Joaquín Fidalgo

Este jueves, la Justicia le concedió la libertad Nicolás C., joven de 16 años acusado de tener participación en el tiroteo ocurrido a fines de marzo en la escuela Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

El adolescente se encontraba detenido en la cárcel de Las Flores de la capital provincial desde el mes pasado y fue beneficiado por el fallo del Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia, integrado por el Dr. Matías Drivet.

El magistrado resolvió revocar la resolución de Primera Instancia que había dispuesto la prisión preventiva de Nicolás C. y dispuso en su lugar medidas alternativas, combinadas con medidas socioeducativas.

En la audiencia estuvieron presentes, además del joven imputado, sus padres y sus defensores (Eugenia Marianela Campillay Perrig y Pedro Emiliano Bulsico).

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por la fiscal Carina Gerbaldo y los querellantes por el doctor Leopoldo Luis Hilbert.

Según informaron fuentes judiciales, “en la resolución se hizo hincapié en la especialidad y singularidad de la temática de menores vinculados a investigaciones penales, determinado por el rango constitucional otorgado a diversas Convenciones Internacionales, lo cual ha sido reconocido tanto por la Corte Suprema de Justicia Nacional como Provincial”.

“Ello implica -agregaron-, por un lado, que debe considerarse especialmente que un adolescente es un ser humano en formación, en desarrollo, en evolución. Y, por otro lado, que definir medidas de restricción implica someterlas a una doble excepcionalidad: las propias de cualquier persona y las derivadas de la condición de niño, aún cuando esté sometido a proceso penal”.

Concretamente, se consideró que había elementos suficientes para sostener la vinculación de Nicolas C., mas no era posible afirmar que la “pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución”.

Así, el juez consideró prudente y adecuado otorgar la libertad del menor de edad e imponerle medidas alternativas mientras avanza el proceso:

1) deberá fijar domicilio en una ciudad a más de 150 kilómetros de San Cristóbal y una persona adulta debe constituirse como referente;

2) tendrá prohibido el acercamiento y contacto con las víctimas, familiares y testigos del caso;

3) se someterá al Programa “Medidas Penales en Territorio” de la Dirección Provincial Penal Juvenil, tal como fuera propuesto por ese organismo, el que deberá elevar informes mensuales del cumplimiento de los objetivos fijados;

4) el adolescente no podrá acceder a redes sociales con el nombre propio o con nombres ficticios o de otras personas;

5) quedará prohibido el acercamiento a la ciudad de San Cristóbal mientras duren las medidas fijadas.

El adolescente estaba preso en la cárcel de Las Flores. Foto: Archivo

Además, por sugerencia de los organismos técnicos interdisciplinarios del Poder Judicial y por la representante legal de la Dirección Penal Juvenil, y con aceptación del joven imputado, se fijaron medidas socioeducativas:

1) realizar un tratamiento vinculado a la salud mental;

2) restablecer su vinculación con el sistema educativo, de la manera más adecuada que determine la Dirección Penal Juvenil y la esfera administrativa correspondiente;

3) un familiar deberá acompañar y dar cuenta del tratamiento de salud mental y de la vinculación con el sistema educativo.

Finalmente, las fuentes explicaron que esta decisión no implica que la investigación en marcha se detenga y que, eventualmente, pueda revaluarse la situación del joven, si cambian las condiciones que se tuvieron en cuenta para disponer las medidas antes enumeradas.

El hecho que se investiga ocurrió durante la mañana del lunes 30 de marzo de este año, adentro de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Ese día, un alumno de 15 años entró al establecimiento educativo con una escopeta de grueso calibre y abrió fuego contra estudiantes.

Así asesinó a Ian Cabrera, un alumno de 13 años.

Para la fiscalía, Nicolás C. sabía lo que iba a suceder y, además, habría estimulado al autor de los disparos para que perpetrara el ataque.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, fue categórico este martes al mediodía al referirse al caso que conmocionó a la comunidad de San Cristóbal: el adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera en un tiroteo, no regresará a un establecimiento escolar. “Yo quiero ser muy terminante y muy categórico. Primero, hay que garantizarle a todos los jóvenes y a los niños y niñas de nuestra provincia y nuestro país el derecho a la educación. Eso no significa que tengan que estar escolarizados”, sostuvo ante una consulta de los medios de comunicación.

El funcionario remarcó que “no hay condiciones para que este chico, este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, al tiempo que aclaró que se garantizará su acceso a la educación por otras vías. “Nosotros vamos a garantizar el derecho a la educación como lo garantizamos de todos los jóvenes de nuestra provincia. Eso no implica que necesariamente tenga que ser en un establecimiento escolar. De hecho, eso hoy no va a pasar”, enfatizó.

A semanas del hecho ocurrido en San Cristóbal y de la posterior seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas, Goity reconoció que, si bien disminuyeron las incidencias, la situación sigue generando preocupación. En ese contexto, puso en valor el rol de la escuela como espacio de contención.

“Pasamos por una situación muy crítica, muy crítica. Pero la escuela tiene respuesta. La escuela es el lugar donde emergen esas inquietudes, donde se procesa y circula la palabra”, afirmó. Y agregó: “Debe haber pocos lugares donde los chicos pueden expresar lo que sienten y lo que viven como en la escuela”.

El ministro también destacó la capacidad de resiliencia del sistema educativo: “La escuela sigue siendo el lugar de la resiliencia. Hay más soluciones y respuestas que interrogantes, y eso es lo que tenemos que defender”.

En relación al accionar institucional frente a las amenazas, subrayó el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y la comunidad educativa. "La escuela estableció sus propios protocolos, generó sus propios mecanismos. Luego, la Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Salud Mental, el gobierno ha jugado muy integradamente", explicó.

No obstante, hizo especial hincapié en el rol cotidiano de docentes y familias: “Sin el trabajo de los equipos directivos, sin el trabajo de la familia, sin el trabajo que se hace todos los días en la escuela, no hubiera sido posible superar este momento. De hecho lo estamos superando”.

Para Goity, hubo capacidad de respuesta: “Hemos podido resolver esta situación, no completamente, pero con buenas herramientas, con buena capacidad de respuesta y con buenos reflejos”.

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco del acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, en el museo alegórico, donde unos 250 estudiantes de tercer año de escuelas de la ciudad de Santa Fe participaron de la ceremonia.

Goity definió el evento como un momento clave en la formación ciudadana: “Es un acto muy significativo en términos individuales, porque para cada chico, cada chica que hoy prometió lealtad a la Constitución, es un momento movilizante, pero más importante es como sociedad”.

En ese sentido, remarcó el valor simbólico del acto: “La Constitución es aquello que nos hermana, que nos constituye como nación, como colectivo. Es un acto ritual, no tiene una consecuencia práctica, pero sí es muy importante para esta construcción de identidad”.

Finalmente, destacó el rol integral de la escuela en la formación de ciudadanía: “La escuela no solamente enseña, sino que en los hechos va formando a los chicos como ciudadanos. Muchas cuestiones no se aprenden solamente leyendo la Constitución, se aprenden viviéndolas en el día a día”.

El ministro cerró con una mirada hacia el futuro: “Ser parte de la historia nos pone en compromiso con esa historia, pero, sobre todo, nos proyecta al futuro de manera colectiva”.

Valentina Chiaraviglio

Hay fechas que se clavan en el calendario de un pueblo como un estigma. Para San Cristóbal, ese marcador es hoy. Pasaron treinta días desde que el estruendo rompió la calma de la Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano Moreno", y aunque el tiempo cronológico avance, el pulso de la ciudad parece haberse detenido en aquel instante de espanto.

Lo que antes era una comunidad de alrededor de 15 mil habitantes, definida por ese trazado de 15 por 15 cuadras aproximadamente donde el saludo era ley y el anonimato un imposible, hoy se reconoce frente a un espejo distorsionado. San Cristóbal ya no es solo la ciudad del norte santafesino; es, a los ojos del país, el escenario de una tragedia que nadie pidió protagonizar.

Escuela N° 40 - San Cristóbal.

El primer mes no solo estuvo marcado por el duelo, sino por la extrañeza. Para el sancristobalense, acostumbrado a la parsimonia de sus calles, el desembarco de los grandes medios nacionales fue un segundo impacto. De repente, el vecino encendía la televisión y veía el frente de su propia casa en un móvil en vivo; de repente, los micrófonos buscaban respuestas urgentes en un territorio que solo necesitaba silencio.

Ese "atosigamiento", como lo describen muchos padres, caló hondo. La búsqueda del testimonio a cualquier costo, incluso rozando la vulnerabilidad de los menores de edad, rompió esa red de protección invisible que suele tener un lugar donde todos se conocen y un rostro, movimiento o palabra ajena, no pasan desapercibidos en medio de una población con una identidad tan marcada.

Hace un mes, el silencio en las calles no era el de la siesta tranquila; era un silencio espeso, cargado de una tristeza que hacía más lento y callado el ritmo habitual de la ciudad.

El proceso de sanación dentro de la Escuela Normal N° 40 fue, quizás, lo más humano de esta crónica oscura. El personal docente y no docente, aquellos que estuvieron allí, que pusieron el cuerpo y el alma en medio del horror para proteger a sus alumnos, hoy lideran la reconstrucción.

