Ya con el documento oficial del proyecto de ley de Modernización Laboral aprobado este jueves en la madrugada por el Honorable Senado de la Nación, se oficializa el avance de los cambios.

Con una serie de modificaciones que sobrevivieron y otros 28 puntos que fueron acordados previamente entre el gobierno nacional y diferentes estratos opositores, el texto baja a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El texto votado habilita la negociación de condiciones laborales a nivel de empresa por encima de los acuerdos sectoriales, introduce un tope a las indemnizaciones por despido y permite la creación de un banco de horas para compensar jornadas mayores con períodos de menor carga laboral. Además incorpora cambios en los períodos de prueba y en los regímenes de registración y sanciones por empleo no registrado.

La votación en el Senado. Crédito: Senado

Se fijó un límite en las indemnizaciones: la base de cálculo excluye aguinaldo y bonos, y el tope no podrá superar tres veces el salario promedio mensual previsto en el convenio colectivo aplicable. También se prevé la actualización por inflación más un 3% anual y la posibilidad de pago en cuotas según el tamaño de la empresa.

La iniciativa contempla la creación de Fondos de Asistencia Laboral administrados por entidades habilitadas, destinados a garantizar el pago de indemnizaciones mediante aportes obligatorios de los empleadores; estos fondos serían inembargables y operarían como respaldo financiero, sin cubrir la informalidad.

El proyecto modifica reglas sobre vacaciones, estableciendo el período entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acuerdos escritos para otra fecha y fraccionamiento en tramos de siete días. En materia de jornada, permite compensaciones mediante bancos de horas sin superar los topes semanales legales y mantiene descansos mínimos de doce horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso.

En casos de enfermedad o accidente no vinculados al trabajo se definieron compensaciones que van del 50% al 75% del salario por entre tres y seis meses, según la naturaleza del hecho y la situación familiar del trabajador, con intervención prevista de una Junta Médica ante discrepancias en certificaciones.

El texto incluye un anexo para transferir progresivamente la competencia de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y procura opciones para homologar acuerdos laborales ante autoridades, con límites en honorarios y mecanismos para reducir la reapertura de reclamos judiciales.

Para conseguir el respaldo en la Cámara Alta, el oficialismo incorporó múltiples cambios al proyecto original. En el recinto la votación quedó registrada con 42 votos a favor y 30 en contra, según el recuento publicado por la prensa.

El Congreso de la Nación. Crédito: Fernando Nicola

Sectores sindicales y parte de la oposición cuestionaron que las modificaciones puedan fragmentar la negociación colectiva y debilitar protecciones ante cesantías, mientras que el gobierno defendió el paquete como una modernización que buscaría mayor flexibilidad y formalización del empleo.

La norma ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados, donde se aguarda un tratamiento intenso y negociaciones sobre eventuales modificaciones; en paralelo, la cobertura registró movilizaciones y enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso que derivaron en detenciones durante la jornada.

Estados Unidos confirmó la captura de un petrolero registrado bajo bandera rusa y vinculado a Venezuela, en una operación en el Atlántico Norte que se extendió por más de dos semanas, informaron autoridades estadounidenses.

La embarcación, conocida anteriormente como Bella 1 y rebautizada Marinera, fue abordada y asegurada por la Guardia Costera y fuerzas conjuntas tras una persecución marítima, en una acción sin enfrentamientos directos con la tripulación.

La operación ocurre en el marco de la presión ejercida por la administración de Donald Trump para hacer cumplir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano y sancionar a las redes que intentan evadirlas.

El Marinera había cambiado de bandera en pleno viaje, pasando a la rusa, en un intento de evadir la captura luego de eludir un bloqueo parcial en el Caribe. Washington lo identificó como parte de una “flota en la sombra” que transporta petróleo en violación de sanciones.

Durante la persecución, medios informaron que Rusia envió un submarino y otras unidades navales para escoltar al petrolero, lo que intensificó las tensiones entre Moscú y Washington. La presencia militar rusa fue interpretada como un gesto de defensa del buque y un desafío a la operación estadounidense.

La incautación se concretó con base en una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, que autorizó el abordaje tras el seguimiento con equipos de la Guardia Costera.

La captura del Marinera se suma a otras operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones consideradas parte de redes que facilitan el transporte de crudo venezolano bajo sanciones. Esta campaña marítima busca cortar vías de evasión y limitar los ingresos petroleros del gobierno venezolano.

La administración estadounidense argumenta que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para garantizar la estabilidad hemisférica y la aplicación de sanciones económicas que buscan presionar al entorno del régimen venezolano.

El destino del buque y las posibles medidas legales contra su tripulación o propietarios aún no han sido detallados por las autoridades, que mantienen el operativo bajo supervisión continua.

Australia puso en marcha a medianoche del 10 de diciembre de 2025 una ley que prohíbe a menores de 16 años crear o mantener cuentas en las principales redes sociales. La normativa obliga a las empresas tecnológicas a dar de baja los perfiles de usuarios australianos por debajo de esa edad o afrontar sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos por incumplimiento. El Ejecutivo presentó la medida como una respuesta contra riesgos de salud mental vinculados al uso intensivo de estas plataformas.

La prohibición afecta a servicios como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Threads y X, que ya no podrán mantener perfiles de usuarios menores de 16 años en Australia. Aplicaciones como Roblox, Pinterest y WhatsApp quedan por ahora excluidas, y el gobierno advirtió que la lista permanecerá bajo revisión. Miles de adolescentes australianos perderán acceso a las cuentas que usaban habitualmente, mientras el Ejecutivo insiste en controlar “algoritmos depredadores” que, a su juicio, aumentan la exposición a acoso, sexualidad y violencia.

La medida, impulsada por el gobierno, ya está vigente. Crédito: Reuters/Hollie Adams

El primer ministro Anthony Albanese pidió a los jóvenes aprovechar las vacaciones de verano para desconectar y recomendó actividades presenciales como deportes, música o lectura. El gobierno explicó que las empresas deben adoptar “medidas razonables” para impedir que menores abran cuentas, y que, de no hacerlo, enfrentarán multas millonarias. Al mismo tiempo, el Ejecutivo reconoció que la norma no será perfecta desde el inicio y admitió que algunos adolescentes intentarán eludir las restricciones.

Las compañías deberán verificar que los usuarios sean mayores de 16 años antes de permitirles crear o mantener cuentas. Algunas anunciaron que usarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de imágenes y que ofrecerán la opción de acreditar la mayoría de edad mediante un documento oficial. Meta y otras empresas alertaron sobre límites técnicos y riesgos de privacidad si se exige identificación generalizada.

Australia probó 60 métodos de verificación en 28.500 pruebas de reconocimiento facial y concluyó que varios enfoques pueden funcionar, aunque presentan fallos con adolescentes de 16 y 17 años. Las pruebas mostraron que las herramientas rindieron peor con chicas y con rostros no caucásicos, donde la estimación de edad se desviaba en al menos dos años. Por eso, especialistas prevén errores y saltos del sistema: algunos adolescentes podrán hacerse pasar por mayores y, en otros casos, mayores de edad podrían ver sus cuentas bloqueadas.

