre discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.

La iniciativa propone revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la ley 13.478, introducir cambios en la ley 24.901 y tocar artículos centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicho rápido: el Gobierno no pudo desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir por la vía legislativa varios de sus puntos más sensibles.

Uno de esos núcleos es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Ahí aparece una diferencia clave con la ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo vuelve a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.

Esa vuelta atrás no es menor. Supone correrse de una lógica de inclusión laboral con protección y regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Otra vez, lo que aparece es un modelo. Uno que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.

El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para eso podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.

En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja del beneficio.

El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a medios nacionales, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica.

La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Allí, el funcionario brindará detalles sobre una propuesta que promete "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes".

Más allá de la controversia que de por sí generan algunas de las disposiciones normativas propuestas, el acontecimiento tendrá una fuerte carga política, por cuanto el ministro es cuestionado por sectores de la oposición como el principal ideólogo del ajuste, y la oposición viene reclamando insistentemente su presencia en el recinto.

El desembarco de Sturzenegger tendrá lugar, además, en momentos en que se encuentran sobre el tapete las causas vinculadas a $LIBRA, Andis, las compras de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las denuncias sobre la injerencia rusa en publicaciones contra La Libertad Avanza en medios argentinos.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

Según detalla el sitio especializado Parlamentario, el proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario.

En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas.

Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

La iniciativa fue firmada por el presidente y todo su Gabinete, y se enmarca en la estrategia oficial de desregulación económica y reforma del Estado de fuerte impronta neoliberal. El debate en el Senado marcará el inicio de una discusión que promete generar posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques, envió en los dos últimos días de marzo una primera tanda de 62 pliegos al Senado de la Nación para buscar acuerdo parlamentario. Esta decisión busca cubrir una parte de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

Este primer paquete incluye 50 jueces, 5 defensores, 1 fiscal y 6 conjueces, destinados principalmente a fueros nacionales y federales. Para el caso de la justicia federal de Santa Fe la medida, en principio, propicia dos designaciones: la de Emilio Rosatti para completar la integración del Tribunal Oral Federal Nº 1 y la de Walter Alberto Rodríguez como titular del juzgado federal Nº2.

En el caso de Rosatti -en caso de ser aprobado el pliego- ocupará la silla dejada vacante por María Ivón Vella y Rodríguez el dejado vacante por Francisco Miño.

Tanto Rosatti como Rodríguez integraban las ternas en los respectivos concursos terminados meses atrás en el Consejo de la Magistratura.

Rosatti encabezó la terna seguido por Gonzalo Fernández; y Sofía Chiambretto. El CM giró el listado el 31 de mayo de 2024.

En tanto, el 19 de diciembre de 2024, el CM mandó la terna del juzgado federal nª 2 con Santiago Díaz Cafferata; Walter Alberto Rodríguez; y Giselle Wade.

Dentro de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también fueron finalizados otros concursos con ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo pero que aún no fueron enviados al Senado. En el caso del concurso para el juzgado federal de Rafaela, la terna está integrada por Santiago Díaz Cafferata, Santiago Joaquín Saux y Verónica Andrea Medina.

Los pliegos deben tomar estado parlamentario en la próxima sesión del Senado para luego ser tratados por la Comisión de Acuerdos y tras las entrevistas a los candidatos ser votados en el recinto donde es necesaria la mayoría simple de los votos.

Mientras el Gobierno impulsa este jueves en el Senado de la Nación el tratamiento de la reforma de la ley de glaciares, un grupo de activistas protagonizó una protesta frente al Congreso de la Nación. Los manifestantes intentaron ingresar al edificio tras saltar una de las rejas perimetrales del Palacio Legislativo.

La situación derivó en la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, que detuvieron a 12 activistas por disturbios en la vía pública.

Antes de ser demorados, los activistas realizaron una acción en las escaleras del Congreso, asegurando que se encontraban en el lugar para exigir que los senadores rechacen la reforma y mantengan la protección vigente. Definieron la intervención como una “acción de resistencia pacífica” destinada a advertir sobre los riesgos que la modificación implicaría para la seguridad hídrica del país.

