La reforma electoral aprobada este jueves en la Cámara de Diputados ratifica el sistema de Boleta Única papel como método de votación en la provincia de Santa Fe, pero incorpora modificaciones que impactarán esencialmente en la elección general.

Si la norma es sancionada el próximo jueves por el Senado, uno de los cambios más sustanciales que se registrarán es que en el box de votación ya no habrá cinco boletas (una por cada categoría a renovar), sino tres. Una, agrupará las categorías gobernador y vice, más diputados; otra, contendrá solamente la de senador departamental; y la restante, asociará las categorías locales de intendente y concejales.

En términos gráficos y de diseño, la boleta en la elección general será de lectura horizontal. Y otra de las novedades será la posibilidad de escoger la opción "Voto lista completa". Si la cruz se dibuja en ese casillero, el elector habrá emitido el sufragio a favor de una fórmula gubernamental con su respectiva lista de diputados. En línea horizontal, sin embargo, también tendrá la opción de votar solamente por la fórmula, o únicamente por la lista de diputados, puesto que todas esas posibilidades estarán contenidas en el mismo renglón.

Ahora bien; si el elector no escoge la opción "Voto lista completa" y deja alguno de los casilleros (o los dos) de las restantes opciones sin marca, será considerado voto en blanco. Asimismo, si se votara "lista completa" y en paralelo, otra fórmula para la gobernación o alguna de las listas de diputados que aparecen en el menú, se considerará nulo el voto que repite categoría (si se vota lista completa y una de diputados, por ejemplo, el que se anula es el voto a la categoría diputados).

Según la nueva ley, cada Boleta Única se divide en filas horizontales de igual dimensión, correspondiendo una a cada agrupación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Las filas contienen, de izquierda a derecha, una primera columna destinada a la identificación de la agrupación política; y las restantes, a las opciones electorales comprendidas en cada Boleta Única.

Cada una de ellas, además, identifica en su encabezado las columnas que la integran. Así, en la correspondiente al tramo provincial se leerá "Voto lista completa", "Gobernador y vice" y "Diputados provinciales". En la correspondiente al tramo distrital, en tanto, dirá "Senador departamental"; y en la correspondiente al tramo municipal, se leerá "Intendente y concejales"; o "Intendente y vocales municipales", para el caso de municipios con comisión municipal.

Para la Boleta Única correspondiente al tramo provincial, la primera columna contiene el número de orden asignado a la agrupación política, su símbolo o figura partidaria y la denominación utilizada en el proceso electoral.

La segunda contiene un casillero en blanco para que el elector exprese mediante una única marca su opción por todas las categorías incluidas en la misma fila; y la fotografía color, apellido y nombre completos de las personas candidatas a gobernador y vicegobernador, y de la persona que encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales.

La tercera columna contiene un casillero en blanco para efectuar la opción electoral correspondiente y la fotografía color, apellido y nombre completos de las personas candidatas a gobernador y vicegobernador.

La cuarta contiene un casillero en blanco para efectuar la opción electoral correspondiente, la fotografía color, apellido y nombre completos de la persona candidata que encabeza la lista de diputados provinciales, y los apellidos y nombres de las dos personas candidatas titulares siguientes.

La reforma incorporó la posibilidad de elegir en los comicios de 2027, a los futuros estatuyentes que dictarán las cartas orgánicas de las diferentes ciudades. Será la única instancia en la que se permitirán dobles candidaturas.

En los distritos en los que se elijan estatuyentes, se presentarán seis boletas en el momento de las primarias (las cinco categorías que se renuevan en toda la provincia, más la de estatuyentes) y cuatro en la elección general.

La visita del ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, a la Comisión de Educación de Diputados -este miércoles 12- volvió a poner en primer plano una deuda histórica: contar con una Ley Provincial de Educación. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones del país que no cuenta con una ley de educación provincial propia, ya que el marco general vigente data históricamente de 1949.

Los temas vinculados a educación volvieron a la agenda política santafesina. Mientras Diputados convocó al ministro y a las secretarias de la cartera para que presenten un informe con datos sobre las políticas que lleva adelante la gestión, en el Senado todavía permanece pendiente el tratamiento del proyecto que crea la Comisión encargada de abrir el debate territorial, el cual ya Diputados le dio media sanción el 4 de junio.

El proyecto que Diputados aprobó propone una comisión con participación legislativa y del Poder Ejecutivo, además de una instancia amplia de consulta a la comunidad educativa. La idea contempla foros, audiencias y encuentros en distintos departamentos para incorporar las voces de docentes, directivos, estudiantes, asistentes escolares, familias, universidades, especialistas, organizaciones gremiales, instituciones de educación superior y sectores productivos.

La expectativa oficial es que ese recorrido permita construir una norma que no solamente reúna antecedentes del sistema educativo santafesino, sino que también establezca una perspectiva de futuro.

Reunión en la Comisión de Educación de Diputados.

La discusión por una nueva ley, además, aparece parcialmente eclipsada por otro de los grandes y polémicos temas que atraviesan a la Legislatura: los cambios al sistema electoral santafesino y la necesidad de definir reglas de juego para un año clave como el 2027. Con los tiempos legislativos que se acortan, en Diputados advierten que la oportunidad para sancionar una Ley de Educación de Santa Fe no debería diluirse.

En ocasión de la reunión de Goity con la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside Gisel Mammud, la legisladora señaló -a los medios presentes- que “todos los legisladores de la Cámara de Diputados y también el propio ministro y su equipo ratificamos la necesidad de que sea esta la Legislatura que sancione la ley de educación de la provincia de Santa Fe por primera vez en la historia”.

La diputada remarcó que ahora el paso clave es que el Senado trate el proyecto que crea la comisión que permitirá comenzar formalmente con la etapa de escucha y participación. “Es realmente muy importante que tengamos una coincidencia entre los diputados de la comisión y el Ministerio en la necesidad de que esta sea la Legislatura que sancione la ley de educación”, sostuvo.

Y puso el foco en los tiempos: "Todos ratificamos la importancia de que el Senado próximamente y lo antes posible le dé tratamiento al proyecto que crea la comisión para comenzar con el proceso de escucha, de participación y de debate para elaborar la ley de educación provincial".

Goity también planteó, en declaraciones periodísticas, que la discusión no debería limitarse a ordenar o reunir en una norma las políticas que ya existen. Para el ministro, la futura ley debe funcionar como una hoja de ruta para el sistema educativo santafesino.

“Después de la reforma constitucional, que ha sido muy importante, que ha sido un hecho histórico para la provincia de Santa Fe, nos debemos una ley de educación”, afirmó.

Y agregó una definición política sobre la responsabilidad que recae sobre la actual composición legislativa: "Yo considero que es esta Legislatura, cuando digo esta Legislatura, no digo la Legislatura como institución, sino estos legisladores, los que tienen la gran oportunidad, pero también la responsabilidad de sancionar una ley de educación”.

El funcionario recordó que el actual período legislativo se extiende hasta 2027, pero dejó planteada la necesidad de aprovechar el tiempo disponible para evitar que el debate vuelva a quedar postergado. Para Goity, el contenido de la norma debería escapar a una mirada conservadora del sistema educativo. "Tiene que ser la ley del futuro", resumió. “Tenemos que legislar para el futuro y tenemos que legislar para la Santa Fe que queremos y que tenemos la obligación y la responsabilidad de construir”, afirmó.

"Tenemos que hacer mucho estudio de legislación comparada. No solamente mirarnos el ombligo, sino ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, hacia dónde van los sistemas educativos, hacia dónde apuntan las mejores y más modernas legislaciones", sostuvo. Y dejó una advertencia que cobra especial relevancia frente al calendario político: "Aprovechar esta oportunidad que no se va a dar mucho tiempo para hacer la mejor ley posible".

Entre las prioridades mencionó los aprendizajes y la calidad educativa, en línea con los resultados de las evaluaciones Aprender y el Plan de Alfabetización que lleva adelante la provincia.

Ya en el recinto, no se habló específicamente de la futura ley, sino que tanto el ministro Goity como las secretarias presentes (María Martín, Carolina Piedrabuena y Daiana Gallo Ambrosis) informaron a los diputados sobre números: el Plan Raíz, infraestructura educativa, repitencia y trabajo de los equipos socioeducativos. Un par de diputados consultaron sobre escuelas técnicas y baja de natalidad.

El desafío es que la Ley de Educación no quede relegada frente a otras discusiones institucionales que hoy concentran buena parte de la atención de la Legislatura, especialmente el debate por la reforma de la ley electoral.

La proximidad de un nuevo año electoral también modifica los tiempos políticos. La primera Ley de Educación de Santa Fe requiere un debate amplio, con participación de la comunidad educativa y territorial, pero al mismo tiempo necesita atravesar las distintas etapas legislativas antes de que la agenda electoral gane definitivamente el centro de la escena.

Este jueves, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Fe se resolverán los cuatro proyectos de ley que tienen tratamiento preferencial para la tarde, especialmente el mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se implementa la ley del proceso contencioso administrativo en la provincia.

Este asunto así como el proyecto iniciado en Senado y que pretende declarar a la provincia como territorio libre de discursos de odio, establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación parecen ser los temas centrales de la agenda de Diputados.

Sobre el primero de los proyectos, la Cámara de Diputados debe pronunciarse por mantener la redacción votada -por unanimidad- en el cuerpo o bien avalar los cambios introducidos por el Senado. "Es una ley muy trabajada y acordada en Diputados" admitió un legislador de Unidos. El pronunciamiento de la Cámara de Diputados fue objetado por el intendente de Rosario, Pablo Jakvin, quien advirtió sobre el fuerte impacto que la norma tendría sobre las autonomías, los recursos y la gestión diaria de las municipalidades.

El proyecto tiene como objetivo primordial establecer un proceso moderno, alineado con estándares procesales actuales que incorporen las pautas derivadas de la Constitución provincial reformada y de los instrumentos internacionales de derechos humanos constitucionalizados, así como los aspectos más valiosos y útiles de la jurisprudencia de la Corte federal, de la Corte local, y de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo de la Provincia, marcan los fundamentos del mensaje de la Casa Gris.

En cuando al proyecto votado por el Senado para declarar a la provincia de Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, ya tiene dictámenes de dos comisiones con firmas de Unidos, justicialistas y Frente Amplio por la Soberanía. No obstante, hay objeciones de la diputada libertaria Silvia Malfessi que intentarán ser consensuadas en Asuntos Constitucionales.

La iniciativa es impulsada por la Mesa del Diálogo de Santa Fe —espacio civil e institucional con más de dos décadas de trayectoria en la región— cuyas autoridades encabezadas por Martín de Palma lo presentaron en Legislatura el pasado 11 de junio. EL Senado lo aprobó, por unanimidad, en forma inmediata.

El proyecto de Santa Fe libre de odio fue presentado en el hall de Legislatura y aprobado en forma inmediata por el Senado.

El objetivo central del proyecto es replicar y ampliar a escala provincial los lineamientos que ya se venían implementando a nivel local a través de ordenanzas municipales en la ciudad de Santa Fe.

Los otros temas reservados para el tratamiento preferencial son dos iniciativas de diputados socialistas. Por un lado de Antonio Bonfatti y Rubén Galassi creando el programa de Acogimiento Familiar Transitorio a efectos de brindar un marco de contención familiar alternativo a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren amparados por medidas excepcionales adoptadas por la autoridad de aplicación de la ley 12.967.

