Desde hace quince días, cuando el Poder Ejecutivo ingresó por la Cámara de Diputados el mensaje con el pomposo título de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública se inició un fortísimo debate entre actores del sistema penal y entre legisladores que son los que tendrán que dar luz verde a ese proyecto que incluye la reforma a seis leyes vigentes.

"El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta", expresa el mensaje.

"En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho" subraya el Poder Ejecutivo en la parte central de sus considerandos.

En las facultades policiales que pretende tener el Poder Ejecutivo parece estar el primer gran escollo de la reforma. "Ni locos les damos más poderes y sin control a la policía" se escucha en los pasillos de la Cámara de Diputados de voces no solo opositoras, sino también oficialistas, especialmente del socialismo, pero también de algunas radicales aunque en voz muy baja.

"¿Era necesario abrir ahora este debate cuando tenemos por delante que decidir la nueva ley electoral y varias leyes que nos obliga la reforma constitucional?" se escuchó preguntar en el despacho de los senadores radicales. Para la política, lo central es avanzar con la futura regla para las elecciones y no pocos sectores oficialistas y opositores quieren definirlo antes del receso invernal por más que se esté jugando el Mundial de fútbol.

"Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos" posteó el Ministerio de Justicia y Seguridad y compartió el propio gobernador Maximiliano Pullaro.

Pablo Cococcioni, ministro del área, y la vocera, Virginia Coudannes, fueron los voceros del paquete cuyo debate está aún verde en Legislatura.

"No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz", recalcó la vocera.

Cococcioni insiste con que la criminalidad está contenida pero sigue latente y admitió que el mensaje "es la aspiración del Poder Ejecutivo y todo proyecto es para ser discutido".

En los primeros meses de la gestión de Pullaro, un avasallante Ejecutivo con cómodas mayorías en ambas cámaras, sancionó una docena de leyes referidas al tema seguridad que le permitieron meter manos en el tema y los indicadores de violencia bajaron en lo que va del mandato. Algunas de esas leyes sufrirían modificaciones de prosperar el mensaje del Ejecutivo.

Hoy el momento político no es el mismo. Unidos tiene un férreo control en ambas cámaras pero no obediencia ciega y menos cuando el calendario electoral está muy cerca.

En los últimos días fueron varios los pronunciamientos sobre los peligros a las libertades cívicas que tienen algunos de los artículos. Entidades del derecho, cátedras universitarias, abogados penalistas fueron exponiendo sus miradas críticas. Es más, en algunas reuniones institucionales de la última semana, al menos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia advirtieron del contenido del proyecto a legisladores oficialistas. Les hicieron ver la posible inconstitucionalidad de algunos de los artículos.

"La declaración informativa en sede policial sin la presencia de su defensor además de ser claramente atacable por violación de garantías es lisa y llanamente volver al sistema inquisitivo" subrayan especialistas en derecho penal casi al unísono.

Agregan la violación al principio igualitario de las partes del proceso ya que el proyecto pretende romper con la igualdad poniendo al fiscal en una situación procesal claramente superior sin control de la parte contraria (defensa), violentado el derecho de defensa y el debido proceso.

En el Ministerio Público de la Acusación hacen silencio pero admiten que en la redacción no hubo consulta previa del Ejecutivo. La opinión oficial estará expuesta cuando haya consulta legislativa.

En la Cámara de Diputados, Unidos todavía no ha definido la estrategia parlamentaria ni empezado a acercar posiciones. La Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el radical Martín Rosúa, será el primer grupo en abordarlo. El rosarino fue uno de los pocos que avaló el texto y cree que con algunas reformas será viable llegar al recinto.

A su lado, otros sectores de Unidos entienden que se podrá seccionar el texto y avanzar en temas que no ofrecerían diferencias entre los principales sectores políticos como recompensas, armas, pero advierten que será complicado avanzar en zona de intervención policial especial o mayores facultades a la policía sin control.

Bisturí sí para avanzar paso a paso; motosierra no porque significará una marcha atrás en avances concretos sobre libertad de las personas, derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

"Uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho es el respeto por las garantías constitucionales que todo ciudadano posee frente a cualquier tipo de injerencia estatal. La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo lejos de entenderse como una pretensa respuesta a combatir "al enemigo", esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal, que retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años y por la cual mucho se trabajó para tener un proceso penal acorde a parámetros constitucionales e internacionales". Lo marca un documento de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario.

Agrega que el proyecto de ley cuenta con numerosos artículos que colisionan contra principios y garantías constitucionales que ocasionarán planteos ante los más altos estamentos judiciales provinciales, nacionales e internacionales, generando responsabilidad y sanción al estado santafesino. Remata advirtiendo que "ningún Código Procesal Penal de las provincias de nuestro país, posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal".