También señalaron que la detención de manifestantes durante un debate parlamentario sobre el agua como derecho resulta “preocupante desde el punto de vista democrático”.

En medio del operativo policial, se registró un incidente con un trabajador de prensa. Un camarógrafo del canal A24, identificado como Facundo Tedeschini, fue empujado por efectivos mientras cubría los hechos y terminó cayendo al suelo, según se observa en imágenes registradas por testigos.

Posteriormente, el trabajador fue detenido durante el traslado de los manifestantes. El episodio generó repercusiones en el ámbito periodístico y motivó el repudio del conductor Antonio Laje, quien calificó la situación como “inentendible e increíble”.

El oficialismo cuenta con los votos justos para avanzar con la iniciativa, siempre que acompañen algunos senadores del peronismo de provincias cordilleranas. El proyecto busca redefinir el alcance de las áreas protegidas, diferenciando el ambiente periglaciar de las geoformas periglaciales que cumplan una función hídrica estratégica.

En la práctica, la reforma limitaría la protección solo a aquellas formaciones con una función de reserva de agua comprobada, a diferencia de la ley vigente, que protege tanto glaciares visibles como cuerpos cubiertos o mezclados con roca y prohíbe allí actividades industriales. Este punto concentra el mayor rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores científicos.

Otro eje de debate es la autoridad que resolverá eventuales conflictos entre las provincias y el Ianigla, encargado del Inventario Nacional de Glaciares. Una de las alternativas en análisis es otorgar esa definición a la Secretaría de Energía.

Desde el Gobierno se sostiene que la redefinición del ambiente periglacial permitirá atraer inversiones vinculadas a la megaminería y a los hidrocarburos. En esa línea, La Libertad Avanza impulsa cambios en artículos clave para otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La publicación de Bullrich.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La publicación de Milei.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

Los tres representantes de la provincia de Santa Fe tuvieron su voto dividido, pero acompañando la tendencia de sus respectivos bloques.

Acompañando la propuesta del gobierno nacional, los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical del partido Juntos por el Cambio, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor. En contra, llegó el voto de Marcelo Lewandowski del Frente de Todos dentro del bloque Unión por la Patria

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Votos Afirmativos (42)

El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.

Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.

Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.

Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.

Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.

El Gobierno nacional vivió una jornada de júbilo tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

Pasada la medianoche, una vez consolidado el resultado positivo en el recinto, el oficialismo dio rienda suelta a una celebración que combinó mensajes institucionales de fuerte tono político con gestos de distensión y unidad entre las figuras centrales de La Libertad Avanza y sus aliados estratégicos.

Desde la cuenta oficial de Javier Milei no tardó en reaccionar. El mandatario calificó el desenlace parlamentario como un hecho "histórico", señalando que esta reforma representa un "quiebre con décadas de estancamiento y un sistema que solo generaba pobreza". Para el Ejecutivo, este paso legislativo es la piedra angular para fomentar la inversión privada y la creación de empleo genuino.

Minutos después de la votación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en X donde celebró la media sanción como una herramienta para actualizar un sistema que "durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal".

El texto subraya que esta reforma marca el fin de la "industria del juicio" y devuelve la previsibilidad y libertad al mercado de trabajo, adaptándolo a los cambios tecnológicos actuales.

Asimismo, el presidente de la Nación agradeció a los senadores que "comprendieron el mandato expresado en las urnas" e instó a la Cámara de Diputados a realizar un tratamiento rápido de la medida para consolidar este cambio histórico.

Mientras el tablero marcaba el final de la votación, el clima en las inmediaciones del Senado reflejaba el alivio oficialista.

En un video que circuló rápidamente por redes sociales, se pudo observar a las principales espadas políticas del Gobierno en un clima de camaradería. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, encabezó los festejos junto a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre risas, abrazos y felicitaciones, se sumaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y figuras parlamentarias clave como el diputado de Pro, Diego Santilli, quien acompañó el proceso desde las gradas.

Esta imagen de unidad buscó enviar un mensaje de fortaleza política, mostrando un frente consolidado entre el núcleo duro de Milei y los sectores del Pro que garantizaron el éxito de la iniciativa.

