El secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, decidió apartarse de su función en el gabinete de Omar Perotti. Según pudo confirmar El Litoral, el funcionario ya presentó la renuncia, que será aceptada el próximo martes. Su reemplazante sería Eduardo Massot, actualmente secretario de Trabajo.

En cuanto a las razones del alejamiento, están cifradas fundamentalmente en razones de salud. Durante sus últimos meses, su gestión se vio afectada y sometida a desgaste, por cuestiones vinculadas al concurso para cargos del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa.

Aunque el gobierno defendió categóricamente la seriedad y transparencia del proceso frente a las críticas de la oposición y distintos actores vinculados al quehacer judicial, Somaglia se excusó de seguir interviniendo tras la difusión de una serie de audios que lo vinculaban con el supuesto encubrimiento de acciones cuestionadas del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Desde entonces, el trámite del concurso quedó en manos de la ministra de Gobierno, Celia Arena, y se redujo notoriamente la participación pública del propio Somaglia.

De acuerdo a lo que pudo establecer este diario, la decisión era formalizar la renuncia en el curso de la próxima semana, pero finalmente se decidió adelantarla ante los rumores que ya habían trascendido.

Mediante el decreto Nro. 1888 con fecha 26 de setiembre, el Poder Ejecutivo resolvió apartar al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del concurso que se lleva adelante para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa (MPA y MPD). La decisión se conoció tras la difusión de un audio que sería parte de la evidencia de la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, y en la que se reconoce la voz del propio Somaglia. Sin embargo, la fundamentación del decreto es otra.

El texto plantea en sus considerandos que la excusación del funcionario responde al pronunciamiento de legisladores de la oposición que la semana pasada reclamaron públicamente mayor transparencia en el proceso.

El jueves último, de hecho, diputados de prácticamente todos los bloques no oficialistas advirtieron en una conferencia de prensa que el procedimiento para seleccionar a los futuros fiscales y defensores regionales, además de fiscal y defensor general, no brindaba garantías de transparencia e imparcialidad. Y lo argumentaban apuntando que a días de que se abriese la inscripción de postulantes se cambiaba por decreto la composición del Consejo de la Magistratura; que un día de paro de estatales y casi sin testigos se realizaba el sorteo para constituir el cuerpo evaluador; y que en los criterios para la elaboración de los planes de trabajo que deben presentar los concursantes para ser evaluados, poco y nada se requería respecto de las políticas de persecución penal a instrumentar. Sobre la base de todo ello es que la oposición avisaba que se reservaba la potestad de rechazar los pliegos que fuesen enviados a la Legislatura como resultante de esos concursos.

En respuesta a ese planteo – o al menos eso es lo que expresamente se hace constar en los considerandos- es que el gobernador por decreto decide apartar a Somaglia de este concurso puntual. La antesala de la determinación fue una serie de conversaciones mantenidas entre Omar Perotti y algunos referentes de la oposición, que no pasaron por alto los audios privados difundidos este fin de semana en los que el actual secretario de Justicia aparece reportando a Sain supuestas acciones para brindarle “protección” al ex ministro. Por eso hecho, ya hay legisladores que han solicitado la renuncia del secretario de Justicia.

De todos modos, el decreto alude pura y exclusivamente al reclamo de la oposición de la semana pasada. En los considerandos se remite directamente a “las apreciaciones formuladas por legisladores pertenecientes a distintos sectores políticos en relación al proceso de selección” de autoridades del MPA y MPD. Y se aclara que dichas objeciones no son compartidas por el gobierno puesto que “se ha cumplido con los recaudos legales, usos y costumbres que desde hace años rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. Aun así, sigue diciendo el decreto, a los fines de “despejar dudas y sospechas”, es que se acepta la excusación de Somaglia como conductor del proceso de selección. Su lugar será ocupado por la actual ministra de Gobierno, Celia Arena, con “la asistencia” y el asesoramiento permanente del Fiscal de Estado, Rubén Weder.

El concurso en cuestión es sensible en términos institucionales porque definirá a los responsables de conducir desde abril próximo tanto el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, como las fiscalías y defensorías regionales. Ello será a apenas nueve meses de la finalización de la actual gestión provincial.

