Por Juliano Salierno

El Poder Ejecutivo última detalles para el ingreso a la Legislatura los pliegos de los tres postulantes a ocupar sendos lugares en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante 2026 y con ello pondrá fin a la primera etapa de selección, a cargo de la Secretaría de Justicia que conduce Santiago Mascheroni.

Se trata de los candidatos Diego Luis Maciel, Jorgelina Mabel Genghini y Aldo Mario Alurralde, quienes fueron propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Decreto Nº 3218/25, del 17 de diciembre del año pasado.

Los tres debieron cumplir con una serie de requisitos formales ante el Ejecutivo, en un plazo de 15 días corridos que venció el viernes pasado. El mismo lapso que tuvo la ciudadanía y las instituciones para ofrecer avales u objeciones.

Luego “comienza el mecanismo de audiencias, entrevistas y consultas” ante la legislatura, detalló Mascheroni. “Terminado eso, se resuelve con un dictamen de la Comisión de Acuerdo en Asamblea legislativa. Este es el procedimiento”, explicó.

-¿Este procedimiento va a tener tratamiento en marzo?

-Habría un compromiso de arrancar con el tema de pliegos el 18 de febrero, pero el Poder Legislativo tiene que fijar un cronograma de entrevistas, recibir a las personas, entrevistar a los postulantes; pero también receptar lo que pueden ser avales, ponencias o cuestionamientos individuales, dado que el plazo que venció el 2 de enero era para la presentación ante la Secretaría de Justicia, es decir, en la faz administrativa que se eleva al poder Ejecutivo.

-¿Entonces puede haber impugnaciones más adelante en la legislatura?

-Lo valorará la legislatura de admitirlas o no.

-Se prevén las designaciones mucho antes de que comiencen a ejercer, algo que no pasó con los anteriores candidatos en 2025.

-Lo que pasa que los anteriores candidatos -Margarita Zavalza, Jorge Baclini y Rubén Weder- cubrían un número ampliado de la Corte -el séptimo integrante- y los reemplazos de Mario Netri y María Angélica Gastaldi y cuando se operó el vencimiento ya estaban las designaciones. Eso no obsta la facultad del Ejecutivo que tiene por el plexo normativo y por la Constitución, que establece la caducidad de pleno derecho y automática de quienes tienen mayoría de edad -75 años-. Lo que pasa es que al haber “acordado un plazo”, el Ejecutivo lo ha respetado y así poder tener las designaciones.

-De hecho, hay dos renuncias que todavía no fueron presentadas.

-No están presentadas.

-¿Se espera que las presenten una vez que se reanude la actividad?

Es la lógica, porque ya está dicho. Está dicho y comprometido públicamente, el decreto reconoce esa situación -expresó Mascheroni sobre los ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez-.

-¿Cuál es la situación del doctor Alurralde, por ejemplo, que es juez federal de la Nación en Reconquista? ¿En qué momento cesa en su función actual?

-En el momento de asumir. Las incompatibilidades son operativas en el momento que entran en conflicto.

-Si bien es un problema ajeno al Gobierno de Santa Fe -pero que los afecta-, estamos hablando de una provincia que se queda prácticamente sin jueces federales a excepción de Rosario y Venado Tuerto.

-Exactamente, que se preocupe el Consejo de la Magistratura de la Nación. Está advertido como para que maneje con el tiempo necesario la forma de cubrir las vacantes. Además, tengamos en cuenta que el Dr. Alurralde hoy está actuando en subrogación en Santa Fe, es decir que en este momento representa tres nominaciones federales, la propia -Reconquista- y dos de subrogancias -en Santa Fe-. Con lo cual, evidentemente, el Consejo de la Magistratura en el plano nacional tiene que abordar la problemática de Santa Fe, sin duda.

El secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, junto con el director provincial de la Agencia de Mediación, Marcelo García, realizó un balance del trabajo desarrollado durante 2025, con énfasis en la puesta en marcha del sistema de juicios por jurados y en el crecimiento de los acuerdos alcanzados a través de mecanismos de mediación de conflictos.