El regreso a las aulas no fue un trámite administrativo, sino un tejido artesanal de contención. El cronograma fue escalonado: primero regresaron los niveles iniciales y primarios, dejando para el final a la secundaria diurna, el núcleo más sensible del episodio.

Un detalle no menor, que habla del respeto por el proceso emocional de los adolescentes, es que fueron los propios alumnos quienes eligieron a los docentes con los que querían sentarse a hablar. En esas reuniones, que vienen sucediendo desde el primer día, se priorizó la palabra del chico por sobre el contenido del programa. Luego, el trabajo se extendió a reuniones con padres y docentes, unificando criterios para que el regreso no sea un trauma, sino un alivio.

Esta semana marcó un hito administrativo y emocional: el retorno al horario normal en todos los niveles, incluyendo la secundaria diurna. Imagen ilustativa

Esta semana marcó un hito administrativo y emocional: el retorno al horario normal en todos los niveles, incluyendo la secundaria diurna. Sin embargo, las autoridades y especialistas coinciden en que la "normalidad" es apenas un concepto formal. Las heridas en el personal que puso el cuerpo para proteger a los alumnos siguen abiertas, y el seguimiento profesional continuará siendo la prioridad.

Hoy, San Cristóbal intenta recuperar su ritmo. Ya no están los camionetas y autos de exteriores; pero a la distancia se sigue poniendo el micrófono. En la esquina J. M. Bullo y 9 de Julio, el silencio ya no es el mismo: es un silencio que observa, que recuerda y que lentamente intenta sanar.

(Por Juliano Salierno) - El Ministerio Público de la Acusación (MPA) contabilizó al menos 404 denuncias por amenazas de balaceras en escuelas de la provincia de Santa Fe, en un fenómeno que se desató tras el crimen de Ian Cabrera, ocurrido el 30 de marzo en San Cristóbal.

Las intimidaciones —que incluyen mensajes, pintadas y hasta la exhibición de armas reales o simuladas— son investigadas como delitos penales y ya derivaron en múltiples procedimientos judiciales.

La problemática se desató en instituciones educativas a partir del crimen de Ian Cabrera. Foto ilustrativa

Según precisó la Fiscalía General, las denuncias se distribuyen en las cinco regionales del organismo: 75 corresponden a la Fiscalía Regional N.º 1 (con asiento en Santa Fe), 238 a la Fiscalía Regional N.º 2 (Rosario), 33 a la Fiscalía Regional N.º 3 (Venado Tuerto), 23 a la Fiscalía Regional N.º 4 (Reconquista) y 35 a la Fiscalía Regional N.º 5 (Rafaela).

En ese marco, al 21 de abril se desplegaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de más de 50 elementos, entre teléfonos celulares, armas de fuego, armas blancas y municiones.

El avance de las investigaciones permitió identificar al menos a 73 personas como presuntas responsables de las amenazas. De ese total, aproximadamente el 95% son menores de edad, lo que encendió las alarmas tanto en el sistema judicial como en el ámbito educativo.

Desde el MPA indicaron que los casos están siendo abordados por fiscales de toda la provincia, quienes ordenan medidas como allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

En algunos expedientes ya se formalizaron imputaciones por delitos como amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal, con la aplicación de alternativas procesales en función de la edad de los involucrados.

En la Fiscalía Regional Nº 1, con sede en la ciudad de Santa Fe, dos adolescentes fueron imputados por “amenaza coactiva e intimidación pública en concurso ideal” y recuperaron la libertad bajo medidas alternativas: uno de ellos tiene 16 años y el otro 18.

En el ámbito de la Fiscalía Regional N.º 2, con sede en Rosario, se precisó que las causas fueron centralizadas en la Unidad Especializada en Cibercrimen, a cargo de los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia.

De acuerdo con la información oficial, dicha unidad lleva adelante una investigación compleja, bajo reserva, orientada a identificar tanto a los autores materiales de las amenazas como a eventuales instigadores de estas conductas.

Asimismo, se destacó que las tareas investigativas se desarrollan de manera coordinada con la Unidad Fiscal Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente, dada la alta proporción de menores involucrados en los hechos.

En paralelo, desde el Ejecutivo provincial se anunció una medida destinada a desalentar este tipo de hechos. La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, confirmó que el gobierno comenzó a efectivizar el cobro de los operativos de seguridad a los padres de los menores que resulten responsables.

“Los operativos van entre 5 y 6 millones de pesos”, dijo Virginia Coudannes. Foto: El Litoral

“Los operativos van entre 5 y 6 millones de pesos”, explicó la funcionaria, quien remarcó que la decisión fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Coudannes insistió en que “los padres tendrán que responder” y reforzó el mensaje institucional sintetizado en el lema: “No es broma, es delito”. Además, destacó que la consigna comenzó a ser replicada por estudiantes en redes sociales, con contenidos que reivindican a la escuela como un espacio seguro.

Desde la Fiscalía General también se hizo hincapié en la necesidad de extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en lo relativo a la tenencia de armas de fuego o material balístico. En ese sentido, se recordó la obligación legal de mantener estos elementos bajo resguardo estricto y fuera del alcance de menores.

Finalmente, desde el gobierno provincial ratificaron la continuidad de políticas públicas orientadas a recomponer el clima en las instituciones educativas. “La escuela tiene que volver a ser un espacio de contención y educación”, sostuvo Coudannes, al tiempo que valoró el compromiso de la comunidad educativa frente a una problemática que combina dimensiones penales, sociales y culturales.

(Por Mariela Goy) - La seguidilla de amenazas de presuntos tiroteos en escuelas, que estarían vinculados a desafíos virales que circulan en redes sociales, disparó múltiples respuestas tanto en Santa Fe como en todo el país. Para el médico psiquiatra por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), docente universitario y autor de libros, Lucas Raspall, el fenómeno es "muy grave" y expone una dificultad más profunda: la falta de articulación entre familias y escuelas para acompañar a chicos y adolescentes en un entorno digital que funciona las 24 horas.

En diálogo con El Litoral, plantea que no hay soluciones simples ni únicas, y que el eje debe correrse del control hacia la educación y el acompañamiento de los chicos y adolescentes en lo cotidiano.

-A partir de estos casos, ¿cómo leer este fenómeno de amenazas que parecen replicarse entre estudiantes como una suerte de imitación de los que sucedió en San Cristóbal? Porque para ser una broma, es grave.

-Es muy grave. Pero la primera reflexión que nos toca como madres, padres y educadores es no buscar una causa única. Tendemos a simplificar diciendo "el problema son las redes" o "son los desafíos virales", porque eso nos da una sensación de control. Y quizá el fondo de la cuestión y lo que más nos inquieta es justamente que no tenemos control sobre estas situaciones.

Esto incluye desafíos virales, redes sociales -las que conocemos y las que no- y también algo clave: muchas veces no sabemos qué está pasando porque no estamos acompañando. Nos quedamos en una pretensión de control, cuando en realidad la vía es el acompañamiento y la educación, sin que esto tampoco garantice nada. Es una realidad incómoda, pero es real.

Mensajes de amenazas fueron hallados en diferentes escuelas del país Foto: colegio de Río Cuarto.

-En las escuelas se están dando o están previstas charlas, incluso con abogados que explican consecuencias penales de estos hechos a los adolescentes. ¿Por dónde debería ir el abordaje?

-Que la escuela participe es fundamental, es necesario y está muy bien que lo haga. Pero a mí me inquieta más que las familias no lo estén tomando. Hay una especie de delegación: "esto le corresponde a la escuela". Y no es así. A mí eso me da la impresión de una imponencia velada. Si lo pudiéramos decir desde la humildad ("no sé cómo hacerlo"), habría una oportunidad de pensar juntos. Pero muchas veces aparece esta idea de que lo que pasó en una escuela es problema de esa escuela, por ejemplo, con el caso de San Cristóbal. Es un delirio pensarlo así.

-Porque además las redes funcionan 24/7, exceden el tiempo escolar.

-Las redes funcionan 24/7. El teléfono lo compra la familia, lo paga el padre, la madre. Entonces no podemos no estar. Yo no veo que exista esa unión entre las dos instituciones más relevantes, que son la escuela y la familia. Entonces, está muy bien que la escuela lo tome, que lleve abogados para mostrar las consecuencias de los actos, sobre todo a partir de que hoy también menores de dieciséis son punibles, o que lleve a personas que tengan alguna formación específica para hablar sobre el uso de redes sociales; está muy bien. Pero si en la escuela se habla del tema y después en casa no pasa nada, ese mensaje queda incompleto.

Raspall insta a no hacer lecturas simplistas que echan la culpa sólo a las redes o a los retos virales.

-¿Qué rol deberían asumir concretamente madres y padres?

-Primero, estar. Parece obvio, pero no lo es. Y después, entender que no alcanza con lo individual. Podés poner controles parentales, prohibir cosas, pero si el dispositivo está muy restringido, el chico va a usar el de un amigo. Por eso hacen falta acuerdos comunitarios entre adultos. Si creemos que podemos cuidar a nuestro hijo de manera aislada, estamos equivocados. Si no hacemos nosotros acuerdos comunitarios entre las personas adultas que somos responsables de generar los ambientes en los que los chicos, las chicas se desarrollan, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer.