El otro de Joaquín Blanco apunta a crear la estructura tarifaria denominada Tarifa de Movilidad Eléctrica en la EPE destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

El proyecto de Blanco se enmarca en la Ley N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia. Esta ley, establece garantías de promoción que incluyen la introducción de una tarifa con discriminación horaria que incentive la incorporación de vehículos eléctricos al transporte público y privado y la estabilización de la curva de demanda del sistema de distribución eléctrico.

Empresa Provincial de Energía (EPE). Crédito: Manuel Fabatía

El proyecto establece una estructura tarifaria por bandas horarias orientada a desplazar el consumo hacia períodos de baja demanda ("horas valle"), reduciendo los picos de carga y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente.

En tanto, este miércoles, se hará el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales a los efectos de escuchar la opinión de Oscar Blando y de Jorge Zárate sobre los proyectos de reforma electoral que llegarían al recinto la semana próxima.

Con la firma de Marcos Corach y del resto de la bancada justicialista, ingresó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la obra adjudicada a la empresa Pose y las intervenciones realizadas o previstas sobre la Ruta Nacional A012, recientemente transferida a la provincia.

La minuta ingresada pide la remisión de la copia íntegra, certificada y completa del convenio, contrato o instrumento administrativo celebrado entre la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa Pose, incluyendo todos sus anexos, pliegos, especificaciones técnicas, órdenes de trabajo, modificaciones, ampliaciones, redeterminaciones de precios y demás documentación complementaria.

Requiere saber en forma detallada cuáles son las trazas, tramos, rutas provinciales y demás sectores comprendidos en el objeto contractual denominado Reparaciones en rutas de la red Vial Zona VI Rosario", indicando la localización precisa de cada intervención prevista.

También pide se informe si, mediante ampliaciones de obra, redeterminaciones o modificaciones contractuales, órdenes de trabajo, actas complementarias o cualquier otro acto administrativo, se ha encomendado a la empresa contratista la ejecución de tareas de reparación, bacheo, conservación o mantenimiento sobre la Ruta Nacional A012 o sobre sus intersecciones.

Otro punto requiere se indique el marco jurídico, técnico y presupuestario que habilita a la Provincia de Santa Fe a ejecutar obras y afectar recursos provinciales sobre una vía de jurisdicción nacional.

El gobernador Maximiliano Pullaro informó a las cámaras legislativas, por nota oficial, "en uso de la autorización conferida por la Ley N° 14.423, me ausentaré del territorio nacional desde las 18 horas del día miércoles 12 de agosto hasta las 23:55 horas del día viernes 14 de agosto del corriente año, con motivo de realizar una misión institucional en la República de Chile".

Debido a la ausencia de Pullaro, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, se hará cargo en forma interina del Poder Ejecutivo y atenderá despacho jueves y viernes en Casa Gris.

Esta semana, el Senado no fue convocado a sesionar.

“Las y los radicales reunidos este 4 de agosto en todo el país expresamos nuestro más enérgico rechazo al dictamen del Senado de la Nación que modifica el Código Penal, así como a las nuevas modificaciones que circulan extraoficialmente, destinadas a agravar injustificadamente las penas de los delitos de falsas denuncias y falso testimonio”. Así comienza el documento que se conoció el martes, el mismo día en que se reunió la comisión Banca de la Mujer en la Cámara alta, que preside Ana Marks (Bloque Justicialista) para analizar, precisamente, este proyecto de Carolina Losada junto a especialistas.

En un encuentro que tuvo lugar en el Comité Nacional de la UCR se realizó un panel del que participaron el abogado Ricardo Gil Lavedra, los presidentes de Franja Morada y Juventud Radical, la diputada nacional Inés Zigaran, el diputado nacional Pablo Juliano e Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta del comité nacional.

Para los “radicales en defensa del acceso a la Justicia”, tal la denominación que precede el texto, “lejos de fortalecer el sistema, estas propuestas constituyen un nuevo intento de desalentar el derecho a denunciar, debilitar el acceso a la justicia y retroceder en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país”.

La Unión Cívica Radical “ha sido protagonista en la construcción del sistema argentino de derechos humanos. Su aporte fue decisivo para que la reforma constitucional de 1994 otorgara jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales que los consagran”.

Ricardo Gil Lavedra, uno de los expositores en el panel organizado por la Unión Cívica Radical sobre el proyecto de ley de falsas denuncias. Foto: Archivo.

En esa línea y “en coherencia con ese compromiso histórico, impulsó leyes y políticas públicas fundamentales para la protección integral de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, así como para la prevención, sanción y erradicación de las violencias”.

Con esa misma convicción, el partido advirtió en ocasión del #3J - Ni Una Menos “sobre los riesgos de las iniciativas orientadas a desalentar las denuncias y debilitar el acceso a la justicia, en consonancia con las alertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén Do Pará y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.

“Lamentablemente, esas advertencias no fueron escuchadas”, señala.

Las nuevas modificaciones que se pretenden introducir al dictamen, “no sólo insisten en esa orientación errónea, sino que profundizan sus consecuencias”. “Aunque ya no mencione expresamente las denuncias por violencia de género, mantiene el mismo efecto intimidatorio sobre quienes recurren al sistema de justicia para denunciar hechos de violencia, especialmente mujeres, madres protectoras, niños, niñas y adolescentes y profesionales y peritos que buscan proteger sus derechos”.

“Las falsas denuncias constituyen un fenómeno marginal dentro del sistema penal argentino, tal como surge de los relevamientos del Observatorio de Violencia de Género de Ministerios Públicos”, argumenta el partido centenario.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Foto: Archivo.

En cambio, “los femicidios, las violencias por motivos de género, el maltrato y el abuso contra niñas, niños y adolescentes continúan representando una realidad alarmante, agravada por el enorme subregistro de hechos que nunca llegan a la justicia”.

Para cerrar, advierte que “el verdadero problema de nuestro país no son las falsas denuncias; son las violencias que permanecen silenciadas”.

El documento lleva numerosas firmas, incluida la de la santafesina Alicia Tate.

El martes se reunió la Banca de la Mujer, una de las comisiones del Senado que analizó precisamente este proyecto de ley.

El martes la Comisión Banca de la Mujer del Senado, que preside la justicialista Ana Marks, analizó el proyecto de ley de falsas denuncias. Foto: Senado de la Nación.

Por allí pasaron especialistas en Derecho de Familia, investigadoras, ex magistrados y también víctimas de violencia de género. Fue el caso de la jugadora de fútbol profesional Luana Muñoz quien, junto a varias colegas denunciaron ante la FIFA a su entrenador por presunto acoso sexual. Junto a ella se ubicaron la periodista Agustina Vidal que investigó el caso, y la abogada que las representa.

Sin presencia del oficialismo que compone la comisión, hubo coincidencia en el carácter “inconstitucional y anticonvencional” del proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y propone modificar el Código Penal para agravar las penas por falso testimonio, falsa denuncia y encubrimiento.

El Gobierno decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la compra de tierras rurales.

La medida fue adoptada este miércoles durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de que varios gobernadores anticiparan que sus senadores votarían en contra de ese apartado.

La Libertad Avanza intentará que el resto de la iniciativa sea tratado este jueves desde las 14 en el Senado, después del cuarto intermedio dispuesto durante la sesión del mes pasado.

Patricia Bullrich encabezó las negociaciones con los bloques aliados en el Senado. Foto: Reuters

La definición se tomó en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto con legisladores de fuerzas dialoguistas.

Algunos aliados habían pedido directamente suspender la sesión, pero el oficialismo resolvió eliminar los artículos más resistidos y mantener el debate sobre los demás puntos.

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar… pic.twitter.com/LTaxISdOun

El capítulo comenzó a perder respaldo después de que los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Neuquén, Rolando Figueroa, anunciaran que no acompañarían la modificación.

También surgieron objeciones entre senadores radicales, dirigentes provinciales y una legisladora del PRO, lo que dejó al oficialismo sin los votos necesarios para aprobar la propuesta original.

La discusión había escalado después de que Bullrich anunciara una modificación al texto para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras.

El proyecto mantiene cambios en las leyes de Desalojos, Expropiaciones y Manejo del Fuego.

El proyecto mantenía la prohibición de compra de tierras por parte de Estados extranjeros, pero permitía operaciones de empresas con participación estatal extranjera bajo determinadas condiciones.

Esas adquisiciones debían contar con la autorización de la provincia en la que estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el texto establecía que la titularidad extranjera no podría superar el 25% de la superficie rural de cada provincia.

Las operaciones también debían inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales con los datos y la nacionalidad de los compradores.

LO QUE AMAMOS NO SE VENDEMisiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos.Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es… pic.twitter.com/SGVhEJoEGF

La Libertad Avanza informó que la decisión fue tomada por consenso entre 44 senadores pertenecientes al oficialismo y a bloques aliados.

“La postergación no implica su eliminación del proyecto”, aclaró el comunicado difundido después del encuentro. El espacio aseguró que continuará trabajando en el capítulo para “alcanzar un mayor nivel de consenso”.

El oficialismo agregó que la intención es enriquecer la propuesta con nuevos aportes hasta obtener “una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible”.

Sin el capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene modificaciones al régimen de Expropiaciones, los procedimientos de Desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

La bancada libertaria aseguró que esos capítulos “cuentan con amplio respaldo” entre las fuerzas que participaron de la negociación. También se incluyen cambios en la escrituración y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

El oficialismo buscará aprobar esos apartados durante la sesión del jueves, mientras mantiene abiertas las conversaciones para reformular el régimen de tierras rurales.

Uruguay concretará este viernes el primer procedimiento de eutanasia legal desde que entró en vigencia la ley que regula la denominada “muerte digna”.

La paciente es una mujer de 69 años con cáncer de páncreas en etapa terminal, internada en el Hospital Policial de Montevideo, que solicitó acceder al procedimiento luego de atravesar un deterioro avanzado de su salud y padecimientos asociados a la enfermedad.

El caso representa un hito sanitario y jurídico en la región, ya que Uruguay se convirtió recientemente en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por el Parlamento. La normativa fue sancionada en octubre de 2025 y reglamentada en abril de este año, habilitando finalmente su aplicación efectiva dentro del sistema de salud.

Según informaron medios uruguayos y fuentes sanitarias, la mujer permanece internada desde hace varios días y firmó el consentimiento final para acceder al procedimiento después de cumplir cada una de las instancias previstas por la legislación vigente.

La decisión había sido tomada meses atrás y fue acompañada por integrantes de su familia. Imagen Ilustrativa

La llamada Ley de Muerte Digna habilita a personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, a solicitar la eutanasia cuando atraviesan enfermedades incurables, irreversibles y en fase terminal que generan sufrimientos considerados insoportables.

El procedimiento contempla una serie de requisitos médicos y legales. La solicitud debe realizarse de manera voluntaria y escrita, con intervención de profesionales de la salud y controles específicos que garanticen la capacidad de decisión del paciente. Además, la persona puede desistir del proceso en cualquier momento.

La reglamentación también establece mecanismos de supervisión y evaluación posteriores a cada caso. El objetivo, según las autoridades uruguayas, es asegurar que la práctica se desarrolle bajo estrictos criterios médicos, éticos y legales.

El procedimiento contempla una serie de requisitos médicos y legales.

El debate sobre la eutanasia en Uruguay atravesó varios años de discusiones parlamentarias, posiciones médicas y debates sociales. Finalmente, el proyecto fue aprobado por mayoría en el Senado con apoyo de legisladores oficialistas y sectores de la oposición.

La legislación uruguaya se diferencia de otros antecedentes regionales porque fue aprobada mediante trámite parlamentario completo. En países como Colombia y Ecuador, la eutanasia fue habilitada a partir de decisiones judiciales y no por leyes específicas sancionadas por el Congreso.