A la espera del desarrollo parlamentario del debate, no son pocos los dirigentes -incluso oficialistas- que se preguntan a qué apunta Pullaro con el mensaje. Sobre el interrogante se ensayan múltiples interpretaciones que sólo el devenir el tiempo permitirá establecer las respuestas.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto adjudicando a la firma Bersa SA la licitación para la compra de 300 pistolas semiautomáticas calibre 9 mm y 150 escopetas de repetición calibre 12/70 que fueron requeridas y serán destinadas al Servicio Penitenciario.

El importe de la operación es de $328.500.000, IVA incluido de acuerdo al decreto 2104 que además del gobernador lleva las firmas de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.

La de la firma Bersa, radicada en provincia de Buenos Aires, fue la única que quedó en la compulsa de precios ya que fue desestimada la presentación de la firma Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas", señala el decreto.

"Es una inversión importante para renovar armamentos en el Servicio Penitenciario" le dijo Cococcioni a El Litoral, fuerza que utiliza armas especialmente escopetas en los principales penales de la provincia.

"La pistola es una muy buena arma y la escopeta es muy apta para la guardia de infantería antitumultos" explicó, a este diario, un experto en armas que además ponderó la calidad de la firma proveedora que, entre sus clientes, tiene fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

En los considerandos de la adjudicación, se destaca que el Servicio Penitenciario solicitó la adquisición de 150 escopetas de repetición y 300 pistolas semiautomáticas, "fundándose en la necesidad de contar y disponer de dichos bienes para lograr un óptimo desempeño en las funciones asignadas al personal".

La operación se realizó en el marco de la vigente Ley N° 14.237 que dispuso el estado de emergencia en seguridad pública.

La subdirección General de Compras y Gestión de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad instrumentó la convocatoria a la contratación directa habilitada por la emergencia. A la invitación a proveedores a realizar presupuestos se presentaron Bersa y Punto de Impacto. Una comisión técnica evaluadora se encargó de analizar las ofertas, certificó las pruebas de calidad realizadas a los elementos de seguridad solicitados así como a condiciones técnicas y razonabilidad de precios brindados por los oferentes.

Esa comisión es la que recomendó adjudicar a Bersa la licitación por el importe total de $328.500.000, IVA incluido, "por única oferta que continúa en la compulsa y resultar conveniente, ajustarse técnicamente a lo requerido en la solicitud de presupuesto y anexos, resultando su precio o su precio razonable según lo informado en el acta".

También en los considerandos se desestima la alternativa de Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el pliego".

Por otra parte, Seguridad compró también a Bersa cien armas de baja letalidad como parte de una prueba piloto. Además de las Taser ya entregadas, adquirió lanzadoras Byrna, como parte de una prueba piloto. El objetivo es proporcionar a los agentes una opción intermedia entre el arma de fuego y la contención física.

Son 100 lanzadoras Byrna, (50 pistolas, 30 rifles y 20 rifles con tolva) que en días más le serán entregadas a la fuerza por el ministerio de Justicia y Seguridad.

Esta tarde, el gobernador Maximiliano Pullaro recibió a senadores provinciales para la promulgación de la ley de necesidad de la Reforma Constitucional. El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y parte del gabinete. “El trabajo de diálogo que hizo el Poder Legislativo en Santa Fe en este año de gobierno, ha sido único”, dijo el gobernador, y en ese sentido recordó que “la inmensa mayoría de los cambios impulsados con respaldo legislativo, con cambios en el sistema de seguridad pública y de justicia, que nos dieron las herramientas fuertes como para tomar el control de la calle fundamentalmente, y posteriormente cambios normativos como la ley previsional para corregir el desequilibrio fiscal que tenía el Estado. Todos los cambios que llevamos adelante los hacemos con el objetivo de un Estado cada vez más eficiente”, recalcó el gobernador. Finalmente, Pullaro le dijo a los legisladores en el encuentro que “el desafío que tenemos ahora es inmenso” y los invitó a redoblar esfuerzos de cara a los objetivos planteados hacia adelante.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó este viernes el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas destinadas a la construcción de un nuevo edificio de control y requisas en la Unidad Penitenciaria Nº11 de la localidad de Piñero, situada en la Ruta Nacional Nº 14, km 13,5, a unos 15 kilómetros al sudeste de la ciudad de Rosario.

Estas obras se enmarcan en el plan de infraestructura carcelaria que lleva adelante el gobierno provincial. Los trabajos involucran una superficie total de 1.316 m2 de obra nueva y tienen un presupuesto de  $ 1.006.516.238,90 (a valores oficiales del mes de Enero 2024) que actualizado al mes de julio del corriente año asciende a $ 1.554.061.071,47 y un plazo de ejecución de 300 días calendario. 

Durante el acto, Cococcioni resaltó que la obra “forma parte de un programa de obra pública carcelaria que tiene como objetivos generar plazas carcelarias para terminar con el problema de los presos en comisarías y generar condiciones para alojar reclusos de distintos niveles de peligrosidad; y brindar servicios complementarios que aumentan los niveles de seguridad en las plazas ya existentes”. 

