Por Mariela Goy(EL Litoral)

La aparición de mensajes amenazantes que aluden a supuestos tiroteos -que se darían este 17 de abril- encendió la alarma en escuelas de la ciudad de Santa Fe y se replica también en distintos puntos de la provincia. En las últimas horas, al menos tres establecimientos locales debieron activar protocolos de seguridad del Ministerio de Educación, en un contexto atravesado por la sensibilidad que dejó el antecedente reciente de San Cristóbal.

Uno de los casos se conoció a partir de una nota enviada a las familias por la dirección de nivel secundario del Instituto de Estudios Superiores (IES), donde se informó la detección de "un mensaje amenazante en el baño de varones, que luego fue borrado por alumnos", según dice el comunicado enviado por la dirección a los padres.

"Debimos activar el protocolo ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y realizar la denuncia policial correspondiente", explicó la directora, Liliana María Albrecht, en la nota.

Como medida preventiva, se resolvió suspender las actividades escolares por el día viernes. "Para garantizar la seguridad de todos los alumnos y personal de la institución, se ha decidido suspender las actividades de clases y Educación Física para los alumnos en el día de mañana", detallaron.

Nota enviada por uno de los colegios.

En el mismo texto, la conducción escolar apeló a la responsabilidad de las familias y al contexto reciente: "Atendiendo a la sensibilidad por los hechos acontecidos en la escuela de la localidad de San Cristóbal, llamamos a la reflexión sobre la gravedad de realizar este tipo de escritos".

Una situación similar se registró en la escuela "San José" de Guadalupe, donde también aparecieron mensajes de este tipo. "Habiendo tomado conocimiento de los rumores que han circulado y las escrituras encontradas en uno de los sanitarios el día de la fecha respecto de un supuesto hecho de extrema gravedad -posible tiroteo- que tendría lugar en el establecimiento el día 17/4, informamos que las direcciones de los tres niveles de la institución han activado los protocolos internos de procedimiento, ante situaciones de tal magnitud", dice la nota con fecha de este jueves.

La vicedirectora del nivel secundario, María José Depetris, explicó a El Litoral que se actuó conforme al protocolo sin suspender la actividad escolar. "Se hizo la denuncia donde corresponde y se dio intervención a la policía. Comenzó la investigación y estamos ocupándonos de esto", señaló. E indicó que este viernes habrá un patrullero policial a la hora de entrada de los chicos.

Ante la consulta, agregó: "Nos preocupa (esta amenaza) desde nuestro trabajo, nos ocupamos de lo que pasó. Se analizará con el tiempo si corresponde," dijo en relación a eventuales sanciones si se identifica a los responsables.

Otra situación similar se dio en el Colegio Sagrado Corazón, ubicado en el sur de la ciudad, donde informaron que "ante los recientes hechos vinculados a amenazas en instituciones educativas, consideramos necesario reforzar con nuestros alumnos el valor de la responsabilidad en el uso de la palabra, tanto oral como escrita".

"Queremos recordar que toda manifestación de este tipo, aun cuando pudiera interpretarse como una broma, constituye una falta grave y será abordada conforme a las normativas vigentes. La escuela es y debe seguir siendo un espacio seguro para todos", adujo la institución en una comunicación.

El colegio remarcó que "la seguridad es una responsabilidad compartida entre la institución y las familias", a quienes también solicitó controlar los elementos que los alumnos llevan. Además, instó a "no difundir información no verificada para evitar generar temor". El comunicado subraya la importancia del rol adulto en la contención y en dar aviso ante situaciones preocupantes, informó que ya se dio intervención a las autoridades y confirmó que las clases continuarán con normalidad.

Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que no se trata de hechos aislados. En las últimas horas se registraron amenazas en varias localidades: al menos dos escuelas en Pérez, dos en Rosario y otras en la ciudad de Santa Fe, con menciones a posibles ataques tanto para el día siguiente como para fechas próximas.

Según indicaron, los mensajes aparecen en baños escolares o circulan en grupos de WhatsApp, y en algunos casos se investiga si podrían estar vinculados a desafíos virales difundidos en redes sociales como TikTok.

Ante este escenario, el tema ya es abordado de manera conjunta con el área de Seguridad. Mientras tanto, se recuerda que las instituciones deben aplicar el protocolo vigente: realizar la denuncia al 911 y dar aviso a la regional educativa correspondiente, además de elaborar un acta dejando expresado qué es lo que sucedió. Y en caso de que se presente la autoridad policial, seguir las indicaciones correspondientes.

La reiteración de estos mensajes y su circulación en distintas ciudades refuerzan la necesidad de abordajes preventivos. El clima de preocupación en las comunidades educativas está influenciado por lo ocurrido en San Cristóbal.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, se refirió este jueves por la mañana en Rosario -en ocasión de otra actividades- a la situación en Pérez, donde un alumno habría hecho un comentario sobre un ataque contra sus compañeros.

"Hay una situación muy particular que, en primera medida, nos obliga a ser responsables a la hora de difundir información", señaló el funcionario este jueves en Rosario, al tiempo que advirtió que se trata de un fenómeno que excede a Santa Fe. "Estamos en un momento en el que, a nivel nacional, en cinco provincias distintas vimos escuelas que amanecieron con un mensaje similar en cada una de ellas", explicó.

En ese sentido, Santantino vinculó estos episodios con un posible "efecto de viralización", especialmente entre jóvenes. "Esta cuestión que veíamos trágicamente con el caso de San Cristóbal tiene algún efecto de viralización", sostuvo.

Frente a este escenario, remarcó que "no se puede minimizar ninguna de estas situaciones ni tampoco alentar de manera infundada una conmoción innecesaria", y subrayó la necesidad de diferenciar entre información confirmada y versiones que puedan generar alarma.

Consultado sobre la intervención en el caso de Pérez, el funcionario confirmó que se activaron los mecanismos previstos. "Por supuesto, como se viene haciendo en todos los lugares donde existe aunque sea el más mínimo indicio, ya sea en grupos de WhatsApp o en mensajes escritos dentro de la escuela", indicó. En esa línea, insistió en que "ninguna situación es minimizada o dejada de lado", pero reiteró que es clave "poner en claro cuál es la información fehaciente y cuál es el riesgo real que corren nuestros jóvenes".

Santantino también destacó el trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado. "Hay un trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Educación, y también con Salud", detalló, al recordar que este esquema ya fue aplicado tras el caso de San Cristóbal.

Por Noelí Rojas(El Litoral)

Después de 17 días de la tragedia que conmocionó a la comunidad educativa de la escuela Nº 40 "Mariano Moreno" y a los vecinos de la ciudad de San Cristóbal, este jueves por la mañana se realizó el regreso progresivo al aula, tanto de los estudiantes del nivel secundario, como de sus docentes y el equipo directivo.

Mediante comunicación vía WhatsApp, redes sociales y reuniones de padres, se citó a los alumnos al edificio histórico, es decir, al establecimiento sur restaurado, al lado del edificio principal donde ocurrió el inesperado y traumatizante hecho. Allí se hizo el izamiento de la bandera. Luego de eso, se plantearon actividades para realizar en conjunto con los profesores, de reflexión y acompañamiento.

