La vocera provincial, Virginia Coudannes, brindó este jueves una conferencia de prensa en Rosario en la que repasó distintos ejes de gestión del Gobierno de Santa Fe y destacó los resultados obtenidos por el sistema Lince en materia de seguridad pública. Asimismo, valoró el plan de desarrollo productivo impulsado por la Provincia y la participación del gobernador Maximiliano Pullaro en la Expo San Juan Minera 2026.

En primer término, Coudannes remarcó la baja sostenida de homicidios y delitos registrada desde el inicio de la gestión de Pullaro, especialmente en Rosario, y señaló que Lince constituye “una herramienta fundamental de este plan de seguridad”.

La funcionaria definió a Lince -el sistema de inteligencia artificial y videovigilancia desarrollado por la Provincia- como “un sello de nuestra gestión”. Y agregó: “Lince todo lo ve. Todo delito deja rastros y Lince los encuentra y permite detener a los delincuentes”.

Luego explicó que se trata de “un sistema de videovigilancia con cámaras de alta tecnología e inteligencia artificial que permite esclarecer delitos en tiempo real y también aportar, con muchísima rapidez, información clave para las investigaciones”.

Según precisó, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 el sistema registró “más de 500 requerimientos, de los cuales más de 370 fueron positivos, y el 78 % de esos casos tuvo hallazgos relevantes”.

A partir de estas intervenciones, Lince permitió identificar patentes, rostros y domicilios de sospechosos, además de facilitar detenciones, allanamientos y secuestros de armas de fuego y otros elementos de interés para las investigaciones judiciales.

“La ciudad de Rosario hoy tiene algo que todo lo ve. Así que el que delinque las paga. Esta es una decisión política del gobernador, con un plan de seguridad muy sólido que permanentemente se repiensa. Lince es una herramienta fundamental para que los vecinos estén tranquilos”, concluyó Coudannes.

Durante la conferencia, la vocera también se refirió al plan de desarrollo productivo impulsado por el Gobierno Provincial y destacó la participación de Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en la Expo San Juan Minera 2026.

En ese marco, explicó que ambos funcionarios firmarán un convenio de cooperación con el Gobierno sanjuanino “para abrir nuestros puertos y aeropuertos a la actividad minera”.

“Santa Fe se está proyectando al mundo y abriéndose a nuevos mercados. Esto también permitirá fortalecer el vínculo con nuestras industrias y servicios. En nuestro plan de desarrollo económico no solo están el campo y la industria: buscamos incorporar otras actividades que potencien el crecimiento económico y el desarrollo de todos los santafesinos”, sostuvo.

Más de cien empresas santafesinas participan de la feria minera en San Juan con acompañamiento del Gobierno Provincial y del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por último, Coudannes abordó el debate por la infraestructura vial vinculada al sistema portuario y al estado de las rutas nacionales. En ese sentido, aclaró que la Provincia trabaja en la conformación de un fideicomiso junto a los actores del sistema logístico y descartó la creación de nuevos tributos.

“No va a haber un impuesto nuevo, ni una tasa ni un peaje. Estamos trabajando en un fideicomiso con todos los actores vinculados a la actividad portuaria para resolver un problema estructural que todos identificamos”, afirmó.

Además, indicó que durante cada campaña agrícola ingresan más de dos millones de camiones a los puertos del sur provincial. “El 35 % son de Santa Fe y el 65 % restante proviene de otras provincias. Hoy Santa Fe sostiene con inversión propia gran parte de la logística nacional y no recibe nada a cambio”, concluyó.

Fue en Las Parejas. La intervención -la número 114 que se realiza en toda la provincia-, fue realizada en un inmueble de la zona urbana de la ciudad y se enmarca en las acciones llevadas adelante por la actual gestión provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, que impulsó el gobernador. Participaron representantes del Gobierno Provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.

Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales.

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.

Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones.

En el operativo estuvieron presentes también la senadora suplente Sandra Clerici y la presidente del Concejo Municipal, Roxana Collaud.

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana.

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.

En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este jueves en Rosario la beca de Auxiliar Forense para Asistente de Investigación del Ministerio de Justicia y Seguridad, una formación profesional que busca fortalecer el sistema de investigación técnica de la provincia, y que contará con certificación del Ministerio de Educación.

En su discurso, el mandatario expresó que a la beca la "vemos como un avance muy importante y significativo, porque va a trabajar directamente en la formación y capacitación de los investigadores de manera inicial, intentando diferenciar las ramas que tiene la seguridad pública, la Policía de Santa Fe, la seguridad preventiva, la práctica investigativa y la inteligencia, y desde ese lugar poder tener todos los días mejores resultados".

Luego, el gobernador saludó al personal de la Policía de la Provincia y a los jefes, "que tanto le han dado a nuestra provincia, con mucha dedicación, con mucho trabajo, logrando cambiar la historia de nuestra provincia", y recordó que "hace tres años en Santa Fe no podíamos salir a la calle y la sociedad estaba golpeada y agobiada”. “Estábamos destinados a ser una sociedad que no iba a tener más eventos masivos, que no iba a poder disfrutar los parques, que la gente no iba a poder salir a la vereda. Y eso hoy cambió fundamentalmente porque ustedes tomaron la decisión de atacar al delito de manera frontal”, subrayó el gobernador. En esa línea, sumó que su gestión implementó “un plan de seguridad que permita dar vuelta a esa página de la historia, y desde ese lugar se los quiero agradecer y decirles que esta generación de jefes policiales va a quedar en la historia de la Policía de la provincia”.

Las funciones del auxiliar forense consisten en realizar tareas de asistencia en la escena del crimen; procesar indicios en laboratorios para generar pruebas válidas en juicio; asistir en la investigación a la Policía de Investigaciones (PDI); y gestionar documentación asociada a los registros penales.

La formación profesional inicial tendrá cuatro meses de duración, de modalidad híbrida, teórico-práctica y con cursado en Rosario. Algunos de los requisitos para acceder a la beca son tener entre 18 y 30 años y el secundario completo. La inscripción comienza el 30 de marzo y se extenderá hasta el 11 de abril. Los interesados en obtener más información pueden escribir al correo S.formacionycarrera@santafe.gov.ar.  

La secretaria de Educación de la provincia, Carolina Piedrabuena, dijo que la beca “se marca en un plan de otras formaciones dentro de la Ley de Educación Técnico-profesional que tiene como uno de los objetivos dotar de herramientas para la calificación, para la re-calificación y también la inserción laboral, en este caso en el ámbito de la seguridad pública”.

Luego, la subsecretaria de Articulación de Procesos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ana Viglione, sostuvo que “la investigación cambia permanentemente y muy rápido: antes alcanzaba con conocer la calle, saber a quién entrevistar; hoy necesitamos saber de tecnologías, de redes, de nuevas formas de hacer negocios y un montón de contenido que nos desafía permanentemente”, y explicó que “el auxiliar forense va a asistir en esa tarea al investigador, que es quien conduce la investigación. El asistente va a tener las herramientas específicas según las necesidades y los temas que se deban abordar en el marco de esa pesquisa”.