Por ese motivo, el funcionario provincial reconoció que “esperamos terminar este programa de obra pública carcelaria, que será el mayor en su despliegue en la historia de la provincia donde vamos a generar en cuatro años el equivalente en plazas carcelarias a las que se generaron en 40 años. Y vamos a dejar cárceles con todos los recursos para llevar a cabo los procedimientos de seguridad que la criminalidad actual nos exige”. Acompañaron al ministro durante la apertura de ofertas, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas, Lucas Condal y el titular de la DIPAI Santa Fe, Andrés Francesconi.

Por su parte, Lucía Masneri remarcó que dicha obra “no sólo tiene que ver con la posibilidad de tener inhibidores, garitas y muros, sino de impedir que determinadas cosas que afectan a la seguridad, ingresen. Estamos adaptándonos a las necesidades existentes”. 

Asimismo, Condal señaló que la obra “viene a mejorar las condiciones que tiene el complejo penitenciario y va a resolver la mejora en el control de las personas que visitan a los internos” y constará de “un nuevo edificio de requisas, dedicado a la visita, donde se amplia el sector de acceso y la parte existente hoy. Se hará un nuevo espacio para control de acceso de las visitas con áreas de espera y equipamientos sanitarios. Y tendrá una superficie de 500mts2 cubiertos más las áreas de galerías que son espacios de espera”.

En la oportunidad se presentaron ocho ofertas económicas destinadas a realizar los trabajos licitados: la primera de la firma Epreco S.R.L que cotizó $1.498.699.019,28; la segunda oferta correspondió a la firma Sanimat S.A que cotizó $1.551.363.151,95; la tercera oferta fue de UT. Werk constructora S.R.L, Del Sol Constructora S.A que presentó una oferta de $1.444.986.564,69; la cuarta oferta correspondió a la firma Dycson S.A que cotizó $1.350.660.986,62; la quinta oferta fue de firma VG Construcciones S.R.L por $1.187.244.077,71; la sexta oferta correspondió a la U.T AC ingeniería S.R.L – Tekno ingeniería S.R.L que cotizó $1.622.553.610; la séptima oferta fue de la firma DEPAOLI & Trocse Constructora S.R.L que cotizó la suma de $1.711.821.653,92; y la octava oferta fue de la firma PH Constructora S.R.L que ofertó $877.079.434,60.

Por cuestiones logísticas y de seguridad, la obra se dividirá en dos etapas: la primera consiste en la construcción del Sector B, donde se ubicará el nuevo control y requisa de las visitas y el área de espera. Una vez habilitado para su funcionamiento se podrá iniciar la construcción del Sector A, que incluye el desmantelamiento y demolición de un sector existente y la intervención del actual edificio de control de requisa a fin de habilitarlo para requisa del personal penitenciario que desempeña funciones en este lugar, incluyendo también un área de espera que se unifica con la del Sector B.

Se contempla construir un edificio con iguales características al existente como continuidad del mismo al otro lado del ingreso vehicular, y unificar la imagen de ambos hacia el exterior con un único edificio en forma de galería.

La Cámara de Diputados convocó este martes oficialmente a la sesión especial pedida por los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO para el próximo miércoles 7 de agosto, a los fines de poner en consideración una serie de proyectos de ley con eje en seguridad pública.

La convocatoria es para abordar 14 iniciativas, entre las que sobresalen la modificación de la Ley de Armas de Fuego y la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la detección rápida de agresores sexuales.

En el temario de esta sesión, convocada a partir de las 12, también figura la autorización para la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional.

En la lista también aparecen la declaración como "Brigada Heroica" en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas; los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y República Checa; sobre servicios aéreos entre la República Argentina y Países Bajos; y el de cooperación en el sector de la Defensa entre Italia y Argentina.

Otro expediente incluido en la convocatoria a sesión es el referido al reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del Mercosur y Estados asociados; y el de cooperación técnica entre Argentina y la República de Filipinas.

Y se agregan al temario la aprobación de la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; los tratados de extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, y de extradición entre la República Argentina y Rumania; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y protocolo complementario.

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La sesión había sido pedida el 8 de julio a través de una nota dirigida a la Presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, con las firmas del jefe de bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, y los diputados oficialistas Nicolás Mayoraz, Lisandro Almirón, César Treffinger, Facundo Correa Llano y Nadia Márquez.

También se sumaron al pedido el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, acompañado por Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias y Laura Rodríguez Machado.

En este comienzo de semana, se llevó a cabo una reunión intensiva en la Comuna entre jefes policiales del departamento General López, el coordinador de la Región Sur Roberto "Tito" Vergé, el delegado del Ministerio de Seguridad Nahuel Pasquinelli y miembros de la Comisión Comunal, “a los fines de trabajar en conjunto para brindar un entorno más seguro a los habitantes de Elortondo”, destaca el gobierno local.

“Además de fortalecer la localidad con refuerzos policiales, con el firme propósito de mejorar la seguridad en la provincia de Santa Fe, el equipo de jefes de policía visitará la localidad para darles un espacio seguro a los vecinos y que tengan la oportunidad de expresar inquietudes, presentar reclamos y discutir situaciones relacionadas con la seguridad”, detallan.