La paciente que accederá al procedimiento tiene cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzada. Según trascendió, se encontraba bajo cuidados paliativos, aunque había decidido interrumpir estudios y tratamientos debido al avance de la enfermedad y al sufrimiento físico asociado a su cuadro clínico.

De acuerdo con la información difundida por medios uruguayos, la decisión de solicitar la eutanasia había sido tomada meses atrás y fue acompañada por integrantes de su familia durante todo el proceso. La mujer es madre de seis hijos.

El caso volvió a poner en discusión temas vinculados con la autonomía de los pacientes, los límites de las intervenciones médicas y el rol de los cuidados paliativos en enfermedades terminales.

Mientras sectores que impulsaron la ley consideran que se trata de un avance en materia de derechos individuales y dignidad al final de la vida, grupos contrarios a la eutanasia sostienen que el sistema sanitario debería fortalecer aún más las estrategias de acompañamiento paliativo.

El debate también involucra aspectos éticos, religiosos y jurídicos que continúan generando posiciones contrapuestas en distintos países de la región.

En Uruguay, encuestas realizadas durante la discusión parlamentaria mostraban un importante respaldo social a la legalización de la eutanasia. Distintos sectores médicos y académicos participaron además en audiencias y debates previos a la sanción de la norma.

La implementación del primer procedimiento legal marca ahora el inicio de una nueva etapa para el sistema sanitario uruguayo. Las autoridades deberán monitorear la aplicación de la ley y el funcionamiento de los protocolos establecidos para estos casos.

Al mismo tiempo, el episodio vuelve a instalar una discusión que también aparece en otros países de América Latina: cómo garantizar el derecho de los pacientes a decidir sobre el final de la vida en contextos de enfermedades irreversibles y sufrimiento extremo, y de qué manera compatibilizar esas decisiones con los principios éticos y sanitarios vigentes.

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación abrirá sus puertas por primera vez en el año el próximo miércoles para tratar la reforma laboral con protestas en las calles pero sin paro general.

La presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota que oficializa la convocatoria a la sesión especial para el próximo 11 de febrero, desde las 11 de la mañana, con un único tema en el orden del día: el proyecto de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias.

La convocatoria se activa después de una nota impulsada por un grupo de senadores, a la que se sumaron firmas que representan 44 bancas, con las que el oficialismo se ilusiona con aprobar la reforma. En paralelo, la conducción de la CGT terminó de resolver su posición: habrá movilizaciones, pero no se realizará un paro general.

El dato saliente del llamado a sesión es tanto lo que entró como lo que quedó afuera. En la agenda formal del miércoles aparece solo la reforma laboral. No figura, por ejemplo, la reforma de la Ley de Glaciares, un tema que se daba por descontado en la previa y que finalmente quedó excluido de la convocatoria inicial. Entre los argumentos que se manejan en el oficialismo aparece una razón casi de manual: un debate de reforma laboral ya promete horas largas —y más todavía si el texto llega con cambios—; sumarle glaciares implicaría estirar la jornada hasta un límite difícil de administrar.

Tampoco figura la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. De todos modos, en el Senado remarcan que tanto glaciares como el pliego diplomático podrían incorporarse en Labor Parlamentaria. Si bien es una posibilidad, la intención del oficialismo es concentrar energías en un solo expediente, evitando que se mezclen debates y se diluyan los acuerdos.

Bullrich guarda "bajo llave" los cambios en el texto final para asegurar los votos que le den la media sanción al proyecto.

En paralelo, el Gobierno termina de afinar la letra chica. Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, manifestó que el texto final “se va a conocer el día que lo estemos tratando”. Y recalcó que están "bajo cuatro llaves" las modificaciones surgidas de las negociaciones con bloques aliados, que terminarán definiendo la mayoría en las votaciones.

Sobre los votos, se mostró confiada y afirmó tener “el 95% cerrado”. Sin embargo, el tramo más delicado sigue siendo el capítulo fiscal que incluye una baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades y significa un golpe a las cajas provinciales por tratarse de un tributo coparticipable. Ese punto se convirtió en la principal presión externa sobre el proyecto y, al mismo tiempo, en el dilema interno de la estrategia.

Los gobernadores aliados le hicieron saber su rechazo al ministro del Interior Diego Santilli durante las reuniones que mantuvieron a lo largo del verano. En el Gobierno, sin embargo, la mesa política se expresó en contra de eliminar el capítulo. Lo que se discute, en todo caso, es una salida intermedia: postergar su implementación para desactivar el conflicto sin resignar las banderas de “baja de impuestos” y "superávit fiscal".

En ese terreno, la decisión final la tiene el ministro Luis Caputo y los votos que inclinen la balanza los legisladores de los bloques provinciales y radicales. La oposición peronista, por su parte, anticipó que dará la pelea en la votación en particular y buscará dilatar la sesión con el debate artículo por artículo, como ocurrió en diciembre con el Presupuesto.

El Consejo Directivo de la CGT definió este viernes convocar a una movilización hacia el Congreso el próximo miércoles en el marco del inicio del debate legislativo con réplicas en distintas provincias, pero descartó la opción de un paro general.

En conferencia de prensa, el cosecretario general Jorge Sola manifestó que “el proyecto no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino recortar derechos. Y trasladó el eje de la presión a “la responsabilidad” de los legisladores. “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”, lanzó, apuntando a los aliados que el Gobierno necesita para cerrar la votación.

Postal del Congreso en 2024 con movilización por la ley Bases, que buscará replicar la CGT por la reforma laboral.

En la conducción de la central obrera, sin embargo, no prosperaron las propuestas de paro general. Por lo menos por ahora. Se impuso la postura dialoguista de negociación con gobernadores y senadores para intentar mitigar el impacto de la reforma mediante cambios en ítems "antisindicales" como el financiamiento, la limitación de la ultraactividad o la restricción del derecho a huelga.

Ante la movilización, en el Ejecutivo se preparan para controlar la calle mientras se desarrolla el debate en el recinto. Si bien no se anticipa un escenario como el que marcó la reforma previsional en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri, prevés momentos de tensión que dan pie al despliegue de fuerzas federales, con vallas y custodia del perímetro que garanticen el funcionamiento del Congreso mientras se discute el proyecto.

(Por Emerio Agretti) - Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, fatiga la agenda de reuniones con gobernadores en busca de apoyo para la reforma laboral, en el Senado la comisión técnica que lidera la asesora Josefina Tajes lleva adelante encuentros individuales con los diferentes actores sociales y parlamentarios.

La senadora Patricia Bullrich confirmó que el debate en el recinto arrancará el 11 de febrero y aseguró que el oficialismo tiene los votos de 44 senadores para aprobar la iniciativa. Ese respaldo vendría apuntalado por las gestiones con mandatarios y sectores involucrados, y sostenido en algunos cambios requeridos y negociados.

De ese modo, tras la ronda de consultas, y como ya había adelantado Bullrich, el oficialismo aceptaría introducir modificaciones en la redacción original, que consta en el dictamen de comisión. Pero los cambios no se harán en la previa, sino en la propia votación del cuerpo.

El oficialismo está dispuesto a producir cambios en el texto, pero no será en comisión, sino en el recinto. HCSN

Así lo adelantó Tajes, en su carácter de titular de la mesa técnica que analiza la viabilidad de las demandas de los sectores cercanos al Gobierno. La asesora legislativa anticipó que la intención es sesionar el martes 11 de febrero y ratificó que conservarán "el espíritu del proyecto" original.

"No hay un nuevo dictamen. El dictamen ya está aprobado y firmado. El procedimiento es el habitual: el proyecto va al recinto, se vota en general y, en el debate en particular, se incorporan las modificaciones o aclaraciones que eventualmente se hayan acordado”, detalló, en declaraciones a un portal parlamentario.

En ese sentido, explicó que "las cámaras nos envían por escrito sus inquietudes o los artículos que necesitan profundizar" y que analizarían la posibilidad de incorporar algunas de sus solicitudes. Por otra parte, rechazaron dividir las votaciones para evitar integrar los apartados más discutidos desde las provincias.

Josefina Tajes junto a Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, senadores electos por la ciudad de Buenos Aires. Archivo El Litoral

"Es cierto que existen conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por el impacto fiscal de algunos aspectos tributarios, particularmente vinculados al impuesto a las Ganancias y a la coparticipación, pero en ningún momento se habló de dividir la ley ni de separar el capítulo laboral del impositivo", precisó.

Precisamente, la cuestión del impacto sobre las cuentas provinciales de las modificaciones en Ganancias es la principal que plantean los mandatarios, y que por lo mismo sustenta las objeciones desde el gobierno santafesino.

También, en boca del propio gobernador Maximiliano Pullaro, se planteó un apoyo a la modernización, pero con la advertencia de que se debe contemplar en particular la situación de las pymes, que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia y en el país.

Santa Fe hizo llegar su posición a legisladores nacionales y a funcionarios del Ejecutivo, reclamando que el proyecto incorpore una mirada productiva y federal, y que no traslade a las pymes la carga de renegociaciones permanentes, aportes adicionales o esquemas que solo pueden afrontar grandes compañías con estructura jurídica y financiera.

Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia. Flavio Raina

Al frente de la bancada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia expresó su respaldo a los ejes centrales del proyecto, fundamentalmente en lo que hace a dos puntos clave: reducir la litigiosidad laboral y avanzar en la formalización del empleo.

Sin embargo, formuló reparos sobre aspectos específicos de la iniciativa, en particular el Fondo de Asistencia Laboral. Concretamente, el destino de aportes que hoy van al sistema previsional y que, con la reforma, podrían redirigirse a esquemas privados de capitalización. Y el interrogante al que eso da pie: cómo se financiará el sistema jubilatorio.

A su paso por la comisión del Senado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su respaldo al espíritu del proyecto y destacó la necesidad de actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y sociales.

Su presidente, Natalio Mario Grinman, subrayó que la previsibilidad es clave para promover empleo formal y competitividad, aunque reconoció observaciones sobre artículos específicos.

Una postura similar adoptó la Unión Industrial Argentina (UIA), que presentó un documento con 20 puntos de apoyo, aunque dejó trascender reparos sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que establece un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones, por su impacto en los costos empresariales.

Las principales objeciones provienen de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de ADIMRA, que solicitaron la eliminación de cinco artículos (126, 128, 130, 131 y 132). Según advirtieron, esas disposiciones contradicen el objetivo de previsibilidad y equidad que proclama la reforma.

Entre los puntos más cuestionados figuran el fin de la ultraactividad plena de los convenios colectivos, la eliminación de aportes obligatorios a cámaras empresarias -mientras se mantienen los sindicales- y la priorización de convenios por empresa o región por sobre los de actividad.

Las entidades advierten que estos cambios favorecen a grandes compañías y colocan a las pymes en una situación de desventaja estructural.

En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino reclamó modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al considerar que excluye a amplios sectores de las economías regionales, como bodegas, molinos, procesadoras de alimentos y fabricantes de maquinaria agrícola.

El rechazo más duro llegó desde el sistema bancario. ADEBA, ABA y ABAPPRA cuestionaron la habilitación para que billeteras virtuales paguen salarios y jubilaciones, al sostener que el sistema bancario formal garantiza seguridad, trazabilidad y gratuidad para los usuarios.

Aunque por razones distintas, cámaras empresarias y la CGT coinciden en rechazar parte del proyecto por entender que desarticula los mecanismos de negociación colectiva.

La CGT no se cierra al diálogo, pero expresa resistencia. Reuters

Así en lo que atañe al artículo 126, que pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT), principio por el cual un convenio mantiene su vigencia hasta tanto sea reemplazado por otro.

