Ninguna otra provincia alcanza a Santa Fe en el número de usuarios-generadores que cuentan con instalaciones para cubrir, en parte o completamente, su propia demanda de energía eléctrica y hasta transferir a la red sus excedentes.

Con 1.290 casos de usuarios generadores conectados (hay otros 300 en proyecto), queda en evidencia la ventaja de haber sido pionera en políticas públicas provinciales para promover el uso de tecnologías limpias capaces de generar kilovatios en escalas pequeñas, en general de origen fotovoltaico. Desde 2015 en adelante el programa Prosumidores (un término que no logró imponerse a nivel nacional) pone a la provincia en el primer puesto, incluso frente a Buenos Aires y Córdoba.

En todo el país, son 4.082 los casos de usuarios-generadores (esa es la denominación que se utiliza a nivel nacional). En esa cifra, a los 1.590 que pronto tendrá Santa Fe (el dato de 1.290 es de marzo pasado) se agregan 1.153 instalaciones activas en Córdoba y otros 757 en la Provincia de Buenos Aires.

A los tres estados subnacionales de mayor perfil productivo, les siguen: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya cuenta con 157 usuarios activos; Entre Ríos, 152; San Juan, 128; Misiones, 91; y La Pampa, 73 usuarios. Luego, Mendoza, con 47; La Rioja, 42; Corrientes, 35 usuarios; y más abajo Chaco, Río Negro, Neuquén, Chubut y Catamarca, con números menores pero que crecen.

Los datos sobre Santa Fe fueron entregados a El Litoral por la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo. En cambio, los que hablan de las demás jurisdicciones corresponden a la oficina del mismo nombre de la Nación, que aún no incluye en sus datos estadísticos a las cifras santafesinas.

Esa omisión era comprensible hasta hace algo más de un año, ya que aunque fue de las primeras en tener políticas propias sobre consumidores-generadores o usuarios-generadores de energía eléctrica, Santa Fe dejó pasar muchos años hasta sumarse a la legislación nacional en la materia. Pese a que la provincia fue pionera con su programa Prosumidores, finalmente adhirió en abril de 20245 a la Ley Nacional N° 27.424, que en 2017 había creado el "Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica".

Probablemente, la Nación sume a Santa Fe a sus datos globales cuando se agregue un decreto reglamentario a la norma de adhesión. Si ese ha sido el motivo, es cuanto menos burocrático y esconde la realidad de la provincia con mayor desarrollo en el tema. 

Para el gobierno provincial, sigue siendo una incógnita qué sucederá en materia energética durante los meses de verano. Después de que la Nación anunciase cortes programados para campear la escasez de energía, las autoridades de la EPE comenzaron a advertir acerca del escenario incierto que se tenía por delante. La situación no cambió. Y con el paso del tiempo, se sumó un agravante: en un año de gestión de Javier Milei, no se han comenzado las obras necesarias para garantizar la generación que se requiere. Así lo manifestó la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Gesse.

- Ante la inminencia del verano, ¿qué panorama avizoran en materia energética?

- La verdad es que hay una gran incógnita que tiene que ver con el gobierno nacional. Nosotros hemos tenido reuniones con la Secretaría de Energía ya varias veces. Lamentablemente, eran con un funcionario que después renunció y esas idas y venidas complican mucho la relación con el gobierno nacional, sobre todo para obtener una respuesta cierta. Sabemos que están trabajando en tratar esta coyuntura intentando importar energía de Brasil, pero es algo que solamente ellos pueden definir; nosotros desde las provincias ni Santa Fe ni ninguna otra puede hacer nada. Si la Nación plantea cortes programados o en un momento colapsa el sistema, no hay forma de que nosotros ni ninguna provincia pueda salirse y plantear que se compra generación por otro lado.

- ¿No hay Plan B posible de parte de las provincias?

- No, porque al tener un sistema interconectado, no podemos plantearnos ninguna otra opción en este momento. Sabemos que el Gobierno Nacional está trabajando en eso pero nos hubiera gustado que ya que están asumidos igual que nosotros desde hace un año, hubieran empezado a trabajar en la causa de este problema. La causa es que no se ha invertido desde hace más de 15 años en transporte y generación de energía. Son cosas que por ahí para la gente, en el día a día, no significan nada. Sin embargo, hoy nos ponen un corset muy muy apretado y vamos a estar exactamente en esta misma situación el año que viene y el otro y el otro, porque son obras de tal magnitud que no se resuelven de un año para el otro…

"Si la Nación plantea cortes programados o en un momento colapsa el sistema, no hay forma de que nosotros ni ninguna provincia pueda salirse y plantear que se compra generación por otro lado", sostuvo Geese. Créditos: Mauricio Garin

- En algún momento hay que tomar la decisión de empezarlas…

- En algún momento hay que hacerlas y no es necesariamente por una cuestión de dinero que hoy el Gobierno Nacional tenga que sacar de su bolsillo. Porque hay muchos privados interesados en invertir. Por ejemplo, una de las líneas más importante que necesita Santa Fe para la zona sur demanda de unos 600 o 700 millones de dólares. Eso, se unen algunas empresas y pueden hacer la inversión o conseguir fondos internacionales sobre todo si la macroeconomía se estabiliza. Pero lo tiene que determinar el Gobierno Nacional. Todos sabemos cómo hacerlo; el tema es que hay que tomar la decisión. Alguien tiene que firmar la resolución y pasar eso a la acción. Eso es lo que le está costando mucho a este gobierno. También es cierto que ha heredado mucho de gobiernos anteriores…

- Pero en un año, esta gestión tampoco lo ha hecho…

- No lo ha hecho. Y eso nos afecta muchísimo porque un año que vos perdés, después para recuperalo, te lleva dos o tres años de generación. Las obras de transporte son siempre de 24 meses en adelante, es decir, que van a seguir influyendo sobre los sucesivos veranos de nuestra gestión. Por eso, la presión de las provincias en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, para ver qué define el gobierno nacional que, hasta ahora, realmente ha hecho oídos sordos.

En las próximas semanas el Gobierno lanzará una campaña para que los usuarios de energía eléctrica y gas natural por redes se vuelvan a inscribir en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que define la segmentación de tarifas.

De esa manera, los hogares brindarán voluntariamente sus datos para que la Secretaría de Energía pueda actualizar sus bases y en función de eso, categorizar correctamente a los usuarios según sus ingresos y patrimonios para focalizar la ayuda del Estado nacional.

Según fuentes oficiales, "las cosas no valen lo que la capacidad adquisitiva de la gente pueda pagar, sino lo mismo para todos, y por eso establecimos los precios de la energía uniformes para todos. El subsidio sí está en función del poder de compra. Nosotros queremos pasar de subsidios generalizados a focalizados, detectar a los vulnerables".

Hasta mayo, las familias de menores ingresos y las que están en situación de pobreza abonaban apenas el 3% del costo pleno de abastecimiento eléctrico, un nivel que se elevará hasta poco más del 20% desde este mes.

La intención del Gobierno es que -sin cambiar los criterios de inclusión y exclusión para el acceso a los subsidios- los usuarios declaren sus datos actualizados para destinar el gasto público a quienes realmente lo necesitan.