El regreso estaba previsto para el miércoles 15, aunque por cuestiones climáticas se decidió que sea este jueves 16, a partir de las 8:35.

La modalidad de la vuelta a las actividades se lleva a cabo en grupos, de manera paulatina y ordenada. Jueves les tocó de 8:35 a 10:05 a los alumnos de 3º Humanidades, Ciencias Sociales y 3º Naturales, después de 10:20 a 11:40 a los estudiantes de 5º Artes Visuales y los cursos 2º B y C.

El objetivo de que vuelvan a la escuela por turnos es para poder realizar encuentros programados y organizados. Después de izar la bandera nacional, fueron todos juntos al patio del edificio central, donde les consultaron a los chicos si se sentían preparados para trabajar allí o si querían estar trabajando en otra dependencia de la institución o en un aula específica. Cada grupo eligió el espacio según donde estaban más cómodos y tranquilos.

Además, este mediodía se concretó el regreso del nivel inicial y, por la tarde, de los estudiantes del nivel terciario.

El próximo lunes 20 estarían de regreso los alumnos en su totalidad pero aún no confirmaron el horario del reencuentro. Desde la escuela informaron a las familias que estarán pendientes de las individualidades y de las situaciones particulares y pidieron acompañamiento en el proceso.

Por Noelí Rojas

Este lunes por la mañana, por disposición de la justicia, pudieron ingresar al establecimiento escolar el personal no docente y los directivos de la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, con el objetivo de que poco a poco todo vuelva a la normalidad.

Durante dos semanas, la escuela se preservó como una escena del crimen y estuvo resguardada la institución bajo vigilancia policial hasta que finalizara la investigación principal que, si bien continúa, el edificio quedó liberado para su uso diario. Además, días pasados se concretó la entrega de las pertenencias que quedaron dentro de la Escuela N° 40, citando a padres y alumnos a que se acerquen a retirar útiles escolares, bicicletas y motos que habían quedado allí al momento del ataque.

Tras la habilitación, El Litoral estuvo en el lugar desde muy temprano y registró cómo los asistentes escolares estuvieron realizando trabajos de limpieza y acondicionamiento, tanto en el interior como en el exterior de la escuela. Se los pudo observar barriendo, quitando las hojas caídas y quitando los restos de las velas que se habían prendido, entre otras tareas de mantenimiento.

Todo sucedió el lunes 30 de marzo, alrededor de las 7 de la mañana, en el ingreso de los alumnos del nivel secundario, cuando un estudiante de 15 años entró con una escopeta calibre 12/70, la cargó con cartuchos y comenzó a disparar en el patio interno de la escuela.

Las detonaciones provocaron la muerte de un adolescente de 13 años que cursaba primer año e hirieron a dos chicos que debieron ser hospitalizados. El caos y el miedo se apoderaron de la comunidad educativa de la escuela 40 y de la sociedad sancristobalense. Fue algo sumamente inesperado y traumatizante.

La justicia tiene bajo custodia al joven G.C. que asesinó a Ian Cabrera y detuvo días después a otro chico de 16 años, de iniciales N.C., como partícipe secundario del crimen.

De manera oficial, se autorizó que se retomen las actividades educativas en el edificio de la Escuela Normal N° 40. El Ministerio de Educación de la provincia, junto con el equipo directivo y docentes, definió un esquema de retorno progresivo.

Los días lunes 13 y martes 14 de abril se destinarán a tareas de limpieza, organización y reparación del establecimiento. A partir del miércoles 15 comenzará el regreso gradual de los distintos niveles educativos, después de las reuniones que harán con las familias de los alumnos.

(Por Juliano Salierno) - La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, presentó el 9 de abril su Informe de Gestión 2025 ante la Legislatura santafesina, en una exposición donde combinó definiciones políticas con datos duros para describir un escenario en transformación: menos homicidios que en años anteriores, pero con nuevas expresiones de violencia, particularmente entre jóvenes.

Los cinco fiscales regionales acompañaron a la titular del MPA. Foto: Guillermo Di Salvatore

“Este es un acto republicano fundamental de rendición de cuentas”, afirmó al inicio de su discurso, enmarcando la presentación en la reciente reforma constitucional que consolidó la autonomía del organismo. Sobre esa base institucional, la titular del MPA trazó un diagnóstico que tuvo como eje la mutación de la violencia en la provincia.

Vranicich sostuvo que los niveles de violencia letal muestran una tendencia a la baja, aunque advirtió que el fenómeno está lejos de resolverse. Los números del informe respaldan esa afirmación: en 2025 se registraron 210 homicidios dolosos, con una tasa de 5,7 cada 100.000 habitantes, uno de los valores más bajos de la última década.

Sin embargo, la fiscal remarcó que el problema sigue concentrado territorialmente. El departamento Rosario acumuló 115 de esos crímenes, más de la mitad del total provincial, y en ese contexto adquiere centralidad el vínculo con economías ilegales: allí, 6 de cada 10 homicidios estuvieron asociados a organizaciones criminales.

En esa línea, también se evidenció el peso de la violencia armada. “Hay una multicausalidad en la baja de los niveles de violencia”, sostuvo, aunque los datos muestran que el 70,5% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego —81,7% en Rosario— y que durante el año hubo 855 personas heridas por disparos.

Uno de los tramos más enfáticos del discurso estuvo dedicado a las nuevas formas de violencia protagonizadas por adolescentes, centralizado en el crimen de Ian Cabrera, de 13 años, en la escuela Moreno de San Cristóbal. “Hoy, en el contexto que nos encontramos, son las violencias juveniles las que se imponen en el centro del debate público”, afirmó.

“No estamos esperando la denuncia policial para actuar", dijo Vranicich. Foto: Guillermo Di Salvatore

Para ilustrar ese fenómeno, la fiscal enumeró otros casos recientes de alto impacto ocurridos en distintas localidades, y sostuvo que existe un cambio de paradigma en la forma en que se configuran estos hechos. “Esta violencia adolescente extrema nos interpela en el mundo adulto”, advirtió.

En ese análisis, introdujo un factor novedoso: el rol de las redes sociales y entornos digitales. “El submundo a través de las redes donde niños, niñas y adolescentes encuentran un lugar de contención, pero no desde la empatía, sino desde el odio”, describió. A ello sumó la dificultad investigativa: “Se comunican por aplicaciones que no dejan rastros”.

Frente a este escenario, Vranicich defendió la estrategia del MPA basada en objetivos priorizados. “Hemos reafirmado el trabajo de un plan de persecución penal”, indicó, con foco en las violencias altamente lesivas, la corrupción institucional, las víctimas vulnerables, la violencia de género, los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.

Los indicadores muestran avances en esa línea. El índice de individualización de autores en homicidios alcanzó el 62,2%, y se dictaron 258 condenas por ese delito durante el año. En paralelo, se registraron 1.044 causas por extorsión —con fuerte concentración en Rosario— y 87 condenas.