Las plataformas admiten límites y anunciaron procesos de recurso para quienes consideren que su cuenta fue suspendida por error. Meta recordó que, sin pedir documento a todo el mundo, solo será posible verificar hasta cierto punto. Además, la compañía sostuvo que permitir el acceso sin iniciar sesión mantendría algunas funciones restrictivas fuera de alcance, lo que complica la eficacia práctica de la norma.

La medida generó reacciones divididas. Familias que sufrieron casos graves celebraron la iniciativa. Mia Bannister responsabilizó a las plataformas del suicidio de su hijo adolescente tras un acoso en línea. En paralelo, muchos jóvenes expresaron escepticismo y temor a quedar aislados o perder conexiones sociales consideradas necesarias.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, cuestionó el rol de los algoritmos y los definió como “depredadores”.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia. Crédito: Reuters/Hollie Adams

Empresas como Meta, YouTube y otras criticaron la medida y advirtieron que podría empujar a los jóvenes hacia rincones menos regulados de Internet. Analistas y académicos prevén migración hacia apps alternativas y plataformas de mensajería que están fuera de la prohibición. Datos de herramientas de análisis mostraron que aplicaciones menos supervisadas subieron en descargas en Australia desde principios de diciembre, y que servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal registraron picos.

Varios estudios citados por especialistas señalan que los algoritmos pueden exponer a contenidos dañinos en poco tiempo: investigadores hallaron que a una cuenta nueva en YouTube o TikTok dirigida por un joven le bastaron entre 23 y 26 minutos para empezar a recibir contenidos misóginos. Otro informe indicó que los vídeos recomendados en TikTok para una chica de 15 años suelen relacionarse con temáticas de suicidio o autolesiones. Por ello, autoridades y académicos difieren sobre si la prohibición logrará reducir exposiciones perjudiciales.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia. Crédito: Tracey Nearmy/Reuters

Se esperan impugnaciones legales: algunos medios locales mencionaron que plataformas como Reddit podrían recurrir la prohibición ante el Tribunal Supremo australiano, aunque no confirmaron recursos oficiales. A su vez, gobiernos de países vecinos miran el caso con atención; Nueva Zelanda y Malasia consideraron medidas parecidas y seguirán la evolución del modelo australiano.

Investigadores y grupos locales seguirán de cerca el impacto de la norma en la salud mental juvenil y en la capacidad de las familias para controlar el uso de redes. La expectativa oficial es medir resultados en los próximos años, mientras que expertos advierten que hará falta al menos un par de años para evaluar con rigor si la prohibición consigue alejar a los niños de las redes sociales y mejorar su bienestar.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe ha convertido en ley el proyecto que establece un marco regulatorio para la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad.

Esta normativa, impulsada por el legislador socialista Rubén Galassi, busca ordenar un sector de gran envergadura en el territorio provincial. Según estimaciones del propio Galassi, en Santa Fe operan alrededor de 200 empresas de seguridad privada, empleando a aproximadamente 12.000 hombres y mujeres.

Para contextualizar la magnitud de esta cifra, la Policía de Santa Fe cuenta con unos 24.000 agentes, lo que subraya la relevancia del sector privado en el esquema de seguridad. Con la sanción de esta ley, se pretende establecer un registro claro y un dato preciso sobre la dimensión y características de quienes cumplen esta tarea complementaria a la estatal.

La iniciativa sancionada considera que las actividades realizadas por las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada son de interés público, y que deben ser subordinadas y complementarias a las que lleva a cabo el Estado Provincial. La ley aborda diversos aspectos cruciales para la profesionalización y el control del sector.

Entre ellos, se establecen condiciones específicas para la contratación de servicios, las incompatibilidades y obligaciones del personal, las prohibiciones y responsabilidades de los prestadores, así como las capacitaciones obligatorias que deben ser brindadas a los trabajadores. Asimismo, la normativa contempla un régimen de sanciones para las infracciones que puedan cometer los prestadores.

Un artículo relevante del proyecto distingue claramente los servicios que justifican el uso de armas, como las custodias personales, el transporte y resguardo de mercaderías en tránsito y en depósitos, o la vigilancia privada en lugares fijos sin acceso de público. Adicionalmente, la ley exige que el personal que efectúe estos servicios de vigilancia debe estar contratado y registrado bajo relación de dependencia y el régimen de contrato de trabajo, combatiendo la precarización laboral en la actividad.

Uno de los problemas centrales que la nueva ley busca resolver es el impacto negativo de las falsas alarmas en el Sistema de Emergencias 911 y las fuerzas policiales. En los últimos años, la proliferación de sistemas de alarmas en viviendas particulares y comercios ha derivado en un notable incremento de las denuncias que estas empresas privadas trasladan a la policía.

Sin embargo, la ineficiencia en los procedimientos de verificación por parte de las prestadoras provoca que la gran mayoría de estos requerimientos resulten ser falsas denuncias, lo que implica una afectación desproporcionada de recursos públicos.

Para dimensionar esta problemática, el legislador Rubén Galassi brindó datos contundentes. Explicó que, en lo que va del año (hasta el mes de octubre), el 911 recibió 595.000 llamadas de alerta. De esa cifra, 215.000 correspondieron a incidencias generadas por la activación de sistemas de alarmas.

Esto se tradujo en el despliegue de personal policial por unas 89.000 horas, además de móviles y otras herramientas provistas por el Estado Provincial. Lo más alarmante, según Galassi, es que solo 4.231 de esas alertas –es decir, menos del 3%– ameritaban la intervención de la estructura estatal por tratarse de un intento de robo, un hecho de violencia o una agresión.

El legislador subrayó que esta situación generó un gasto extraordinario para el Estado, que se afronta «con los tributos de todos los ciudadanos». Asimismo, resaltó que «es injusto también que se afecte el servicio de seguridad en general», ejemplificando con datos del Ministerio de Seguridad provincial que la activación de alarmas llegó a implicar que «alrededor de 60 de los 200 móviles de Rosario, por ejemplo, estén afectados por esta situación».

Frente a este escenario, la ley sancionada por la Legislatura de Santa Fe establece que las empresas de seguridad deberán implementar protocolos claros y eficientes para corroborar la necesidad efectiva de activar el 911. El objetivo es reducir drásticamente el número de falsas alarmas y optimizar la respuesta policial.

Rubén Galassi indicó que se contemplará un tiempo de adecuación para que las empresas puedan cumplir con los nuevos requisitos, considerando la realidad de las pequeñas empresas, que son numerosas en el sector. Además, la ley prevé mecanismos de ayuda para facilitar este proceso de cumplimiento, incluyendo exenciones fiscales y la posibilidad de acceder a créditos, entre otros beneficios.

La regulación de las agencias de seguridad privada es un tema relativamente reciente en Argentina, aunque la cantidad de prestadoras se ha multiplicado en las últimas dos décadas. Provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Juan y Neuquén han avanzado en este sentido con legislación específica.

