Directivos de la empresa láctea Verónica, senadores y funcionarios del Poder Ejecutivo -entre ellos dos ministros- mantuvieron un encuentro para analizar el conflicto que atraviesa la firma con plantas en Santa Fe, posibles salidas a la crisis teniendo en cuenta las pérdidas de fuentes laborales en cuatro poblaciones.

El encuentro no fue presencial, fue virtual, después de una trabajosa negociación encarada por el Senado con el mandato impuesto en una reunión realizada días atrás, en el propio recinto, con delegados gremiales, autoridades del sindicato y de las localidades donde Verónica tiene plantas: Lehmann, Suardi y Totoras.

La incertidumbre campea el panorama y el objetivo de los funcionarios del gobierno es saber qué decisión tomará la familia Espiñeira, propietaria de las acciones.

Hay hermetismo en gobierno y en senadores sobre los alcances de la reunión virtual del jueves. Lo poco que trascendió es que desde la administración provincial pretenden saber si tienen un plan B para que vuelvan a funcionar las plantas productoras. ¿Buscan la venta de la empresa? ¿Buscan un socio que aporte capital? ¿Ponen a la venta alguna de las plantas para hacer funcionar al resto?. Todas son posibilidades, dijeron los empresarios, según trascendió.

El sector lácteo como gran parte de la economía, está atravesando dificultades pero en el caso de Verónica es por las dificultades familiares/empresarias que estarían dificultando una salida. De allí, la decisión del gobierno de solicitarle alguna definición especialmente a través de los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Trabajo, Roald Báscolo, presentes en el zoom. Un compromiso final fue exponer sobre el final de la semana próxima alguna posible salida.

Por lo que pudo conocer El Litoral, desde sus lugares de residencia estuvieron en el zoom Gonzalo y Alejandro Espiñeira, presidente y vice, del directorio de la empresa familiar. Los empresarios exigieron confidencialidad para estar en la reunión y por ende funcionarios y senadores se mostraron reacios a brindar información sobre el encuentro a la espera de la respuesta del próximo fin de semana.

La láctea comenzó con dificultades el año pasado e incluso hubo pronunciamientos de la Cámara de Diputados después de escuchar a los trabajadores en la Comisión de Asuntos Laborales.

Luego, con contratos de fasón la firma fue produciendo aunque perdiendo proveedores de materia prima por atraso en los pagos que se agudizaron este año. Son 450 los trabajadores de las plantas de Verónica.

Verónica tiene plantas en Lehmann (dpto Castellanos) donde procesa leche fluida y elabora productos de consumo masivo; en Totoras (Iriondo) está la planta fundadora y dedicada a la elaboración de quesos de pasta dura y semidura y en Suardi (San Cristóbal) para leche en polvo y algo de quesos.

La parálisis de las tres plantas de Verónica más el proceso de quiebra de Sancor genera -además de lo laboral- una inquietud productiva. Se estima que en la primavera faltarán usinas para recibir la producción lechera santafesina y de allí la necesidad de tener certezas sobre el destino de ambas firmas.

Este jueves, en Sunchales se realizaron dos asambleas referidas a proceso de quiebra de la cooperativa Sancor. Por un lado la asamblea de la Cooperativa que terminó respaldando el pedido de quiebra efectuada por el directorio al juez del concurso, Marcelo Gelcich. Apenas 11 asociados de los 33 habilitados se presentaron a la convocatoria. 5 votaron positivamente y 3 se abstuvieron. Otros 3 rechazaron. Final para la cooperativa.

Veedores de los gobiernos nacional y provincial y abogados se sumaron a la reunión.

En tanto, ATILRa, realizó una concurrida asamblea cuyo resultado fue un comunicado de la conducción gremial.

“En la oportunidad, se analizaron los pasos a seguir luego de la sentencia de quiebra de la cooperativa ordenada por la justicia, destacándose la continuidad de la explotación allí dispuesta, los créditos pronto pagables, y el pliego licitatorio para la liquidación de activos, que posibilitará la adquisición de las plantas y marcas de parte de los oferentes interesados y, en lo que al personal respecta, el esperado retorno al trabajo”, dice el comunicado.

Concluye que “la asamblea, signada por un clima de respeto y esperanza, se mostró satisfecha”.

Bajo el título "SanCor: información certera y compromiso con los trabajadores", la cooperativa láctea con sede en Sunchales se defendió de las recientes acusaciones de "vaciamiento" que hizo el gremio ATILRA, en medio del conflicto que se inició en octubre y tuvo su punto crítico con el derrame de 100.000 litros de leche y el cierre definitivo de la planta quesera de San Guillermo (departamento San Cristóbal).

