Gonzalo Zentner

Este 24 de marzo se cumplen 50 años de la peor de las dictaduras que atravesó Argentina en el siglo XX. En 1976, la Junta Militar tomó el gobierno y depuso a María Estela Martínez de Perón. Todo sucedió de madrugada, y los argentinos se anoticiaron de lo ocurrido con el amanecer de aquel miércoles.

En Santa Fe, la provincia fue intervenida y se designó al coronel José María González. La crónica de El Litoral permite reconstruir cómo fueron aquellos primeros minutos, de lo que con los días se convertiría en la más oscura de las épocas en el país.

El tema fue puesto en la tapa, dando cuenta de la importancia de los acontecimientos. Además de la cobertura nacional, donde se contó lo sucedido en Casa Rosada con la salida de “Isabelita”, el vespertino puso el foco en el gobierno provincial.

“Tras una noche donde los rumores rebasaban a los hechos, cuando los numerosos aprestos de las fuerzas de seguridad y militares indicaban sucesos inminentes, se llegó a las 3.22 cuando las radios pasaron a integrar la cadena nacional y la población pudo enterarse los hechos en el orden nacional, aún cuando la mayoría de los santafesinos estaban entregados al reposo”, describió El Litoral.

Y seguía: “Se dispuso el establecimiento de guardias especiales en edificios públicos, estaciones de radio y televisión, y comenzó el desplazamiento de jefes y oficiales superiores designados para cubrir distintos cargos en la administración pública provincial”.

“A las 3.50 el Cnel. González estableció contacto directo y personal con el ex gobernador, Dr. Carlos Sylvestre Begnis, quien se encontraba en su residencia de la calle Tucumán”, continuaba la crónica.

“En oportunidad el jefe militar comunicó que había recibido órdenes de la Junta de Comandantes Generales de asumir el gobierno de la provincia, como interventor militar, lo que se concretaría momentos más tarde”, sostuvo El Litoral hace 50 años.

La llegada a Casa Gris fue a las 4.25, según recuerda el minucioso artículo aquí citado. Acto seguido, el texto enumera las autoridades militares que llegaron junto al coronel González.

“Luego de una conversación formal, pero en términos cordiales, a las 5.35 el escribano de Gobierno Sr. Juan Horacio Jaime dio lectura al acta por la cual asumía la intervención militar a la provincia de Santa Fe el Cnel, González, quien de inmediato prestó juramento por Dios y los Santos Evangelios”, señaló el vespertino.

Y agregó: “Y conforme con los ‘objetivos básicos y el estatuto para el proceso de reorganización nacional’ para cumplir y hacer cumplir las constituciones nacional y provincial”.

En el desarrollo del artículo se explicó que “de inmediato el Dr. Sylvestre Begnis pronunció unas pocas palabras, señalando que ‘como la mayoría de los argentinos, lamento que se haya llegado a una situación que justifica esta acción de las Fuerzas Armadas que espero que sea la última vez que ocurra’, para después desear éxito en sus tareas el interventor militar”.

Tras la alocución del hasta ese momento gobernador de Santa Fe, funcionarios, colaboradores y allegados coincidieron en un cerrado aplauso. “Mientras el Cnel. González abrazaba cordialmente al Dr. Sylvestre Begnis, a la par que lo invitaba a presenciar el juramento de los nuevos ministros”.

Dentro de la histórica edición de aquel 24 de marzo, el vespertino amplió lo informado en su portada. “La ciudad siguió con gran expectativa los sucesos”, fue el título para una segunda crónica que describió aquella mañana.

“Al comenzar el horario laboral, se conocía la noticia de que estaban suspendidas las actividades en la administración pública por disposición de la Junta Militar, por lo que pocos empleados, públicos que no se habían puesto de la novedad se dirigieron a sus ocupaciones”, describió el vespertino.

En la continuidad informativa se detalló: “En cambio, el personal que se desempeña en actividades comerciales, industriales y servicios públicos, se dirigió a sus lugares de trabajo en forma normal. Los ómnibus circularon como lo hacen habitualmente. El comercio abrió sus puertas a la hora que corresponde. La Industria trabajó normalmente”.

Esa “normalidad” no fue tal en materia política. La crónica se encargó de contar que quedaron suspendidas las actividades gremiales y se procedió a cerrar la Legislatura, dejando en ese histórico edificio una guardia de custodia.

“Sin estridencias ni hechos relevantes para la crónica, se produjo el cierre del Palacio Legislativo en nuestra ciudad. Exactamente a las 10 se hizo presente en el edificio de la plaza Pringles un oficial militar al mando de efectivos, quienes rápidamente desalojaron al personal y a los legisladores que se encontraban en la Casa de las Leyes”, contó El Litoral.

Municipalidad y UNL

En sendos artículos, también contenidos en la edición del 24 de marzo del 76, El Litoral detalló que “el Tte. Cnel, Arrieta a cargo de la Municipalidad local había procurado ubicar al ex Intendente Sr. Campagnolo u otros funcionarios de la comuna pero que hasta el momento eran aproximadamente las 11- nadie había comparecido”.

En simultáneo, se confirmó la designación del coronel Núñez como interventor en la Universidad Nacional del Litoral, designado directamente por la Junta Militar.

La Casa Rosada planea repetir para "las provincias" un plan de provisión de energía mediante súper baterías, tal como ya lo tiene -mucho más adelantado- en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ya está en proceso de adjudicación para porteños y bonaerenses "AlmaGBA", mientras que recién ahora se ha publicado el llamado a licitación para darle un trato similar al conjunto del interior del país. En ambos casos se pretender sumar unos 700 megavatios de energía guardada en baterías de litio, toda una novedad en los sistemas eléctricos argentinos.

El gobierno nacional recurre a una suerte de parche frente a la desinversión de varias décadas en el Sistema Argentino de Interconexión por lo que el llamado a los oferentes de mega baterías se denomina "AlmaSADI".

La resolución de la Secretaría de Energía de la Nación no habla de una distribución por provincias, sino por regiones. Y a Santa Fe se le han asignado apenas 220 megavatios y a compartir con Entre Ríos, en la Región Litoral. La valoración parte de un dato objetivo: la Epe es la tercera empresa distribuidora del país por su tamaño, luego de las privadas Edenor y Edesur.

Plan de provisión de energía mediante súper baterías. Foto: Manuel Fabatía.

Para la Empresa Provincial de la Energía la licitación ya ha generado efectos puertas adentro y, de acuerdo con la información que pudo obtener El Litoral, se han creado nuevas labores para varias áreas de la compañía estatal para responder a una pregunta básica: ¿Dónde deberían instalarse las súper baterías si la decisión (que es nacional) dependiera de la Epe? O lo que es lo mismo: ¿Dónde recomendaría su instalación?

Desde el ámbito de los potenciales oferentes para la licitación del plan AlmaSADI ya existen consultas con la Epe. Y no es casualidad que lleguen a Santa Fe esos requerimientos de quienes piensan invertir en una actividad que, como se verá, parece ofrecer muy bajo riesgo.

En el mapa de la participación de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de todo el país, la Provincia de Santa Fe pesa todos los meses entre el 9 y hasta el 10,5% de la torta nacional. Como se dijo, ocupa el tercer lugar luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que suman 38,27% y tienen su propio plan de almacenamiento de megavatios, mucho más avanzado.

En concreto: la Epe es la más importante empresa de distribución de energía en la licitación que ha convocado ahora la Secretaría de Energía de la Nación. Hasta donde ha podido averiguar El Litoral por ahora no hubo comunicaciones sobre el tema entre las autoridades en materia de energía a nivel nacional con las santafesinas.

Obviamente, entre la Casa Rosada y la Casa Gris son abismales las asimetrías de información de base sobre el mapa eléctrico nacional. En el plano de los funcionarios técnicos es difícil decir desde Santa Fe si se le ha dado el lugar que merece. En cambio, desde el punto de vista político puede pensarse que es insuficiente por mera comparación con otras compañías bastante más chicas y su asignación en AlmaSADI.

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Los posibles participantes de la licitación nacional ya han pedido datos concretos sobre los llamados "nodos más críticos" para la Epe, es decir, dónde se podrían instalar las mega baterías a importar. Está claro que se deberían ubicar cerca de dónde hacen falta, pero además se requieren muchos otros datos más precisos.

La experiencia demuestra que en los extremos de las redes están siempre las dificultades mayores. Ciertos barrios de la ciudad de Santa Fe lo vivieron en carne propia en el famoso apagón de 1994 que mantuvo con cortes rotativos a una parte de la capital provincial porque no contaba con un anillo de distribución de la energía.

Todo indica que las necesidades y las condiciones para la instalación de baterías tiene en el caso de la Epe a la zona del norte provincial como principal lugar recomendado. Una vez más: la provincia puede informar, sugerir, gestionar, pero no va a decidir. Se trata de una licitación nacional sobre un problema de esa jurisdicción, el SADI carece de la estructura necesaria, no se ha actualizado. No se hicieron más líneas de 500 kv.

La Epe ha ofrecido una respuesta a las consultas de los privados (los nombres de las empresas no han trascendido) que además deberá considerar los "valles" y "picos" de demanda según su geolocalización, lo que para sus técnicos ha significado un trabajo multidisciplinar de distintas áreas internas que se especializan lo comercial, la distribución y el monitoreo de la calidad del servicio.

A Santa Fe se le han asignado apenas 220 megavatios y a compartir con Entre Ríos. Foto: Fernando Nicola.

El uso de súper baterías para almacenar energía eléctrica y luego usarla cuando es necesario es novedoso en la Argentina. Buenos Aires y su Conrubano van camino de contar con esa provisión en poco tiempo, que responde a la desinversión nacional en el Sistema Interconectado Nacional (SADI), que son las torres gigantes que es posible ver en las rutas de todo el país (en 500 KV).

La lógica del funcionamiento de este tipo de tecnología (que proviene de los avances en materiales como el litio) puede comprenderse con una mala comparación: en un sistema de agua potable cada vivienda cuenta con un tanque de agua que puede ser muy útil cuando el servicio se corta. Esa reserva se puede aprovechar para cubrir los picos de consumo, cuando de la red no llega una gota de agua. Pero también hay barrios enteros o localidades pequeñas que cuentan con un tanque de reserva para que no haya cortes.

En el caso de las baterías para los sistemas eléctricos el principio es el mismo, se deben cargar y descargar los "tanques". No se guardan metros cúbicos de agua sino megavatios en baterías que ahora sí tienen la capacidad de guardar porciones relevantes de energía y con la calidad necesaria para su uso en grandes sistemas eléctricos. No son como una pila de linterna grande, brinda otras garantías.

En términos algo más técnicos, el futuro sistema AlmaSADI solo sirve si en el lugar donde se instala hay dos fenómenos eléctricos en las curvas de demanda geolocalizada, los valles y picos de consumo, según se trata de muy bajos o muy altos valores .

Con las mega baterías se guardan megavatios mientras es baja la demanda (en la depresión del valle de la curva) y se los utiliza cuando es más alta (ante el vértigo, la posibilidad de apagones y las alturas de los picos en las gráficas).

De lo único de lo que son capaces las baterías es de colaborar ante los escenarios de colapso. Y la licitación es solo para un escenario nacional definido como "de transición", ante la evidencia de que no habrá inversiones grandes que el país necesita en el sector. AlmaSADI apenas podrá evitar o morigerar los apagones típicos de un sistema nacional de transporte de la energía que ha quedado obsoleto. No será capaz de promover el desarrollo, de brindar confiabilidad en términos de planificar un aumento de la demanda porque se instalen nuevas industrias o emprendimientos comerciales electro intensivos. Es apenas un remedio paliativo para ganar tiempo, no la cura a una enfermedad llamada desinversión.

El mal que aqueja al desarrollo de la energía en la Argentina es endémico y proviene de malas decisiones políticas acumuladas durante décadas. El país no ha logrado las inversiones necesarias, desde el fracaso de las privatizaciones de los '90 hasta el descalabro de los subsidios y las excepciones regulatorias del Estado pagadas con un déficit que llegó a valores irracionales.