En el caso de Santa Fe, si bien existieron antecedentes de proyectos de ley sobre la materia en la década pasada, el asunto permanecía pendiente a pesar de los distintos intentos. Rubén Galassi hizo un especial reconocimiento a la labor de los legisladores Alicia Gutiérrez y Oscar Pieroni, quienes «trabajaron mucho» en propuestas anteriores. A pesar de haber logrado «medias sanciones» en la Cámara, nunca se había podido convertir la regulación en ley hasta el presente.

Al finalizar su exposición, Rubén Galassi sintetizó los dos ejes principales que contempla esta nueva ley provincial. En primer lugar, destacó que los dispositivos y regulaciones que se establecen serán un beneficio directo para las empresas de seguridad que operan correctamente, ya que contribuirán a «eliminar la competencia desleal». Además, será un avance significativo para los trabajadores, al no permitirse «empleo en negro en una actividad tan importante».

El segundo eje fundamental se relaciona con el monitoreo de alarmas, que, según el legislador, no solo «ayudará a la ciudadanía», sino que «mejorará la eficiencia de la respuesta del sistema de 911» y «evitará el dispendio de recursos públicos».

Finalmente, el diputado remarcó que «nadie puede dudar de que, en temas como educación, salud y seguridad, el Estado debe mantener un rol imprescindible». Insistió en que quienes brindan servicios complementarios a la comunidad deben hacerlo «bajo reglas claras, garantizando calidad y responsabilidad», priorizando siempre «los beneficios para los santafesinos» y el bienestar ciudadano.

A mediados de septiembre se desarrolló la V Cumbre Global sobre Desinformación, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en alianza con organizaciones y entidades de Argentina y la región; entre ellas Proyecto Desconfío, dedicada a capacitar, entrenar y asesorar en información confiable. Un tema sensible que, como se verá, también tiene impacto en el ejercicio de la democracia.

Soledad Arréguez es cofundadora de Proyecto Desconfío. Periodista, docente universitaria e investigadora, es especialista en el cruce entre comunicación y nuevas tecnologías. Fue una de las coordinadoras del encuentro que, con modalidad virtual, reunió durante dos jornadas a cientos de asistentes de diversos lugares del mundo en una actividad que incluyó varios tópicos claves de los que, luego, dialogó vía mensajes con El Litoral.

- ¿Cómo se puede explicar la importancia de una información fidedigna en medio del desinterés y la saturación de datos a través de medios tradicionales, redes sociales y otras modalidades?

- La información fidedigna es vital para el debate público y el diálogo ciudadano en las sociedades democráticas. Las personas toman decisiones de forma cotidiana con la información que poseen. El contexto de sobreinformación no colabora con esta tarea. Por eso, considero que los medios deben encontrar nuevas formas de conectar con las audiencias para informar sobre los asuntos públicos.

- ¿Cómo ganarle en rapidez a una fake news cuando se entiende que tiene una velocidad y una capacidad de expansión enorme? Esto, teniendo en cuenta el desafío de los medios de informar rápido y cosechar clics.

- La mentira es más sexy que la verdad. Y sabemos que las falsedades y engaños suelen tener más alcance que las desmentidas. El gran desafío está en aprender de los desinformantes cómo logran engagement (mayor interacción) para poder llevar información verificada y confiable a nuestras audiencias. Considero que parte de la solución está en desarrollar un buen storytelling (relato de historias) que permita conectar emocionalmente con nuestras audiencias, con información verificada y relevante para la sociedad.

Frente a la sobreinformación, "los medios deben encontrar nuevas formas de conectar con las audiencias para informar sobre los asuntos públicos", advierte Soledad Arréguez.

- ¿Es una responsabilidad compartida la desinformación, entre la comunidad que consume sin contrastar, los medios que no chequean, los organismos de poder que pueden informar de manera maliciosa?

- La desinformación es un fenómeno multicausal. Por lo tanto podemos encontrar que es responsabilidad de diferentes actores y ámbitos. Me parece que lo que se requiere es fortalecer las acciones de los actores para generar un ecosistema que sea mucho más confiable y donde podamos hablar de integridad de la información.

- ¿Hay sanciones para quienes promueven la desinformación?

- Cuando se piensa en sanciones, regulaciones y otro tipo de medidas que limiten el derecho a la expresión, la duda radica en quiénes vigilan al que vigila. Por lo cual, hoy lo que podemos encontrar son algunas sanciones que corresponden a la normativa que tenemos en el país. En distintos países existen diferentes marcos jurídicos en los que se puede encontrar alguna sanción a la desinformación, pero en la Argentina no existe una ley anti fake news.

"Como la desinformación no solo se trata de mentiras, sino que también tiene que ver con información engañosa y descontextualizada, se vuelve más complejo a la hora de regular y lo que se requiere es una gran alfabetización mediática, informacional y digital de la ciudadanía para que las ciudadanas y ciudadanos puedan lidiar con este contenido informativo y puedan decidir qué es aquello que quieren consumir. Los medios, como tal, por ser voces o empresas que amplifican determinados discursos, tienen una responsabilidad y hay que trabajar en la ética periodística y profesional", sostiene la especialista. Advierte, además, que "lo mismo que desde el Estado, los diferentes organismos de gobierno tienen que trabajar en la ética del funcionario público con lo cual deben hacer que la información sea accesible, segura y confiable.

- ¿Puede la desinformación socavar la democracia? ¿Por qué?

- Sin duda podemos decir que la desinformación socava la democracia. En primer lugar, porque cae y hay un gran debilitamiento y desconfianza hacia las instituciones y a los actores que forman parte de la vida democrática. Eso hace que las personas se alejen de aquellos que deben ser referentes y garantes de determinada información de políticas públicas, con lo cual la desinformación viene a ser perjudicial para el debate de los asuntos públicos y, en un contexto de polarización, hace cada vez más difícil el diálogo ciudadano que es tan importante para alcanzar consensos y hacer presión desde la sociedad civil hacia los gobiernos para la sanción o realización de determinadas políticas públicas.

Los debates presidenciales, como el que se realizó en 2023 y se transmitió a todo el país, resultan una oportunidad para conocer, con reglas y derechos pre establecidos, las ideas y propuestas de las y los candidatos. Crédito: Tomás Cuesta/NA

Cuando decimos que la desinformación socava la democracia, tenemos que entender que no se trata solo de cómo puede afectar el resultado en los comicios o la participación de determinado partido político o fuerza en un contexto electoral o de participación política. Esto tiene que ver que los ciudadanos que, para hacer ejercicio pleno de sus derechos deben acceder, buscar, encontrar, utilizar y producir información y esto es un eje de la vida en democracia: que como ciudadana pueda buscar información, tomar decisiones en base a esa información y, si quiero, pueda comunicar y actuar en mi comunidad. Así que también tenemos que pensar que la desinformación no es solo un tema de medios o discursos, sino que tiene efectos reales y se pueden ver desde cómo incluirme en la vida púbica de mi comunidad, cómo tomo decisiones todos los días, desde si me conviene tomar un colectivo o un Uber, si tengo que hacer una inversión o si tengo que tomar un remedio A o B para una dolencia. Todo esto lo hacemos tomando decisiones con información que adquirimos y si esa información no es confiable podemos hasta dañar nuestra salud.