En materia de microtráfico, uno de los ejes centrales de la política criminal, se contabilizaron más de 15.000 ingresos, con 2.513 investigaciones formalizadas y 350 condenas. Además, se realizaron 63 operativos de derribo de puntos de venta, alcanzando los 111 desde la vigencia de la ley que autoriza a la provincia a combatirlo.

“No estamos esperando la denuncia policial para actuar, generamos nuestras propias investigaciones”, subrayó la fiscal, al describir un cambio en la lógica de intervención del organismo.

El control de armas ocupó también un lugar destacado en la exposición. Durante 2025 se enviaron a destrucción 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones, en una política que el MPA considera clave para reducir la violencia letal.

En cuanto a la violencia de género, el informe registró 30 homicidios de mujeres, de los cuales 18 estuvieron vinculados a este tipo de violencia (femicidios y transfemicidios). “La violencia de género existe y falta muchos años para que podamos desterrarla”, afirmó Vranicich.

Los regionales de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto estuvieron presentes. Foto: Di Salvatore

Además, la fiscal incorporó al análisis otras muertes violentas, especialmente suicidios, en línea con recomendaciones internacionales.

Según los datos del informe, en 2025 se registraron 964 muertes violentas: los suicidios representaron el 46,5% del total (448 casos, con una tasa de 12,7 cada 100.000 habitantes), seguidos por los homicidios culposos en siniestros viales con el 31,7% (306 casos) y, en menor proporción, los homicidios dolosos con el 21,8% (210 casos).

La fiscal planteó que esta lectura permite dimensionar que el grueso de las intervenciones del sistema no se agota en la violencia intencional, y advirtió además sobre una carga de trabajo menos visible.

En ese sentido, destacó que cada muerte bajo sospecha —incluidos los suicidios— activa protocolos complejos de investigación, con peritajes y medidas probatorias, lo que amplía significativamente la actividad del MPA más allá de los delitos tradicionales.

Finalmente, la titular del MPA dejó planteadas tensiones con el Poder Judicial. Cuestionó decisiones de jueces que se declaran incompetentes en causas relevantes -“Le pedimos a los jueces que comiencen a entender la lógica de trabajo”, reclamó-; y apuntó contra la Corte Suprema provincial por la falta de respuesta en torno al Centro de Justicia Penal de Santa Fe.

En ese contexto, Vranicich profundizó sus cuestionamientos hacia la Corte señalando que, conforme a la nueva arquitectura constitucional, existía una cláusula que obligaba a contemplar la participación de los actores del sistema en las decisiones sobre infraestructura judicial, lo que —según afirmó— no fue respetado.

“Estoy contando objetivamente lo que pasó”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta a las notas remitidas por el MPA y el MPD, incluida una presentación formal del 1 de abril que aún no obtuvo contestación.

En ese marco, advirtió que este tipo de decisiones unilaterales no sólo tensionan el vínculo entre poderes, sino que también impactan en las condiciones operativas del organismo en una etapa de transición institucional marcada por la reciente consagración de su autonomía.

La causa por la tragedia en San Cristóbal sumó este jueves un nuevo capítulo. La Justicia de Santa Fe avanzó sobre el segundo adolescente detenido y le puso una imputación concreta.

En una audiencia realizada este jueves en los tribunales de San Cristóbal, la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 5, Carina Gerbaldo, y el fiscal Mauricio Spinosa imputaron a un adolescente punible como partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas, también por el uso de arma de fuego, por el ataque cometido el pasado lunes 30 de marzo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”.

El dato central de la jornada no fue sólo la atribución penal. También lo fue la cautelar. Después de formular los cargos, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación solicitaron que el joven investigado sea alojado en un instituto de puertas cerradas. El tribunal hizo lugar al planteo y dispuso que la medida se extienda por 90 días.

Según se informó, al adolescente se le atribuyó haber tenido una participación secundaria en el hecho. Es decir, haber prestado colaboración a quien ejecutó los disparos, aunque esa ayuda, según la acusación, no fue esencial ni determinante para que el ataque se concretara.

Ese punto es el que delimita la calificación escogida por los fiscales. No se le imputó haber sido autor material ni coautor del tiroteo, sino haber colaborado con quien llevó adelante la secuencia que terminó con un adolescente muerto y con dos tentativas de homicidio agravadas reconocidas en esta etapa procesal.

Sigue la conmoción por lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Durante la audiencia, Gerbaldo y Spinosa le hicieron saber al joven “los hechos con apariencia de delito” que se le atribuyen y reclamaron la medida de encierro con dos argumentos principales: preservar la investigación en esta etapa inicial y resguardar a las víctimas. El tribunal acompañó ese criterio.

La calificación penal fue aceptada judicialmente en los términos planteados por el Ministerio Público de la Acusación: partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas, también por el uso de arma de fuego.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que existen “evidencias contundentes” de que el adolescente punible conocía las intenciones del autor del ataque y que, aun así, “lo revalidó a concretar su objetivo delictivo”.

Ese planteo conecta con lo que ya venían insinuando las líneas investigativas abiertas en las últimas jornadas. Desde el inicio, los pesquisas no concentraron toda la atención sólo en el adolescente señalado como autor del disparo, sino también en su entorno y en la posibilidad de que otras personas hubieran tenido algún grado de intervención indirecta, conocimiento previo o acompañamiento.

La situación del segundo adolescente había tomado estado público tras su detención en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson. Según lo informado previamente por fuentes oficiales, el procedimiento se realizó luego de 24 horas de vigilancia y seguimiento sobre determinados domicilios y personas, en el marco de una tarea coordinada entre la Fiscalía Regional Quinta, el MPA, la Policía de Investigaciones y la Policía Federal Argentina, con intervención de una brigada especial antiterrorista.

En una conferencia de prensa realizada días atrás en Casa de Gobierno, el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, había explicado que la información sensible se reservaba porque primero debía ser comunicada al imputado en la audiencia respectiva, bajo el procedimiento de menores. En esa instancia también confirmó que el detenido era una persona menor de edad punible, aunque evitó brindar precisiones sobre edad, identidad y vínculo puntual con el caso.

Sigue la conmoción por lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. Foto: El Litoral.

Aquella detención, que en un primer momento había abierto interrogantes sobre el grado de involucramiento del joven, encontró ahora su traducción judicial. Ya no se trata sólo de una línea investigativa en desarrollo o de una sospecha bajo reserva. Desde este jueves hay una acusación formal, una calificación penal y una medida cautelar de encierro.

Otro dato relevante de la jornada es que en la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas de los hechos cometidos en el establecimiento escolar.

La referencia marca, por un lado, la dimensión pública y emocional que sigue teniendo la causa en San Cristóbal. Y por otro, deja ver que cada avance judicial ocurre con una comunidad todavía atravesada por el impacto de lo ocurrido en la escuela.