Vínculos con vecinos

La iniciativa, liderada por la gestión de la Comuna de Elortondo en conjunto con el coordinador de la Región Sur, Roberto "Tito" Vergé, el delegado del Ministerio de Seguridad Nahuel Pasquinelli y la Comisaría 8va, tiene como objetivo principal establecer un canal directo de comunicación entre la comunidad y las autoridades policiales regionales. Este enfoque permitirá transmitir información sobre temas específicos o casos particulares, contribuyendo así a una gestión más efectiva de la seguridad pública.

La Comuna de Elortondo invita a todos los vecinos a participar activamente en estos encuentros quincenales, que se llevarán a cabo a partir de la próxima semana en el SUM de la Comuna, subrayando la importancia de presentar las inquietudes y reclamos. “La seguridad es responsabilidad de todos, y estas reuniones representan un paso crucial hacia una colaboración más estrecha”, señalan.

El día y horario se confirmará por las redes sociales de la comuna.

El pasado 8 de enero, el gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, abrió la nueva convocatoria para el ingreso de aspirantes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con orientación Policial, para ciclo lectivo 2024-2025. En esta oportunidad, estuvo direccionada a hombres del sur santafesino, oriundos de los departamentos General López, Constitución, Caseros, Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano, quienes cursarán la carrera en Rosario o Murphy, de acuerdo a la disponibilidad de plazas.

Si bien el plazo previsto para anotarse a la carrera finalizaba este lunes, desde la propia cartera de Seguridad y Justicia podrían extenderla hasta el 31 de enero, dada la buena respuesta y adhesión, confiando que en una semana más ese número podría crecer y cubrir la totalidad de los cupos disponibles.

“Hasta este lunes teníamos 969 interesados, la gran mayoría de Rosario, pero con un crecimiento significativo de vecinos del resto de los departamentos, principalmente General López, Constitución y San Lorenzo”, expresó en diálogo con Sur24 el delegado del Ministerio de Justicia y Seguridad en el sur provincial, Nahuel Pasquinelli.

La decisión de ampliar el tiempo de inscripción hasta fin de mes se debe al aumento de inscriptos que se registró en los últimos días. “El viernes cerramos con 879, de los cuales 670 son de Rosario, 54 de Constitución, 48 de General López, 50 de San Lorenzo, 19 de Belgrano, 19 de Caseros y 19 de Iriondo; y para este lunes tuvimos unos 90 más”, precisó.

En lo que respecta al departamento del extremo sur, haber llegado a los 50 interesados es inédito y fue producto de un trabajo articulado entre la regional de Seguridad y los gobiernos locales. “Trabajamos fuertemente con las áreas de Empleo de los municipios de Venado Tuerto, Firmat y Villa Cañás, quienes nos brindaron información sobre vecinos que tenían el perfil que se buscaba (hombres de entre 18 y 28 años, con secundario completo y sin antecedentes) y nos comunicamos con cada uno de ellos para ofrecerles esta alternativa”, detalló Pasquinelli. 

Los interesados podrán anotarse a través de la página web del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) www.isepsantafe.edu.ar.

El subsecretario de Formación y Carrera Policial, Marcelo Villanúa comentó que “el objetivo es cubrir 1.800 vacantes masculinas, ya que se han inscripto 5.703 mujeres y 3.372 hombres”.

“Poder incrementar la cantidad de varones responde a la conformación actual de la Policía de la Provincia y su proyección de renovación donde la mayor parte de los retiros corresponderán a personal masculino, lo que hace necesario incorporar un número mayor de hombres para no afectar la composición futura de la Fuerza”, explicó. Y añadió: “Estas vacantes deben ser cubiertas por ciudadanos que residan en los departamentos General López, Constitución, Caseros, Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano debido a que son los departamentos en donde menor cantidad de inscriptos ha habido en el proceso de selección en curso y donde históricamente menos aspirantes recibe la institución”.

Es una carrera de tres años y los dos primeros son de cursado presencial en las ciudades de Reconquista, Rafaela, Recreo, Rosario y Murphy. Una vez finalizado y aprobado el segundo año, se obtiene el título intermedio provincial de Auxiliar en Seguridad, que permite ingresar a la Policía de la provincia de Santa Fe. Además, los cadetes obtienen el título nacional de Agente de Calle. Luego de haber prestado dos años de servicio efectivo en la Policía, deben cursar y aprobar el tercer año para graduarse de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

Para conocer todos los requisitos y completar el proceso de inscripción, ingresar en la página web del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia www.isepsantafe.edu.ar

En menos de un mes, la Legislatura sancionó una serie de leyes enviadas y habilitadas por el Poder Ejecutivo como no ocurría en las últimas décadas en la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro, con mayoría propia en las dos cámaras, logró que validen una docena de iniciativas que además de temas de seguridad incluyeron Presupuesto, Tributaria e incluso un acuerdo con la Agencia Francesa para el Desarrollo.