"Va a salir una reglamentación para los que estén mal registrados. Los usuarios van a poder reclamar si creen que el registro los categoriza mal, y el sistema operará como con los reclamos de una tarjeta de crédito: primero se les dará la razón a los consumidores y se los volverá a incluir en los subsidios, pero se investigará caso por caso y se cobrará retroactivo si estaba bien la exclusión", detallaron en las cercanías de la Casa Rosada.

Ese nuevo sistema tendrá un período de transición de 6 meses a 1 año y tiene múltiples complejidades: son 640 canastas distintas según el tipo de usuario y la región, entre otras variables; además, las provincias tienen que enviar sus bases de datos.

Las compañías petroleras aplicaron este miércoles un aumento de los combustibles de alrededor del 27%, que se suma a los incrementos de 30% y 37% dispuestos el mes pasado.Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas en horas de la madrugada incluidas Axion, Shell y Puma, en tanto YPF se sumó por la mañana con un incremento promedio del 26% en todo el país.En la mayoría de las estaciones de servicio se pudieron observar filas de vehículos con conductores que en muchos casos se enteraban del aumento en el mismo momento del expendio de combustible.En promedio, los nuevos precios en Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser de $ 702 para la nafta súper, $ 868 para la nafta premium, diésel común a $ 750 y diésel euro o premium a $ 944, según informaron fuentes del sector.El mes pasado la nafta tuvo dos aumentos: uno de hasta el 30% el pasado 8 de diciembre, y otro de entre 30% y 37% el 13 de diciembre, tras la devaluación en la cotización del dólar oficial.El aumento de este miércoles se da días después de que la Secretaría de Energía autorizara el pasado jueves aumentos de 34,44% para el precio de adquisición del biodiesel, 33,65% para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y 28,45% para el elaborado en base a maíz.El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, adelantó este martes, en diálogo con el canal C5N, que habría un incremento de entre el 25% y el 27%."A medianoche aumentan los combustibles. Por lo que vemos, según los informes de las empresas, estaría en el orden del 27%", había señalado.El titular de la cámara empresarial afirmó que los costos dependen de la cotización del tipo de cambio y el valor del petróleo.No obstante, también señaló que la política gubernamental influye pues indicó que la “pauta actual es la libertad de precios".“Se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el gobierno en el mercado a través de YPF”, afirmó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una entrevista al portal especializado Surtidores antes de la asunción del presidente Javier Milei.

Este sábado, y de manera sorpresiva, los surtidores de las diferentes estaciones de servicios del país mostraron un nuevo incremento en el valor de los combustibles.  

Esto se debe a que las compañías petroleras anticiparon una semana el incremento del 4,5% en los precios. La medida hizo que en Venado Tuerto la nafta súper llegue a los $244,80.  

Hasta aquí, la actualización de precios acordada con el Gobierno de 4,5% mensual se aplicada cerca de la mitad del mes, pero esta vez los usuarios se encontraron con que los precios subieron apenas este sábado del 8 de julio. 

Si bien el incremento no fue comunicado por las petroleras, pero ante la consulta de Noticias Argentinas fue confirmado el adelantamiento del aumento correspondiente a julio. 

Acuerdo 

La nueva suba de las naftas fue un acuerdo entre la Secretaría de Energía y las empresas petroleras.

Se trata de la suba número 31 en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, y lo encabezó YPF, con la idea de fijar un valor de referencia en el mercado y limitar a las otras empresas a que los precios no puedan dispararse. Vale destacar que los valores de la nafta se habían actualizado por última vez el 17 de junio. 

Entre los fundamentos, las petroleras apuntan que desde hace tiempo registran pérdida de rentabilidad, principalmente debido a la inflación, baja de consumo y reacomodamiento de precios demasiado escasos para sus necesidades. 

“Indudablemente que nos tocó a todos por sorpresa. Este viernes a la noche nos llegó una notificación con que venía un aumento para todos los combustibles de un 4,5% y a nivel país, y para todas las marcas”, indicó el representante de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste del país, Faruk Jaraf. 

Si bien el porcentaje de suba fue generalizado e igual en todo el país, los precios finales presentan algunas diferencias en las provincias, de acuerdo con el distrito. 

Nuevos valores en las YPF de Venado Tuerto: 

Súper: $ 244,80 (antes $ 234,30) 

Infinia: $ 312,10 (298,70) 

Infinia diésel: $ 351,90 (336,70) 

FOTOS: Fm Dale! 

“Es un hecho emocionante y verdaderamente trascendente: estamos haciendo realidad nuestra soberanía energética”, afirmó Fernández en su posteo.

Ayer iniciamos el proceso de llenado del #GasoductoNéstorKirchner, un paso fundamental para el futuro de toda la Argentina.

Es un hecho emocionante y verdaderamente trascendente: estamos haciendo realidad nuestra soberanía energética. pic.twitter.com/8uSv5E5nql

— Alberto Fernández (@alferdez) June 21, 2023

Las palabras del Presidente se ven acompañadas por un video en el que se muestran una parte de las instalaciones y el momento de la apertura de las válvulas del ducto.

“Alcanzamos este hito gracias al valioso esfuerzo de diferentes organismos del Estado que llevaron adelante el proyecto junto al sector privado, y a cada trabajadora y trabajador que puso todo su empeño para hacerlo posible. Unidos, por el bien de la patria”, remarcó el mandatario.

“Hay un ahorro en subsidios, al tener gas mucho más barato es menor lo que el Estado debe erogar para sostener los subsidios”, dijo Royon en declaraciones a Radio Del Plata.

Además, señaló que la reducción de importaciones “para este año representa un ahorro de aproximadamente 2.000 millones de dólares, y para el año que viene que va a estar todo el año en funcionamiento, de 4.200 millones de dólares”.

“Este gasoducto ahorra importaciones que son hasta seis veces más caras”, agregó.

La funcionaria destacó que “ayer comenzó el llenado del gasoducto, ya está en funcionamiento, la inauguración oficial va a ser el 9 de julio; el Día de la Independencia justamente estamos festejando que este gasoducto es el primer paso a lograr la independencia energética”.

Sobre esta primera etapa, detalló que “se abre una válvula de gas y se va llenando paulatinamente el gasoducto; es un gasoducto de 574 kilómetros, un diámetro importante, entonces esto demora 20 días”.

Dijo que en la operación del gasoducto “está YPF, está Pampa, está Pluspetrol, varios productores”, dado que “el año pasado se realizó lo que se denomina el Plan Gas, se juntó oferta y demanda y se licitó ese volumen”.

“Ganaron varios productores y es proporcional al volumen que tienen que estar inyectando ya pleno a partir del 1 de julio”, agregó Royon.

Asimismo, el intendente de Salliqueló, Juan Nosetti, destacó el movimiento económico que generó la obra del Gasoducto Néstor Kirchner a la localidad bonaerense, y afirmó que será un “puntapié” para que zonas del interior del país se conecten al sistema de gas.

“Nosotros vivimos ya la construcción de un gasoducto como fue el que unió Loma de la Lata a Buenos Aires hace quince años, y sabemos que es construir en el medio de la nada un gasoducto, que hace que el movimiento (al interior de la localidad) cambie notablemente”, afirmó Nosetti en diálogo con Radio 10.