Para ello, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, “junto con el Ministerio de Educación, con la PDI y la Escuela de Investigaciones, diseñamos un plan de estudio, un proceso de selección, un contenido específico pensando en las necesidades que va a tener un investigador”, y agregó que la formación “va a tener un contenido teórico, se va a desarrollar el primer mes en la ciudad de Rosario, pero va a tener una fuerte impronta de prácticas profesionalizantes. Dura 4 meses, pero no termina allí: luego van a haber especialidades conforme al perfil y la competencia. Con esto, empezamos a formar específicamente a nuestros futuros investigadores”, concluyó.

Del acto, realizado en la Sede de Gobierno, participaron también los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Educación, José Goity; la diputada Clara García; el jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado; y el jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, entre otros.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, señalado como líder de una organización narcocriminal y prófugo desde diciembre de 2024, en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Búsqueda de Alto Perfil de la PDI santafesina, en cumplimiento de una orden del juez federal Aldo Alurralde. Mendieta era intensamente buscado por la Justicia Federal, y sobre él pesaba una recompensa millonaria ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes aportaran datos que permitieran su localización.

El detenido está sindicado como el cabecilla de una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte y zonas de influencia, investigación que derivó en la detención de varios integrantes de su organización.

Días atrás, la Justicia Federal condenó a cuatro miembros del grupo, quienes asumieron su responsabilidad penal en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.Los imputados habían sido detenidos durante allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024 en distintos domicilios de la zona norte de la capital provincial, donde se secuestraron dosis de drogas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el marco del acuerdo judicial, recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico de estupefacientes y tenencia de estupefacientes en concurso real. En el caso de Eduardo Alejandro Santa Cruz, la condena fue unificada en cinco años de prisión efectiva debido a una sentencia previa.

La investigación estableció que los condenados integraban un engranaje criminal cuyo jefe era Mendieta, ahora detenido.

Tras las condenas, el fallo judicial dispuso remitir los elementos secuestrados al juzgado federal por su vinculación con la investigación que tenía como principal objetivo capturar a Mendieta.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, entregó este lunes el equipamiento reglamentario a 811 suboficiales de policía egresados de la cohorte 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (ISEP). Con esta provisión, los nuevos efectivos quedaron formalmente incorporados al servicio y serán destinados a distintos puntos del territorio santafesino.

El equipamiento entregado a estrenar comprende una pistola Bersa 9 mm de doble acción como arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme de fajina completo. La inversión total asciende a $ 33.000 millones, destinada a garantizar que los agentes inicien sus funciones con los elementos esenciales de protección y trabajo.

Durante el acto, realizado en la sede del ISEP en la ciudad de Recreo, el director de Formación para la Seguridad y Gestión de Carrera, Federico Zingerling, subrayó que “por primera vez estos suboficiales que recién egresan salen a trabajar sin gastar ni un centavo, con todo el equipo completo”. Detalló además que la inversión provincial incluyó $ 20.000 millones en uniformes, $ 2.000 millones en armamento y $ 11.000 millones en chalecos balísticos. Asimismo, los egresados quedaron formalmente afiliados a la obra social Iapos.

El funcionario indicó que los efectivos están en condiciones de iniciar sus tareas de inmediato, y precisó que el destino de cada suboficial será definido por el ministro de Justicia y Seguridad en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública.

Los policías egresados, de entre 18 y 28 años y provenientes de distintas localidades de la provincia, cursaron su formación bajo un nuevo régimen de internado impulsado por el Gobierno santafesino. El sistema establece permanencia de lunes a viernes dentro del instituto, favoreciendo una mayor integración entre docentes e instructores y una preparación más ajustada a las exigencias del servicio policial.En ese marco, Zingerling destacó que para implementar este régimen también se ejecutaron obras de infraestructura en el ISEP, incluyendo mejoras en los sistemas de cloacas, provisión de agua y reacondicionamiento edilicio. “Se acondicionaron las instalaciones para el bienestar de los cadetes y para garantizar condiciones adecuadas durante su estadía”, concluyó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó este sábado que “estamos haciendo en la Provincia de Santa Fe algo que nadie esperaba: un derrumbe del delito a niveles históricos desde que hay registros”. Y aseguró que “es producto de no darle un milímetro de ventaja a la delincuencia, que es algo que vamos a seguir haciendo todos los días”.

Las declaraciones del mandatario provincial tuvieron lugar en el marco de la reunión de análisis criminal, que se realiza cada sábado, y que encabezó junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y el jefe de Policía provincial, Luis Maldonado; y equipos técnicos de la cartera. El encuentro permite evaluar la evolución de los principales indicadores de violencia en las ciudades más pobladas y ajusta estrategias operativas.

A casi dos meses del inicio de 2026, los homicidios se mantienen en niveles mínimos históricos. Al 21 de febrero de 2023 se registraban 73 asesinatos en toda la provincia; este año se contabilizan 15, un dato inédito desde que existen estadísticas sistemáticas. La tendencia se consolidó en enero, cuando se reportaron 12 homicidios en toda la provincia, la cifra mensual más baja de los últimos 25 años.

“Se formó un grupo de trabajo muy homogéneo entre los policías en calle y los analistas. Estamos avanzando en una forma moderna de gestionar la prevención del delito”, señaló por su parte Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad. “La incorporación de tecnología, la revisión constante de la situación en la calle y toda la información que eso nos brinda permiten dar a los jefes herramientas para tomar mejores decisiones al distribuir el patrullaje y las capas de refuerzo en los barrios. En eso es fundamental la participación de la ciudadanía mediante el llamado al 911”, agregó.

Si se observan las dos principales ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe capital, los datos muestran una mejora sostenida. En la capital provincial no se registran homicidios durante febrero; en años anteriores, el número de muertes en igual período llegaba hasta ocho.

Más allá del indicador más extremo de violencia, otros parámetros evidencian la evolución positiva del plan de seguridad. Los heridos por hechos violentos descendieron un 33 % durante febrero, mientras que los delitos predatorios -robos y hurtos- se redujeron en más de un 30 %.

“Detrás de estos resultados hay un trabajo constante que no se limita a los procedimientos en la calle. Incluye inversión en móviles, chalecos, armas, uniformes, estaciones policiales y cárceles, además del trabajo de investigación e inteligencia junto al Ministerio Público de la Acusación. Todo comenzó el 10 de diciembre de 2023 -cuando hay que recordar que recibimos el gobierno con apenas 10 móviles en la ciudad-, y se consolidó en estos dos años de gestión, con la incorporación de un gran número de unidades cero kilómetro y equipamiento”, concluyó Coudannes.