Eso obligaría a las empresas y a los sindicatos a renegociar de manera permanente, con el lógico desgaste que implica para ambas partes, y el riesgo de que se generen vacíos legales que puedan provocar un aumento de la litigiosidad.

Lo mismo ocurre con los artículos 130 y 131, que buscan hacer prevalecer convenios de ámbito menor sobre otros de ámbito mayor. En Argentina rige el principio de negociación por sector o rama de actividad. Eso implica un “piso” de condiciones para las empresas y para los trabajadores en todo el país y en todas las empresas.

El Gobierno propone cambiar ese paradigma a la negociación colectiva por región o por empresa. La CGT coincide con las cámaras en el rechazo a esta modificación, por entender que pondría a trabajadores en una situación de debilidad frente a las empresas.

A la vez, los empleadores consideran que la eliminación de reglas comunes podría generar competencia desleal, ya que las empresas que negocien con seccionales de sindicatos o comisiones internas más débiles podrían utilizan la baja de salarios para ganar competitividad a expensas de sus rivales.

También hay resistencia al art. 132, que habilita a la autoridad administrativa a suspender los efectos de convenios, aún homologados, cuando se verificasen “distorsiones económicas graves que afecten el interés general”. Otra vez, la cuestión pasa aquí por la falta de certeza y el potencial aumento de litigiosidad.

Los municipios de Santa Fe y de Rosario tendrían figura de vice intendente que sería elegido en forma conjunta con el titular del Ejecutivo municipal. Esto de prosperar el proyecto de futura Ley de Municipios enviado por el Poder Ejecutivo a Legislatura.

El Senado fijó tratamiento preferencial para esta cuestión en la reanudación del período de Extraordinarias, el 5 de febrero.

El artículo 27º del extenso proyecto señala que "el Departamento Ejecutivo está a cargo de un Intendente, electo a simple pluralidad de sufragios. Dura cuatro años en sus funciones y puede ser reelegido en forma consecutiva sólo por un período. Si ha sido reelecto puede ser nuevamente candidato mediando un intervalo de un período".

El intendente recibirá una retribución mensual, que no será inferior en ningún caso al mayor que exista en la Municipalidad, agrega el artículo.

Y en el párrafo siguiente dispone que "en las ciudades de más de 200.000 habitantes el Departamento Ejecutivo es ejercido por un Intendente y en su defecto por un viceintendente, elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico periodo que el intendente".

Rosario y Santa Fe podrían sumar viceintendente en la nueva Ley de Municipios. Foto: Fernando Nicola

La cifra de 200.000 habitantes limita la figura del viceintendente a las dos grandes ciudades de la provincia y que hasta la actualidad son consideradas municipios de primera categoría. El último censo de población determinó que Rosario contaba en 2022 con 1.030.069 habitantes y la ciudad de Santa Fe con 403.878.

La tercera ciudad, Rafaela, tiene 101.733 habitantes, quedando lejos del umbral de los 200.000. Le siguen -ya por debajo de los 100 mil, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, Venado Tuerto y Santo Tomé.

La futura Ley Orgánica de Municipios es una de las derivaciones de la reforma constitucional y su sanción es considerada esencial para luego avanzar con las futuras leyes electoral y de coparticipación.

En años anteriores, el Senado avanzó con la inclusión de la figura del viceintendente a instancias del representante del dpto San Javier, José Baucero. Lo habilitaba para los municipios que quisieran adherir a una norma que nunca fue respaldada en la Cámara de Diputados. La iniciativa del justicialista preveía al viceintendente presidiendo el Concejo Municipal aunque sin voto, salvo en caso de empate.

La inclusión de la figura de viceintendente tiene el fuerte respaldo del rosarino Pablo Javkin y por ende del senador por Rosario, Ciro Seisas.

"Avalamos que se habilite el debate y serán los convencionales estatuyentes de la ciudad los que resolverán si la figura del vice se incorpora a la futura carta orgánica" dijo Juan Pablo Poletti consultado por El Litoral.

En cambio, el capitalino Francisco Julio Garibaldi dijo no tener aún postura definida sobre el tema y señaló que no fue consultado en la previa del mensaje.

"Se remite a vuestra consideración, tratamiento y sanción definitiva de un proyecto de una nueva Ley Orgánica de Municipios de la Provincia de Santa Fe estructurada en base a los principios que surgen de la Constitución provincial reformada en el corriente año", señala el mensaje en los considerandos.

Javkin respaldó el viceintendente; Poletti sigue de cerca el debate en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.

Durante el proceso de reforma constitucional se trabajó toda la materia vinculada al régimen municipal y la Convención estableció las nuevas bases constitucionales del referido régimen. "Desde esa perspectiva se prevé actualmente que todos los núcleos de población que constituyen una comunidad con vida propia se denominan municipios y se gobiernan por sí mismos con arreglo al ordenamiento jurídico. Además, se mantiene la atribución de la Legislatura de establecer la delimitación territorial de los municipios y de resolver los casos de fusión y segregación que se presenten", agrega.

Entre otros detalles, la futura ley -en línea con la nueva Constitución - prevé que los titulares de los órganos con función ejecutiva y los integrantes de los órganos con función legislativa de todos los municipios duran cuatro años en sus funciones y son reelegibles una sola vez de manera consecutiva. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos nuevamente sin el intervalo de un período.

Se establece, también, que las elecciones de autoridades municipales y el sistema electoral se rigen por ley provincial y que se realizan en forma conjunta con las elecciones de autoridades provinciales y, en los municipios con más de veinte mil habitantes, la renovación de los Concejos Municipales se realiza por mitades cada dos años.

La estructura del proyecto se elaboró respetando los lineamientos constitucionales sobre la base de la distinción de cuatro clases de municipios: las que tienen hasta 3.000 habitantes; las que tienen entre 3.000 y 6.000 habitantes; las que tienen entre 6.000 y 10.000 habitantes; y las que tengan más de 10.000 habitantes.

Las consecuencias de la distinción recaen en las respectivas estructuras de organización de las funciones ejecutiva y legislativa local, los límites a las remuneraciones de quienes desempeñen funciones legislativa locales y en relación con el porcentaje de población necesaria para iniciar el procedimiento de revocatoria de mandato.

El Senado fijó tratamiento preferencial para el tema en Extraordinarias, el 5 de febrero.

Uno de los férreos defensores de la figura del viceintendente es el varias veces diputado provincial por el PDP y hoy presidente del Club del Orden, Carlos Caballero Martín.

Su fundamento es lo ocurrido en Santa Fe con la muerte de Enrique Muttis quien había sido electo mayoritariamente en noviembre de 1989 y falleció a mediados de 1991. Su reemplazo fue el presidente del Concejo, el justicialista Hugo Ponce, quien terminó el mandato constitucional. Para Caballero Martín se violentó la voluntad popular en ese momento y de allí el respaldo a la figura del vice.

De aprobarse la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a Legislatura, las municipalidades organizan sus funciones ejecutivas y legislativas del siguiente modo:

Hasta 5.000 habitantes con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por tres miembros.

Entre 5.000 y 10.000 habitantes con un intendente y un Concejo Municipal de 5 miembros.

Entre 10.000 y 30.000 habitantes y que no hayan dictado su carta orgánica tendrán intendente y un Concejo Municipal de 7.

Entre 30.000 y 70.000 habitantes que no hayan dictado su carta orgánica también con intendente y Concejo de 7 integrantes.

Entre 70.000 y 100.000 habitantes que no hayan dictado su carta orgánica, con Intendente y un Concejo de 9 ediles.

Entre 100.000 y 200.000 habitantes, sin dictado de carta orgánica con intendente y Concejo de 11 integrantes.

Más de 200.000 habitantes, que no hayan dictado su carta orgánica tendrán intendente a cargo de la función ejecutiva, un Concejo Municipal, a cargo de la función legislativa presidido por el viceintendente. Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen en la actualidad, hasta que dicten sus respectivas cartas orgánicas.

Además de completar el rechazo al veto del presdiente Javier Milei sobre el reparto de los ATN, sin dudas el tema más caliente en la sesión de este jueves, el Senado nacional aprobó una serie de normas largamente esperadas. Una de ellas fue la "Ley Nicolás" que tenía media sanción de Diputados desde diciembre de 2023, con 149 votos a favor y una abstención, y en breve iba a perder estado parlamentario.

La norma está inspirada en Nicolás Deanna, un joven que falleció el 2 de noviembre de 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. Desde entonces, su madre, Gabriela Covelli, impulsa una ley para prevenir situaciones similares.

En ese sentido, la iniciativa apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.

La norma está inspirada en Nicolás Deanna, un joven que falleció el 2 de noviembre de 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo.

La aprobación, precedida de un breve debate que contó con la participación de dos expositoras, contó con la aceptación de 69 legisladores, ninguna abstención y un voto en contra, el de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

La iniciativa tiene como finalidad "asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud", de acuerdo al texto sancionado este jueves.

La aprobación contó con la aceptación de 69 legisladores, ninguna abstención y un voto en contra

Las disposiciones de esta ley son complementarias con las leyes 26.529 de derechos del paciente, 27.275 de derecho de acceso a la información pública y todas las demás vigentes en materia de salud.

Asimismo, establece una serie de definiciones, como calidad de la atención sanitaria, seguridad del paciente (que tiene su propia fecha, el 17 de septiembre), gestión de la calidad sanitaria, personas usuarias, coproducción de salud, cultura justa, incidente de seguridad y prevención cuaternaria, entre otras.

Solo dos oradoras precedieron la sanción de la ley: Lucía Corpacci, como presidenta de la Comisión de Salud del Senado, para quien "el proyecto pide que se asuman las fallas humanas, pueden existir y no hay que negarlas, al contrario, es importante registrarlas para trabajar sobre ellas y averiguar por qué se producen".

A su turno, Edith Terenzi (Chubut) reivindicó el trabajo de las familias que se congregaron detrás de la Ley Nicolás. "Podemos prevenir errores humanos e involuntarios, es por la positiva, por los familiares que tuvieron pérdidas por mala praxis que tuvieron la gran fortaleza de seguir adelante y pelear por otros".

Más adelante, advirtió que "los errores humanos hay en todas las profesiones, pero en la Medicina cuestan vidas". Para cerrar, auguró que "con esta sanción, Argentina podría ser el primer país de América Latina con una ley de seguridad sanitaria".

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de la oposición que reforma la Ley 26.122, que modifica el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes.

La iniciativa fue aprobada en general con 56 afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones. La votación en particular resultó con los mismos números para los artículos del 1, 2 y 3; mientras que los artículos 4, 5 y 6 alcanzaron 54 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

Estuvieron ausentes en la votación seis senadores Luis Juez (PRO-Córdoba), Mariana Juri (UCR-Mendoza), Carolina Losada (UCR-Santa Fe), Antonio Rodas (PJ-Chaco), Rodolfo Suarez (UCR-Mendoza) y Víctor Zimmermann (UCR-Chaco).

La Cámara alta dio media sanción a un proyecto para reformar la Ley de DNU.

El texto, girado a Diputados, establece modificaciones sobre la herramienta prevista en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional; principalmente, establece que los DNU sean ratificados por ambas cámaras y dentro de un plazo máximo de 90 días.

La reforma complementó una jornada con otra dura derrota para el oficialismo en la Cámara alta, que más temprano había dejado firme la Emergencia en Discapacidad mediante el rechazo definitivo al veto presidencial de la ley.

La reforma sobre DNU no implica erogaciones, pero sí tiene efectos institucionales. Tuvo dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales con el impulso de distintos bloques de la oposición (UP, parte de la UCR, PRO y bloques provinciales) que se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado.