La seguridad es una tarea de todos los poderes, afirmó Corral duralte la entrevista. Luis Cetraro

El radical José Corral es el vice presidente de la Cámara de Diputados y habló con El Litoral sobre lo realizado en estas primeras cuatro semanas y lo que discutirán a partir de febrero.

- En diciembre y en esta primera semana de enero, las dos cámaras han funcionado casi al unísono y le han dado varias leyes al Poder Ejecutivo. ¿Qué evaluación se hace desde el oficialismo parlamentario?

- Hubo un intenso trabajo porque tenemos un gobernador con iniciativa y con ideas muy firmes para cumplir con el mandato de los santafesinos que en la última elección le dio el apoyo de más de un millón de votos. Concretamente envió un paquete de leyes vinculadas a seguridad. Son esas leyes que cada vez que se produce un hecho la gente se pregunta por qué los legisladores no sacan las leyes que hacen falta. Ahora, aquí, están la emergencia en seguridad pública, la adhesión a la ley de narcomenudeo -promesa de campaña-; reforma orgánica del Servicio Penitenciario; ley para la ejecución de penas privativas de libertad que crea la categoría legal de presos de alto perfil y un cuerpo propio del Servicio Penitenciario para poder realmente aislarlos y evitar el coworking del delito de las cárceles; ley de Inteligencia siendo Santa Fe la primera provincia en tenerla; reforma al Ministerio Público de la Acusación que una parte significativa ya aprobamos; creación de una agencia de penas no privativas de libertad para seguir a las personas que van ganando esa libertad condicional y a quienes han cumplido la condena para que haya un seguimiento del Estado. En definitiva, un conjunto orgánico de leyes que tienen una idea fuerza que es dotar de autoridad al gobierno provincial, a la justicia, al Ministerio Público de la Acusación y, por supuesto a la policía y al Servicio Penitenciario.

El gobernador envió proyectos pidiéndole consenso a la Legislatura y la Legislatura reaccionó rápido y bien porque se aprobaron las leyes en poco tiempo, pero con un análisis muy exhaustivo y altos consensos -muchas de esas con unanimidad- y otras con unanimidad en el Senado y mayorías muy marcadas en Diputados, la gran mayoría por encima de los dos tercios.

“Prácticamente ningún mensaje fue aprobado tal cual venía del Ejecutivo, todos tuvieron reformas en la Legislatura”, añadió el diputado. Crédito: Guillermo Di Salvatore/Archivo

- El desafío ahora es del Ejecutivo que debe aplicarlas. Ustedes hicieron la parte de aprobar los textos normativos, tejieron acuerdos, corrigieron e incorporaron puntos de vistas de otros sectores políticos.

- Es un gobierno con experiencia y las leyes son producto de esa experiencia. El ministro de Seguridad (Pablo Cococcioni) estuvo a cargo del Servicio Penitenciario, y en el gobernador (Maximiliano Pullaro) fue ministro de Seguridad, por lo tanto es un equipo de gobierno con mucha experiencia. Confiamos en que tienen además de la experiencia, el carácter y el coraje que hace falta para avanzar. Es una tarea de todos. Lo dije en el debate en la Legislatura: cuando hablamos de seguridad nadie puede decir este no es un tema mío; cada uno tiene que hacer su parte. Por supuesto, el gobierno provincial que tiene la fuerza de seguridad -la policía- las atribuciones, pero también la Legislatura como lo demostramos en el debate estos días; la justicia, los fiscales, los gobiernos locales. Todos tenemos que hacer nuestro aporte para bajar la violencia y mejorar la seguridad que es el el principal mandato de los santafesinos en este período de gobierno.

- Esta semana en la Legislatura pasaron actores de la justicia santafesina, ¿esto empezó a trabar el funcionamiento y el dictado de leyes porque en la reforma al MPA votaron solo una parte del mensaje del Ejecutivo? Además fue la primera ley que en Diputados no tuvo el apoyo opositor.

- Valoro mucho la escucha, la opinión de todos los actores, enriquece, mejora la actividad legislativa, la presencia con opiniones contradictorias. Algunas opiniones de los abogados no coinciden con la de los fiscales o las asociaciones de fiscales o la Asociación de Magistrados pero son opiniones que hay que escuchar para finalmente tomar una decisión que le compete a cada uno, a cada poder. El Legislativo es el que fija las reglas y lo hace en un trabajo con el Ejecutivo además de que tenemos mayoría oficialista el Ejecutivo es quien manda los mensajes. Prácticamente ningún mensaje fue aprobado tal cual venía del Ejecutivo, todos tuvieron reformas en la Legislatura que en ningún caso afectan en lo central a los proyectos, pero los han mejorado. Nadie puede decir que esta Legislatura es un escribanía de gobierno; no hemos abusado de la mayoría legislativa; se han buscados consensos y se ha dado lugar a la corrección, a la mejora, a la revisión de los aspectos que debían corregirse, por supuesto en un diálogo con el Ejecutivo que va a promulgar todas estas leyes.

