Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe escucharon una serie de objeciones a tres mensajes sobre seguridad que remitió el Poder Ejecutivo para el análisis legislativo.

Las acotaciones las realizó la Corte Suprema de Justicia al mensaje titulado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública advirtiendo sobre el intento de otorgar facultades excesivas a la institución policial y los riesgos de algunas figuras que prevé el mensaje del Poder Ejecutivo.

Los diputados escucharon en primer término a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron aceptar la invitación y encabezados por su presidente, Rafael Gutiérrez, asistieron en forma completa. Daniel Erbetta y Jorge Baclini fueron los encargados de desmenuzar los alcances del mensaje oficial y marcar diferencias mientras que Gutiérrez y Roberto Falistocco fueron haciendo señalamientos parciales ante determinados puntos.

Luego, pasaron por la Comisión dos representantes del Ministerio Público de la Acusación: la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick.

Finalmente fue el turno de la Defensa Pública donde asistió su titular, Estrella Moreno Robinson y el secretario general, Franco Gatti. Ellos sí dieron respaldo al mensaje que crea unidades especiales y ocho cargos para el organismo.

"Marcamos diferencias sobre la base de tratar de respetar un esquema que es el que se sancionó con el Código Procesal Penal, luego con las modificaciones realizadas durante el gobierno de Hermes Binner y que es el único modelo que acepta la Constitución nacional y provincial: es un sistema acusatorio que básicamente se estructura sobre la base de que los fiscales son parte, a ellos les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requiere de un control jurisdiccional. O sea, esa es la función de los jueces", señaló Erbetta al retirarse de la reunión junto a sus pares.

"Vemos en el proyecto que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y con los estándares internacionales. El otro planteo tiene que ver con la necesidad. No sé hasta qué punto es necesario este tipo de modificaciones. Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. En la reunión di un dato muy contundente y es que desde que está vigente el sistema acusatorio, se triplicó la tasa de encierro en Santa Fe", resumió el ministro rosarino.

La reunión de la comisión transitó por un clima de mucho respeto y de algunas preguntas aclaratorias de los diputados. La Corte se encargó de marcar diferencias en la voz de Erbetta con algunas acotaciones parciales de Baclini. El único capítulo que no mereció reproches es el vinculado al tema de recompensas. Allí la justicialista Lucila De Ponti preguntó por el control de ese instituto y fue Gutiérrez quien marcó el rol de los jueces en todo el sistema.

Hubo interesantes acotaciones sobre figuras como medidas privativas de la libertad, la reclusión agravada o de prevención del delito. "Hay que ser muy prudentes a la hora de ceder facultades" marcó Gutiérrez en dos oportunidades. El actual presidente consideró que las restricciones a la libertad no pueden estar en manos del Servicio Penitenciario. Baclini consideró no correcto dejar medidas restrictivas de la libertad sin plazos.

Erbetta también se dedicó especialmente a cuestionar los alcances de la figura de áreas geográficas o áreas de intervención que propone el mensaje del Ejecutivo.

Ya sobre el final del tema, fue Falistocco quien pidió la palabra para marcar la baja del delito pero se encargó de destacar que "el pedido de mayores facultades debería estar acompañado de datos que informen correctamente el porqué darle más facultades a una institución". Más adelante se preguntó "qué ha cambiado para dar mayores facultades".

Después, Baclini hizo algunas observaciones sobre el mensaje -ya votado por el Senado- para intervenir en los dispositivos móviles.

Cuando se retiró la Corte hubo saludos y diálogos entre ministros y legisladores mientras se acercaban al recinto las autoridades del Ministerio Público. Molezniek y Cerliani evitaron opinar sobre medidas que tienen que ver con seguridad pública y no le competen al MPA. Además pidieron algunas modificaciones en normas.

Martín Rosúa y Lionealla Cattalini encabezaron la reunión plenaria con la Corte y con los representantes de los Ministerios Públicos. En la primera parte los acompañó la presidenta de la Cámara, Clara García, quien luego se retiró para asistir al encuentro interministerial que encabezaba el gobernador Maximiliano Pullaro en ATE-Casa España.

Las comisiones de Seguridad Pública que preside Martín Rosúa (UCR) y de Asuntos Constitucionales a cargo de Lionella Cattalini (PS) volverán a tener un plenario en los próximos días y citarán a los colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas, abogados penalistas para analizar estos temas.

Luego, ya en noviembre será el momento de buscar el acuerdo interno entre los bloques de Unidos para llevar el tema al recinto. "No hubo sorpresas en la reunión. Muchas de las advertencias que hizo la Corte las fuimos ya discutiendo internamente y quitando del texto", dijo un diputado radical que trabaja sobre la temática.

La provincia de Santa Fe puso en marcha una nueva convocatoria destinada a reincorporar a policías retirados, una medida que ha tenido una respuesta inmediata por parte del personal en situación de pasividad. Según datos oficiales, en los primeros siete días de apertura del registro, un total de 242 agentes completaron los requisitos necesarios para retomar sus funciones. La iniciativa, impulsada por el gobierno provincial, busca fortalecer la presencia policial en las calles mediante tareas de custodia estratégica.

De acuerdo con la información suministrada, el interés se concentra principalmente en los grandes centros urbanos. De los 242 inscriptos, 111 pertenecen a la ciudad de Rosario y 75 a La Capital, mientras que el resto de los aspirantes se distribuye entre los demás departamentos del territorio santafesino. El perfil de los postulantes es variado: si bien el promedio de edad se sitúa en los 55 años, existe un segmento importante de entre 40 y 49 años, compuesto mayoritariamente por agentes que accedieron al retiro voluntario tras cumplir 25 años de servicio antes de las recientes reformas jubilatorias.

El factor económico aparece como uno de los principales motores de esta convocatoria. Al reincorporarse, el efectivo ve duplicado el ingreso que percibe actualmente como pasivo, ya que la remuneración se ajusta a la última jerarquía alcanzada antes del retiro. Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad estableció un incentivo adicional: aquellos uniformados que permanezcan en servicio activo durante más de 18 meses y demuestren un desempeño ejemplar podrán acceder a un ascenso extraordinario de un grado respecto a su jerarquía original.

El gobernador Maximiliano Pullaro ha destacado la importancia de esta medida, no solo desde lo operativo, sino también desde lo simbólico. Durante un acto reciente en Rosario, el mandatario reconoció a los 88 efectivos que ya se habían sumado a la fuerza en una etapa anterior de la gestión. Pullaro agradeció a quienes, tras años de servicio, decidieron volver a la actividad para colaborar en un momento complejo para la seguridad provincial, subrayando el compromiso de los agentes con el cuidado de la vida y los bienes de los ciudadanos.