La tragedia de la Mariano Moreno sigue produciendo sus efectos. Recién este miércoles, los docentes de las demás escuelas de la ciudad retomaron sus tareas, con reuniones plenarias y actividad especiales, todavía en un marco de anormalidad. Mientras que la institución donde sucedió la tragedia permanece, todavía, con sus puertas cerradas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindaron detalles este miércoles por la mañana sobre los avances en la investigación del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un estudiante de 13 e hirió a otros jóvenes.

Ambos funcionarios coincidieron en que el hecho se inscribe en un fenómeno vinculado a subculturas digitales violentas de alcance internacional.

Durante la conferencia realizada en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pullaro destacó el trabajo articulado entre las fuerzas provinciales y federales, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. “Los indicadores de violencia y delito muestran niveles históricamente bajos, lo que refleja un abordaje coordinado e integral”, afirmó.

El mandatario santafesino sostuvo que el autor del ataque “no tuvo un brote psicótico ni había sido víctima de bullying”, sino que participaba de una red internacional denominada TCC (True Crime Community), que promueve la fascinación por delitos violentos y, en algunos casos, la imitación de estos hechos en entornos escolares.

Según explicó, se trata de un fenómeno “nuevo y diferente” que obliga al Estado a desarrollar herramientas de prevención.

Pullaro también valoró la respuesta de la comunidad educativa de San Cristóbal, que -dijo- “trabajó con compromiso para atravesar una situación para la que no estábamos preparados”, y destacó el retorno paulatino a la normalidad en las escuelas.

Por su parte, Monteoliva resaltó el trabajo de los equipos de investigación y subrayó la importancia de mantener la reserva en este tipo de procesos para garantizar resultados. “No estamos ante un hecho aislado ni vinculado al bullying, sino frente a comunidades virtuales que reúnen a niños y adolescentes en torno a la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”, explicó.

La ministra indicó que en Argentina se identificaron 15 casos vinculados a estas subculturas y que otros cuatro permanecen bajo análisis. En ese marco, consideró clave visibilizar el fenómeno para generar respuestas preventivas que involucren a familias, escuelas, educadores y comunicadores.

De la conferencia participaron también el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle; y el responsable de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas, Guillermo Díaz.

Díaz detalló que la investigación se inició a partir del análisis de redes sociales y derivó en allanamientos, peritajes digitales y la reconstrucción del hecho en el ámbito escolar. A partir del análisis forense del teléfono del agresor, se identificó la vinculación con otro menor, lo que permitió avanzar en nuevas medidas judiciales.

El funcionario explicó que la comunidad TCC es “transnacional, multifacética y descentralizada” y que sus integrantes -en su mayoría adolescentes- comparten contenidos en foros y plataformas cerradas, donde glorifican a perpetradores de masacres y, en algunos casos, planifican ataques.

Asimismo, señaló que los jóvenes investigados también presentaban vínculos con otras corrientes digitales como los llamados “incels” (célibes involuntarios) y grupos catalogados como de riesgo por organismos internacionales. “Se trata de entornos virtuales que pueden derivar en conductas extremas y requieren un abordaje específico desde el Estado y la sociedad”, concluyó.

Entre otros expedientes con tratamiento preferencial, para este jueves 9 de abril se encuentra en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que crea un programa cuyo eje son los alumnos de las escuelas secundarias y sus emociones. Nada más actual.

La iniciativa se apoya en la experiencia de una medida dispuesta en 2017 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, y procura crear un "Espacio de Escucha y Acompañamiento emocional para estudiantes de las escuelas secundarias y técnicas, de gestión oficial y de gestión privada de la Provincia de Santa Fe.

El texto no es una mera declamación de buenas intenciones. Propone sumar y poner en el escalafón del Ministerio de Educación a "psicólogos, psicopedagogos, counselors (1), licenciados en trabajo social y aquellos profesionales y docentes que tengan títulos profesionales y capacitación pedagógica, de conformidad a la competencia que otorgue la Unidad de Incumbencias y Competencia de Títulos".

La propuesta que coincide con la próxima sesión de los senadores ingresó en noviembre de 2025 y su tratamiento se ha postergado en varias oportunidades desde entonces. El día 19 de marzo se le brindó una nueva promesa de tratamiento con preferencia, casi dos semanas antes de los trágicos sucesos de la ciudad de San Cristóbal.

Su autor es un senador que, además, es médico. En sus fundamentos, el representante por San Jerónimo, Leonardo Diana, subraya el impacto que la pandemia (con sus angustias y restricciones) seguramente dejó en los chicos que hoy son alumnos de ese nivel educativo. El objetivo es mejorar la convivencia en esas instituciones, con la ayuda de profesionales, de manera sistemática.

La norma en discusión sostiene que se debe avanzar en "la formación de facilitadores de convivencias", de acuerdo con lo dispuesto por una resolución de Educación de 2009, que ya ponía el tema sobre el tapete.Años después, el decreto 0174 de 2017, creaba como espacio curricular las "Ruedas de Convivencia" para todos los establecimientos de educación secundaria y de educación técnica, de gestión oficial y de gestión privada. Como ahora la ley en discusión planteaba afectar el presupuesto y darle un lugar en el escalafón de Educación a expertos en salud emocional.

Además, una vez dictado ese decreto hubo más intentos de replicarlo pero por ley en el Senado. En junio de 2025 el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) presentó una iniciativa en igual sentido, que procuraba la capacitación de los docentes en materia de convivencia. El representante del peronismo tomó en aquel caso una iniciativa de estudiantes del 6to año de la Escuela de Educación Técnica N.º 495 "Malvinas Argentinas" de Rafaela, en el marco del programa Ciudadanos en el Senado en el año 2024.

El programa que propone Diana "tendrá el carácter de actividad grupal como así también individual en las situaciones que el alumno así lo solicite" y obviamente faculta a las autoridades educativas a "resolver cuestiones no previstas en la presente" y a "dictar las normas que resulten necesarias para la implementación del presente programa".

"Este tipo de proyectos, apunta a correrse de viejos paradigmas, educativos y de salud, fomentando espacios donde los jóvenes puedan abrirse y construir junto a su consejero un vínculo adecuado, donde la información, escucha y contención, le permitan pensarse y construirse como sujeto y ciudadano, reflexionando sobre sí mismos", dice en los considerandos el proyecto del senador radical.

"Estoy convencido que desde la educación formamos académicamente, pero también debemos apuntar a construir una sociedad con seres individuales, que puedan armas su proyecto de vida, y que puedan sumar todo su potencial al desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país. Este programa tiene como antecedente el historial de experiencias favorables y beneficiosas para los jóvenes de nuestra provincia del Programa de Ruedas de Convivencia impulsado por el gobierno del Ing. Miguel Lifschitz; en tanto que nuestra propuesta retoma las virtudes de dicho programa y tiene por objetivo fortalecerlo, expandirlo y aggionarlo a la coyuntura post pandémica que presentan los adolescentes", agrega.

El principal aporte de la ley en comisiones del Senado es que "establece que los profesionales a cargo de brindar dicho espacio, sean profesionales idóneos en la temática, como así también, se propone expandir el servicio a todos los niveles secundarios y habilitar un espacio de atención y escucha individual cuando el joven así lo requiera".

