Bajar impuestos para que inversiones y empleo regeneren el tejido productivo es la propuesta de la Casa Rosada; redistribuir para mejorar jubilaciones, prorrogar la moratoria previsional y dictar la emergencia en discapacidad es la prioridad que la oposición votó el pasado miércoles en Diputados. Pero incluso las causas nobles necesitan un presupuesto.

¿No hay plata? La Oficina de Presupuesto del Congreso reseñó que durante los primeros cinco meses del año, la Administración Pública Nacional (APN) registró un superávit primario de $7,7 billones y otro financiero de $3,3 billones.

Sin embargo reconoció que ambos resultados fueron inferiores en términos reales a los registrados en el mismo período de 2024 (26,1% año contra año (a/a) y 4,6% a/a, respectivamente). Hay que poner los números en contexto.

El superávit que defiende Milei y el costo fiscal de la oposición. Foto: Reuters

El resultado fiscal es vital para el plan del gobierno de refinanciar deuda en el mercado voluntario, para lo cual necesita que baje el Riesgo País (sobretasa sobre lo que paga un bono soberano de Estados Unidos). La oposición no lo ignora.

Hay en la percepción financiera de la Argentina un "componente político" de ese indicador, que acusa directo a la posibilidad electoral de que vuelva el kirchnerismo. El oficialismo no lo desconoce.

"Los intereses de la deuda sumaron $4,4 billones entre enero y mayo (-36,9% a/a). Los ingresos de la APN cayeron 2,4% a/a en ese período y en mayo retrocedieron 17,2% a/a en la comparación año contra año, poniendo fin a los crecimientos de los primeros cuatro meses del año".

El párrafo del informe de la OPC sugiere el peso relativo de la deuda y el estrecho margen de sostener el superávit si, además de bajar la recaudación (por baja de la presión fiscal y ralentización de la economía) se incrementa además el gasto como sugiere el proyecto de ley votado el miércoles pasado en Diputados.

Según datos oficiales, la Seguridad Social (incluye planes) se llevó $25,5 de los $48 billones previstos para este año. En total, la cuenta suma 50,81% de un presupuesto de $94,6 billones. El servicio de la deuda es una quinta parte del gasto en seguridad social: tiene un presupuesto de $10,3 billones, de los cuales en 5 meses se ejecutó el 33%.

El proyecto de ley previsional aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados, que incluye un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la elevación del bono previsional a $110.000, tiene un costo fiscal estimado de 0,46% del PBI anualizado, según cálculos basados en la OPC, que se encuentra entre los más "prudentes".

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Reuters

Martín Menem expuso que el proyecto del "kirchnerismo y aliados circunstanciales" supone un aumento del gasto en 0,42% del PBI en el incremento de la movilidad; 0,35% del PBI en el bono; 0,5% en transferencias a provincias y 0,2% por la moratoria. A eso sumó otro 0,3% del PBI por la emergencia en discapacidad.

El cálculo totaliza 1,8% del PBI, lo que resultaría impagable aún para el superávit de Milei.

En una exposición ofrecida en Santa Fe esta semana, convocado por la desarrolladora APL, el economista Salvador Di Stefano estimó que el panorama fiscal argentino, expresado en porcentaje del Producto Bruto Interno, se proyecta con un resultado financiero positivo del 0,30% si la Casa Rosada mantiene operativos sus criterios.

Si bien la oposición presentó alternativas para el financiamiento del proyecto que impulsa, la advertencia del veto por parte de Guillermo Francos a la eventual sanción de la ley preserva la prioridad del gobierno: bajar impuestos si hay margen.

Más allá del destino del recurso, el criterio de prudencia fiscal no difiere del enunciado (no necesariamente ejercido) por Cristina Fernández de Kirchner.

El 14 de octubre de 2010, a través del decreto 1482, la ex presidenta vetó la ley que había sido aprobada por el Congreso de la Nación y que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos.