- Uno de los puntos en común entre las y los disertantes de la Cumbre fue el concepto de colaboración (de hecho, fue una de las conclusiones). ¿Es posible en una actividad que tiene una alta cuota del individualismo como es la comunicación?

- Cada vez más se dan investigaciones y proyectos periodísticos en alianza entendiendo que la desinformación no está reservada para un espacio o un lugar concreto sino que son narrativas que viajan y se expanden a lo largo de toda una región. Con lo cual, a la hora de estudiarlas y combatirlas es mucho mejor hacerlo en red. El periodismo pasa a ser una actividad que, cuando es colaborativa, se hace mucho más enriquecedora desde las perspectivas, el alcance y difusión que puede tener. En algún momento podemos encontrar al periodismo o el mundo de los medios reservado para algunas voces y hoy, las tecnologías digitales han hecho que muchas minorías o sectores no representados puedan tener voz y dar a conocer su mirada, hacer escuchar sus reclamos y poner sus temas en agenda.

- El recorte de una información, ¿es también desinformación?

- Si, la información descontextualizada, recortada en algún punto, manipulada, editada o tergiversada constituye también un grado de desinformación. Me parece importante destacar si hay una intención deliberada o si se trata de un error involuntario porque, en ese caso, no estaríamos hablando de desinformación sino de un error o, en todo caso, lo que en inglés se llama misinformation.

- ¿Se puede "alfabetizar" a la población para que las fake news sean detectadas?

- Considero que se puede alfabetizar y que hay que hacerlo para que la ciudadanía pueda identificar y detectar distintos tipos de narrativas desinformantes. Y que también pueda agudizar su mirada para hacerse preguntas y detectar los propios sesgos que pueden tener frente al consumo de información. En esto se puede educar y formar para, así como en su momento nos enseñaban cómo funcionaban los medios de comunicación, como se armaba un diario y se tomaban decisiones a la hora de construir la noticia, también hay que entender los nuevos tipos y mensajes mediáticos.

-¿La IA es parte del problema o de la solución?

- Creo que la inteligencia artificial es parte de la solución. Es una tecnología que, muchas veces, nos permite optimizar tiempo en las tareas que puede ser aplicada en procesos de verificación, generar alertas tempranas, monitorear y dar seguimiento a determinadas narrativas. Pero así como encontramos beneficios, este salto tecnológico puede venir acompañado de mayores riesgos. Por ejemplo, la generación de contenido hiperrealista donde esta tecnología, en manos de desinformantes, puede generar no solo piezas escritas sino imágenes o videos en los que sea muy difícil distinguir entre la realidad de la falsedad (el caso del video de Mauricio Macri llamando a votar por LLA en la previa a las elecciones legislativas en CABA). Es decir, es importante que podamos identificar que se trata de un contenido creado por computadora y no de una fotografía o un video creado por una persona donde hay otra enfrente, hablando.

- ¿Qué es la gobernanza informativa?

- Podemos hablar de gobernanza digital, de datos o informativa para referirnos a todo el conjunto de decisiones que se toman de políticas o hasta de sistemas para gestionar y tener una mejor visión y control de los flujos de información de una organización. Si lo pensamos desde el marco de la desinformación, tenemos que ver cómo cuidar la integridad de esos datos y por eso se hace énfasis en la integridad informativa, en la necesidad de construir desde el periodismo piezas en las que podamos mostrar cuáles son nuestras fuentes; si tenemos evidencia en la que nos sostenemos que la podamos compartir, y que podamos separar muy bien aquellas piezas de género de opinión de las de información. Y al cuidar estos datos vamos a recuperar la confianza de las audiencias.

Este martes, en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro participó del lanzamiento formal de los controles antidoping para integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales. El mismo mandatario se sometió a los controles -en presencia de medios de comunicación que estuvieron en la actividad-, cuyo resultado se conoce de inmediato, y en su caso arrojó resultado negativo en las sustancias que se miden: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas. 

La medida se enmarca en el nuevo plan de fiscalización impulsado por esa cartera, que dispone la realización de narcotests sorpresivos, periódicos y no anunciados para policías, penitenciarios y autoridades políticas. La resolución fue firmada por el ministro Pablo Cococcioni, que también integra el padrón de personas sujetas a control y esta mañana realizó el suyo, también con resultados negativos.

Solo durante la mañana de hoy, se realizaron alrededor de 30 narcotest.

La implementación retoma una política que Pullaro ya había impulsado en 2017, cuando era ministro de Seguridad. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio”, subrayó.

“Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”, añadió el mandatario, y puntualizó que el test combina diferentes reacciones químicas: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

Pullaro destacó que “actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”.

Los estudios serán realizados por laboratorios externos; los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, explicó Cococcioni. Los resultados quedarán a disposición de la autoridad correspondiente para adoptar las medidas que se determinen.

El funcionario aclaró que los controles son sorpresivos: “Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”.

La iniciativa busca detectar y erradicar el consumo de estupefacientes en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio. Además, se incorpora como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro. Añadió que se trata de “una política que forma parte de un conjunto de acciones de integridad tendientes a preservar instituciones cuya misión es proteger a la sociedad y que deben exhibir transparencia activa”.

La administración de Maximiliano Pullaro cumplirá este martes su primer año de gestión. Y para repasar lo actuado y empezar a planificar lo que vendrá, el gobernador convocó a sus funcionarios a una "Jornada de Trabajo". Será una reunión de gabinete ampliado, con ministros y secretarios, pero también con legisladores de todas las bancadas que integran Unidos para Cambiar Santa Fe.

Desde el inicio del mandato, las reuniones de gabinete se adoptaron como una práctica semanal, incluso, itinerante. En varias ocasiones, el equipo de gobierno se trasladó a diferentes localidades del interior de la provincia para realizar el encuentro en esos distritos. Las reuniones ampliadas, sumando a los presidentes de bloques legislativos del oficialismo, también se constituyeron durante el primer año de gestión en una práctica periódica.

En estos doce meses y con mayorías holgadas en ambas cámaras, la actual administración logró la sanción de leyes centrales para las metas del gobierno. En el inicio, sobresalieron las vinculadas a la seguridad y justicia penal. Promediando el año, se destacó la aprobación de la Ley de Emergencia Previsional y la que estipula modificaciones en la integración y funcionamiento de la Corte. Esta última estuvo precedida por un recambio parcial del máximo tribunal; en los planes originales, el gobierno aspiraba a una renovación más ambiciosa.

Pero, sin dudas, la sanción que coronó el año de gestión por sus implicancias a futuro fue la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional en Santa Fe. La normativa, votada el viernes último por el Senado, cristaliza los intentos reiterados y sucesivos que se realizaron al menos durante las últimas diez gestiones de gobierno; y abre las puertas a una Convención Constituyente que podría habilitar la reelección del propio Maximiliano Pullaro. Para ello, Unidos deberá garantizar un resultado electoral que asegure una mayoría en la Asamblea Constituyente.