Hoy el gobierno nacional ha hecho lo necesario para que los kilovatios se paguen a su verdadero valor o al menos a uno más parecido al de la suma de sus costos. Y ese esfuerzo cayó sobre los usuarios residenciales.

Hay todavía hay subsidios a sectores medios y otros más vulnerables que caerán duramente durante 2026, solo para los primeros. Poner reglas de juego, o si se prefiere recrear condiciones de mercado no significa que las compañías inviertan. Es más, los pliegos de las licitaciones de los años '90 no contemplaron esa obligación para el sistema de transporte de energía, tampoco para la generación, donde las cosas no salieron tan mal.

En el ámbito de los servicios públicos en general, y mucho más en materia de energía, las decisiones se toman en términos de décadas. Y por ahora no hay cómo imaginar que el capital privado arriesgue lo necesario para contar con un mejor sistema de alta tensión.

Por eso se licita una suerte de parche que le garantiza a los oferentes una rentabilidad asegurada al comprar energía a un precio, guardarla para luego venderla cuando haga falta. No hay riesgo porque la existencia de la demanda que crece según el clima se repite año tras año. Obviamente, al sobrecosto por megavatios lo pagará el conjunto de los usuarios.

Para los futuros proveedores de energía almacenada, la única competencia se les presenta ahora, en el momento de formular sus ofertas en la licitación pública del gobierno nacional. Calificarán mejor quienes ofrezcan un valor de mercado menor por sus megavatios guardados en los valles para venderlos en los picos. Y justamente ahí se pone una conveniente barrera regulatoria, nada libertaria: se aceptan cotizaciones por hasta 10 dólares por mega.

Pero además, hay unas especificaciones técnicas que explican por qué el ejemplo del tanque de agua no es bueno o al menos incapaz de explicar lo complejo de los sistemas eléctricos. La provisión de energía eléctrica por un generador (o una batería) se lleva a cabo según su tensión nominal (en 220 kw, 380 para las industrias, o en 13,2 Kv o 132 Kv en baja y media tensión para las redes de las empresas de distribución como la Epe, y hasta en 500 Kv como en el caso del SADI nacional). Otras normas regulatorias, por otra parte, especifican condiciones de frecuencias en hertz, que podrían describirse burdamente como ciertos parámetros de calidad del servicio.

En otras palabras, el sistema eléctrico "de mercado" pretende que los generadores compitan según el valor del megavatio producido. Pero ahora, con estos sistemas, habrá baterías que venderán la energía que han comprado y guardado a un precio de reventa mayor. Y a sabiendas de que esa demandará estará.

(Por Gabriel Rossini) - La producción manufacturera santafesina registró en enero de este año una retracción del 9,7% respecto del mismo mes del año y acumuló su cuarto mes consecutivo de caídas interanuales, en un contexto donde las dos terceras partes del total de ramas industriales presentó menor actividad, se pierden todas las semanas empleos registrados y las exportaciones se derrumbaron más de un 20% en el primer mes del año reduciendo su participación en el total de ventas al exterior santafesina al 4,6%, la relación más baja de la serie histórica, profundizando la primarización de la economía provincial.

Las consecuencias de las políticas económicas nacionales están teniendo un impacto muy fuerte en la provincia de Santa Fe ya que, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde fines de 2023 y hasta noviembre de 2025 se perdieron 311 empresas (-5,3%) y 8.255 empleos (-6%), lo que provoca además de medidas muchas veces irreversibles como el cierre de una fábrica, un proceso de deterioro social que afecta a las grandes ciudades pero sobre todo a las medianas y pequeñas donde las pymes son las principales y muchas veces únicas generadoras de empleos.

De acuerdo con el informe publicado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) los principales obstáculos que enfrenta el sector son una debilitada demanda interna que impacta en sectores ligados al consumo de bienes finales (carne bovina, bebidas, textil, prendas de vestir, calzado, aparatos de uso doméstico, entre otros), los costos financieros que doblegan la tasa de inflación e inhiben el financiamiento del capital de trabajo, la deteriorada cadena de pagos, la débil actividad del sector de la construcción y las importaciones que desplazan a la producción nacional al poseer condiciones desventajosas.

El sector de Vehículos automotores lideró la baja de la producción con un índice que provoca asombro: 74% menos de producción que hace un año y registra caídas en 11 de los últimos 12 meses. Le siguen la Industria siderúrgica (-35,6%), Maquinaria agropecuaria (-32,1%), Autopartes (-22,2%), Prendas de vestir (-15,4%), Carrocerías-remolques (-12,3%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-10,9%), Productos lácteos (-10,3%), Molienda de oleaginosas (-7,6%), Carne vacuna (-7,5%), Fiambres y embutidos (-7,1%), Maquinaria de uso especial (-6,7%), Maquinaria de uso general (-5,5%), Productos metálicos para uso estructural (-4,3%), Papel y productos papel (-2,1%) y Muebles y colchones (-0,2%). Respecto de las subas, solo se registraron en Molienda de cereales (+5,2%) y en Edición e impresión (+2,1%).

Una de las ramas más afectadas por las políticas del gobierno nacional es el de la metalurgia donde el 87% mostró un menor nivel de actividad en relación con enero de 2025 y se encuentra 31,4% por debajo del registro de enero de 2023. Los sectores Producto de metal y servicios de trabajo y Productos metálicos para uso estructural tuvieron los últimos doce meses retrocesos interanuales de producción.

El otro índice que revela el poco nivel de actividad de la industria santafesina es el de demanda de energía eléctrica por parte de grandes usuarios industriales que en enero de 2026 tuvo una nueva caída de 19,0% interanual producto de una caída del consumo del 25,2% en cuatro plantas siderúrgicas y de 42,8% en once plantas del complejo oleaginoso.

Mauro L. Muñoz | María José Ramón

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles el Programa de Educación Digital. La actividad se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. La iniciativa busca “establecer pautas para la regulación del uso de nuevas tecnologías” en las escuelas con el objetivo de transformar de forma “gradual y sostenida” las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.

Pullaro planteó la temática en clave de decisión estatal: “no vinimos a ser conservadores; vinimos a cambiar la realidad”. En ese encuadre, amplió: “Es una problemática que el Estado tiene que abordar y pensar permanentemente, animándose a tomar decisiones que impliquen cambios en las políticas públicas para que la ciudadanía pueda vivir mejor”.

En la misma línea, el gobernador vinculó la educación digital con una idea de formación y ciudadanía: abordar el tema “hoy significa ser formador en la República Argentina”, y remarcó que “el fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir”. Y trazó un horizonte: “Que los chicos estén en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital implica llevar adelante políticas de fondo que nos van a trascender”.

Goity, por su parte, subrayó que la discusión excede el objeto “celular” y requiere un enfoque más amplio. “Es fundamental que trabajemos no solamente en torno a los dispositivos digitales, sino en la educación digital de manera amplia y comprensiva”, sostuvo. Específicamente sobre la regulación del uso de teléfonos, el ministro sostuvo que se trata de "un desafío" porque “las escuelas están atravesadas por esta problemática” y, frente a eso, “tenemos que formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital”.

En paralelo a la presentación del programa, el Ministerio de Educación comunicó a las instituciones educativas un conjunto de pautas para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. El documento fija límites para la utilización de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar.

El núcleo de la medida es claro: “el uso recreativo de dispositivos digitales personales dentro del aula quedará prohibido para todos los estudiantes en todos los niveles y modalidades” del sistema educativo provincial. El enfoque oficial lo plantea como equilibrio: acceso a tecnología, sí; pero “preservar espacios pedagógicos adecuados para el desarrollo cognitivo, social y emocional” de niñas, niños y adolescentes.

En nivel inicial y primario, el esquema es restrictivo: “el uso de celulares personales no estará permitido dentro de las instituciones educativas durante todo el horario escolar, incluyendo tiempo de clases y recreos”. Las familias podrán decidir si los estudiantes llevan o no teléfonos, pero no podrán utilizarlos durante la jornada. Y hay un matiz importante que el Gobierno dejó remarcado: la pauta “no impide el trabajo pedagógico con tecnología” cuando la escuela necesite herramientas digitales.

En nivel secundario, la normativa es más flexible: el celular podrá utilizarse “únicamente cuando forme parte de una actividad pedagógica previamente planificada y autorizada por el equipo directivo dentro de un proyecto institucional”. Fuera de esos casos, cada escuela deberá establecer normas claras de guardado y uso en los acuerdos de convivencia: desde mantenerlos en la mochila hasta sistemas más organizados. También se sugiere, como criterio, la promoción de recreos libres de pantallas.

Lucas Raspall, psiquiatra y psicoterapeuta, coordinador del programa, dio detalles sobre el criterio operativo: “La prohibición es del uso de celulares en nivel inicial y primario, pero en la secundaria hay una regulación que sí permite que el docente pueda liderar una propuesta en el aula con propósito pedagógico anclado en la currícula y entonces ahí sí los chicos pueden sacar los teléfonos y poder ingresar en ese mundo digital para conocer las herramientas y aprender a usar las herramientas”.

Consultado sobre si se fijará un límite de horas para ese uso, Raspall descartó un esquema rígido y lo ató al sentido pedagógico: “En la medida en que el docente lo presente a los directivos y todo eso tenga un sentido, entonces no hay una restricción de tener 20 horas o 35 de límite. Tiene que ver con el sentido, esto es a lo que apuntamos”.

E insistió con la idea de un plan que no se agota en el “sí o no” del aula: “Este plan de educación digital va mucho más allá de decir si lo pueden usar en el aula o en la escuela, en los recreos; el objetivo es primero capacitar a todos los docentes de la provincia en los tres niveles obligatorios para que puedan llevar al aula una propuesta en la que los chicos y las chicas aprendan a hacer un uso cuidadoso, responsable, ético”.

Respecto a la puesta en práctica, no se impone un único dispositivo sino que se apoya en la cotidianeidad de cada institución. “Se va a dejar a que cada establecimiento defina cómo lo lleva adelante. Esta es una provincia muy larga y muy heterogénea y las instituciones van a saber mucho mejor que una decisión uniforme cómo pueden hacer para que esos chicos guarden el teléfono”, explicó Raspall. Y enumeró alternativas posibles: “Algunos decidirán que lo tengan en la mochila, otros pondrán lockers, bolsita, canastito o lo que sea”.

Sobre recreos, la decisión final también queda en las escuelas, pero el Ministerio marcó un rumbo: “en los recreos definirá cada institución si se puede usar o no, pero desde el Ministerio se promueve a que en los recreos tampoco haya uso de dispositivos digitales”.

El documento, además, incorporó una pauta de intervención ante incumplimientos: se aplicará el “principio de gradualidad” del régimen de convivencia escolar, priorizando “instancias formativas, de reflexión y reparación” antes que medidas punitivas.

El Programa de Educación Digital incluye un paquete más amplio que la regulación de teléfonos. En la presentación se explicitó el objetivo de promover “bienestar digital”, prevenir “adicciones tecnológicas”, regular “el tiempo de pantalla” y cuidar la salud mental en entornos digitales.

En ese eje aparece una herramienta central: la creación de un Sistema Provincial de Alerta Temprana en Riesgos Digitales Escolares, articulado con equipos socioeducativos y con áreas de salud, justicia y protección de derechos. La meta, según la gacetilla, es detectar situaciones vinculadas al uso indebido de tecnologías: grooming, ciberbullying, apuestas online, sextorsión, consumos problemáticos, violencias digitales, estafas online o ludopatía digital.

Raspall subrayó que la capacitación docente será permanente, por una razón tan simple como contundente: esto cambia todo el tiempo. “Hay que formar a los docentes de los tres niveles con diferentes profundizaciones, y ese proceso no se va a interrumpir nunca, porque estas problemáticas cambian constantemente”, afirmó. Y definió la aspiración territorial del programa: “llegar a todas las escuelas de la provincia”.

En diálogo con los medios tras la presentación, el coordinador insistió en la transversalidad del enfoque: “La integralidad del plan lo que busca es que pueda hacer cualquier docente, el que tenga primero los conocimientos y luego la bajada práctica al aula. Esto va a pasar en lengua, va a pasar en matemática, en idiomas y en cualquier otro, porque de eso se trata la integralidad”. Y reforzó: “No es una hora perdida en el calendario de la escuela el día viernes a las 10. Todos tienen que saber qué son las cosas que pasan, cuáles son las plataformas que usan, cómo incide, cuáles son los riesgos y de qué manera lo pueden usar mejor”.