Por eso apunto siempre a este paradigma de la complejidad, que busca resortes que tienen miles de variables. Y en esto de que probablemente no hay solución al tema, hay herramientas de intervención para disminuir las probabilidades de que ocurran eventos absolutamente negativos, tragedias como las que vivimos, y están en la educación.

"Muchas veces aparece esta idea de que lo que pasó en una escuela es problema de esa escuela, por ejemplo, con el caso de San Cristóbal. Es un delirio pensarlo asÍ", dice el médico psiquiatra.

-Algunas familias plantean medidas más extremas, como revisar mochilas. ¿Eso sirve?

-Claramente no se puede y no es la solución. Son respuestas desde la desesperación, comprensibles, pero no efectivas. No se trata de llenar las escuelas de mecanismos de control, como detector de metales, como si eso resolviera el problema de fondo. Esto pasa también en otros ámbitos, cuando los adolescentes salen un sábado a la noche, por ejemplo. La tentación es controlar todo, pero el eje debería ser otro.

-En ese sentido, ¿la educación es la principal herramienta?

-Sin dudas, no hay una solución definitiva, hay herramientas para disminuir riesgos. Y la principal es la educación. Incluso quienes trabajamos en esto estamos aprendiendo todo el tiempo. Yo acabo de publicar un libro junto con Carlos Vigo, donde revisamos la evidencia de los últimos 10 años en el mundo sobre educación digital, el territorio de la escuela y las interferencias en el desarrollo. Y aun así es imposible actualizar porque esto cambia todo el tiempo; aparecen aplicaciones nuevas constantemente.

Hoy incluso los docentes están aprendiendo sobre esto, igual que las familias. No hay manuales cerrados. La respuesta no viene solo de la academia, viene de estar cerca, de lo cotidiano, de escuchar qué hacen o qué no hacen, de involucrarse.

-Usted insiste en la necesidad de un trabajo conjunto familia y escuela. ¿Esa es la clave?

-Hay una tensión más de parte de la familia hacia la escuela. La escuela no sabe ya cómo buscar en la familia un socio, cómo hacer para convocarla. Y la familia no sabe cómo hacerse cargo de algo que siente que no maneja. Pero ahí está la clave. Necesitamos corrernos del enfrentamiento y pasar a una lógica de cooperación porque los chicos crecen en un entramado.

Por Noelí Rojas(El Litoral)

Nada será igual en la Escuela Normal Superior N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, se regresará a donde ocurrió el trágico hecho que terminó con la vida de Ian Cabrera, un alumno de primer año, con todo lo que eso significa.

Para recordar, las actividades se retomaron el pasado jueves 16 con una dinámica abierta y flexible. La modalidad fue por grupos, con docentes elegidos por los alumnos y de manera ordenada.

Finalmente se anunció la decisión de que la comunidad educativa del nivel secundario, en su totalidad, regrese a clases este martes de 8:35 a 11:40 y, paulatinamente, se irá ampliando el horario. Aclarando que la materia Educación Física que se dicta en contraturno continúe con los días y horarios habituales para cada curso.

En la escuela se ultiman detalles y preparan las instalaciones para el reencuentro con actividades pensadas especialmente por lo que sucedió, atendiendo las necesidades de los chicos de hablar, escucharse y reflexionar. Desde el establecimiento informaron a las familias que estarán pendientes de las individualidades y de las situaciones particulares y pidieron acompañamiento en el proceso.

La semana pasada, los chicos volvieron a la escuela por turnos y realizaron encuentros programados y organizados. En el edificio histórico de la escuela 40 izaron la bandera nacional como se hacía cada mañana al comenzar la jornada. Después se dirigieron al edificio central, los docentes les consultaron a los chicos si se sentían preparados para trabajar allí o si querían estar trabajando en otra dependencia de la institución o en un aula específica. Cada grupo eligió el espacio según donde estaban más cómodos y tranquilos.

Sobre esto se le consultó al director de la Regional IX de Educación, Maximiliano Rodríguez, quien contó que “estuvimos el jueves en la escuela cuando comenzaron las actividades con los chicos, empezando a transitar nuevamente el espacio, a tratar de volver a una cotidianeidad, con actividades que fueron planeadas para que ellos de a poquito puedan acceder a los espacios áulicos”.

“Los mismos alumnos pidieron ingresar al edificio central porque querían hacerlo propio nuevamente, recorrerlo, transitar esas emociones que ellos han vivido ahí”, amplió.

Según sus declaraciones, el primer día fue muy auspicioso porque había mucha expectativa sobre cómo iban a reaccionar los estudiantes, pero lo hicieron de una manera muy madura; se notó que deseaban volver al establecimiento escolar y que tampoco quieren perderse las actividades que tiene la escuela 40 a lo largo del año.

En cuanto a las otras escuelas de la ciudad, las clases se desarrollan normalmente durante toda la jornada, con actividades pedagógicas y, a su vez, adquiriendo aprendizajes. También tuvieron reuniones con los padres sobre lo ocurrido y se respondieron sus consultas e inquietudes.

Fue amplia la concurrencia de los padres a las reuniones que se planificaron, con algunas preocupaciones sobre el tema de la seguridad, cómo se estará trabajando en la escuela y qué acciones se están coordinando. Este lunes continuaban las reuniones que se suspendieron por el mal clima.

Sobre la información que se les brinda a los papás, Rodríguez indicó que “las familias tienen que saber que en coordinación con el gobierno provincial, con todos los ministerios intervinientes como Educación, Salud, Desarrollo e Igualdad, Seguridad, y la Municipalidad se está trabajando en lo que se denomina una ‘mesa chica’. El objetivo es tomar decisiones y acciones entre todos y después transmitirlas a la comunidad”.

Este grupo “se reúne todos los martes, pero esta semana se hará una ‘mesa ampliada’ porque van a estar otras instituciones como clubes, vecinales, escuelas para escuchar también cuáles son sus ideas, sus propuestas y buscar la manera para que todos los sancristobalenses podamos ir en el mismo sentido y trabajar en conjunto”.

Recogiendo todas la voces de la sociedad, escuchando a los padres y a los alumnos, las autoridades decidieron que fuera de las escuelas esté un móvil policial con uniformados viendo lo que sucede y otorgando seguridad a la comunidad educativa no sólo de la escuela 40 sino que de todas las demás.

“Les da esa seguridad de que el personal policial los cuida y está observando todo. Se garantiza que esté al inicio de la jornada, cuando finaliza y durante el día están pasando y reforzando el patrullaje por las zonas escolares”, aseguró el director regional de Educación.

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe ampliaron este lunes la información vinculada a la comunicación dirigida a las familias ante los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos, en particular aquellos asociados a carteles, pintadas y mensajes que simulan tiroteos. Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias legales y económicas de estas conductas: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, recordaron.

El detalle se brindó en una conferencia realizada en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno, encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, además de la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín.

Prevención y rol de las familias

En ese marco, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.

Asimismo, la cartera educativa pidió reforzar el diálogo en los hogares y alertó sobre las consecuencias de estas conductas. Goity señaló que, tras lo ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se detectaron nuevas amenazas asociadas a desafíos virales que “alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”.

El ministro indicó que durante la última semana se trabajó en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada situación. Además, se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación y advertencias sobre los riesgos que implican estos hechos.

“Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias”, afirmó Goity, quien convocó a construir una “alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”.

En la misma línea, destacó la implementación del Programa de Educación Digital, orientado a promover un uso responsable, ético y creativo de dispositivos y redes sociales. También mencionó las rondas de convivencia, los espacios de escucha y las capacitaciones como herramientas para abordar estos fenómenos.

65 incidencias en un día

Por su parte, Cococcioni explicó que desde el área de Seguridad se trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA); y por otro, la respuesta ante amenazas concretas mediante llamados o mensajes.

El ministro precisó que “solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la provincia”, lo que activa distintos protocolos de intervención.

En los casos con apariencia delictiva, se da intervención al MPA y se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros elementos. Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.

Consecuencias legales y económicas

Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.

“Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, sostuvo Cococcioni. En ese sentido, remarcó que cada intervención implica un costo operativo elevado y desvía recursos policiales que podrían destinarse a otras tareas de seguridad.

Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará -a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado- en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables.

Según precisó el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, afirmó.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa ante los episodios registrados en los últimos días, vinculados a la aparición de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares. Frente a este escenario, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Y se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a trabajar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.

Además, en ese marco, la cartera provincial pidió reforzar el diálogo en los hogares y advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas.

La comunicación, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que estos hechos no deben interpretarse como bromas o desafíos propios del ámbito escolar. “Estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social”, se remarcó.

En ese sentido, Provincia informó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal de la Nación y sancionado con penas de prisión. Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables para su sometimiento a los procesos correspondientes dentro del fuero penal juvenil.

Desde la cartera educativa insistieron en la necesidad de que los estudiantes comprendan el alcance de este tipo de acciones, en un contexto donde las redes sociales pueden amplificar su difusión y banalizar sus consecuencias. El mensaje oficial apunta a desarticular la idea de anonimato o impunidad en entornos digitales y a visibilizar el impacto real de estas conductas.