En relación con los juicios por jurados, Mascheroni destacó que su implementación representó “un desafío que inicialmente generó incertidumbre y un intenso debate parlamentario”, tras varios intentos fallidos en años anteriores. “Hoy el sistema está en marcha”, subrayó. Durante 2025 se llevaron a cabo cuatro juicios en la provincia, correspondientes a las figuras previstas por la normativa: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes.

Los procesos se desarrollaron en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, San Javier y Reconquista. En tanto, permanecen pendientes de programación los juicios previstos para Venado Tuerto y Rosario. Todo el sistema se encuadra en la ley N.º 14.253, que habilita la participación directa de la ciudadanía —personas de entre 18 y 75 años— en el juzgamiento de delitos graves.

El funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad calificó la experiencia como positiva y remarcó la complejidad inherente al funcionamiento del sistema. “No es sencillo que 12 personas se pongan de acuerdo”, explicó, al señalar que los jurados suelen pertenecer a distintos estratos sociales y proceden de diversas localidades, dado que se sortean dentro de cada circunscripción judicial.

En ese sentido, precisó que el sistema santafesino prevé una mayoría agravada para alcanzar el veredicto de culpabilidad: “Se requieren 10 votos sobre 12. A diferencia del modelo tradicional norteamericano, que exige unanimidad, aquí se establece una mayoría superior a los dos tercios, lo que facilita la toma de decisiones sin resignar garantías”, indicó.

Asimismo, detalló que el padrón de potenciales jurados alcanza a unos 11.000 ciudadanos, distribuidos de manera proporcional entre las distintas circunscripciones. “El universo del que se sortean jurados en Santa Fe no es el mismo que en Rosario ni en las otras circunscripciones”, aclaró. De cara a 2026, anticipó que el número de juicios por jurados será mayor, dado que “la experiencia ya se ha consolidado”.

Por su parte, el director provincial de la Agencia de Mediación presentó los resultados del trabajo realizado durante el año. Con datos actualizados al 21 de noviembre, García informó que el porcentaje de acuerdos alcanzados pasó del 21 % al 27 %, con mayor incidencia en los conflictos de índole familiar que en los civiles y comerciales.

“El crecimiento fue superior a lo esperado”, reconoció el funcionario. “Proyectábamos un aumento de dos o tres puntos por año y, sin embargo, en un solo período se registró una suba de más de seis puntos”. Atribuyó este resultado a la coordinación entre los distintos actores del sistema -abogados, mediadores, la Agencia y las instituciones de capacitación- y a una mejora en la forma de abordar los conflictos.

Finalmente, García analizó que el contexto económico también incide en la predisposición a alcanzar acuerdos. “En un escenario de incertidumbre, las personas prefieren resolver sus conflictos en el presente, aun cediendo parcialmente, antes que prolongarlos. La búsqueda de seguridad impulsa soluciones más rápidas y consensuadas”, concluyó.

En el marco de una agenda de transformación profunda del sistema de justicia, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará el próximo miércoles 2 de julio la jornada “Innovación Judicial: tecnología, transparencia y servicio para una justicia centrada en las personas”.Organizada por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad, la actividad contará con la participación del destacado magistrado y referente nacional en innovación judicial, Mario Daniel Adaro, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, pionero en la aplicación de tecnología en los procesos judiciales.El encuentro se desarrollará desde las 14 en la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe. La inscripción, tanto presencial como virtual, se realiza a través del sitio sf.gob.ar/InscripcionInnovacionJudicial. Además, la apertura y la conferencia principal serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube del Gobierno provincial: youtube.com/@gobsantafe.

“La intención de la jornada es debatir sobre las reformas que necesita la Justicia. Hemos dado pasos, como la implementación del juicio por jurados o la reforma de la Corte, pero aún quedan pendientes cambios estructurales más profundos que no han sido puestos en discusión pública. Esta jornada busca ser un punto de partida para ese debate”, explicó la secretaria de Legal y Técnica, Julia Tonero.Según detalló, el encuentro está dirigido tanto a operadores del sistema judicial -abogados, magistrados y universidades- como al conjunto de la ciudadanía, con la convicción de que la discusión sobre el modelo de justicia debe involucrar a toda la sociedad.“Queremos avanzar hacia una justicia centrada en las personas, que supere la lógica estatocéntrica y dé respuestas concretas a las necesidades de la gente. Uno de los grandes problemas actuales es el tiempo de respuesta judicial. Las tecnologías nos permiten pensar en una justicia más ágil, cercana y verdaderamente justa”, subrayó Tonero.Por su parte, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, remarcó: “En este contexto, la Provincia está trabajando en una transformación profunda del servicio de administración de justicia, enfocada en la modernización, la eficiencia y la transparencia. Incorporar tecnología y revisar procedimientos es clave para lograr una justicia más centrada en las personas”.En esa línea, agregó que “organizamos esta jornada con la participación del doctor Mario Adaro, quien es un referente nacional en transformación digital del ámbito judicial. Su experiencia será un aporte fundamental para nutrir este debate y avanzar hacia una justicia moderna en Santa Fe”.