El proceso de selección es riguroso y se extenderá hasta el 31 de octubre. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Ministerio de Justicia y Seguridad procederá a evaluar exhaustivamente la foja de servicio y los antecedentes de cada postulante. Es importante destacar que existen exclusiones taxativas: no podrán participar del proceso quienes hayan sido exonerados de la Policía o de la Administración Pública, ni aquellos que hayan sido desestimados en convocatorias previas. La nómina final de los efectivos que volverán a vestir el uniforme se confeccionará tras este análisis detallado.

El Servicio Penitenciario de Santa Fe concretó esta semana la incorporación de 453 nuevos agentes, quienes finalizaron con éxito un riguroso proceso de seis meses de capacitación en la Escuela Penitenciaria. La ceremonia de egreso, que tuvo lugar en la Escuela Penitenciaria Nº 7, ubicada en la avenida Blas Parera 8800, marcó la graduación de la Promoción Nº 64 de Subayudantes. El grupo está compuesto por 221 hombres y 232 mujeres, quienes recibieron una formación técnica específica diseñada para operar en establecimientos de alto perfil, una pieza clave en la actual estrategia de seguridad provincial.

El acto oficial fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Durante su discurso, el ministro destacó que la integración de estos efectivos responde a un proyecto integral liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, cuyo fin último es devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Pablo Cococcioni subrayó la complejidad de la labor penitenciaria, calificándola como una tarea dura y desafiante que requiere una preparación constante. Asimismo, resaltó que la institución santafesina es hoy un referente a nivel nacional e internacional por su rol fundamental en el combate contra el crimen organizado.

El titular de la cartera de Justicia y Seguridad enfatizó el respaldo político y operativo que el Gobierno Provincial brinda a los agentes. Al dirigirse a los graduados, el funcionario afirmó: "Se unen a una institución prestigiosa. Pueden estar orgullosos, ustedes y sus familias, del logro alcanzado". En este sentido, garantizó que la gestión no escatimará esfuerzos en el apoyo a las fuerzas de seguridad cuando deban proceder contra la delincuencia, asegurando que el Estado acompañará el accionar de los agentes en el cumplimiento de su deber, siempre bajo los mecanismos de control necesarios para garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, puso en valor el impacto de estas incorporaciones dentro del Plan de Seguridad de la Provincia. La funcionaria recordó que, en los últimos meses, el Gobierno ha logrado inaugurar más de 1.300 plazas penitenciarias, un avance que, según sus palabras, carecería de sentido sin el recurso humano capacitado para gestionarlas. "Sin ustedes, esas plazas no tendrían sentido", sentenció ante los nuevos agentes, reafirmando que el Servicio Penitenciario es un pilar esencial para la seguridad de todos los santafesinos, tras años de retroceso estatal frente a las bandas narcocriminales.

Lucía Masneri realizó un balance crítico sobre la situación previa, señalando que la provincia atravesó años donde el miedo predominaba y las bandas criminales operaban desde el interior de las unidades carcelarias. Según la funcionaria, el Estado se había retraído, permitiendo que el control de las cárceles se perdiera. "A las promociones anteriores les decían que no molestaran a los presos, que los dejaran; parecía que, con tal de que estuvieran calladitos y quietitos, nada más importaba. Pero sí importaba, porque el Servicio Penitenciario es una parte esencial de la seguridad ciudadana", concluyó, marcando un cambio de paradigma en la gestión de las unidades de detención.

Con un récord de 8.796 inscriptos de todas las provincias, cerró este jueves el plazo para participar de la sexta subasta de bienes incautados al delito que realizará el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El remate se llevará a cabo el próximo viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad: 224 en total.

La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar.

De las 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial, 7.139 corresponden a Santa Fe; 565 a Entre Ríos; 519 a Buenos Aires; 214 a Córdoba; 79 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37 a Chaco; 32 a Corrientes; 30 a Misiones; 25 a Neuquén; 23 a La Pampa; 19 a Santiago del Estero; 14 a Mendoza; 13 a San Luis; 12 a Catamarca y otras 12 a Salta; 11 a Tucumán; 10 a Formosa; 9 a Jujuy; 7 a San Juan y otras 7 a Tierra del Fuego; 6 a Chubut; 5 a Santa Cruz y otras 5 a Río Negro; y 3 a La Rioja.

Tras el cierre de la inscripción, la Provincia realiza ahora el análisis y cruce datos para evitar que entre los anotados haya personas vinculadas con las organizaciones delictivas a las que se les secuestraron los bienes que serán subastados.

Los 224 lotes podrán visitarse el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, en la Estación Belgrano. La exhibición continuará el viernes 16, de 8.30 a 13.

Las acreditaciones para participar del remate comenzarán ese viernes a las 14.30, mientras que el inicio de la subasta está previsto para las 16.20.

El Gobierno Provincial proyecta una recaudación de entre 700 y 800 millones de pesos. Los fondos se destinarán a asistir a víctimas del delito y a financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que durante dos días reunirán en Rosario a fiscales generales, procuradores, funcionarios y especialistas de la Argentina y de otros países.

La actividad es organizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, encabezado por María Cecilia Vranicich; el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal.

Durante su discurso, Pullaro destacó que el encuentro se realiza en “una ciudad que está pacificada”, luego de haber sido una de las sedes de los Juegos Suramericanos. “Pasaron 3,5 millones de personas y no tuvimos una sola incidencia en el sistema 911”, afirmó, y sostuvo que el dato “habla claramente del cambio de piel que ha tenido Rosario”.

El mandatario recordó que, a esta altura de 2023, el departamento Rosario acumulaba 223 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se registraron 62. En toda la provincia, en tanto, se contabilizaron 112 homicidios, frente a los 313 registrados tres años atrás.

“Fue determinación, valentía y decisión de los actores institucionales de trabajar todos los días para pelear contra la violencia y el crimen organizado, para traer orden y paz a la provincia”, aseguró.Pullaro afirmó que durante años las bandas narcocriminales operaron con “impunidad” en Rosario y mataron “generando un círculo de violencia permanente”. Señaló, sin embargo, que se logró reducir los niveles de violencia altamente lesiva “respetando las garantías constitucionales”, porque en Santa Fe “se respeta la ley y la Constitución” y “no se cruza ninguna línea”.

En otro tramo de su intervención, el gobernador sostuvo que la Provincia “va a estar al lado de cada fiscal que hace su trabajo correctamente, porque los resultados alcanzados los hemos tenido juntos”.A la vez, llamó a reflexionar sobre “la romantización del delito”, a la que calificó de errada, y volvió a cuestionar el “garantismo bobo”, que, según dijo, “lideró los circuitos académicos en muchos aspectos y nos hizo mucho daño”.

“El que mata y el que roba tiene que ir preso”, afirmó. Luego convocó a las instituciones del Estado a “estar firmes persiguiendo a quienes delinquen, porque si no nos transformamos en cómplices”, y a “no levantarle el pie de la cabeza al delito” para evitar que “vuelvan a hacer las cosas como hace tres años atrás”.