“Hay temas para discutir, la educación es una prioridad del gobernador”, señaló el entrevistado. Crédito: Flavio Raina/Archivo

- ¿Qué es lo que viene para febrero más allá de las normas pendientes que le quedan de seguridad?

- Vamos a aprovechar estas semanas para continuar hablando, por ejemplo, en la próxima con los defensores del sistema penal. Quedan temas importantes del sistema judicial que están interrelacionados. El último jueves aprobamos una parte de la reforma del Ministerio Público de la Acusación, hay otro proyecto que modifica la orgánica de la Defensoría Pública, además de una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y otro al Código Procesal Civil y Comercial que transforman en unipersonal a los actuales Tribunales Colegiados de Familia y Extracontractual. Esta última es una reforma con mucho consenso entre los abogados especialmente, pero hay aspectos a conversar. Además, requiere algunos cambios el Código Procesal Penal que vamos a discutir seguramente en la primera semana de febrero.

- Más allá de lo vinculado a seguridad y justicia, ¿hay algo más en agenda?

- Esta última semana también aprobamos el empréstito con la Agencia Francesa para el Desarrollo, un tema más ambiental. Hay temas para discutir, la educación es una prioridad del gobernador y estamos dialogando para sacar las decisiones de la Legislatura que hagan falta. Vamos a trabajar durante el año algunas iniciativas que le van a dar herramientas al Ejecutivo por el tema seguridad. En lo personal estoy trabajando para establecer definitivamente un registro de ADN no sólo de los imputados sino también de las fuerzas de seguridad y otros actores como tiene Mendoza que le ha permitido esclarecer ya más de 500 casos. El ADN es la huella digital del siglo XXI y Santa Fe no cuenta con esa herramienta. Hubo alguna iniciativa legislativa que está desactualizada y hay que que realizarlo. En la Legislatura hay que poner en marcha las comisiones de seguimiento, colaborar con la Región Centro, en la Comisión de Acuerdos tiene tareas muy importantes. Se viene un año intenso de trabajo legislativo.

Este viernes por la mañana, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, presidió el acto de ingreso de los profesionales administrativos y técnicos que se incorporan a la policía de Santa Fe. El mismo se realizó en el Colegio Inmaculada Concepción ubicado en la ciudad de Santa Fe.

Son 98 médicos y psicólogos, 129 administrativos y 62 técnicos que ingresan como suboficiales y serán distribuidos en las 19 Unidades Regionales de la provincia.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, explicó: "Hoy es un día muy importante para la historia del Ministerio de Seguridad y para la policía provincial porque se van a incorporar 289 profesionales, técnicos y administrativos para realizar distintas tareas que son de vital importancia como apoyo a la actividad operativa del policía".

Y remarcó a los suboficiales, "quiero decirles que ustedes van a pertenecer a una institución muy noble, siéntanse orgullosos de pertenecer a ella".

"Nuestro gobernador ha tenido la decisión de incorporar logística, vehículos, chalecos antibalas, estamos reabriendo comisarias, incorporando nueva tecnología para la Policía y en la cárceles para el Servicio Penitenciario porque tenemos que cortar el vinculo entre el delito y la calle, porque entendemos a estos policías que siguen creciendo y por eso hoy los incorporamos a ustedes. Vamos a necesitar de ustedes, responsabilidad, dedicación, esmero, y por sobre todas las cosas disciplina", finalizó el ministro.

(Por Mario Cáffaro) – Amplias facultades al Ministerio de Seguridad, creación de un centro de análisis de información penitenciaria, de un consejo consultivo por la seguridad; convocatoria al servicio activo de policías en situación de retiro; programa de emergencia con aporte inicial del Tesoro de 6 mil millones de pesos; otro de fortalecimiento de áreas investigativas con 1.300 millones de Tesoro Nacional incluyendo la creación de 300 cargos para el MPA y el Organismo de Investigaciones; un mecanismo de mandas judiciales y formación de una comisión para fortalecer y modernizar el Servicio Penitenciario. Estos son algunos de los ejes incluidos durante el pase por las comisiones de la Cámara de Diputados al mensaje del Poder Ejecutivo para declarar la emergencia en seguridad pública y servicio penitenciario. Con estas inclusiones fue votado por unanimidad el último jueves. Ahora, moneda en el aire.

A ocho meses del final de mandato, la Legislatura no definió aún otorgarle una herramienta especial que requirió el gobernador Omar Perotti a mediados de enero. Ambas cámaras avanzaron mucho más que la propuesta del Ejecutivo que requirió el instrumento sin utilizar la posibilidad de prórroga que tuvo a fines de 2022. Sorprendió la decisión de enviar ese mensaje en pleno receso legislativo. No todos los integrantes del gabinete compartieron, ni comparten, la decisión.