Salliqueló es el lugar donde finalizará el Gasoducto Néstor Kirchner, cuyo ducto, de 573 kilómetros, parte de Tratayén, en Neuquén.

Además de ser el punto de partida de la ramificación de diversos ductos hacia los centros urbanos, Salliqueló cuenta con una planta compresora, a la que se le sumará a principios de 2024 otra más que permitirá, junto con la apertura de la planta en Tratayán, incrementar a 21 millones de metros cúbicos de gas por día la capacidad del gasoducto.

Salliqueló también albergará la segunda etapa del gasoducto, que permitirá conectar a dicha localidad con San Jerónimo, en Santa Fe.

Nosetti estimó que vinieron a Salliqueló “alrededor de 300 operarios técnicos” de otras zonas del país, a lo que hay que sumar la mano de obra empleada localmente.

La obra -destacó- “es un puntapié para que no haya todavía localidades sin gas natural, como todavía hay en el interior”.

Este martes, el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra clave para el desarrollo energético de la Argentina, concretó la apertura de la primera válvula de llenado como parte del proceso que concluirá el 9 de julio próximo, cuando se realice la inauguración oficial del primer tramo del ducto que llevará el gas de la formación de Vaca Muerta al centro del país.

El malestar que causó entre las pymes bioenergéticas la publicación a destiempo del precio para el biodiesel se plasmó institucionalmente en un comunicado conjunto de las cámaras nacional y santafesina del sector, en el que acusan al gobierno de generar “la destrucción del aparato productivo” en el interior del país.

En durísimos términos, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) decidieron “denunciar” el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, que “una vez más, ha publicado un precio de venta del biodiesel para el mes de abril de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria”.

Por lo tanto, fue la inexistencia de estos aspectos en la nueva normativa lo que colmó la paciencia de las bioenergéticas. “Esta medida no hace más que contribuir a la destrucción del aparato productivo pyme nacional y el empleo genuino en el interior del país, poniendo en riesgo la continuidad misma del régimen, atentando así contra el desarrollo de las economías regionales, el agregado de valor en origen e industrialización de la ruralidad, la diversificación de la matriz energética a través de combustibles renovables de origen nacional, la desconcentración económica mediante la pluralidad de actores, la sustitución de importaciones de gasoil y la preservación del ambiente y la salud”, enumeraron en el comunicado.

Los combustibles aumentaron un 4% a partir de este sábado 15 de abril, confirmando el primero de los tramos acordados de incremento.

El gobierno y las compañías petroleras se reunieron el pasado miércoles y llegaron a un nuevo convenio de suba escalonada para los próximos cuatro meses.

También habrá incrementos del 4% en mayo, en junio y en julio. El aumento total será del 17%, dado que los ajustes no se realizan sobre un precio base, sino que son acumulativos.

A partir de las indicaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, las secretarías de Energía y de Comercio renovaron el pasado miércoles el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero para estabilizar los precios de los combustibles durante los próximos 4 meses.

“Este acuerdo, presentado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, establece una pauta del 4% mensual en los precios de la nafta y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto”, informó la secretaría de Energía.

“Entendemos que esto requiere esfuerzo de las empresas, el Estado ya está haciendo un esfuerzo de manera de contener los precios y anclar la expectativa inflacionaria para que esto no tenga un efecto en los precios y en el bolsillo de la gente”, expresó la secretaria de Energía, Flavia Royón en un comunicado.

Alejandro Fernández (vicepresidente comercial de YPF), Martín Urdapilleta (gerente general de Trafigura), Alejandro Cervino (gerente de Relaciones Externas de Raizen) y Agustín Agraz (vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Downstream de Pan American Energy), participaron por las empresas. Raizen explota la marca Shell, mientras que Pan American Energy comercializa los productos Axion.

La inflación se disparó al 7,7% en marzo, la más alta en un año y por encima de lo esperado por consultoras privadas, y acumuló un 104,3% de suba en los últimos doce meses, informó el Indec.

En el primer trimestre, los precios subieron 21,7%, más de un tercio de lo proyectado por el Gobierno para todo el 2023.

El aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (9,3%) fue el que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división, sobresalió la suba de Carnes y derivados.

A su vez, aunque con menor magnitud, se destacaron las subas en Verduras, tubérculos y legumbres, seguidas por Leche, productos lácteos y huevos; y finalmente por Frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (29,1%), por las subas en todos los niveles educativos al inicio del ciclo lectivo.

Las siguientes divisiones con mayores variaciones en el período fueron Prendas de vestir y calzado (9,4%), en coincidencia con el cambio de temporada, y Alimentos y bebidas no alcohólicas (9,3%), por los incrementos en Carnes y derivados y Leche, productos lácteos y huevos.

También se destacaron los aumentos de cigarrillos, dentro de Bebidas alcohólicas y tabaco (8,3%); de los servicios de agua, gas y electricidad en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,5%); y de combustibles y transporte público, dentro de la división Transporte (5,3%).

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, atribuyó la inflación al “peor momento del impacto de la guerra” en Ucrania en los precios internacionales y a la sequía que azota al país.

“Nos duele, nos ocupa, cómo afecta la vida cotidiana y a cada familia”, indicó al respecto.

Las empresas santafesinas que elaboran biodiesel para el corte obligatorio del gasoil que deben realizar las petroleras volvieron a reclamar un precio acorde para su producto y la pronta reglamentación de la Ley Nacional 27.640.

Desde la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, plantearon en un comunicado que nuevamente el sector se encuentra a merced de la determinación “arbitraria” de un funcionario para conocer su precio de venta y, por lo tanto, su rentabilidad.

“Reclamamos de nuestros gobernantes y funcionarios reglamentar en forma perentoria la ley 27640 y que tomemos como ejemplo concreto y posible lo que hace nuestro principal socio comercial que tiene una mirada de planificación más allá de la coyuntura y de los procesos electorales de turno”.

Mientras las empresas argentinas deben sobrellevar la incertidumbre de no contar con precio cierto para su producto, que se determina por resolución de la Secretaría de Energía, en Brasil acaban de aprobar un incremento en el corte con biodiesel. En base a las potencialidades y beneficios que brinda, el sector -destacan los santafesinos- tiene un plan a corto, mediano y largo plazo. Así, “su Consejo Nacional de Política Energética aprobó el aumento al 12% de la mezcla de biodiésel con diésel vendido a partir del mes de abril y la norma establece también el incremento al 13% en abril de 2024, 14 % en abril 2025 y al 15 % en abril de 2026”.

En cambio, “los productores de biodiesel de Santa Fe nuevamente quedamos en manos del funcionario de turno que tiene en su decisión arbitraria el destino de las plantas de Santa Fe que concentran el 80 % de la producción de biodiesel del país”.

La situación es recurrente. En el mes de noviembre “ya alertamos de nuestra compleja situación ante la no publicación en tiempo y forma de los precios de venta a las petroleras”, recordaron. Situación que se repitió en forma constante durante todo el año 2022, en medio de una negociación ajena al sector entre las petroleras y el gobierno. Al respecto también reiteraron que “el aumento del costo del biodiesel impacta solo un 7.5% del aumento en surtidor”.