El expositor principal será el juez Mario Daniel Adaro, especialista en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías, con formación en la Universidad de Salamanca, la Universidad Austral y la UNCuyo. Es embajador del Hexágono de Innovación Pública del Gobierno de Aragón (España) y presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia (Ifitej) de Jufejus. Además, dirige el Programa de Transformación Digital e Inteligencia Artificial en la Justicia de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Su conferencia se titulará “Una administración pública inteligente y ciudadano-céntrica”, y abordará los desafíos de repensar la justicia del siglo XXI, incorporando tecnologías, datos y modelos de gestión orientados a resultados.

La jornada no se limita a la disertación de expertos, sino que propone instancias de diálogo y construcción colectiva. “No venimos con un paquete cerrado de reformas. Queremos pensar en conjunto cuáles son los grandes procesos que deben transformarse, entendiendo que la justicia del futuro no puede ser la misma que heredamos del siglo pasado”, concluyó Tonero.

(Por Noelí Rojas) - En los Tribunales de San Cristóbal se lleva a cabo el primer juicio bajo esta metodología en la provincia de Santa Fe. Este juicio oral y público se viene preparando hace mucho tiempo debido a la magnitud de la cuestión y porque todas las miradas están puestas allí. Si bien no admite prueba y error, las expectativas son grandes en este día histórico para el sistema de justicia provincial.

Diferentes autoridades dijeron presente, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; el fiscal Regional, Carlos Vottero; el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, y el diputado provincial Marcelo González.

“Inicia la primera jornada de Juicio por Jurados de la provincia de Santa Fe. A raíz de la Ley sancionada hace un año y medio por la Legislatura provincial. Conforme al cronograma de implementación tocó este primer juicio en el distrito San Cristóbal, parte de la regional de la circunscripción con cabecera en Rafaela. A partir de ahora la provincia se pone en sintonía con otras provincias que están implementando Juicio por Jurados, arrancando con los casos más graves. Estamos con una gran expectativa en este día histórico”, expresó el ministro de Justicia.

Cococcioni explicó que el primer paso que se dio esta mañana con el debate está planteado en la Constitución Nacional desde 1853 y que ha sido un largo reclamo por parte de diversos sectores, principalmente académicos.

Con respecto a los casos más graves que mencionó el ministro, que son los homicidios calificados, conforme a la Constitución que indica que es para el juzgamiento de los casos criminales que ordinariamente son los delitos de mayor gravedad. Esto no quita que, a futuro, conforme de la experiencia que se vaya haciendo, pueda ir extendiéndose esta modalidad para el juzgamiento de otros delitos.

Por su parte, el secretario de Justicia Mascheroni indicó que «esto es un avance desde el punto de vista de la participación democrática de la ciudadanía, juzgando a sus propios pares, porque mientras dure este juicio los jurados van a ser integrantes del Poder Judicial de la provincia. Hoy por hoy son cuatro figuras que se juzgarían en juicio por jurados que son el homicidio calificado, el abuso sexual seguido de muerte, el robo seguido de muerte y el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y el mundo de la delincuencia”.

Estas cuatro figuras -continuó- son las únicas que se pueden habilitar y algunas que estaban previstas cayeron porque se abreviaron, entonces no van a ir al juicio. El orden que teníamos establecido es Circunscripción de Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Santa Fe y Rosario, pero, después si van apareciendo causas ya estamos en situación de ir abordando esta problemática en las distintas circunscripciones».