En paralelo, se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.Otro de los ejes centrales de la advertencia está vinculado a las consecuencias económicas. Cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la interrupción de las actividades escolares. Este despliegue genera costos significativos para el Estado.

En ese marco, el Ministerio de Educación recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores. En consecuencia, la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los gastos operativos y la reparación de los perjuicios derivados de estos hechos.

La advertencia oficial también pone el foco en el efecto contagio que pueden generar este tipo de prácticas en redes sociales. “Las redes sociales pueden fomentar un efecto contagio, haciendo creer a los jóvenes que la virtualidad o el anonimato los exime de culpa”, se señala. Y se agrega: “Lo que comienza como un reto de TikTok puede terminar con un proceso penal en su contra donde ponen en riesgo su libertad y los bienes de su familia”.

Al mismo tiempo, se pide a las familias acompañar este proceso desde el hogar, promoviendo instancias de diálogo claras y sostenidas con niños y adolescentes. “Solicitamos a las familias dialogar de manera urgente y contundente sobre este tema en los hogares, asumiendo el compromiso irrenunciable de erradicar estas prácticas y proteger a nuestra comunidad”, concluye el documento oficial.

Por Mariela Goy(EL Litoral)

La aparición de mensajes amenazantes que aluden a supuestos tiroteos -que se darían este 17 de abril- encendió la alarma en escuelas de la ciudad de Santa Fe y se replica también en distintos puntos de la provincia. En las últimas horas, al menos tres establecimientos locales debieron activar protocolos de seguridad del Ministerio de Educación, en un contexto atravesado por la sensibilidad que dejó el antecedente reciente de San Cristóbal.

Uno de los casos se conoció a partir de una nota enviada a las familias por la dirección de nivel secundario del Instituto de Estudios Superiores (IES), donde se informó la detección de "un mensaje amenazante en el baño de varones, que luego fue borrado por alumnos", según dice el comunicado enviado por la dirección a los padres.

"Debimos activar el protocolo ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y realizar la denuncia policial correspondiente", explicó la directora, Liliana María Albrecht, en la nota.

Como medida preventiva, se resolvió suspender las actividades escolares por el día viernes. "Para garantizar la seguridad de todos los alumnos y personal de la institución, se ha decidido suspender las actividades de clases y Educación Física para los alumnos en el día de mañana", detallaron.

Nota enviada por uno de los colegios.

En el mismo texto, la conducción escolar apeló a la responsabilidad de las familias y al contexto reciente: "Atendiendo a la sensibilidad por los hechos acontecidos en la escuela de la localidad de San Cristóbal, llamamos a la reflexión sobre la gravedad de realizar este tipo de escritos".

Una situación similar se registró en la escuela "San José" de Guadalupe, donde también aparecieron mensajes de este tipo. "Habiendo tomado conocimiento de los rumores que han circulado y las escrituras encontradas en uno de los sanitarios el día de la fecha respecto de un supuesto hecho de extrema gravedad -posible tiroteo- que tendría lugar en el establecimiento el día 17/4, informamos que las direcciones de los tres niveles de la institución han activado los protocolos internos de procedimiento, ante situaciones de tal magnitud", dice la nota con fecha de este jueves.

La vicedirectora del nivel secundario, María José Depetris, explicó a El Litoral que se actuó conforme al protocolo sin suspender la actividad escolar. "Se hizo la denuncia donde corresponde y se dio intervención a la policía. Comenzó la investigación y estamos ocupándonos de esto", señaló. E indicó que este viernes habrá un patrullero policial a la hora de entrada de los chicos.

Ante la consulta, agregó: "Nos preocupa (esta amenaza) desde nuestro trabajo, nos ocupamos de lo que pasó. Se analizará con el tiempo si corresponde," dijo en relación a eventuales sanciones si se identifica a los responsables.

Otra situación similar se dio en el Colegio Sagrado Corazón, ubicado en el sur de la ciudad, donde informaron que "ante los recientes hechos vinculados a amenazas en instituciones educativas, consideramos necesario reforzar con nuestros alumnos el valor de la responsabilidad en el uso de la palabra, tanto oral como escrita".

"Queremos recordar que toda manifestación de este tipo, aun cuando pudiera interpretarse como una broma, constituye una falta grave y será abordada conforme a las normativas vigentes. La escuela es y debe seguir siendo un espacio seguro para todos", adujo la institución en una comunicación.

El colegio remarcó que "la seguridad es una responsabilidad compartida entre la institución y las familias", a quienes también solicitó controlar los elementos que los alumnos llevan. Además, instó a "no difundir información no verificada para evitar generar temor". El comunicado subraya la importancia del rol adulto en la contención y en dar aviso ante situaciones preocupantes, informó que ya se dio intervención a las autoridades y confirmó que las clases continuarán con normalidad.

Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que no se trata de hechos aislados. En las últimas horas se registraron amenazas en varias localidades: al menos dos escuelas en Pérez, dos en Rosario y otras en la ciudad de Santa Fe, con menciones a posibles ataques tanto para el día siguiente como para fechas próximas.

Según indicaron, los mensajes aparecen en baños escolares o circulan en grupos de WhatsApp, y en algunos casos se investiga si podrían estar vinculados a desafíos virales difundidos en redes sociales como TikTok.

Ante este escenario, el tema ya es abordado de manera conjunta con el área de Seguridad. Mientras tanto, se recuerda que las instituciones deben aplicar el protocolo vigente: realizar la denuncia al 911 y dar aviso a la regional educativa correspondiente, además de elaborar un acta dejando expresado qué es lo que sucedió. Y en caso de que se presente la autoridad policial, seguir las indicaciones correspondientes.

La reiteración de estos mensajes y su circulación en distintas ciudades refuerzan la necesidad de abordajes preventivos. El clima de preocupación en las comunidades educativas está influenciado por lo ocurrido en San Cristóbal.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, se refirió este jueves por la mañana en Rosario -en ocasión de otra actividades- a la situación en Pérez, donde un alumno habría hecho un comentario sobre un ataque contra sus compañeros.

"Hay una situación muy particular que, en primera medida, nos obliga a ser responsables a la hora de difundir información", señaló el funcionario este jueves en Rosario, al tiempo que advirtió que se trata de un fenómeno que excede a Santa Fe. "Estamos en un momento en el que, a nivel nacional, en cinco provincias distintas vimos escuelas que amanecieron con un mensaje similar en cada una de ellas", explicó.

En ese sentido, Santantino vinculó estos episodios con un posible "efecto de viralización", especialmente entre jóvenes. "Esta cuestión que veíamos trágicamente con el caso de San Cristóbal tiene algún efecto de viralización", sostuvo.

Frente a este escenario, remarcó que "no se puede minimizar ninguna de estas situaciones ni tampoco alentar de manera infundada una conmoción innecesaria", y subrayó la necesidad de diferenciar entre información confirmada y versiones que puedan generar alarma.

Consultado sobre la intervención en el caso de Pérez, el funcionario confirmó que se activaron los mecanismos previstos. "Por supuesto, como se viene haciendo en todos los lugares donde existe aunque sea el más mínimo indicio, ya sea en grupos de WhatsApp o en mensajes escritos dentro de la escuela", indicó. En esa línea, insistió en que "ninguna situación es minimizada o dejada de lado", pero reiteró que es clave "poner en claro cuál es la información fehaciente y cuál es el riesgo real que corren nuestros jóvenes".

Santantino también destacó el trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado. "Hay un trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Educación, y también con Salud", detalló, al recordar que este esquema ya fue aplicado tras el caso de San Cristóbal.

Por Noelí Rojas(El Litoral)

Después de 17 días de la tragedia que conmocionó a la comunidad educativa de la escuela Nº 40 "Mariano Moreno" y a los vecinos de la ciudad de San Cristóbal, este jueves por la mañana se realizó el regreso progresivo al aula, tanto de los estudiantes del nivel secundario, como de sus docentes y el equipo directivo.

Mediante comunicación vía WhatsApp, redes sociales y reuniones de padres, se citó a los alumnos al edificio histórico, es decir, al establecimiento sur restaurado, al lado del edificio principal donde ocurrió el inesperado y traumatizante hecho. Allí se hizo el izamiento de la bandera. Luego de eso, se plantearon actividades para realizar en conjunto con los profesores, de reflexión y acompañamiento.

El regreso estaba previsto para el miércoles 15, aunque por cuestiones climáticas se decidió que sea este jueves 16, a partir de las 8:35.

La modalidad de la vuelta a las actividades se lleva a cabo en grupos, de manera paulatina y ordenada. Jueves les tocó de 8:35 a 10:05 a los alumnos de 3º Humanidades, Ciencias Sociales y 3º Naturales, después de 10:20 a 11:40 a los estudiantes de 5º Artes Visuales y los cursos 2º B y C.

El objetivo de que vuelvan a la escuela por turnos es para poder realizar encuentros programados y organizados. Después de izar la bandera nacional, fueron todos juntos al patio del edificio central, donde les consultaron a los chicos si se sentían preparados para trabajar allí o si querían estar trabajando en otra dependencia de la institución o en un aula específica. Cada grupo eligió el espacio según donde estaban más cómodos y tranquilos.

