Luego de los disturbios del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno abrió una nueva discusión sobre el control de manifestaciones. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que su cartera estudia medidas para “endurecer” el operativo en marchas.

En declaraciones radiales, la funcionaria mencionó desde revisiones de mochilas hasta eventuales restricciones sobre banderas y sus mástiles, a los que describió como elementos que podrían convertirse en objetos de agresión.

Monteoliva vinculó el análisis a lo ocurrido durante la movilización mientras el Senado debatía la reforma laboral, cuando se registraron choques entre fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes, con heridos y detenidos.

La ministra sostuvo que se busca “mirar de qué manera” se pueden aplicar “otro tipo de controles” sin poner en riesgo a nadie, en el marco del protocolo vigente para protestas.

El punto más comentado fue la posibilidad de revisar mochilas, una medida que, de avanzar, sumaría un filtro adicional en los accesos y en la dinámica de cada concentración. En Seguridad señalaron que todavía se trata de alternativas “bajo estudio”.

En la misma línea, Monteoliva puso el foco en los palos de banderas y su posible uso como “flechas” o armas arrojadizas. En su entorno remarcan que el objetivo sería prevenir incidentes sin afectar la integridad de los participantes.

Por ahora, no hubo precisiones sobre plazos, alcance ni forma de implementación. La discusión, sin embargo, ya sumó repercusión pública porque toca un tema sensible: el equilibrio entre seguridad, orden público y derecho a la protesta.

En el oficialismo creen que la secuencia del miércoles dejó argumentos para revisar protocolos y procedimientos. Desde sectores opositores y organizaciones sociales, en cambio, se anticipa resistencia ante cualquier medida que limite símbolos o mecanismos tradicionales de movilización.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso este miércoles sobre los alcances del proyecto de la ley “Antimafia” en el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores de la Nación.

Al respecto, Cococcioni precisó que “nos citaron para hacer oír la opinión de la Provincia de Santa Fe en torno al proyecto de ley Antimafias, presentado por el Gobierno nacional a instancias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”. Luego destacó que “venimos a hacer un análisis del proyecto de ley, que estamos convencidos va a ser fundamental porque nos va a permitir luchar con mejores herramientas contra el crimen organizado”.

A continuación, detalló que la norma “crea un organismo para tener herramientas procesales amplificadas, es decir mayores facultades para hacer allanamientos y detenciones, en casos con este tipo de complejidad. Además, eleva las penalidades para las asociaciones ilícitas agravadas, y puntualmente le aplica la pena equivalente a la del delito más grave cometido por cualquiera de los miembros de la organización”.

“Es decir, quien toma parte de una organización criminal que comete homicidios calificados, recibirá la perpetua y no una pena menor como establece actualmente nuestra legislación”, ejemplificó el ministro.

Por último, señaló que “las expectativas son buenas porque hemos sido escuchados; nos han dado la oportunidad de venir a plantear que es lo que necesita la Provincia de Santa Fe; y los aspectos que hemos criticado o modificación que hemos propuesto al proyecto de ley original, lo han tomado. Se está trabajando en conjunto y esperamos, en muy poco tiempo, tener una verdadera ley Antimafia que nos devuelva la autoridad en la República Argentina”, destacó Cococcioni.

A continuación, el ministro indicó que “en toda la provincia, pero fundamentalmente en la ciudad de Rosario, hay un despliegue importante de fuerzas federales, a raíz del Plan Bandera, con la activación del Comité de Crisis y de un Comando Conjunto, y un despliegue policial coordinado entre Nación y Provincia”.

“Hoy la provincia de Santa Fe tiene prácticamente todos sus efectivos en calle; en la ciudad de Rosario de 20 patrulleros hemos pasado a tener 170, las 24 horas, a los que se suman un promedio de 70 más pertenecientes a las Fuerzas Federales. Con lo cual hoy la ciudad está cuidada, está atendida y queremos seguir por ese mismo camino. Estamos dando los primeros pasos para devolverle la tranquilidad a la provincia de Santa Fe”, concluyó.

El proyecto de ley Antimafia, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, está siendo debatido en el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores de la Nación.

La norma establece un abordaje integral del crimen organizado, y tiene como objetivo "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales". Además, contempla una pena más alta de prisión por la mera pertenencia a la asociación criminal.

La iniciativa busca desactivar las bandas dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

Los diputados de la Asamblea Legislativa de Kiev (ALK) decidieron excluir por completo el idioma ruso de los programas docentes de las instituciones capitalinas de educación preescolar y media general.

La medida que calificaron como “cuestión de seguridad nacional” en medio de la guerra entre ambas exrepúblicas soviéticas.

El presidente de la comisión de la ALK para la educación y ciencia, Vadim Vasilchuk, dijo que en la situación del conflicto con Rusia es incorrecto incluir la enseñanza de la lengua rusa en los programas docentes y señaló que es un “asunto de seguridad nacional”.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, declaró que el idioma ruso “debe desaparecer del territorio de Ucrania”.

Además, calificó de peligrosa para el Estado ucraniano la idea de que es necesario lograr comprensión mutua con los ciudadanos de habla rusa.

La Asamblea Legislativa de la ciudad de Nikolaev había tomado la decisión de excluir a partir del 1 de septiembre pasado el uso de la lengua rusa en las instituciones de educación media general. La prohibición del idioma ruso adquirió un carácter masivo en Ucrania durante los últimos años.

El ucraniano es el idioma oficial del país. La Constitución de Ucrania garantiza el uso libre y la protección a la lengua rusa y otras de minorías étnicas. Pero el Parlamento de Ucrania aprobó en abril de 2019 la ley “De la garantía del funcionamiento del idioma ucraniano como estatal”, estipulando su uso exclusivo en casi todas las esferas de la vida, y se instituyó una comisión especial para garantizarlo en la práctica.

Ese enfrentamiento entre el ejército ucraniano y las miliciass prorrusas que reclamaban su independencia o al menos alguna forma de autonomía se desarrolló durante ocho años con un resultado de alrededor de 15.000 muertos, según la ONU, y fue uno de los principales motivos que esgrimió Rusia cuando invadió Ucrania el 24 de febrero de este año.