Al margen de ese efecto económico, las bioenergéticas advierten que no puede soslayarse el costo ambiental de no utilizar biocombustibles, “que como todos sabemos es devastador y merece otra discusión”.

Justamente esa ese es el debate que sí se da en Brasil, donde los argumentos para elevar el corte manifiestan: “esta medida que aprobamos hoy ofrece seguridad y previsibilidad al sector, incentiva la generación de empleos e inversiones en el área de biocombustibles y contribuye a la reducción de importaciones. La decisión rescata el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel y refuerza la estrategia nacional de transición energética, bajo el liderazgo del presidente Lula, y contribuye a consolidar a Brasil como uno de los mayores productores de biocombustibles del mundo”.

Se trata, de los mismos conceptos que vienen pregonando desde siempre, dicen las firmas santafesinas. “Las empresas productoras de biodiesel de la Provincia reiteramos nuestro compromiso con la sociedad, el medioambiente y la transición energética, probamos sobradamente que industrializamos la ruralidad aportando desarrollo científico tecnológico, empleo de calidad y movimiento económico en las localidades donde nos radicamos. Pudimos y podemos seguir evitando la fuga de divisas proveyendo desde nuestra capacidad de producción soluciones energéticas alternativas a la crisis del gasoil como fuera sobradamente probado”.

(Por Juan Manuel Fernández) – Por los desequilibrios macroeconómicos y la disminución de la cosecha de soja a la mitad, a causa de la sequía, las empresas elaboradoras de biodiesel plantearán a las autoridades nacionales no sólo que el precio de venta de su producto copie el comportamiento de los combustibles en el surtidor, sino también que las grandes aceiteras cumplan con un cupo de aceite para abastecer a los fabricantes de biocombustible.

El directivo explicó que mientras el IPC se incrementó casi 30% en cuatro meses (29.2%), el precio del biodiesel -que fija el Estado Nacional- apenas se recompuso 4%. A eso se agrega una devaluación del dólar oficial de 22%, el cobro a 45/60 días de las ventas a las petroleras y “una prima excesiva” del 30% que están pagando por el aceite de soja (materia prima que representa el 85% del costo) a las grandes aceiteras.

Desde Cepreb explican que la ley “dice claramente” que las aceiteras deben venderles a las empresas de biodiesel al precio de exportación más costos internos (IIBB y flete), que “podría decirse un 10%” arriba de FOB. Sin embargo, “se pasan de vivos por la posición dominante y quieren cobrar lo que no corresponde por la tonelada”.

A su vez, con una perspectiva de existencias de soja que se reducirán a la mitad, respecto de la cosecha anterior, Martinelli indicó que la Cámara propondrá constituir una mesa con las secretarías de Agricultura y Energía, más Ciara, “para ponernos de acuerdo” en cómo administrar el recurso. “Creo que hay que separar un cupo de aceite para las industrias elaboradoras, porque no sólo es biodiesel sino también sus derivados”. Y anticipó: “no sólo va a faltar soja, también gasoil; y nosotros podemos contribuir”.

Pese a que la decisión de estimular el uso de biocombustibles data de 2006 y se supone que es una Política de Estado, el ejecutivo lamentó que en la práctica eso no ocurre. “Muchas veces la coyuntura mata las políticas de Estado”, lamentó, porque en la urgencia se toman medidas que van en contra de un desarrollo a mediano y largo plazo, “como necesita toda la bioeconomía y sus derivados”. Al respecto, recordó que hace dos años se prorrogó la ley de biocombustibles, pero se bajó el corte de 10 a 5%; mientras el año pasado, como faltó gasoil, se lo subió a 7,5%. “Es decir, se va improvisando año a año”.

Por esto es que reclaman estabilidad y previsibilidad; para poder invertir en el mediano plazo, no sólo pensando en el biodiesel sino en todos sus derivados. “El mundo va hacia una nueva biolegalidad, que implica mayor aceptación de los productos que tienen un origen renovable”, planteó el industrial. Y en ese contexto, el país “está en una posición extraordinaria para ser líder en esta transformación de biomasa en bioinsumos”, como demandan las industrias cosmética, farmacéutica, aeronáutica o aeroespacial. “Hay mucho para hacer en este plano, pero si una compañía en vez de estar proyectando el futuro está haciendo malabares para subsistir, difícilmente pueda subirse a esa revolución global de los bioinsumos”, sentenció.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía, autorizó un nuevo incremento del bioetanol que se utiliza para la fabricación de combustibles.

El área dependiente del Ministerio de Economía fijó el precio de compra del bioetanol elaborado a base de maíz y caña de azúcar en $141.409 el litro mediante la Resolución 169/2023, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. Ambos destinados a su mezcla obligatoria con nafta. El incremento previsto será efectivo “para operaciones realizadas a partir del 16 de marzo de 2023 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo sustituya”.

“El plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente”, se aclaró en el texto que lleva la firma de la secretaría de Energía, Flavia Royón.

El incremento se relaciona con una resolución de septiembre de 2021 que establecía que el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz que se destinaba al mercado interno en su mezcla obligatoria con gasolina “sería actualizado mensualmente por el Ministerio de Energía y publicado en su página web con la misma oportunidad, de acuerdo con la variación porcentual del precio de surtidor de las gasolinas vendidas a través de las estaciones de servicio de propiedad de la empresa YPF SOCIEDAD ANÓNIMA”. Este es el tercer aumento que aprueba el Gobierno.

Además que por un decreto de 2022 se facultó a la mencionada secretaría a “establecer mecanismos alternativos para la determinación del precio del bioetanol elaborado a base de maíz y de caña de azúcar, de aplicación excepcional en los casos en que se verifiquen desfasajes sustanciales entre el precio resultante de la implementación de la mencionada resolución y los costos de elaboración de los citados biocombustibles, los cuales serían dejados sin efecto a partir de que esta Secretaría dicte la normativa pertinente en la que se estipulen las pautas para la determinación de los precios en cuestión en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640″.

En este marco, una resolución del 1° de marzo había fijado el anterior incremento, pero ahora “en función de la información suministrada por YPF respecto de la variación de los precios implementada con fecha 16 de marzo de 2023 para las naftas grado 2 y grado 3 comercializadas a través de las estaciones de servicio de su propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta pertinente fijar y publicar en la página web de esta Secretaría el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz, para las operaciones a llevarse a cabo a partir del 16 de marzo de 2023 y hasta que un nuevo precio lo reemplace”.

El último aumento, aprobado semanas atrás, había fijado un incremento del 4,66 % que había llevado el precio del bioetanol a $135,336 por litro. Mientras que el de fines de enero -el primero del año- había sido del 4,55%.

En tanto, en 2022, el bioetanol a base de caña de azúcar y el de maíz aumentó en febrero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo a las resoluciones de la Secretaría de Energía.