La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, se refirió a la importancia de este hecho y de lo que se esperaba de aquí en adelante. “Para el Ministerio Público de la Acusación es un enorme desafío institucional, nos hemos estado preparando muchos meses, con capacitaciones genéricas y capacitaciones puntuales incluso para el caso que se está debatiendo en el día de hoy. También a partir del 21 junio nos estamos preparando porque el sistema de justicia penal determina que no sólo los adultos, sino que los jóvenes punibles tengan un sistema de acuerdo a la Constitución, va a ocurrir en nuestra provincia prontamente así que es un momento institucional muy importante para todos».

El primer Juicio por Jurados se realiza en San Cristóbal.

El senador Michlig también estuvo presente este lunes y presenció el debate de jurados por pantalla desde el SUM de tribunales junto a los otros funcionarios.

“Que este primer juicio se dé en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal es muy importante para toda la provincia y para nuestra zona. Que podamos de alguna forma hacer más visible la justicia, lograr la participación ciudadana tiene que ver con una decisión política que ha tomado el gobernador Pullaro.

Además, estamos cumpliendo con un mandato con el espíritu de lo que fue la Constitución Nacional de 1853, han pasado 172 años para que un gobierno implemente y cumpla con lo que estaba establecido. Con esto estamos mejorando la institucionalidad de la provincia, mejorando el sistema de justicia y logrando la participación ciudadana, en momentos donde hay demanda, que la justicia llegue a todos los justiciables, de que la hagamos con mayor celeridad y la democraticemos”.

Diferentes autoridades dijeron presente en los Tribunales de San Cristóbal. Foto: Víctor Rivero

A las 9 de la mañana se realizó la audiencia de los ciudadanos citados que resultaron sorteados del padrón electoral, tras un debate con el juez Dr. Nicolas Stegmayer y las fiscales de la causa Silvina Verney y Hemilce Fissore, quedaron seleccionadas 12 personas titulares y 2 suplentes. Al mediodía comenzó el juicio y se prevé que sea rápido en cuanto al tiempo.

Lo que se juzga es un caso de Homicidio Calificado, que sucedió en enero de 2023 en la localidad de Monigotes. Sobre esto, el jurado popular tendrá que determinar en relación a la persona imputada sobre su culpabilidad o no culpabilidad.

En caso que el jurado determine la culpabilidad del acusado, luego el juez técnico es quien estará a cargo de aplicar el monto de la pena.

Después que ocurre un caso de ciertas características, el juicio tiene la etapa preliminar, la investigación preparatoria termina con la admisión de toda la parte de la prueba y queda en situación de sortearse la audiencia que es la selección de jurados y pasar directamente al juicio propiamente dicho.

En el curso de la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en pleno recibió al ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, y al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. La reunión, según se supo después, fue solicitada por los miembros del Tribunal, como resultado de una reunión de Acuerdo, y estaba previsto que se llevase a cabo la semana anterior, aunque se postergó por razones de superposición de actividades.

A fechas vista, el único que manifestó su decisión de renunciar fue Mario Netri, cosa que hará efectiva a partir del 1 de diciembre, y en parte motivada por razones de salud. Foto: Guillermo Di Salvatore/Archivo

Además, como trascendió en un principio y luego fue oficialmente desmentido, estaba previsto que concurriese el ministro de Gobierno, Fabian Bastia. O al menos, tal era la expectativa de los magistrados, que dejaron en evidencia su frustración por el hecho de que el encuentro ("positivo y en muy buenos términos", como se aclaró después) no incluyese a un funcionario con incumbencia específica para dar respuesta a las inquietudes vinculadas a la cuestión presupuestaria.

Naturalmente, no escapó al análisis de contexto el hecho de que el gobierno provincial tiene en marcha un operativo para renovar la composición del Tribunal, al menos en buena parte. Y que, a tal efecto, una escueta comitiva del oficialismo (integrada por el propio Bastia, Julián Galdeano, el senador Felipe Michlig y, brevemente, por el diputado socialista Joaquín Blanco) llevó adelante una agenda de reuniones individuales con ministros para conversar sobre la posibilidad y los términos de un apartamiento, con el argumento de base de la edad de la mayoría de ellos.