Propone ajustar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento de DNU y de facultades delegadas del Poder Ejecutivo.

La Cámara alta dio media sanción a un proyecto para reformar la Ley de DNU.

La ley 26.122, sancionada en 2006, instauró la “sanción ficta”: si el Congreso guarda silencio, los decretos siguen vigentes y pueden quedar convalidados si una de las cámaras los aprueba.

El nuevo texto invierte esa lógica: exige ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida; si no hay pronunciamiento en ese lapso, el decreto cae.

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", establece el texto.

La otra reforma fuerte es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.

La Cámara alta comenzó la sesión minutos después de las 11 de la mañana. Fue habilitada con 39 senadores presentes. Luego de las cuestiones de privilegios, se habilitó la discusión en torno al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención. Continuaba en el temario el proyecto para limitar los DNU y una modificación del Régimen de Retiro Anticipado.

La sesión estuvo presidido este jueves por el senador puntano y presidente provisional Bartolomé Abdala, ante la ausencia obligada de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo en ausencia del presidente Javier Milei, en viaje a los Estados Unidos.

Abdala presidió la sesión ante la ausencia de Villarruel a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos.

Antes de llegar al núcleo de la reunión, bajo la figura de cuestiones de privilegio, senadoras y senadores plantearon fuertes críticas sobre lo que se interpretó como un avance del gobierno nacional sobre la libertad de prensa, a partir del fallo que prohibió hacer públicos audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, en lo que se considera un caso de “censura previa”.

En tanto, el bloque de Unión por la Patria bajó de su plan el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a fin de que aclare su participación en el caso $Libra y en el caso de las presuntas coimas que se desprende de los audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El jefe de la bancada peronista, José Mayans, anunció que la solicitud será impulsada en un próximo debate porque la hermana del Presidente va a ser convocada por la comisión de la Cámara de Diputados. En tanto, mencionó la posibilidad de avanzar con un juicio político contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la ofensiva contra los periodistas por revelar presuntos hechos de corrupción.

Luego, se procedió a tratar sobre tablas el veto del Presidente al proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad. El debate quedó habilitado por mayoría espacial y se extendió durante poco más de cuatro horas. A las 16.44 fue aprobada la insistencia de la norma por los dos tercios necesarios.

El gobierno nacional recepcionó este lunes los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado el 10 de Julio pasado recién fueron girados este lunes al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los 10 días para que el Gobierno pueda vetar esas iniciativas como anunció el jefe de Estado Javier Milei.

Tras su sanción las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, y este trámite recién se terminó de cumplir hoy, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2 por ciento de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años, y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.

El Gobierno puede vetar en forma total o parcial los proyectos y luego debe girarlos al Congreso que podrán insistir con la sanción original de las leyes aprobadas, pero para eso debe reunir el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión, ya que, si el oficialismo reúne un tercio queda confirmada la resolución gubernamental.

La única posibilidad que tiene el Gobierno para mantener los vetos es conseguir ese tercio en la Cámara de Diputados ya que en el Senado la votación superó ampliamente los dos tercios en el caso del aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia de discapacidad.

La ley sobre la moratoria no juntará los dos tercios ya que en diputados apenas triunfo por 111 contra 100 y 15 abstenciones, pero sí puede conseguir esa mayoría agravada en la ley sobre aumento de las jubilaciones por el 7,2%.

El proyecto de aumento de las jubilaciones fue sancionado 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, pero para eso debe conseguir mas voluntades ya que, si están la misma cantidad de votos, necesitará 146 votos.

El proyecto para garantizar un aumento de las pensiones y las prestaciones por discapacidad se votó con 143 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, con lo cual, si está la misma de cantidad de legisladores presentes, necesitará 144 votos.

De este modo, el Gobierno tendrá esta ventana de 15 días para poder realizar negociar con algunos gobernadores de los bloques dialoguistas o algún peronista, para poder tratar de blindar los vetos, aunque, en una etapa electoral, parece más complicado que los mandatarios provinciales quieran respaldar estas medidas.

Al respecto se manifestó el presidente del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien dijo que "al Poder Ejecutivo le va a resultar difícil sostener el veto”.

“La propuesta que hizo el Congreso es razonable, como el aumento a los jubilados que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste”, expresó Pichetto en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

El diputado sostuvo que en el caso de las jubilaciones “hay que buscar otras alternativas de financiamiento” por parte del Estado, porque hay “casi 7 millones de personas que han perdido fuertemente” en sus haberes, y por eso con la recomposición que aprobó “el Congreso ha sido razonable y responsable”.

Explicó que los jubilados son “un sector al que se lo ha utilizado en el esquema más duro del ajuste para lograr un supuesto orden fiscal”, por lo que el Congreso abordó un tema “que el Gobierno no está mirando con atención y con detenimiento y que incluso hasta puede lesionar su expectativa electoral”.

“La mirada fiscal está bien, pero la propuesta que hace el Congreso es razonable, como en el caso del aumento a los jubilados, que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste”, agregó.

Además del tema de los jubilados, PIchetto destacó la ley que declara la emergencia en el sector de la discapacidad, en la que hay una cuestión de sensibilidad humana a la que ningún argentino de bien puede estar ajeno”, y enfatizó: “A mí me parece que al Gobierno le va a resultar difícil sostener el veto” que anunciaron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Oscar Blando es Doctor en Derecho. Profesor de grado y posgrado en Derecho Político, Constitucional y Electoral. Fue, además, director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe durante la gestión socialista de Miguel Lifschitz.

Por eso, en esta entrevista, alude a los temas que se plantearon en aquel proceso para compararlos con la agenda que tendrán en sus manos quienes resulten electos convencionales reformadores el 13 de abril.

En este punto, señala que "la base de la propuesta es el proyecto que presentamos en 2018 en el gobierno de Lifschitz".

- ¿Cuáles son los temas que considera novedosos en la actual propuesta de reforma de la Constitución Provincial?

- La base de la propuesta es el proyecto que presentamos en 2018 en el gobierno de Lifschitz. Novedosos son algunos de los temas que ya estaban en aquel proyecto: la limitación en la duración de todos los mandatos a cargos legislativos y ejecutivos.

La supresión de la inmunidad de proceso de los legisladores; la incorporación del derecho al agua, la protección del medio ambiente, las formas de participación semi directa, el Ministerio de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, el derecho de las víctimas de delitos; la autonomía municipal, etc.

Lo que parece nuevo respecto de aquel, es la incorporación específicamente del tema de la seguridad pública; los derechos digitales; el derecho a la ciudad, la causa Malvinas, medidas de acción positiva, reconocimiento de colegios profesionales y entidades de previsión y seguridad social.

- ¿Cuáles son las reformas que considera más importantes o más urgentes, o que puedan significar un cambio con impacto directo en la sociedad?

- Digamos en primer lugar, que el contenido de la reforma está en disputa. Hay una elección de convencionales en donde el ciudadano deberá elegir entre propuestas y proyectos políticos antagónicos. El "resultado" sobre el "contenido de la reforma, no está dado".

Por ejemplo el tema del rol del Estado y el de la seguridad pública de la que el Gobierno y distintos sectores hablan, es una cuestión que llevará grandes debates. Veremos con qué alcance y contenido. Se habla de una Constitución "no garantista". Un verdadero oxímoron.

¿Qué es una constitución si no promueve garantías de libertades y derechos civiles, políticos, económicos y culturales pero también garantías penales y procesales que deben estar en la misma dirección que la Constitución Nacional y los Tratados de DD.HH que tienen esa jerarquía? Y para garantizar derechos se necesita Estado. No hay derechos sin Estado que los proteja.

Pero hay temas que son reclamos ciudadanos de todos los días que deberán estar presentes en el debate público y en la nueva Constitución: el tema de los incendios en nuestras costas que lesionan el ecosistema y la salud: hay que discutir la prohibición de la contaminación.

El acceso a los servicios públicos esenciales donde puede discutirse la intransferibilidad a sectores privados, con audiencias públicas desburocratizadas; el tema candente de las jubilaciones y las obras sociales y ahí podría haber definiciones que mantengan el sistema público de reparto solidario; el tema del acceso a la salud y a los medicamentos, y ahí discutir el medicamento como bien social.

La matriz tributaria en la provincia haciéndola más equitativa y progresiva; la adopción de acciones positivas en defensa: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y disidencias.

Todos estos y muchos otros, son temas de agenda permanente de la sociedad que deben estar presentes en el debate y en la letra de la Constitución.

Debemos entender que están en juego los derechos, libertades y garantías ciudadanas que al estar inscriptas en la Constitución permiten luego la lucha por su efectivización en el campo social, político y también jurídico.

- ¿Qué cuestiones deberían estar incluidas pero no se tuvieron en cuenta?

- Un hecho negativo es que en la ley de necesidad de la reforma no se haya habilitado a discutir una de las instituciones tradicionales más importantes del poder (y más conservadora) en la Provincia y que ha obturado la aprobación de leyes importantes como la Ley de Educación o la ESI: el Senado, que parece, nunca se puede "tocar".

No se ha habilitado para su discusión el tema de la uni-bicameralidad (art. 31) ni la forma de representación de esa cámara que establece el sistema (mayoritario) uninominal: un senador por cada departamento (art. 36).

Pero lo más importante, se impedirá debatir una forma de representación distinta para ese cuerpo: la uninominalidad impide el pluralismo y la proporcionalidad e impacta gravemente en la representación de las mujeres en el acceso al Senado.

Con la uninominalidad no hay cuotas de género ni paridad (aunque se la incluya para todos los cargos) si el que gana es uno sólo, -y la evidencia lo demuestra en la Provincia- ese "solo", es siempre varón…

Nos encontramos aquí con la paradoja que señala Roberto Gargarella: la mujer, en este caso, "entra" a la Constitución a través de la sección de los derechos (que se amplían con la paridad), pero no puede ingresar a través de la "sala de máquina", al obstaculizar su acceso al Senado por un sistema (el uninominal) que lo dificulta e imposibilita "darle vida efectiva".

En ese sentido, también se ha omitido incluir la perspectiva de género (que esta en el Proyecto Lifschitz) como tienen la Constitución de CABA y la de Neuquén.

Asimismo, entendemos insólito y en gran medida antidemocrático, el artículo 3° de la Ley de Necesidad de la reforma que habiendo admitido la autonomía de los Municipios, dispone que el dictado de las Cartas Orgánicas lo harán los legislativos locales, es decir, los concejales, -el poder constituido que se transforma en constituyente- quienes sancionarán la primera Carta Orgánica Municipal.

Sería algo parecido a que haya sido la Legislatura actual quien reforme la Constitución y no los convencionales elegidos por el pueblo.

Dicha decisión va a contramano también con la tradición democrática y municipalista de Santa Fe: en virtud de la autonomía municipal consagrada en la Constitución santafesina de 1921, y que, en 1934, Rosario y Santa Fe dictaron sus Cartas Orgánicas, pero convocando a una Convención reformadora surgida del voto de los vecinos de ambas ciudades.

Nada justifica en pleno siglo XXI que el pueblo quede ajeno en la redacción de su "Constitución en pequeño": la Carta Orgánica Municipal.

"Debemos entender que están en juego los derechos, libertades y garantías ciudadanas", dijo.

- ¿Qué diferencias encuentra respecto de la convocatoria anterior, llevada a cabo durante el gobierno de Miguel Lifschitz?

- Me detendré en un solo aspecto: el proceso reformista actual no ha seguido el trayecto participativo y democrático que, bajo la decisión del gobernador Miguel Lisfschitz, propusimos a la sociedad oportunamente, con un proceso de diálogo institucional denominado "Bases para le Reforma".