Además, este mediodía se concretó el regreso del nivel inicial y, por la tarde, de los estudiantes del nivel terciario.

El próximo lunes 20 estarían de regreso los alumnos en su totalidad pero aún no confirmaron el horario del reencuentro. Desde la escuela informaron a las familias que estarán pendientes de las individualidades y de las situaciones particulares y pidieron acompañamiento en el proceso.

Por Noelí Rojas

Este lunes por la mañana, por disposición de la justicia, pudieron ingresar al establecimiento escolar el personal no docente y los directivos de la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, con el objetivo de que poco a poco todo vuelva a la normalidad.

Durante dos semanas, la escuela se preservó como una escena del crimen y estuvo resguardada la institución bajo vigilancia policial hasta que finalizara la investigación principal que, si bien continúa, el edificio quedó liberado para su uso diario. Además, días pasados se concretó la entrega de las pertenencias que quedaron dentro de la Escuela N° 40, citando a padres y alumnos a que se acerquen a retirar útiles escolares, bicicletas y motos que habían quedado allí al momento del ataque.

Tras la habilitación, El Litoral estuvo en el lugar desde muy temprano y registró cómo los asistentes escolares estuvieron realizando trabajos de limpieza y acondicionamiento, tanto en el interior como en el exterior de la escuela. Se los pudo observar barriendo, quitando las hojas caídas y quitando los restos de las velas que se habían prendido, entre otras tareas de mantenimiento.

Todo sucedió el lunes 30 de marzo, alrededor de las 7 de la mañana, en el ingreso de los alumnos del nivel secundario, cuando un estudiante de 15 años entró con una escopeta calibre 12/70, la cargó con cartuchos y comenzó a disparar en el patio interno de la escuela.

Las detonaciones provocaron la muerte de un adolescente de 13 años que cursaba primer año e hirieron a dos chicos que debieron ser hospitalizados. El caos y el miedo se apoderaron de la comunidad educativa de la escuela 40 y de la sociedad sancristobalense. Fue algo sumamente inesperado y traumatizante.

La justicia tiene bajo custodia al joven G.C. que asesinó a Ian Cabrera y detuvo días después a otro chico de 16 años, de iniciales N.C., como partícipe secundario del crimen.

De manera oficial, se autorizó que se retomen las actividades educativas en el edificio de la Escuela Normal N° 40. El Ministerio de Educación de la provincia, junto con el equipo directivo y docentes, definió un esquema de retorno progresivo.

Los días lunes 13 y martes 14 de abril se destinarán a tareas de limpieza, organización y reparación del establecimiento. A partir del miércoles 15 comenzará el regreso gradual de los distintos niveles educativos, después de las reuniones que harán con las familias de los alumnos.

(Por Juliano Salierno) - La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, presentó el 9 de abril su Informe de Gestión 2025 ante la Legislatura santafesina, en una exposición donde combinó definiciones políticas con datos duros para describir un escenario en transformación: menos homicidios que en años anteriores, pero con nuevas expresiones de violencia, particularmente entre jóvenes.

Los cinco fiscales regionales acompañaron a la titular del MPA. Foto: Guillermo Di Salvatore

“Este es un acto republicano fundamental de rendición de cuentas”, afirmó al inicio de su discurso, enmarcando la presentación en la reciente reforma constitucional que consolidó la autonomía del organismo. Sobre esa base institucional, la titular del MPA trazó un diagnóstico que tuvo como eje la mutación de la violencia en la provincia.

Vranicich sostuvo que los niveles de violencia letal muestran una tendencia a la baja, aunque advirtió que el fenómeno está lejos de resolverse. Los números del informe respaldan esa afirmación: en 2025 se registraron 210 homicidios dolosos, con una tasa de 5,7 cada 100.000 habitantes, uno de los valores más bajos de la última década.

Sin embargo, la fiscal remarcó que el problema sigue concentrado territorialmente. El departamento Rosario acumuló 115 de esos crímenes, más de la mitad del total provincial, y en ese contexto adquiere centralidad el vínculo con economías ilegales: allí, 6 de cada 10 homicidios estuvieron asociados a organizaciones criminales.

En esa línea, también se evidenció el peso de la violencia armada. “Hay una multicausalidad en la baja de los niveles de violencia”, sostuvo, aunque los datos muestran que el 70,5% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego —81,7% en Rosario— y que durante el año hubo 855 personas heridas por disparos.

Uno de los tramos más enfáticos del discurso estuvo dedicado a las nuevas formas de violencia protagonizadas por adolescentes, centralizado en el crimen de Ian Cabrera, de 13 años, en la escuela Moreno de San Cristóbal. “Hoy, en el contexto que nos encontramos, son las violencias juveniles las que se imponen en el centro del debate público”, afirmó.

“No estamos esperando la denuncia policial para actuar", dijo Vranicich. Foto: Guillermo Di Salvatore

Para ilustrar ese fenómeno, la fiscal enumeró otros casos recientes de alto impacto ocurridos en distintas localidades, y sostuvo que existe un cambio de paradigma en la forma en que se configuran estos hechos. “Esta violencia adolescente extrema nos interpela en el mundo adulto”, advirtió.

En ese análisis, introdujo un factor novedoso: el rol de las redes sociales y entornos digitales. “El submundo a través de las redes donde niños, niñas y adolescentes encuentran un lugar de contención, pero no desde la empatía, sino desde el odio”, describió. A ello sumó la dificultad investigativa: “Se comunican por aplicaciones que no dejan rastros”.

Frente a este escenario, Vranicich defendió la estrategia del MPA basada en objetivos priorizados. “Hemos reafirmado el trabajo de un plan de persecución penal”, indicó, con foco en las violencias altamente lesivas, la corrupción institucional, las víctimas vulnerables, la violencia de género, los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.

Los indicadores muestran avances en esa línea. El índice de individualización de autores en homicidios alcanzó el 62,2%, y se dictaron 258 condenas por ese delito durante el año. En paralelo, se registraron 1.044 causas por extorsión —con fuerte concentración en Rosario— y 87 condenas.

En materia de microtráfico, uno de los ejes centrales de la política criminal, se contabilizaron más de 15.000 ingresos, con 2.513 investigaciones formalizadas y 350 condenas. Además, se realizaron 63 operativos de derribo de puntos de venta, alcanzando los 111 desde la vigencia de la ley que autoriza a la provincia a combatirlo.

“No estamos esperando la denuncia policial para actuar, generamos nuestras propias investigaciones”, subrayó la fiscal, al describir un cambio en la lógica de intervención del organismo.

El control de armas ocupó también un lugar destacado en la exposición. Durante 2025 se enviaron a destrucción 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones, en una política que el MPA considera clave para reducir la violencia letal.

En cuanto a la violencia de género, el informe registró 30 homicidios de mujeres, de los cuales 18 estuvieron vinculados a este tipo de violencia (femicidios y transfemicidios). “La violencia de género existe y falta muchos años para que podamos desterrarla”, afirmó Vranicich.

Los regionales de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto estuvieron presentes. Foto: Di Salvatore

Además, la fiscal incorporó al análisis otras muertes violentas, especialmente suicidios, en línea con recomendaciones internacionales.

Según los datos del informe, en 2025 se registraron 964 muertes violentas: los suicidios representaron el 46,5% del total (448 casos, con una tasa de 12,7 cada 100.000 habitantes), seguidos por los homicidios culposos en siniestros viales con el 31,7% (306 casos) y, en menor proporción, los homicidios dolosos con el 21,8% (210 casos).

La fiscal planteó que esta lectura permite dimensionar que el grueso de las intervenciones del sistema no se agota en la violencia intencional, y advirtió además sobre una carga de trabajo menos visible.

En ese sentido, destacó que cada muerte bajo sospecha —incluidos los suicidios— activa protocolos complejos de investigación, con peritajes y medidas probatorias, lo que amplía significativamente la actividad del MPA más allá de los delitos tradicionales.

Finalmente, la titular del MPA dejó planteadas tensiones con el Poder Judicial. Cuestionó decisiones de jueces que se declaran incompetentes en causas relevantes -“Le pedimos a los jueces que comiencen a entender la lógica de trabajo”, reclamó-; y apuntó contra la Corte Suprema provincial por la falta de respuesta en torno al Centro de Justicia Penal de Santa Fe.

En ese contexto, Vranicich profundizó sus cuestionamientos hacia la Corte señalando que, conforme a la nueva arquitectura constitucional, existía una cláusula que obligaba a contemplar la participación de los actores del sistema en las decisiones sobre infraestructura judicial, lo que —según afirmó— no fue respetado.

“Estoy contando objetivamente lo que pasó”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta a las notas remitidas por el MPA y el MPD, incluida una presentación formal del 1 de abril que aún no obtuvo contestación.

En ese marco, advirtió que este tipo de decisiones unilaterales no sólo tensionan el vínculo entre poderes, sino que también impactan en las condiciones operativas del organismo en una etapa de transición institucional marcada por la reciente consagración de su autonomía.

La causa por la tragedia en San Cristóbal sumó este jueves un nuevo capítulo. La Justicia de Santa Fe avanzó sobre el segundo adolescente detenido y le puso una imputación concreta.

