El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este 30 de mayo el informe mensual sobre la dotación de personal del Estado nacional. El relevamiento indica que en abril de 2025 el total de empleados en la Administración Pública Nacional (APN) fue de 292.801 personas, lo que representa una baja de 1.687 puestos respecto a marzo, es decir, una reducción del 0,6% mensual.

La tendencia de recorte viene sostenida desde noviembre de 2024, acumulando así seis meses consecutivos de caída. En ese período, el Estado nacional perdió 11.306 empleos, lo que equivale a una contracción del 3,7% en su plantel total.

El informe abarca tanto la administración central como las empresas públicas y entes descentralizados. La caída se da en medio del plan de ajuste fiscal del Gobierno nacional y los compromisos asumidos con organismos internacionales.

El ajuste no fue homogéneo: algunas áreas mostraron recortes más pronunciados que otras. Entre los más afectados se encuentran:

Empresas y sociedades estatales: bajaron un 0,9%, con 93.350 empleados.

Administración descentralizada: cayó un 0,7%, totalizando 121.125 agentes.

Administración pública nacional: perdió un 0,4%, quedando en 199.451 trabajadores.

En contraste, la administración centralizada aumentó levemente su dotación un 0,1%, y los "otros entes" crecieron un 0,2%.

A nivel ministerial, los mayores recortes se vieron en:

Jefatura de Gabinete de Ministros: -7,1%

Ministerio de Capital Humano: -2,8%

Ministerio de Economía: -3,2%

Ministerio de Defensa: -1,7%

Cancillería (Relaciones Exteriores): -2,5%

ANMAC: -13,8%

Por el contrario, algunos organismos aumentaron personal debido a procesos de regularización contractual, como el Ministerio de Justicia (+36,1%) y la Procuración del Tesoro (+33,9%).

Las empresas estatales también sufren el impacto del ajuste. El recorte alcanzó a firmas como:

Aerolíneas Argentinas: -1,1%

Banco Nación: -1%

Correo Argentino: -0,6%

Corredores Viales S.A.: -3,5%

Casa de Moneda: -4,8%

Algunas de estas empresas están bajo procesos de auditoría, reestructuración o incluso liquidación, como la Administración General de Puertos S.A.U..

La reducción de la planta estatal forma parte de la estrategia del Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal. En ese marco, se creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y se reactivó el rol de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsables de llevar adelante este proceso.

La metodología incluye no renovación de contratos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos directos, según fuentes oficiales.

Especialistas advierten sobre los posibles efectos en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. Desde el Ejecutivo aseguran que se busca "eficientizar" la gestión, mientras que gremios estatales denuncian despidos arbitrarios y pérdida de capacidades clave para el funcionamiento del Estado.

Durante octubre, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $330.338,2 millones. Por otra parte, se registró un déficit financiero de $ 454.248,9 millones, producto del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó los $ 123.910,7 millones.

"Para el periodo enero-octubre, el impacto de la sequía en la recaudación asociada a los derechos de exportación que percibe el Estado Nacional, representó una caída aproximada de más de $1.200.000 millones (0,7% del PIB) respecto a las proyecciones contenidas en la Ley de Presupuesto 2023. De no haberse producido esta merma, el déficit primario del Sector Público Nacional acumulado entre enero y octubre presentaría una mejora de la misma magnitud", explica Economía.

"La variación interanual real del gasto primario acumula entre enero y octubre una caída interanual de -4,7%", reconoce la cartera de Sergio Massa acerca del ajuste en las cuentas públicas, aclara que "en el marco de este escenario restrictivo, la administración de la política fiscal dispuesta por las autoridades del Ministerio de Economía priorizó las asignaciones destinadas a proteger a los sectores más vulnerables reforzando diversos programas sociales, la educación, y programas de inversión pública con énfasis en la infraestructura. De esta manera, la moderación en la ejecución del resto de los gastos presupuestados logró compensar el impacto negativo en el resultado primario provocado por la caída en los ingresos".

Durante octubre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $3.494.621,0 millones (+132,9% i.a.), por debajo de la inflación del 142,7%, "afectados por el desempeño de los derechos de exportación que sufrieron el impacto de la sequía y por una alta base de comparación producto de la liquidación registrada a partir del Programa de Incremento Exportador en septiembre de 2022 con ingreso en los primeros días de octubre".

El desempeño de los recursos vinculados a la actividad económica interna, a la seguridad social y a las importaciones compensaron parcialmente el efecto de la sequía en los ingresos totales, en la lectura oficial.