"La pretensión de aprobar un proyecto de ley que disponga la vigencia del 82 por ciento móvil sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal", fundamentó CFK.

Fue en los considerandos del decreto firmado por la entonces Jefa de Estado junto a Aníbal Fernández (Jefe de Gabinete) y Carlos Tomada (Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación).

Desde el Pro, el rionegrino Sergio Capozzi recordó además en la Cámara baja que "el sistema previsional argentino está en terapia intensiva desde principios del siglo gracias al kirchnerismo, cuando se decidió allá en el 2005 incorporar al sistema a más de 2 millones de personas bajo el título de amas de casa y se las puso bajo el mismo sistema" sin haber formalizado aportes exigidos por la ley.

Luis Caputo usó la cuenta de "X" para sentar posición. "Correctísimo", posteó el jefe del Palacio de Hacienda sobre una publicación que mostraba la baja en la cotización de los títulos de deuda (suba del Riesgo País) que presentó como consecuencia del gesto político de la oposición.

"Cada vez que la corporación política que quebró el país se junta a debatir cómo destruir el equilibrio fiscal, el Riesgo País sube. Porque ellos son el verdadero Riesgo País, no las reservas, no el dólar ni el FMI", dice el posteo que Caputo avaló.

"Saluden a los degenerados fiscales que se van. En Octubre hay elecciones y a la sociedad ya no la engañan haciéndose los abanderados de las causas nobles…".

La Argentina caería en recesión hacia finales de marzo o principios de abril, justo cuando comiencen a ingresar con fuerza los dólares de la cosecha, y la economía bajaría este año alrededor del 3%. Esas es la estimación que manejan las principales consultoras y también algunos funcionarios del Palacio de Hacienda.

Las ventas minoristas experimentaron fuertes caídas en las últimas semanas y se profundizarían en medio de un alza de precios que va dejando sin respuesta a la clase media. El presidente Javier Milei había anticipado días antes de asumir que lo que vendría sería un escenario muy duro.

Para noviembre último, la actividad ya estaba virtualmente estancada como consecuencia de la feroz sequía que afectó al campo. El problema es que luego vino la devaluación de diciembre, el fin de los acuerdos de precios y una nueva ola de aumentos que llevaron la inflación en diciembre al récord del 25,5%. La contracción del consumo se empieza a ver con caídas en las ventas de supermercados y mayoristas.

En enero se encendió otro alerta con la caída del 6% interanual en la recaudación, traccionada por la sensible disminución de impuestos relacionados con la actividad y Ganancias, si bien atenuada por mejoras en los impuestos de comercio exterior debido a la devaluación y el aumento de alícuotas.

Los salarios formales con aportes a la seguridad social cayeron casi 14% interanual en términos reales en diciembre. En ese escenario, el Gobierno reconoció que la pobreza ya se ubica alrededor del 50%. Para el FMI, la economía se mueve hacia una estanflación , con un IPC que se mantendría en 25% en enero y recién empezaría a desacelerar por la caída de la demanda, por lo que proyecta una caída del PBI del 2,8% en 2024.

Por el plan de ajuste y el shock inflacionario, los economistas ya empezaron a notar señales de que lo que podría ser el inicio de una nueva recesión y para el primer trimestre esperan una caída del producto de hasta el 6% interanual, el mayor desplome desde el tercer trimestre del 2020, cuando la economía cayó 10% por la parálisis de la actividad por la pandemia y las restricciones.

Los datos de caída de la industria y la construcción se sumaron a la retracción del consumo, actividad, faena vacuna, importaciones, venta de nafta, consumo de electricidad, escrituras en la Ciudad y préstamos al sector privado.

Las ventas de supermercados y mayoristas de noviembre caen 7,5% y 11,3% mensual. Diciembre y enero vienen peor. Algunos expertos, como Miguel Kiguel, consideran que ya se está transitando una recesión. En enero bajó 6% interanual la recaudación, traccionada por la disminución de impuestos relacionados con la actividad y Ganancias.

