(Por Ivana Fux) – Para el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, Juan Carlos Caudana no tiene “idoneidad ética” para participar en el proceso electoral del próximo domingo. Se trata del actual presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista, que aspira a la reelección por una lista del Partido Justicialista en su localidad. Precisamente, en el marco de la campaña para acceder a un nuevo mandato, trascendieron audios de whatsapp del propio Caudana en los que se lo escuchaba ofreciendo dinero a cambio del voto; una suma al momento del sufragio y otra aún mayor, si lograba ganar la elección. Y en declaraciones periodísticas posteriores llegó a decir “… si tengo que comprar el voto para que no ganen (sus adversarios), lo hago (porque) lo importante es que el pueblo siga creciendo”.

La situación derivó en escándalo; motivó pedidos de informes en la Legislatura y una denuncia penal de la diputada Lucila Lehmann. Además, dos presentaciones ante el Tribunal Electoral; una, de los candidatos de un Partido Vecinalista y otra, del Frente Progresista. El Tribunal corrió vista al procurador, que se expidió este jueves con un categórico dictamen; “aconseja” sin medias tintas, la “exclusión” de Caudana del proceso electoral.

Para Barraguirre, el hecho fue “extremadamente severo y chocante, y nos devuelve a más de cien años atrás, con anterioridad a la sanción de la Ley Sáenz Peña, que instituyó el voto universal (masculino), secreto y obligatorio”, y entre cuyos propósitos estaba el de “permitir que las conciencias de los votantes se expresasen libremente”. A criterio del procurador, “la forma en que (Caudana) buscó obtener sufragios (…) es totalmente espuria e ilegítima, y lo califican como candidato sin idoneidad ética” para participar de este proceso. Su actuación, continúa, “carcome aun más nuestras frágiles y en franco deterioro instituciones republicanas”. Desde su punto de vista, el dirigente “no reúne las condiciones mínimas éticas indispensables” para ser candidato, por lo que sugiere al Tribunal Electoral “excluirlo” de la competencia, declarar su “inidoneidad” y sustituirlo en la lista según lo que estipula la legislación vigente.

Para defenderse, Caudana invocó la “inviolabilidad” de la correspondencia epistolar (en este caso, digital) y planteó, en consecuencia, que los audios en cuestión no pueden ser “válidamente introducidos al proceso por un tercero como prueba puesto que ésta resultaría nula”, ya que habría sido obtenida por medios ilícitos. Barraguirre refuta la argumentación, y asegura que los audios que fueron adjuntados por el denunciante “fueron públicos” y no correspondencia privada. “Sus manifestaciones de carácter público-institucional -dice Barraguirre- acerca del proceso electoral mismo, de cómo concibe la democracia el Sr. presidente comunal, de cómo se constituye la autoridad y el gobierno local, y de los medios (legítimos o no) que se pueden emplear para obtener el triunfo en su comunidad política, están lejos de ser confidenciales. La confidencialidad en los términos civiles – aclara-, está conectada con la intimidad: lo confidencial es lo íntimo”. Y acota Barraguirre que aun suponiendo que esas conversaciones eran íntimas, fue el propio Caudana quien le confirió “carácter público” al aludir a ellas y confirmarlas en todas sus apariciones posteriores a través de entrevistas en los medios de comunicación.

De la mano de ello, Barraguirre interpreta que la estrategia defensiva de Caudana “no tiene base jurídica”. Y advierte que “la idoneidad es una condición indispensable que debe satisfacerse para acceder a un empleo público”. El procurador cita, entonces, a Horacio Rosatti para quien es inconveniente “regular la idoneidad política” incorporando exigencias técnicas, pero sí entiende “razonable reglamentar la idoneidad política en el sentido de solicitar al candidato exigencias éticas vinculadas a su compromiso con la democracia”. Sobre esa base es que el procurador insiste en advertir que Caudana carece de “idoneidad ética”. El candidato, añade, “perdió el sentido de las proporciones y se expresó con un notable sentimiento acerca de la falta de límites para triunfar en una elección, como también, de la falta de consecuencias de expresarse y actuar de ese modo”.

Finalmente, asevera que el tema no “requiere ni debe esperar resolución penal alguna” puesto que el tema en cuestión plantea “no una responsabilidad civil, sino político-institucional”. Ello, a propósito de una eventual remisión de las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación para determinar la supuesta comisión de un delito “Este Tribunal (Electoral) -sostiene- no tiene por qué depender para formarse un criterio acerca de la eticidad de la conducta cuestionada, de que alguien declare algo sobre un supuesto delito. Está en claro que existe un principio de oportunidad y prevención (…) que hace necesaria la intervención actual, inmediata y oportuna de este Tribunal supremo”. Barraguirre concluye recordando que “somos representantes de la sociedad civil, que paga nuestros salarios con enormes esfuerzos. (Esa sociedad) espera del estado que, entre otras cosas, la proteja y garantice un esquema básico y decente de libertades (…). No espera que se prolongue esta especie de Estado zombi que no reacciona ante la injusticia manifiesta”.

Es ahora el Tribunal Electoral el que deberá definir si Caudana queda excluido del proceso electoral del domingo, o si puede participar, de todos modos.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), comenzó con las obras de ampliación del ancho del puente sobre Cañada Quiñones, en el tramo comprendido entre la localidad de Santa Clara de Buena Vista y la Ruta Nacional N° 19. 

En la recorrida realizada, el administrador general de la DPV, Oscar Ceschi manifestó: “Nos pone muy contentos ver el comienzo de estas tareas que hablan del compromiso de nuestro gobierno con una región vital como es el departamento Las Colonias. Conocemos la cantidad de inconvenientes que genera un puente angosto, en el cual los camiones deben esperar el momento para pasar, es por eso que por la determinación del gobernador Omar Perotti y la ministra Silvina Frana, afrontamos esta obra que busca la seguridad vial para los vecinos y asegurar la producción de la provincia”. 

Por su parte, el asesor ministerial, ingeniero Daniel Ricotti, detalló: “Entre las primeras tareas, se desarrollan movimientos de suelo sobre los laterales de la cañada, tratando de hacer más angosto el cauce de la misma así se puede ubicar la maquinaria necesaria para comenzar la etapa de construcción de pilotes a los costados de la estructura existente”. 

Los trabajos, que fueron licitados el 29 de junio, están a cargo de la empresa Pilatti S.A., cuentan con un presupuesto de 45 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses. 

LAS OBRAS 

Se contemplan labores referentes al puente y a los accesos del mismo con el objetivo de alcanzar una adaptación de la estructura de 6 a 8,30 metros de calzada. Entre las intervenciones, se procederá a la demolición de las veredas actuales y la ampliación de la zona de la losa del tablero, construyéndose dos nuevas vigas similares a las existentes hacia ambos lados, trasladando las barandas y alcanzando nuevas veredas de 1,55 metros de ancho. 

En cuanto a los accesos, resulta necesario ensanchar la calzada existente por intermedio de un fresado del pavimento existente en una capa de 40 centímetros para elaborar nuevas capas de estabilizado granular cementado y concreto asfáltico, además de la correspondiente señalización vertical y horizontal.