“Solicitamos una herramienta para gestionar hasta diciembre y nos contestan con un programa de gobierno en Seguridad que nos enaltece porque dan por perdida la mayoría legislativa a partir de diciembre” dijo un integrante del gabinete de Perotti en alusión a radicales y socialistas que trabajaron arduamente en la elaboración de ese dictamen.

El Senado -con mayoría justicialista- se tomó todo febrero y el último día de marzo votó el mensaje incluyendo varios artículos mientras que la minoría radical presentó un dictamen propio que es la base del texto votado el último jueves en Diputados.

En la Casa Gris ya estaban disgustados con el dictamen de la Comisión de Seguridad de Diputados, pero no salían de la sorpresa por los agregados realizados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Para lograr consensos internos siguen agregando artículos” se quejaba un vocero del Ejecutivo cuando conoció el dictamen a votar.

La decisión de fijar fondos presupuestarios para dos programas y la creación de cargos obligó al paso del tema por la Comisión de Presupuesto. En el recinto, hubo votación unánime y el justicialismo sólo objetó que la emergencia sea hasta 2025 con posibilidad de extenderla un año más, es decir casi la tercera parte del mandato del próximo gobierno.

No hubo discursos en la Cámara Baja y el Senado optó por levantar la sesión, sin declaraciones públicas ni peleas. El justicialismo sabe que puede insistir con su dictamen pero también admite que hoy no tiene los dos tercios para imponer el criterio al final del camino que establece la Constitución para la sanción de leyes en la provincia.

“El dictamen de Diputados es el programa de gobierno en materia de seguridad”, admitieron radicales y socialistas que -con precandidatos propios- competirán dentro del nuevo frente electoral.

En la semana, entre el Senado y el Ejecutivo discutirán la estrategia para la última semana del período de Extraordinarias. La oposición entiende que debe iniciarse una transición en un tema caliente y ofrece herramientas que empezará a utilizar la gestión de Claudio Brilloni y que tendrá a disposición el que gane en septiembre. También el proyecto trata de apuntalar la gestión que en horas más iniciará María Cecilia Vranicich como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, tras el respaldo unánime de la Asamblea Legislativa.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe votó por mayoría los proyectos de ley pedidos por el gobernador Omar Perotti para declarar la emergencia en materia de Seguridad Pública y sobre el Servicio Penitenciario Provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año, pero con la opción de que el próximo gobierno pueda prorrogarlo por idéntico periodo al que la norma estuviera vigente durante 2023.

Con ese cambio sustancial -incorporado por el justicialismo con acuerdo del Poder Ejecutivo- el despacho pasó de inmediato a la Cámara baja, donde se espera que el tema sea tratado en la próxima sesión programada para mediados de abril.

Los dos bloques de senadores del peronismo, tanto Lealtad como Juan Domingo Perón, sumaron los 11 votos de los justicialistas presentes para aprobar modificaciones en el plazo de vigencia que había pedido el gobierno, en su alcance, en topes de los montos máximos para compras de bienes y servicios y en los mecanismos para su actualización. Pese a la nueva versión de la ley que impulsó la mayoría en el Senado la minoría optó por no sumarse, aunque facilitó con su presencia y con sus votos la celebración de la sesión y el tratamiento sin despacho de todas las comisiones.

Para tratar el mensaje 5019 del Poder Ejecutivo se alteró el orden de la sesión, a los fines de girar en cuestión de minutos el expediente a Diputados.

El presidente de la bancada Lealtad, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) pidió el tratamiento especial y más adelante agradeció a la oposición por conceder el sobre tablas, pese a tener otra posición.

A su discurso calmo le siguió otro también conciliador del titular del bloque UCR, Lisandro Enrico (General López) y más tarde otro, del presidente del Comité Provincial del Radicalismo, Felipe Michlig, que en cambio fue bastante más encendido. Acaso en su apasionada exposición, el norteño cometió un error al decir que se votaba una ley para unos pocos meses “hasta el 31 de diciembre”, sin embargo la letra del proyecto cambiado por los senadores (con el visto bueno del ministro de Seguridad, Claudio Brilloni) faculta al próximo gobierno para que en los primeros días del último mes del año por decreto decida una eventual prórroga por el mismo número de meses en que la norma estuviera vigente en 2023.

Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) habló luego de que Calvo tuviera que repetir que se había alterado la vigencia del mensaje original. El presidente provisional de la Cámara dijo que si bien no se llegaba al período planteado por la oposición (que reclamaba cubrir los primeros dos años de la próxima gestión en la Casa Gris) se había hecho previsto que se pueda duplicar eventualmente la herramienta para facilitar las compras de bienes y servicios para ambas dependencias.

Como antes Calvo, Pirola explicó que al mensaje se le añadió la emergencia para ocuparse de lo que sucede con los condenados luego de dejar la prisión, al sumarse al uso de la emergencia al Patronato del Liberado para que tenga recursos con que afrontar la reinserción.