Los indicadores de homicidios, heridos, delitos predatorios, respuesta operativa, secuestro de vehículos y armas, investigaciones criminales e identificaciones en vía pública se monitorean en 13 ciudades estratégicas. En las 19 unidades regionales se despliegan programas específicos de patrullaje, prevención e investigación adaptados a las características del delito en cada zona.

Los plus dispuestos por la Provincia para el personal que realiza tareas operativas cambiaron de manera significativa la estructura salarial de la Policía provincial y, según un análisis comparativo de haberes, ubican hoy a varias jerarquías por encima de lo que cobran categorías equivalentes de la Policía Federal Argentina (PFA) y Gendarmería Nacional.

Con el nuevo esquema, un inspector promedio de la Policía de Santa Fe -sumando sueldo de bolsillo, suplemento por tareas operativas y adicional por conducción de patrulleros- puede superar los $ 2,25 millones mensuales; un subinspector con antigüedad ronda los $ 2,18 millones, mientras que un suboficial promedio se acerca a $ 1,9 millones.

Esos montos resultan superiores a los registrados en enero de 2026 para la PFA: un suboficial mayor percibió $ 1.711.185, un sargento $ 1.168.762 y un cabo $ 965.919. En Gendarmería, escalas comparables se ubicaron entre $ 783.112 (gendarme) y $ 1.533.000 (suboficial mayor).

La mejora salarial se inscribe en un plan integral para las fuerzas de seguridad presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe la semana pasada, que también impacta de manera directa en la ciudad de Santa Fe y en Rosario, donde buena parte del personal provincial presta servicio en patrullajes, controles y tareas preventivas.

El ministro Pablo Cococcioni sostuvo que la Provincia hoy tiene un gobierno “pro policía” y avanza “sin escatimar recursos”, con la idea de fortalecer a la fuerza propia y evitar situaciones de tensión laboral como las que se vieron en otras jurisdicciones.

En síntesis, la Provincia estableció un plus por tareas de calle para personal operativo tanto en Rosario como en la capital provincial y ciudades del área metropolitana, además de un adicional específico para conductores de patrulleros. También elevó la Tarjeta Alimentaria Policial, aumentó el pago de la hora OSPE y actualizó los adicionales por riesgo.

El paquete no fue solo económico. La Provincia lanzó una cobertura integral de salud mental sin costo para los policías y sus familias, con atención profesional y provisión de medicamentos, y reforzó equipos de asistencia ante situaciones de crisis y estrés laboral.

En paralelo, el Gobierno garantizó alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos de otras localidades y anunció un futuro programa de apoyo al alquiler en destino, buscando reducir traslados extensos y mejorar las condiciones de descanso del personal. También se amplió el transporte gratuito, duplicando la cantidad de colectivos destinados al traslado diario de efectivos hacia sus lugares de servicio.

Este esquema contrasta con lo ocurrido la semana pasada en Buenos Aires, cuando un suboficial de la Policía Federal se encadenó armado a las rejas de Casa Rosada para reclamar una mejora salarial y denunciar presunta corrupción interna.

El agente afirmó públicamente que su ingreso rondaba los $ 700.000, cuestionó condiciones laborales y habló de problemas de salud y desgaste dentro de la fuerza. El episodio terminó con intervención médica y traslado a Asuntos Internos, pero dejó expuesto un malestar persistente en la PFA.

Mientras ese conflicto exhibía tensiones abiertas a nivel nacional, Santa Fe avanzaba con una combinación de aumentos salariales y políticas de cuidado laboral para su policía.

El Gobierno de Santa Fe tiene a la seguridad como prioridad central de su gestión y, en ese marco, sumó ahora la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial. La iniciativa se articula en cuatro ejes -mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte- y se desarrolla con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”, remarcó este viernes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

* Como reconocimiento directo al trabajo operativo, la Provincia estableció un plus económico para el personal de calle: suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que cumplan tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé percibirán un suplemento de 500.000 pesos mensuales. Se consideran tareas de calle las desarrolladas por efectivos de Comando Radioeléctrico, Motorizada, Infantería, Grupos Tácticos, Explosivos, Brigada de Orden Urbano y Policía de Acción Táctica.* Además, quienes se desempeñen como conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia recibirán un plus adicional de 250.000 pesos mensuales.* En paralelo, se otorgará un suplemento de 250.000 pesos mensuales al personal que realice tareas de calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, así como en Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.Cococcioni aclaró que estos nuevos beneficios “no derogan ninguno de los suplementos o retribuciones vigentes”. También precisó que los dos adicionales por tareas de calle son excluyentes entre sí, pero que el plus para choferes de patrulleros “no es incompatible con ninguno de los anteriores ni con los ya existentes, y no tiene limitación geográfica”.* Respecto de la Tarjeta Alimentaria Policial, el monto mensual pasará de 86.847 a 175.682 pesos, lo que implica un incremento del 102,28 %.* En cuanto a la hora OSPE en su categoría inferior de jerarquía, se eleva de 5.500 a 8.000 pesos. “Cuando asumimos estaba por debajo de los 1.000 pesos; si tomamos desde diciembre de 2023, el aumento acumulado alcanza el 600 %”, destacó el ministro.* Los adicionales por nivel de riesgo -divididos en tres categorías- también fueron actualizados: el rango más bajo sube de 2.781 a 5.283 pesos; el intermedio, de 8.352 a 15.868; y el más alto, de 11.000 a 21.000 pesos. En los tres casos, el incremento es del 47 %.

En el plano sanitario, la Provincia puso en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que adhieran. El esquema incluye atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, bajo la premisa de que la labor policial impacta también en el entorno cercano.

Cococcioni subrayó la necesidad de fortalecer “la salud mental del policía”, con especial énfasis en el acompañamiento psicológico durante situaciones de crisis y post-trauma. Además, señaló que el área ministerial de asistencia al personal será reforzada con más profesionales y recursos para mejorar su capacidad de respuesta.

El Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en la provincia. Asimismo, el ministro ratificó “la decisión política del gobernador de lanzar un programa de apoyo al alquiler en el lugar de destino”. Según explicó, “en vez de financiar traslados diarios, preferimos apoyar el alquiler y garantizar que el policía pueda descansar adecuadamente donde presta servicio”.

Para quienes no puedan radicarse mediante un alquiler, la Provincia ofrecerá alojamiento en hoteles o instalaciones adecuadas en el lugar de destino, con un esquema similar al que ya se aplica para las fuerzas federales en Rosario.

Finalmente, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo.

“Pasamos de seis a doce colectivos para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si la demanda lo requiere en cada zona”, precisó Cococcioni.

El Gobierno de Santa Fe informó que el mes de enero de 2026 cerró con 12 homicidios en todo el territorio santafesino, marcando un descenso histórico. De ese total, 8 casos tuvieron lugar en el departamento Rosario, y 2 en La Capital.