A fechas vista, el único que manifestó su decisión de renunciar fue Mario Netri, cosa que hará efectiva a partir del 1 de diciembre, y en parte motivada por razones de salud. En los demás integrantes del Tribunal el gobierno no encontró disposición a hacerlo, y algunos arriesgan la interpretación de que en la gestión a tal efecto escaseó una diplomacia que acaso hubiera resultado más fructífera.

En cualquier caso, los participantes de la reunión dejaron en claro que este tema, que coloca a las cabezas de ambos poderes a las puertas de un conflicto político a esta altura difícil de zanjar por la vía del consenso, no estuvo en el temario de la reunión. Por más que haya sobrevolado cada minuto de su desarrollo, y a que algunos le hayan asignado una condición de causa y efecto en relación con las cuestiones que se estaban discutiendo.

Cuestiones que, pasando en limpio, se sintetizan en tres: la demora en la cobertura de vacantes, la falta de trámite a una serie de expedientes que atañen al personal del Poder Judicial y las cuestiones presupuestarias, que abarcan la política salarial, pero también los gastos de funcionamiento.

En cuanto al primer tema, se trata de uno recurrente en la agenda de reclamos de la Corte al Poder Ejecutivo de turno. Pero en este caso reviste particulares características, por los plazos de demora, la cantidad de casos ya existentes o en ciernes, y las circunstancias políticas que afectan este diferendo.

A la fecha, en el Poder Judicial computan un total de 70 vacantes estrictamente de jueces. Lo que, sobre un plantel total de 374 cargos, supone el 24 % a nivel provincial; esto es, casi la cuarta parte. Pero la proporción se agrava en algunas circunscripciones, como en el caso de Santa Fe, donde hay más cargos vacantes que en Rosario y, por lo tanto, el porcentaje es mayor (ya que el total de cargos es más bajo). Pero además, con las jubilaciones ya anunciadas hasta fin de año, apresuradas por la posibilidad de cambio de régimen, el total de vacantes previstas trepa a 84, y no se descarta que haya alguna más.

En cuanto a los plazos, el problema es que la última Asamblea Legislativa en que se aprobaron pliegos de magistrados fue el 24 de noviembre de 2022. Durante el último año de la gestión de Omar Perotti no se aprobó ningún otro, y los 39 pliegos que iban a tratarse en la Asamblea convocada para el 21 de septiembre de 2023 fueron retirados, a pedido de las nuevas autoridades electas.

El reclamo de los ministros de la Corte, expresado en términos numéricos, se topa con un parámetro cualitativo que pretende aplicar la gestión Pullaro: no cubrir las vacantes en su totalidad, sino previo relevamiento de lo que entienden que son las verdaderas necesidades, y concentrándose allí. Otra evaluación que, previsiblemente, se da en términos contrapuestos. Más allá de lo cual, desde el Poder Ejecutivo se anunció que en los próximos días se enviará una tanda de pliegos (al margen de la polémica producida en torno a los de la Cámara de Ejecución Penal).

Los jueces también plantearon la demora en el trámite de expedientes en la órbita del Poder Ejecutivo. Se trata de algo menos de 90 trámites, pero que involucran a más de 440 agentes, entre jubilaciones, ascensos, rectificaciones e incluso una cesantía.

Finalmente se puso sobre la mesa la cuestión presupuestaria. En la Corte hicieron notar que los recursos para atender la política salarial ya están agotados, incluso los necesarios para atender los retroactivos de mayo y junio, cada uno de ellos del 4,2 %. Pero además apuntaron que no cuentan con partidas suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento, y las obras en marcha, como la ampliación del edificio de Tribunales en Santa Fe y el de Casilda.

Desde el Poder Judicial apuntaron que no cuentan con partidas suficientes para cubrir las obras en marcha, como la ampliación del edificio de Tribunales en Santa Fe y el de Casilda. Foto: Archivo

A este planteo sumaron también la creación de cargos para oficiales de custodia por la aplicación del juicio por jurados, otros en los juzgados de Familia y también para la unidad de gestión de causas de Menores.

Luego de la reunión no hubo declaraciones públicas desde el cuerpo que encabeza Rafael Gutiérrez, aunque sí del ministro Cococcioni, que negó que exista algo como "un ahogamiento financiero" del Poder Judicial, y del propio gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien ya había etiquetado a la Justicia santafesina como un servicio "caro e ineficiente", y ahora les reclamó una política de ahorro equiparable a la que desarrolla el Poder Ejecutivo.