Por su parte, Hernán Navarro, director ejecutivo de Grooming Argentina, ubicó el anuncio en clave de urgencia social. “La provincia se pone a la vanguardia en materia de educación digital. Estamos ante una realidad compleja desde todo punto de vista y lo que hoy sucede en Santa Fe puede transformarse en un modelo para el resto del país”, sostuvo. Y completó la idea: “Lo que estamos lanzando es una respuesta a una verdadera urgencia social”.

Asimismo, Navarro aportó datos para dimensionar el escenario que describió como “verdaderamente complejo”: “En la Argentina ya son cuatro de cada 10 niñas y niños quienes tienen su primer teléfono propio antes de los 9 años”. Y sumó un indicador de tiempo de uso: “Somos el país en América Latina en el cual las chicas y los chicos tienen el celular en edades cada vez más prematuras, pero a la vez tienen el posicionamiento más alto de América Latina en promedio —junto con Paraguay y Colombia— de 7 horas diarias de uso de dispositivo por día”.

Felipe Sala, de la Asociación Civil Faro Digital, puso el foco en el aula y en el docente. “El desafío es poder llegar a los docentes para que puedan entender qué prácticas le dan los adolescentes, según nivel socioeconómico y según las edades. Porque lo que no se conoce no pueden cuidarlo”, explicó. Y trazó un mapa de trabajo: “Por un lado, conozcan qué plataformas usan y qué usos les dan; y por otro, cómo funcionan las plataformas, qué arquitecturas tienen y qué permite la plataforma para poder a partir de ahí poder hablar de eso”. Luego, apuntó al objetivo preventivo: “Obviamente que vamos a trabajar mucho en lo que es la prevención de todos los riesgos, y qué implica hacer o no hacer en territorio digital y convivir con otros en estas plataformas como para poder prevenir estas situaciones”.

Sobre la capacitación docente, Sala detalló la estructura prevista: “La formación se compone de un curso asincrónico, digamos, de unos cinco módulos en una primera instancia que va hacer como introductoria inicial y después un curso sincrónico donde se van a recorrer 11 módulos donde se van a profundizar todos estos temas y desafíos que propone cada plataforma”.

En el diseño institucional, el Ministerio también incluyó la participación familiar: propuso instancias de diálogo con las escuelas y la firma de una “carta compromiso” al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes. Y contempló excepciones para casos específicos, como estudiantes que necesiten dispositivos para monitoreo de salud o accesibilidad vinculada a determinadas discapacidades.

(Por Luciano Andreychuk) - Hay poca información relevada sobre el cementerio monacal del Convento de San Francisco, templo de la Orden Franciscana ubicado en el casco histórico de la ciudad capital. Pero existe y allí, en el subsuelo del lugar, que es monumento histórico nacional y una "gema" cultural, descansan los restos de sacerdotes y figuras de la historia local.

Un hermano de la orden falleció hace unos tres meses; y cuando intentaron darle cristiana sepultura en el cementerio monacal, se encontraron con un "freno administrativo". Los sacerdotes, preocupados, debieron firmar una autorización provisoria para poder inhumar al religioso fallecido, según pudo saber El Litoral.

Entonces, en el Concejo de Santa Fe se presentó un proyecto de ordenanza que dispone una actualización de la normativa vigente, la Ordenanza N° 12.223, que es el “Régimen Jurídico del Cementerio Municipal de Santa Fe capital y Poder de Policía Mortuoria".

La propuesta legislativa en ciernes plantean la autorización de la radicación de un cementerio monacal en el inmueble de calle Amenábar N° 2557, correspondiente a la Orden de San Francisco -Orden de los Hermanos Menores-, para la inhumación de los restos mortales de sus miembros.

"La autorización (...) quedará supeditada a la finalización de los trámites de habilitación correspondiente que realice el Ejecutivo Municipal, conforme a la normativa vigente en materia de policía mortuoria", agrega luego.

El interior guarda rastros de una historia muy valiosa para la ciudad. Crédito: Archivo

Se faculta al municipio a realizar "todas las gestiones previstas por el ordenamiento vigente, a los efectos de llevar a cabo los trámites que resulten menester a fin de emitir la habilitación correspondiente".

En concreto, el proyecto -cuya autora es la concejala Silvina Cian, Interbloque "Unidos"- plantea una actualización normativa para regularizar y autorizar de forma permanente la existencia del cementerio en el Convento de San Francisco para los miembros de la orden franciscana.

Según lo establece el artículo 5° de la Ordenanza N° 12.223, la Municipalidad ejerce plenamente el poder de policía mortuoria no sólo dentro del perímetro del Cementerio Municipal, "sino también respecto de todas aquellas actividades o servicios vinculados directa o indirectamente con el traslado, custodia y conservación de cadáveres".

Existe un antecedente legislativo directo en otra Ordenanza (N° 12.340), la cual autorizó la radicación de un cementerio monacal para las religiosas de la Orden de las Monjas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo.

La fachada, vista desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola

"El presente proyecto busca aplicar un criterio análogo para la orden franciscana, atendiendo a su particular organización religiosa y comunitaria. Desde el punto de vista de la realidad fáctica y la costumbre, los restos de los miembros de la orden franciscana en Santa Fe descansan en su gran mayoría dentro del convento", aduce.

Esta situación requiere de una autorización de excepción por parte del municipio cada vez que ocurre un fallecimiento.

Entonces, "con el fin de evitar estos trámites particulares y reiterados, la propia Dirección del Cementerio Municipal ha propuesto esta solución legislativa para resolver de forma permanente una situación que ya viene sucediendo, y dar respuesta a casos futuros".

"Este proyecto sólo propone una regulación y una actualización normativa de una ordenanza que es antigua. Busca dar garantías jurídicas para que los próximos hermanos franciscanos que fallezcan puedan descansar en paz en el cementerio monacal del convento", le dijo Cian a El Litoral.

El Convento de San Francisco guarda una de las historias fundacionales más trascendentes de Santa Fe, tanto sociocultural como religiosa y arquitectónica. Pertenece a la Orden Franciscana y fue declarado monumento histórico nacional en 1942 (Decreto N° 112.765).

Comenzó a construirse en 1673 sobre un predio situado una cuadra al sur de la Plaza Mayor, y se concluyó en 1688. En 1918, su frente fue transformado con un trazado italianizante, y en 1938 el arquitecto Ángel Guido restauró el interior del templo, pero mantuvo la modificación hecha en la fachada.

Entre 1949 y 1952 otro arquitecto, Mario J. Buschiazzo, proyectó una restauración que le devolvió al edificio su imagen original. La iglesia, con planta de cruz latina, es de una sola nave con galería adosada: los muros son de tapia reforzada con hiladas de piedra, y están revocados con barro y encalados.

La cubierta de tejas está sostenida por horcones de madera incorporados a la tapia y se apoya sobre una estructura de pares y nudillos que avanza sobre el atrio como arco cobijo. Debajo se ubica el portal flanqueado por un juego de dobles pilastras.

La Provincia desplegará una agenda integral en la edición 2026 de la muestra, que se realizará entre del próximo martes al viernes en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Santa Fe presentará financiamiento, hará rondas de negocios, mostrará su desarrollo en ciencia, y sus atractivos en turismo y cultura.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, tendrá una participación protagónica en Expoagro 2026, con una agenda estratégica orientada a potenciar el entramado agroindustrial santafesino. En total, 170 firmas de la provincia participarán de la megamuestra a través de stands, charlas, programas y rondas de negocios.

Durante el evento, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe exhibirá su potencial innovador, su capacidad tecnológica y su aporte a la cadena de valor del agro. El stand institucional funcionará como un espacio de encuentro para la promoción de inversiones, la generación de vínculos comerciales y la articulación público-privada.

Sobre la participación en la vigésima edición de la muestra, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló: “Llegamos a Expoagro 2026 con una propuesta integral que articula producción, financiamiento, ciencia, turismo y cultura. Venimos a presentar programas y a firmar convenios con entidades que serán clave para el fortalecimiento de la provincia”. Y agregó: “Santa Fe reafirmará en esta nueva edición su liderazgo agroindustrial y su compromiso con el crecimiento sostenible y federal, demostrando que somos el motor productivo para que la Argentina crezca”.

Uno de los espacios centrales dentro del stand santafesino estará dedicado al financiamiento, donde se brindará información detallada sobre las líneas vigentes de crédito y herramientas de apoyo destinadas a pymes, cooperativas, mutuales y emprendimientos productivos.

Además, organizadas por Santa Fe Global, se desarrollarán rondas internacionales de negocios con la participación de 100 firmas argentinas y 15 compradores internacionales provenientes de ocho países: Australia, Bielorrusia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica. Estas instancias buscan consolidar el posicionamiento de la maquinaria agrícola santafesina en mercados externos y fortalecer el perfil exportador de uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial.

En ese marco también se concretarán reuniones institucionales y la firma de convenios orientados a fortalecer la competitividad y la innovación del sector, entre ellos acuerdos con el INTA, Aapresid y asociaciones ganaderas, enfocados en la sustentabilidad productiva y el desarrollo de la genética animal.

La participación de 170 firmas santafesinas en estas actividades refleja una presencia inédita que trasciende el stand institucional y se extiende a empresas que expondrán maquinaria, presentarán productos, participarán en programas sectoriales y mantendrán encuentros con compradores internacionales.

En el marco de Expoagro 2026 también se realizará el lanzamiento oficial del 12° World Soybean Research Conference (WSRC), impulsado por Acsoja, que se desarrollará en marzo de 2027 en la ciudad de Rosario. La muestra será además una oportunidad para promocionar los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y que tendrán tres sedes en la provincia: Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Para ese evento, el Gobierno Provincial prevé una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, con el objetivo de consolidar a Santa Fe como referente regional en la organización de competencias internacionales.

Asimismo, la presencia de cooperativas y mutuales santafesinas tendrá un lugar destacado, reflejando el peso del modelo asociativo en la economía provincial y su aporte al desarrollo territorial.

La propuesta incluirá también actividades en el marco del programa “Sabores de Santa Fe”, orientado a poner en valor la producción regional y la identidad gastronómica de las distintas localidades de la provincia. Durante la muestra se realizarán clases de cocina en vivo con productos locales, a cargo de chefs invitados, y degustaciones abiertas al público.En paralelo, la Secretaría de Turismo de la Provincia promoverá los principales atractivos culturales, naturales y productivos del territorio santafesino, con el objetivo de posicionar a Santa Fe como destino turístico.

La agenda se completará con espectáculos musicales que acompañarán las actividades del stand y reforzarán la identidad cultural de Santa Fe, generando un espacio de encuentro para productores, empresarios y visitantes en una de las ferias agroindustriales más importantes de la Argentina.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Observatorio de Políticas Públicas de Género del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe organiza la charla “Repensando el tiempo destinado a cuidar: Corresponsabilidad familiar y Políticas Públicas”, que se llevará a cabo el próximo martes 10 de marzo a las 10.30 en la Casa del Bicentenario, ubicada en 2 de Abril y Cabral, en Venado Tuerto.

La actividad se enmarca en un contexto de avances normativos y conceptuales sobre el cuidado, tras el reciente reconocimiento del cuidado como un derecho humano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva del 31 de agosto de 2025. La resolución destaca que todas las personas, a lo largo de su ciclo vital, necesitan cuidados y hace especial hincapié en quienes los brindan o en quienes posibilitan las condiciones para proveerlos.

“El cuidado es una responsabilidad colectiva que no puede limitarse al ámbito doméstico ni depender únicamente de la buena voluntad individual”, señalan desde el Observatorio. Concebirlo como un derecho habilita nuevas discusiones sobre la universalidad, calidad, accesibilidad y corresponsabilidad estatal y social. También plantea la necesidad de revisar cómo se distribuyen los recursos, el tiempo y el trabajo dentro de los hogares, así como la regulación y profesionalización del sector.