En agosto de 2021, el Gobierno puso en vigencia el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que regirá hasta 2030 a partir de la Ley 27.640 que dispuso nuevos parámetros de cortes obligatorios de naftas y gasoil, y creó la Comisión Especial para el desarrollo del sector. Por medio del mismo, se estableció un corte mínimo obligatorio de 12% de bioetanol, y una eventual reducción al 9% con la nafta. En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.

El gobierno nacional ha diseñado un esquema de actualización de las tarifas de gas natural por redes, que se comenzará a sentir en febrero de 2023, cuyo escenario principal -el de la audiencia pública- ya pasó sin mayores sobresaltos. Habla de aumentos a partir del 1ro de enero de 2023 que rondarían el 54% en el nivel de ingresos más altos en la segmentación tarifaria y del 17 en el más bajo. Se sostiene que en promedio, los niveles medios sufrirán una suba del 30%.

La audiencia se celebró el 6 de diciembre y en ese ámbito que reúne a representantes de usuarios y actores del sector hidrocarburífero en producción, transporte y distribución, se presentó un informe técnico que muestra distintos escenarios. Todos con aumentos para los usuarios, según cuánto del precio del gas sea finalmente subsidiado por el sector público.

La Secretaría de Energía de la Nación pone especial énfasis en la crisis provocada por la guerra en Europa y sus secuelas sobre el precio de todos los recursos energéticos. Como se sabe, aunque la Argentina es rica en reservas de gas (en especial en Vaca Muerta) carece de la infraestructura necesaria para aprovecharlas y cada invierno debe importar gas que llega en barcos, a valores internacionales.

Esa variable atada al mercado mundial -y otras decisiones a adoptar en el plano doméstico- justifican la idea de presentar diferentes escenarios, según cuánto pueda el Estado subsidiar en el precio del gas “en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte” o “PIST”. Aunque lo parezca la sigla no es una onomatopeya: habla del gas a usar en el sistema argentino de gasoductos que abastecen a las empresas distribuidoras, como Litoral Gas en el caso de Santa Fe. Y la referencia sirve para explicar que allí se inyecta tanto gas argentino como el que se compra afuera, en dólares. (En la producción local de gas hay insumos que también tienen precios dolarizados).

Un párrafo del informe de 13 carillas es clave. Dice que “en caso de aplicarse los precios del gas natural definidos por la normativa vigente” para el año próximo, el Estado Nacional “asumiría a su cargo el 67,3% del precio promedio de abastecimiento de la demanda prioritaria”. Es decir que las arcas nacionales “aportarían $ 439.921 millones (M) sobre un total de $ 653.498 M”. Es una manera elegante de decir que el conjunto de los usuarios residenciales, por vía de la reducción de los subsidios, se hará cargo de $ 213.577 M.

Faltan apenas unas semanas para que rija el nuevo valor del precio del gas en en el PIST, y tras cumplirse con la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (que sigue intervenido) será el Poder Ejecutivo Nacional a través de su Secretaría de Energía quien de a conocer los nuevos valores.

Mientras, conviene saber la La ley de Presupuesto 2023 ha dejado listos $ 150.000 millones en gastos corrientes con destino al Programa Plan Gas.Ar para cubrir subsidios. Y unos $570.000 millones en transferencias del Tesoro para sostener las cuentas de Enarsa, la empresa del Estado que compra gas, por ejemplo a Bolivia, o Gas Natural Licuado en barcos y que es responsable de la construcción del nuevo gasoducto Néstor Kirchner para transportar la producción de Vaca Muerta. Se estima que el país necesitará

2935,3 millones de dólares para hacer frente a esas compras en el exterior.

Otro segmento interesante se encuentra bajo el título “Precio actual del gas en tarifa y análisis de sensibilidad”. Allí, se mide en dólares el costo real del millón de BTU (la unidad de medida para el gas según su poder calórico), mes por mes para 2023. Los aportes mayores del Estado Nacional están previstos para los meses fríos entre mayo y septiembre con picos de más del 70%, mientras que en el período más cálido ese aporte público baja a unos puntos por sobre el 50%. El promedio, como se ha dicho, da 67%.

La segmentación tarifaria ha dividido a los usuarios en tres niveles. En el nivel 1 se encuentran quienes por su capacidad económica ya no tendrán subsidios; en el 2 el otro extremo con aquellos que los recibirán en una mayor proporción, y en el 3 los sectores medios también subsidiados (en menor medida).

En uno de los ejercicios análisis de posibles escenarios se muestra qué ocurrirá en el bolsillo de quienes tienen gas natural por redes (mucho más económico que el gas envasado) ante el peor de los escenarios en cuanto al aumento final. Así, al extremo con mejor capacidad de pago se calcula un impacto tarifario que subirá en el Nivel 1 la factura media a 4.112 $/mes; para usuarios de Nivel 2 la factura media será de 2.162 $/mes y para un usuario de Nivel 3 de 2.747 $/mes.

Las cuentas que aún debe realizar la Secretaría de Energía de la Nación para el gas inyectar a los gasoducto en el PIST deben sumarse a otras.

Sigue pendiente la convocatoria a otra audiencia pública pero para cubrir los costos de transporte y distribución, que también están reflejados en las boletas que llegan a los usuarios. Todavía no tiene fecha, se sabe sí que las compañías que distribuyen el gas por redes lograron en el último año unas subas promedio del 40% y que la inflación es del 88%.

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Desde la Secretaría de Energía se convocó a una audiencia pública para evaluar los precios del gas natural respecto de la porción de precio que el Estado podrá tomar a su cargo

En la Resolución 771/2022, publicada en el Boletín Oficial este martes informa que la cita “se celebrará virtualmente el día 6 de diciembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 10:00 horas, desde la Plataforma ‘Webex’”.

“En consecuencia, sólo requerirán inscripción aquellos que se anoten en carácter de ‘oradores’ ya que quienes pretendan participar visualmente, podrían hacerlo vía streaming”, aclara la normativa.

De acuerdo al documento, podrá participar “toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un interés simple, difuso o de incidencia colectiva”.

La modalidad virtual, se expuso en los considerandos, se determinó “con el fin de garantizar una amplia participación federal de la ciudadanía de todo el territorio nacional” porque “la democratización del procedimiento participativo garantizando la igualdad de acceso”.

“Culminado el proceso de discusión pública, conforme lo dispone la normativa señalada, y de acuerdo con la resulta de la Audiencia Pública, la Secretaría de Energía dictará, en caso de corresponder, el acto administrativo que establezca el costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias”, se explicó oficialmente.

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó el pasado viernes, a través de la Resolución 576/2022 publicada en el Boletín Oficial, a una audiencia pública para analizar la “adecuación transitoria de tarifas” de las concesionarias Edenor y Edesur, que se realizará el 23 de enero de 2023 de manera remota.

En la misma se especifica que la adecuación se enmarca en el “proceso de renegociación de la RTI (Revisión Tarifaria Integral) y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las concesionarias”.

La Audiencia Pública comenzará a las 8:30 y su visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital, con transmisión en simultáneo a través de una plataforma de streaming que será informada en la página web: argentina.gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-edenor-edesur-2023.

Los interesados podrán inscribirse en el Registro de Participantes, que estará habilitado desde las 0 del 6 de enero hasta las 23:59 del 20 del mismo mes, pudiéndose acceder a través de la misma página web.