Mientras se aguarda el decreto del gobernador para formalizar la convocatoria a elecciones de convencionales -coincidirán con las primarias locales- el 13 de abril de 2025, en paralelo, ha sido citado para el próximo viernes el Consejo Ejecutivo provincial del Partido Justicialista.

Después de la votación del jueves pasado, el peronismo quedó inmerso en una crisis interna más profunda todavía que la que se había generado con la derrota electoral de 2019. Ello, producto de que fue un sector del PJ quien concedió al oficialismo la llave para que la reforma pudiese habilitarse. Se trata de la bancada que lidera Omar Perotti; el jueves, cuatro de sus cinco integrantes -todos, menos Walter Agosto- levantaron la mano para que el oficialismo lograse los dos tercios. La votación fue en ese sentido, con el agravante de que el partido había resuelto otorgar mandato a sus legisladores para que rechazasen el proyecto.

Ahora, la conducción partidaria deberá evaluar la conducta de Perotti y de los diputados Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano. Una de las hipótesis iniciales que se barajaron cuando se discutió la situación era expulsar a quienes desoyeran la directiva partidaria. Pero sólo el congreso provincial del PJ tiene potestad para establecer esa sanción. La discusión del viernes definirá los pasos a seguir. No se descarta, de hecho, que del encuentro surja una convocatoria al Congreso para habilitar así la discusión del tema.

El domingo 16 de julio se llevan adelante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Donde se elegirán los candidatos que competirán en los comicios del 10 de septiembre.

Según el Código Electoral provincial “las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, serán una carga pública para los ciudadanos habilitados a votar por el padrón electoral general de la Provincia de Santa Fe, correspondiéndole las mismas sanciones que previene la ley de la materia, a quien no concurra a votar sin causa justificada”.

Las personas que no asistan a votar, y no justifiquen su inasistencia ante la Justicia Electoral Nacional dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberán pagar una multa de entre $50 y $500. El monto a pagar depende de la cantidad de infracciones previas, de acuerdo con lo que establece la Acordada 37/2013 de la Cámara Nacional Electoral.

Aquellos que no abonen la multa correspondiente quedarán anotados en el Registro de Infractores, una base de datos articulada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el que figuran la cantidad de veces que los ciudadanos habilitados para votar no hayan cumplido con el deber cívico.

La justificación del no voto comienza en la página web del Tribunal Electoral.

Se debe buscar dentro de esta web el banner que indique “Justificación de la no emisión del voto”. Una vez allí, la persona que realiza el trámite debe identificarse colocando su número de DNI y su sexo. Se exhibirá entonces en pantalla el artículo 12 del Código Electoral Nacional, que establece el “Deber de votar”. Este artículo indica quiénes quedarán exentos a través de una serie de incisos que enumeran los motivos de la no concurrencia. El usuario debe elegir el inciso pertinente por el cual no concurrió al sufragio, completando un cuadro con el N° de teléfono, correo electrónico y el inciso propiamente dicho. Finalmente, el usuario puede elegir imprimir la constancia.

En la cumbre de los líderes de las siete naciones más industrializadas, celebrada en Hiroshima, Japón, se acordaron nuevas sanciones dirigidas a Rusia con el propósito de privar al país de tecnología, equipamiento industrial y servicios del G7 que respaldan su maquinaria de guerra en Ucrania.

Los jefes de Estado y de gobierno de estas principales democracias industrializadas reafirmaron su compromiso en hacer frente común a debilitar las capacidades militares de Rusia en el conflicto con Ucrania.

El paquete de sanciones anunciado incluye restricciones a las exportaciones de bienes considerados críticos para Rusia en el campo de batalla. Además, se tomarán medidas contra entidades acusadas de suministrar material al frente en beneficio de Moscú.

Líderes financieros del G7 preocupados por la crisis de deuda de EE.UU.

Los líderes de Estado del G7 dieron inicio a su reunión en la ciudad japonesa que sufrió los estragos de una bomba atómica en 1945, lanzada por Estados Unidos. En esta reunión, esperan recibir al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

Esta mañana, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Moscú con el objetivo de restringir el acceso de Rusia a productos necesarios para sus capacidades de combate.

Por su parte, el Reino Unido también anunció medidas contra el sector minero ruso, especialmente la industria del diamante.

Además, el G7 emitió un comunicado en el que se compromete a restringir el comercio y uso de diamantes extraídos, tratados o producidos en Rusia, utilizando tecnologías de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas restricciones.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe completó la sanción de una reforma a la Ley 12.069 -régimen legal para grandes superficies comerciales- agregando un ítem a las multas por violaciones a dicha norma.

Se determinó que esos establecimientos que no cumplan con lo dispuesto en su normativa, serán pasibles de las siguientes sanciones:

El tema había sido abordado por el Senado en julio del año pasado teniendo en cuenta que entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción el monto fijo quedaba desactualizado.

El Ejecutivo habilitó el tema en Extraordinarias y después del paso por varias comisiones, este jueves Diputados completó la sanción.

La ley de grandes superficies comerciales se dictó a fines del 2002 y las multas fijadas en la reglamentación fueron establecidas entre $2.000 hasta $30.000, valores que ahora fueron actualizados.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios ya dictó, en lo que va del año, sanciones por más de 21 millones de pesos a 12 proveedores que incumplieron con distintas normativas de carácter comercial, con el objetivo de promover buenas prácticas comerciales, el cumplimiento de la ley y la protección de los intereses de usuarios y consumidores.

Se trata de infracciones contra los derechos básicos del consumidor, como el de información veraz, publicidad y exhibición de precios. También, se penalizó por el no cumplimiento de las regulaciones comerciales respecto a métodos de pago y diferencias de precio entre la góndola y la caja; y se procedió a la primera sanción a una empresa de venta directa.

Para el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, la vocación de los organismos estatales “es el cumplimiento de las normativas vigentes, la promoción de la actividad económica en general y particularmente del sector comercio y servicios, brindar herramientas para potenciar al máximo los rubros comerciales, pero siempre con la premisa de facilitar herramientas para el acceso y la defensa de los derechos del consumidor, cuando los comercios o proveedores no cumplen con la ley”, explicó.

Además, Aviano fundamentó: “La premisa del gobernador Perotti y de nuestro ministro (de Producción, Daniel) Costamagna, es alentar las inversiones, acompañar a los que producen y a los que trabajan. El comercio es una parte importante en la producción y todos los que trabajamos integramos cada familia consumidora santafesina. Podemos tender a que haya más actividad comercial, y debemos hacerlo dentro de las normas y el buen trato. Por eso, desde inicios de 2023 intensificamos las inspecciones y sanciones. Hasta el momento efectuamos alrededor de 58 fiscalizaciones, a lo que se le suman las 1.138 realizadas en 2022. Además, imputamos a 77 proveedores”, detalló el funcionario.