Por último, Pullaro reclamó avanzar sobre la estructura criminal vinculada al lavado de activos y sobre “los abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales”. En ese punto, respondió a la Asociación de Abogados Penalistas: “Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien de quién estoy hablando, tienen muy claro de quiénes les estamos hablando. No le hablamos al derecho a la defensa; le hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”.

“Es responsabilidad nuestra romper esa barrera que tenemos e ir sobre la cabeza de esas organizaciones criminales para poder mostrarle a una sociedad que quiere vivir en paz y con orden que el Estado está al lado de ellos”, concluyó.

En la misma línea, Vranicich recordó que, tras asumir al frente del MPA en 2023, estableció como prioridad la reducción de la violencia a través de un plan formal de persecución penal. “Hubo una multicausalidad en la baja de los índices de violencia, a partir del mayor control de la política penitenciaria en las cárceles, la implementación de la política de microtráfico, el refuerzo del policiamiento preventivo y el cambio de paradigma en nuestra forma de investigar”, señaló.

La fiscal general consideró que la principal clave es “trabajar mancomunadamente entre todos los poderes del Estado y las agencias, sin egoísmos y con un mismo objetivo”.

Del acto de apertura participaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que también destacó el trabajo realizado junto a la Provincia y valoró la recuperación de la seguridad que están viviendo Rosario y la provincia en general, y puso como ejemplo el éxito de los recientes Juegos Suramericanos. También participaron el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros; y el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena, entre otras autoridades.

Durante las dos jornadas se desarrollarán paneles sobre organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica, violencia de género, litigación ambiental, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen.

El encuentro también contará con exposiciones de especialistas de Italia, Chile y Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las herramientas de investigación y persecución de fenómenos delictivos complejos.

El Gobierno de Santa Fe sorteó este miércoles a los martilleros que intervendrán en la próxima subasta pública de bienes decomisados a organizaciones criminales. La actividad será organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) durante la segunda quincena de octubre, en la ciudad de Santa Fe.

El sorteo se realizó en el anexo del Colegio de Martilleros de Santa Fe. Allí quedaron definidos 20 martilleros titulares -10 de Santa Fe y 10 de Rosario- que participarán de la subasta, además de 10 suplentes. La actividad fue encabezada por el secretario de Gestión de Registros de la Provincia, Matías Figueroa Escauriza, acompañado por la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich; el director Martín Domene; y Pedro Búsico, en representación del Colegio de Martilleros de Santa Fe.

Figueroa Escauriza destacó que el procedimiento “ha dado muy buenos resultados” y que fue perfeccionado en cada edición. “Esta será la sexta subasta desde el inicio de nuestra gestión. Vamos a poner a la venta autos, motocicletas, camionetas, lanchas y propiedades, y seguimos demostrando que en Santa Fe se puede quitar bienes a los delincuentes y venderlos en subasta pública”, afirmó.

El funcionario sostuvo que esta política permite “debilitar el bolsillo y la economía del delito”. “No solo es importante controlar a las organizaciones criminales, detener a quienes las integran y ordenar las cárceles; también hay que quitarles el dinero para impedir que sus estructuras sigan operando en el territorio”, señaló.

En ese sentido, remarcó que las subastas de la Aprad permiten avanzar en ese objetivo mediante “un procedimiento transparente” y con la participación de los colegios de martilleros de Santa Fe y Rosario.

Sobre la actividad prevista para octubre, Figueroa Escauriza anticipó que en los próximos días se abrirá la inscripción obligatoria para participar. “Realizamos un cruce de datos para garantizar que quienes se inscriban no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que se les quitaron los bienes”, explicó.

Además, indicó que en las subastas anteriores se vendieron todos los bienes ofrecidos, con precios base de entre el 30 % y el 40 % de su valor de mercado. “Es una oportunidad para los ciudadanos, una política de Estado para el Gobierno y un acto ejemplificador que demuestra que esto se puede hacer en Argentina”, sostuvo.

Por su parte, Búsico agradeció “al gobernador y a toda la estructura de la Aprad” por una nueva edición del remate y precisó que los martilleros seleccionados serán los encargados de intervenir en la próxima subasta.

La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas con delitos o contravenciones, con el objetivo de asignarles un destino de utilidad social. En sus remates suelen ofrecerse automóviles, motocicletas, inmuebles, equipos informáticos, teléfonos celulares, joyas y otros bienes.

Este martes, la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, se refirió al nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el cual rige en el país el pasado 5 de septiembre, y aseguró que “Santa Fe ya estaba preparada para la entrada en vigencia de esta normativa”.

En ese sentido, indicó que en la provincia “se terminó la impunidad. A partir de ahora, el delito de adulto tiene pena de adulto. Desde un primer momento el gobernador Maximiliano Pullaro fue muy específico y tajante, estando a favor de la baja de la edad de imputabilidad, y por eso nos fuimos preparando a lo largo de la gestión”.

La vocera explicó que “todo lo que es la estructura, infraestructura, oficinas, no tuvimos que generar nada; ni cargos ni recursos humanos nuevos. Ya estábamos listos”. 

A su vez, enfatizó: “la decisión de este Gobierno Provincial es muy clara: por dentro de la ley todo, por fuera de la ley absolutamente nada. Vamos a seguir invirtiendo en obra carcelaria, en estaciones policiales, y en un trabajo sostenido de prevención e investigación, pero también de desarrollo de la aplicación de esta normativa”.

Coudannes contó que desde la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil “tuvimos un caso de un menor de 14 años de San Lorenzo por un robo calificado, cuya audiencia se realizó ayer por la mañana, y por decisión de la Justicia quedó en libertad con medidas. Y otro menor de 15 años de Rosario, por un caso de abuso de armas, donde la Fiscalía finalmente lo desestimó y ordenó la libertad”.

Finalmente, la vocera indicó que desde el Gobierno Provincial “nuestro rol es tener la estructura, los recursos humanos y la infraestructura lista para poder poner totalmente en valor esta normativa que ya veníamos transitando un camino, porque ya teníamos a adolescentes institucionalizados. No empezamos de cero, y esto marca la diferencia. Este es el camino que marcó el gobernador Pullaro con más seguridad, más autoridad, pero también estando siempre listos para lo que venga”.

El Gobierno Provincial dejó inaugurada la Unidad Penitenciaria N° 9 en Recreo, en el departamento La Capital, un edificio que cuenta con 891 plazas carcelarias -con uno de sus pabellones destinado a mujeres- y que permitirá descomprimir las comisarías de la región. 

La nueva UP 9 cuenta con tres subunidades penitenciarias completas, emplazadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, con 475 celdas y capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres. El lugar incorpora además la tecnología más moderna del país aplicada a seguridad.

La inversión total del Gobierno Provincial alcanzó los 80 millones de dólares, de los cuales 25 millones fueron destinados a la incorporación de última tecnología, mientras que el resto se destinó a la construcción. 