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(Por Juan Manuel Fernández) – El nuevo “dólar soja” tiró por la borda las conversaciones que venían desarrollando empresas elaboradoras de biodiesel y autoridades nacionales para acordar un nuevo precio para el biocombustible destinado al corte del gasoil.

Oficializado el martes 8 de septiembre pero definido el sábado 3 -según consta en la resolución 636 de la Secretaría de Energía de la Nación-, el valor establecido para el biodiesel nació desactualizado tras el salto de unos $20.000 por tonelada que experimentó el grano de soja. Incremento que se trasladó al aceite, materia prima de las empresas bioenergéticas.

Frente a esto, tres cámaras que agrupan a pymes del sector ya solicitaron formalmente al subsecretario de Hidrocarburos, Federico Berna, la nulidad de la normativa y un nuevo precio para el producto con que se debe abastecer a las petroleras.

En la nota, la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) sostienen “la imposibilidad económica de vender biodiesel al precio establecido por la Resolución 636, la cual determinó un precio de venta de $ 220.000 por tonelada, atento que la empresas proveedores de aceite crudo de soja (materia prima responsable del más del 80% del costo de producción del biodiesel) han traslado a la cotización de esta materia prima para el mercado interno el tipo de cambio de $ 200 por dólar estadounidense (“U$ a $ 200″) conforme lo establecido en el Programa de Incremento Exportador”.

La nota detalla que para la determinación del precio del biodiesel se tomó un valor de referencia del aceite de soja, al 1 de septiembre, de $143.796 por tonelada. Pero tras la entrada en vigencia del Decreto 576, que impuso el “dólar soja”, desde el 5 de septiembre la tonelada de aceite saltó $47.304 por encima de ese valor, hasta $191.000. “No existiendo posibilidad económica -advierten- de comprar a estos valores con el precio de venta de biodiesel fijado por la Resolución 636”.

Remarcaron también las empresas que los $220.000 estipulados para la tonelada de biodiesel es “un valor completamente inviable”, por lo que las consecuencias de no actualizarlo serían muy serias. “No resulta económicamente factible operar, no pudiendo ninguna elaboradora cumplir con el abastecimiento del corte requerido por ley, lo que implicará que la totalidad de las plantas elaboradoras que destinan su producción al mercado interno deberán paralizar su producción, poniendo en serio riesgo la continuidad de nuestras empresas y de miles de empleos directos e indirectos”.

Pero, además, tampoco se podrá cumplir con el 7,5% de corte en el gasoil (el otro 5% para completar el 12,5% vigente es provisto por las grandes empresas), situación que “indefectiblemente” aumenta las posibilidades de que “se vuelvan a repetir las situaciones de escasez de gasoil que se vivieron en los meses recientes y/o la necesidad de reemplazar la producción nacional de biodiesel con mayor importación de gasoil”.

Al respecto, Marcelo Kusznierz -presidente de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe- relató a Campolitoral que durante las últimas dos semanas, ante el trascendido de la aplicación de un dólar diferencial para la soja, “en ningún momento se pudo conseguir precio de aceite, que es el principal insumo nuestro”, prueba de que el mercado ya contemplaba el cambio. A pesar de eso, la Secretaría de Energía “sacó el precio de referencia del biodiesel sin tener en cuenta el incremento del commoditie”. Así, “quedó un precio totalmente desactualizado y fue, la verdad, bastante desprolijo”.

Ahora, añadió, se retomaron las conversaciones con las autoridades para tratar de corregir ese precio. “Esto fue una medida a destiempo; porque si hubiera una mínima coordinación entre los sectores de Economía todos hubieran sabido que no tenía sentido publicar este precio si después iba a tener que negociarse de nuevo”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A través de dos resoluciones públicas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía incrementó el valor de los biocombustibles y fijó el precio para septiembre y prorrogó el decreto que elevó el porcentaje de corte en gasoil del 12,5 %. 

La Resolución 636/2022 estableció un valor de $220.000 la tonelada de biodiésel. Este incremento significa un aumento del 11 % respecto del valor de agosto. 

Cabe destacar que este precio solo aplica al porcentaje de corte del 7,5 % para las pymes, ya que las grandes empresas tienen precio libre. Desde este sector de la industria expresaron preocupación por el dólar soja y el impacto en el aceite de soja. En este sentido, manifestaron que en base al impacto de esta medida y cómo evoluciona el mercado local puede quedar obsoleto este nuevo precio. 

Por su parte, las grandes exportadoras tuvieron la prórroga del cupo del 5 %. “Prorrógase por el término de 60 días corridos, a partir de la fecha de su vencimiento, la vigencia del Decreto N° 330 de fecha 16 de junio de 2022, por el cual se creó el Régimen de Corte Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiésel destinado a incrementar la capacidad de abastecimiento de gasoil grado 2 y grado 3”, destacó la resolución. 

En el documento se fija en “$ 220.000 por tonelada, el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640, el cual regirá para las operaciones correspondientes al mes de septiembre de 2022 y tendrá vigencia hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace”. 

En el caso del bioetanol, a través de la Resolución 637/2022 estableció que se fije en $88,240 por litro el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar. 

“El valor regirá para las operaciones llevadas a cabo a partir del 21 de agosto de 2022”, aclaró la normativa, Además, detallaron que tendrá vigencia hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace. 

En el caso del bioetanol a base de maíz, la Secretaría de Energía fijó un precio $107,411 por litro el precio de adquisición destinado a su mezcla obligatoria con nafta. “Regirá para las operaciones llevadas a cabo a partir del 1 de septiembre de 2022 y tendrá vigencia hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace”, señaló la resolución. 

Desde el Ejecutivo argumentaron que el incremento se dio luego de detectar un marcado incremento en los precios de algunas materias primas e insumos necesarios para elaborar los productos. Por este motivo, resultó necesario determinar el precio del bioetanol y biodiésel destinado a la mezcla, que regirá desde el 1 de septiembre de 2022. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

El nuevo esquema de segmentación para los servicios de gas y electricidad comenzará formalmente a implementarse este jueves con nueve millones de usuarios de ingresos medios e inferiores que se inscribieron en el registro habilitado desde el 15 de julio, en tanto que se analiza la eventual incorporación al beneficio para determinadas entidades educativas, religiosas, deportivas y sociales. 

De esta manera, alrededor de 5,9 millones de usuarios que no se inscribieron al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) -por una diversidad de circunstancias o porque lo hicieron pero sus ingresos corresponden a un nivel superior- pasarán a pagar tarifa plena en un proceso de reducción bimestral. 

Fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación señalaron que la implementación en cada una de las distribuidoras de gas y electricidad se podrá reflejar en los próximos diez días, a medida que los respectivos entes reguladores provinciales comuniquen los nuevos cuadros tarifarios a aplicar y el listado de beneficiarios. 

Segmentación tarifaría: oficializaron el precio de la energía 

Para septiembre también se espera que pueda comenzar el cruce de la información que los usuarios cargaron en el RASE con los datos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Los cruces de datos permitirán también actualizar los parámetros de inclusión y los cambios de las situaciones particulares de cada usuario y grupo familiar. 