“Queremos controlar, pero no para multar. Queremos trabajar por una nueva cultura comercial y de consumo, donde entendamos que lo mejor es cumplir con la ley y que tanto consumidores como comerciantes debemos estar informados para ejercer mejor nuestro rol”, enfatizó Aviano.

En ese sentido, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, dijo que “cuando un consumidor hace un reclamo y exige un control, actuamos desde dos esferas: por un lado, trabajamos sobre la resolución del mismo; y por otro delineamos una inspección para verificar. A partir de allí actuamos tratando de corregir situaciones. Si no hay cambio de actitud del comercio, procedemos a la sanción”.

Las multas aplicadas en los primeros días del año corresponden a firmas de Santa Fe o con domicilio legal en otras jurisdicciones, pero que más allá de eso, “incumplieron con normas nacionales de las cuales la Provincia es autoridad de aplicación, o propias leyes o programas provinciales, como ser la Ley de Venta Directa Nº 13.905; o el Programa Billetera Santa Fe, donde en ambos casos se trata de normativas de cumplimiento obligatorio para quienes están alcanzados”, precisó Aviano.

Además, recordó que “la ley de Venta Directa exige la inscripción de empresas que utilizan como único medio de comercialización a los revendedores independientes. En tal caso, para ofrecer sus productos en Santa Fe, deben cumplir una serie de requisitos. Fue este Poder Ejecutivo quien en 2021 reglamentó la norma, y hoy luego de un plazo muy flexible para que las firmas se inscriban y cumplan con la ley, ya estamos en fase de ir sancionando a quienes no la estén cumpliendo. En este caso estamos sancionando a la primera, en el marco de una serie de imputaciones que hemos formulado a una decena de empresas con actuación en todo el país, algunas de ellas de capitales extranjeros”.

Por su parte, Albrecht planteó: “Con los temas de estafas bancarias o incumplimientos de información y respuesta, por ejemplo, estamos siendo innovadores colocando a los prestadores de servicios financieros como responsables por lo ocurrido, y también siendo muy insistentes con los métodos de pago: toda compra debe respetar el precio si es contado efectivo, débito, crédito en un pago o billeteras virtuales”.

Por último, las autoridades provinciales adelantaron que en los próximos días se comenzarán a dictar las primeras sanciones a empresas alcanzadas por el Programa Nacional “Precios Justos”, cuyas firmas radicadas en Santa Fe deben cumplimentar con la disponibilidad de productos y demás requisitos de precio, cartelería e información sobre los rubros alimentos, bebidas, carnes, artículos escolares y librería, entre otros.

El Consejo de Seguridad de la ONU estudia un régimen de sanciones para imponer la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas a cualquiera que amenace la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití.

Jimmy Cherizier, apodado el “Barbacoa”, seria el primero en recibir la lista de sanciones. En una resolución redactada por Estados Unidos es descripto como uno de los líderes de bandas más influyentes del país

“Cherizier y su confederación de bandas G9 están bloqueando la libre circulación de combustible desde la terminal de combustible de Varreux”, dice el texto. “Sus acciones han contribuido directamente a la parálisis económica y a la crisis humanitaria en Haití”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha propuesto que uno o varios países envíen “una fuerza de acción rápida” para ayudar a la policía de Haití a eliminar la amenaza que suponen las bandas armadas.

Las bandas bloquearon el mes pasado la entrada a Varreux para protestar por el anuncio del Gobierno de recortar las subvenciones al combustible. Los suministros de combustible se agotaron y los haitianos también se enfrentan a la escasez de agua potable en medio de un brote cólera.

El Consejo de Seguridad ya había amenazado con imponer sanciones específicas a las bandas criminales y a los violadores de los derechos humanos en Haití, y pidió a los países que detuvieran el flujo de armas hacia el país caribeño.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad podrían votar tan pronto como el lunes el proyecto de resolución de sanciones, dijeron los diplomáticos. Para ser adoptada, la resolución necesita nueve votos a favor y ningún veto de Rusia, China, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña.

China ha estado presionando para que el Consejo de Seguridad imponga un embargo de armas a las bandas criminales en Haití.

Rusia niega enfáticamente su participación en la masacre difundida ampliamente por redes sociales y el domingo, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU celebrar una reunión sobre lo que su representante permanente adjunto, Dmitri Polianski, calificó de “flagrante provocación de los radicales ucranianos en Bucha”, pero el Reino Unido, que ejerce la presidencia pro-témpore del consejo , denegó esa convocatoria.

El bloque europeo “avanzará, con carácter de urgencia, en el trabajo para nuevas sanciones contra Rusia”, agregó el responsable.

Esta nueva serie de sanciones está siendo debatida entre los 27, pero es necesaria la unanimidad para adoptar penalidades adicionales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este lunes de sanciones individuales y medidas contra “el carbón y el petróleo”, pero no mencionó la compra de gas, un tema que divide a los países europeos.

El canciller alemán, Olaf Scholz, también reclamó nuevas sanciones ayer después de calificar de “crímenes de guerra” el asesinato de civiles en Bucha.

Sin embargo, Alemania sigue rechazando sanciones que apunten al sector del gas ruso.

“Tenemos que plantearnos sanciones duras, pero a corto plazo el suministro de gas ruso no es sustituible” e interrumpirlo “nos perjudicaría más a nosotros que a Rusia”, dijo el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, antes de una reunión con sus homólogos de la UE en Luxemburgo hoy.

Lindner rechazó dar más detalles sobre la posibilidad de sancionar el sector del carbón y del petróleo.

Austria tampoco está a favor de sanciones sobre el gas.

“Somos muy dependientes del gas ruso en Austria. Las sanciones no deben afectarnos más de lo que afectan a Rusia”, dijo el ministro de Finanzas austriaco, Magnus Brunner.

Una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debe tener lugar el 11 de abril en Luxemburgo. También se prevé una cumbre europea extraordinaria sobre el conflicto en Ucrania, la situación económica y la defensa europea, prevista “a finales de abril inicios de mayo”, indicó el gabinete de Josep Borrell.

Polonia, en tanto, pidió a través del primer ministro Mateusz Morawiecki, crear una comisión internacional de investigación sobre lo que calificó como “genocidio” cometido por el ejército ruso en ciudades ucranianas, entre ellas Bucha.

España, en tanto, incautó en las islas Baleares el yate de un magnate ruso cercano al presidente Vladimir Putin y objeto de sanciones de Washington, informó hoy la Guardia Civil española.

La operación la llevaron a cabo en Palma de Mallorca agentes de la Guardia Civil y de las agencias estadounidenses del FBI y el HSI (Homeland Security Investigations), como resultado de una comisión rogatoria estadounidense, precisó el cuerpo policial español en un comunicado.

Bautizado “Tango”, este yate de 78 metros de eslora, cuyo valor se estima en 90 millones de euros, es “propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg”, según la Guardia Civil.

Vekselberg integra una lista de siete oligarcas rusos próximos al Kremlin, sancionados en abril de 2018 por Washington, que les acusa de haber participado en ataques de Rusia a las democracias occidentales.