La Unidad Penitenciaria N° 9 incorpora identificación de voz para controlar llamadas: reconoce al detenido y a los interlocutores autorizados y corta automáticamente la comunicación si habla otra persona. “La convierte en la cárcel con más tecnología aplicada a la seguridad del país”, remarcó el gobernador, Maximiliano Pullaro.  

La tecnología aplicada incluye además monitoreo con inteligencia artificial y reconocimiento facial para detectar personas buscadas, visitantes y posibles situaciones de riesgo. El gobernador lo asemejó al sistema Lince, que ya se usa en la ciudad de Rosario y que se implementará en la capital provincial próximamente, que mediante Inteligencia Artificial aplicada a las cámaras de videovigilancia, ayuda a resolver con celeridad distintos tipos de delitos. 

“Se trata de un Lince carcelario que identifica los rostros de personas que vienen a la Unidad Penitenciaria y pueden tener pedidos de captura o sobre alguna situación que quieran hacer los detenidos”, señaló el mandatario provincial, quien reconoció que toda esta inversión permite contar con un sistema de monitoreo único: “Como ninguna otra cárcel, va a permitir trabajar mucho más cómodos”, subrayó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri, detalló que en la UP 9, los agentes penitenciarios contarán con “una unidad que durante la guardia nocturna estará iluminada como si fuese de día y con cámaras que tendrán una alerta si alguien se acerca al perímetro”, en tanto que explicó que “un celador que se encuentre cubriendo la guardia de la noche en un pabellón con una emergencia, como por ejemplo un interno acercándose a la reja del otro, va a disparar una alarma, la cual podrá activar apretando un botón y tendrá a todos los grupos operativos a disposición”.

Masneri destacó que la inversión en tecnología es “invertir en seguridad para la sociedad y es cuidar a quienes nos cuidan”, y que “no es despilfarro” sino una muestra de “eficiencia en que los recursos santafesinos son puestos en la seguridad”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 homicidios en todo el territorio provincial, lo que representa una reducción del 67 % respecto del mismo período de 2023, cuando se contabilizaron 217 asesinatos. Se trata del registro más bajo de los últimos 25 años, según los datos del Observatorio de Seguridad Pública.

La información fue presentada este jueves por la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la que repasó los principales indicadores del Plan de Seguridad que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Del total de homicidios registrados entre enero y junio de este año, 45 ocurrieron en el departamento Rosario y 15 en el departamento La Capital. En Rosario, la disminución fue del 70 %, al pasar de 150 homicidios en el primer semestre de 2023 a 45 en igual período de 2026. En La Capital, la reducción alcanzó el 57 %, con 15 casos frente a los 35 registrados tres años atrás.

Coudannes definió estos resultados como “una baja inédita”, y sostuvo que obedecen a una política pública sostenida en el tiempo. “No es magia ni demagogia. Es el resultado de acciones, de un plan de inversiones, de una decisión del gobernador de dar siempre prioridad al Plan de Seguridad, que está en constante reconstrucción y mejora. Todo eso es inversión, decisión y seguimiento”, afirmó.

“El miedo cambió de lado”

Luego, la vocera explicó que se toman como muestra los datos del Observatorio de Seguridad Pública, una herramienta conjunta del Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y que estos números reflejan que “la desidia, la improvisación y la falta de planificación en materia de seguridad durante la anterior gestión de gobierno era una moneda corriente”, pero esa situación “hoy cambió, el miedo cambió de lado, y no es una frase hecha, es una realidad, porque los vecinos y los comerciantes nos lo transmiten”.

Según señaló, la actual estrategia combina prevención, presencia policial, investigación criminal, atención a las víctimas y un monitoreo permanente de los indicadores del delito. Además, destacó que existe un seguimiento diario de la actividad policial y de la distribución de los recursos en el territorio por parte del gobernador y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Por último, Coudannes advirtió que, pese a la fuerte reducción de los homicidios, el desafío continúa: “Todavía hay delincuentes y organizaciones criminales que resisten, pero nosotros no vamos a dar un paso atrás. Al gobernador Pullaro y a nuestra gestión no los va a vencer la delincuencia”, concluyó.

Este viernes, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, encabezó una conferencia de prensa en la que repasó distintos temas de la agenda provincial y puso en valor los resultados alcanzados por la gestión en materia de seguridad, respaldados por indicadores operativos y estadísticas policiales. Además, brindó precisiones sobre obras públicas que ejecuta la Provincia y se refirió al escenario sanitario actual.

En materia de seguridad, Coudannes destacó que durante 2026 ya se realizaron más de 2.100 allanamientos en todo el territorio provincial, con más de 1.700 personas aprehendidas y 260 armas secuestradas.

“Estos son los policías que trabajan y que usan su información para generar resultados muy importantes”, afirmó. Como ejemplo, señaló que entre el 5 y el 11 de junio se concretaron 120 allanamientos en distintos puntos de la provincia, con 111 detenidos y 25 armas secuestradas.

La vocera también subrayó la importancia del patrullaje preventivo y remarcó la mejora en los tiempos de respuesta del sistema de emergencias 911 en la ciudad de Santa Fe. “Tenemos tiempos muy importantes: siete minutos para incidencias generales y 5 minutos 46 segundos para las de alta prioridad, es decir, aquellas situaciones en las que existe riesgo para la vida o los bienes”, detalló.

Respecto de los controles preventivos, informó que en lo que va del año ya se realizaron más de 290.000 identificaciones de personas y 84.000 de vehículos en la capital provincial. Además, indicó que el promedio de intervenciones es de 77 por móvil y por hora, con picos de 81.

En cuanto a la lucha contra el narcomenudeo, Coudannes destacó que ya fueron derribados 126 inmuebles utilizados como puntos de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico.

La vocera también se refirió a la reciente detención de nueve policías en Rosario en el marco de una investigación judicial impulsada a partir de allanamientos realizados por el área de Asuntos Internos de la Subsecretaría de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad. “El mensaje que transmitimos es que son delincuentes que utilizan el uniforme de la prestigiosa Policía de Santa Fe para cometer delitos”, señaló.

En otro tramo de la conferencia, Coudannes se refirió a distintas obras que la Provincia ejecuta en Rosario. En ese sentido, confirmó que la restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera será inaugurada el próximo 17 de junio a las 9.30.

“Es una obra vinculada a la identidad de los rosarinos y de todos los santafesinos, que el gobernador Maximiliano Pullaro decidió asumir luego de que fuera abandonada por el Gobierno nacional”, señaló.

Asimismo, confirmó que el acto central por el Día de la Bandera, previsto para el 20 de junio, contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

“Ya hubo reuniones entre las áreas de Protocolo de la Provincia y de la Nación para coordinar todos los detalles”, adelantó.