Con esta agenda de temas estrictamente funcionales, y propias de quienes encabezan ambos poderes, los representantes del Poder Ejecutivo y el Judicial se enfrentan a un período en el que, acaso, las buenas maneras exhibidas en la reunión de la semana pasada no sean suficientes para contener el conflicto, o requieran ser reforzadas al máximo nivel.

La decisión política de reformar el sistema previsional de Santa Fe y la discusión pública instalada a tal efecto repercutió en el número de trámites jubilatorios ingresados a la Caja en los últimos meses. Ya había informado El Litoral en abril pasado que la cantidad de expedientes generados se había duplicado a nivel global, respecto de igual período del año pasado. Y ésa sigue siendo la constante en sectores particulares, como el Poder Judicial. Los trazos gruesos de la modificación a plantear incluyen un incremento del porcentaje de los aportes y un nuevo método para calcular los haberes máximos. Ambos aspectos generarían una fuerte incidencia en el citado poder. De allí, el dato risueño de que en uno de los trámites iniciados por uno de los agentes judiciales invoca "expresamente" la reforma en ciernes para fundamentar la solicitud y "apurar" el beneficio jubilatorio.

Según dijo a este diario el secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, prácticamente se ha "duplicado" desde el Poder Judicial, el número de pedidos de renuncia que derivan, posteriormente, en la iniciación del trámite jubilatorio. "Se nota un incremento en el ingreso de expedientes solicitando la renuncia para acogerse luego al beneficio jubilatorio", sostuvo. Y relató un caso " muy emblemático y hasta simpático"... "Una persona -contó- ingresa el expediente el 2 de julio diciendo que renuncia a partir de diciembre. Dictamos resolución haciendo lugar pero ese mismo día, desconociendo el interesado que ya habíamos resuelto, ingresa otro escrito diciendo que por razones de público conocimiento asociadas a la discusión sobre la reforma, prefiere adelantar la fecha de la renuncia y la solicita ya no desde diciembre, sino a partir de agosto".

Sobre esa base, el funcionario interpretó que "puede existir cierto temor" por los alcances que pueda tener la reforma, y ello motive "que se haya acelerado" el ingreso de trámites.

Los trazos gruesos de la modificación a plantear incluyen un incremento del porcentaje de los aportes y un nuevo método para calcular los haberes máximos. Ambos aspectos generarían una fuerte impacto entre los agentes judiciales. Crédito: Luis Cetraro

"Si yo comparo en bruto y sin discriminación, desde febrero a la fecha tenemos un incremento notorio de pedidos de renuncia para acogerse a beneficios jubilatorio en relación a lo que ha sido 2023, que no aporta una estadística confiable ni una discriminación por rangos. Lo que tenemos hoy es un universo promedio de más 50 empleados, tres fiscales, tres defensores, un ministro de la Corte (Mario Netri) y unos 14 o 15 jueces. Este número varía porque ingresan nuevos y algunos de los trámites son resueltos favorablemente, porque no tenemos reparos en viabilizar el trámite de la renuncia, si se cumplen los requisitos establecidos: edad, antigüedad y años de aportes. Si eso está cumplido, el Estado no puede negar el beneficio", afirmó.

En términos comparativos, Mascheroni confirmó que "estamos casi en el doble de trámites iniciados" respecto de igual período del año pasado. "Tenemos un total de 107 trámites iniciados, contra menos de cincuenta netos que fueron tramitados y otorgados en igual período de 2023", precisó.

- ¿Cómo impacta este número de pedidos de renuncia en el servicio de justicia, por las consecuentes vacantes?

- En este sentido, lo que tenemos desde la Secretaría de Justicia en marcha es un concurso para fiscales de toda la provincia. Hemos dividido la provincia en dos: el sur es la circunscripción de Rosario y Venado Tuerto; y hacia el norte, Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Pienso que en una semana o diez días estaremos abriendo el concurso. Tenemos problemas para integrar una de las Juntas Evaluadoras, pero la idea es abrir el concurso para Civil y Comercial, Laboral, Familia, Penal y fuero pleno en todo el territorio. Ello, para cubrir cargos de jueces de Primera Instancia, y de fuero pleno donde corresponda. No integran esta convocatoria, por lo menos hasta ahora, las Cámaras de Apelación. Todo lo que estamos preparando es para primera instancia.