Esta modificación es una consecuencia del pedido de legisladores opositores de mayor transparencia en el proceso de selección en el MPA y la posterior solicitud de excusación del mismo Somaglia con el fin de que dicho procedimiento “llegue a su fin despejado de toda duda y sospecha”, según indica el documento publicado este lunes.

El contexto de la filtración de audios del ex ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, junto a los de otros funcionarios, colaboró en esta medida del Poder Ejecutivo. En ellos se lo escucha detallar que va a “enjaular” a una persona por violar la cuarentena.

Maximiliano Pullaro, diputado provincial radical, había manifestado al respecto: “Yo esperaría una reacción muy fuerte del gobierno provincial si esto es real y si los audios son reales. Es un funcionario que hoy tiene la máxima responsabilidad de llevar adelante los concursos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (y de defensores públicos), en el Consejo de la Magistratura”.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, admitió que la provincia “sigue con expectativa” el proceso de la firma Vicentin, después de que el presidente de la Corte aceptase el planteo de uno de los acreedores – la corredora de cereales Grassi S.A.- reclamando el avocamiento del máximo tribunal en la causa. Hasta aquí, Rafael Gutiérrez dictó la medida administrativa dentro del ejercicio de sus facultades, pero es la Corte en pleno la que debe decidir sobre la cuestión de fondo y aceptar o desestimar el avocamiento. Se aguarda, además, que el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, responsable de llevar adelante el proceso de concurso, se expida sobre el traslado corrido por Gutiérrez. 

“Lo único que sabemos hoy es que la Corte (a través de su presidente) resolvió suspender los plazos procesales que estaban corriendo y le ha corrido vista al juez de Reconquista para que responda sobre el pedido de avocación, a fin de que después la Corte en su conjunto pueda decidir si se avoca o no, atento a las irregularidades que, descuento, tiene que haber planteado el acreedor que solicitó la intervención del máximo tribunal”, dijo Somaglia en diálogo con El Litoral. 

El funcionario recordó que la provincia siempre bregó por el salvataje de la empresa, aunque aclaró que después de que esta instancia fracasara, el gobierno que encabeza Omar Perotti no tiene injerencia pero sigue atentamente todo el proceso. “La provincia siempre ha estado expectante y ha tenido un interés en que la empresa se salve y siga adelante. Descontamos que si la Corte dispuso lo que dispuso, tiene que haber algún planteo serio para que se suspenda el trámite y se avoque. Hay que conocer también el motivo por el que el acreedor pidió la avocación; cuál es el sujeto de ese pedido. Eso lo desconocemos. Pero somos respetuosos de la decisión que vaya a tomar el máximo tribunal”, planteó. 

El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia. Crédito: Manuel Fabatía.

Somaglia prefirió quedarse en el terreno de las hipótesis a la hora de referirse a las causas que motivaron el pedido del avocamiento. “No conozco el escrito del acreedor pero descuento que se trata de lo que se ha hecho público en los últimos días, en relación a la venta de las acciones de Vicentin en la firma Renova, que era uno de sus principales activos. Sin embargo, Vicentin se estaba desprendiendo de ellas, y esto podría causar un serio perjuicio a los acreedores. Pero estoy hablando en el terreno de las hipótesis – insistió-, y a partir de lo que dio lugar a la detención del actual presidente de Vicentin puesto que en su momento, algunos magistrados en el marco de las investigaciones penales, habían dispuesto como medida de no innovar la prohibición de disposición de bienes. Hablo en el terreno de las hipótesis porque desconocemos la especificidad del escrito del acreedor”, volvió a decir. 

En cuanto a la posición actual de la provincia frente al proceso, Somaglia sostuvo que “se mantiene expectante en la defensa del crédito que tiene por la deuda impositiva de Vicentin. Después de la intervención que le cupo en aquel momento – recordó- con el fin del salvataje, no expropiación, la provincia decidió apartarse aunque sigue de cerca la evolución de los acontecimientos”. 

Por último y consultado sobre el accionar del juez Lorenzini, Somaglia consideró que “la Corte, al avocarse, revisará si la denuncia que formulara el acreedor tiene viso de seriedad o no; y en función de ello, si se entendiese que hubiese existido alguna irregularidad, acudirá a los mecanismos disciplinarios que correspondan para evaluar la conducta del magistrado”, concluyó.