Un counselor o consultor psicológico es un profesional de la salud, formado en un enfoque humanista, que brinda orientación y apoyo en crisis vitales, duelos, conflictos familiares o desarrollo personal. A diferencia de un psicólogo, no trata psicopatologías ni medica; se enfoca en personas sanas que buscan superar estancamientos, promoviendo el autoconocimiento y la toma de decisiones.

Mariela Goy

Tras días atravesados por la conmoción, las escuelas de San Cristóbal se preparan para retomar la actividad con un esquema progresivo y centrado en el acompañamiento emocional de las comunidades educativas. Este miércoles volverán a abrir sus puertas todas las instituciones, con excepción de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, que continuará cerrada al menos durante toda la semana debido a la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La jornada de este 8 de abril estará destinada exclusivamente a los equipos docentes y directivos, quienes participarán de instancias de trabajo colectivo, reflexión y planificación institucional. Según se informó desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, la idea es que cada escuela, de acuerdo a sus particularidades, organice estrategias para el regreso cuidado de los estudiantes. Recién el jueves comenzará la reincorporación de los alumnos a las aulas.

La tragedia ocurrida en la Escuela Mariano Moreno enlutó a la comunidad de San Cristóbal.

Desde la cartera se planteó que no se trata de una vuelta a la rutina habitual, sino de un proceso gradual, con eje en la escucha, la contención y la reconstrucción de los vínculos al interior de cada comunidad escolar.

En tanto, este martes por la tarde, se realizó un encuentro con todos los docentes de la Escuela N° 40 -en un espacio de la Sociedad Rural- que dejó al descubierto el profundo impacto emocional que atraviesa a la comunidad educativa, tras el tiroteo por parte de un alumno de 15 años en el que resultó muerto otro estudiante de 13.

Divididos por niveles -inicial, primario, secundario y superior-, alrededor de un centenar de docentes comenzó a pensar cómo será el regreso de los alumnos -cuando se produzca-, en un contexto donde todavía predominan las incertidumbres y la angustia.

“Se pensaron ideas, como jornadas o espacios de intercambio, pero no una vuelta tradicional de clases”, relató a El Litoral una docente que asistió al encuentro.

Por momentos, el ruido ambiente y la falta de sillas hacían que todo pareciera caótico, pero el silencio se imponía cada vez que alguien lograba poner en palabras la desolación. “Valoré mucho cuando hablaron nuestros directivos. Aunque no haya un ‘protocolo mágico’ que resuelva la incertidumbre de las familias, lo que se vivió fue un acercamiento necesario”, expresó la profesora.

También destacó la presencia de autoridades provinciales, que buscaron transmitir acompañamiento mientras avanza la investigación judicial que mantiene cerrada la institución. “Fue un primer paso, aunque todavía nos falta mucho”, resumió.

Más allá del trabajo institucional, lo que sobrevoló la jornada fue el impacto humano. Docentes visiblemente afectados, algunos entre lágrimas o con el rostro de preceptores y profesores “desfigurados del cansancio y la angustia”, describió. La sensación compartida es la necesidad de acompañarse mutuamente. “No hay soluciones mágicas. Somos personas y tenemos que sostenernos entre todos”, expresó la docente.

La reunión entre funcionarios de Educación y docentes es uno de los dispositivos desplegados desde el equipo interministerial de Gobierno que actúa ante el trágico hecho. En ese marco, en la conferencia de prensa del pasado lunes, desde Rosario, el ministro de Educación, José Goity, informó que se envió una circular a todas las instituciones educativas de la provincia con orientaciones específicas para abordar lo sucedido en San Cristóbal.

El documento propone un enfoque centrado en el cuidado y la palabra, al considerar a la escuela como “uno de los lugares de encuentro más importantes y donde se generan lazos de pertenencia”.

Lo ocurrido en San Cristóbal conmocionó al país.

Entre las directrices principales, la circular solicita: Generar espacios áulicos reducidos para que circule la palabra sin juzgar; evitar la reproducción innecesaria de relatos o detalles que puedan generar mayor daño; promover el uso responsable de la tecnología y el respeto por la intimidad; actuar de manera coordinada con los equipos socioeducativos, evitando una “mirada investigativa” de las causas del hecho.

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de brindar escucha activa, habilitar el diálogo respetuoso, evitar la reproducción innecesaria de información que pueda generar más daño y promover el uso responsable de las tecnologías. También se insta a fortalecer el vínculo con las familias, trabajar de manera articulada con equipos socioeducativos y sostener el trabajo colectivo entre docentes.

El texto remarca que las personas adultas deben constituirse como una presencia segura y contenedora, evitando trasladar su propia angustia a los estudiantes, y confiando en el criterio pedagógico de cada institución para adaptar estas orientaciones a sus realidades.

Por Gonzalo Fracchia

Este lunes pasadas las 14 horas se realizó una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno de Santa Fe en el marco de novedades en la investigación de lo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.

A una semana de la tragedia que provocó la muerte de un adolescente de 13 años luego del ataque con arma de fuego efectuado por otro joven de 15, se presentaron avances oficiales en la causa.

Con el director provincial de Investigaciones Criminales de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, al frente del comunicado, afirmaron que el detenido es una persona menor de edad punible. Reservaron la edad y otros detalles de su identidad.

Su relación directa o indirecta con el caso, como así también elementos como la institución educativa a la que asiste, también fueron omitidos. Únicamente se remarcó que el operativo se vincula a la carpeta judicial del homicidio de Ian.

“Nosotros somos respetuosos de que esa información primero se le tiene que brindar al imputado en la audiencia de imputación de cargos respectiva bajo el procedimiento de menores”, explicó Galfrascoli sobre la decisión del hermetismo.

Galfrascoli valoró el trabajo en conjunto de la Fiscalía Regional Quinta, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Federal, destacando en este punto un aspecto de relevancia: el rol de la Unidad Antiterrorista.

“En el día de hoy, luego de 24 horas de un dispositivo activo de vigilancia y seguimiento sobre determinados domicilios y personas podemos lograr en el marco de este operativo en la Ruta 11 y la Ruta 4, cercano al ex peaje de Nelson, la detención”, detalló el funcionario provincial.

“Pudimos hacer un operativo de detención absolutamente limpio en un marco muy difícil por las condiciones climáticas y por el obviamente el desconocimiento de lo que podía ser la actitud de las personas que estábamos siguiendo y que ahora, bueno, por suerte hoy detenida una de ellas”, sumó el director provincial de Investigaciones Criminales.

“Fue detenido en la vía pública, es lo único que podemos decir, por un operativo dispuesto por la Fiscalía Regional Quinta en coordinación con el MPA a través de la fuerza especial que está trabajando asistiendo al MPA y en coordinación con la PDI”, se explayó el encargado del área y subrayó que fue en “coordinación con la Policía Federal ,con esta brigada especial antiterrorista”.

Tanto el encargado de Investigaciones Criminales, como la vocera Virginia Coudannes, coincidieron en que el caso contempla aristas de suma complejidad y que “trasciende” las fronteras de la provincia de Santa Fe e incluso de Argentina al hablar de “redes internacionales”.