Según detalles que brindó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, “es el valor más bajo del que tengamos registro”, agregando que “si miramos la historia reciente y lo comparamos con 2022 y 2023, tenemos un descenso en este indicador para el mes de enero del 73 % a nivel provincial y 72 % en el departamento Rosario”. 

Al mismo tiempo, Santantino remarcó que es “muy significativo indicar que la tendencia hacia la baja de homicidios fue acompañada por la disminución de heridos por arma de fuego”, y señaló que “en 15 de los 19 departamentos de la provincia no se produjeron hechos de homicidios dolosos en enero de este año”.

Respecto a los motivos que rodean a los homicidios ocurridos durante el primer mes de 2026, el funcionario reconoció que “sigue habiendo un componente muy importante en materia de criminalidad organizada” y yendo a los porcentajes, manifestó que “de los 8 homicidios que contabilizamos en el departamento Rosario, el 75 % podrían estar vinculados a criminalidad organizada y un 25 % a conflictos interpersonales”. 

“Esto nos obliga a comprender que si bien el sistema de justicia criminal en cuanto a investigación, trabajo policial y sistema carcelario, puede tener limitaciones, hay mucho trabajo por delante para consolidar estos valores en materia de circulación de violencia altamente lesiva”, reconoció Santantino.

Más adelante, el funcionario consideró importante “los datos objetivos en el marco del plan de seguridad que llevamos adelante desde el Gobierno Provincial, lo que nos permite ver si las decisiones que venimos tomando marcan un buen camino”.  

A esto, Santantino sumó “el régimen de detenidos de alto perfil”, que “es uno de los principales elementos que tenemos”, según consideró, porque “los homicidios se encargaban desde dentro de las cárceles con detenidos que manejaban recursos en las calles”, dijo y valoró también el tiempo de respuesta del 911, que hoy “bajó considerablemente, multiplicando varias veces la presencia policial en calle”. 

Estos elementos, según el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, “nos permiten pensar que hay una política de seguridad que marcó un cambio de rumbo en la provincia, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro quien priorizó la circulación de violencia altamente lesiva, la vida y tranquilidad de los santafesinos”.

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al titular de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, recorrieron este viernes las obras que se llevan a cabo en la Unidad Penitenciaria N° 8 “El Infierno” -en la intersección de las rutas AO12 y 14-. Se trata de la primera cárcel para reclusos de alto perfil -donde irán a parar narcos y sicarios- que se construye en Piñero, y será única en su tipo en Sudamérica.

“Tenemos 12 grúas juntas trabajando al mismo tiempo en este lugar, lo que es muy difícil de ver en una obra”, señaló Pullaro durante la recorrido, y a su vez destacó “la inversión que estamos llevando adelante y fundamentalmente la decisión de poder terminar la infraestructura penitenciaria que será para 1.150 reclusos de alto perfil” y recordó que a la par en ese predio se están construyendo “dos cárceles más que tendrán alrededor de 1.950 detenidos cada una”. 

El gobernador subrayó que la obras se enmarcan en “una política de seguridad pública” ya que no solo se trata “del trabajo que puede hacer la Policía y la inversión en tecnología, como llevamos adelante con Lince, sino también como tenemos el control de la población detenida”, y en ese sentido destacó que cada recluso alojado en ‘El Infierno’ “tendrá una celda individual y el control pleno del Servicio Penitenciario, y solo podrá compartir patio con 12 reclusos si así se le permite”.

A la Unidad Penitenciaria N°8 “El Infierno” serán trasladados “alrededor de 500 reclusos que hay actualmente en los tres niveles de alto perfil: 70 en el nivel 1; 176 en el nivel 2; y casi 300 en el nivel 3”, afirmó Pullaro, lo que permitirá, según el mandatario, “seguir separando a los detenidos más conflictivos y violentos de la provincia para romper el vínculo con el afuera”. 

Por último, Pullaro remarcó que será “una cárcel de máxima seguridad” por la que se lleva adelante  una “inversión que no se hizo nunca en la provincia”, y recordó que en “100 años se hicieron 3.500 celdas mientras que en 4 años de gestión vamos a hacer más de 3500 contando la ampliación de los penales en Santa Felicia, Coronda, Las Flores, Recreo y estas tres nuevas cárceles”, siendo “el gobierno que más cárceles hizo”, concluyó.  

El Infierno estará compuesto por 4 módulos y un edificio de “gobierno general” por donde se realizará el ingreso. Tendrá un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, con circulación vehicular por debajo y circulación peatonal por arriba. Además, cada 70 metros tendrá un torreón de vigilancia. En el fondo del penal habrá una torre de 36 metros de alto para tener una vista de 360 grados. Cada uno de los 4 módulos tiene 24 pabellones. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado que se construirán en dos plantas. En total habrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas en todo el complejo. Cada módulo también contará con boxes individuales para comunicarse por medio de un blindex y para no tener contacto físico. Tendrá sistema de salud a través de atención intramuros para minimizar el traslado, una sala de conferencias y un helipuerto. 

Leone destacó que la obra se encuentra “en un 40% de avance” y se espera esté terminada “en octubre de este año”, valorizando que actualmente se encuentran “12 grúas trabajando a la par, 400 operarios de manera directa en el lugar más todos los que trabajan de manera indirecta”, lo que marca que “es una obra pública de impacto que esperamos terminarla rápidamente para que los presos que están en otros penales vengan a esta de alto perfil”.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de sobres con las ofertas técnicas para la instalación del sistema de videovigilancia Lince en la ciudad de Santa Fe, una iniciativa que permitirá modernizar y ampliar de manera integral la infraestructura de cámaras utilizada para la seguridad pública en la capital provincial. El presupuesto oficial asciende a 32.143.664,88 dólares y el plazo previsto para que el sistema esté plenamente operativo es de ocho meses. El sistema utiliza Inteligencia Artificial para procesar y cruzar información de manera veloz, identificar personas o vehículos, entre otras posibilidades, y así esclarecer los hechos mayor celeridad.

A la licitación se presentó la firma NEC Argentina S.A., cuya propuesta técnica será evaluada y, en caso de ser aprobada, habilitará la apertura del sobre con la oferta económica.

Durante la actividad, realizada en el Data Center provincial, Pullaro subrayó la magnitud de la inversión y su impacto estratégico: “Es una inversión comparable a la del puente Santa Fe-Santo Tomé. Este sistema no se ve hoy en ningún lugar de la Argentina ni de América Latina. Lince es una herramienta de seguridad pública que nos va a permitir seguir reduciendo los índices delictivos y los niveles de violencia, tanto en la capital provincial como en Rosario. Nos coloca a la vanguardia en la construcción de seguridad pública en el país”.

En ese marco, el mandatario destacó que el proyecto excede la mera incorporación de tecnología. “No se trata solo de sumar cámaras: es un sistema de seguridad pública que articula distintas áreas del Gobierno Provincial, a las dos municipalidades y a la Justicia santafesina”, señaló.