Para EcoGo, los últimos datos anticipan un primer trimestre con una caída del 4,8% respecto del trimestre anterior y una baja del 6% interanual.

Para el FMI, la economía se mueve hacia una "estanflación", con un IPC que se mantendría en 25% en enero y recién empezaría a desacelerar por la caída de la demanda, por lo que proyecta una caída del PBI del 2,8% en 2024. El diagnóstico coincide con el del gobierno, donde creen que el salto inflacionario "no se puede trasladar a precios" y aguardan una recesión en regla.

Técnicamente, se considera que hay recesión cuando se producen dos trimestres consecutivos de caída. Así, tras un cuarto trimestre probablemente negativo en 2023 (el dato aún no se conoce), los seis meses se cumplirían en marzo.

La conducción de la CGT definió que pedirá un aumento del 85% en el salario mínimo en la reunión convocada para el 15 de febrero próximo. Se espera que la CTA vaya por un incremento aún mayor. El sector empresarial, conformado entre otros por la UIA y la Cámara de Comercio, aún no se expidió al respecto.

El sueldo mínimo es de $156.000 para los mensualizados o de $ 780 por hora. El Consejo del Salario Mínimo debió haber sido convocado en diciembre para definir los valores de los primeros meses de 2023. La Comisión de Salario Mínimo reúne a sindicalistas de la CGT y CTA y representantes empresarios como UIA.

El salario mínimo arrastra una caída muy fuerte en los últimos años. Sólo en 2023 tuvo un incremento del 151,8% frente a una inflación del 211,4%. Una pérdida de 19%. En relación con la canasta básica alimentaria, la caída fue superior, del 25%.

"La devaluación, que se suma a la brutal inflación acumulada diciembre 2023-febrero 2024, sobre todo en insumos de la canasta básica de alimentos y salud, imponen una actualización de al menos del 85%", dijo Daer.

Según CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), "el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil muestra una tendencia negativa desde 2011, que resultó particularmente fuerte en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, así como en 2020. Esta caída ha sido incluso superior a la pérdida real de los salarios registrados".

Luego, "entre 2021 y 2022, en un contexto de inflación creciente, existieron siete instancias de actualización del salario mínimo, que no lograron una recuperación de su poder de compra. El año 2022 cerró con una caída promedio del salario mínimo real del 1,3%, que lo ubicó 33% por debajo del nivel de 2015". Con la pérdida de 2023, la caída es del 45%.

La ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al salario mínimo, vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.

Inflación del 21,7% en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) trepó al 21,7% durante enero y acumuló un avance del 238,5% en los últimos doce meses, impulsada por alimentos, combustibles y transporte, informó el Gobierno porteño. El porcentaje del primer mes de 2024 refleja una aceleración con relación al 21,1% que se había registrado en diciembre. El INDEC dará a conocer el miércoles 14 de febrero el Índice de Precios al Consumidor a nivel país que, según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, se ubicará en torno al 20%.

Según detalló la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, el rubro que más aumentó en enero fue "Cuidado personal, protección social y otros productos", con 35,7%. Transporte registró un alza del 33,7% por el aumento en los precios de los combustibles y pasajes aéreos, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un avance de 25,4%.

Este mediodía, el Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado que se titula “En defensa de la Seguridad Social, de los Derechos Laborales y de los Derechos Sociales de todos los argentinos”, en el cual manifiesta su “absoluto rechazo” a las propuestas electorales y políticas que “ponen en riesgo la estructura fundamental de los derechos laborales, sociales y de la seguridad social vigentes en nuestro país, que son principios constitutivos del sistema democrático, esbozadas con plena consciencia por los candidatos Espert, Milei y Patricia Bullrich”.