La charla contará con la participación de la doctora Julia Ramos y las trabajadoras sociales Gabriela Colomba y Yasmin Abraham, quienes abordarán cómo la organización social del cuidado reproduce desigualdades históricas y estructurales de género. La distribución desigual del trabajo de cuidados –tanto remunerado como no remunerado– sigue siendo uno de los pilares más persistentes de la inequidad, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, racial, migratoria o territorial.

Desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe se subraya que fortalecer las políticas públicas de cuidado constituye un paso fundamental para garantizar derechos y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

(Por Alejandro Damianovich) - El 6 de febrero de 1826, un Congreso reunido en Buenos Aires creaba un "Poder Ejecutivo Nacional" que sería desempeñado por un "presidente". Al día siguiente, designaba como tal al ciudadano Bernardino Rivadavia, conocido por su actuación como secretario del Primer Triunvirato, diplomático y activo ministro del gobernador Martín Rodríguez. Unitario declarado, pertenecía al grupo que desde los inicios de la revolución aspiraba a dominar al país desde Buenos Aires.

Se consideró ilegítima la creación de este Poder Ejecutivo Nacional, porque el Congreso que lo instituyó no poseía facultades para hacerlo antes de dictar una Constitución que fuera aprobada por las provincias. Así lo establecía la llamada "Ley Fundamental" del 25 de enero de 1825, en cuyo artículo 3º disponía que hasta la promulgación de la Constitución Nacional las provincias se regirían por sus propias instituciones, y el Gobernador de Buenos Aires (art. 6ª) representaría al conjunto ante el extranjero.

Si bien es cierto que la Liga de Provincias se encontraba en guerra con el Imperio de Brasil por la cuestión de la Banda Oriental y se requería por lo tanto una conducción centralizada, esta función podía desempeñarla el gobernador de Buenos Aires, General Juan Gregorio de Las Heras, héroe de las guerras por la independencia que ya había reunido más de 6.000 hombres en la frontera del Uruguay y que, además, era quien había convocado al Congreso.

No fueron suficientes los argumentos expuestos por diputados federales para evitar que se violara la Ley Fundamental y se creara un Poder Ejecutivo Nacional permanente. Juan Ignacio Gorriti advirtió que el Congreso se apropiaba de atribuciones y prerrogativas que ninguna ley preexistente le confería. El proyecto fue presentado el 28 de enero y aprobado el 6 de febrero. Al día siguiente, Rivadavia era designado "presidente" de un Estado Nacional inexistente, por un Congreso con mayoría porteña, ya que las provincias no habían podido enviar los nuevos diputados habilitados por una ley que apuntaba a duplicar su número.

La primera consecuencia de esta designación alertó seriamente a los gobiernos soberanos de la Liga. El 4 de marzo dispuso el Congreso la capitalización de Buenos Aires. Llama la atención que Las Heras no resistiera semejante atropello a la soberanía de su provincia y no disolviera el Congreso con un simple piquete de su escolta. Pero la Legislatura de Córdoba desconoció la medida el 11 de julio, y dispuso a los pocos días la remoción de los diputados que hubieran apoyado la creación del Ejecutivo Permanente y la capitalización de Buenos Aires.

Las violaciones a la "Ley Fundamental" pronto dieron lugar a la resistencia armada, encabezada en el interior por el riojano Facundo Quiroga. La guerra comprometió a las provincias de Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta y La Rioja y fue una reacción frente al levantamiento unitario del general La Madrid que depuso al gobernador de Tucumán y desató el conflicto. Había sido enviado por el Congreso para alistar tropas provinciales en medio de la guerra con Brasil, pero se alzó con el gobierno de Tucumán ni bien contó con un número respetable de fuerzas.

Con la capitalización de Buenos Aires desaparecían sus instituciones y Rivadavia pasaba a ser su virtual gobernador. Las facultades que se le conferían provisoriamente como "presidente" en el artículo 6ª de la Ley respectiva, hasta tanto se fijaran las definitivas en el texto constitucional, eran las mismas que ya cumplía Las Heras y cumplirían luego Dorrego y Rosas, en tanto gobernadores de Buenos Aires.

Desde Santa Fe se observaba atentamente el curso de los sucesos ocurridos dentro del Congreso. En un primer momento representó a la provincia el Padre José de Amenábar, y bastante después se le sumaron José Elías Galisteo y Francisco de la Torre. Como Amenábar pidió que se le permitiera regresar a asistir a su Parroquia, se vio que no había en Santa Fe personas con una formación jurídica equivalente. No prosperaron los nombramientos de Tomás de Anchorena, Domingo Zapiola o Mateo Vidal y finalmente, se completó el cupo de tres diputados con Pedro Pablo Vidal el 4 de abril. Estas demoras debilitaron la representación santafesina en el Congreso cuando se dictaron las controvertidas leyes de "Presidencia" y de "Capitalización" del 6 de febrero y el 4 de marzo.

Los nuevos diputados santafesinos respetarían las instrucciones que había llevado Amenábar, similares a las que en 1815 había recibido el doctor Pascual Diez de Andino como diputado al Congreso de Arroyo de la China. En ellas se indicaba preservar la soberanía e independencia de las provincias para que se reunieran en confederación. La Constitución que surgiera no podía tener otros alcances.

Una vez instalados en sus bancas, los diputados de Santa Fe se opusieron a los proyectos rivadavianos de creación del Banco Nacional y de Enfiteusis, ya que avanzaban sobre las soberanías provinciales cuando todavía no se dictaba una Constitución Nacional. El 19 de junio informaban sobre las posiciones cambiantes de los diputados de otras provincias, denunciando las presiones y halagos que el "Ejecutivo pretendido Nacional" ejercía descaradamente sobre los indecisos, distribuyendo cargos y prebendas.

Mientras tanto, Estanislao López había sido reelecto gobernador de la Provincia y jurado ante la Legislatura el 19 de febrero. Prometió defender "la integridad y derechos de la República de la Unión y los particulares de esta provincia", en plena guerra con Brasil y en medio del debate nacional que reflejaba el Congreso.

Finalmente, el Congreso sancionó la Constitución Nacional el 24 de diciembre de 1826. Adoptaba como sistema de gobierno el republicano y representativo, "consolidado en unidad de régimen". Algunas provincias la rechazaron a libro cerrado, pero en el caso de Santa Fe fue analizada por una comisión y desestimada el 8 de mayo por unitaria, contraria al proyecto de país alentado desde Santa Fe y por no garantizar la preeminencia de la Religión Católica. Lo hacía después de señalar que el Congreso ya había salido "del círculo de sus atribuciones" al establecer la presidencia permanente, la capitalización de Buenos Aires o la creación del Banco Nacional.

Se declaraba a la provincia fuera del Congreso, se disponía el cese de sus diputados y se garantizaba que continuaría sin cambios la participación santafesina en la guerra con Brasil y en la defensa del territorio.

Poco después, el 27 de junio, totalmente desprestigiado por el rechazo de la Constitución y las vergonzosas negociaciones diplomáticas con Río de Janeiro que entregaban a Brasil la Banda Oriental, renunciaba Rivadavia a una "presidencia" a todas luces ilegítima y que nunca llegó a ser constitucional.

Faltaban todavía muchos años para que, el 5 de marzo de 1854, asumiera el General Justo José de Urquiza como primer presidente de la República Argentina en esta ciudad de Santa Fe donde se acababa de constituir el Estado Nacional bajo el sistema republicano, representativo y federal. Pero la tradición liberal centroporteña soslayaría la preeminencia del entrerriano e instalaría el mito de aquel "primer presidente" y del "sillón de Rivadavia".

El Congreso no fue del todo estéril, ya que dejó testimonio de los profundos debates sobre el formato institucional de un Estado Nacional a construir.

Por Ana María Cecchini de Dallo

El año en curso nos presenta una fecha especial para homenajear a Estanislao López, ya que se cumplen 240 años de su nacimiento. En dicho contexto, vale la pena repasar cómo se ha recuperado la memoria de sus acciones, de las ideas que lo motivaron, a través de los cambios metodológicos de la historia.

Y cuáles han sido los valores objetivos que le han hecho perdurar y merecer reconocimiento, así como también las subjetividades ideológicas de quienes le han restado trascendencia u opacado su accionar para la historia nacional. Como también los usos que la política aprovechó de su figura.

Sus contemporáneos, en todos los sectores que conformaban la sociedad santafesina, le brindaron su respeto y reconocimiento e incluso lo condicionaron a un gobierno demasiado largo para su salud quebrantada. Los primeros evaluadores de su gestión local y nacional fueron los cronistas santafesinos Manuel Diez de Andino, Urbano de Iriondo y Domingo Crespo.

Imagen del monumento que recuerda al Brigadier General Estanislao López en la costanera santafesina.

La biografía que escribió Pedro de Angelis en 1830, como historiador del poder, fue por encargo de Juan Manuel de Rosas.

Sus detractores fueron quienes lo enfrentaron, en las turbulencias del siglo XIX, por haber desviado el rumbo político del centralismo, desconociendo aquellos principios que Estanislao consideraba una opción de oro: organizar a las provincias mediante una constitución que instauraría para la nación la forma de gobierno federal y republicana.

Tales principios los había puesto en práctica desde que comenzó su gobierno legalmente electo en Santa Fe, mediante el Estatuto de 1819, que le dio a la provincia, la forma institucional republicana, si bien imperfecta, construida desde la inteligente "política de lo posible".

En la segunda mitad del siglo XIX, acompañando el movimiento metodológico que le dio carácter científico a la historia, se destaca por su obra Ramón Lassaga y su "Historia de López" (1881), y en el comienzo del XX la "Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe" (1907), de Manuel Cervera.

Esta variante investigativa requiere que el historiador no cancele figuras ni descarte documentos por discrepancias ideológicas, como sí ocurrió con la historiografía académica producida en Buenos Aires. Paralelamente hubo grandes celebraciones en 1886, con motivo del centenario de su nacimiento, y en la década de 1920 se reactivó el proyecto de erigir el monumento previsto en una ley de 1857.

"Los Papeles de Estanislao López", que publicó el Archivo General de la Provincia -organismo que, además, durante setenta y cinco años habitó su casona-, revelan el accionar del Brigadier en todos los órdenes, partes militares y contactos con los gobiernos de las otras provincias.

Se trata de ideas que llevó a la realidad mediante normas aprobadas por la Junta de Representantes (Registro Oficial) sobre temas como educación, producción, manejo de las cuentas públicas, pacificación de los grupos aborígenes y el rechazo a las políticas centralistas de las autoridades unitarias de la ciudad de Buenos Aires (como también a las constituciones que pretendieron instalar).

A la par se encuentran sus intentos de reunir a las provincias para lograr una constitución federal y republicana; los veintiséis pactos y tratados que promovió para concluir los enfrentamientos armados por razones políticas, entre los cuales destacan los que consideró fundamentales la Constitución Nacional.

En 1938 se concretaron las Jornadas de Historia de López que fueron convocadas por la Junta Provincial de Estudios Histórico, presidida por Manuel Cervera y auspiciadas por el gobierno provincial de Santa Fe para conmemorar el primer centenario de la muerte de Estanislao López.

Se efectuó una invitación a todos los gobiernos provinciales, Juntas de Historia, Academia e instituciones dedicadas a la historia y se obtuvo una importante participación de las delegaciones presentes mediante la exposición de trabajos, discursos, e incluso aportes documentales.

En la convocatoria, expresaba Cervera que era necesario dar a conocer la figura del Brigadier López, sus acciones en pro de la organización nacional y labor de gobierno, ya que es él quien "sienta el dogma de la autonomía provincial en los tratados del 23 de febrero (de 1820)" y actuó "contra la acción absorbente de los hombres de Buenos Aires, pero sustentando siempre la causa de la federación".

Entre las figuras de la historiografía argentina que se expresaron vale mencionar al Dr. Emilio Ravignani, del cual se aportan ideas de su discurso, de las que vale destacar la calificación de López como el "gran federalista" y el juicio sobre la relación del Brigadier con Juan Manuel de Rosas como de respeto mutuo pese a la contradicción de sus posiciones.

Se entiende que Ravignani se refiere con esto que mientras el primero anhelaba aun la constitución federal y republicana para unir a las provincias, el entonces gobernador de Buenos Aires la postergaba en tanto ejercía el poder de manera centralista y dictatorial.