Mientras se transitan los últimos días de la conciliación obligatoria que dictó el 22 de diciembre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, la empresa decidió "establecer ciertos puntos fundamentales sobre el conflicto con ATILRA que afecta a SanCor". El próximo 16 de enero, las partes volverán a reunirse en la sede ministerial.

El comunicado sostiene que la paralización por 65 días de las actividades industriales, implicó "la falta de elaboración, distribución y venta de productos durante el período comprendido entre el 18 de octubre al 22 de diciembre de 2023, concentrado en tres grandes conceptos, condujo a una pérdida que supera los 4.500 millones de pesos".

Respecto de las causas que esgrime ATILRA para sostener las medidas de fuerza, SanCor decidió hacer algunas aclaraciones. En primer término sobre la caída del Fideicomiso de Administración, que se debió al "vencimiento de todos los plazos acordados" y "por no haberse aportado los fondos comprometidos ni cumplimentado las condiciones básicas previamente acordadas". Una de esas pautas era la resolución de deudas y garantías y el destino de cerca de 1.000 empleados "que no estaban contemplados por el Fideicomiso, dentro del plan de negocios".

"Si SanCor no hubiera defendido el cumplimiento de esas condiciones, efectivamente hoy podría haber sido acusada de vaciamiento de activos empresarios, defraudación de los acreedores y del fisco y de abandono del personal". El planteo es, ante todo, una respuesta a las acusaciones que días atrás realizó el cuerpo de delegados gremiales sobre el supuesto "desguace" de la empresa y la connivencia de los directivos. "La situación es dramática y terminal. Los directivos de la empresa lo saben y planean la fuga. En tanto, siguen chupándonos la sangre hasta llevarse lo último que nos quede. Las unidades industriales están devastadas y el panorama es desolador. Se están llevando todo", habían denunciado.

Sin embargo, la láctea sostiene que justamente al mantener su postura aseguró, además del cumplimiento de su responsabilidad legal, que los activos sigan siendo respaldo de la actividad.

En cuanto a los reclamos salariales, la cooperativa sostienes que siempre realizó "propuestas superadoras, las cuales nunca fueron consideradas por el gremio y ni siquiera trasladadas a los trabajadores, teniendo como única respuesta la negativa tajante de las autoridades gremiales".

Al respecto, la empresa también señaló que en todo momento comunicó a sus empleados que, al retomar las tareas, se comenzaría a aplicar un cronograma de pagos que conduce a una rápida recuperación salarial. "En el transcurso de esta semana, todos los trabajadores que desempeñaron sus tareas recibieron la suma de $250.000 comprometida en el plan". También recordó que mantiene, ya que depende de sus ingresos para cumplir con sus obligaciones, "la firme determinación de aplicar fielmente el plan de pagos, siempre bajo la premisa de que 'quien trabaja, cobra".

Por otra parte, SanCor también respondió otra acusación gremial, que puso en duda la sanidad de los procesos industriales de la cooperativa. "En una empresa ruinosa, sin mantenimiento ¿Quién asegura la inocuidad de los productos? Las y los trabajadores no queremos convertirnos en cómplices de la mafia responsable", había dicho el comunicado de los delegados de ATILRA.

"Para tranquilidad de todos",  la cooperativa remarcó la reconocida calidad de sus productos gracias a la materia prima de excelencia, sus instalaciones tecnológicamente aptas, además de procesos de elaboración certificados y la pericia de las personas que intervienen en la elaboración. "Como prueba cabal de que ello continúa plenamente vigente, se superó con éxito la auditoría para la certificación HACCP para las líneas de leches UAT y formulaciones en polvo de la Unidad Operativa Industrial Sunchales", afirmó.

(Por Juan Manuel Fernández) - A última hora del viernes 22 de diciembre, una resolución del Ministerio de Capital Humano determinó la conciliación obligatoria entre Sancor y el gremio Atilra, medida que tendrá una duración de 15 días y pone en pausa el conflicto por el cual las plantas de la láctea permanecían inactivas desde el mes de octubre, cuando se inició un plan de lucha sindical. 

Con la firma de la flamante ministra Sandra Pettovello, la normativa establece entre los considerandos que las acciones sindicales impedían el normal desenvolvimiento de la empresa, motivo por el cual "resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado". 

De igual forma, el texto señala que "debe otorgarse especial consideración al interés general" y en función de ello "el objetivo primordial de dicho procedimiento no sólo es tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y en primer término, garantizar la paz social".

Especial mención se hace, además, a que "resulta necesario que, en el marco del conflicto suscitado, se procure la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa y su proceso productivo".       