Pullaro remarcó además los resultados alcanzados en los últimos años: “2024 y 2025 fueron los años menos violentos desde que hay registros en la provincia de Santa Fe. Falta mucho camino por recorrer, pero estamos avanzando con un método de trabajo muy claro, que hace que los parámetros de inseguridad bajen de manera sostenida día a día. Si mantenemos y reforzamos ese método, nuestra provincia va a ser la más segura de la Argentina”.

De la actividad participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado; la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero; y concejales, entre otras autoridades.

Por su parte, Tabares detalló la evolución del sistema de videovigilancia en la capital provincial. “Al inicio de la gestión había 431 cámaras en la ciudad de Santa Fe. Durante 2024 y 2025 incorporamos 169 más y alcanzamos las 600 actuales. Este proyecto nos permitirá sumar 2.000 cámaras nuevas y llegar, en seis meses, a un total de 2.600 dispositivos en funcionamiento”, explicó.

Precisó además que hoy existen 250 puntos estratégicos con cámaras, cifra que se quintuplicará hasta alcanzar 1.250 puntos de monitoreo, con cobertura ampliada a barrios como Alto Verde y Colastiné. “Con las 600 cámaras actuales, Santa Fe genera unas 14.000 horas de video por día. Con 2.600 cámaras, superaremos las 60.000 horas diarias”, concluyó.

Finalmente, el intendente Poletti agradeció al gobernador “el compromiso y la optimización de los recursos públicos”.

La inversión contempla la incorporación de 2.000 nuevas cámaras -1.850 fijas y 150 domos-, de las cuales 1.765 se instalarán en la ciudad de Santa Fe, 175 en Colastiné y 60 en Alto Verde. También se ejecutará un nuevo tendido de anillos de fibra óptica para interconectar 500 puntos de monitoreo con el Data Center provincial.

El proyecto incluye, además, la actualización de los sistemas existentes y de toda la infraestructura, la implementación de un nuevo sistema de identificación facial y de patentes, software de búsqueda rápida en videos grabados, alertas en tiempo real y la capacidad técnica para integrar al sistema provincial cámaras de origen privado.

La inversión en tecnología que realiza el Gobierno Provincial para la trabajar en seguridad amerita la modificación de algunos marcos normativos que permitan su correcta aplicación. La ciudad de Rosario y la región, como así también la ciudad capital, Santa Fe, estarán monitoreadas con cámaras de última generación, lo que agilizará la detección y esclarecimiento de delitos. “Este 2026 ya comenzó en Rosario con la implementación de un sistema de alta tecnología, denominado Lince, que es monitoreo con Inteligencia Artificial, que hoy funciona al 70 % ciento y va a llegar al 100 % durante el año. En lo que es el corredor Gran Rosario y cordón industrial, vamos a tener unas 7 mil cámaras funcionando, para poder monitorerar, prevenir, pero también resolver casos en tiempo real o casi real”, explicó Cococcioni en diálogo con los medios.

En ese marco, destacó que para que el sistema logre los resultados esperados, se tuvo que actualizar la normativa, para que se considere como “flagrancia” un hecho que fue detectado por las cámaras, aunque haya pasado un corto tiempo.

“La semana pasada hemos sacado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad una resolución protocolizando lo que se llama situaciones de flagrancia virtual, porque la camarización del espacio público y el uso de la Inteligencia Artificial plantea otro escenario para utilizar las herramientas que la ley ya prevé y que nosotros hemos puesto en las reformas al Código Procesal Penal”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Y puso un ejemplo concreto: “Hasta el momento se consideraba flagrancia cuando el policía venía corriendo atrás del ladrón. Ahora flagrancia puede ser ver algo que pasó hace una hora y que con sistemas de analítica de video en tiempo real o cercano al real, se detectan y se trabajan legalmente en la misma sintonía. Hoy por hoy estamos en condiciones de hacer allanamientos sin orden judicial en casos que son detectados mediante el sistema BriefCam en la unidad Lince”, agregó.

El funcionario señaló que esa situación pone a la provincia de Santa Fe en un lugar destacado y que uno de los desafíos para el 2026 va a ser profundizar el avance de la tecnología y, a su vez, asegurar la respuesta operativa para que cuando algo es detectado por la unidad Lince automáticamente se desencadenen las detenciones, aprehensiones, allanamientos y todas las medidas que sean más inmediatas y eviten una investigación que luego podría durar meses.

Con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el Gobierno provincial hará entrega de camionetas Chevrolet Montana 0 km, equipadas para patrullaje, que serán destinadas a la Unidad Regional VIII de Policía.

Estas unidades forman parte de las 720 que adquirió por licitación pública el Gobierno de la provincia, a través de la compra directa en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Con una importante inversión de la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, estos vehículos policiales cuentan con equipamiento de última generación para potenciar la operatividad en materia de seguridad en todo el Departamento General López.

El acto de entrega de llaves se efectuará el viernes 9 de enero, a las 19 en el Parque Municipal General Belgrano (Av. Santa Fe al 1000), y junto al ministro Cococcioni se escucharán las palabras del intendente Leonel Chiarella y de la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Este martes por la mañana, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará la entrega de un helicóptero Robinson R44 Raven I y de 90 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje, destinadas para la Unidad Regional I de La Capital. Encabezado por autoridades provinciales, el acto tendrá lugar a las 9 en La Redonda, ubicada en Salvador de Carril y Pedro Vittori.Las camionetas forman parte de la nueva tanda de unidades compradas por el Gobierno de Santa Fe, de las cuales 190 ya fueron entregadas la semana pasada para el departamento Rosario, y próximamente continuará la entrega en el resto de la provincia.En esencia, el nuevo helicóptero que incorporará la Policía santafesina es un monomotor especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, incluyendo logística y capacitación; está equipado con motor Lycoming O-540 de seis cilindros, tiene una potencia de despegue de 230 SHP y capacidad de carga de hasta 900 libras y es apto para operar con dos pilotos y dos pasajeros.Por su parte, la camionetas son marca Chevrolet y modelo Montana.

 Están totalmente equipadas para patrullaje. Cabe señalar que estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió este año el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Entre otras características, estas nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.Estos vehículos policiales están preparados para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este viernes 190 camionetas 0 km más, adaptadas para el patrullaje, a la Unidad Regional II de Rosario. Estos móviles policiales forman parte de las 720 unidades que adquirió este año el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.Durante el acto, que se desarrolló en la Estación Policial Sudoeste de Rosario, Pullaro destacó que “cada vecino y vecina de la provincia de Santa Fe pueda ver la decisión política que está atrás de cada una de las inversiones que llevamos adelante, porque estamos convencidos que la única manera en que vamos a vivir mejor es si logramos poner el orden que tanto a ha reclamado esta ciudad”.