Los aportes provinciales trajeron a la luz documentos de Estanislao López existentes en sus archivos. Las Jornadas fueron publicadas por la Junta de Estudios Históricos en dos tomos en 1942.

La revalorización de López para la historia argentina se inscribió en el revisionismo que era imprescindible ante los recortes producidos en la historia del general Bartolomé Mitre, quien procuró adecuar los documentos a sus objetivos políticos y detrás de sus análisis sesgados instaló una historia incompleta.

En 1986 al cumplirse 200 años de su nacimiento, el Archivo General y la Junta propusieron al gobierno provincial una amplia convocatoria a investigadores de todo el país para reflexionar sobre el proceso de construcción del federalismo.

Las Jornadas de Historia del Federalismo, se propusieron desentrañar cómo se adhirieron a él las provincias ya que no fue un proceso unánime. Sin duda el litoral, y antes la Banda Oriental, tuvieron intereses más contundentes para buscar esta forma de institucionalizar a la nación.

El otro objetivo de especial interés fue conocer si las provincias ejercieron sus derechos federales luego de la integración nacional con la sanción de la reforma de la constitución de 1860, a lo largo de la modernización de Argentina. Se obtuvieron aportes de singular novedad (editados por la Secretaría de Planeamiento de la provincia en 1986).

El "Congreso Nacional de Federalismo. Análisis y Perspectivas", que organizó la Secretaría de Planeamiento de la Provincia, contó con la participación de notables académicos, promovió el debate sobre el sistema federal en relación con el territorio, el comercio exterior, la cultura y la educación, los trabajos expuestos fueron publicados por el organismo organizador.

Al cumplirse el bicentenario de su asunción al gobierno interino en 1818 y de la ratificación por elecciones en el mismo en 1819, la Junta convocó a sus miembros a desarrollar un programa de artículos periodísticos que reflejaron las múltiples acciones que llevó a cabo el Brigadier en el transcurso de sus casi veinte años al mando de la provincia y su ejército.

Estos trabajos fueron publicados en el diario El Litoral y luego integrados en tomos de la Serie de Bicentenarios que se han ido cumpliendo.

A estos esfuerzos de recuperación de una intensa memoria se sumaron monumentos, retratos, museos, la declaración de monumento histórico nacional de su hermosa casona en la ciudad de Santa fe (1942), publicaciones, campañas de difusión en el ciclo medio a través de concursos estudiantiles, entre otros.

La memoria construida mediante tantos trabajos nos dice que López fue un líder coherente, gran negociador, que gobernó hábilmente rodeado de las personalidades más formadas de la ciudad, introduciendo notorias modernizaciones en la provincia; además un militar avezado, conocedor de tácticas que lo convirtieron en un triunfador, pero, al mismo tiempo un pacificador.

Desde hoy al 9 de febrero estará abierta la inscripción para el Plan FinEs 2026 destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe, que aún adeudan materias y que quieran terminar sus estudios.

Cabe destacar que los interesados podrán realizar las tutorías presenciales del plan en las distintas sedes que estarán disponibles en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, desde el 9 de febrero hasta el 31 de marzo de 2026. Las tutorías estarán orientadas para aquellas personas que finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).

Los interesados podrán obtener más información e inscribirse en https://campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-2026-termina-tu-secundaria/. 

A continuación se detallan las instituciones escolares donde se llevará adelante el Plan FinEs 2026 en la provincia de Santa Fe.

Región I

• Tostado (Departamento 9 de Julio). EESO N.º 332 “Domingo Faustino Sarmiento” – Saavedra 1080

Región II

• Reconquista (Departamento General Obligado). EEMPA N.º 1020 (General Obligado 776)

• Vera (Departamento Vera). Colegio Superior N.º 42 “Doctor Agustín Rossi” (Mitre 2445).

Región III

• Esperanza (Departamento Las Colonias). Liceo Municipal José Pedroni (Rivadavia 1390).

Región IV

• San Justo (Departamento San Justo). Complejo Cultural “el Ferro” (Ernesto Sabato 2200).

• Santa Fe (Departamento La Capital). Biblioteca Manuel Casado - Festram (Av Gobernador Freyre

1635); Escuela Primaria Nocturna N.º 45 “José Hernández” (Blas Parera 7664).

• Santa Rosa de Calchines (Departamento Garay). Biblioteca Popular “Domingo Guzman Silva” (Fray Antonio Rossi 488).

Región V

• Casilda (Departamento Caseros). Centro Económico Departamento Casero (Buenos Aires 2474).

Región VI

• Rosario (Departamento Rosario). EEMPA N.º 1260 (Tucumán 3445); EEMPA N.º 1255 (Entre Ríos 143)

• Villa Gobernador Gálvez (Departamento Rosario). EESO N.º 364 “Soldado Aguirre” (Bordabehere 2200).

• San Lorenzo (Departamento San Lorenzo). EEMPA N.º 128 (Moreno 543).

• Villa Constitución (Departamento Villa Constitución). Biblioteca Popular “María Perrisol” (Av San Martín 851).

Región VII

• Venado Tuerto (Departamento General López). EEMPA N.º 1013 (Carlos Pellegrini 71).

Región IX

• San Cristóbal (Departamento San Cristóbal). Biblioteca Popular “San Martín” (Alvear 646).

(Por Gabriel Rossini) - El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro informal con dirigentes de la Federación Industrial de Santa Fe con quienes analizó la situación de crisis que atraviesa la industria en nuestra provincia como consecuencia de las políticas de apertura de importaciones y caída del poder adquisitivo de los salarios que han derrumbado el consumo.

La convocatoria hecha por el gobernador, que estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Trabajo y Producción, se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno este jueves por la noche donde repasaron los distintos problemas que afrontan las empresas manufactureras santafesinas, que, en algunos casos, como la metalúrgica, están funcionando muy por debajo de sus posibilidades.

“Estamos todos muy preocupados por lo que está pasando con la industria. La idea es juntarnos todos los actores de Santa Fe para ver de qué manera atemperamos las consecuencias de las políticas nacionales con las herramientas que tiene la provincia. Quedamos en seguir trabajando y probablemente la semana que viene volvamos a encontrarnos incorporando a más actores”, contó uno de los participantes del encuentro.

En la Federación destacan la predisposición del gobierno santafesino para atender las distintas situaciones que deben enfrentar; al tiempo que destacaron la fortaleza que les genera el conocer el entramado pyme industrial de la provincia porque les permite conocer de qué manera impacta en el interior de la provincia y en el crecimiento de ciudades y pueblos el desarrollo industrial.

Tras un primer semestre de recuperación, en general producto del bajo nivel de comparación con el de 2024, desde julio acumula cinco retracciones en términos interanuales y en noviembre tuvo el peor mes de 2025, con una caída del 5,4% respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con el informe elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), donde el 75% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción.

Esta crisis de la industria manufacturera empezó a hacerse sentir sobre el empleo. De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe el 2026 empezó en la provincia con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, 7 de ellas ubicadas en el centro norte provincial y el resto en el centro sur santafesino, en tanto 26 del total (casi el 60%) pertenecen al sector industrial metalúrgico, seguido por las de vigilancia privada con 8 empresas acogidas al proceso.

Las malas noticias en la actividad manufacturera en la provincia son diarios, Este viernes un comunicado de la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales informa que Europa dejará de importar biodiesel de soja o aceite de soja lo que implica para el país una pérdida de US$350 millones anuales.

“La Comisión Europea publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiesel a nivel global”, señaló CIARA-CEC

Añadió que “como resultado de ese estudio, que puso en consulta por un par de semanas, la CE concluye que la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma. Esto significa que la UE no importará más biodiesel de soja o aceite de soja para uso de biodiesel para siempre. El único aceite autorizada será el de colza, que es producido en la UE”.

Esto implica que “de prosperar este proyecto y sea adoptado este año, todas las exportaciones de biodiesel de soja desde Argentina Brasil y los Estados Unidos quedarán fuera de mercado europeo, representando para el país un daño comercial de US$350 millones anuales”.

El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de una reforma del régimen penal juvenil, luego de ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad.

En ese marco, respaldó el anuncio del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el mandatario provincial al fijar su postura sobre el debate penal juvenil.

El gobernador cuestionó el “garantismo” y reclamó penas acordes a delitos graves.

Pullaro también cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años la política penal en la Argentina. “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, planteó.

En esa línea, profundizó su mirada: “Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

El gobernador recordó antecedentes que marcaron su posición sobre la imputabilidad. “Cuando fui ministro de Seguridad tuvimos el caso de Juan Cruz Ibáñez, un homicidio cometido por un menor de edad. Desde ese momento comencé a pedir la baja de la edad de imputabilidad”, señaló.

Pullaro dijo que un menor de 14 años comprende la gravedad de un homicidio.

Al referirse al crimen de Jeremías Monzón, insistió en que la discusión no debe concentrarse únicamente en la edad, sino en la gravedad del hecho. “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo.

Pullaro agregó que “no es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”, y remarcó que se trata de un debate estructural que el país debe dar.

En su análisis, el gobernador advirtió sobre el rol que cumplen las organizaciones criminales en estos escenarios. “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”, afirmó.

Por eso, sostuvo que la normativa debe ajustarse al presente: “Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”.

En esa línea, cerró con una definición política sobre el rumbo que impulsa: “Es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan”.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este lunes el Boleto Educativo 2026, la política pública provincial que garantiza el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares en todo el territorio santafesino. La iniciativa se consolida como una herramienta estructural del sistema educativo, orientada a garantizar la continuidad de las trayectorias escolares y a reducir las desigualdades de acceso a la educación.

Durante el acto, realizado en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, Pullaro ratificó la centralidad del programa dentro de la agenda educativa provincial: “Hoy ratificamos el rumbo de una política pública única en Argentina como es el Boleto Educativo para toda la comunidad educativa de la provincia”. En ese marco, destacó el esfuerzo presupuestario sostenido por el Estado santafesino en un contexto económico complejo: “En un momento muy difícil para administrar los recursos de cualquier nivel del Estado, invertimos más de $122.000 millones en esta política pública para fortalecer el entramado educativo en la provincia”.

Entre 2024 y 2025, la Provincia destinó más de $122.000 millones al Boleto Educativo y al Boleto Educativo Rural, configurando una inversión récord orientada a garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Pullaro precisó que “el 70 % de los usuarios son estudiantes, mientras que el 30 % restante corresponde a docentes y asistentes escolares”, lo que, según afirmó, “nos pone en el camino de estar convencidos de apostar al fortalecimiento del sistema educativo, pero fundamentalmente a su accesibilidad”.

El mandatario subrayó además que Santa Fe destina “alrededor del 30 % de todos sus recursos al sistema educativo”, con una mirada territorial que incluye tanto a grandes ciudades como a pequeñas localidades. 

De la presentación participaron los ministros de Educación, José Goity, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el diputado provincial Marcos Corach; el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi; además de autoridades provinciales, concejales y representantes de distintos organismos.

El ministro de Educación, José Goity, definió al Boleto Educativo como “una verdadera política de Estado”, y remarcó su carácter universal: “Llega a cada uno de los miembros del sistema educativo, vivan donde vivan, con un acompañamiento efectivo, genuino y específico”.

En la misma línea, el ministro Gustavo Puccini sostuvo que se trata de “una política pública sostenida que convierte a Santa Fe en la única provincia del país que realiza una inversión de esta magnitud para garantizar la educación pública”, y destacó que esta herramienta “define, en muchos casos, si una persona puede o no continuar sus estudios y proyectar su futuro en la provincia”.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, informó que la inscripción al Boleto Educativo 2026 estará abierta desde este lunes 26 de enero hasta el 31 de mayo, y recordó que quienes se hayan inscripto en 2025 deberán volver a realizar el trámite. La novedad de este año es que podrá hacerse desde la app Mi Santa Fe (Android e iOS), además del sitio web oficial: www.santafe.gov.ar/boletoeducativo/solicitud, con ID Ciudadana.

