(Por María José Valdéz) - La madrugada terminó con siete detenidos y una certeza institucional: la muerte del joven soldado en la Quinta de Olivos no fue un hecho aislado ni un suicidio inexplicable. Detrás del caso se desplegaba una estructura criminal organizada, montada desde cárceles bonaerenses, que utilizaba identidades falsas, aplicaciones de citas truchas y celulares como herramientas de extorsión.

La investigación fue presentada en una conferencia encabezada por Alejandra Monteoliva, con la participación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, junto a autoridades de fuerzas federales. El caso reveló una modalidad delictiva compleja, silenciosa y profundamente dañina: bandas que operan desde unidades penitenciarias usando tecnología digital como arma.

“Hoy un teléfono es un arma. El teléfono celular es un arma adentro de la cárcel”, fue la frase que sintetizó el mensaje político, judicial y social del operativo que permitió desarticular la organización.

Todo comenzó el 16 de diciembre, cuando un joven de 21 años, integrante del Ejército Argentino, apareció muerto mientras cumplía guardia en una de las garitas de la Quinta de Olivos. En las primeras horas, el hecho fue interpretado como un suicidio. Sin embargo, una carta personal hallada entre sus pertenencias abrió una línea de investigación que cambiaría por completo el enfoque del caso.

En ese escrito aparecía la referencia a una aplicación de citas. A partir de allí, la Justicia federal de San Isidro inició un trabajo reservado, técnico y coordinado con fuerzas federales, que permitió reconstruir una operatoria de manipulación psicológica, extorsión económica y presión emocional.

La investigación detectó la existencia de una supuesta app de citas llamada Evermatch, que en realidad no funcionaba como plataforma real. Los perfiles femeninos eran falsos. Las imágenes eran tomadas de internet. No existían personas reales detrás de las cuentas. El objetivo era generar vínculos de confianza con las víctimas para luego iniciar la maniobra extorsiva.

El mecanismo se repetía con precisión: primero el contacto virtual, luego el traslado de la conversación a WhatsApp, y después un audio intimidatorio. Una supuesta madre denunciaba que su hija menor había sido contactada. Luego aparecía la figura de un falso policía que exigía dinero para “resolver el problema” y evitar una denuncia penal.

La muerte del joven soldado en la Quinta de Olivos fue el punto de partida de una investigación.

Las transferencias se realizaban a distintas cuentas bancarias, con alias a nombre de mujeres que también integraban la red. Todo el sistema estaba organizado desde el interior de unidades penitenciarias.

La jueza Sandra Arroyo Salgado detalló que los perfiles, identidades y autoridades eran completamente falsos. Incluso se usurpó la identidad real de un policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que derivó en la creación de grupos de víctimas que creían estar siendo estafadas por una persona que, en realidad, también era víctima de su identidad robada.

Tres de los principales operadores de la red estaban detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, en unidades como Magdalena y La Plata. Desde allí coordinaban extorsiones, estafas y maniobras de presión psicológica sobre víctimas de distintas edades.

El operativo culminó con siete detenidos. Tres ya se encontraban presos y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo. Los demás fueron capturados en allanamientos nocturnos.

La investigación dejó al descubierto una realidad estructural: el uso irrestricto de celulares dentro de cárceles permite sostener verdaderas “pymes del delito”, con logística, organización, jerarquías y división de tareas.

Según Arroyo Salgado, el problema se originó durante la pandemia, cuando se habilitó el uso de celulares por razones humanitarias. Esa excepción nunca fue revertida de forma efectiva, y hoy se convirtió en una herramienta central del crimen organizado digital.

Las causas asociadas incluyen estafas, grooming, extorsión, narcotráfico, robos, violencia de género y manipulación psicológica. El delito ya no necesita fronteras físicas: opera desde una celda.

La carta del joven soldado fue una pieza clave en la investigación. Allí relataba deudas, amenazas, presiones y una situación de angustia extrema. Describía pagos exigidos por supuestos policías y una sensación de encierro sin salida. Para la Justicia, esa muerte fue el resultado final de un proceso de extorsión digital prolongado, sistemático y organizado.

Monteoliva lo definió como “una enciclopedia del delito”, al describir la información hallada en los teléfonos: logística, movimientos, planificación territorial, selección de víctimas y estrategias de operación criminal.

Manuel Adorni fue contundente: “Un celular en la mano de un delincuente preso es un arma. No se puede permitir más que desde una cárcel se siga delinquiendo”. El caso no solo desmanteló una banda. Instaló un debate estructural: el modelo penitenciario, el control tecnológico y el rol del Estado frente a la criminalidad digital.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió este jueves el desafuero del senador Edgardo Kueider en un oficio enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en el marco de la causa contra el legislador por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”.

Kueider permanece arrestado en Paraguay por intentar cruzar con 200 mil dólares en efectivo sin declarar, y está en manos de la Justicia de ese país. Por la causa que se ventila en Argentina, la magistrada no puede pedir la extradición, ya que Kueider tiene fueros como senador nacional. Por esa razón, la solicitud deberá ser tratada por el pleno del cuerpo y requiere los dos tercios de los votos.

Precisamente, el Senado nacional fue convocado para tratar este mismo jueves la situación de Kueider, que podría derivar en su expulsión (como impulsa Unión por la Patria), su suspensión (criterio imperante sobre todo en el PRO y La Libertad Avanza) o que se le conceda una licencia, como él mismo solicitó. Cualquiera de las dos primeras opciones requiere una mayoría especial de dos tercios.

Arroyo Salgado pidió además la detención de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue detenido con USD 2110.000 en Paraguay, para la que pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes.

La jueza Sandra Arroyo Salgado.

Mientras tanto, la Gendarmería Nacional realizaba un allanamiento en inmuebles del senador Kueider situados en las ciudades de Paraná y Concordia.

Allanamientos en la casa del primo de Edgardo Kueider y su socio Javier Rubel, en Concordia. Crédito: Belén Fedullo

El primer procedimiento se llevaba a cabo en Paraná y se trataría de unos edificios que serían de su propiedad, ubicados en la intersección de las calles Santiago del Estero y Tejeiro Martínez.

El otro allanamiento se encuentra en Concordia, en una vivienda que pertenecería a un familiar de Kueider.

Allanamientos en la casa del primo de Edgardo Kueider y su socio Javier Rubel, en Concordia. Crédito: Belén Fedullo

Por su parte, el presidente Javier Milei se refirió a la situación de Kueider en el Senado, y consideró que "si es corrupto, lo tienen que echar a patadas en el culo".

"Es un problema del kirchnerismo, que lo resuelvan los kirchneristas", señaló a la salida de La Misa, el programa de streaming que conduce el influencer Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan".

En tanto, el senador nacional Alfredo de Angeli (PRO) afirmó que Kueider "no va a volver más" a su banca en la Cámara alta, pero explicó que, en lugar de expulsarlo, se debe esperar hasta marzo a que se expida la Justicia del país vecino.