No basta que haya legitimidad política, es necesaria legitimidad social. No ha habido voluntad política de abrir un proceso participativo amplio, plural e inclusivo.

Hasta ahora hablaron los legisladores cuando aprobaron la Ley de Necesidad y ahora hablarán los candidatos en la campaña.

¿Y el pueblo? El pueblo debió ser protagonista y no mero espectador del proceso constituyente y poder expresar sus preferencias, propuestas y también sus rechazos y críticas. Sólo así puede percibir que la reforma no es por y para "la política" sino en beneficio concreto para la (su) vida en una sociedad democrática.

Una vez producida a fin de año la jubilación de Juan Carlos Maqueda, sumada a la renuncia de Elena Highton en octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a aplicar el protocolo diseñado para funcionar con tres miembros, a la espera de la cobertura de esas vacantes; que ya contaban con pliegos enviados al Senado en mayo de 2024, pero sin lograr acuerdo para su aprobación.

A pesar de ello, e invocando razones de urgencia, el presidente Javier Milei decidió avanzar en la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por decreto y en comisión por un año, hasta que el aval parlamentario permita cubrir las vacantes de manera definitiva.

En medio de la polémica jurídica y política desatada por la medida del Poder Ejecutivo, y de manera casi sorpresiva, la Corte decidió tomar juramento a García-Mansilla y hacerlo ese mismo día, el jueves 27. Ese manejo de los tiempos permitió que el jurista rionegrino se ubicara al lado de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la Asamblea Legislativa del sábado 1 de marzo. Y que la Corte de tres pasar a ser de cuatro.

La curiosidad está dada en que ahora competerá al propio García-Mansilla, junto a los otros tres ministros, decidir sobre la incorporación o no de su compañero de postulación, Ariel Lijo. Que ya no tiene que ver con la discutida vía de nombramiento (que la Corte convalidó), sin con las implicancias del nombramiento “en comisión”. La provisoriedad que involucra esa categoría hizo que Lijo no renunciase al cargo de juez federal para asumir en la Corte, sino que pidiese licencia, para no correr el riesgo de quedarse dentro de un año sin ninguno de los dos cargos. La Cámara Penal le concedió la licencia, pero ahora debe expedirse la Corte. Las posiciones están divididas y en la decisión va a participar ahora también García-Mansilla, en lo que será su primer acuerdo, este jueves 6.

De todos modos, este factor, aún decisivo, no será determinante: aún con licencia aprobada, Lijo podría decidir no asumir el cargo. Y no convertirse de esa manera en el quinto miembro que completaría la actual conformación; al menos hasta que, si fueran a hacerlo, prosperasen las conversaciones para elevar a 7 el número de miembros, y eventualmente hacer lugar a la relegada participación femenina en el cuerpo.

Ariel Lijo.

Pero a esto se le suma otro factor, ya que el Senado podría decidir en las próximas horas convocar a una sesión especial para la semana que viene, en la que se decida de manera definitiva la aprobación o el rechazo de los pliegos (que siguen teniendo estado parlamentario) y, eventualmente, del propio nombramiento en comisión de los jueces.

Qué sucederá en el caso de que se imponga el rechazo abrirá seguramente un nuevo debate.

La Legislatura sancionó una ley para crear y desarrollar parques productivos y distritos productivos tecnológicos que reemplazará a la norma que bajo el número 11.525 fuera aprobada en 1999 para impulsar la construcción de parques y áreas industriales.

"Es una ley importante que actualiza y pone de cara al futuro los parques productivos más allá de que cumple uno de los compromisos centrales de la campaña de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, de priorizar la seguridad, la educación y la producción" señaló José Corral (UCR - Unidos) una de las voces del oficialismo a la hora de fundamentar el proyecto.

"Es una herramienta para promover y desarrollar empresas en la provincia, de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental" acotó el radical.

El proyecto sancionado se inició con un mensaje del Poder Ejecutivo que el Senado aprobó el año pasado y que en la Cámara de Diputados pasó por cuatro comisiones pero que además tuvo un trabajo codo a codo con el ministerio de Desarrollo Productivo debido a aportes que se hicieron desde las diferentes bancadas, entre ellas una más clara inclusión en la norma de los parques tecnológicos.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales había dictaminado el asunto a principios de febrero y este jueves un plenario de tres comisiones terminó de acordar el texto que llegó al recinto donde tuvo 42 votos positivos y el rechazo de los cinco diputados de Somos Vida.

Los Polígonos, el área industrial de la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola

Minutos después, el Senado convalidó -por unanimidad- los cambios y dejó la norma en manos del Poder Ejecutivo que ahora deberá promulgarla.

Corral enumeró algunos de los beneficios contemplados en la norma para los parques productivos como anulación de Sellos y rebajas de Impuesto Inmobiliario; tarifas especiales en materia energética y financiación con bajas tasas de interés.

La justicialista Celia Arena agregó que el sector pudo incorporar beneficios tributarios a las empresas que cumplan con lo establecido en la ley 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable y que incorporen energías renovables, economía circular o eficiencia en el uso de recursos.

Santa Fe hoy tiene 55 parques industriales en su extenso territorio y la nueva norma alcanza también a los llamados parques logísticos, comerciales o tecnológicos.

Corral marcó, por ejemplo, el caso de Los Polígonos, el Parque Tecnológico Litoral Central, Sauce Viejo y destacó el trabajo que viene haciendo Laguna Paiva para transformar los talleres ferroviarios en un nuevo ámbito industrial. El propio intendente paivense, Elvio Cotterli, siguió desde las gradas el desarrollo de la sesión.

Para el socialista Mariano Cuvertino "es una ley que potencia la producción y el desarrollo de Santa Fe" contraponiéndolo a políticas nacionales y de otras partes del mundo. "Debemos acompañar estas políticas industriales para darle valor agregado a nuestra producción" agregó.

Otra radical, Sofía Galnares, explicó lo realizado en la Comisión de Medio Ambiente y subrayó que la nueva norma moderniza la legislación ante la evolución de las propias políticas productivas. Insistió en la necesidad de que el Estado impulse y acompañe a la producción.

Otro legislador de la UCR, Dionisio Scarpin, también valoró la ley pero también la necesidad de equilibrar desde el Estado el desarrollo territorial.

En el medio, la justicialista Arena marcó que la gestión anterior de Omar Perotti empezó a trabajar sobre la materia, agradeció los aportes que le permitieron incorporar al texto pero no dejó de remarcar que la ley va a contramano de la firma del Pacto de Mayo que el gobernador Maximiliano Pullaro rubricó en julio pasado en Tucumán con el presidente Javier Milei y otros mandatarios.

El Parque Tecnológico Litoral Central, ubicado al margen de la Ruta 168 y a orillas de la Setúbal. Foto: Luis Cetraro.

La nueva ley tiene 60 artículos con el objetivo de impulsar la creación y desarrollo de Parques Productivos y Distritos Productivos Tecnológicos, "con el fin de promover la radicación y desarrollo de empresas sostenibles en el territorio de la Provincia, agrupándolas en zonas delimitadas, generando un ambiente de colaboración entre sí, que impulse la instalación de nuevos emprendimientos así como la ampliación y modernización de los existentes; propender a la agrupación de empresas organizadas entre sí bajo una estrategia conjunta encaminada a maximizar sus beneficios económicos y sociales y minimizar el impacto ambiental, en armonía con el ambiente y con los núcleos urbanos"

También insta a propiciar la integración y complementación de las actividades económicas santafesinas en aspectos productivos, técnicos y comerciales, reduciendo los costos de inversión en infraestructura y servicios; alentar los procesos de capacitación de recursos humanos, empresarios y laborales, y el crecimiento del empleo productivo por medio de acciones comunes; generar espacios que reúnan las condiciones requeridas para posibilitar la relocalización de establecimientos industriales, comerciales, de servicios y de base tecnológica, en los casos en que éstos se encuentren en conflicto con la población o el ambiente.

Además promover y favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación local y regional mediante la transmisión de tecnologías e información; facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología desde las universidades, centros públicos de Investigación y organismos de ciencia y tecnología, que permitan la coordinación de empresas e instituciones, promoviendo el conocimiento, la innovación, las nuevas ideas y el desarrollo del tejido productivo.

Por último, promover programas de capacitación y formación técnica, prácticas profesionales y pasantías estudiantiles, y proyectos de investigación y transferencia tecnológica; y, generar espacios específicos para los distintos sectores productivos de la Provincia de Santa Fe, atendiendo a sus necesidades y particularidades.

El diputado Corral resaltó el proyecto aprobado por la Legislatura.

Para la ley "los Parques Productivos refieren a toda extensión de tierra dotada de infraestructura básica y servicios de uso común, localizada en armonía con los planes de desarrollo urbano locales y con el ambiente, apta para la radicación de proyectos productivos, reconocidos por la autoridad provincial en tal carácter. Pueden ser parques Productivos Industriales; parques Productivos Comerciales y de Servicios; y parques Productivos Tecnológicos.

En tanto, "Distrito Productivo Tecnológico es la zona urbana definida por la autoridad local para el desarrollo productivo científico tecnológico en base a un plan de gestión de la innovación. La definición de un espacio geográfico urbano destinado a Distrito Productivo Tecnológico será competencia de la autoridad local".

El objetivo de la ley es fomentar la agrupación de empresas bajo un esquema de colaboración, lo que permitirá reducir costos de inversión, mejorar la infraestructura y favorecer la integración de sectores productivos.

Se establecen tres tipos de Parques Productivos:

Asimismo, la norma introduce la figura de los Distritos Productivos Tecnológicos, que buscan articular la actividad empresarial con centros de investigación y universidades, promoviendo la transferencia de conocimientos.

Para impulsar el desarrollo de estos espacios, la ley otorga exenciones impositivas y tarifas diferenciales en servicios públicos a las empresas que se instalen en los parques y distritos reconocidos.

Entre los beneficios destacan:

Además, los parques que adopten prácticas sostenibles y energías renovables podrán acceder a incentivos adicionales.

La ley establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo será la autoridad de aplicación y creará un Registro Provincial de Parques y Distritos Tecnológicos para supervisar su funcionamiento. También se crea un Fondo Provincial, que financiará obras de infraestructura y desarrollo de los parques.

Además, se implementará un régimen de sanciones para garantizar el cumplimiento de las normativas y evitar el uso indebido de los espacios.

La sesión de la Cámara de Diputados coincidió con la fecha del primer izamiento de la Bandera Nacional, ocurrido en la hoy ciudad de Rosario un 1812, hecho que no dejó de pasar por alto la presidenta del cuerpo, Clara García. "Estamos a 213 años de un acto que el general Belgrano realizó incluso contra la decisión del gobierno de Buenos Aires" agregó.

En los Asuntos Entrados, el bloque de Pro que integra Unidos, comunicó el cambio de autoridades. A partir de ahora, la presidenta del bloque es Astrid Hummel en reemplazo de Ximena Sola. El acuerdo interno es ir rotando la presidenta entre las tres diputadas del sector, la tercera es Fernanda Castellani. Hummel ya asistió ayer a Labor Parlamentaria mientras Sola seguía atentamente la discusión en el Senado sobre su proyecto para terminar con cargos hereditarios en la provincia.

Tras la sanción a nivel nacional de la figura del Juicio en Ausencias, el diputado radical Martín Rosua ingresó un proyecto de ley para incorporar la posibilidad de este tipo de juicios en la provincia. La apuesta del legislador es sumar un artículo al Código Procesal Penal santafesino. La discusión será a partir de mayo, se prometió en los pasillos legislativos.