Se trata del cuarto yate incautado en España desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Se sospecha que los otros tres pertenecían a multimillonarios cercanos al poder y sancionados por la Unión Europea.

El Gobierno de Venado Tuerto sigue adelante con la campaña de tránsito “Bajá un Cambio”, en un trabajo conjunto de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia municipal y la policía vial. 

Durante el último fin de semana se realizaron controles intensivos en distintos puntos de la ciudad donde se labraron 50 actas de infracción, cinco por uso de telefonía celular al conducir. 

Durante los operativos se remitieron al Corralón Municipal 11 motos por falta de casco y documentación; y en controles conjuntos con personal de la policía vial se realizaron 44 tests, detectándose nueve alcoholemias positivas. 

En este marco, ocho vehículos fueron remitidos al corralón y uno tuvo la posibilidad de recurrir al conductor designado. 

Rusia entrará en cesación de pagos si este miércoles abona en rublos, en lugar de dólares, el vencimiento de 117 millones de deuda previsto en la moneda estadounidense.

Si este fuera el caso, sería la primera vez que Rusia declara un “default” desde 1998.

A comienzos de mes, el gobierno ruso prohibió que los emisores de deuda rusa, ya sea soberana o corporativa, paguen intereses a inversores extranjeros.

En realidad, el Banco Central de Rusia explicó que los emisores pueden decidir pagar los cupones, pero los depositarios de los valores no harán efectivo el pago.

En ese sentido, las dos principales cámaras de compensación del mundo, Euroclear y Clearstream, dejaron de operar con deuda rusa.

Por su parte, la calificadora de riesgos Moody’s y la agencia Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) colocaron a Rusia en el último escalafón de sus calificaciones como “Mercado aislado”, no apto para realizar inversiones ni comprar deuda.

Mientras que la agencia de calificación Fitch revisó a la baja dos veces en una semana la nota de la deuda rusa, una decisión que significa que el riesgo de un impago de la deuda soberana es “inminente”.

Por su parte, Rusia acusó a los países occidentales de intentar provocar una cesación de pagos artificial con las sanciones económicas que congelan sus activos en el extranjero. “Puedo anunciar que estamos finalizando la coordinación del cuarto paquete de sanciones que afectarán sectores de economía y a varios individuos”, dijo Borrell en una rueda de prensa en Macedonia del Norte

Según el funcionario, las sanciones serán aprobadas por escrito por el Consejo de la UE, una vez que reciban el visto bueno de los representantes permanentes de los países miembros de la Unión.

Anteriormente se informó que el nuevo paquete de sanciones, además de restricciones a los individuos, incluirá cese de exportaciones a Rusia de artículos de lujo, de inversiones en el sector energético y otras medidas en la industria metalúrgica, según reprodujo la agencia Sputnik.

Las sanciones incluyeron la desconexión parcial de Rusia del sistema financiero SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su banco central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo de ese país.

Por su parte, el gobierno de ese país añadió decenas de nuevos nombres a la lista de “países inamistosos”. Para realizar transacciones con empresas nacionales y de las naciones incluidas en la lista, las entidades rusas tendrán que solicitar el visto bueno de la comisión gubernamental para el control de inversiones extranjeras.

Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más sancionado del mundo, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte, ya que desde mediados de febrero pasado se activaron más de 3.600 nuevas medidas restrictivas.

Por su parte, Rusia acusó a los países occidentales de intentar provocar un default artificial con las sanciones económicas que congelan sus activos en el extranjero. “Las declaraciones según las cuales Rusia no puede cumplir con sus obligaciones respecto a su deuda pública no se corresponden con la realidad”, sostuvo hoy el Ministerio de Finanzas ruso.

Además, aseguró que “el congelamiento de las cuentas en divisas del Banco de Rusia y del gobierno puede considerarse como el deseo de los países extranjeros de provocar un default artificial”. Rusia se enfrenta a varios pagos de deuda en divisas que vencen a partir de este miércoles 16 de marzo y también en abril.

En tanto, las sanciones recientemente impuestas provocaron una fuerte devaluación del rublo con respecto al dólar, del orden del 40%.

Los eurobonos emitidos desde 2018 se pueden reembolsar en rublos, pero no es el caso del primer vencimiento previsto para este miércoles que consta de un reembolso de US$ 117 millones, precisaron desde la agencia internacional. “Se trata de una situación única en la que la parte que impone las sanciones decidirá el default ruso en 2022”, dijo Elina Ribakova, economista jefe adjunta del Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

Por otro lado, también se refirió al tema la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. “Rusia tiene el dinero para pagar su deuda, pero no tiene acceso a él. Lo que más me preocupa es que habrá consecuencias más allá de Ucrania y Rusia”, dijo Georgieva, en una entrevista con la CBS. ]]>

La Unión Europea (UE) está finalizando los preparativos del cuarto paquete de sanciones contra Rusia, incluidas medidas personales y sectoriales, info...]]>

“No vamos a pedir que suspendan las sanciones”, afirmó el vicecanciller, Serguei Vershinin, en una entrevista publicada por el diario ruso Izvestia.

“Simplemente seguiremos desarrollando nuestra economía y nuestra capacidad de desarrollarnos independientemente, contando solo con el apoyo de nuestros amigos y partidarios”, explicó el funcionario.

Vershinin remarcó que las sanciones no se deben a una decisión de Moscú sino que “las impusieron los países satélites de Estados Unidos para presionar a Rusia” y poner su economía “en una situación difícil”.

“Estas sanciones, como instrumento de presión, son ilegítimas y no aportarán resultados”, agregó el diplomático, según la agencia de noticias Sputnik.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió que las sanciones impuestas por las potencias occidentales en represalia por la invasión en Ucrania están “creando ciertos problemas y dificultades”, pero explicó que la economía del país “se está adaptando a la nueva situación”.

En el marco de una reunión con miembros del Gobierno, agregó que al final “todo eso dará como resultado un aumento de la independencia, autonomía y soberanía” de Rusia.

Putin expresó su convicción de que Occidente impondría sus sanciones contra Rusia en cualquier caso y recordó que muchas sanciones impuestas a la Unión Soviética siguieron vigentes incluso después de su colapso.

“Estoy seguro de que gracias a los miembros del Gobierno, a nuestras empresas líderes, superaremos todas estas dificultades”, apuntó y añadió que Rusia alcanzará los objetivos establecidos en el ámbito de economía, sobre todo, “una soberanía más potente”, recalcó el mandatario.

Por otro lado, el jefe de Estado declaró que las sanciones impuestas por el conflicto en Ucrania pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos, ya que Rusia no podrá exportar suficientes fertilizantes.

“Si continúa así, habrá graves consecuencias (…) para el sector alimentario en su conjunto, el incremento de la inflación será inevitable”, señaló en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

Los fertilizantes rusos no están afectados por las sanciones occidentales. Sin embargo, los sectores financiero y la cadena de suministro sí lo están, lo que afecta a la capacidad de exportación de Rusia.