En su artículo 2°, la resolución 6/2023 de la cartera, que se publicó en el Boletín Oficial este martes 26 de diciembre, establece que se inicia el período de conciliación obligatoria entre las partes, por un lapso de 15 días "debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".  

Otra disposición que incluye el articulado de la norma es la intimación al gremio Atilra a "dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".  

Del mismo modo, se intima a Sancor a "abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical", así como "otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal".

El conflicto entre las partes se inició el 14 de octubre pasado, previo a un fin de semana largo, e implicó la paralización de todas las plantas de la láctea. Rápidamente se hizo visible en todo el país, ya que la imposibilidad de procesar un alto volumen de materia prima que se había acumulado en los depósitos los días previos devino en el derramamiento de unos 100.000 litros de leche el viernes 22. Sin embargo, la medida de fuerza no cesó y más tarde la cooperativa decidió el cierre definitivo de su planta en San Guillermo (departamento San Cristóbal), instalaciones que habían vuelto a funcionar en junio gracias a un acuerdo de trabajo a fason para una firma local.

Pese a todo, Atilra continuó por más de dos meses realizando asambleas de 6 horas y bloqueos en todos los turnos de trabajo, impidiendo la elaboración de productos para las góndolas.

Vale decir que, a partir del 29 de diciembre, cuando entre en vigor el DNU 70/2023 la capacidad de gremios como Atilra de frenar procesos productivos como estrategia sindical se verá considerablemente reducida. La modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, determina que "los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros". Por lo tanto, no serán válidas asambleas como las que vino realizando Atilra en Sancor que impedían el proceso de elaboración de productos.

Además, el DNU incorpora la penalización a los bloqueos de empresas, como se ha visto no sólo por parte de Atilra en reiteradas oportunidades. Uno de los casos más resonantes fue el de Lácteos Vidal en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. A partir de la nueva normativa, será considerado "injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento". La norma detalla que se aplicará "cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; cuando se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento, y cuando ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente".

Y un tercer aspecto del DNU, y para nada menor para el gremio de Atilra, es el que da por tierra con el pago forzoso de los "aportes solidarios" de trabajadores, aún si no estuvieran afiliados al gremio. "El pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo o que resulte de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo".

El martes 31 de octubre de 2023, SanCor Cooperativas Unidas Limitada llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria. Al término de la cual se produjeron deliberaciones sobre la actualidad de la firma, afectada hace dos semanas en su operatividad por una medida de fuerza del gremio ATILRA.

Los delegados presentes, todos productores asociados a SanCor, manifestaron su preocupación por el conflicto suscitado por parte del gremio y el alto riesgo implícito de que se repita la necesidad de desechar una significativa cantidad de leche entregada, tal como ocurrió el pasado viernes 20 de octubre cuando se debieron tirar unos 100.000 litros por no poder procesarlos.

Además, enfatizaron sobre la incertidumbre generalizada que esta situación provoca, la interrupción de los procesos productivos, comerciales y la consecuente pérdida de ingresos que afectarán, entre otros, el pago de salarios y materia prima.

En tal sentido, para evitar el inminente derrame de leche, evaluarán la posibilidad de dejar de entregar, a la Cooperativa, la materia prima que producen.

Sobre la Asamblea, la cooperativa comunicó que a causa de las medidas de fuerza que impulsa el sindicato, se debió cambiar el tradicional recinto de la reunión por otro ubicado en dependencias de la Casa Central de la Cooperativa.

Se aprobaron por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, entre ellos la Memoria y el Balance correspondientes al Ejercicio 2022-2023 y la renovación parcial del Consejo de Administración.

Posteriormente, se distribuyeron los cargos del nuevo Consejo de Administración, para el Ejercicio 2023-2024, quedando conformado de la siguiente manera:

Sindicatura:

Tras dos días con las plantas paralizadas por una protesta del gremio de los trabajadores de la industria láctea (Atilra), esta madrugada Sancor debió tirar unos 100.000 litros de leche cruda que se acidificaron a causa de la espera para ser procesada.

A las 6 de este viernes 20 de octubre, la periodista rafaelina Elida Thiery estuvo presente y relató el momento en el que una cisterna de la láctea derrama en un estanque la materia prima. "Así se tiran 100.000 litros de leche que no se pueden procesar; está el sistema de recibo de la empresa, los silos de leche, y se empieza el descarte", dijo a cámara, mientras detrás suyo un grueso chorro blanco salía del camión para caer en una planta de tratamiento de residuos.

La imposibilidad de procesar la materia prima fue producto de una paralización de las plantas que inició el gremio, tras el último fin de semana largo, que se mantuvo por casi tres días.

