La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos hace quince días por el Senado, y sancionó una ley que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes así como la gestión y regulación de alarmas en manos de particulares.

La sanción de la norma llegó en la última sesión del período Ordinario y contó con el respaldo de gran parte del arco político y el rechazo de los cuatro integrantes de Somos Vida y Juan Argañaraz de Inspirar.

El socialista Rubén Galassi, uno de los autores del proyecto, volvió a fundamentar el proyecto tal como hiciera cuando oportunamente fuera votado por la Cámara Joven. Explicó que en el Senado y a instancias del Ministerio de Justicia y Seguridad se incorporó el tema alarmas sobre el que se explayó.

En cambio, Silvia Malfesi expuso el rechazo al proyecto por entender que hay exceso de reglamentarismo que traerá más inseguridad. "El proyecto desalienta a los privados que quieran colaborar en la temática" remarcó.

Galassi recordó que desde 2008 la Cámara de Diputados empezó a discutir el tema con iniciativas de Alicia Gutiérrez y luego se sumó otra de Hugo Pieroni. Hubo algunas medias sanciones de Diputados pero no prosperaron en el Senado.

Este año, tras trabajo legislativo en comisiones e incluso reuniones con cámaras que agrupan a empresas de seguridad, la Legislatura dictó la norma que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo. El universo a regular abarca unas 200 empresas y unos 12.000 empleados aunque la ley ordena realizar un censo para conocer el universo de prestadores.

"Es necesario avanzar con una norma en una tarea donde los privados suplantan o ayudan a la tarea de seguridad del Estado y que funciona con decretos del año 1991" explicó Galassi.

El legislador se detuvo además en la inclusión del tema alarmas con estadísticas del propio ministerio de Justicia y Seguridad donde el sistema de alarmas repercute en el 911 y dispara intervenciones de móviles y agentes policiales para gran parte de falsas advertencias.

Señaló que hasta octubre de este año, de los 595.000 incidentes en que participaron móviles del 911, 215.000 fueron generados por alarmas y de ellos apenas el 3% fue por hechos de inseguridad.

Advirtió el legislador que eso no ocurría cuando el sistema de llamado policial era el 101 donde las empresas de alarmas derivaban a la policía los casos de inseguridad.

La norma sancionada tiene 70 artículos y comienza por regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la Provincia.

"Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria", completa el primer artículo.

La norma encarga la construcción de un registro de empresas, los tipos de servicios que pueden prestar así como las características que deben cumplir los titulares de las firmas y los empleados. Un capítulo especial es la prestación de servicios con usos de armas.

En cuanto a alarmas, "la regulación persigue los fines de optimizar el empleo de recursos públicos, reducir las falsas alarmas, garantizar la interoperabilidad técnica y mejorar la respuesta del sistema de seguridad ciudadana".

La diputada socialista Lionella Cattalini será la nueva presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, ocupando el lugar que venía desempeñando Pablo Farías desde diciembre de 2023. Tanto Cattalini como Farías fueron convencionales constituyentes este año por la bancada de Unidos.

En la sesión se votó una resolución con la inclusión de la rosarina en la Comisión de Constitucionales y en la próxima reunión el bloque de Unidos la propondrá como titular de esa estratégica comisión.

Hoy Cattalini además preside la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados. No obstante, a partir del año próximo, la titularidad de esa comisión le corresponderá a la Cámara Alta.

El diputado socialista Pablo Farías presentó su renuncia a la banca de diputado provincial debido a que jurará en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles venidero y entrará en funciones el 10 de diciembre.

La renuncia le fue aceptada sobre el final de la sesión y su reemplazo, el también socialista, Javier Farías, jurará en el cargo en la primera sesión del Período de Extraordinarias que será convocado el próximo lunes por el Poder Ejecutivo.

No obstante, la primera parte de la sesión se la llevó un unánime reconocimiento a la figura de Farías quien deja la Cámara después de 6 años.

Primero, la presidenta de la Cámara, Clara García, al abrir la reunión rompió el listado de legisladores a los que les corresponde izar la Bandera para hacerlo ella con el propio Farías.

Antes, tuvo palabras de gran reconocimiento a la figura del santafesino por "la calidez humana, el trabajo, la vocación de diálogo, de la búsqueda de los entendimientos"

Es más, lo definió como "el elegido de los gobernadores" recordando las funciones que cumplió durante los mandatos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

Farías fue presidente de la Cámara de Diputados tras el fallecimiento de Lifschitz y el hecho no pasó inadvertido para García que lo definió como "mi hermano".

Después hubo palabras de reconocimiento a la tarea y a la vocación dialoguista de Farías desde todos los sectores políticos donde cada uno de los oradores fue rescatando aspectos de la figura del legislador.