A continuación, se dirigió al personal de la Policía de Santa Fe y les agradeció a cada uno de los efectivos “por el esfuerzo, el compromiso y el trabajo. Porque hace dos años atrás nadie en esta ciudad, en la provincia o en la República Argentina creía que era posible lo que lograron en estos dos años: contener el delito y bajar la violencia”. 

“Con trabajo y método lo lograron y hoy son ejemplo, porque desde otros lugares, incluso desde otros países de América Latina, estudian el fenómeno de Rosario; cómo la policía y el servicio penitenciario, con esfuerzo y un plan de seguridad, lograron bajar el delito y la violencia como nadie creyó que lo podían hacer”, afirmó el gobernador. 

Por último, Pullaro indicó que “vamos a seguir invirtiendo en la seguridad pública. No sólo vamos a seguir comprando móviles, también estamos construyendo cinco estaciones policiales en Rosario, la Central de Análisis del 911, que esperamos tener terminada antes que termine el 2027, y cárceles”; y al respecto recordó que “en 4 años vamos a tener la misma cantidad de plazas penitenciarias que las que se construyeron en 100 años. Además, equipamos Rosario con cámaras de seguridad con inteligencia artificial e hicimos la Unidad Lince que nos permite esclarecer delitos en tiempo real con monitoreo inverso”.“El desafío no solo es tener una ciudad segura, donde podamos vivir, sino que queremos tener la ciudad y la provincia más segura de la República Argentina. Este es el camino que estamos llevando adelante”, concluyó el mandatario.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que en las nuevas camionetas se invirtieron “más de 30.000 millones de pesos, que viene a completar la dotación de más de 2.500 unidades para la policía de Santa Fe”, que se compraron en dos años de gestión de gobierno. “Hoy estamos cubriendo con los móviles entregados por esta gestión el patrullaje urbano en las principales ciudades, sino también el patrullaje rural, las investigaciones criminales, el trabajo de la Guardia Provincial y de las policías especiales”.

“En las dos grandes ciudades hoy estamos en condiciones de proveer el patrullaje permanente, con más de 210 móviles en Rosario por ejemplo, pero además vamos a estar en condiciones de tener móviles en reserva para hacer detención del vehículo, control, revisión logística, la puesta a punto, para volver luego de un entreturno de 12 horas, con el descanso de motores. Esta es una forma de cuidar los medios logísticos”, concluyó Cococcioni.

Estuvieron presentes el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas; el diputado nacional Pablo Juliano; secretarios, subsecretarios y directores del Ministerio de Justicia y Seguridad; el jefe y subjefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado y Daniel Filchel; y de la Unidad Regional II, Guillermo Solari y Hernan Rammuno.

Se trata de 190 camionetas Chevrolet Montana, totalmente equipadas para patrullaje, adquiridas por licitación pública. Entre otras características, las nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

Estos vehículos policiales están preparados para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.

El Ministerio de Seguridad prepara una batería de medidas para intentar mitigar la violencia intrafamiliar y prevenir las muertes violentas que se generan en esos contextos. El titular de la cartera, Pablo Cococcioni, admitió en declaraciones a la prensa, que mientras se mantiene relativamente controlada la variable asociada a los homicidios dolosos, es necesario diseñar "políticas más sofisticadas" para evitar las muertes violentas que se generan por hechos vinculados a situaciones de género.

"Hay un hecho sobre el cual llamamos la atención y frente al cual estamos encarando políticas de otro tipo que a lo mejor no son tan visibles desde la seguridad pública y desde el policiamiento preventivo. Me refiero a los hechos intrafamiliares y de género que son un contingente cada vez mayor de las muertes violentas con una particular incidencia en el centro norte provincial, pero también en el resto de la provincia", reveló.

Sobre esa base, anticipó que en los próximos días, desde su cartera se presentará "un informe pormenorizado" sobre estos hechos, y se anunciarán medidas para enfrentar la problemática.

El funcionario admitió que es necesario "estudiar" los hechos para determinar cómo prevenirlos. "Éstas son cuestiones que a lo mejor hay que estudiar cómo prevenirlas. Uno va llegando a la conclusión de que hay medidas que eran obvias hace dos años… Uno se preguntaba por qué había tanta violencia y la respuesta era 'porque había que restituir el policía urbano, había que activar la persecución penal, había que trabajar en equipo con la fiscalía, había que ordenar el sistema penitenciario…'. Todas ésas son medidas muy básicas y que obviamente había que tomarlas. Pero ahora – advirtió-, estamos llegando al punto de que para seguir manteniendo o incluso mejorando estos niveles (de seguridad), hay que pensar en políticas más puntualizadas y más sofisticadas".

En tal sentido, adelantó que "habrá una línea de trabajo muy importante en el tema violencia intrafamiliar y de género". "En muy poco tiempo – planteó-, se empezará a implementar el sistema de las tobilleras duales y presentaremos otros lineamientos. Porque uno va llegando a un piso de muertes violentas que ya no se previenen con policiamiento en calle ni con investigación criminal. La investigación criminal tiene que estar, pero llega después del hecho para evitar la reiteración".

En cambio, el ministro consideró que la estrategia fundamental para prevenir este tipo de hechos pasa por una articulación entre los propios organismos del estado que permitan generar un sistema de alarma.

"Lo que hay que activar es un sistema de alarmas estatales entre todos los actores públicos para tratar de que la violencia no escale hacia el resultado fatal. Este es el capítulo más importante que nosotros relacionamos con un aumento (de las muertes violentas). En las otras formas de criminalidad, diría que la tendencia es a la baja o al menos hacia una estabilidad, pero esta problemática de la violencia intrafamiliar y de género en algunos casos es lo por ahí marca un contraste contra el año pasado", admitió.

Independientemente de esa lectura, el ministro consideró que "en cuanto a la seguridad pública, el resultado no deja de ser satisfactorio dentro de los parámetros que teníamos". Aun así, aseguró que "no nos vamos a quedar ahí; estamos afinando las herramientas para ir por aquellos hechos que no son alcanzados, quizá, por las políticas tradicionales de seguridad. Y vamos a entrar en una segunda etapa en la que vamos a trabajar puntualmente sobre todas esas categorías diferenciadas de homicidio", concluyó.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia sumó dos nuevos nombres a la lista de los diez delincuentes más buscados por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil. Son Andrés Raúl Acosta, alias “Plin”, y Héctor Argentino Gallardo. Las recompensas ofrecidas por datos que faciliten sus arrestos-o que confirmen su fallecimiento- son de 25 millones de pesos.

Acosta tiene 26 años, es oriundo de San José del Rincón y posee una orden de detención vigente desde el 12 de junio de 2025. Es investigado en la causa caratulada “Asociación Ilícita y Tenencia de Armas de Fuego”, a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional N°2, Patricio Saldutti.