A las 20 de este viernes, la láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL) suscribirá el fideiocomiso con un grupo empresario para desarrollar una estrategia que en la práctica comercial y financiera significará un salvataje que le permitirá a la firma superar una situación económica que se va complicando año tras año. Cuando finalmente el fideicomiso sea aprobado por los socios de SanCor, los verdaderos dueños de la cooperativa, un grupo de empresarios, con el respaldo del gobierno nacional, comenzará a aportar fondos que garantizarán la operatividad de la industria.

La reunión se concretará en Sunchales, donde tiene su sede SanCor, y asistirán miembros de su Consejo Directivo, autoridades de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) y representantes de los inversionistas.

El acuerdo, reflejado en el fideicomiso resuelto en Buenos Aires, es entre la cooperativa y el grupo de empresarios que encabezan José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond), Gustavo Scaglione (La Capital y Canal 3 de Rosario), un experto en lechería, como Jorge Estévez (que se hiciera conocido por su paso por la empresa La Sibila), y el abogado Leandro Salvatierra (socio del estudio jurídico Casanova, Mattos, Salvatierra & Feser) que tuvo relación con inversiones en Rosario.

La participación en el fideicomiso habría quedado resuelta de la siguiente manera: 20% para SanCor; 80% para inversores y acreedores.

Pero más allá de la trascendencia que el sector lácteo comienza a otorgarle a esta negociación, hay que aclarar que el fideicomiso quedará ad-referéndum de la asamblea de socios de SanCor CUL, la que tiene la facultad de aceptar o rechazar la iniciativa. Ese trámite, por cuestiones de análisis y consulta, no tiene fecha de realización.

De acuerdo con las mismas fuentes, el fideicomiso está diseñado por un período de 15 años. En los primeros cinco, SanCor se llevaría el total de las utilidades netas que se hubiesen generado. En los tres años siguientes pasaría a quedarse con el 50% y del noveno año en adelante con el equivalente al 20%.

En la decisión que será refrendada esta noche está acordado una conducción empresaria a cargo de siete directores: cinco representarán a los inversores y los dos restantes a SanCor y a Atilra, el gremio que desde 2002 conduce Héctor “Etín” Ponce. Atilra no invertirá en el fideicomiso pero igual tendrá un lugar en la mesa de decisiones. Algunos especialistas en el tema recordaron que Ponce fue el que encaró varias gestiones para alcanzar este objetivo, siempre en defensa de los trabajadores.

La láctea respaldaría su presencia en el fideicomiso con cinco plantas en producción, el centro de distribución que se encuentra sobre la Panamericana, en el acceso a la capital federal, y varias otras marcas propias que sostiene en el mercado.

Esta mañana, medios nacionales apuntaron que la firma radicada al oeste de la provincia estaría afrontando una deuda total -entre préstamos, intereses y otros conceptos- que rondaría los US$ 384 millones.

Como oportunamente señaló este diario, la situación de SanCor se viene monitoreando desde 2017. Un año antes, la combinación de factores, como la mala gestión interna y el deterioro del mercado lechero argentino, colocaron a la cooperativa láctea frente a una crisis financiera y productiva muy aguda, al punto tal de tener que frenar sus operaciones a principios de 2017. Entonces no había capital para poner a producir las plantas y la leche debía ser derivada a otras industrias.

Llegó la gestión del kirchnerismo y el amigo del matrimonio presidencial, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, encabezó el salvataje. Ese país inició compras que le aseguraron a la cooperativa, con medidas adicionales, superar la coyuntura e iniciar el camino hacia la recuperación.

Pero Venezuela fue discontinuando los pagos por la leche en polvo que se le enviaba desde nuestra provincia y la deuda se elevó a U$ S18 millones.

SanCor procesa actualmente alrededor de 650.000 litros de leche diario y si su objetivo es alcanzar 1,5 millones para hacer uso pleno de su capacidad operativa.

El Gobierno ha estado al tanto de la propuesta de los empresarios. En rigor, el 9 de noviembre pasado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, su par de Trabajo, Claudio Moroni, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, recibieron a directivos de la cooperativa, al gremio y el grupo de empresarios nacionales interesados en tomar el control del negocio de la láctea.

Allí se dijo que las partidas específicas serían destinadas “a la adquisición de materia prima y los respectivos insumos para su elaboración y transformación industrial con el objeto de lograr un equilibrio operativo que permita una transición hasta el arribo de las líneas de crédito que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo y los bancos de la Nación y/o BICE permitan que el grupo empresario inicie su actividad”.