Con la reforma laboral aprobada, el oficialismo se prepara para acelerar su reglamentación. Los ministros presentes en el Senado coincidieron en que este es el punto de partida para una serie de transformaciones estructurales.

Bullrich tuvo el discurso final y luego se procedió a la votación, que arrojó un triunfo: 42 votos a favor y 30 en contra.

La jornada cerró con una sensación de triunfo total en Balcarce 50. Para el Gobierno, haber destrabado la discusión laboral en la Cámara Alta representa su mayor éxito político desde el inicio de la gestión, consolidando un nuevo mapa de alianzas en el Congreso.

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a las empresas y a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.

En una sesión que se prevé extensa y que cuenta con quórum asegurado, el Plan de Labor Parlamentaria otorga un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos.

El despacho revela que hay un total de 28 modificaciones, producto de la trabajosa negociación llevada a cabo y tal como la ex ministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta; aunque no se descartan cambios menores de redacción.

La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que la sesión seguirá hasta las 2 de la madrugada.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei van a permanecer movilizadas. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios.

- Se elimina la reducción en Ganancias. Desde diciembre, cuando ingresó la propuesta al Senado, las provincias alertaron sobre el impacto del capítulo fiscal de la reforma laboral que provocaba una baja de $ 1,9 billones en los fondos coparticipables. Finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.

- Seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%.

- Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original.

- Las empresas seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación sindicales.

- La derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley.

- Se mantiene el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

- Se ratificó la bancarización desestimando las billeteras virtuales para el pago de los sueldos.

- Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Un 2.5% irá para las pymes y el 1% para las grandes empresas.

- Los juicios laborales se limitarán a considerar los salarios de los trabajadores, sin considerar aguinaldos y vacaciones. Se podrán pagar en 6 cuotas en el caso de las grandes empresas y en 12 las pymes.

- Se amplían los servicios esenciales y trascendentales. La CGT no consiguió que se eliminara del proyecto la limitación del derecho de huelga por este concepto. Tampoco tuvo éxito con el artículo que establece que se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo.

Mauro L. Muñoz

El Gobierno quiere tener como regalo navideño tener ley de Presupuesto 2026 aprobada antes de fin de año. Para eso, no deberá tocar ni una coma del proyecto. Por lo que después del pan dulce, llegan los porotos al recinto del Senado de la Nación.

Para este viernes 26 de diciembre a las 12 está prevista la sesión. En primer lugar se tratará el Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026 y después la denominada ley de "Inocencia Fiscal". La convocatoria fue motorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras los despachos emitidos y la reunión de Labor Parlamentaria.

En Casa Rosada, la estrategia es llegar al recinto con el texto tal como salió de Diputados, resignando la revancha por el capítulo 11, que contenía el artículo 75 y proponía derogar leyes ya insistidas por el Congreso, como Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, además de otros ítems sensibles como subsidios energéticos, actualización en asignaciones familiares, coparticipación para CABA y fondos para la Corte .

La premura se anota en el calendario. Cualquier modificación al proyecto en la Cámara alta abre la puerta a un regreso a Diputados y deja al oficialismo corriendo contrarreloj para volver a discutir el texto en los dos días hábiles que le faltarán al año. El apuro de mostrar ante los mercados un aval del Congreso a la hoja de ruta del Ejercicio Fiscal que Javier Milei y su Gabinete ya ratificaron que reasignarán por vía administrativa partidas presupuestarias para alcanzar igual el déficit cero.

En tanto, la oposición ya marcó la cancha por dónde piensa discutir en la Cámara alta: el artículo 30, que explicita recortes de metas de inversión en educación, ciencia y defensa.

“Si sale como está, está muy bien, es un gran paso”, sostuvo este martes el Ministro del Interior, Diego Santilli, remarcando que el objetivo político que busca la administración libertaria es tener Presupuesto aprobado, el primero en los tres años de gestión: “su eventual sanción le dará previsibilidad y ordenamiento a Argentina”, aseguró en diálogo con El Observador.