Gallardo tiene de 54 años, es de Rafaela y cuenta con una orden de detención desde el 16 de septiembre de 2022 por una causa de “amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, en la que se investiga la muerte de Miguel Ángel Cabrera, en 23 de abril de 2022. La investigación es llevada adelante por el fiscal Matías Castellano, de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional N°5.

Los diez delincuentes más requeridos por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil que armó la Provincia de Santa Fe, son los siguientes:

* Héctor Argentino Gallardo (homicidio): $ 25.000.000* Andrés Raúl Acosta (asociación ilícita y tenencia de armas de fuego): $ 25.000.000* Ramiro Gastón Escalante (asociación ilícita): $ 25.000.000* Alexis Emanuel Mendoza (amenazas calificadas): $ 30.000.000* Fernando Sebastián Vázquez (homicidio): $ 30.000.000* Facundo Nicolás Aguirre (homicidio): $ 35.000.000* Jesús Maximiliano Eusebio (asociación ilícita): $ 35.000.000* Vicente Matías Pignata (narcotráfico, ley 23.737): $ 40.000.000* Brian Walter Bilbao (narcotráfico, ley 23.737): $ 50.000.000* Matías Ignacio Gazzani (narcotráfico y asociación ilícita): $ 70.000.000

El ministro Pablo Cococcioni, recordó que el Gobierno Santafesino ha destinado más de 300 millones de pesos a recompensas que permitan la captura de los prófugos más buscados. Al respecto, aclaró que “se paga tanto por el dato que facilite la captura como por aquel que permita confirmar el fallecimiento del prófugo”.

Los pagos se realizan en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial. “Una vez verificada la utilidad de la información, esa persona recibe un bolso con el dinero. Nadie sabrá nunca quién fue”, subrayó. Recomendó, además, no intentar detener a los prófugos por cuenta propia y comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911 o del 0800-444-3583.

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por Cococcioni e integrado por representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la Policía de Investigaciones (PDI), de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Una unidad específica, la de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, se encarga de ejecutar las acciones que, en el último año, ya le permitió localizar y capturar a diez prófugos de alto perfil.

En septiembre pasado se concretó la detención de Waldo Alexis Bilbao, tercero en la lista, en un operativo realizado en barrio Martin de Rosario. Y a los pocos días se produjo el arresto de quien lo reemplazó en la nómina, Ernesto Fabián Quintana, en la localidad de Recreo. Otro de los delincuentes más buscados, que también cayó en ese mes, fue Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, detenido por fuerzas federales en Rosario. A fines de agosto, la Unidad de Búsqueda y Captura de Alto Perfil detuvo a Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, en la localidad bonaerense de Dock Sud. 

En julio de este año, Mirko Nicolás Benítez, alias “Mirko Yedro”, fue arrestado en zona sur de Rosario. Ese mismo mes Pablo Javier Raynaud fue capturado en un shopping de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También allí pero en diciembre de 2024 cayó Jonatan Gabriel “Jonita” Riquelme mientras paseaba a su perro por el barrio porteño de Caballito.

Mauricio Javier “Mauri” Ayala resultó detenido en junio pasado en Roldán.

Otro de los prófugos más buscados, Lisandro Damián “Limón” Contreras fue capturado en diciembre en un operativo conjunto entre Policía Federal y las Tropas de Operaciones Especiales en la localidad bonaerense de Tigre.

El primero de los prófugos más buscados en caer fue Mauricio Jesús Laferrara, alias “El Caníbal”, en junio de 2024 en Pueblo Andino.

La Central de Información Criminal Operativa (CICO), más conocida como “Ojo”, cumplió este lunes ocho años de funcionamiento. Con base en la sede de Gobernación de Rosario, esta estructura técnica cumple un rol estratégico en el diseño de políticas de seguridad. Su funcionamiento está integrado al sistema 911 y a los principales canales de análisis e inteligencia criminal de la provincia, y se destaca por monitorear en tiempo real mapas de zonas calientes, movimientos de patrulleros y videos de cámaras de vigilancia.

En diálogo con la prensa, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, y la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, resaltaron el crecimiento del sistema y su impacto en la planificación operativa.

Santantino subrayó que la Central “Ojo” opera a escala provincial, y remarcó que en ese espacio conviven distintos modelos de trabajo vinculados a la operatividad policial y al sistema de inteligencia criminal. Recordó, además, que Santa Fe fue la primera provincia en el país en establecer un sistema propio de inteligencia.

“Hoy podemos decir que contamos con un método de despliegue policial basado en la producción de conocimiento, algo inédito en la región”, explicó el funcionario, y anticipó que el objetivo para los próximos meses es expandir el modelo a todo el territorio provincial.

Esa expansión se enmarca en el programa de policiamiento urbano M3 (Mapeo, Métrica y Monitoreo), que ya se aplica en las ciudades de Rosario y Santa Fe. La estrategia incluye la elaboración de informes con indicadores básicos sobre violencia, delito, despliegue operativo y recursos disponibles, lo que permite monitorear, conducir y evaluar el accionar de las unidades regionales. “Esto nos da herramientas para tomar decisiones, corregir lo que aún falta y consolidar un plan de seguridad con bases firmes”, aseguró Santantino.

Por su parte, Villar afirmó que el “Ojo” es fundamental para la producción de información que oriente la toma de decisiones, y que la inteligencia criminal es el eje central de todo el trabajo que se realiza en la Central.

La Central fue inaugurada el 21 de julio de 2017 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, junto a Maximiliano Pullaro, quien en ese momento era ministro de Seguridad y hoy es gobernador. Es un órgano técnico policial donde confluyen tres áreas clave: la Central de Análisis Temático (CAT), conformada por analistas técnicos del Ministerio de Seguridad; la Central de Información Criminal Operativa (CICO), integrada por el Gabinete de Análisis Criminal y el Centro de Comando y Control Operativo; y la Sala i2, orientada a asistir investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Entre sus funciones se destacan el análisis permanente y en tiempo real de mapas delictivos e indicadores de violencia, y el ordenamiento y orientación inteligente de la actividad policial. Todo esto se articula dentro del Plan de Prevención Policial del Delito Urbano por Capas (P3DUC), también conocido como Plan de Cuadrículas, que se implementa en las grandes ciudades de la provincia.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la adquisición de cinco body scanners y cinco scanners de bultos que serán instalados en las cárceles de Coronda, Santa Fe, Piñero y en el Complejo Penitenciario de Rosario.

Con una inversión estimada de $2.261 millones, la iniciativa apunta a reforzar los controles en el ingreso a los establecimientos penitenciarios, tanto de visitas como de personal y proveedores. La medida se enmarca en el plan integral de seguridad del gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el acto, que tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad, se presentaron dos ofertas: una de Nuctech Company LTD por US$1.053.700 y otra de Productos Íntegra Azula S.R.L. por US$1.755.165.