Testimonios de estudiantes y docentes dieron cuenta del impacto concreto del programa. Thiago, estudiante de Ingeniería que viaja entre Romang y Santa Fe, afirmó: “Sin el Boleto Educativo no podría estudiar mi carrera, porque el costo del transporte sería imposible de afrontar”. Florencia, que cursa Abogacía en la UNL y se traslada desde Cayastá, sostuvo que el beneficio “me permitió reducir gastos muy grandes y destinar ese dinero a sostener la vida diaria en la ciudad”.

Salvador, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNR, destacó que el programa le permite “cumplir con la facultad sin preocuparse por el costo del transporte” y mantener el vínculo con su localidad de origen.

Finalmente, Georgina López, docente que viaja diariamente desde Roldán a Rosario, definió al Boleto Educativo como “un beneficio fundamental para el bolsillo docente y una herramienta clave para sostener el trabajo educativo cotidiano”.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará este jueves 22 de enero $17.255.601.964 del Programa Asistencia Perfecta que tuvo una actualización general del 12%. De ese total, $8.464.345.048 corresponden al premio mensual de diciembre 2025, y $8.791.256.916 al reconocimiento trimestral que cuenta con una actualización del 12% en la liquidación. 

Son 67.941 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que accederán al premio del mes de diciembre. El Ministerio de Educación informó que 63.004 docentes no registraron inasistencias durante el último mes del año, y 4.937 sólo tuvieron una inasistencia. 

En tanto, son 49.256 los trabajadores educativos que recibirán el premio trimestral (octubre, noviembre y diciembre); en ese marco la cartera educativa detalló que 44.082 no tuvieron ninguna ausencia y 8.174 solo tuvieron una. 

Vale destacar que un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo inasistencias en el mes y en el trimestre, cobrará un total de $525.025 mientras que un docente de hasta 352 puntos sin ausencias en el mes y en el trimestre recibirá $262.695.

Un directivo o supervisor sin ausencias recibirá $ 210.156 para diciembre y $314.869 para el trimestre; un docente de grado $105.077 y $157.618; un docente de jornada completa $ 157.618 y $236.426; hora cátedra $ 7.007 y $10.509. Mientras, los asistentes escolares recibirán $ 63.046 y $94.571.

Por su parte, los directivos o supervisores que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 105.078 en diciembre y $ 157.434 en el trimestre; un docente de grado $ 52.539 y $78.809; en jornada completa $ 78.809 y $118.213; hora cátedra $ 3.503 y $5.254. Los asistentes escolares recibirán $ 31.523 y $47.285. 

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.

Por Alejandro Damianovich

Muchas de las imágenes con las que identificamos los rostros de caudillos relevantes de nuestra historia rioplatense, son en realidad representaciones realizadas con mucha posterioridad a su muerte.

Tales los casos de Francisco Antonio Candioti, Martín Miguel de Güemes y Francisco Ramírez, que nunca fueron retratados en vida. De José Gervasio Artigas solo tenemos un dibujo que lo representa en su retiro paraguayo, ya muy anciano.

Conocemos en cambio, la fisonomía del caudillo santafesino Estanislao López por una litografía de 1830, tomada del retrato concebido por el pintor Carlos Enrique Pellegrini, contratado por Juan Manuel de Rosas a tal efecto.

Como la intención de Rosas era producir una biografía de López y un retrato que permitiera visualizarlo, seguramente aspiraba a una presentación simultánea de ambas obras, como ocurrió luego con la de su propia biografía, que fue postergada para que coincidiera con la de su retrato.

Pero, considerando que las "Noticias Biográficas" de López, atribuidas a Pedro De Ángelis, se pusieron a la venta el 27 de agosto en Buenos Aires (lo anunciaba El Lucero de ese día), y que el retrato al óleo de Pellegrini recién salía de Santa Fe el 10 de octubre, según la carta del gobernador santafesino dirigida a Rosas en esa fecha, la simultaneidad no ha sido posible.

Pellegrini regresó a Buenos Aires luego de un mes de trabajo en el que, aparte del retrato del gobernador, pintó los de Pascual Echagüe y las esposas de ambos, según la referida correspondencia de López en la que le anunciaba el envío de los cuatro cuadros. No se menciona en ella el del suegro de López, el médico Manuel Rodríguez, que también se le atribuye a Pellegrini.

Es posible que los retratos fueran concluidos en Buenos Aires, o que, en el caso de López, se pintara otro de idénticas facciones, pero con un uniforme sencillo, a partir del cual César H. Bacle o su esposa Andrea, pudieron confeccionar la imagen que se publicó enseguida y que es la que conocemos y la que proporcionó un rostro "oficial" de López a todos los pintores posteriores hasta hoy.

Fuera como fuera, el tarjetón de la litografía de Estanislao López, de 20 x 31,5 centímetros, circuló en Buenos Aires y en las provincias, junto al librito que contiene su biografía, y formó parte en ese tiempo de una colección de figuras nacionales que la misma empresa litográfica publicó a solicitud del gobierno.

Se ha denominado a este conjunto de retratos "la primera iconografía patria de difusión masiva del país".

Se conserva en el Museo Julio Marc de Rosario una impresión litográfica del retrato de López hecha sobre tela, confeccionada a pedido de Laurentino Candioti (o de sus padres), exalumno del Instituto San Jerónimo, como muestra de gratitud y homenaje al fundador del establecimiento.

El retrato, que es posterior a 1835, aparece invertido en relación con los conocidos (efecto espejo) y está estampado en la Imprenta del Comercio fundada ese año por Bacle. Es la única litografía conocida del artista realizada sobre un soporte textil.

Recuerda a su vez Taverna Irigoyen, que en 1836 el retrato de López fue publicado, entre otros, en el "Almanaque Federal para el Año Bisiesto", siempre reproduciendo la litografía de Bacle. También han circulado ejemplares coloreados de la litografía del Brigadier, mejora que realizaba Andrea Bacle manualmente con gran realismo.

Con disgusto, López había posado ante Pellegrini para que pintara un retrato al óleo cuyas características desconocemos. Lo que sí sabemos, porque López lo aclara en su nota, es que no fue retratado con uniforme militar, sino con la vestimenta que usaba a diario, puesto que, según su propia expresión, se colocaba su casaca de Brigadier General una vez al año.

De su costumbre de vestir como paisano, da cuenta el General Iriarte en sus memorias, cuando cuenta (en tono despectivo) que López, luego de la firma del Pacto del Pilar en 1820, se hospedó en su casa y "se presentó en traje de gaucho, con chiripá". Años después, acusaría López la recepción de un uniforme que Rosas le enviara, repitiéndole que no era necesario ya que no lo usaría.

Debe ser este el que figura "sin ningún uso" en el inventario de sus bienes y cuya pechera y puños fueron donados por sus descendientes al Museo Histórico, donde se exhiben actualmente.

¿Si Pellegrini llevó los cuatro retratos, cómo es que luego regresaron a Santa Fe? ¿Era necesario que Rosas los viera para disponer el pago de los 3.800 pesos que se le abonaron al pintor en diciembre de ese año? ¿Qué destino tuvo el retrato del Brigadier, más allá de su reproducción litográfica? ¿Lo conservó este junto al de su esposa?

¿Son estos los dos retratos que se consignan en el inventario de bienes del difunto Estanislao López y que recibió su hijo Martín junto a un grabado de Napoleón?

Es muy probable que Pellegrini hiciera en Buenos Aires un retrato definitivo, que debió ser el que podía apreciarse en el fuerte de Buenos Aires, según se menciona en algunos documentos cuando se tomó la leyenda que tenía inscripta, como posible texto a agregar en la lápida que hizo confeccionar Rosas para la tumba del Brigadier en 1846.

No creemos que fuera una simple litografía, aunque sí pudieron serlo los cuadros que ordenó colocar Echagüe en las oficinas públicas de Santa Fe en 1843.

El interés de Rosas al disponer la redacción de la biografía de López y la confección de su retrato, lejos estuvo de fundarse en un mero sentimiento de amistad.

Téngase en cuenta el contexto en el que esto ocurría, cuando el general José María Paz terminaba de vencer, en dos oportunidades (La Tablada y Oncativo) al general Facundo Quiroga y había desplazado del gobierno de Córdoba a Juan Bautista Bustos.

López por entonces ya llevaba doce años gobernando, mientras que Rosas recién comenzaba, habiendo accedido al poder porque el santafesino había vencido a Lavalle en Puente de Márquez, dejándole el campo libre para ganar los espacios que lo llevarían al gobierno en diciembre de 1829.

No se le escapaba a Rosas la importancia que revestiría López en la guerra que se avecinaba, como principal figura política militar del litoral.

Por ello escribía a Manuel José García en marzo de 1830 señalando la importancia de que se publicara esa biografía para "ligar más y más nuestras relaciones con López -decía- y que el mismo mundo vea que nuestra amistad es inseparable, porque los años y la buena fe la han fortificado. El otro (motivo) es el que Paz vea que somos hombres que cumplimos nuestros compromisos".

En esa línea de pensamiento se inscribe también la idea de retratar y difundir la imagen del Brigadier.

"El general López era alto y de buena presencia, color moreno y vista firme", escribe su contemporáneo Urbano de Iriondo. No tan moreno si nos atenemos a la descripción de Alexander Caldcleugh, quien en su libro de viajes anota haberlo conocido en 1821, cuando se encontraba en campaña luego del combate de Coronda en el que había vencido a Ramírez.

"Era un hombre alto, de tez menos morena que la común (…). Tenía sobre el ojo derecho la marca de un terrible sablazo". Estos datos ratifican en qué medida reproduce fielmente el verdadero rostro de López la litografía de Bacle.

La tez no es ni tan blanca ni tan morena, y se ve con nitidez la cicatriz a la que alude Caldcleugh sobre su ojo derecho, secuela de una herida recibida en circunstancias que no han quedado documentadas, pero que acentuaba el ya mítico prestigio militar del retratado.

Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.

María José Valdéz - María José Ramón

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al escenario paritario para los trabajadores estatales y aseguró que la política salarial del Ejecutivo provincial tendrá como eje central que los ingresos no queden por debajo de la inflación. El mandatario remarcó que la prioridad será acompañar el bolsillo sin poner en riesgo el plan de inversiones.

Durante declaraciones a la prensa, Pullaro reconoció las dificultades que atraviesa la economía y admitió que el contexto impacta tanto en los trabajadores del sector privado como en los empleados públicos. En ese marco, sostuvo que la Provincia hará “todo lo que nos dé el cuero” para mejorar los salarios en cada una de las áreas del Estado.

El gobernador subrayó que el criterio que guiará las negociaciones paritarias será el equilibrio entre recomposición salarial y sostenimiento de la obra pública. “Nunca la inflación nos va a ganar”, afirmó, y dio su palabra de que los incrementos estarán por encima del índice de precios.

Pullaro destacó que el Gobierno provincial mantiene una política de responsabilidad fiscal, pero aclaró que ese orden no será un obstáculo para acompañar a los trabajadores estatales. “Sabemos que la gente no la está pasando bien y que los empleados públicos tampoco”, expresó.

El mandatario explicó que la discusión salarial se dará en función de las posibilidades reales de la Provincia, sin comprometer las inversiones estratégicas. Según indicó, esas obras son clave para mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad y sostener el desarrollo económico.

En ese sentido, Pullaro puso en valor el volumen de obras que se ejecutan actualmente en todo el territorio santafesino. Aseguró que la inversión pública es una herramienta central para dinamizar la economía y generar empleo, por lo que no puede quedar condicionada por la negociación salarial.

El gobernador adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas obras para la ciudad de Santa Fe, en conjunto con el intendente Juan Pablo Poletti. Según señaló, esos proyectos forman parte de una planificación integral que busca mejorar infraestructura y servicios esenciales.

Pullaro insistió en que el esfuerzo salarial se hará “sin corrernos del plan de inversión”. Para el Ejecutivo, explicó, el desafío es sostener ambas políticas en simultáneo: recomponer ingresos y continuar con un esquema de obras que impacte positivamente en la economía provincial.

El mandatario sostuvo que la Provincia viene demostrando que es posible ordenar las cuentas y, al mismo tiempo, ejecutar obras de magnitud. En ese marco, ratificó que el diálogo con los gremios será permanente y que se buscarán acuerdos responsables.