En una audiencia realizada este jueves en los tribunales de San Cristóbal, la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 5, Carina Gerbaldo, y el fiscal Mauricio Spinosa imputaron a un adolescente punible como partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas, también por el uso de arma de fuego, por el ataque cometido el pasado lunes 30 de marzo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”.

El dato central de la jornada no fue sólo la atribución penal. También lo fue la cautelar. Después de formular los cargos, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación solicitaron que el joven investigado sea alojado en un instituto de puertas cerradas. El tribunal hizo lugar al planteo y dispuso que la medida se extienda por 90 días.

Según se informó, al adolescente se le atribuyó haber tenido una participación secundaria en el hecho. Es decir, haber prestado colaboración a quien ejecutó los disparos, aunque esa ayuda, según la acusación, no fue esencial ni determinante para que el ataque se concretara.

Ese punto es el que delimita la calificación escogida por los fiscales. No se le imputó haber sido autor material ni coautor del tiroteo, sino haber colaborado con quien llevó adelante la secuencia que terminó con un adolescente muerto y con dos tentativas de homicidio agravadas reconocidas en esta etapa procesal.

Sigue la conmoción por lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Durante la audiencia, Gerbaldo y Spinosa le hicieron saber al joven “los hechos con apariencia de delito” que se le atribuyen y reclamaron la medida de encierro con dos argumentos principales: preservar la investigación en esta etapa inicial y resguardar a las víctimas. El tribunal acompañó ese criterio.

La calificación penal fue aceptada judicialmente en los términos planteados por el Ministerio Público de la Acusación: partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas, también por el uso de arma de fuego.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que existen “evidencias contundentes” de que el adolescente punible conocía las intenciones del autor del ataque y que, aun así, “lo revalidó a concretar su objetivo delictivo”.

Ese planteo conecta con lo que ya venían insinuando las líneas investigativas abiertas en las últimas jornadas. Desde el inicio, los pesquisas no concentraron toda la atención sólo en el adolescente señalado como autor del disparo, sino también en su entorno y en la posibilidad de que otras personas hubieran tenido algún grado de intervención indirecta, conocimiento previo o acompañamiento.

La situación del segundo adolescente había tomado estado público tras su detención en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson. Según lo informado previamente por fuentes oficiales, el procedimiento se realizó luego de 24 horas de vigilancia y seguimiento sobre determinados domicilios y personas, en el marco de una tarea coordinada entre la Fiscalía Regional Quinta, el MPA, la Policía de Investigaciones y la Policía Federal Argentina, con intervención de una brigada especial antiterrorista.

En una conferencia de prensa realizada días atrás en Casa de Gobierno, el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, había explicado que la información sensible se reservaba porque primero debía ser comunicada al imputado en la audiencia respectiva, bajo el procedimiento de menores. En esa instancia también confirmó que el detenido era una persona menor de edad punible, aunque evitó brindar precisiones sobre edad, identidad y vínculo puntual con el caso.

Sigue la conmoción por lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. Foto: El Litoral.

Aquella detención, que en un primer momento había abierto interrogantes sobre el grado de involucramiento del joven, encontró ahora su traducción judicial. Ya no se trata sólo de una línea investigativa en desarrollo o de una sospecha bajo reserva. Desde este jueves hay una acusación formal, una calificación penal y una medida cautelar de encierro.

Otro dato relevante de la jornada es que en la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas de los hechos cometidos en el establecimiento escolar.

La referencia marca, por un lado, la dimensión pública y emocional que sigue teniendo la causa en San Cristóbal. Y por otro, deja ver que cada avance judicial ocurre con una comunidad todavía atravesada por el impacto de lo ocurrido en la escuela.

La tragedia de la Mariano Moreno sigue produciendo sus efectos. Recién este miércoles, los docentes de las demás escuelas de la ciudad retomaron sus tareas, con reuniones plenarias y actividad especiales, todavía en un marco de anormalidad. Mientras que la institución donde sucedió la tragedia permanece, todavía, con sus puertas cerradas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindaron detalles este miércoles por la mañana sobre los avances en la investigación del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un estudiante de 13 e hirió a otros jóvenes.

Ambos funcionarios coincidieron en que el hecho se inscribe en un fenómeno vinculado a subculturas digitales violentas de alcance internacional.

Durante la conferencia realizada en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pullaro destacó el trabajo articulado entre las fuerzas provinciales y federales, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. “Los indicadores de violencia y delito muestran niveles históricamente bajos, lo que refleja un abordaje coordinado e integral”, afirmó.

El mandatario santafesino sostuvo que el autor del ataque “no tuvo un brote psicótico ni había sido víctima de bullying”, sino que participaba de una red internacional denominada TCC (True Crime Community), que promueve la fascinación por delitos violentos y, en algunos casos, la imitación de estos hechos en entornos escolares.

Según explicó, se trata de un fenómeno “nuevo y diferente” que obliga al Estado a desarrollar herramientas de prevención.

Pullaro también valoró la respuesta de la comunidad educativa de San Cristóbal, que -dijo- “trabajó con compromiso para atravesar una situación para la que no estábamos preparados”, y destacó el retorno paulatino a la normalidad en las escuelas.

Por su parte, Monteoliva resaltó el trabajo de los equipos de investigación y subrayó la importancia de mantener la reserva en este tipo de procesos para garantizar resultados. “No estamos ante un hecho aislado ni vinculado al bullying, sino frente a comunidades virtuales que reúnen a niños y adolescentes en torno a la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”, explicó.

La ministra indicó que en Argentina se identificaron 15 casos vinculados a estas subculturas y que otros cuatro permanecen bajo análisis. En ese marco, consideró clave visibilizar el fenómeno para generar respuestas preventivas que involucren a familias, escuelas, educadores y comunicadores.

De la conferencia participaron también el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle; y el responsable de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas, Guillermo Díaz.

Díaz detalló que la investigación se inició a partir del análisis de redes sociales y derivó en allanamientos, peritajes digitales y la reconstrucción del hecho en el ámbito escolar. A partir del análisis forense del teléfono del agresor, se identificó la vinculación con otro menor, lo que permitió avanzar en nuevas medidas judiciales.

El funcionario explicó que la comunidad TCC es “transnacional, multifacética y descentralizada” y que sus integrantes -en su mayoría adolescentes- comparten contenidos en foros y plataformas cerradas, donde glorifican a perpetradores de masacres y, en algunos casos, planifican ataques.

Asimismo, señaló que los jóvenes investigados también presentaban vínculos con otras corrientes digitales como los llamados “incels” (célibes involuntarios) y grupos catalogados como de riesgo por organismos internacionales. “Se trata de entornos virtuales que pueden derivar en conductas extremas y requieren un abordaje específico desde el Estado y la sociedad”, concluyó.

Entre otros expedientes con tratamiento preferencial, para este jueves 9 de abril se encuentra en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que crea un programa cuyo eje son los alumnos de las escuelas secundarias y sus emociones. Nada más actual.

La iniciativa se apoya en la experiencia de una medida dispuesta en 2017 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, y procura crear un "Espacio de Escucha y Acompañamiento emocional para estudiantes de las escuelas secundarias y técnicas, de gestión oficial y de gestión privada de la Provincia de Santa Fe.

El texto no es una mera declamación de buenas intenciones. Propone sumar y poner en el escalafón del Ministerio de Educación a "psicólogos, psicopedagogos, counselors (1), licenciados en trabajo social y aquellos profesionales y docentes que tengan títulos profesionales y capacitación pedagógica, de conformidad a la competencia que otorgue la Unidad de Incumbencias y Competencia de Títulos".

La propuesta que coincide con la próxima sesión de los senadores ingresó en noviembre de 2025 y su tratamiento se ha postergado en varias oportunidades desde entonces. El día 19 de marzo se le brindó una nueva promesa de tratamiento con preferencia, casi dos semanas antes de los trágicos sucesos de la ciudad de San Cristóbal.

Su autor es un senador que, además, es médico. En sus fundamentos, el representante por San Jerónimo, Leonardo Diana, subraya el impacto que la pandemia (con sus angustias y restricciones) seguramente dejó en los chicos que hoy son alumnos de ese nivel educativo. El objetivo es mejorar la convivencia en esas instituciones, con la ayuda de profesionales, de manera sistemática.

La norma en discusión sostiene que se debe avanzar en "la formación de facilitadores de convivencias", de acuerdo con lo dispuesto por una resolución de Educación de 2009, que ya ponía el tema sobre el tapete.Años después, el decreto 0174 de 2017, creaba como espacio curricular las "Ruedas de Convivencia" para todos los establecimientos de educación secundaria y de educación técnica, de gestión oficial y de gestión privada. Como ahora la ley en discusión planteaba afectar el presupuesto y darle un lugar en el escalafón de Educación a expertos en salud emocional.

Además, una vez dictado ese decreto hubo más intentos de replicarlo pero por ley en el Senado. En junio de 2025 el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) presentó una iniciativa en igual sentido, que procuraba la capacitación de los docentes en materia de convivencia. El representante del peronismo tomó en aquel caso una iniciativa de estudiantes del 6to año de la Escuela de Educación Técnica N.º 495 "Malvinas Argentinas" de Rafaela, en el marco del programa Ciudadanos en el Senado en el año 2024.