Por José E. Bordón

Con la firma de un memorando de compromiso, un grupo inversor, con el respaldo del gobierno nacional y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), avanzó este lunes en una estrategia destinada a reflotar la láctea y convertirla nuevamente en una industria líder del sector en la Argentina. “Se busca reactivar en forma definitiva y sustentable la láctea que tiene su casa matriz en Sunchales. Este memorando tiene por objeto que nuestro Gobierno Nacional facilite una línea de crédito hacia los inversores para que el mismo sea destinado y utilizado como capital de trabajo y así lograr la sustentabilidad de la cooperativa”, dijo una fuente gremial. “Uno de los compromisos es que no se produzcan despidos”, añadió el vocero de Atilra. Ese gremio fue el que realizó el anuncio, indicando que “el grupo inversor integrado por José Urtubey, Marcelo Figueiras y Jorge Estévez, contará con el respaldo del Gobierno nacional y del Banco Nación”. Fue al término de un encuentro del que participaron el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; su par de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; el presidente de la cooperativa SanCor, José Pablo Gastaldi; el secretario general de Atilra, Héctor Ponce, y los empresarios-inversores. Por su parte, SanCor CUL, con un tono más prudente, evitó hablar de un acuerdo aunque sí admitió la existencia de una oferta que “será analizada”. En un escueto comunicado, la firma hizo referencia a la reunión del lunes y las intenciones de cada uno, intercambiando las primeras opiniones, tras lo cual, “SanCor analizará la factibilidad y conveniencia técnica. Si fueran consideradas oportunas, a su debido tiempo, la presentaría a consideración de la Asamblea de Asociados, quienes tienen la potestad de aprobar, rechazar o sugerir ajustes”, subrayó. En tanto, Atilra direccionó su comunicación, señalando que “el gobierno se mostró dispuesto a otorgar y poner a disposición todas las herramientas de financiamiento que tenga a su alcance para logra esa reactivación sustentable”. También citó a Kulfas que, según dijo el gremio de los trabajadores lácteos, “se comprometió a apoyar ese plan de negocios ambicioso para recuperar el liderazgo que tuvo esta cooperativa”. Hecker, presidente del Banco Nación, aseguró que “tenemos la decisión política de colaborar para llegar a buen término, vamos a encontrar un camino entre todos y comprometo el apoyo del banco para esto”. Trascendieron luego breves expresiones de Urtubey (Celulosa Argentina): “Sabemos que falta inversión de capital de trabajo y por eso estamos aquí”, dijo el empresario/industrial, según citó el comunicado de Atilra.

Informes a los que tuvo acceso El Litoral indican que durante el encuentro se estableció que los diferentes equipos técnicos realizarán una hoja de ruta para ser presentada ante los funcionarios, y a partir de eso el Gobierno definirá las herramientas de financiamiento con las que colaborará en todo este proceso. La idea inicial es, según indicaron los concurrentes, darle nuevo impulso a la cooperativa láctea para recobrar su posición en el mercado lácteo nacional, manteniendo la mayor cantidad de puestos de trabajo reales que fuera posible. Para ello es necesario lograr que la empresa encuentre un nivel de equilibrio operativo, el que se encuentra en los aproximadamente 1.000.000 de litros diarios promedio. Actualmente, como oportunamente informó este diario, se procesa alrededor de 650 mil litros diarios. Como se recordará, la semana pasada, representantes del gremio, de SanCor y del grupo empresario habían firmado una carta intención para avanzar con el trabajo conjunto. Fue a partir de esa decisión que se definió involucrar de inmediato a las autoridades del Gobierno nacional para actuar en forma conjunta.

EL ESCENARIO Desde 2017, SanCor viene transitando por caminos complejos. Fue cuando decidió el Plan de Reestructuración, a partir del cual consiguió regularizar su deuda, generar planes de pago con proveedores y estados provinciales. De aquel piso de 350 mil litros de proceso diarios hoy se sitúa por encima de 650 mil. Según comentarios del sector, SanCor sabe de su realidad y por eso ya no compite por un puesto entre las más grandes usinas lácteas. Pero si quiere continuar sobreviviendo, deberá expandirse casi al doble del proceso de leche con el que trabaja actualmente. Para lograrlo, hoy, dada la situación del mercado, es imprescindible acceder al financiamiento del capital de trabajo destinado a la mayor adquisición de materia prima e insumos. Hay varias preguntas que necesitarán respuestas en los próximos meses: ¿Convencerán a los asociados a la cooperativa estos empresarios, hombres allegados al gobierno?. ¿Por qué el gobierno le daría un aporte a esos empresarios para que puedan “salvar” a SanCor y no se la otorga directamente a la cooperativa?.