La Cámara de Diputados difirió para la próxima sesión el tratamiento del convenio marco de colaboración firmado por el Poder Ejecutivo de la provincia con la petrolera YPF. El objetivo del oficialismo es repasar los alcances del contrato firmado antes de levantar la mano.

La norma que busca asegurar que no haya privilegios para acceder a puestos laborales en el Estado provincial, llamada "anti cargos hereditarios" se aprobó este jueves 27 de febrero, en el Senado santafesino.

La Cámara alta completó el trámite sobre un expediente que ya tenía media sanción de Diputados y que los senadores no modificaron.

Al igual que en el recinto de 50 bancas, en el de 19 fue decisiva la posición del oficialismo que tiene la mayoría. Los senadores peronistas, de todos modos, solo expresaron su disconformidad con el texto sancionado mediante un abstención. Y además, votaron favorablemente el tratamiento del sobre tablas.

El orador por la mayoría fue el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) que al igual que el jefe de bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe destacó la presencia de la autora de la norma, la diputada del Pro, Ximena Sola.

El también presidente del Comité Provincial de la UCR centró su discurso en advertir que hubo una "campaña de desprestigio" basada en falsedades contra el Senado de Santa Fe.

Felipe Michlig, senador provincial por San Cristóbal y presidente pro témpore de la Cámara alta santafesina.

Los dardos de Michlig fueron contra la "dipuvaga", que "vive en otra jurisdicción" y que "cada quince días viene a la provincia" para las sesiones.

Es que días atrás, la diputada Amalia Granata, a quien fueron dirigidas las críticas, había puesto en duda que los senadores tuvieran real interés en poner en sus agendas el tratamiento de la ley contra los llamados cargos hereditarios, a propósito de una publicación de El Litoral.

Michlig dijo que en materia de transparencia los senadores "predican con el ejemplo" y recordó que existen mecanismos en la Cámara alta para que conste el destino de cada uno de los subsidios institucionales que tienen a su cargo, con su publicación en la página oficial del cuerpo y la aprobación pública de las resoluciones que disponen sus destinos.

Ximena Sola (PRO). Una voz a favor de MIlei en la legislatura santafesina. Crédito: Pablo Aguirre

Puso en duda, en cambio, que lo mismo suceda con la mencionada diputada que "vive en una campaña permanente contra la actividad política, contra la buena política".

Destacó que la norma no tuvo demoras en el tratamiento en el Senado y que en diciembre el tema fue relegado por otros tan importantes como la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, y que al cabo del receso, en su segunda reunión se lleva adelante la aprobación.

La norma aprobada busca "eliminar cualquier forma de nepotismo y favoritismo en la designación de cargos y empleos" en el ámbito del sector público provincial.

"Este es un mensaje para los santafesinos que reclaman que se terminen ciertos privilegios que existen atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia que hay que tener en el Estado", subrayó la diputada en la sesión de octubre de 2020 cuando se aprobó con media sanción en la Cámara baja.

La ley pretende terminar con ítems de "convenios colectivos de trabajo", como en el caso de la EPE, que reservan cargos a familiares directos de quienes ya están empleados, agregó.

El presidente argentino, Javier Milei, ha designado por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, una medida que ha generado controversia y debates sobre su constitucionalidad.

La Constitución Nacional establece en su artículo 99, inciso 4, que el nombramiento de jueces de la Corte Suprema requiere el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Sin embargo, el inciso 19 del mismo artículo permite al presidente realizar nombramientos en comisión durante el receso del Congreso, hasta el fin del siguiente período legislativo. Milei ha invocado esta última disposición para justificar su decisión, argumentando la necesidad de completar las vacantes en el máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres de sus cinco miembros.

No obstante, expertos constitucionalistas y diversos sectores políticos cuestionan la validez de esta acción. El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, calificó el decreto de Milei como "inconstitucional" y advirtió sobre posibles denuncias penales contra los involucrados. Además, señaló que las decisiones que tomen Lijo y García-Mansilla podrían ser declaradas nulas por no contar con el acuerdo del Senado, tal como lo exige la Constitución.

Ante las críticas, el gobierno defendió la necesidad de garantizar el pleno funcionamiento de la Corte Suprema. Una fuente de la presidencia, que prefirió no ser identificada, señaló que "durante el plazo de funcionamiento en comisión, el Gobierno continuará insistiendo para que el Senado apruebe los pliegos de ambos funcionarios".

La controversia se intensifica con la figura de Ariel Lijo, quien ha sido objeto de múltiples denuncias y es percibido por algunos sectores como alineado con los intereses del Ejecutivo. Por su parte, Manuel García-Mansilla, académico de derecho, es conocido por sus posturas conservadoras, lo que también ha suscitado cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.

La situación actual plantea un escenario complejo en el que se entrelazan interpretaciones constitucionales, tensiones políticas y debates sobre la independencia judicial en Argentina.

La diputada nacional Margarita Stolbizer expresó su rechazo en la red social X (antes Twitter), calificando la acción como un "Decretazo a la impunidad". En su mensaje, afirmó: "Poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total".

Desde el ámbito legislativo, el interbloque de senadores de Unión por la Patria expresó su categórico rechazo a las designaciones, calificándolas de "una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente". En un comunicado, afirmaron que "sin acuerdo, no habrá juez de la Corte".

El senador Martín Lousteau también manifestó su oposición, señalando: "Una vez más, Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método".

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño consideró que la designación por decreto es "otra muestra del autoritarismo del gobierno de Milei que quiere seguir gobernando por decreto y pretende tener una Corte adicta que le garantice impunidad".

La exdiputada Myriam Bregman sugirió que el gobierno busca distraer con esta maniobra para desviar la atención del escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, calificó el nombramiento de Lijo como "un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció en contra, señalando que la medida es "inconstitucional y antidemocrática".

Ante las críticas, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la decisión presidencial, argumentando que la herramienta utilizada es constitucional y ha sido empleada por anteriores mandatarios.

La controversia en torno a estos nombramientos refleja las tensiones políticas y jurídicas actuales en Argentina, y plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el respeto a los procedimientos constitucionales establecidos.

El Senado se encamina a tratar el jueves en el recinto el proyecto que busca la suspensión de las PASO y podría sumarse, además, la sesión preparatoria, donde se renovarán las autoridades de la Cámara alta y asumirá Stefanía Cora, la reemplazante del expulsado senador Edgardo Kueider.

Además, el viernes próximo es el día apuntado para el tratamiento del pliego del juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, según le indicaron a a esta agencia fuentes al tanto de una reunión que se realizó durante el mediodía en el salón Gris con la presencia de Victoria Villarruel.

La semana pasada fue presentado el despacho con las 9 firmas habilitantes para la discusión de ese pliego en el hemiciclo. 

Pero esa planificación todavía debe quedar oficializada, ya que se trata solo de intenciones por parte de los asistentes al encuentro, que fueron en su mayoría senadores dialoguistas.

Todavía no está claro el futuro de los proyectos de reiterancia y reincidencia y de Juicio en Ausencia que, al igual que la iniciativa que propone la suspensión de las PASO, ya tuvieron media sanción de la Cámara de Diputados hace dos semanas.

Para el miércoles estaba prevista la exposición en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, pero esa reunión quedó suspendida.

Se trata de uno de los hombres más cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.

La suspensión del encuentro tuvo lugar en medio del escándalo desatado el viernes último con la difusión del presidente Javier Milei de una memecoin, que derivó en una catarata de pedidos de investigación, en Senado y Diputados, además del juicio político que pretende impulsar el bloque de Unión por la Patria (UxP).

En la sesión preparatoria, se concretarse, se designará el reemplazo de la secretaria Administrativa, María Laura Izzo.

Se trata de uno de los puntales de Villarruel y que dejará el lugar tras un año de fuerte desgaste y tensiones provocadas por la serie de despidos promovidos por la titular del Senado a mediados de octubre pasado.

En su lugar, asumiría Emilio Viramonte Olmos, otro asesor cercano a la vicepresidenta.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, canceló su exposición en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde iba a dar detalles sobre los proyectos de reiterancia y reincidencia y de Juicio en Ausencia, tres iniciativas que tienen media sanción de la Cámara de Diputados.

El funcionario tenía previsto exponer sobre los proyectos de reiterancia y reincidencia y de Juicio en Ausencia, tres iniciativas con media sanción de la Cámara de Diputados.

El oficialismo reunió el miércoles de la semana última las firmas en comisión para habilitar la discusión de ambos proyectos en el recinto del Senado, y esperaba debatirlos el jueves próximo.

Pero el panorama apara ambas iniciativas es complejo porque, en medio del vendaval por el criptogate, la Casa Rosada le dará prioridad a la suspensión de las PASO.

La presencia de un funcionario había sido un pedido del senador Oscar Parrilli, del interbloque kirchnerista, a modo informativo, por lo que en primera instancia había solicitado la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La solicitud fue recibida por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el libertario Juan Carlos Pagotto, e iba a cristalizarse este martes a las 17.30, pero para evitar la ofensiva opositora el oficialismo decidió dar de baja la convocatoria.

Amerio es uno de los funcionarios que están bajo la tutela del asesor presidencial Santiago Caputo, quien por estas horas está en el ojo de la tormenta por haber interrumpido este lunes una entrevista al presidente Javier Milei.

En tanto, el Senado debate en comisión el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes condenados por corrupción en segunda instancia ser candidatos en las elecciones de octubre, aunque no hay certezas sobre cuándo podría tratarse.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, convocó para hoy a la discusión del proyecto, que fue sancionado en la Cámara de Diputados por 144 a favor y 98 en contra.

Si bien la iniciativa que podría impedir a la ex presidenta Cristina Kirchner ser candidata comenzaba a analizarse hoy, está totalmente descartado su tratamiento en la sesión que podría concretarse mañana.

El proyecto sancionado en Diputados establece que los dirigentes que tengan una segunda condena por corrupción no podrán postularse en los comicios donde se eligen presidente, diputados o senadores, así como a otros cargos electivos de la administración pública.

En la iniciativa se estableció que será excluido un dirigente cuando el fallo de segunda instancia se haya producido como fecha tope 180 días antes de las elecciones generales.

De acuerdo al calendario electoral vigente, la fecha bisagra para este año que surge de la ley de Ficha Limpia es el 29 de abril, día de emisión de los padrones provisorios según lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral, esto es, seis meses antes de los comicios generales del 26 de octubre.

Los fallos de segunda instancia que tengan lugar con posterioridad a esa fecha no anularán la participación electoral de los candidatos condenados.

En un nuevo intento por conservar sus fueros, el ex senador Edgardo Kueider presentó una cautelar en la Justicia con la que busca impedir que, de haber sesión el próximo jueves, la camporista Stefanía Cora, su reemplazante, se adueñe oficial y definitivamente de su banca en la Cámara alta, vacante desde su destitución a mediados de diciembre, luego de que un control policial lo sorprendiera con más de 200.000 dólares sin declarar, intentado cruzar de Brasil a Paraguay.

Kueider enfrenta un proceso judicial en el país vecino, en donde está detenido desde ese episodio. Además, y en el marco de una causa local anterior, que lo investiga por presuntos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió su extradición.

"La realidad que motiva el pronto despacho y cautelar –dice la presentación– es que el próximo 20/02/2025 el Senado sesionará para comenzar a tratar el paquete de leyes que por sesiones extraordinarias convocó el Poder Ejecutivo […] en esa sesión, el Senado debe integrar la banca que corresponde a quien suscribe por ende, deberá tomarse juramente a la Sra. Coria".