Desde el 1 de agosto, fecha en que quedó abierto el RASE para nuevas inscripciones o modificación de la información suministrada, se recibió la baja de 25.000 usuarios que se inscribieron inicialmente y luego desistieron de solicitar el subsidio. 

Los incrementos -por el corte de los subsidios- solamente serán aplicados a los usuarios del Nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario. 

En tanto, el Nivel 2, de menores ingresos, que cuenta hasta este miércoles con 6,5 millones de inscriptos, y el Nivel 3 -de ingresos medios, con 2,5 millones de inscriptos-, no tendrán este año ninguna modificación respecto de la tarifa que están abonando. 

En el marco de esa segmentación, la Secretaría de Energía publicó el martes los nuevos precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el nivel 1 o de mayores ingresos, como paso previo a la difusión del nuevo cuadro tarifario para el bimestre septiembre-octubre. 

Segmentación de tarifa: buscarán a los no inscriptos que podrían necesitar el subsidio 

En la Secretaría que conduce Flavia Royon se estima que el impacto en la facturación comenzará a verse reflejado a mediados de octubre, y para entonces con un menor consumo de los hogares por un clima más templado y una reducción estacional del precio de la energía, el impacto inicial se podría ver morigerado. 

Dentro de ese universo, se estima que hay usuarios que no se inscribieron en el RASE pero que están en condiciones de mantener sus subsidios, por lo cual la Secretaría de Energía y los entes reguladores harán “un trabajo en el terreno” para poder identificarlos y dar la posibilidad incorporase al esquema. 

En pesos, un usuario del Nivel 1 del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con consumo de hasta 100 kwh, al que le corresponde la categoría R1, que a agosto paga una factura de $650, con la reducción de subsidios pasará a abonar alrededor de $1.000 

En el caso de la categoría R2 -que nuclea al 44% de los usuarios con consumo de hasta 250 kwh- que pagaba hasta hoy facturas de hasta $1600 pasará a abonar $2.450. 

En tanto que, en el extremo máximo, los usuarios de la categoría R9 -con consumo de hasta 1.401 kwh mensual- pasarán a pagar $19.000 contra los $14.000 que abonan en la actualidad. 

Segmentación tarifaria: el gobierno aún no puso en marcha la medida

En los casos de beneficiarios otros niveles (2 y 3) de subsidios que no tendrán incrementos formales, deberán pagar una tarifa plena si el consumo supera el tope de 400 kwh mensual. 

Es decir que en el caso de un usuario R5 de entre 401 y 451 kwh de los $3200 actuales pasará a pagar $ 3.400, ya que registrarán un aumento sin subsidios sólo por el excedente al tope fijado. 

Más allá del segmento residencial, en la Secretaría de Energía insistieron en que los usuarios comerciales no ingresarán al esquema de segmentación de subsidios. 

Este último sector ya recibió la actualización por el precio estacional de la energía que tiene un impacto muy por debajo de la inflación anualizada, según las fuentes. 

La Secretaría de Energía tampoco implementará por el momento una diferenciación para las entidades educativas, religiosas, deportivas y sociales, al entender que eso deberá ser analizado y eventualmente solicitado por las correspondientes instancias estatales que las comprenden, para poder hacer explicito un esquema para cada área. 

Por último, fuentes de la cartera precisaron que para el sector comercial e industrial que se divide en una decena de categorías para usuarios generales, pymes y grandes clientes, se prevé que un usuario de la categoría G1 pasará a pagar $5.486 con la nueva tarifa contra los $4.333 abonados en agosto; en tanto un usuario pyme de la categoría T2 pagará $ 40.425 contra $30.901 de agosto; y un gran usuario de la categoría T3 abonará alrededor de $171.141 con la nueva tarifa contra $127.780 de agosto. 

La secretaria de Energía, Flavia Royón, afirmó que esta es una readecuación de subsidios con tarifas más justas y el objetivo es que los sectores de menores ingresos no van a tener aumentos 

En declaraciones al programa A dos voces por el canal de cable TN, Royón aseguró que “quienes pueden pagar tarifa plena lo hagan, pero el Estado va a seguir acompañando a quien lo necesite”, al tiempo que agregó que “es injusto que el subsidio sea indiscriminado”. 

En el caso de las tarifas de gas, las localidades que no cuentan con gas natural, el límite de subsidios al consumo de electricidad se eleva a 500 kw.

Postergan la entrada en vigencia de la segmentación de subsidios 

Royón sostuvo que “por ahora no va a haber nuevos aumentos”, y estimó que “el año próximo el costo de la energía va a tender a bajar pero aún hay mucha incertidumbre de precios”. 

La funcionaria aclaró que “aun hay muchas personas que no se inscribieron” y reiteró el pedido para que se inscriban llenando el formulario del Registro a los Accesos de Subsidios a la Energía (RASE)”. 

Royón explicó que “las personas de menores ingresos, no tienen aumentos y los que van a pagar tarifa plena son 4,5 millones de familias en el caso de la electricidad y 3,5 millones de familias en el caso del gas”. 

La funcionaria indicó que “las familias que cuentan con ingresos medios y gastan hasta 400kw, no recibe aumentos”. 

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“En el caso de las familias con ingresos medios y gastan más de 400 kw, se aplicarán los aumentos sólo por el excedente sobre ese consumo”, añadió. 

La flamante secretaria de Energía puntualizó que aquellos que no se inscribieron y tiene altos ingresos, se les aplicará la tarifa plena en tres tramos por bimestre, a partir de septiembre en una escala de 20% en el primer bimestre y 40% en el segundo y tercer bimestre. 

Más adelante, puntualizó que existen unas 700 distribuidoras de electricidad en todo el país y en cada caso habrá que ver como llegan las boletas porque en muchos lugares se incluyen servicios municipales, impuestos locales y tasas que dependen de cada jurisdicción. 

Royón detalló que, en el caso de las tarifas de gas, las localidades que no cuentan con gas natural, el límite de subsidios al consumo de electricidad se eleva a 500 kw. 

La funcionaria dijo que se va a publicar el tope del consumo de gas que se va a subsidiar para cada subzona en la cual se divide la distribución del gas domiciliario. 

Finalmente, Royón aclaró que en el caso de los consumos de comercios, industrias y consorcios de propiedad horizontal se aplicarán las tarifas plenas sin subsidios. 

Con información de Telam. Foto: Pepe Mateos.

La Secretaría de Energía postergó finalmente el anuncio previsto para este jueves de la entrada en vigencia del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, que incluye la segmentación y el tope de consumo por zona y sector. 

Así lo informaron fuentes oficiales, quienes indicaron que la jornada estará concentrada en la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dará a conocer esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

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Respecto del esquema de subsidios, el ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer el fin de semana que a la segmentación se agregarán topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. 

También, destacó que “quien menos consume o menos ingresos tiene, menos paga; quien más consume o más ingresos tiene, más paga”. 

Según Massa, “la segmentación y el tope de subsidio tendrá un criterio federal con comprensión climática”, y por ello, precisó, la entrada en vigencia será por sector y zona. 