También destacó que el Gobierno tiene una mirada integral sobre el funcionamiento del Estado. Según explicó, mejorar los salarios es clave para fortalecer la prestación de servicios públicos, pero siempre dentro de un esquema sostenible.

Pullaro reiteró que el compromiso del Gobierno es garantizar que los salarios estatales no pierdan poder adquisitivo. “Nunca va a estar por debajo de los niveles de inflación”, aseguró, y remarcó que esa será una línea roja en las negociaciones paritarias.

El gobernador afirmó que cada área del Estado recibirá el máximo esfuerzo posible en materia salarial. En ese sentido, destacó la importancia de reconocer el trabajo de los empleados públicos, especialmente en un contexto económico complejo.

Además, señaló que la Provincia analiza permanentemente la evolución de la inflación y de los recursos para definir las mejores propuestas salariales. Según indicó, el objetivo es dar previsibilidad a los trabajadores sin comprometer el equilibrio fiscal.

Pullaro remarcó que Santa Fe atraviesa una etapa de fuerte inversión pública, con obras en rutas, escuelas, hospitales y seguridad. Para el Ejecutivo, esas políticas deben ir de la mano de una recomposición salarial que acompañe la suba de precios.

El mandatario también destacó que la negociación paritaria es una herramienta central para sostener la paz social y el funcionamiento del Estado. En ese marco, aseguró que el Gobierno actuará con responsabilidad y sensibilidad social.

Finalmente, Pullaro pidió tranquilidad a los trabajadores estatales y reiteró que la Provincia hará todo lo posible para ofrecer los mejores salarios que pueda pagar. “Quédense tranquilos”, expresó, al cerrar su mensaje sobre las paritarias.

La remisión de fondos nacionales para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia es el principal condicionante que esgrime la gestión de Maximiliano Pullaro para activar de manera efectiva el diálogo político con el gobierno central, que gestiona el acompañamiento de los gobernadores a su programa de reformas.

Más allá de cuestiones de concepto (que la modernización laboral ponga el foco en la situación de las pymes) y de otros planteos (como la reactivación de la obra pública), el tema previsional es el que más afecta a las cuentas santafesinas, incluso por encima de los cambios en materia impositiva que pudieran suponer alguna caída de recursos.

Pullaro, que todavía no participó de la ronda de conversaciones del ministro del Interior Diego Santilli, argumentó que no servía “sacarse la foto” si no hay respuestas concretas. “No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”, sostuvo.

Entre esas deudas, la principal es la que atañe a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, vinculada a los fondos que debería transferir la Ansés. Pullaro precisó que el monto adeudado supera el billón de pesos, una cifra equivalente “a casi todo el presupuesto anual destinado a la obra pública provincial”.

“Este reclamo no es nuevo. Viene de los pactos fiscales firmados hace muchos años, cuando la provincia cedió impuestos coparticipables con el compromiso de que la Nación cubriera parte del déficit previsional”, explicó, y recordó que el planteo ya fue llevado a la Corte Suprema de Justicia.

La deuda con la Caja de Jubilaciones se originó en los años 90, cuando la Nación reformó el sistema previsional y se comprometió a compensar a las provincias que no transfirieran sus cajas. Santa Fe fue una de ellas y sostiene que el incumplimiento es sostenido.

Pullaro asumió sabiendo que el déficit previsional era el principal condicionante de su gestión. Por eso, la primera reforma que impulsó fue la de emergencia previsional, que generó fuertes tensiones con gremios y protestas en la Legislatura, y no fue más que un paliativo.

En paralelo, la provincia llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los intentos de conciliación no prosperaron y el conflicto sigue abierto.

En concreto, se trata de dos demandas. Una apunta a que se restituya el adelanto automático que está previsto en la ley para compensar el déficit mensual, y que el gobierno nacional suspendió mediante un DNU. A tal efecto, Santa Fe presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe expedirse al respecto.

La otra es el juicio por la deuda acumulada, que se inició durante la gestión de Omar Perotti y que, con algunas correcciones, siguió impulsando el actual gobierno provincial.

En ambos casos, se corrió traslado a la Nación, que dio su respuesta a las demandas, y ahora quedaron en instancia de decisión del Alto Tribunal. En este último, lo que se espera es que fije el calendario de audiencias y producción de pruebas.

En el interín, hubo una oferta del gobierno nacional, poco después de que se hubiese llegado a un acuerdo con la provincia de Córdoba por el mismo concepto.

El gobernador había adelantado que el ofrecimiento de la Nación “es insuficiente, en base al impacto que tiene la Provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener Ansés. Nosotros tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina”.

“Si no nos hacen un mejor ofrecimiento, tendrá que resolver la Corte una medida de resolución inmediata porque el flujo no nos lo pueden cortar”, anticipó Pullaro. “Después -añadió- discutiremos el stock, que no es poco. Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos vengan”.

En otro momento, aclaró que la voluntad de “no resignar un solo centavo de lo que corresponde a Santa Fe”, tiene como correlato la flexibilidad a la hora de acordar los medios de pago.

"Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal. No cederemos ni un centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo”, completó.

En tanto, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien participó de la fallida audiencia de conciliación junto al fiscal de Estado, Domingo Rondina, precisó que “propusieron empezar a recomponer con 2.000 millones de pesos por mes durante seis meses. Nos pareció irrisorio el monto atento a la deuda que tienen con nosotros, que asciende a casi 2 billones de pesos”, detalló.

“Cuando dijimos que no, subieron a 5.000 millones de pesos por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba. El gobernador ya había anticipado que no iba aceptar eso”, concluyó.

Pullaro resumió todos estos puntos posteriormente en una entrevista con distintos medios nacionales. “Santa Fe tiene un tema que le pesa mucho: la deuda que tiene Nación con la provincia. En los pactos fiscales que se fueron firmando, había un compromiso de que Nación, con los impuestos que las provincias les cedimos para sostener el Anses, sostenían una parte del déficit de las cajas de jubilaciones.

“Nosotros hicimos nuestra parte corrigiendo ese déficit, a razón de $20 mil millones por mes aproximadamente. Hoy tenemos una deuda de más de $1 billón y, según algunas estimaciones, cerca de $2 billones que le debe Nación a Santa Fe”, añadió.

En línea con las premisas del Gobierno nacional, sostuvo que “somos una de las provincias que más achicó el Estado. Tenemos cerca de 6.000 empleados públicos menos en dos años, bajamos 40% el costo de la obra pública, mostramos que se puede gestionar con eficiencia. Hoy se debate el costo de los medicamentos; nosotros pagamos los medicamentos un 82% menos en precio de lista. Ahorramos $184.000 millones solo en medicamentos.

“Ese esfuerzo que hacemos hoy, que indudablemente trae tensiones dentro de la provincia, y que la provincia lo hace para generar desarrollo en infraestructura y para cumplir con la sociedad -mejor educación, salud y seguridad- es con esfuerzo propio. No es justo que Nación no nos de lo que nos debe”, completó.

Por Cecilia Battistutti

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una fecha impulsada por organizaciones de la sociedad civil y acompañada por instituciones de salud que, en el marco del mes de sensibilización a nivel internacional, busca visibilizar la depresión como un problema de salud pública, promover la prevención y la detección temprana, facilitar el acceso a tratamientos adecuados y combatir el estigma que aún persiste.

La elección de esta fecha apunta a instalar el tema en la agenda pública, reforzar la importancia de pedir ayuda y reafirmar el rol central del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención, atención y acompañamiento en salud mental.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas en el mundo viven con algún problema de salud mental, es decir, al menos 1 de cada 8 personas. Dentro de ese universo, la depresión se destaca por su impacto profundo y sostenido en la calidad de vida, ya que afecta la salud, la capacidad de trabajar, los vínculos sociales y el bienestar cotidiano.

A nivel global, más de 330 millones de personas la atraviesan. En América Latina y en la Argentina, la magnitud del problema es aún más visible: al menos 1 de cada 6 personas enfrenta algún problema de salud mental. En particular, la depresión afecta a entre el 5% y el 12% de las personas adultas en algún momento de su vida, y cerca del 74% no accede a un tratamiento adecuado, lo que evidencia una profunda brecha entre la necesidad y el acceso al cuidado.

En el plano nacional, los datos más recientes del Observatorio de la Deuda Social Argentina indican que en 2024 casi 3 de cada 10 personas adultas en áreas urbanas presentaron síntomas de ansiedad y/o depresión, el valor más alto de la última década. Estos números dan cuenta de una problemática prevenible y tratable que, sin embargo, continúa profundizando desigualdades y exige políticas públicas integrales, sostenidas y con enfoque territorial en salud mental.

Si bien no existen estadísticas oficiales recientes y específicas sobre prevalencia de depresión en la provincia de Santa Fe, distintos indicadores locales y las políticas públicas provinciales advierten sobre la gravedad del contexto y la urgencia de promover acciones sostenidas desde el Estado, aún en un escenario de limitada coordinación a nivel nacional.

En este sentido, la provincia de Santa Fe prioriza la salud mental como política pública, con la jerarquización del área al rango de Subsecretaría y la implementación del Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028, orientado a transformar el modelo de atención hacia un enfoque integral y comunitario.

El plan contempla el fortalecimiento de la red de salud mental en el primer nivel de atención y en hospitales generales, la transformación de los hospitales monovalentes y el desarrollo de dispositivos comunitarios de cuidado, junto con la capacitación de los equipos de salud.

En paralelo, la provincia cuenta por primera vez con un Programa de Epidemiología en Salud Mental, que durante 2025 llevó adelante un trabajo sostenido para mejorar la calidad y sistematización de la información disponible, con el objetivo de fortalecer la planificación y la toma de decisiones sanitarias. Asimismo, se sostienen mesas intersectoriales para la prevención del suicidio y acciones territoriales de abordaje integral.

A pesar de los esfuerzos, los desafíos persisten: la demanda crece más rápido que los recursos disponibles y la brecha en el acceso a la atención sigue siendo una realidad. Por eso, es indispensable seguir en el camino de ampliar el presupuesto, fortalecer los servicios y consolidar políticas integrales, entendiendo que invertir en salud mental —y especialmente en la prevención de la depresión— es invertir en garantizar derechos, bienestar y equidad social.

Estas políticas en materia de salud mental buscan dar respuesta a la creciente demanda desde una perspectiva territorial, descentralizada, comunitaria y de derechos. La depresión se puede prevenir y se puede tratar: contar con información, hablar a tiempo y acceder a un acompañamiento adecuado puede cambiar trayectorias de vida.

Ante una situación de malestar o crisis, se recomienda acercarse al centro de salud u hospital público más cercano, o comunicarse con el 107, línea de emergencias del sistema sanitario provincial. Cuando el Estado asume este compromiso, se reduce el sufrimiento, se amplían las oportunidades de bienestar y se construyen comunidades más cuidadas y solidarias, donde nadie tenga que atravesar estas situaciones en soledad.

Por Mariela Goy

En el marco de la polémica generada a nivel nacional por la reorganización del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, el Ministerio de Salud provincial salió a despejar dudas y llevar tranquilidad. Aseguran que en Santa Fe la atención no sólo está garantizada y no se interrumpió ninguna cirugía sino que se trata de una línea de acción que se fortaleció con más procedimientos, especialización de equipos propios y mayor capacidad instalada.

Así lo confirmó a El Litoral, el secretario del Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, quién indicó que en la provincia "no hay nada más alejado de la incertidumbre" y remarcó que se trata de una política sanitaria priorizada, que mostró resultados "muy importantes" durante el año pasado. "Lo digo con total honestidad: este programa para nosotros es prioritario y nunca dejó de crecer. Durante todo 2025 no hubo ninguna interrupción de la atención, menos de las urgencias", explicó.

Aclaró que, más allá de los comunicados y trascendidos a nivel nacional, "la única información oficial que tenemos es que el programa nacional sigue funcionando y que su financiamiento se mantiene", mientras que despegó esa situación de lo que ocurre en Santa Fe.

Según fundamentó el funcionario, la asistencia de cardiopatías congénitas en la provincia depende estratégicamente de la Dirección Provincial de Niñez y, en lo asistencial, del Tercer Nivel de Atención, que son los hospitales donde se realizan las cirugías. "Acá hay un coordinador, equipos estables y varias líneas de trabajo que van desde la capacitación y la detección temprana hasta el abordaje quirúrgico de alta complejidad", detalló.