También mencionó la intervención en la Cascada del Saladillo, una obra que, según indicó, fue retomada por la Provincia tras la paralización de los trabajos por parte de la Nación.

“Ante el retiro del Gobierno nacional, la Provincia volvió a hacerse cargo, como lo ha hecho con muchas otras obras que las localidades necesitan y merecen”, afirmó.

Consultada sobre el pedido formulado por el Gobierno nacional para que la Provincia realice reparaciones en el actual Puente Carretero mientras avanza la construcción del nuevo viaducto, Coudannes confirmó la solicitud.

“Se trata de grietas de menor magnitud que las detectadas en 2024. Tenemos la mejor predisposición porque el gobernador Pullaro siempre se hace cargo, pero necesitamos sentarnos con Nación para ordenar responsabilidades y avanzar de manera coordinada”, expresó.

Por último, la vocera se refirió al aumento de enfermedades respiratorias registrado en las últimas semanas.

“Estamos atravesando una mayor circulación de enfermedades respiratorias, algo habitual para esta época del año. Sin embargo, es importante destacar que el sistema de salud no está colapsado”, aseguró.

En ese sentido, destacó el avance de la campaña de vacunación. “Ya se aplicaron más de 400.000 dosis y estamos cerca de alcanzar al 50 % de la población objetivo. Esto, junto con los cuidados que adopta la ciudadanía, contribuye a sostener una situación sanitaria controlada”, concluyó.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, y la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, brindaron detalles sobre la captura de Andrés Raúl “Plin” Acosta, uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe, por quien el Gobierno de la Provincia ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos. El hombre, de 27 años y oriundo de San José del Rincón, permanecía prófugo y tenía pedido de captura vigente por causas vinculadas a asociación ilícita y tenencia de armas de fuego.

La detención se concretó durante la madrugada de este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la salida de un local bailable, en un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.

Al referirse a la investigación, Angelini explicó que Acosta está vinculado a una organización criminal liderada por Francisco “Fran” Riquelme. “Es una persona que está siendo investigada por la Fiscalía y que aparece relacionada con la banda de Fran Riquelme. El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4, armas de alto poder de fuego. Según la investigación, existen elementos que vinculan directamente esas armas con Acosta”, señaló.

El funcionario agregó que esa conexión con la organización criminal lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad provinciales. “Por su vinculación con Fran Riquelme, era una de las personas más buscadas dentro de la provincia de Santa Fe”, afirmó.

Respecto del procedimiento, Angelini indicó que el sospechoso intentó evadir a los agentes al momento de ser interceptado. “Quiso escapar, pero el operativo había sido planificado contemplando esa posibilidad. Se tomaron todas las precauciones necesarias y se logró reducirlo y detenerlo rápidamente”, explicó.

El funcionario santafesino también destacó la política de recompensas impulsada por el Gobierno provincial para localizar y capturar a personas prófugas vinculadas con organizaciones criminales. “Estas estructuras delictivas tienen puntos débiles y la información es uno de ellos. Vamos a seguir destinando todos los recursos necesarios para que cada uno de los integrantes de estas organizaciones que tanto daño han causado en Rosario y en la provincia, terminen tras las rejas”, sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria Virginia Villar explicó que la captura fue el resultado de tareas de inteligencia desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. “Se llegó a Acosta a partir de distintas acciones de análisis e investigación realizadas por el área de Inteligencia Criminal, en un trabajo articulado con la Fiscalía”, indicó.

Además, remarcó el papel de la Ciope en este tipo de procedimientos. “Una de las misiones específicas de la Ciope es la localización y captura de objetivos de alto perfil. Se trata de una política prioritaria del Gobierno provincial. En los últimos 23 meses se concretaron 17 capturas de estas características, prácticamente una por mes, todas consideradas de relevancia para la seguridad pública”, concluyó.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, presentó este lunes los resultados de las acciones investigativas y operativas desarrolladas por la Policía de Investigaciones (PDI) durante mayo en todo el territorio provincial, y destacó además el alcance de la implementación de la Ley de Microtráfico, que puso en marcha la gestión de Maximiliano Pullaro.

Según los registros del Departamento de Control de Gestión, durante mayo se concretaron 498 allanamientos y requisas en el marco de un trabajo coordinado entre fiscales, investigadores y personal especializado de la fuerza en las cinco regiones de Santa Fe.

Los procedimientos permitieron secuestrar 312 teléfonos celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones y 43 vehículos vinculados a distintas investigaciones judiciales.

En materia de narcocriminalidad, además, fueron incautados 5.409 gramos de cocaína y más de 120 kilos de marihuana, junto con plantas de cannabis. También se secuestraron más de 34 millones de pesos y 285.751 dólares que, de acuerdo con las investigaciones en curso, estarían relacionados con actividades ilícitas.

Los datos reflejan además una intensa actividad operativa en las principales ciudades de la provincia y en ese sentido, Angelini destacó que “en Santa Fe hay un equipo de Seguridad consolidado bajo el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni”.

El funcionario detalló que en la ciudad de Santa Fe se realizaron 57 allanamientos, mientras que en Rosario se llevaron adelante 46 procedimientos, consolidando la presencia territorial de la PDI y fortaleciendo las tareas de investigación criminal.

Al evaluar los resultados, Angelini destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas en las pesquisas. “Estos allanamientos son la etapa final de un trabajo muy profesional que viene llevando adelante la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía”, afirmó.

“Son el resultado de mucho tiempo de trabajo en la calle, reuniendo pruebas para presentar ante la Justicia. Vamos a seguir por el camino de la profesionalización de la fuerza porque cada allanamiento, cada investigación y cada golpe a las organizaciones criminales contribuye a reducir su poder de fuego y a brindar más seguridad a los santafesinos”, añadió.

El funcionario remarcó que detrás de cada procedimiento existe una tarea sostenida de inteligencia criminal y recolección de pruebas que permite avanzar sobre estructuras delictivas complejas. “Cada golpe a una organización criminal significa quitarle capacidad operativa, recursos económicos y margen de acción. Ese es el camino para seguir recuperando la tranquilidad en nuestros barrios”, sostuvo.

Angelini atribuyó parte de los resultados obtenidos a la implementación de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Pullaro, que permitió a la provincia asumir un papel más activo en la persecución de los delitos vinculados al narcomenudeo.

“La Ley de Microtráfico ha sido una de las herramientas más importantes en los resultados que estamos obteniendo en estos dos años y medio de gestión”, aseguró.

En ese sentido, explicó que las organizaciones criminales disputan el control territorial para ampliar la comercialización de estupefacientes y que esa competencia suele derivar en episodios de violencia. “Las bandas buscan dominar territorios para incrementar su capacidad de venta de droga y eso genera violencia lesiva. Por eso estos allanamientos representan golpes importantes contra esas organizaciones. No podemos darles ni un milímetro de margen para que se recuperen y vuelva la violencia a Rosario”, señaló.

