Este lunes, comenzó a discutirse en la Cámara Penal la condena de 17 años de prisión que recibió en primera instancia Lucas Ezequiel Ojeda por el asesinato de Juan Cruz Ibañez, joven oriundo de Murphy que estudiaba ingeniería y fue apuñalado en un robo en su departamento en Rosario. En este marco, el fiscal Guillermo Corbella pidió que se eleve la pena a 30 años de prisión y que el acusado no acceda a salidas anticipadas, solicitud que fue bien recibida por la querella (su familia), mientras que la defensa planteó la necesidad de que se tengan en cuenta atenuantes y se rebaje el monto de la sentencia. En 15 o 20 días hábiles estaría lista la decisión del tribunal de segunda instancia.

Cabe recordar que, al momento de cometer el asesinato, Ojeda era menor de edad. Por ello la causa recayó en manos de la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena, quien lo encontró responsable de homicidio criminis causa, es decir, cometido para garantizar un robo al departamento y lo condenó, en el mes de marzo del corriente años, a 17 años de prisión, con algunos beneficios que le permitirían tener salidas transitorias previo a cumplir la condena. Actualmente, y desde que cumplió los 18 años, Ojeda se encuentra alojado en Piñero, a la espera de la decisión de la Justicia.

Juan Cruz junto a sus hermanos, Martín e Ignacio Ibañez. Foto: Gentileza.

En este marco, Ignacio Ibañez, hermano de Juan Cruz, comentó que en la audiencia de apelación, tanto la querella como la defensa pudieron exponer sus alegatos para hacer las solicitudes correspondientes sobre la pena. “Afortunadamente, en un sólo día de audiencia se agotaron todas las instancias de alegatos y ahora esperamos que en 15 o 20 días hábiles podamos tener una sentencia de segunda instancia. Lo que nosotros queremos es que se aumente la pena a 25 o 30 años”, explicó. Y añadió: “En un principio, el pedido nuestro y del fiscal era de prisión perpetua, sin embargo viendo como actúa la Justicia, nos dimos cuenta que iba a ser imposible, porque amparados en la Declaración de los Derechos de los Niños no iban a dar lugar al pedido. Por eso intentamos ir a una pena más fuerte pero, sobre todo, posible en el marco del Código Penal Argentino”.

Ignacio recordó que luego de esta segunda instancia sólo queda la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe para poder apelar la condena. “Ya hay un preaviso por parte de la defensa de que, en caso que se aumente la pena, van a llegar a la Corte Suprema. No sabemos si esto es bueno o malo, porque tenemos como antecedente lo que sucedió en diciembre del año pasado con la reducción de la pena al femicida de la joven de Rufino, Chiara Páez”, resaltó.

Ignacio Ibañez también planteó que las expectativas en esta segunda instancia son “buenas”, porque “gracias a esta nueva Ley de víctimas que está vigente en el país, como familia pudimos participar de la audiencia y tuvimos la posibilidad de hablar, de exponer, y que el tribunal nos escuche”, relató, asegurando que se encontró con un tribunal “más duro” que la jueza de primera instancia. Por estos motivos es que “tenemos un poquito más de fe, aunque la verdad la vamos a saber en veinte días”.

El hermano de Juan Cruz a su vez recordó que la familia quedó muy disconforme con el accionar de la jueza Dolores Aguirre Guarrochena, por ser “extremadamente garantista y pro delincuentes, generando una trato totalmente desigual”, disparó.

“Cuando te hacen volver a un lugar como ser un tribunal, te remueve muchos sentimientos y te llevan a los estadíos iniciales, al día uno”, reconoció Ignacio, quien además planteó que la Justicia termina banalizando el hecho, porque “lo relatan como si fuera un guion de una obra de teatro o de una película, cuando en realidad fue algo que tuvo que atravesar y vivir mi hermano. Eso te hace muy mal. Pero nosotros tenemos que seguir yendo a los tribunales, porque si no insistíamos este caso hoy estaría cerrado y el asesino tendría una pena con un techo de 10 años y probablemente ya estaría con salidas transitorias”.

Un tribunal de segunda instancia integrado por los jueces de Venado Tuerto, Daniel Curik, Tomás Orso y Juan Pablo Lavini Rosset, anuló una sentencia absolutoria que había sido resuelta en un juicio oral y ordenó que un hombre sea juzgado nuevamente. El acusado tiene 37 años, sus iniciales son CMK, y la Fiscalía le atribuyó abusos sexuales en contra de dos hijas de una mujer que era su pareja, cometidos cuando las víctimas eran adolescentes.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Horacio Puyrredón y Mariana Vidal, quienes representaron al MPA en el debate, solicitan una pena a 20 años de prisión para el acusado y elevaron el recurso de apelación ante la Cámara tras conocer el veredicto. Al respecto, aseguraron que “el fallo es injusto porque parte de la base de que las víctimas mienten”.