“Estamos cumpliendo una etapa más de reequipamiento y modernización de nuestras fuerzas, incluyendo al Servicio Penitenciario, que viene teniendo un rol muy importante en esta gestión”, destacó el ministro Pablo Cococcioni.

Además, recordó que la política de seguridad incluye la generación de más de 5.000 nuevas plazas carcelarias, lo que permitió reducir de casi 1.800 a poco más de 800 la cantidad de detenidos en comisarías.

“El objetivo es brindarle al personal penitenciario herramientas para ejercer un control riguroso del ingreso y egreso en las cárceles, y limitar el acceso de elementos prohibidos. Eso reduce los riesgos de comunicación con el exterior y las conductas delictivas. Un tercio de los homicidios en la provincia eran ordenados desde una celda, y eso es lo que estamos atacando con estas medidas”, afirmó Cococcioni.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, subrayó que los nuevos dispositivos permitirán separar el ingreso del personal del de las visitas, fortaleciendo el control interno. “La seguridad penitenciaria es clave para cambiar estructuralmente el sistema y darle otro nivel de blindaje a los penales”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, destacó que esta licitación “es fundamental en el diseño de políticas de seguridad pública y penitenciaria, al tiempo que mejora la respuesta del Estado a las demandas de la ciudadanía”.

En la misma jornada, se concretó además la entrega de nuevos uniformes al personal del Servicio Penitenciario. Esta adquisición se realizó en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, que permite ejecutar políticas integrales para fortalecer a las fuerzas de seguridad, mejorar sus condiciones laborales y optimizar la capacidad del Estado para combatir el delito.

El subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, detalló que se trata de una de las licitaciones más importantes del área, con un presupuesto oficial inicial cercano a los $ 28.000 millones. Se adquirieron más de 500.000 prendas, distribuidas en 11 tipos de uniformes, incluyendo los de la Policía de Santa Fe.

“Para el Servicio Penitenciario se incorporaron seis modelos distintos, como los uniformes de seguridad general (gris y negro), administrativos y para los Cuerpos Especiales”, indicó Faraoni. Además, resaltó que, gracias al nivel de exigencia, competencia y transparencia del proceso licitatorio, se logró una baja de casi $ 7.000 millones, cerrando la compra en $ 21.000 millones.

Finalmente, Masneri remarcó que “el Servicio Penitenciario forma parte de un sistema equivalente al de la Policía en el plan de seguridad provincial”, y concluyó: “Cuando ordenamos la cárcel, también ordenamos la calle”.

En los tres primeros meses de 2025 se contabilizaron 59 víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe; 37 en el departamento Rosario y 15 en el departamento La Capital.

"Se trata de una disminución de la cantidad de homicidios del 9,2% a nivel provincial y del 6,3% en La Capital con respecto a igual período del año anterior. En el departamento Rosario se produjo un aumento del 5,7%". Lo señala el último informe del Observatorio de Seguridad Público con datos del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La difusión de los datos del trimestre son casi simultáneos a la difusión de la Resolución 448 del Ministerio de Seguridad firmada por la ministra Patricia Bullrich, de puesta en marcha del llamado Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencia Relacionada que tendrá entre las ciudades seleccionadas a Rosario y Santa Fe. Se trata del llamado Plan 90/10.

La resolución forma parte del Plan Estratégico de Seguridad lanzado por la ministra en diciembre de 2024, que permitió alcanzar una tasa de homicidios de 4 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que se tiene registro en la Argentina, se indicó. Del acto de lanzamiento de ese plan participó entonces el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

El Plan 90/10 focaliza la intervención del Estado en el 10% de los municipios del país —territorios que concentran el 70% de la población nacional y el 90% de los homicidios intencionales—, mediante estrategias coordinadas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional.

Los fundamentos de la norma advierten que los homicidios están frecuentemente asociados a otras formas de violencia, como la intrafamiliar y la juvenil.

"Estas violencias, a su vez, retroalimentan un ciclo que aumenta la probabilidad de incidentes letales, por lo que es fundamental abordar estas dinámicas para tener un impacto sostenible en la reducción de homicidios", señala la resolución.

El plan se propone reducir los factores de riesgo, desarrollar políticas de prevención y fortalecer los vínculos de confianza entre las comunidades y las fuerzas de seguridad federales.

El Plan 90/10 se erige como una respuesta integral, basada en evidencia para reducir no solo las tasas de homicidios intencionales, sino también los factores asociados a la violencia en los territorios más afectados, sin dejar de atender demandas específicas de inclusión realizadas por los gobernadores provinciales a partir de evidencia empírica que surgen de fuentes de datos provinciales.

También asegura que ningún territorio quede desatendido, poniendo énfasis en garantizar la seguridad en cada barrio, pueblo y ciudad, para devolver la tranquilidad y el control de las calles a los ciudadanos. El enfoque es construir un futuro en el que la seguridad permita el desarrollo de las familias argentinas.

Se indicó que el Plan 90/10 surge de un diagnóstico preciso: si bien Argentina registra una tasa de homicidios menor que otros países de la región, existen focos críticos con altos niveles de violencia letal. Estas zonas —atravesadas por la narcocriminalidad, la marginalidad social y la pérdida de control estatal— concentran la mayoría de los homicidios del país.

"Además de representar una tragedia humana, los homicidios provocan graves impactos económicos y sociales", se señaló. Frente a esto, el Ministerio de Seguridad diseñó una estrategia integral de política criminal, centrada en recuperar el control territorial, fortalecer la justicia penal y prevenir nuevas formas de violencia.

Entre las jurisdicciones priorizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación se encuentran Rosario, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Esteban Echeverría, General Pueyrredón, Godoy Cruz, Las Heras, Córdoba Capital, entre otras.

Volviendo a los datos del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, en el primer trimestre, en siete de cada diez homicidios cometidos en la Provincia de Santa Fe se utilizaron armas de fuego. Respecto del primer trimestre de 2024, en el caso de la provincia creció un 5,1% y en el departamento Rosario un 40,9%, mientras que en La Capital disminuyó un 36,4%.

También señala que el 84,7% de las víctimas de homicidios en la provincia fueron varones y el 13,6% entre mujeres, cis y trans.

Tanto a nivel provincial como en el departamento La Capital, la cantidad de varones víctimas registradas fueron las más bajas de los primeros trimestres de todo el período analizado, mientras que el departamento Rosario observó el segundo valor más bajo de toda la serie luego de 2024.

Por otra parte se indica que las cantidades de muertes violentas en la vía pública fueron las más bajas desde 2014 para la provincia de Santa Fe y el departamento La Capital. Respecto de 2024, han disminuido un 25% y 58,3%, respectivamente.

En el departamento Rosario, aunque las cantidades se situaron entre las más contenidas de la serie, aumentó un 21,7% en comparación al primer trimestre del año anterior.