El secretario también destacó la importancia de sostener una política permanente de investigación criminal para anticiparse a las nuevas dinámicas del delito y evitar la recomposición de las estructuras narco.

Finalmente, valoró la tarea desarrollada por el Servicio Penitenciario para limitar la capacidad de los jefes narco de continuar operando desde prisión. “Hoy los líderes de las organizaciones criminales tienen cada vez menos posibilidades de impartir órdenes desde las cárceles. Pero la lucha contra el crimen organizado exige un trabajo permanente del Estado, con investigación, inteligencia criminal y presencia en el territorio”, concluyó.

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, junto con el secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, Claudio Díaz, y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone, recibieron este martes a una delegación de funcionarios de la República de Chile, con quienes recorrieron las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel para internos de alto perfil que construye la gestión de Maximiliano Pullaro en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.

La construcción del complejo forma parte del nuevo esquema penitenciario impulsado por el Gobierno de la Provincia para reforzar el control sobre líderes de organizaciones criminales y presos de alta peligrosidad. La obra demanda una inversión superior a los 143.000 millones de pesos y está previsto que sea inaugurada en mayo de 2027. Tendrá capacidad para alojar a 1.152 reclusos.

La comitiva chilena estuvo integrada por representantes de la Embajada de Chile y funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Justicia y Derechos Humanos, quienes conocieron aspectos vinculados con la infraestructura penitenciaria, las condiciones de seguridad y las estrategias de aislamiento destinadas a internos considerados referentes de estructuras criminales.

La representante de la División de Presupuesto, Planificación e Infraestructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Loreto González, remarcó el aspecto que más llamó la atención de la delegación: “Nos sorprendió el plazo de construcción, porque las cárceles tradicionales suelen demandar entre cinco y siete años. Es un tiempo muy extenso para gobiernos presidenciales que duran cuatro años y, además, tenemos una sobrepoblación penitenciaria que crece día a día”. Y concluyó: “Visitamos este recinto precisamente por la rapidez de ejecución y por el modelo de segmentación de la población penal”.

Durante la recorrida, Masneri explicó que el diseño del establecimiento apunta a limitar el contacto entre los detenidos. “Esta unidad se caracteriza por intentar separar a los internos entre sí. Tendrá 1.152 plazas y quienes estén vinculados con bandas criminales serán clasificados en grupos de 12”, señaló.

Luego se refirió al muro perimetral que dividirá “el afuera y el adentro de la unidad”, al sostener que “va a separar a la sociedad de los narcotraficantes y de quienes intentan dañarla permanentemente”.

Sobre esa infraestructura, detalló: “El muro fue pensado con dos objetivos. Por un lado, protegernos de ataques externos; por eso tendrá nueve metros de altura. Y por otro, garantizar la circulación interna, tanto vehicular como peatonal. Las únicas aperturas estarán ubicadas junto al edificio de gobierno”. Y añadió: “El ingreso será siempre de manera controlada”.

Por su parte, Díaz celebró que “esta obra realizada por la Provincia de Santa Fe pueda ser útil para impulsar iniciativas similares en otros lugares”, y valoró que “otros países puedan visitarnos y tomarla como referencia o inspiración para abordar desafíos tan relevantes para América Latina como la seguridad y el combate a los delitos transnacionales”.

En relación con el proyecto, Leone destacó la metodología constructiva aplicada, que permite ejecutar la obra en “plazos más breves que los de una construcción tradicional”. El complejo tiene un tiempo estimado de ejecución de 18 meses.

Por Juliano Salierno

El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, presentó este miércoles en la ciudad de Coronda el Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un documento que resume los principales indicadores criminales, resultados judiciales y desafíos institucionales del organismo en el departamento La Capital y su zona de influencia.

La actividad se realizó desde las 11 de la mañana en el Instituto Superior del Profesorado Nº 6, ubicado en la intersección de San Martín y Rivadavia, y contó con la presencia de la fiscal general María Cecilia Vranicich.

La exposición marcó además el inicio de una recorrida institucional que continuará entre viernes y lunes con las presentaciones de los informes anuales de las fiscalías regionales de Rafaela y Reconquista.

El documento de 105 páginas elaborado por la Fiscalía Regional 1 y publicado en la web oficial www.mpa.santafe.gov.ar, fija como prioridades estratégicas para el período 2026-2027 la persecución de las violencias altamente lesivas vinculadas a economías criminales, los delitos cometidos por funcionarios públicos, los hechos de violencia de género y los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.

Uno de los datos centrales del informe refiere a los homicidios dolosos registrados en el departamento La Capital durante 2025. Según el relevamiento oficial, hubo 52 víctimas, lo que representa una tasa de 8,6 cada 100 mil habitantes.

Aunque la cifra resulta levemente superior a la del año anterior, el MPA destacó que se trata del segundo registro más bajo desde 2014.

El informe señala además que el 61,5% de esos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, mientras que el 28,8% se perpetró con armas blancas. La mitad de los homicidios tuvo origen en conflictos interpersonales y un 23,1% estuvo vinculado a organizaciones criminales o economías ilegales.

Otro dato significativo es que el 67,3% de los asesinatos ocurrió en la vía pública.

En paralelo, la Fiscalía Regional registró 298 personas heridas por armas de fuego en el departamento La Capital, una reducción del 6,6% respecto del año previo.

Uno de los apartados más relevantes del informe pone el foco en un fenómeno que el MPA considera “invisibilizado”: la carga institucional que generan las muertes violentas no dolosas.

Durante 2025 se registraron en toda la provincia 964 muertes violentas. De ese total, el 46,5% correspondió a suicidios; el 31,7% a siniestros viales; y el 21,8% a homicidios dolosos.

En el ámbito específico de la Fiscalía Regional 1 se contabilizaron 264 muertes violentas: 126 suicidios, 77 fallecimientos en hechos viales y 61 homicidios, repitiendo el patrón provincial.

El informe remarca que tanto los suicidios como los siniestros viales demandan una intensa actividad investigativa y pericial para descartar hipótesis criminales, lo que implica autopsias, análisis forenses y relevamientos digitales que muchas veces no son percibidos públicamente.

Otro de los ejes destacados fue el crecimiento de las investigaciones por microtráfico desde que el MPA asumió competencias provinciales en esa materia.

La Fiscalía Regional 1 informó 4.178 ingresos vinculados al narcomenudeo y la apertura de 581 causas penales. Durante 2025 se concretaron 163 allanamientos específicos y se obtuvieron 85 condenas.

El Gobierno de Santa Fe continúa profundizando su política de seguridad con eje en la profesionalización de las fuerzas policiales y el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal. En ese marco, durante esta semana se desarrolla en Rosario la capacitación internacional “Asesoría antidrogas orientada a perfilamiento de carga y bandas criminales transnacionales”.