Los camaristas cuestionaron que “el tribunal [de primera instancia] incumpliendo una prohibición legal expresa, ordenó la íntegra reproducción de las declaraciones prestadas en cámara Gesell, asignándole el carácter de prueba material, a pesar de que las víctimas devenidas mayores de edad, estando en condiciones de declarar y habiéndolo solicitado, lo hicieron en juicio”. Según manifestaron, la decisión de incorporar las declaraciones grabadas al juicio oral fue justificada con “afirmaciones genéricas, meramente formales y dogmáticas que no se correspondían con un riesgo concreto de afectación al derecho de defensa”. En tal sentido, lo dispuesto fue “incompatible con la garantía constitucional del debido proceso”, agregaron. Los jueces de segunda instancia también recordaron que mientras que la Defensa pidió la íntegra reproducción de las declaraciones previas de las víctimas, la Fiscalía se opuso “en términos claros y expresos”. Por lo tanto, consideraron que “es absolutamente incorrecto y desacoplado de lo acontecido durante el debate que tal decisión de incorporar los registros de cámara Gesell asignándole el carácter de prueba material haya obedecido a un acuerdo de las partes, como señala reiteradamente la sentencia”.

El tribunal que revisó el fallo hizo referencia a que las víctimas declararon ante los jueces dos días antes de que se reprodujeran las entrevistas en cámara Gesell a las que se “decidió dotar de valor probatorio autónomo”. En función de ello, quienes de acuerdo con la acusación fueron abusadas cuando eran adolescentes no tuvieron la posibilidad de ser interrogadas acerca de posibles incongruencias con sus dichos previos. Los camaristas expusieron que era obligación de los jueces de primera instancia “tomar todos los recaudos inherentes a la mejor producción de dicha prueba testimonial, absteniéndose de confrontarla y restarle valor a partir de pruebas irregularmente incorporadas al proceso, sin que [las víctimas] hayan tenido la oportunidad de brindar información con virtualidad explicativa o aclaratoria”. Asimismo, el tribunal de Alzada subrayó que “el desarrollo argumental del fallo absolutorio se estructura sobre la afirmación de inconsistencias y contradicciones en los testimonios de las víctimas”, y criticó “la falta de perspectiva de género al considerar las diferencias entre las distintas declaraciones”. De acuerdo con la argumentación de los magistrados, en el marco del debate oral se desatendieron normas y estándares nacionales e internacionales vinculados a la prevención, sanción y erradicación de la violencia que sufren las mujeres.

En la audiencia de apelación, la Fiscalía sugirió que la Justicia provincial prevea que los tribunales que deban resolver litigios que involucren cuestiones de género sean integrados por varones y mujeres. Los camaristas contestaron que, en función de que el hombre de iniciales CMK será juzgado otra vez, la petición “excede lo meramente abstracto” y decidieron hacer lugar al requerimiento “aunque con alcance limitado al caso concreto”. Si bien los magistrados especificaron que “la condición masculina no implica per sé una carencia de sensibilización en cuestiones de género o falta de perspectiva de género, al tiempo que ser mujer tampoco garantiza la posesión de esas cualidades”, plantearon que dadas las particularidades del nuevo debate será una “buena forma de reducir los efectos revictimizantes del proceso”. Por lo tanto, en el tribunal deberá haber por lo menos una jueza.

Abusos sexuales La parte acusatoria le endilgó al hombre de 37 años haber vulnerado la integridad sexual de dos de las hijas de su pareja entre 2017 y 2018, época en la que ellas transitaron la escuela secundaria. Los hechos delictivos ocurrieron en reiteradas oportunidades en una vivienda de la localidad de San Gregorio (departamento General López). El MPA detalló que el acusado obligaba a cada una de las adolescentes a presenciar los ilícitos que cometía en perjuicio de la otra. “Dadas sus características, los abusos tuvieron entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de las víctimas”, indicaron Puyrredón y Vidal.

El hombre de 37 años volverá a ser juzgado como autor de abuso sexual con acceso carnal y de abuso sexual gravemente ultrajante, ambos delitos agravados (por la convivencia preexistente con víctimas menores de 18 años).