El gasto en subsidios en los primeros cinco meses del año creció en términos nominales 130% en comparación con el mismo lapso de 2021, lo que representa, descontando el efecto de la inflación, un salto en términos reales cercano al 50 por ciento. El Gobierno asegura que una parte relevante de ese avance está explicado por el shock de precios internacionales por la guerra en Ucrania, que encareció el costo de la energía. 

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Energía, desde enero hasta mayo de este año la cuenta presupuestaria de subsidios energéticos redondeó $572.982 millones, cuando un año antes, en el acumulado de los primeros cinco meses del año habían sido de $248.754 millones, lo que implica un salto de 130% nominal. En términos reales, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representaría una suba de casi 50 por ciento. 

Las erogaciones para subvenciones energéticas serían, de esta manera, uno de los rubros del gasto que más incremento experimentaron en lo que va del año, junto con las Becas Progresar (196%), el Potenciar Trabajo (60,8% real), políticas alimentarias (27%), transferencias a provincias (23%) y transferencias a provincias (15,2 por ciento), siempre según la OPC. 

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Energía, desde enero hasta mayo de este año la cuenta presupuestaria de subsidios energéticos redondeó $572.982 millones, cuando un año antes, lo que implica un salto de 130% nominal 

El gasto en subsidios no está explicado solamente por la cobertura de los precios de las boletas al consumidor, sino también por transferencias a la empresa de distribución mayorista de electricidad Cammesa ($407.000 millones, un 53,4% de aumento interanual) y para el Plan Gas ($15.000 millones). 

“El Gobierno parece querer utilizar el anuncio de la demorada segmentación tarifaria para poner al gasto público en una trayectoria compatible con la meta del FMI. También en el marco de las señales, Economía aclaró que el resultado fiscal del primer semestre estuvo afectado por aumentos transitorios en las prestaciones sociales debido a la aceleración de la inflación producto del shock internacional. Sin embargo, a priori no parece que la reducción de los subsidios vaya a ser suficiente para alcanzar la meta fiscal de -2,5% para 2022″, mencionó un informe de PxQ. 

“Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que el ahorro de subsidios estimado para 2022 alcanza los USD 133 millones. Sobe una base estimada de subsidios a la energía de 2,9% del PIB para el año en curso, ese ahorro equivale al 0,03% del PIB. Si se simula el impacto en base anual, el ahorro anualizado debido al nuevo esquema de segmentación sería de 0,07% del PIB”, continuó. 

Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que “hay un factor de estacionalidad desde marzo y abril”, en las cuentas públicas, en relación al impacto de los subsidios, y aseguraron que “en mayo se moderó esa estacionalidad”. “Lo que tenemos que esperar para estos meses es una concentración del gasto. Si pudiéramos ver solo los subsidios a la energía se nota la estacionalidad por mayor cantidad de buques por precios que escalaron por la guerra en Ucrania”, mencionaron. 

El primer pago del refuerzo salarial para sectores vulnerables del mercado laboral y para jubilados, que insumió unos $125.000 millones al Tesoro, provocó en mayo un incremento en el ritmo del gasto público de casi 90% interanual, mientras los ingresos del Estado avanzaron a 58 por ciento. Con esta diferencia, el déficit primario del quinto mes del año fue de $191.000 millones, mientras hace un año había registrado el sector público un superávit de $25.714 millones. 

El gasto público tuvo un pronunciado salto de 88,6% al analizar el gasto primario corriente. Dentro de ese rubro se destacaron las prestaciones sociales que casi se duplicaron: pasaron de $384.000 millones en mayo de 2021 a $747.000 millones el mes pasado (+94 por ciento). Según explicaron fuentes oficiales, se trató del impacto en las cuentas públicas del paquete de asistencia salarial que lanzó el Gobierno tras el pico inflacionario de marzo, que tendrá -dividido entre mayo y junio- un costo fiscal cercano a los $210.000 millones. 

De todas formas, admitieron que todavía están en revisión cómo serán los nuevos objetivos trimestrales en términos nominales, por la recalibración que se negoció entre la Casa Rosada y el Fondo Monetario, que incluyen además proyecciones de inflación y de crecimiento del PBI. Por esa razón, reconocieron, el Ministerio de Economía evitó estimar a qué porcentaje del PBI equivalen los $191.000 millones de déficit primario alcanzado hasta mayo. Según calculó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esa cifra sería de 0,76% del Producto. 

“El panorama es cada día más complicado. La producción agropecuaria e industrial que ya sufren demoras se verán aún más afectadas si no se revierte la situación actual”, advirtió Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC, sobre el desabastecimiento de gasoil en el país, que sigue agravándose.

El “Mapa de abastecimiento de gasoil”, creado por técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) muestra que entre el 25 de mayo y el 5 de junio, 19 provincias presentaban problemas de abastecimiento. Excepto las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia, el resto de los distritos tiene dificultades para acceder a combustible, un insumo imprescindible para desarrollar nuestra actividad.

En abril, la entidad empezó a realizar un relevamiento semanal a sus asociados para relevar el acceso al combustible, eventuales restricciones o faltantes, y el precio del mismo ante las reiteradas denuncias de heterogeneidad según la zona geográfica.

A partir de las respuestas de conductores y propietarios de camiones de algunas de las 4.400 pymes que integran las 43 Cámaras de transporte nucleadas en FADEEAC, se conforma este “semáforo virtual” que tiene como objetivo monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en la Argentina.

A la fecha, con más de 700 respuestas procesadas, el mapa muestra:

– 14 provincias en rojo (señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza.

– 4 provincias en naranja (identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad): San Luis, La Rioja, Catamarca, y Chaco.

– 1 provincia en amarillo (para referirse a los lugares en los que se cargan entre 51 y 100 litros): La Pampa.

– Las provincias del Sur aparecen en verde. El 29,6% de los transportistas debió esperar más de 12 horas para cargar combustible; 28,9% entre 3 y 6 horas; 24,4% entre 6 y 12 horas; y 17% entre 2 y 3 horas.

En la mayoría de las provincias hay un cupo menor a los 20 litros por unidad. Es bueno tener presente que un camión necesita entre 35 y 40 litros para recorrer 100 km.

La falta de combustible trae quebrantos, ineficiencias y pérdida de tiempo. El daño es económico y social. “No podemos cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos y se pierden trabajos a causa de la incertidumbre que genera la falta de abastecimiento normal. Los choferes resignan horas de descanso para hacer filas y ver si tienen suerte de conseguir algo de combustible. A pesar de las promesas del Gobierno aún no hemos recibido confirmación alguna sobre la concreción de las importaciones anunciadas”, dijo Guarnieri.

De acuerdo con las respuestas de los asociados, el faltante de combustible se siente con mayor intensidad en las rutas nacionales.

El desacople de los precios internos respecto de los internacionales debe ser solucionado con medidas ágiles, impositivas o mediante la intervención de la Secretaría de Energía. En los hechos se están pagando precios elevados -en algunos casos más de $250 por litro-, y aun así no hay gasoil.

La demanda de este combustible seguirá en aumento pues los faltantes de gas implicarán gasoil adicional para atender las necesidades de la industria y el campo.