La actividad está a cargo de especialistas de la Policía Nacional de Colombia y cuenta con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

La apertura tuvo lugar este lunes en la sede de Gobierno de Rosario y fue encabezada por los secretarios de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y de Seguridad Pública, Omar Pereira.

La capacitación reúne a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), áreas de Análisis de Inteligencia Criminal, Guardia Provincial y otras fuerzas de seguridad, con el objetivo de incorporar herramientas para combatir organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y al delito transnacional.

Santantino destacó que este tipo de instancias representan “una oportunidad única para seguir construyendo una carrera policial dentro de la Policía de Santa Fe, cada vez más moderna y con un fuerte eje en la profesionalización de sus funcionarios”.

Además, valoró el trabajo articulado con la Embajada de Estados Unidos: “El vínculo que hemos logrado con INL nos permitió avanzar primero en capacitaciones a distancia y ahora en instancias presenciales, mucho más enriquecedoras, con una mirada de futuro que creemos que los santafesinos nos merecemos”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, remarcó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación internacional para enfrentar delitos complejos.

“Estos intercambios permiten afrontar de mejor manera determinados delitos y crímenes internacionales o transnacionales, a través del intercambio de experiencias y la cooperación”, señaló.

Díaz recordó además que, al asumir la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro definió a la seguridad como uno de los ejes prioritarios, junto con la producción y la educación. “Se diseñó una política pública y se buscó construir alianzas estratégicas para mejorar de forma permanente la capacitación de nuestras fuerzas. En buena medida, eso se está logrando y los resultados comienzan a verse”, afirmó.

En la misma línea, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que tanto el gobernador Pullaro como el ministro Pablo Cococcioni impulsaron desde el inicio “un plan de seguridad estricto”, cuyos resultados comienzan a evidenciarse y que se complementa con este tipo de capacitaciones.

“El delito actual, especialmente el vinculado al narcotráfico, presenta niveles crecientes de complejidad y transnacionalidad. Por eso es indispensable sostener una actualización y un perfeccionamiento permanentes de todas las áreas de la Policía de Santa Fe”, indicó.

La “Asesoría antidrogas orientada a perfilamiento de carga y bandas criminales transnacionales” se desarrolla desde este lunes 11 hasta el viernes 15 de mayo en el Salón Walsh de la sede de Gobierno en Rosario.

La agenda incluye además la visita del agregado diplomático estadounidense Tim McNally, quien jueves y viernes mantendrá reuniones con autoridades provinciales y recorrerá distintos dispositivos vinculados a la seguridad pública, entre ellos la Central OJO, la Estación Policial Centro de Rosario y la obra de la cárcel de máxima seguridad “El Infierno”, en Piñero.

McNally también participará del acto de cierre y de la entrega de diplomas a los agentes que forman parte de la capacitación.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, brindó este jueves una conferencia de prensa en Rosario en la que repasó distintos ejes de gestión del Gobierno de Santa Fe y destacó los resultados obtenidos por el sistema Lince en materia de seguridad pública. Asimismo, valoró el plan de desarrollo productivo impulsado por la Provincia y la participación del gobernador Maximiliano Pullaro en la Expo San Juan Minera 2026.

En primer término, Coudannes remarcó la baja sostenida de homicidios y delitos registrada desde el inicio de la gestión de Pullaro, especialmente en Rosario, y señaló que Lince constituye “una herramienta fundamental de este plan de seguridad”.

La funcionaria definió a Lince -el sistema de inteligencia artificial y videovigilancia desarrollado por la Provincia- como “un sello de nuestra gestión”. Y agregó: “Lince todo lo ve. Todo delito deja rastros y Lince los encuentra y permite detener a los delincuentes”.

Luego explicó que se trata de “un sistema de videovigilancia con cámaras de alta tecnología e inteligencia artificial que permite esclarecer delitos en tiempo real y también aportar, con muchísima rapidez, información clave para las investigaciones”.

Según precisó, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 el sistema registró “más de 500 requerimientos, de los cuales más de 370 fueron positivos, y el 78 % de esos casos tuvo hallazgos relevantes”.

A partir de estas intervenciones, Lince permitió identificar patentes, rostros y domicilios de sospechosos, además de facilitar detenciones, allanamientos y secuestros de armas de fuego y otros elementos de interés para las investigaciones judiciales.

“La ciudad de Rosario hoy tiene algo que todo lo ve. Así que el que delinque las paga. Esta es una decisión política del gobernador, con un plan de seguridad muy sólido que permanentemente se repiensa. Lince es una herramienta fundamental para que los vecinos estén tranquilos”, concluyó Coudannes.

Durante la conferencia, la vocera también se refirió al plan de desarrollo productivo impulsado por el Gobierno Provincial y destacó la participación de Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en la Expo San Juan Minera 2026.

En ese marco, explicó que ambos funcionarios firmarán un convenio de cooperación con el Gobierno sanjuanino “para abrir nuestros puertos y aeropuertos a la actividad minera”.

“Santa Fe se está proyectando al mundo y abriéndose a nuevos mercados. Esto también permitirá fortalecer el vínculo con nuestras industrias y servicios. En nuestro plan de desarrollo económico no solo están el campo y la industria: buscamos incorporar otras actividades que potencien el crecimiento económico y el desarrollo de todos los santafesinos”, sostuvo.

Más de cien empresas santafesinas participan de la feria minera en San Juan con acompañamiento del Gobierno Provincial y del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por último, Coudannes abordó el debate por la infraestructura vial vinculada al sistema portuario y al estado de las rutas nacionales. En ese sentido, aclaró que la Provincia trabaja en la conformación de un fideicomiso junto a los actores del sistema logístico y descartó la creación de nuevos tributos.

“No va a haber un impuesto nuevo, ni una tasa ni un peaje. Estamos trabajando en un fideicomiso con todos los actores vinculados a la actividad portuaria para resolver un problema estructural que todos identificamos”, afirmó.

Además, indicó que durante cada campaña agrícola ingresan más de dos millones de camiones a los puertos del sur provincial. “El 35 % son de Santa Fe y el 65 % restante proviene de otras provincias. Hoy Santa Fe sostiene con inversión propia gran parte de la logística nacional y no recibe nada a cambio”, concluyó.

Fue en Las Parejas. La intervención -la número 114 que se realiza en toda la provincia-, fue realizada en un inmueble de la zona urbana de la ciudad y se enmarca en las acciones llevadas adelante por la actual gestión provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, que impulsó el gobernador. Participaron representantes del Gobierno Provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.

Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales.

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.

Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones.

En el operativo estuvieron presentes también la senadora suplente Sandra Clerici y la presidente del Concejo Municipal, Roxana Collaud.

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana.

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.

En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este jueves en Rosario la beca de Auxiliar Forense para Asistente de Investigación del Ministerio de Justicia y Seguridad, una formación profesional que busca fortalecer el sistema de investigación técnica de la provincia, y que contará con certificación del Ministerio de Educación.