El programa que propone Diana "tendrá el carácter de actividad grupal como así también individual en las situaciones que el alumno así lo solicite" y obviamente faculta a las autoridades educativas a "resolver cuestiones no previstas en la presente" y a "dictar las normas que resulten necesarias para la implementación del presente programa".

"Este tipo de proyectos, apunta a correrse de viejos paradigmas, educativos y de salud, fomentando espacios donde los jóvenes puedan abrirse y construir junto a su consejero un vínculo adecuado, donde la información, escucha y contención, le permitan pensarse y construirse como sujeto y ciudadano, reflexionando sobre sí mismos", dice en los considerandos el proyecto del senador radical.

"Estoy convencido que desde la educación formamos académicamente, pero también debemos apuntar a construir una sociedad con seres individuales, que puedan armas su proyecto de vida, y que puedan sumar todo su potencial al desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país. Este programa tiene como antecedente el historial de experiencias favorables y beneficiosas para los jóvenes de nuestra provincia del Programa de Ruedas de Convivencia impulsado por el gobierno del Ing. Miguel Lifschitz; en tanto que nuestra propuesta retoma las virtudes de dicho programa y tiene por objetivo fortalecerlo, expandirlo y aggionarlo a la coyuntura post pandémica que presentan los adolescentes", agrega.

El principal aporte de la ley en comisiones del Senado es que "establece que los profesionales a cargo de brindar dicho espacio, sean profesionales idóneos en la temática, como así también, se propone expandir el servicio a todos los niveles secundarios y habilitar un espacio de atención y escucha individual cuando el joven así lo requiera".

Un counselor o consultor psicológico es un profesional de la salud, formado en un enfoque humanista, que brinda orientación y apoyo en crisis vitales, duelos, conflictos familiares o desarrollo personal. A diferencia de un psicólogo, no trata psicopatologías ni medica; se enfoca en personas sanas que buscan superar estancamientos, promoviendo el autoconocimiento y la toma de decisiones.

Mariela Goy

Tras días atravesados por la conmoción, las escuelas de San Cristóbal se preparan para retomar la actividad con un esquema progresivo y centrado en el acompañamiento emocional de las comunidades educativas. Este miércoles volverán a abrir sus puertas todas las instituciones, con excepción de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, que continuará cerrada al menos durante toda la semana debido a la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La jornada de este 8 de abril estará destinada exclusivamente a los equipos docentes y directivos, quienes participarán de instancias de trabajo colectivo, reflexión y planificación institucional. Según se informó desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, la idea es que cada escuela, de acuerdo a sus particularidades, organice estrategias para el regreso cuidado de los estudiantes. Recién el jueves comenzará la reincorporación de los alumnos a las aulas.

La tragedia ocurrida en la Escuela Mariano Moreno enlutó a la comunidad de San Cristóbal.

Desde la cartera se planteó que no se trata de una vuelta a la rutina habitual, sino de un proceso gradual, con eje en la escucha, la contención y la reconstrucción de los vínculos al interior de cada comunidad escolar.

En tanto, este martes por la tarde, se realizó un encuentro con todos los docentes de la Escuela N° 40 -en un espacio de la Sociedad Rural- que dejó al descubierto el profundo impacto emocional que atraviesa a la comunidad educativa, tras el tiroteo por parte de un alumno de 15 años en el que resultó muerto otro estudiante de 13.

Divididos por niveles -inicial, primario, secundario y superior-, alrededor de un centenar de docentes comenzó a pensar cómo será el regreso de los alumnos -cuando se produzca-, en un contexto donde todavía predominan las incertidumbres y la angustia.

“Se pensaron ideas, como jornadas o espacios de intercambio, pero no una vuelta tradicional de clases”, relató a El Litoral una docente que asistió al encuentro.

Por momentos, el ruido ambiente y la falta de sillas hacían que todo pareciera caótico, pero el silencio se imponía cada vez que alguien lograba poner en palabras la desolación. “Valoré mucho cuando hablaron nuestros directivos. Aunque no haya un ‘protocolo mágico’ que resuelva la incertidumbre de las familias, lo que se vivió fue un acercamiento necesario”, expresó la profesora.

También destacó la presencia de autoridades provinciales, que buscaron transmitir acompañamiento mientras avanza la investigación judicial que mantiene cerrada la institución. “Fue un primer paso, aunque todavía nos falta mucho”, resumió.

Más allá del trabajo institucional, lo que sobrevoló la jornada fue el impacto humano. Docentes visiblemente afectados, algunos entre lágrimas o con el rostro de preceptores y profesores “desfigurados del cansancio y la angustia”, describió. La sensación compartida es la necesidad de acompañarse mutuamente. “No hay soluciones mágicas. Somos personas y tenemos que sostenernos entre todos”, expresó la docente.

La reunión entre funcionarios de Educación y docentes es uno de los dispositivos desplegados desde el equipo interministerial de Gobierno que actúa ante el trágico hecho. En ese marco, en la conferencia de prensa del pasado lunes, desde Rosario, el ministro de Educación, José Goity, informó que se envió una circular a todas las instituciones educativas de la provincia con orientaciones específicas para abordar lo sucedido en San Cristóbal.

El documento propone un enfoque centrado en el cuidado y la palabra, al considerar a la escuela como “uno de los lugares de encuentro más importantes y donde se generan lazos de pertenencia”.

Lo ocurrido en San Cristóbal conmocionó al país.

Entre las directrices principales, la circular solicita: Generar espacios áulicos reducidos para que circule la palabra sin juzgar; evitar la reproducción innecesaria de relatos o detalles que puedan generar mayor daño; promover el uso responsable de la tecnología y el respeto por la intimidad; actuar de manera coordinada con los equipos socioeducativos, evitando una “mirada investigativa” de las causas del hecho.

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de brindar escucha activa, habilitar el diálogo respetuoso, evitar la reproducción innecesaria de información que pueda generar más daño y promover el uso responsable de las tecnologías. También se insta a fortalecer el vínculo con las familias, trabajar de manera articulada con equipos socioeducativos y sostener el trabajo colectivo entre docentes.

El texto remarca que las personas adultas deben constituirse como una presencia segura y contenedora, evitando trasladar su propia angustia a los estudiantes, y confiando en el criterio pedagógico de cada institución para adaptar estas orientaciones a sus realidades.

Por Gonzalo Fracchia

Este lunes pasadas las 14 horas se realizó una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno de Santa Fe en el marco de novedades en la investigación de lo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.

A una semana de la tragedia que provocó la muerte de un adolescente de 13 años luego del ataque con arma de fuego efectuado por otro joven de 15, se presentaron avances oficiales en la causa.

Con el director provincial de Investigaciones Criminales de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, al frente del comunicado, afirmaron que el detenido es una persona menor de edad punible. Reservaron la edad y otros detalles de su identidad.

Su relación directa o indirecta con el caso, como así también elementos como la institución educativa a la que asiste, también fueron omitidos. Únicamente se remarcó que el operativo se vincula a la carpeta judicial del homicidio de Ian.

“Nosotros somos respetuosos de que esa información primero se le tiene que brindar al imputado en la audiencia de imputación de cargos respectiva bajo el procedimiento de menores”, explicó Galfrascoli sobre la decisión del hermetismo.

Galfrascoli valoró el trabajo en conjunto de la Fiscalía Regional Quinta, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Federal, destacando en este punto un aspecto de relevancia: el rol de la Unidad Antiterrorista.

“En el día de hoy, luego de 24 horas de un dispositivo activo de vigilancia y seguimiento sobre determinados domicilios y personas podemos lograr en el marco de este operativo en la Ruta 11 y la Ruta 4, cercano al ex peaje de Nelson, la detención”, detalló el funcionario provincial.

“Pudimos hacer un operativo de detención absolutamente limpio en un marco muy difícil por las condiciones climáticas y por el obviamente el desconocimiento de lo que podía ser la actitud de las personas que estábamos siguiendo y que ahora, bueno, por suerte hoy detenida una de ellas”, sumó el director provincial de Investigaciones Criminales.

“Fue detenido en la vía pública, es lo único que podemos decir, por un operativo dispuesto por la Fiscalía Regional Quinta en coordinación con el MPA a través de la fuerza especial que está trabajando asistiendo al MPA y en coordinación con la PDI”, se explayó el encargado del área y subrayó que fue en “coordinación con la Policía Federal ,con esta brigada especial antiterrorista”.

Tanto el encargado de Investigaciones Criminales, como la vocera Virginia Coudannes, coincidieron en que el caso contempla aristas de suma complejidad y que “trasciende” las fronteras de la provincia de Santa Fe e incluso de Argentina al hablar de “redes internacionales”.

Dicha arista resulta ser la que genera mayores interrogantes y que involucraría a entes de nivel nacional.

La detección de amenazas y planificaciones de ataques de similares características a las del cual deriva el caso han tenido en los últimos meses al propio FBI de Estados Unidos involucrado.

Algunos de los ejemplos recientes incluyen avisos del FBI al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) para la posterior detención de jóvenes en Miramar y La Quiaca. Otro de los incidentes recientes se dio en La Lonja (Buenos Aires), donde el joven fue detectado por mensajes vía Discord. En el allanamiento de este último caso se secuestraron cuadernos con listados de grupos terroristas islámicos como ISIS y Hamas, bibliografía vinculada al régimen nazi.