Hubo intentos para rearmar el capítulo rechazado en la votación en particular de Diputados, pero no prosperaron. Por eso, el oficialismo decidió impulsar el dictamen en el Senado sin cambios. El propio Javier Milei salió a adelantar su postura públicamente: no vetará el Presupuesto si el Senado lo aprueba como viene de Diputados.

La condición es el mantra libertario: “déficit cero". “Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos, corrigiendo por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, dijo Milei el domingo en una entrevista en Casa Rosada.

En la misma línea Santilli aportó lecturas sobre la composición del gasto, para justificar el el equilibrio fiscal por otras vías: “El Presupuesto tiene un 85% de jubilaciones, AUH, salud, educación, discapacidad. Los temas centrales, el 85% son esos temas, por lo que hay un margen fino de maniobra para tener el presupuesto equilibrado”. Incluso afirmó que el proyecto incluye aumentos por encima de la inflación en “temáticas centrales” como educación, discapacidad y salud.

A tal fin, el oficialismo, con Patricia Bullrcih a la cabeza, hace números. En la Cámara Alta La Libertad Avanza tiene 19 senadores, con Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde en la gatera. A ellos se suman Luis Juez que dejó el PRO recientemente. Las alianzas con los 10 integrantes de la UCR y los 3 del PRO es casi una fija. En las posibles alianzas entran legisladores provinciales como el correntino” Camau” Espínola (Unidad Federal), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (la nequinidad), la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La oposición puso en la mira el artículo 30 que plantea derogaciones en materia de financiamiento educativo, científico y de defensa: el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; los artículos 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

El bloque peronista que conduce José Mayans ya adelantó que buscará incluir reformas para frenar lo que define como un retroceso en materia educativa. En ese marco se produjo una foto política en el Congreso: senadores y diputados del espacio se reunieron con estudiantes para organizar el rechazo al artículo. Por el Senado participaron Jorge Capitanich, Carlos Linares y Mariano Recalde; por Diputados, Julia Strada, además del exdirector del INET Gerardo Marchesini y estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrotécnicas.

Pero el frente peronista no es uno solo. El bloque Convicción Federal abrió una grieta al dejar correr la versión que votaría afirmativamente el Presupuesto. Sin embargo, este miércoles el panorama se volvió más incierto porque el puntano Fernando Salino planteó que la bancada podría dividirse.

“Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas”, dijo el jefe del bloque de CF, integrado además por Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Y fue todavía más tajante sobre su voto: “Yo voy a votar en contra del Presupuesto”.

En declaraciones radiales, fijó postura sobre lo que cree que puede pasar en el recinto: “Seguramente no tendremos una posición uniforme”, anticipó. Y cuestionó el trámite exprés: “En la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas”.

Salino también puso el foco en el capítulo XI caído en Diputados: “el oficialismo no terminó de resolver las diferencias que tiene; hay sectores que pretenden que corrijamos lo que pasó en Diputados”, advirtió. A la vez, dejó una lectura táctica: si el Ejecutivo presiona para reponerlo, “se le va a dificultar”; si se vota el texto como salió de Diputados, “aparentemente los votos están”.

El senador puntano, además, se plantó contra el artículo 30 desde su trayectoria: “Yo fui ministro de Educación de San Luis, no puedo aprobar el artículo 30. Fui rector de la Universidad de la Punta, no pudo aprobar el artículo 30”. Y cerró con una crítica política al vínculo con el Congreso: consideró un “error garrafal” del Ejecutivo que “tendría que tener otro diálogo con los legisladores” porque, recordó, “en definitiva somos quienes tenemos que votar”.

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación se dispone a rechazar este jueves los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Desde las 10 de la mañana, la Cámara Alta se reunirá con el objetivo de reinstaurar la vigencia de dos leyes que habían sido sancionadas con apoyo transversal, pero que el titular del Ejecutivo decidió vetar parcialmente en las últimas semanas.

El rechazo a esos vetos se define por dos tercios de los votos. La oposición, según el conteo previo, cuenta con los números asegurados. Mientras que el oficialismo no tiene respaldo suficiente ni siquiera entre los bloques dialoguistas que lo han acompañado en tramos de la agenda legislativa del año.