- Cuando se aludió, meses atrás, al aumento de inicio del trámite jubilatorio se emitió como mensaje desde el gobierno que no debía existir temor porque no se cercenarían derechos. ¿Puede decirse algo similar para los integrantes del Poder judicial?

- Los derechos adquiridos están adquiridos; lo que se puede discutir es de qué manera se ejercitan algunos derechos en el futuro y en un contexto de emergencia que se tiene que analizar. De todas maneras, la modificación de un régimen jubilatorio o de cualquier otro sistema tiene un proceso de debate en el marco de la sociedad entre actores vinculados de manera directa, y obviamente, habrá un debate en el plano parlamentario. La Legislatura tomará una decisión y ésa será la Ley de la Provincia que se ponga en marcha de acuerdo a los plazos y márgenes que la propia ley establezca para entrar en vigencia. Esto no es que se vota una ley y todo el mundo tiene que sujetarse a ella; entiendo que va a tener gradaciones, como ha habido en otros casos.

Desde septiembre, y de manera progresiva, comenzará en la provincia el sistema de juicios por jurado, de acuerdo al cronograma elevado por el Gobierno de Santa Fe a la Mesa de Diálogo que en marzo, desde la sanción de la ley, se constituyó para diagramar su puesta en marcha. 

En la mesa de implementación participan los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, con los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni, y sus equipos; y representantes de los cinco colegios de abogados de la provincia, de la Corte Suprema, la Legislatura y las Universidades.

La decisión salida de esos encuentros es comenzar con esta modalidad por las circunscripciones de menor complejidad para ir ajustando los detalles y poder llegar a los mayores centros urbanos (Rosario y Santa Fe), con una experiencia acumulada que permita abordar esas regiones donde las estadísticas indican que se presentan un mayor número de causas al año, vinculadas a delitos que pueden abordarse por los jurados populares.

Vale recordar que esta modalidad de resolución judicial está prevista para cuatro tipos de delitos: el homicidio calificado, el crimen de odio o el abuso sexual seguido de muerte, el robo seguido de muerte y el enfrentamiento de las fuerzas de Seguridad que termina con la muerte de un civil.

Al respecto, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, indicó que “planteamos a la mesa de implementación, para ser considerado, un cronograma que define iniciar en algunas circunscripciones los juicios por jurado a mediados de septiembre. Estas circunscripciones podrían ser Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela; y en el caso de Santa Fe y Rosario quedan para una segunda oportunidad, sin duda en el 2025”.

En este sentido, recordó que “la ley permite la implementación escalonada y creemos que es lo más adecuado. Ponerlo en marcha en toda la provincia no es lo conveniente, sino empezar por circunscripción, para ir haciendo una experiencia porque en esto se va construyendo sobre la base de una serie de cuestiones que son necesarias en el inicio pero que el propio ejercicio va perfeccionando”.

De manera progresiva

En la última reunión de la mesa de implementación, realizada a mediados de junio se propuso que en septiembre será el comienzo, luego en noviembre, para seguir en febrero del 2025; mayo posteriormente, para completar en septiembre del 2025 la incorporación de todo el sistema.

Además, Mascheroni señaló que “lo más importante en esta etapa es la elaboración del padrón del cuál van a salir los futuros jurados, que van a ser proporcionales a la cantidad de personas que integren cada una de las circunscripciones. Y hemos avanzado con la Secretaría Electoral para realizar una prueba del sorteo, que tiene que ser público”.

El secretario de Justicia detalló que “estamos aguardando la respuesta del Poder Judicial sobre el cronograma, pero especialmente sobre por cual circunscripción empezar” y con esta respuesta “vamos a estar convocando a una nueva reunión de la mesa de implementación y de capacitación”.

Por último, indicó que “ya han empezado los cursos de capacitación a los operadores directos del sistema, que ha impulsado la Corte Suprema, pero también está la decisión de implementar instancias de capacitación para otros actores, para que tengan una referencia de como va a operar en el caso de ser jurados”.