Por otra parte, los justicialistas indicaron que se elevó considerablemente el tope para la contratación de servicios, de los 12 millones pedidos por el gobierno a 25 millones; y para las compras de los 18 millones del mensaje original a 50 millones. Además se le agregó a ambos techos para el gasto por unidad un mecanismo de actualización trimestral automático según el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

El radicalismo en el Senado, que tiene solo 7 de las 19 bancas, optó por votar en contra del despacho de la mayoría peronista, luego de haberle facilitado al oficialismo (para garantizar la gobernabilidad) el quórum y votar el sobre tablas.

Los radicales dejaron constancia en el recinto y para la versión taquigráfica que pretendían votar su propio despacho de minoría, el que constará en el expediente que ya está en manos de los miembros de la Cámara joven.

Los opositores que tiene la minoría en el Senado pero dominan Diputados entienden que la emergencia no terminará “mágicamente” el 31 de diciembre de este año, que “no se irá con el actual gobierno” y por eso entiende que debía ahora aprobarse hasta el 31 de diciembre pero de 2025.

Michlig dejó en claro que el radicalismo en el Senado prefería alcanzar un acuerdo con el oficialismo y con el gobierno provincial que garantice que se tenga una ley “inmediatamente, sin más pérdida de tiempo” porque “sabemos que Diputados va a hacer cambios a la media sanción” de los senadores.

El radical se quejó de “la falta de diálogo del gobierno provincial” aseguró que se llegó a esta instancia por “la cerrazón del gobernador Perotti” y repasó la gestión en Seguridad al enumerar: “ya van por el cuarto ministro y por el décimo jefe de la Unidad Regional de la Policía en Rosario”, sin necesidad de dar más números sobre la violencia en el sur santafesino.

Cuando la reunión avanzó y llegó el postergado momento de las manifestaciones, Michlig volvió a la carga con la cuestión de la inseguridad. Leyó una nota de la ministra de Gobierno Celia Arena respecto de las posibles normas de importancia a tratar por la Cámara en lo que resta del período extraordinario de sesiones, ya que es el Ejecutivo quien debe habilitarlas hasta el 1ro de mayo.

Michlig advirtió que el requerimiento era algo tardío, porque apenas queda una sesión en abril (ya que los legisladores limitaron las sesiones a una frecuencia quincenal) y manifestó que aún así sería una oportunidad adecuada para que vuelva el debate sobre la adhesión de Santa Fe a la legislación nacional sobre narcomenudeo.

Como se sabe, hoy en el territorio santafesino solo la justicia federal, con sus magistrados y fiscales, es competente para recibir denuncias sobre tráfico de drogas y bunkers de venta. El senador radical recordó que la Cámara ha votado en varias oportunidades a favor de dar a los fiscales y los jueces penales santafesinos la jurisdicción para combatir el tráfico de sustancias prohibidas en pequeñas cantidades y mencionó que las demás provincias limítrofes así lo hacen, con mejores resultados.

Explicó que por ejemplo en todo el departamento San Jerónimo no hay fiscales ni jueces federales, por lo que tiene competencia el juzgado federal de Rafaela donde, según acotó Calvo, hay apenas un fiscal y no hay juez.

A esta altura, debe decirse que las medias sanciones para que la justicia santafesina se haga cargo de esos delitos “para cortarles los tentáculos a los traficantes grandes”, según la definición del justicialista Joaquín Gramajo (9 de Julio) ha tropezado siempre con el rechazo de la mayoría en Diputados.

Después del receso de la primera quincena de enero, la oposición santafesina volverá a reunirse con la excusa de discutir el mensaje del Poder Ejecutivo para disponer una nueva emergencia en materia de seguridad pública y en el servicio penitenciario.

Este martes, en la localidad de Piñero, al lado de la ciudad de Rosario, tienen cita los siete partidos que conforman Juntos por el Cambio en la provincia. El tema sobre la mesa es el mensaje del Poder Ejecutivo y la postura legislativa del sector. “Tenemos muchos legisladores y tenemos mucho para decir en la materia” dijo un vocero. PRO, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Republicano Federal, UNO, UNir y Ucede estarán sentados en la mesa. Es que son 14 los diputados que tienen esas fuerzas aunque todavía no actúan en forma coordinada en el recinto. Al día siguiente para fijar postura sobre el mismo tema se sumarán el Partido Socialista, Gen, PDP y Creo que pueden agregar otros 17 diputados para el tema.

La sede del encuentro multipartidario será la casa del Partido Demócrata Progresista en la ciudad de Rosario.

Por supuesto que además del tema propuesto por Perotti se volverá a hablar de los avances en las negociaciones para conformar el frente electoral y empezar a definir el nombre. “Hay mucho trabajo técnico llevado adelante en las últimas semanas más allá de que hubo dirigentes de vacaciones”, señaló un vocero que coordina equipos técnicos de los once partidos que mantienen conversaciones.

A nivel provincial la conformación del frente parece estar definida y resta en cambio acordar como será la estrategia de todos los partidos ante el escenario electoral nacional. Es allí donde la negociación ofrece todavía algunas dificultades, admiten dirigentes que participan de las rondas políticas.