“Si siguen creándonos problemas para financiar este trabajo, para asegurarlo, en la logística, la entrega de nuestros productos (…) entonces los precios van a subir cada vez más, y esto se notará en el precio del producto final, los alimentos”, señaló Putin.

Rusia, al igual que su vecina Bielorrusia, que también ha sido duramente sancionada, es un importante proveedor mundial de fertilizantes minerales y abastece tanto a Europa como a Sudamérica.

Asimismo, Putin aseguró que su país mantiene todas sus entregas de hidrocarburos, a pesar del conflicto y de las sanciones occidentales, y afirmó que Rusia no es responsable de la subida de los precios en el mundo.

Rusia, al igual que su vecina Bielorrusia, que también ha sido duramente sancionada, es un importante proveedor mundial de fertilizantes minerales y abastece tanto a Europa como a Sudamérica.

“Estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones en materia de suministro de energía”, subrayó.

El mandatario ruso insistió en que “todos los volúmenes” se estaban entregando a Europa y a otros lugares y que “el sistema de transporte de gas de Ucrania está lleno al 100%”, constituyendo esta red de gasoductos una de las arterias clave del gas para abastecer al continente europeo, del que el 45% proviene de Rusia.

Según Putin, el aumento del costo del petróleo y el gas en los mercados mundiales no tiene nada que ver con Rusia, pese a que los precios alcanzaron niveles récord desde que las tropas rusas invadieron Ucrania.

“Los precios están subiendo allí, pero no es culpa nuestra; es el resultado de sus propios errores de cálculo; no nos pueden culpar”, indicó el presidente.

En medio de la invasión a Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que su país mantiene una “amistad duradera” con Rusia, que es “sólida como una roca”, y recalcó que los dos países ayudan a traer “paz y estabilidad al mundo”.

En una conferencia de prensa, Wang agregó que “la relación entre China y Rusia no es apreciada por su independencia” y que se basa en “la no alianza, la no confrontación y no apuntar a ningún tercero”.

“Los dos países mantendrán el enfoque estratégico y continuarán profundizando la asociación de coordinación estratégica global para una nueva era”, subrayó el jefe de la diplomacia de Pekín.

China está dispuesta a “participar en la mediación internacional sobre la crisis en Ucrania”, amplió Wang. Y agregó que Pekín está listo para continuar desempeñando “un papel constructivo en la facilitación del diálogo y la paz, trabajando junto a la comunidad internacional para llevar a cabo la mediación necesaria”.

“China está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en la promoción de las conversaciones entre Rusia y Ucrania”, aseguró Wang que advirtió que “debe prevenirse una crisis humanitaria a gran escala”.

Wang presentó seis iniciativas para evitar la crisis humanitaria en Ucrania: respeto a los principios de justicia y neutralidad, plena atención a la personas obligadas a abandonar sus hogares, protección de civiles para evitar desastres humanitarios secundarios, controles para que la ayuda llegue rápidamente a su destino, certeza de la seguridad de los extranjeros en Ucrania y apoyo a la ONU en la coordinación de la asistencia.

Pekín brindará ayuda humanitaria de emergencia a Ucrania a través de la Cruz Roja China y sostuvo que Kiev la recibirá “lo antes posible”.

El verdadero objetivo “de la estrategia del Indo-Pacífico de los Estados Unidos es establecer una “versión OTAN del Indo-Pacífico”, objetó luego Wang. Esa estrategia “se está convirtiendo en sinónimo de política de bloqueo”, agregó Wang.

“Se busca mantener el sistema de hegemonía liderado por Estados Unidos, socavando la arquitectura de cooperación regional centrada en la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) y comprometiendo los intereses generales y el largo plazo de la cooperación de los países de la región”, graficó.

“Las acciones perversas van en contra de la aspiración común de la región a la paz, el desarrollo, la cooperación y los resultados de ganar-ganar y están condenadas al fracaso”, amplió.

Asia-Pacífico “es una tierra promisoria para la cooperación y el desarrollo, no un tablero de ajedrez para un contexto geopolítico y China da la bienvenida a todas las iniciativas capaces de satisfacer las realidades regionales y las necesidades de las partes interesadas, oponiéndose firmemente a todos los actos que conducen a la confrontación y la rivalidad en la región”, dijo Wang.

China y Estados Unidos deben apuntar a “los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganar-ganar. La competencia entre los principales países no debe estar en la agenda y el juego de suma cero no es la elección correcta”, disparó el ministro de Exteriores chino.

China advierte a Washington que el intento de buscar la independencia de Taiwán es inútil y asegura que la isla volverá “al abrazo de la patria”, dijo Wang. ”Los dos lados del Estrecho comparten la misma historia y cultura” y que la esperanza para el futuro de Taiwán radica en las relaciones con Pekín y la “reunificación”, antes que confiar en promesas externas vacías”, amplió más tajante aún.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró este sábado que las sanciones que las potencias occidentales imponen sobre su país por la invasión “son como una declaración de guerra” e indicó que todo país que imponga una zona de exclusión aérea en Ucrania “será considerado parte de conflicto”.

“Estas sanciones que se imponen son como una declaración de guerra”, dijo el mandatario, que calificó de “absurda” la postura de Occidente sobre Ucrania, según declaraciones que cita la agencia de noticias Sputnik.

“Es un delirio, teatro de lo absurdo, llaman negro lo que es blanco, y lo que es negro, blanco”, dijo en una reunión con mujeres tripulantes de vuelos de aerolíneas rusas.

El mandatario afirmó además que considerará cualquier intento de otros países de declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania como implicación en el conflicto.

“Estamos al tanto de las declaraciones de que es necesario crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. (…) Cualquier paso en esta dirección será considerado por nosotros como participación en el conflicto armado de un país desde cuyo territorio se crearán amenazas para nuestros militares”, manifestó.

“Inmediatamente los consideraremos a ellos como participantes del conflicto, independientemente de las organizaciones a las que pertenezcan”, añadió.

Estas declaraciones responden a las efectuadas el viernes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que lamentó la decisión “deliberada” de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania, adoptada por los cancilleres del bloque en una reunión que para el mandatario fue “floja y confusa”.

El líder del Kremlin indicó que “está casi finalizada” la destrucción de la infraestructura militar en Ucrania y repitió que la operación se desarrolla según lo previsto por Moscú.

“Lo primero que hicimos fue destruir toda la infraestructura militar. Bueno, no toda, de forma parcial, principalmente almacenes de armas, municiones, aviación, sistemas de defensa aérea (…) La destrucción está casi finalizada”, dijo el presidente de Rusia.

Según el líder ruso, en las operaciones militares en Ucrania solo participan soldados y oficiales profesionales, y el Kremlin no prevé llamar al contingente de reservistas.

Por otra parte, Putin indicó que no tiene previsto decretar la ley marcial en Rusia ante los rumores que apuntaban en ese sentido.

“La ley marcial se aplica (…) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra”, dijo Putin, al ser consultado por empleadas de Aeroflot, la empresa aérea más importante de Rusia que este sábado anunció que suspenderá sus vuelos internacionales ante las sanciones impuestas por las potencias occidentales.