“Frente a este tipo de planteos provocadores y retrógrados, que encienden una luz de alarma sobre la convivencia democrática y pacífica de nuestra comunidad, ejecutados por quienes -escudados en falsas promesas de modernización- presentan viejas recetas ya fracasadas, como el despido arbitrario y masivo de trabajadores y trabajadoras, recortes de beneficios y jubilaciones en el sistema previsional de nuestros adultos mayores, la privatización del patrimonio público que sólo habilita grandes negociados de particulares, enajenando las riquezas de nuestro país, y un desguace interesado del sistema de salud que sólo deterioraría las prestaciones y coberturas médicas actuales, entre otras acciones; y todo esto en medio de amenazas explícitas de violar derechos laborales y garantías constitucionales”, expresa el texto suscripto por la cúpula cegetista.

“Esta CGT advierte que no está dispuesta a dialogar con quienes promuevan estas propuestas, reafirmando una vez más que todas esas iniciativas colisionan de manera frontal con nuestra férrea determinación de defender el trabajo como valor social esencial para el desarrollo y a las organizaciones sindicales como la principal herramienta de convivencia y crecimiento con equidad”, ratificó la central obrera.

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, encabezó este miércoles en la ciudad de Santa Fe una nueva reunión del Consejo de Seguridad Social. El objetivo del encuentro fue delinear y concretar medidas multiagenciales en materia de seguridad y conflictos sociales.

En la oportunidad, Lagna aseguró que “el trabajo en conjunto que veníamos haciendo, hizo que hoy podamos tener a todos los actores involucrados, con la misma visión de la seguridad, que arranca con lo social. El enfoque es multiagencial con los estados Nacional, provincial y municipal, y todas las entidades de la sociedad civil. Lo que vamos a hacer es sistematizar nuestros programas, como la conexión del 911 con el sistema de videovigilancia municipal.

Además, “cuando se cree el Centro de Operaciones Policiales de análisis criminal será un gran salto tecnológico para la ciudad, porque ese programa permite que todo lo que pase en la calle pueda estar contenido en la central”, añadió el titular de la cartera de seguridad.

El ministro explicó también que “los agentes de control, los policías que estén en la calle, tendrán un celular robusto enviará imágenes e informaciones a la central. Eso nos va a permitir controlar al policía y también hacer un mapa del delito con un análisis criminal, de manera de poder llegar a la prevención mucho antes a través de la tecnología. Además, vamos a poder poner más policías en lugares que ese mapa del delito nos está marcando”.

Por último, Lagna aseguró que con “el intendente de Santa Fe concebimos un plan de trabajo con las vecinales que hicieron sugerencias importantes y vamos a ampliar la intervención no solo del municipio y el Ministerio de Seguridad, sino que también se incorpora el Ministerio de Desarrollo Social, el futuro ministerio de Género y el Ministerio Público de la Acusación. El trabajo que sigue no va a ser una mera reunión con vecinales, sino que se va a transformar en algo más completo involucrando a los equipos técnicos y todas las entidades que conforman la vecinal, como clubes e iglesias, para tener una radiografía exacta de la información y la respuesta puede ser más rápida”, subrayó.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, indicó que “esta mesa tuvo una amplia repercusión y participación de la ciudadanía en un tema muy complejo y que hay que abordarlo desde todos los aspectos: desde el tema policíaco, desde el tema en seguridad, e infraestructura. Eso es lo que hicimos hoy, acordamos un plan que ya veníamos realizando, se lo trasladamos a los distintos integrantes y, a partir de ahora, lo que queda es empezar a trabajar, por eso creemos que fue una reunión muy positiva”.

Participaron del encuentro el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el secretario de Política y Gestión de la Información, Jorge Fernández; el coordinador del Ministerio de Seguridad, Facundo Bustos; la directora del Observatorio de Seguridad Pública, Luciana Ghiberto; el fiscal general, Jorge Baclini; el fiscal regional, Carlos Arieti; la jefa de Policía de provincia, Emilce Chimenti; y representantes de vecinales, de las fuerzas federales y concejales.