Dicha arista resulta ser la que genera mayores interrogantes y que involucraría a entes de nivel nacional.

La detección de amenazas y planificaciones de ataques de similares características a las del cual deriva el caso han tenido en los últimos meses al propio FBI de Estados Unidos involucrado.

Algunos de los ejemplos recientes incluyen avisos del FBI al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) para la posterior detención de jóvenes en Miramar y La Quiaca. Otro de los incidentes recientes se dio en La Lonja (Buenos Aires), donde el joven fue detectado por mensajes vía Discord. En el allanamiento de este último caso se secuestraron cuadernos con listados de grupos terroristas islámicos como ISIS y Hamas, bibliografía vinculada al régimen nazi.

Coudannes explicó que es importante decir que “la suspensión de las clases de estos días tenía que ver con esta investigación más compleja que se estaba realizando, así que en consecuencia de eso, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Educación van a ir tomando las medidas que sean necesarias en el marco de cómo se vaya desarrollando en el transcurso de estos días eh la investigación”.

Tras la visita del gobernador Maximiliano Pullaro a San Cristóbal durante el fin de semana, este lunes el ministro de Educación, José Goity, confirmó la suspensión de clases de la jornada.

"No nos vamos a poner fechas taxativas; esto es un proceso y no podemos imponer plazos. Sí ir hacia la normalización aunque sabemos que nada será igual", argumentó el funcionario previo a la noticia de la detención y sosteniendo el hermetismo.

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe, encabezados por el ministro de Educación, José Goity, brindaron detalles de las acciones que se llevan adelante en San Cristóbal, luego del ataque ocurrido la semana pasada en una escuela de la localidad. Se trata de un abordaje interministerial en el lugar, en un operativo que incluye dispositivos de apoyo psicológico, instancias de diálogo con docentes, directivos y familias, y un esquema de retorno escolar progresivo y flexible.

La intervención del Gobierno de Santa Fe articula a los ministerios de Educación, de Salud, de Igualdad y Desarrollo Humano, y de Justicia y Seguridad, junto con equipos territoriales y organismos de Niñez, en coordinación con la Justicia. Este lunes, en Rosario, Goity encabezó una conferencia de prensa acompañado de Daiana Gallo Ambrosis (secretaria de Gestión Territorial de Educación), Esteban Santantino (secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad), Daniela León (secretaria de Niñez) y Liliana Olguín (subsecretaria de Salud Mental).

Contención y acompañamiento

En primer turno, Goity señaló que “hemos tenido un abordaje desde el minuto cero a través de todas las áreas del Estado, priorizando la contención y acompañamiento de todos los involucrados directa o indirectamente. El gobernador Maximiliano Pullaro está muy involucrado, de hecho este fin de semana estuvimos con él en el territorio para poder tomar de primera mano algunas impresiones y brindar acompañamiento”.

Asimismo, remarcó que “la prioridad es contener a la institución, a los niños y niñas, a los adolescentes, al equipo educativo, que fueron directamente involucrados. Por eso tenemos equipos socioeducativos trabajando de manera permanente. Hemos establecido en el ámbito educativo distintos protocolos, y los actualizamos para el resto de la provincia, lo que implican acciones cuando se detectan armas de fuego o algún elemento peligroso en el ámbito escolar”.

En ese sentido, el ministro explicó que “hoy hay en cada una de las escuelas de la provincia una circular en donde se establecen pautas, asesoramientos y criterios para trabajar este tema, porque habrá que trabajarlo durante mucho tiempo, porque todas las instituciones educativas están conmocionadas”.

Sin clases

Goity recordó que “la Escuela 40 no tendrá clases en el establecimiento por lo menos a lo largo de toda esta semana, eso es por disposición judicial. A la vez estamos trabajando con los docentes y con los equipos directivos, tanto de esa escuela como con el resto de las escuelas de la localidad. Hoy van a estar presentes en la localidad todos los subsecretarios de nivel Inicial, Primario y Secundario”.

En tanto que en el resto de las escuelas de la ciudad “decidimos no dictar clases en los establecimientos por lo menos por 48 horas, habida cuenta de algunos pedidos que tuvimos de la propia localidad. Estamos definiendo procesos de trabajo en el hogar; los docentes van a dar tareas para sostener el proceso educativo y pedagógico”.

“En esto no nos tenemos que poner fechas taxativas. Hay que ser respetuosos de los tiempos y no podemos imponer plazos, sí la voluntad de ir yendo hacia la normalización”, cerró el ministro.

Abordaje conjunto

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, Santantino explicó que el caso “se sigue investigando con mucha profundidad y sin descartar ninguna de las hipótesis”. Asimismo, contó que el gobernador Pullaro “estuvo en diálogo durante todo el fin de semana con la ministra de Seguridad de Nación, y hay un trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones con la Unidad Especial de Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina que sigue trabajando por las derivaciones que puede tener este caso”.

En tanto que desde Niñez, Daniela León contó que “tuvimos una audiencia, que fue fijada por el juez de carácter confidencial, con lo cual el adolescente que cometió el ataque es intervenido por el Gobierno de la Provincia dentro de las competencias correspondientes”.

Finalmente, Gallo Ambrosis se refirió a la circular de Educación que este lunes llegó a todas las escuelas de la provincia, “donde damos pautas de trabajo con respecto a esta temática, porque obviamente nos conmueve y nos invita a reflexionar en cada uno de los establecimientos educativos, pero también dar herramientas para trabajar con las familias”.

Por Noelí Rojas

Este viernes se realizó, en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal,la audiencia de atribución del hecho al joven 15 años, responsable del homicidio cometido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.

Allí estuvieron presentes de manera virtual el atacante G. C., junto a su madre y los abogados que lo representan, además de manera presencial el juez José Alberto Boaglio y los fiscales que atienden la causa: Luis Schiappa Pietra, Carlos Vottero, Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.

Finalizada la audiencia, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación brindaron una conferencia de prensa, aclarando que “el juez resolvió, incluidas las disposiciones que conforman la resolución que él emitió, que se encuentran bajo el principio absoluto de reserva”.

Esto significa que, por el momento, no se conocerá públicamente qué pasará con el agresor ni dónde estará alojado.

“La audiencia se desarrolló en términos normales. Lamentamos tremendamente lo sucedido porque estamos hablando de un hecho extremadamente grave, trágico. Lamento la no presencia en la sala del autor menor no punible de 15 años del hecho”, explicó el Dr. Vottero.

Los padres de Ian Cabrera, la víctima, no quisieron concurrir a la audiencia. Sí estuvieron presentes familiares de los dos jóvenes heridos.

El establecimiento escolar permanecerá cerrado un tiempo más debido a que es la escena del crimen y porque la investigación penal continúa.

“La escena no se va a liberar hasta que el Ministerio Público de la Acusación considere que no se debe realizar ninguna diligencia investigativa más”, indicaron los fiscales, quienes agregaron también que el Ministerio de Educación fue notificado y los funcionarios provinciales decidirán cómo canalizar las clases en los próximos días.