En su discurso, el mandatario expresó que a la beca la "vemos como un avance muy importante y significativo, porque va a trabajar directamente en la formación y capacitación de los investigadores de manera inicial, intentando diferenciar las ramas que tiene la seguridad pública, la Policía de Santa Fe, la seguridad preventiva, la práctica investigativa y la inteligencia, y desde ese lugar poder tener todos los días mejores resultados".

Luego, el gobernador saludó al personal de la Policía de la Provincia y a los jefes, "que tanto le han dado a nuestra provincia, con mucha dedicación, con mucho trabajo, logrando cambiar la historia de nuestra provincia", y recordó que "hace tres años en Santa Fe no podíamos salir a la calle y la sociedad estaba golpeada y agobiada”. “Estábamos destinados a ser una sociedad que no iba a tener más eventos masivos, que no iba a poder disfrutar los parques, que la gente no iba a poder salir a la vereda. Y eso hoy cambió fundamentalmente porque ustedes tomaron la decisión de atacar al delito de manera frontal”, subrayó el gobernador. En esa línea, sumó que su gestión implementó “un plan de seguridad que permita dar vuelta a esa página de la historia, y desde ese lugar se los quiero agradecer y decirles que esta generación de jefes policiales va a quedar en la historia de la Policía de la provincia”.

Las funciones del auxiliar forense consisten en realizar tareas de asistencia en la escena del crimen; procesar indicios en laboratorios para generar pruebas válidas en juicio; asistir en la investigación a la Policía de Investigaciones (PDI); y gestionar documentación asociada a los registros penales.

La formación profesional inicial tendrá cuatro meses de duración, de modalidad híbrida, teórico-práctica y con cursado en Rosario. Algunos de los requisitos para acceder a la beca son tener entre 18 y 30 años y el secundario completo. La inscripción comienza el 30 de marzo y se extenderá hasta el 11 de abril. Los interesados en obtener más información pueden escribir al correo S.formacionycarrera@santafe.gov.ar.  

La secretaria de Educación de la provincia, Carolina Piedrabuena, dijo que la beca “se marca en un plan de otras formaciones dentro de la Ley de Educación Técnico-profesional que tiene como uno de los objetivos dotar de herramientas para la calificación, para la re-calificación y también la inserción laboral, en este caso en el ámbito de la seguridad pública”.

Luego, la subsecretaria de Articulación de Procesos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ana Viglione, sostuvo que “la investigación cambia permanentemente y muy rápido: antes alcanzaba con conocer la calle, saber a quién entrevistar; hoy necesitamos saber de tecnologías, de redes, de nuevas formas de hacer negocios y un montón de contenido que nos desafía permanentemente”, y explicó que “el auxiliar forense va a asistir en esa tarea al investigador, que es quien conduce la investigación. El asistente va a tener las herramientas específicas según las necesidades y los temas que se deban abordar en el marco de esa pesquisa”.

Para ello, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, “junto con el Ministerio de Educación, con la PDI y la Escuela de Investigaciones, diseñamos un plan de estudio, un proceso de selección, un contenido específico pensando en las necesidades que va a tener un investigador”, y agregó que la formación “va a tener un contenido teórico, se va a desarrollar el primer mes en la ciudad de Rosario, pero va a tener una fuerte impronta de prácticas profesionalizantes. Dura 4 meses, pero no termina allí: luego van a haber especialidades conforme al perfil y la competencia. Con esto, empezamos a formar específicamente a nuestros futuros investigadores”, concluyó.

Del acto, realizado en la Sede de Gobierno, participaron también los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Educación, José Goity; la diputada Clara García; el jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado; y el jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, entre otros.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, señalado como líder de una organización narcocriminal y prófugo desde diciembre de 2024, en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Búsqueda de Alto Perfil de la PDI santafesina, en cumplimiento de una orden del juez federal Aldo Alurralde. Mendieta era intensamente buscado por la Justicia Federal, y sobre él pesaba una recompensa millonaria ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes aportaran datos que permitieran su localización.

El detenido está sindicado como el cabecilla de una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte y zonas de influencia, investigación que derivó en la detención de varios integrantes de su organización.

Días atrás, la Justicia Federal condenó a cuatro miembros del grupo, quienes asumieron su responsabilidad penal en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.Los imputados habían sido detenidos durante allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024 en distintos domicilios de la zona norte de la capital provincial, donde se secuestraron dosis de drogas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el marco del acuerdo judicial, recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico de estupefacientes y tenencia de estupefacientes en concurso real. En el caso de Eduardo Alejandro Santa Cruz, la condena fue unificada en cinco años de prisión efectiva debido a una sentencia previa.

La investigación estableció que los condenados integraban un engranaje criminal cuyo jefe era Mendieta, ahora detenido.

Tras las condenas, el fallo judicial dispuso remitir los elementos secuestrados al juzgado federal por su vinculación con la investigación que tenía como principal objetivo capturar a Mendieta.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, entregó este lunes el equipamiento reglamentario a 811 suboficiales de policía egresados de la cohorte 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (ISEP). Con esta provisión, los nuevos efectivos quedaron formalmente incorporados al servicio y serán destinados a distintos puntos del territorio santafesino.

El equipamiento entregado a estrenar comprende una pistola Bersa 9 mm de doble acción como arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme de fajina completo. La inversión total asciende a $ 33.000 millones, destinada a garantizar que los agentes inicien sus funciones con los elementos esenciales de protección y trabajo.

Durante el acto, realizado en la sede del ISEP en la ciudad de Recreo, el director de Formación para la Seguridad y Gestión de Carrera, Federico Zingerling, subrayó que “por primera vez estos suboficiales que recién egresan salen a trabajar sin gastar ni un centavo, con todo el equipo completo”. Detalló además que la inversión provincial incluyó $ 20.000 millones en uniformes, $ 2.000 millones en armamento y $ 11.000 millones en chalecos balísticos. Asimismo, los egresados quedaron formalmente afiliados a la obra social Iapos.

El funcionario indicó que los efectivos están en condiciones de iniciar sus tareas de inmediato, y precisó que el destino de cada suboficial será definido por el ministro de Justicia y Seguridad en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública.

Los policías egresados, de entre 18 y 28 años y provenientes de distintas localidades de la provincia, cursaron su formación bajo un nuevo régimen de internado impulsado por el Gobierno santafesino. El sistema establece permanencia de lunes a viernes dentro del instituto, favoreciendo una mayor integración entre docentes e instructores y una preparación más ajustada a las exigencias del servicio policial.En ese marco, Zingerling destacó que para implementar este régimen también se ejecutaron obras de infraestructura en el ISEP, incluyendo mejoras en los sistemas de cloacas, provisión de agua y reacondicionamiento edilicio. “Se acondicionaron las instalaciones para el bienestar de los cadetes y para garantizar condiciones adecuadas durante su estadía”, concluyó.