Una de las líneas de trabajo es la captación precoz de pacientes, tanto pediátricos como adultos, a través de capacitaciones y ecografías prenatales en toda la provincia. "Hoy también estamos relevando cardiopatía congénita del adulto, algo que durante años estuvo fuera del radar", remarcó Pauloni.

En la segunda línea, del plano quirúrgico, el programa a nivel provincial combina cirugías convencionales -a corazón abierto- con procedimientos hemodinámicos e intervencionistas, estos últimos menos invasivos y con mejor recuperación para los pacientes.

En ese marco, explicó que continúa vigente el convenio con un equipo de alta especialización del Hospital Garrahan, de Buenos Aires. "Es uno de los mejores equipos del país. Viene, opera en Santa Fe y Rosario y, al mismo tiempo, deja capacidad instalada y forma a nuestros profesionales", explicó. Y aclaró que "lo único que sucedió en octubre del año pasado es que se venció el convenio con ese grupo del Garrahan y hubo que volver a firmarlo, lo cual ya se hizo".

"Los números de 2025 son muy significativos. Nunca antes Santa Fe había tenido este nivel de intervención, y además con una tasa de éxito altísima", remarcó Pauloni, al tiempo que detalló: se realizaron 140 procedimientos de cardiopatía congénita. De ese total, 76 fueron cirugías convencionales y 64 intervenciones hemodinámicas. A eso se suman otros procedimientos diagnósticos y vasculares que elevan el total anual a alrededor de 150 prácticas.

Las cirugías se realizaron en distintos efectores según la complejidad: en el hospital Alassia y el Cullen en la ciudad de Santa Fe, y en Rosario en el hospital Centenario -para intervencionismo- y el Vilela -para pediatría-. "Antes muchos pacientes debían viajar a Buenos Aires. Hoy prácticamente todo se resuelve en la provincia", destacó.

El fortalecimiento de la asistencia sanitaria también reside en los recursos propios. Durante 2025, dos cirujanos formados en Santa Fe -los médicos Florencia Núñez y Martín Irazusta- realizaron 34 cirugías, que no es un dato menor. Mientras, el equipo externo del Garrahan asumió los casos de mayor complejidad, poniendo el foco por primera vez en los adultos con cardiopatías congénitas, además de los niños.

"Ese fue un salto enorme. Son personas que vivieron toda su vida con esta patología que traen de nacimiento y que recién ahora pudieron acceder a una cirugía que mejora radicalmente su calidad de vida", señaló Pauloni.

El funcionario también puso en valor la puesta en funcionamiento del angiógrafo del hospital Alassia, inaugurado en el último trimestre del año pasado. "Es una prestación nueva que potencia el programa. Desde su habilitación ya se hicieron estudios diagnósticos y tratamientos complejos, lo que amplía nuestra capacidad de resolución local", indicó.

Consultado con respecto del vínculo con el programa de Nación, el secretario aclaró: "Si hubiera algún problema con el financiamiento nacional, la provincia está en condiciones de sostener la política. Es un programa arraigado, garantizado y con proyección de crecimiento para 2026, tanto en cantidad como en complejidad de cirugías".

Qué pasa en Nación: la voz de la Fundación

Desde la Fundación de Cardiopatías Congénitas de Santa Fe -que desde hace 15 años trabaja para acompañar a familias y pacientes-, su referente Erica Bode expresó "preocupación de parte de las familias" por la situación nacional y reclamó definiciones claras. "La única comunicación oficial que tuvimos fue un tuit del Ministerio de Salud de la Nación. Eso genera incertidumbre, porque no sabemos quién atiende hoy el teléfono de la red ni quién toma las decisiones médicas", sostuvo.

Bajo el título "El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas está garantizado", la cartera nacional que conduce Mario Lugones indicó, el pasado 5 de enero, que esta política pública "sigue funcionando". En la comunicación, se indica que durante el 2025, "el programa contaba con 13 personas y registró un promedio de 7,4 llamados diarios" por lo que consideró que "tenía un exceso de personal para esa cantidad de trabajo". Frente a lo cual, el Ministerio de Salud resolvió "reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención. La respuesta del personal desafectado fue intentar vaciar el programa, renunciando en bloque", sostiene el ministerio nacional.

Ante esta situación, Bode indicó que el programa nacional funciona como una red federal que coordina diagnósticos, derivaciones y cirugías en todo el país. "Cuando se habla de 'desmantelamiento' es porque se fueron las personas más idóneas. Eran 13 profesionales que resolvían casos complejos en tiempo real. No estamos hablando de miles de empleados", remarcó.

Si bien aclaró que hasta el momento la fundación no registró casos concretos sin atención, señaló que "necesitamos que las autoridades nacionales salgan a hablar y lleven tranquilidad. Somos apartidarios, solo defendemos políticas públicas que salvan vidas".

Bode destacó, asimismo, el trabajo articulado con la provincia: "En Santa Fe el programa de cirugía está muy bien armado. El Ministerio siempre nos atendió y nos dio respuestas. Eso es fundamental, porque muchas cardiopatías hoy se resuelven acá y no hace falta derivar".

(Por Gabriel Rossini) - El año que termina ha sido uno de los peores de los últimos tiempos para la mayor parte de los sectores industriales argentinos. La profundización del proceso de destrucción inducido del aparato productivo nacional ha sido una de las decisiones de política económica más importantes que ha tomado el gobierno de Javier Milei en 2025, en el que la actividad de la economía real solo ha tenido un par de meses buenos en la primera mitad y cuyas consecuencias sociales empiezan a sentirse con fuerza, sobre todo en el interior del país, con el aumento de la desocupación.

Desde noviembre de 2023 hasta setiembre de 2025 la provincia de Santa Fe perdió 2.102 unidades productivas (un promedio de 3,28 por día) y 15.863 empleos (24,82 diarios) de acuerdo con el informe publicado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Y por las previsiones que empiezan a hacerse públicas el año que viene no será mejor para la mayoría de los sectores que, además de la caída del poder de compra de los ingresos, tiene que enfrentarse a la competencia de los importados que de acuerdo con el tercer informe del Observatorio de Importaciones de Apyme Santa Fe, sumaron U$S 749 millones de dólares los primeros diez meses del año, lo que representó un aumento del 237,3% respecto de igual período de 2024.

El año en el que se aceleró el achique inducido de la industria y el comercio.

Todos los informes, sean de organismos oficiales como de consultoras privadas, muestran un retroceso en la mayoría de las actividades, la excepción son las vinculadas a la energía, la minería y la intermediación financiera, por causas que en general son coincidentes: caída del poder adquisitivo de los salarios, la apertura de importaciones, la caída de las exportaciones, el costo del financiamiento y el aumento del contrabando. Pero ni siquiera a la actividad minera le ha ido bien en términos de empleo porque mientras en noviembre de 2023 había 94.600, hoy hay 87.500 empleos formales.

La producción manufacturera santafesina se retrajo en octubre el 3,2% interanual y acumula una recuperación leve de 3,1% en relación con el año pasado, uno de los peores de la década, de acuerdo con el informe de actividad industrial difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Dos ramas industriales de la provincia cayeron en términos interanuales los últimos 12 meses: Productos de metal y servicios de trabajo y Productos metálicos para uso estructural. En el caso de la producción automotriz solo creció un mes de los últimos doce (abril 2025 el 6,2%). Es el cuarto mes consecutivo que la actividad industrial provincial retrocede en términos interanuales tras seis meses de crecimiento y su nivel se ubica un 8,2% por debajo del alcanzado en el año 2022, de acuerdo con el índice de producción que elabora la entidad.

Los resultados del relevamiento del Indec sobre el desempeño de la economía nacional en el tercer trimestre publicado a mediados de diciembre es una buena radiografía del comportamiento de las distintas actividades económicas: mostró un crecimiento de 3,3% respecto del mismo período de tiempo del año pasado y solo el 0,3% respecto del segundo semestre de 2025, impulsado por la Intermediación financiera (28,4%) y Explotación de minas y canteras (10,3%), mientras que la construcción lo hizo solo el 1% medida contra un año que fue de los peores de los últimos y la industria cayó 2,4%.

Se aceleró la destrucción inducida del aparato productivo nacional.

Por su parte la inversión, un indicador clave en el comportamiento de la economía productiva, se desplomó 6% en el tercer trimestre y, de acuerdo con la información del Banco Central por primera vez en 22 años, la inversión extranjera directa en Argentina tuvo un resultado negativo, fundamentalmente por la venta de empresas multinacionales que abandonan el país.

Entre enero y noviembre de 2025 se registró una salida neta de capitales que alcanzó los U$S 1.521 millones, lo que revela un proceso de desinversión de las empresas. Para poner en contexto, entre 2020 y 2023 la inversión extranjera directa tuvo un saldo positivo promedio de 953 millones millones de dólares, en tanto entre 2016 y 2019 fue de 3.235 millones.

Mientras que el uso de la capacidad en la industria se ubicó en 61,0% en octubre, 2 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2024 (63,0%) y 0,1 en la comparación con septiembre (61,1%). Aquí, la manufactura de productos textiles fue la que registró la mayor baja interanual y solo está utilizando el 32,5% de la capacidad instalada frente a 47,8% en octubre del año pasado. En cambio, la refinación del petróleo, una de las pocas actividades ganadoras, subió de 79,1% a 82,2%.

"Débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo sobre el empleo formal", la definió en su última reunión del año la Unión Industrial Argentina a la actividad manufacturera que perdió 4.303 empleos en septiembre y 21.190 empleos en los primeros 9 meses del año. También insistieron en la necesidad de que el gobierno haga política industrial, la necesidad de medidas de mayor acceso al crédito y de reducción de la presión fiscal récord sobre la producción de bienes transables que compiten con el mundo en desigualdad de condiciones, lo que varias veces fue dicho con la expresión "igualar la cancha".

En un documento que lleva por título "Industria argentina en emergencia: convocatoria nacional ante el industricidio", la Confederación de sindicatos industriales de la República Argentina (CSIRA) puso en números y porcentajes las consecuencias de las políticas económicas nacionales: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 138.573 empleos privados, de los cuales 42.406 correspondían a la industria manufacturera. En el mismo período de tiempo cerraron 1.974 fábricas. En tanto los sectores de la construcción y la minería sumaron otros 111.747 empleos destruidos y 1.790 empresas cerradas.

Finalmente, más del 75% de los gremios dice que la situación empeoró que se reflejan en caída de las ventas, de la producción, de la capacidad instalada y de las exportaciones mientras suben los despidos, los retiros voluntarios, adelanto de vacaciones y suspensiones. Un tercio de los gremios asegura que los incrementos salariales quedaron por debajo de la inflación y el 86% prevé un último trimestre aún peor. Consideran que la principal causa de la crisis es la fuerte caída del poder adquisitivo de la población (37%), seguida por la apertura de importaciones (25%) y los condicionamientos del FMI (25%).

Esta es la situación en la que está la industria este fin de año, donde una de cada dos empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos según la UIA, y que se agravará a partir de enero cuando entre en vigor el anuncio del ministro Caputo de flexibilización de las bandas cambiarias porque la enfrentará a un proceso indexatorio mensual del precio del dólar (y con ello de todos los precios de la economía) que no solo no bajará la inflación, sino que la perpetuará en el tiempo y dará inicio a un ciclo de competencia entre precios y salarios que ya pasó muchas veces.

Y si bien todas las encuestas revelan optimismo por parte de los empresarios consultados, este parece estar más fundado en la esperanza y un sentimiento de supervivencia que en razones concretas como una recuperación de los salarios o de las inversiones, sin lo cual es imposible que se recupere el aparato productivo en particular y la economía argentina en general.

También terminará con una gran paradoja, como lo destacó el economista Daniel Schteingart en su cuenta de X: "Es la primera vez en tres décadas que la economía crecerá y se destruirán empleos formales en el sector privado. Hasta ahora, siempre que crecía la economía se creaba empleo. Y (casi) siempre que caía, se destruía".