Durante la tarde y noche del miércoles agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policíoa Federal Argentina, allanaron la casa del chico que disparó y mató a un alumno en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. En tanto también fue requisado un comercio donde se desempeña un familiar del menor.

La medida fue dispuesta por la fiscal Carina Gerbaldo, a cargo de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, que conduce una causa de características excepcionales en el ámbito local.

Los efectivos federales también intervinieron un comercio vinculado a la familia del menor. Según fuentes del caso, el joven permanece actualmente en la ciudad de Santa Fe, en un lugar reservado, bajo una condición que fue descripta como de “semi detención”: con resguardo institucional, pero sin una imputación formal posible bajo la legislación vigente.

En paralelo a las medidas judiciales, cobraron relevancia las declaraciones del diputado provincial Marcelo González, quien además es docente de la institución donde ocurrió el hecho. El legislador advirtió sobre la posible existencia de estructuras que operan en entornos digitales y que, mediante dinámicas similares a juegos de rol, captarían a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

González describió un sistema de desafíos escalonados, donde los participantes avanzan en niveles a medida que cumplen determinados objetivos. Según señaló, estas prácticas pueden derivar en conductas cada vez más extremas, bajo una lógica interna que distorsiona la percepción de la realidad.

También indicó que este tipo de fenómenos ya ha sido documentado en otros países, y expresó preocupación por su eventual replicación en contextos locales.

La comunidad sancristobalense despidió al chico fallecido.

En el plano judicial, la causa enfrenta una limitación central: la edad del presunto autor. La audiencia prevista para el viernes en los tribunales de Santa Fe, donde se iban a formalizar los hechos y dictar una resolución procesal, fue finalmente suspendida. El adolescente no resulta punible según la normativa actual, ya que la reforma que reduce la edad de imputabilidad aún no está en vigencia.

En los días posteriores al ataque, una de las hipótesis iniciales apuntó a un posible caso de acoso escolar como desencadenante. Sin embargo, los testimonios recabados hasta el momento no confirmaron esa versión. Por el contrario, trascendieron datos que lo ubican como un alumno integrado, incluso reconocido por sus pares el año pasado.

Al mismo tiempo, la investigación analiza material que circuló en redes sociales, incluyendo supuestos mensajes y publicaciones atribuidos al adolescente con referencias a ataques escolares ocurridos en el exterior. No obstante, las autoridades aún no han verificado la autenticidad de esas cuentas ni su vinculación directa con el hecho.

Con estos elementos, la causa avanza entre medidas de prueba, advertencias sobre posibles influencias externas y condicionamientos legales que limitan el alcance de las decisiones judiciales. El caso, por su impacto y complejidad, continúa bajo seguimiento estrecho tanto en el ámbito judicial como en el político y social.

Por Emerio Agretti

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó la conmoción y el dolor que produjo la tragedia de San Cristóbal, y dio cuenta de los dispositivos interministeriales desplegados de inmediato en la ciudad para dar contención a las familias, a la comunidad educativa y a toda la población.

En diálogo con El Litoral, destacó también la puesta en marcha de la finalización de las obras en el Momento a la Bandera, y su fuerte carga simbólica.

- Un caso como el de San Cristóbal es una tragedia que excede cualquier previsión y que, más allá de la conmoción, llevó a un despliegue de distintos dispositivos del Estado

- En cuanto nos enteramos a las 7.20, inmediatamente llamé al senador y le pedí a los miembros del gabinete que dejen todo lo que estaban haciendo, la agenda que tenían para el día lunes, y que se constituyan en la ciudad de San Cristóbal. En principio para dar asistencia y contención a las familias, que indudablemente lo necesitaban, a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

Así lo hicieron, viajaron de inmediato tres ministros y varios secretarios de la gobernación y les pedí que se quedaran en la ciudad hasta que lo amerite, para no dejarlos solos y cuidar mucho a la comunidad educativa, a las familias, a los niños y niñas de la ciudad y, por supuesto, contener a la ciudad en su conjunto.

- El tema de las víctimas de las tragedias y de su dolor estuvo presente también en su discurso en el Monumento a la Bandera, marcando lo hecho en materia de seguridad pública y la posibilidad de ahora potenciar esfuerzos en otros campos.

- Bueno, sí. Nosotros en la provincia, fundamentalmente en Rosario, pero también en la capital provincial, durante 14 años tuvimos índices de violencia muy superiores a la media. Eso nos tomaba la agenda pública y no nos permitía empezar a pensar otro tipo de políticas públicas que fuesen más allá de ella.

Claramente desde el 2024 en la provincia bajaron de manera significativa la violencia, la muerte y el delito en la provincia de Santa Fe. El 2024 y el 2025 fueron los años menos violentos y con menor delito del siglo en la provincia de Santa Fe. Y ayer estábamos anunciando una obra muy importante que es la obra del Monumento a la Bandera.

Es una obra que prometieron tres gobiernos nacionales y que lamentablemente no habían podido terminar. Y nosotros nos sentíamos un poco ofendidos, porque tener así al Monumento a la Bandera, que es un emblema de la provincia de Santa Fe, nos dolía mucho.

Y entonces este lunes comenzamos la finalización de esa obra, con fondos y recursos del gobierno provincial. Cosa que no nos corresponde, pero que tampoco es justo que tengamos el Monumento a la Bandera en las condiciones que lo teníamos, con un obrador armado desde hace más de 10 años, 12 años.

Entonces, entendíamos que iba a ser un comienzo de semana muy lindo porque sentíamos eso, que estábamos tal vez empezando a dar vuelta a una página. Más allá de que decimos que la lucha contra el crimen organizado no está terminada y está muy lejos de que eso sea de esa forma, pero sí que está contenida.

Pero se transformó en uno de los días los días más tristes y horribles de mi gestión con este hecho tan duro y tan emocionante que sucedió en San Cristóbal. Así que bueno, la gestión tiene eso. Hay días que son agridulces, hay días lindos, pero también hay días a los que le tenés que poner el pecho para para salir adelante.

- Otro contraste que marcaba usted ahí, y como acaba de decir, es de la Provincia haciéndose cargo de aquello que la Nación no hace. Como una muestra de desinterés hacia el interior, pero también de un abandono generalizado de lo que que es la obra pública y las prestaciones en general.

- Bueno, cada día se nos pone más difícil y más duro. Tenemos que administrar muy bien los recursos de la provincia de Santa Fe, no gastar un solo centavo de más. Nuestra administración se caracteriza por la honestidad y por la austeridad, fundamentalmente.

Esos ahorros que vamos logrando en cada licitación pública y cada gasto que vamos bajando por parte del gobierno provincial lo llevamos a obra pública y a servicios que tiene que prestar la provincia para que no disminuya la calidad.

En primer lugar, porque yo no entiendo y no concibo ningún país que pretenda desarrollarse si tiene las rutas en el estado en que están las rutas nacionales, el sistema energético como está, y a todo eso tenemos que por lo menos ponerlo en debate.