Cómo se eligen los jurados

Los delitos comprendidos en la posibilidad de Juicio por Jurado comenzarán a celebrarse con 12 jurados más 2 suplentes, elegidos por sorteo entre los habitantes de la región, y entre 36 personas previamente convocadas a esos efectos y que pasarán por el tamiz de la fiscalía y la defensa para depurar la lista hasta llegar a la docena que deberá, además, estar conformada respetando la paridad. 

Abogados, escribanos, funcionarios, personas ligadas al poder judicial, fuerzas de Seguridad, personas con antecedentes, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan algún vínculo con las partes, quedan excluidos.

La convocatoria será una carga pública y está previsto viáticos en caso de tener que trasladarse y al igual que en el caso de las elecciones, quienes sean seleccionados contarán por ley con el resguardo de su puesto de trabajo y un pago diario de aproximadamente medio jus, que es la unidad que regula los honorarios jurídicos. 

En el proceso del juicio, primero se buscará la unanimidad del veredicto y cuando esto no fuera posible se utilizará la “mayoría agravada”; se necesitarán 10 votos. Una vez decidido esto, el juez será quien imponga la pena.

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe convalidó los cambios que introdujo el Senado al mensaje que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura en los primeros días de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para incorporar el Juicio por Jurados, por lo que la norma quedó sancionada.

El proyecto de Juicio por Jurados es una de las leyes que fue enviada desde el Ejecutivo como paquete normativo prioritario, en una primera etapa, con el objetivo de contar con herramientas legislativas necesarias para impulsar las políticas públicas en materia de seguridad y justicia por parte del gobierno de Pullaro, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce el ministro Pablo Cococcioni.

La incorporación en la provincia del Juicio por Jurados era una deuda pendiente del sistema de justicia, que ahora podrá contar con la ley que reglamentará el artículo 44 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Además, la iniciativa aprobada cumple con el mandato constitucional que dispone que los juicios criminales finalicen por jurado. 

En este sentido se ha diseñado un juicio por jurado popular, con 12 jurados titulares y 2 suplentes, para el juzgamiento obligatorio de delitos graves como homicidios, abuso sexual seguido de muerte, y también para que la sociedad juzgue el accionar policial y penitenciario en casos de enfrentamiento.

Santiago Mascheroni, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, destacó que la Constitución de 1853 ya previó el Juicio por Jurados, y luego se fueron implementando en las provincias. “En Santa Fe hubo intentos legislativos que tuvieron media sanción en Diputados y no prosperaron en el Senado. Felizmente esta iniciativa del Poder Ejecutivo se transformó en una norma concreta”, resaltó.

Mascheroni consideró además que, por sus características, esta ley va a requerir una reglamentación muy particular, en la que se debe ir avanzando paulatinamente. “A modo de ejemplo se debe conformar un padrón, porque es una carga pública, y se va a tomar el padrón general, para luego sortear, uno de cada 1.000 empadronados, lo que va a dar aproximadamente un universo de entre 2.000 y 2.500 ciudadanos y ciudadanas que pueden formar parte de un jurado”, explicó.

Mascheroni subrayó la gradualidad en la implementación de ciertos aspectos instrumentales de la ley. “Cuando la infraestructura lo permita se irán incrementando las causas en las que pueda actuar un jurado”. 

Quienes tengan entre 18 y 75 años podrán ser requeridos para formar el jurado. Para las personas de más de 70 años es opcional. No podrán integrar jurados abogados, profesionales del derecho, ni quienes trabajan en la administración pública en áreas de justicia. También quedan exentos policías, y personas que hayan recibido alguna condena.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad, Florencia Blotta, destacó la importancia de esta incorporación, y señaló la necesidad de que la ciudadanía se informe sobre este mecanismo.

“En el marco de la implementación de la ley, es central la difusión de la normativa para que la ciudadanía conozca esta herramienta y este derecho y carga pública de participar y prestar el servicio de justicia en calidad de jurado”, explicó Blotta, al tiempo que indicó la necesidad de capacitación. 

“Será de suma importancia también la generación de espacios de capacitación específica con todos los operadores judiciales y la participación de las Universidades y Colegios de Abogados, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial”, concluyó la subsecretaria Blotta.

La Constitución Nacional de 1853 y la reforma de 1994 establecen esa figura que hasta ahora sólo estaba implementada en diez provincias.