Coudannes explicó que es importante decir que “la suspensión de las clases de estos días tenía que ver con esta investigación más compleja que se estaba realizando, así que en consecuencia de eso, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Educación van a ir tomando las medidas que sean necesarias en el marco de cómo se vaya desarrollando en el transcurso de estos días eh la investigación”.

Tras la visita del gobernador Maximiliano Pullaro a San Cristóbal durante el fin de semana, este lunes el ministro de Educación, José Goity, confirmó la suspensión de clases de la jornada.

"No nos vamos a poner fechas taxativas; esto es un proceso y no podemos imponer plazos. Sí ir hacia la normalización aunque sabemos que nada será igual", argumentó el funcionario previo a la noticia de la detención y sosteniendo el hermetismo.

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe, encabezados por el ministro de Educación, José Goity, brindaron detalles de las acciones que se llevan adelante en San Cristóbal, luego del ataque ocurrido la semana pasada en una escuela de la localidad. Se trata de un abordaje interministerial en el lugar, en un operativo que incluye dispositivos de apoyo psicológico, instancias de diálogo con docentes, directivos y familias, y un esquema de retorno escolar progresivo y flexible.

La intervención del Gobierno de Santa Fe articula a los ministerios de Educación, de Salud, de Igualdad y Desarrollo Humano, y de Justicia y Seguridad, junto con equipos territoriales y organismos de Niñez, en coordinación con la Justicia. Este lunes, en Rosario, Goity encabezó una conferencia de prensa acompañado de Daiana Gallo Ambrosis (secretaria de Gestión Territorial de Educación), Esteban Santantino (secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad), Daniela León (secretaria de Niñez) y Liliana Olguín (subsecretaria de Salud Mental).

Contención y acompañamiento

En primer turno, Goity señaló que “hemos tenido un abordaje desde el minuto cero a través de todas las áreas del Estado, priorizando la contención y acompañamiento de todos los involucrados directa o indirectamente. El gobernador Maximiliano Pullaro está muy involucrado, de hecho este fin de semana estuvimos con él en el territorio para poder tomar de primera mano algunas impresiones y brindar acompañamiento”.

Asimismo, remarcó que “la prioridad es contener a la institución, a los niños y niñas, a los adolescentes, al equipo educativo, que fueron directamente involucrados. Por eso tenemos equipos socioeducativos trabajando de manera permanente. Hemos establecido en el ámbito educativo distintos protocolos, y los actualizamos para el resto de la provincia, lo que implican acciones cuando se detectan armas de fuego o algún elemento peligroso en el ámbito escolar”.

En ese sentido, el ministro explicó que “hoy hay en cada una de las escuelas de la provincia una circular en donde se establecen pautas, asesoramientos y criterios para trabajar este tema, porque habrá que trabajarlo durante mucho tiempo, porque todas las instituciones educativas están conmocionadas”.

Sin clases

Goity recordó que “la Escuela 40 no tendrá clases en el establecimiento por lo menos a lo largo de toda esta semana, eso es por disposición judicial. A la vez estamos trabajando con los docentes y con los equipos directivos, tanto de esa escuela como con el resto de las escuelas de la localidad. Hoy van a estar presentes en la localidad todos los subsecretarios de nivel Inicial, Primario y Secundario”.

En tanto que en el resto de las escuelas de la ciudad “decidimos no dictar clases en los establecimientos por lo menos por 48 horas, habida cuenta de algunos pedidos que tuvimos de la propia localidad. Estamos definiendo procesos de trabajo en el hogar; los docentes van a dar tareas para sostener el proceso educativo y pedagógico”.

“En esto no nos tenemos que poner fechas taxativas. Hay que ser respetuosos de los tiempos y no podemos imponer plazos, sí la voluntad de ir yendo hacia la normalización”, cerró el ministro.

Abordaje conjunto

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, Santantino explicó que el caso “se sigue investigando con mucha profundidad y sin descartar ninguna de las hipótesis”. Asimismo, contó que el gobernador Pullaro “estuvo en diálogo durante todo el fin de semana con la ministra de Seguridad de Nación, y hay un trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones con la Unidad Especial de Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina que sigue trabajando por las derivaciones que puede tener este caso”.

En tanto que desde Niñez, Daniela León contó que “tuvimos una audiencia, que fue fijada por el juez de carácter confidencial, con lo cual el adolescente que cometió el ataque es intervenido por el Gobierno de la Provincia dentro de las competencias correspondientes”.

Finalmente, Gallo Ambrosis se refirió a la circular de Educación que este lunes llegó a todas las escuelas de la provincia, “donde damos pautas de trabajo con respecto a esta temática, porque obviamente nos conmueve y nos invita a reflexionar en cada uno de los establecimientos educativos, pero también dar herramientas para trabajar con las familias”.

Por Noelí Rojas

Este viernes se realizó, en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal,la audiencia de atribución del hecho al joven 15 años, responsable del homicidio cometido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.

Allí estuvieron presentes de manera virtual el atacante G. C., junto a su madre y los abogados que lo representan, además de manera presencial el juez José Alberto Boaglio y los fiscales que atienden la causa: Luis Schiappa Pietra, Carlos Vottero, Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.

Finalizada la audiencia, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación brindaron una conferencia de prensa, aclarando que “el juez resolvió, incluidas las disposiciones que conforman la resolución que él emitió, que se encuentran bajo el principio absoluto de reserva”.

Esto significa que, por el momento, no se conocerá públicamente qué pasará con el agresor ni dónde estará alojado.

“La audiencia se desarrolló en términos normales. Lamentamos tremendamente lo sucedido porque estamos hablando de un hecho extremadamente grave, trágico. Lamento la no presencia en la sala del autor menor no punible de 15 años del hecho”, explicó el Dr. Vottero.

Los padres de Ian Cabrera, la víctima, no quisieron concurrir a la audiencia. Sí estuvieron presentes familiares de los dos jóvenes heridos.

El establecimiento escolar permanecerá cerrado un tiempo más debido a que es la escena del crimen y porque la investigación penal continúa.

“La escena no se va a liberar hasta que el Ministerio Público de la Acusación considere que no se debe realizar ninguna diligencia investigativa más”, indicaron los fiscales, quienes agregaron también que el Ministerio de Educación fue notificado y los funcionarios provinciales decidirán cómo canalizar las clases en los próximos días.

Durante la tarde y noche del miércoles agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policíoa Federal Argentina, allanaron la casa del chico que disparó y mató a un alumno en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. En tanto también fue requisado un comercio donde se desempeña un familiar del menor.

La medida fue dispuesta por la fiscal Carina Gerbaldo, a cargo de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, que conduce una causa de características excepcionales en el ámbito local.

Los efectivos federales también intervinieron un comercio vinculado a la familia del menor. Según fuentes del caso, el joven permanece actualmente en la ciudad de Santa Fe, en un lugar reservado, bajo una condición que fue descripta como de “semi detención”: con resguardo institucional, pero sin una imputación formal posible bajo la legislación vigente.

En paralelo a las medidas judiciales, cobraron relevancia las declaraciones del diputado provincial Marcelo González, quien además es docente de la institución donde ocurrió el hecho. El legislador advirtió sobre la posible existencia de estructuras que operan en entornos digitales y que, mediante dinámicas similares a juegos de rol, captarían a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

González describió un sistema de desafíos escalonados, donde los participantes avanzan en niveles a medida que cumplen determinados objetivos. Según señaló, estas prácticas pueden derivar en conductas cada vez más extremas, bajo una lógica interna que distorsiona la percepción de la realidad.

También indicó que este tipo de fenómenos ya ha sido documentado en otros países, y expresó preocupación por su eventual replicación en contextos locales.

La comunidad sancristobalense despidió al chico fallecido.

En el plano judicial, la causa enfrenta una limitación central: la edad del presunto autor. La audiencia prevista para el viernes en los tribunales de Santa Fe, donde se iban a formalizar los hechos y dictar una resolución procesal, fue finalmente suspendida. El adolescente no resulta punible según la normativa actual, ya que la reforma que reduce la edad de imputabilidad aún no está en vigencia.

En los días posteriores al ataque, una de las hipótesis iniciales apuntó a un posible caso de acoso escolar como desencadenante. Sin embargo, los testimonios recabados hasta el momento no confirmaron esa versión. Por el contrario, trascendieron datos que lo ubican como un alumno integrado, incluso reconocido por sus pares el año pasado.

Al mismo tiempo, la investigación analiza material que circuló en redes sociales, incluyendo supuestos mensajes y publicaciones atribuidos al adolescente con referencias a ataques escolares ocurridos en el exterior. No obstante, las autoridades aún no han verificado la autenticidad de esas cuentas ni su vinculación directa con el hecho.

Con estos elementos, la causa avanza entre medidas de prueba, advertencias sobre posibles influencias externas y condicionamientos legales que limitan el alcance de las decisiones judiciales. El caso, por su impacto y complejidad, continúa bajo seguimiento estrecho tanto en el ámbito judicial como en el político y social.