Kueider considera inválida la sesión por la que sus pares le quitaron su senaduría y sus fueros. Argumenta que debió haber sido presidida por Bartolomé Abdala y no por Victoria Villarruel, debido a que el presidente Javier Milei estaba de viaje rumbo a Italia y ella tenía que tomar su lugar al frente del Poder Ejecutivo.

Sostiene, además, que su banca aún se encuentra en disputa, porque todavía resta que la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo se pronuncie sobre el recurso que presentó.

La jura de Cora, esgrime Kueider, podría derivar en un "verdadero escándalo jurídico", puesto que habría "dos senadores por la misma banca, lo que ocasionaría no solo un desbaratamiento de derechos para quien suscribe y para el electorado, sino además, un perjuicio económico para el país".

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada.

"Las actividades del Presidente no se publican previamente por cuestiones de seguridad", explicaron desde el principio los encargados de la comunicación en Casa Rosada. Hasta hace un tiempo, cuando el responsable de hacer circular agendas (que priorizaban la suya) era el ex secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, se compartían por chats oficiales de WhatsApp adelantos de las reuniones del ex periodista -que fue eyectado justamente por "extralimitarse en sus funciones", según fuentes de la Secretaría General- publicaba un compendio resumido de las tareas diarias de diversos ministerios y nada más.

En varias ocasiones, el área de Vocería anticipa, ante las consultas de los periodistas acreditados en Balcarce 50, algunos de los movimientos que el jefe de Estado pueda llegar a realizar en el corto, mediano o largo plazo, siempre sin detalles y evitando informar sobre cónclaves que, sí son de interés para la gestión publicitar, se enviarán con fotos mediante las redes sociales.

En los últimos días de enero, por ejemplo, el primer mandatario mostró en X una foto tomada en su despacho, en la que se lo veía junto a un joven al que describió como el "empresario Hayden Mark Davis, quien me asesoró sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país", comentó el propio presidente.

Lo llamativo fue que poco después, gente de ese sector lo calificaba de "perfecto desconocido" que ni siquiera era localizable mediante los motores de búsqueda de Google. Las bromas en los comentarios virtuales quedaron como material anecdótico sobre la visita del personaje en cuestión a la sede del Poder Ejecutivo. Unos meses antes, a mediados de octubre, Javier Milei estuvo en el Hotel Libertador en el marco del Tech Forum Argentina, un evento privado que tenía el auspicio del Gobierno y en el que los oradores fueron el líder libertario que ocupa el sillón de Rivadavia y Demian Reidel, su jefe de Gabinete del Consejo de Asesores.

Allí se entrevistó con Julián Peh, fundador de KIP Protocol, creadora de la cuestionada criptomoneda $LIBRA que este viernes le trajo tantos dolores de cabeza al propio titular del PEN y a su entorno más íntimo luego de que fuera respalda por él a través de un tuit, que horas más tarde fue eliminado en el momento en que la moneda virtual empezó a perder el valor que había alcanzado, tornándose en un escándalo mediático por el que se llegó a hablar de "fraude criptográfico", y por el que parte de la oposición pide por estas horas el juicio político al mandatario en el Parlamento.

Lo que hizo la máxima autoridad del país fue salir a explicar que no tenía vinculación alguna con el emprendimiento y que había decidido dejar de difundirlo a partir de interiorizarse sobre el mismo. No vaciló en apuntar -sin eufemismos- a quienes lo criticaron: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", aseveró, para luego dedicarse a repostear datos que considera positivos de su gestión.

En el palacio de Gobierno infieren que el tema se va diluir en la semana que se inicia y en la que Milei viajará nuevamente a los EEUU, en este caso con el objetivo de asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), pero especialmente para intentar tener una bilateral con su par, Donald Trump.

A ese respecto, El Litoral le preguntó en conferencia de prensa al vocero Manuel Adorni, cómo tomó el Gobierno la decisión del presidente norteamericano de imponer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio por tener déficit en la balanza comercial con la Argentina. El funcionario respondió: "A ver, nosotros tenemos un diálogo excelente con la administración Trump y son todos temas que van a estar en agenda y que vamos a ir discutiendo y tratando de solucionar y de avanzar. Nuestro objetivo primordial es avanzar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en el marco de ese avance, que por supuesto lleva tiempo y no es algo de un día para el otro, todo lo vamos a conversar y todo vamos a tratar de que tenga el mejor impacto para la República Argentina", afirmó.

En línea con los números que el mileísmo resaltó -antes y después- del escándalo cripto, estuvo el IPC de enero que según cifras oficiales fue de 2,2%. Este diario interrogó al portavoz del Ejecutivo en relación a un documento emitido por más de treinta sindicatos, entre los que firmaron La Bancaria, Aceiteros, ATE, Judiciales y Docentes, y en el que se ponen en duda los guarismos inflacionarios oficiales y los mecanismos de medición de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Adorni dijo que "en principio hay que avisarles que esta medición es la que viene desde hace muchísimos años en Argentina. La verdad que… tal vez la memoria me falla, pero no recuerdo que se hayan quejado de la metodología del índice de inflación nunca. Ni cuando la inflación era del 1000%, con Alberto Fernández, perdón, ni cuando la inflación era no tan astronómica como la albertista, pero en otros períodos de los últimos 20 años tampoco escuché que se quejen mucho de la metodología", refrendó.

"Lo que pasa es que, bueno, es como todo. Primero se quejan de la inflación, vas solucionando la inflación, se te quejan de la metodología. Y si el día de mañana cambiamos la metodología se van a quejar -seguramente de otra cosa porque no defienden a los trabajadores, sino que defienden sus propios intereses y hacen política barata en un Gobierno al que el plan económico le está funcionando según lo esperado, y ellos lo saben", dijo Adorni.

"Acá el problema es precisamente eso, que ellos saben que el plan del Gobierno está funcionando. Por lo tanto, obviamente que nos importa poco lo que opinen en términos de metodología, cuando nadie puede negar, además, que somos absolutamente independientes.

"De hecho, quien hoy está como titular del INDEC (Marco Lavagna) es el mismo de la gestión anterior. Con la gestión anterior, te repito, no se quejaban, no hacían cartitas ni nada. Parece que ahora se dieron cuenta que -como no pueden hablar de inflación- tienen que hablar de metodología, que me gustaría saber un poco hasta dónde llega su conocimiento sobre la metodología que utiliza el INDEC", expresó el vocero con rango de ministro, que para concluir añadió que "de todas maneras yo creo que lo que les molesta, les duele y no pueden superar, es que como la metodología es la misma, la comparación es válida, y cuando la comparación es válida, lo que les tengo que decir es que nos importa poco el comentario que hicieron", enfatizó Adorni dando por terminada la devolución a los gremios.

Las burbujas del "criptogate", como lo bautizó irónicamente un asesor libertario -entienden en Casa de Gobierno- también podrían desvanecerse en una semana clave en la que la Cámara alta será protagonista porque podría resolver en tres temas centrales para la gestión de La Libertad Avanza e igualmente para varios opositores.

Se trata de la suspensión de las PASO y la aprobación del pliego de Ariel Lijo que lo integraría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consideración a estos dos primeros, uno de los más altos consejeros de los hermanos Milei se mostró optimista, y al igual que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó las especulaciones por posibles acuerdos con el kirchnerismo a fin de que caiga Ficha Limpia.

De todos modos, el dirigente y funcionario nunca negó el diálogo con delegados de Cristina Kirchner, tal el caso de Eduardo "Wado" de Pedro, a la hora de intentar avanzar en diversos temas de interés mutuo y que expresó: "Alguien tiene que destrabar, no pueden quedar en la nube por siempre", a la vez que no descartó que el proyecto que impediría que un candidato con dos instancias de condena firmes pueda presentarse en las elecciones, termine por aprobarse en el período de sesiones ordinarias que se inician el 1 de marzo.

En un jueves especial, en la que la mayor atención se la llevaba la Cámara de Diputados, por el inicio de un debate para un proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe, los senadores provinciales votaron favorablemente la llamada Ley Impositiva o de Política Tributaria Anual, enviada por el Poder Ejecutivo Provincial, texto al que se le hicieron modificaciones pedidas por entidades empresariales de la producción industrial y agropecuaria.

Pasadas las 21, logró la media sanción por unanimidad en el tratamiento en general, al sumarse el minoritario bloque del PJ a los votos del oficialismo que domina el Senado. En el tratamiento en particular de la norma, la oposición se abstuvo en dos títulos: los referidos a la adhesión al blanqueo de capitales y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Sobre ambos asuntos, los senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe destacaron que en Santa Fe esas políticas económicas nacionales se aceptan pero con diferencias, pero esas características provinciales propias no fueron suficientes para convencer a los miembros del peronismo.

Debe decirse que la norma, junto a la ley de Presupuesto, forma parte de las leyes que cada fin de año debaten las Cámaras y que, por el debate en la otra Cámara sobre la Constitución, han quedado está vez en una suerte de cono de sombras para la opinión pública. Salvo en las entidades vinculadas a la producción industrial y agropecuaria que tanto pronto conocieron el mensaje del Ejecutivo pidieron algunos cambios, el tema no contó con la atención que merece fuera de la Legislatura.

Mejor lo explicó el miembro informante por la mayoría, el socialista Julio Francisco Garibaldi (La Capital) que expuso los detalles técnicos y los lineamientos políticos de lo que llamó una forma "progresista" de cobrar los impuestos provinciales, ante un cuadro nacional que hoy como desde hace décadas "perjudica" a las tres provincias de la Región Centro, en materia de retenciones al agro, destacó.

Garibaldi debió lidiar con los números luego de su par del oficialismo Esteban Motta (UCR-San Martín) lo hiciera con los conceptos de lo que se busca con la norma. El formato en la Cámara fue dispuesto por el presidente del interbloque de 14 de las 19 bancas, Leandro Borla (UCR-San Justo), a quien le tocó pedir un cuarto intermedio que promete consumir varias horas hasta que llegue la media sanción de Diputados sobre la reforma constitucional. La intención, según explicó el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), es que este jueves ingrese el texto y se le vote una preferencia (para no tratarlo el viernes sobre tablas, sino con un dictamen).

Motta recordó que la Tributaria "es una de las dos herramientas clave de toda gestión", y mencionó al Presupuesto que venido de la otra Cámara logró una preferencia para dentro de dos sesiones (a sabiendas de que el viernes 6 se celebrará la segunda sesión del período extraordinario). Aseguró que en la forma en que se cobrarán los impuestos y cómo se volcarán a la obra pública se podrá ver un modelo de gestión diferente al que existe a nivel nacional, donde el sector público "ha abandonado" la inversión en infraestructura.

Garibaldi dijo que no habrá en 2025 "ningún sector del aparato productivo santafesino" que sufra algún tipo de suba por sobre la inflación y que, por el contrario, las actualizaciones quedarán varios puntos abajo también en tributos masivos como el inmobiliario rural, urbano y las patentes. Destacó que las Pymes están especialmente consideradas. En cuanto a los grandes contribuyentes indicó que se busca "armonizar" la política provincial con la nacional, que escapa al gobierno nacional.

Destacó suba del 22% para el inmobiliario y tope del 50% para patentes, con perdón fiscal por 5 años para coches eléctricos. Prometió que no habrá ventajas para morosos y premios para cumplidores tanto en los impuestos a los bienes inmuebles como a los vehículos en la patente. Aseguró que la versión santafesina del blanqueo "excluirá a las actividades ilícitas" y que el RIGI no significará carta blanca para dañar el medio ambiente, a la hora de las diferencias más fuertes con la Nación.

Dictamen tributaria 2024