Con el termómetro de agosto todavía fresco, cuando Diputados aprobó la insistencia con 174 votos afirmativos en Universidades y 181 en Pediatría, el panorama para La Libertad Avanza se presenta adverso, sin margen de maniobra para tejer alianzas como en otros debates, que lo obligaría a promulgar leyes que no comparte por su intromisión en el terreno fiscal.

El antecedente similar más cercano es el de la Emergencia en Discapacidad, que quedó firme tras la insistencia de las dos Cámaras el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el Gobierno decidió promulgar la ley pero condicionándola a que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Este procedimiento desembocó en que desde la oposición estudien la posibilidad de interpelar y avanzar eventualmente con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La primera de las leyes en juego busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La norma -que fue vetada por segunda vez por Milei, ya lo había hecho el año pasado- establecía una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante 2024 y una adecuación por IPC para el ejercicio 2025, además de asegurar una recomposición de salarios docentes y no docentes, convocatorias paritarias cada tres meses y aumentos mensuales no inferiores a la inflación medida por el Indec.

La iniciativa había nacido al calor de la masiva movilización universitaria de abril, cuando rectores, docentes, estudiantes y trabajadores de las casas de altos estudios colmaron la Plaza de Mayo y ciudades de todo el país en defensa del sistema universitario público.

Desde entonces, la discusión escaló en la agenda parlamentaria. El texto finalmente aprobado fue una versión consensuada entre los bloques de la oposición tradicional, el peronismo y sectores federales. El veto presidencial no logró alterar ese equilibrio. Por el contrario, reforzó el compromiso de quienes venían sosteniendo posiciones moderadas.

El veto fue tratado el pasado 17 de septiembre en la Cámara de Diputados, logrando con amplitud la mayoría especial necesaria para la insistencia. Al mismo tiempo en que era tratado el veto, se llevó a cabo una nueva Marcha Federal que reunió una multitud de personas en distintos puntos del país.

La otra ley vetada por el Ejecutivo y pronta a ser restituida por el Legislativo es la que declara la emergencia en salud pediátrica. El texto establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales especializados, garantizando insumos, infraestructura, tecnología, medicamentos y personal médico. También incluye una recomposición salarial y la exención de Ganancias para quienes cumplan funciones críticas o guardias.

La ley, aprobada por abrumadora mayoría, fue promovida con el Hospital Garrahan como referencia nacional. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de poco más de $65.000 millones entre julio y diciembre. Para los bloques impulsores, se trata de una inversión impostergable.

Al igual que en el caso universitario, el veto presidencial generó reacciones en cadena: el colectivo médico, las asociaciones científicas y los propios trabajadores del Garrahan se pronunciaron en contra de la decisión oficial con múltiples manifestaciones. Y en Diputados recibió incluso más votos a favor que la norma para las Universidades.

Con una posición envalentonada, el bloque de Unión por la Patria busca incorporar un tema adicional al orden del día el rechazo a la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), dispuesta por el Decreto 695/2025.

Para que el tema se debata este jueves, deberá ser incorporado con dos tercios de los votos, ya que no figura en el plan de Labor Parlamentaria.

El proyecto, firmado por José Mayans y otros 24 senadores, propone declarar al sector nuclear como estratégico para el desarrollo nacional y blindar la participación estatal en la generación de energía atómica.

Además de los vetos y la posible discusión sobre Nucleoeléctrica, el Senado tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales de contenido impositivo.

En paralelo, se buscará avanzar con la media sanción del proyecto de ley que institucionaliza el sistema de Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir la desaparición de menores de forma urgente y coordinada entre organismos.

Por Nancy Balza

El Senado nacional se reúne desde minutos después de las 11 de la mañana con dos temas principales en agenda: el rechazo al veto presidencial a la ley que estableció la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, que quedó habilitado por una sobrada cantidad de legisladores (62 positivos contra 8 negativos), y la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia para poner límites a ese recurso del que hizo múltiple uso el Ejecutivo actual.