Con el voto unánime de todos los miembros, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la Provincia. "Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria", dispone el artículo primero.

El proyecto que firma el socialista Rubén Galassi llegó al recinto de la Cámara con dictámenes de las respectivas comisiones, especialmente la de Seguridad que se ocupó de escuchar a las partes, esto es el Ministerio de Seguridad, las cámaras empresariales e incluso sindicatos que agrupan a trabajadores. No es la primera vez que Diputados se pronuncia por regular esta actividad pero en las instancias anteriores nunca tuvo acompañamiento del Senado por lo que fue perdiendo sucesivamente estado parlamentario.

Fuentes del Ministerio de Seguridad precisaron a El Litoral que hay están registradas en la provincia 210 agencias privadas que tienen unos diez mil agentes inscriptos y prestan servicios en unos 2.600 objetivos declarados.

El Ejecutivo avaló este proyecto mientras prepara un mensaje para regular el uso de tecnología y aparatos electrónicos, léase drones por ejemplo, para enviar a las cámaras.

Galassi agradeció a los bloques el acompañamiento a la hora de votar el texto y pidió incluir los fundamentos en la versión taquigráfica. "El efectivo control del funcionamiento de las agencias prestadoras de los servicios de seguridad privadas requiere una precisa normativa que determine las condiciones y alcances con que las mismas deben ser habilitadas, registradas, fiscalizadas y eventualmente sancionadas. El establecimiento de disposiciones reglamentarias orientadas a cumplimentar con dichos objetivos redundara además en beneficio del interés público y de la seguridad de los usuarios", señaló.

El texto avanza en la definición de los requisitos para la habitación en territorio santafesino de estos establecimientos, tanto en cuanto al personal responsable de la dirección técnica como al personal contratado encargado de las realizar las tareas. Además definen las condiciones para la contratación, las incompatibilidades y obligaciones del personal, las prohibiciones y obligaciones de los prestadores, las capacitaciones que deben ser brindadas a los trabajadores, las funciones de la autoridad de aplicación designada en la órbita del Ministerio de Seguridad, así como un régimen de sanciones a las infracciones que los prestadores puedan cometer y el procedimiento que debe seguirse para el cobro y destino de las multas y tasas administrativas.

"La seguridad privada tiene como fin satisfacer necesidades legítimas de seguridad, complementarias a la seguridad pública y sujetas a las políticas que a los fines de aquella se determinen, y con total sujeción y absoluto respeto a las normas constitucionales nacionales y provinciales", reza el artículo 3.

El personal comprendido en esta norma deberá cumplir, para su habilitación a los fines de prestar servicios, como mínimo y sin perjuicio de otros que establezca la reglamentación, con los siguientes requisitos: ser mayor de 21 años para prestar servicios efectivos o de 18 años para recibir las capacitaciones correspondientes; acreditar domicilio real o residencia efectiva mayor a dos años en el territorio de la Provincia de Santa Fe; poseer estudios secundarios completos; no poseer antecedentes penales con condena por delitos dolosos, o culposos relacionados con su función de seguridad; y cuando sobreviene para el personal una condena por delitos dolosos o culposos relacionados con el ejercicio de su función con posterioridad a su solicitud de inscripción en el registro; quienes hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas relacionadas con las actividades reguladas por la presente; acreditar aptitud psicofísica para el ejercicio de la función; cumplir con la capacitación a que se hace referencia en la presente ley, la cual deberá ser solventada por el empleador; no contar con antecedentes penales por delitos de lesa humanidad, o posea antecedentes por violación a los derechos humanos, obrantes en los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Las firmas tendrán un Director Técnico como responsable de la dirección técnica y operativa, diseño, ejecución, coordinación y control de los servicios prestados por la empresa de seguridad privada.

El tema de las agencias privadas fue una de las veinte leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, todos llegados al recinto con dictámenes previos de comisión y la mayoría de ellos acordados además con el Senado.

Este miércoles, la increíble historia de los miles de dólares hallados en el basural de la ciudad de Las Parejas, en el departamento santafesino de Belgrano. 

Una misteriosa carta y una pretenciosa hipótesis captaron la atención de todos los que buscan revelar la historia detrás de los billetes verdes encontrados en el relleno sanitario. 

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La carta escrita en el año 2009 expresa que “una mujer vendió dos propiedades para ayudar a la Organización Mundial de la Salud”, y luego hace referencia a una importante suma de dinero en moneda extranjera. 

Ante el furor parejense por los dólares, el propio intendente Horacio Compagnucci tomó una medida para preservar la seguridad de los presentes en la búsqueda. 

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Además, en declaraciones con Radio Sol, Compagnucci definió: ”La noticia es extraña, pero es lo que está sucediendo desde el lunes a la mañana”.