"Entre los tributos ligados a la actividad económica interna se destacan la recaudación correspondiente al IVA neto de reintegros (+$416.866,8 millones; +156,8% i.a.). Mientras que, los derechos de exportación cayeron por sexta vez en el año (-7,3% i.a.) y acumulan en el año una variación de -19,6% i.a. En cuanto a los derechos de importación, registraron una suba de +175,0% i.a. (+$83.687,9 millones). Por otro lado, en línea con la ampliación de su base imponible, la recaudación del impuesto PAIS (Decreto 377/2023) aceleró su crecimiento, multiplicándose por más de seis veces respecto a octubre de 2022.

"Los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se incrementaron en +$506.698,1 millones (+125,5% i.a.) producto de la suba del salario medio del sector privado y sector público. A su vez, las erogaciones primarias del Sector Público Nacional alcanzaron en el mes de octubre los $3.824.959,2 millones (+138,5% i.a.), priorizando los refuerzos de ingresos a sectores vulnerables y la política educativa".

El rubro en el que más se siente la política fiscal ajustada es en el de las prestaciones de la Seguridad Social (Haberes y planes) que ascendieron a $1.234.162,2 millones (+112,6 % i.a., muy por debajo de la inflación). Reconoce Economía que esta dinámica "se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente (Ley N° 27.609)" que el Frente de Todos impuso en el inicio de la gestión de Alberto Fernández.

Aclara la cartera económica que el cálculo "no incluye el refuerzo de ingresos previsionales (inversión de más de $175.000 millones) en jubilaciones y pensiones" a la base de las prestaciones (quienes cobran la mínima), aunque de todas maneras el crecimiento interanual de las prestaciones con los bonos asciende a +132,7% i.a, también por debajo de la inflación.

"Por otra parte, la erogación asociada a remuneraciones alcanzó los $480.500,4 millones (+164,2% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de los acuerdos salariales alcanzados y el bono a trabajadores estatales (Decreto 438/2023)".

Baja relativa en gastos de capital

El gasto de capital alcanzó durante el periodo de referencia los $298.735,7 millones, lo que supone +116,8% i.a., muy por debajo de la inflación, lo que permite inferir un ajuste en obras públicas. "Por un lado, el crecimiento de la Inversión Real Directa (+$91.064,6 millones; +158,4%) fue impulsada por inversiones realizadas por ENARSA, ADIF, ARSAT y Aerolíneas Argentinas. Por otra parte, las Transferencias de Capital registraron un crecimiento de +123,6% i.a. (+$82.564,1 millones), entre las que se destaca el incremento de las transferencias realizadas por los Fondos Fiduciarios del PROCREAR, Integración Socio-Urbana e Hídrico", detalla la cartera de Economía.

El déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) en Argentina alcanzó en febrero a 228.134 millones de pesos, mientras que los intereses de la deuda se elevaron a 257.456,9 millones de pesos, lo cual arrojó un desequilibrio financiero de 485.590,9 millones de pesos, según informó el Ministerio de Economía.

En un comunicado, el Palacio de Hacienda indicó que el resultado de las cuentas públicas se produce por “el incremento en la inversión pública y por la caída en los tributos del comercio exterior afectados por la sequía”.

La cartera económica puntualizó que “la suba en los ingresos -excluidos los del Comercio Exterior-, alcanzó el 105,1%, mientras que los recursos totales aumentaron 85,6%, afectados por la sequía, respecto de febrero de 2022”.

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“En el periodo de referencia, los Ingresos totales del SPN ascendieron a 1.570.391,1 millones de pesos, (+85,6 % i.a.). La magnitud del impacto de la sequía redujo los derechos de exportación en un 45% interanual (i.a.) y se estima que la pérdida de estos alcanza los $ 200.000 M durante el primer bimestre. Excluyendo los tributos del comercio exterior el incremento de los ingresos ascendería a 105,1% i.a.”, explicó el Palacio de Hacienda.

Los ingresos tributarios vinculados a la actividad económica crecieron 107,2% i.a, por el lado del IVA neto de Reintegros y 99,3% i.a. por el lado del impuesto a las ganancias, mientras que las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 106,9% i.a.

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Más adelante, las autoridades económicas subrayaron que “el gasto primario del SPN alcanzó los 1.798.525,1 millones de pesos y presentó una suba de +95% i.a. Al mismo tiempo, el gasto de capital creció 246,6% i.a frente a febrero de 2022 marcando una aceleración sostenida de la inversión pública asociada a obras de infraestructura energética, vivienda y transporte”.

Finalmente, el parte oficial puso en relieve que “si bien la evolución de los gastos primarios refleja la prudencia de la administración fiscal durante el primer bimestre de 2023, la caída en la recaudación de Derechos de Exportación medida en dólares a valores cercanos a la mitad de lo recaudado en 2021 y en 2022 para el mismo periodo y la caída estimada respecto del volumen de producción agropecuaria dan cuenta de la severidad del impacto de la sequía en las cuentas públicas”.