Sin dudas, es una agenda incómoda (eufemismo de uso generalizado en las últimas crónicas parlamentarias) para el gobierno de Javier Milei quien, luego de cerrar la campaña electoral en territorio bonaerense este miércoles por la noche, viajó a Los Ángeles.

En el caso de la emergencia, si el Senado logra la insistencia, será el primer rechazo de un veto total en 22 años.

Sin embargo, mucho antes de llegar al núcleo de la reunión en la Cámara alta que está presidida por Bartolomé Abdala (Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo en ausencia del Presidente), y como la realidad cambia y la gravedad de algunos hechos crece con los días, senadoras y senadores plantearon fuertes críticas, bajo la figura de cuestiones de privilegio, ante lo que se interpreta como un claro avance del gobierno nacional sobre la libertad de prensa. Esto a partir del fallo que prohibió hacer públicos audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. En lo que se considera un caso de “censura previa”.

Hubo pronunciamientos de distintas bancadas y una opinión compartida sobre la importancia de garantizar la libertad de expresión desde “todos y cada uno de los poderes del Estado”, tal cual sostuvo la santafesina, y también periodista, Carolina Losada.

Para el trabajo en comisiones quedarán temas complicados: uno de ellos es el pedido de Sergio Leavy (Salta-Unidad Ciudadana) para interpelar a Karina Milei a fin de que aclare el tema de los audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denuncia un entramado de coimas y sobreprecios.

Luego de que el Senado de la Nación aprobara dos proyectos de ley impulsados por la oposición para aumentar el gasto en jubilaciones y universidades, el ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió al declarar que esa jornada parlamentaria fue “lo mejor que pudo haber pasado”.

Los textos avalados por la Cámara alta comprometen recursos presupuestarios y fueron rechazados por el oficialismo, que advirtió sobre su impacto en las cuentas públicas. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotado, Caputo aprovechó la ocasión para reafirmar el compromiso con el equilibrio fiscal y lanzar un mensaje político.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la votación en el Senado sirvió para “dejar más expuestos que nunca a los que se resisten al cambio”, en alusión directa a la oposición, a la que identificó con la “casta política”.

“Lo de ayer fue lo mejor que pudo haber pasado”, aseguró, en respuesta a los análisis periodísticos que calificaron el resultado como una derrota oficialista. Según Caputo, la actitud de los legisladores opositores confirma que “solo buscan volver al poder para hacer lo mismo que hicieron antes”, y que están dispuestos a “dinamitar el equilibrio fiscal” logrado por la gestión de Javier Milei.

Caputo también aprovechó para repasar medidas económicas de gobiernos anteriores, recordando que en el pasado “vetaron el 82 % móvil, eliminaron las AFJP, se gastaron los fondos de los jubilados y recortaron jubilaciones en 2023”.

Frente a eso, aseguró que en los primeros seis meses del actual gobierno, los haberes previsionales “recuperaron un 15 % real” y que, en un contexto sin inflación, seguirán mejorando.

“Gracias a no haber convalidado la hiperinflación a la que nos llevaron, hoy tenemos un país ordenado”, remarcó, en un claro mensaje a los mercados.

El mensaje de Caputo también tiene un trasfondo electoral. Para el ministro, la votación permitió visualizar el contraste entre el oficialismo y la oposición.

“No hay mejor campaña que exponer la verdad”, sostuvo, dejando entrever que la estrategia del Gobierno para las elecciones legislativas de octubre será reforzar el discurso del cambio y denunciar a los sectores que buscan “mantener privilegios”.

En paralelo, el presidente Javier Milei adelantó que vetará cualquier ley que comprometa el equilibrio fiscal, una postura que endurece la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso.

Con su intervención, Caputo buscó enviar una señal clara al mercado: no habrá marcha atrás en la política de ajuste fiscal, aún frente a decisiones parlamentarias adversas. El Gobierno considera que este tipo de episodios refuerzan su narrativa de lucha contra la “casta” y consolidan su identidad de cara al electorado.

“Que no queden dudas. El equilibrio fiscal no se negocia. Nunca”, concluyó el ministro.