- ¿Cómo impacta el retaceo de recursos?

- Lamentablemente el gobierno nacional nos recortó partidas de medicamentos, que la Provincia cubrió. Nos recortó partidas de alimentos, de transporte, y nosotros nos hicimos cargo de cada una de esas medidas. No porque estemos contentos, sino simplemente porque entendimos que en este momento tan duro y difícil de la República Argentina, donde a la clase media y media baja, y ni hablar de los sectores pobres y los más populares, les cuesta muchísimo llegar a fin de mes.

En una provincia que tiene mucha actividad económica como Santa Fe, es injusto que a alguien le falte un plato de comida o que a alguien le falte un medicamento. Por eso reclamamos al gobierno nacional de manera respetuosa, pero no dejamos de atender las necesidades de nuestra población.

En el 2024 tuvimos 9 millones de consultas en el sistema público de salud de la provincia de Santa Fe y en el 2025 llegamos casi a 13 millones de consultas, de las cuales casi el 30% de las personas tienen obra social. Es decir que van al sistema público porque además de que te atienden con una calidad muy buena, te proveen los medicamentos, y eso hoy es revolucionario en el país, porque no es así en ninguna provincia.

Noelí Rojas

Termina un día trágico en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, luego del violento episodio de este lunes por la mañana.

Una comunidad conmocionada, adolescentes aturdidos por lo que tuvieron que vivir hoy.

Alrededor de las 7 de la mañana, un joven de 15 años ingresó a la escuela N° 40 "Mariano Moreno" con un arma, efectuó varios disparos y lamentablemente perdió la vida inmediatamente Ian de 13 años.

"La 40" iluminada por velas blancas en un sentido homenaje de la comunidad sancristobalense. Foto: El Litoral

Al ser menores de edad los involucrados en el hecho se pide cautela y se confirma que todo está en materia de investigación.

Esta noche se realizó una concentración frente al establecimiento escolar y se prendieron velas en memoria del joven.

La comunidad sancristobalense prende velas blancas en las escaleras y alrededores de la Escuela Mariano Moreno tras la tragedia. Foto: El Litoral

Esta noche se realizó una concentración frente al establecimiento escolar y se prendieron velas en memoria del joven.

Valentina Chiaraviglio - Ileana Hotschewer

La calma de la ciudad de San Cristóbal se rompió de forma irreversible. Un alumno de 15 años ingresó a la Escuela Normal Superior N° 40 con un arma de fuego y disparó contra sus pares. El resultado fue fatídico: un chico de 13 años perdió la vida y otros tres resultaron heridos, uno de ellos luchando por su vida.

Sin embargo, tras el estruendo de los disparos, comenzó a emerger un ruido más sordo pero igual de peligroso: las denuncias de bullying. Aunque algunos compañeros niegan el hostigamiento, en las redes sociales ya circulan registros fílmicos donde se observa al agresor siendo objeto de "bromas" y burlas sistemáticas.

La defensa del joven, a cargo de los doctores Néstor y Mariana Oroño, aportó un dato clave para entender el contexto de salud mental: el menor presentaba antecedentes de autolesiones desde hace meses. "Nunca había atacado a terceros", subrayaron los letrados, lo que refuerza la hipótesis de un sufrimiento interno que, al no ser canalizado o detectado a tiempo por el mundo adulto, terminó volcándose hacia afuera de la peor manera.

Para Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying, este episodio es la "caja de resonancia" de una sociedad violenta. "No es normal que un adolescente realice este tipo de hechos; algo estuvo pasando, alguna señal en casa o en la escuela tuvo que haber habido", señaló Mainer en diálogo con este medio.

El experto puso el foco en un problema estructural: la mayoría de las escuelas carece de un proyecto institucional de convivencia escolar. "De nada sirve una jornada aislada una vez por mes si el lunes volvemos a un aula donde el insulto está naturalizado", advirtió. Según Mainer, el fenómeno del acoso suele darse en dinámicas silenciosas donde los adultos, por desconexión o minimización, terminan interviniendo cuando el caso ya es una emergencia.

En San Cristóbal, el debate está instalado: mientras el Ministerio de Educación afirma que no había antecedentes de advertencia, los videos en redes sociales cuentan otra historia.

Mainer citó estudios recientes que vinculan directamente el aumento de casos de bullying con entornos donde la burla es "moneda corriente". En San Cristóbal, el debate está instalado: mientras el Ministerio de Educación afirma que no había antecedentes de advertencia, los videos en redes sociales cuentan otra historia.

Esta desconexión entre lo que la institución ve y lo que los chicos viven en la virtualidad o en los pasillos es, quizás, la brecha más peligrosa. El hostigamiento por exclusión —aquel "raro" que no es invitado o es ignorado— es muchas veces la antesala de reacciones violentas que la escuela no sabe cómo gestionar.

Así lucía la escuela la Escuela Normal de San Cristóbal tras la dolorosa jornada. Crédito: El Litoral

La investigación judicial deberá ahora determinar cómo un adolescente con antecedentes de sufrimiento personal y autolesiones —confirmados por su propia defensa— accedió a un arma y llegó al extremo de atacar a sus pares. Este historial clínico se cruza con las denuncias de acoso escolar que, aunque negadas por algunos sectores institucionales, cuentan con un correlato fílmico que ya está en manos de los investigadores.

La tragedia de San Cristóbal por el momento expone una desconexión crítica. Por un lado, la realidad de un joven con una problemática de salud mental preexistente en su seno familiar; por el otro, un entorno escolar donde las versiones sobre el bullying difieren entre lo que muestran los videos y lo que registran las actas oficiales.

El secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, junto con el director provincial de la Agencia de Mediación, Marcelo García, realizó un balance del trabajo desarrollado durante 2025, con énfasis en la puesta en marcha del sistema de juicios por jurados y en el crecimiento de los acuerdos alcanzados a través de mecanismos de mediación de conflictos.

En relación con los juicios por jurados, Mascheroni destacó que su implementación representó “un desafío que inicialmente generó incertidumbre y un intenso debate parlamentario”, tras varios intentos fallidos en años anteriores. “Hoy el sistema está en marcha”, subrayó. Durante 2025 se llevaron a cabo cuatro juicios en la provincia, correspondientes a las figuras previstas por la normativa: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes.

Los procesos se desarrollaron en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, San Javier y Reconquista. En tanto, permanecen pendientes de programación los juicios previstos para Venado Tuerto y Rosario. Todo el sistema se encuadra en la ley N.º 14.253, que habilita la participación directa de la ciudadanía —personas de entre 18 y 75 años— en el juzgamiento de delitos graves.

El funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad calificó la experiencia como positiva y remarcó la complejidad inherente al funcionamiento del sistema. “No es sencillo que 12 personas se pongan de acuerdo”, explicó, al señalar que los jurados suelen pertenecer a distintos estratos sociales y proceden de diversas localidades, dado que se sortean dentro de cada circunscripción judicial.

En ese sentido, precisó que el sistema santafesino prevé una mayoría agravada para alcanzar el veredicto de culpabilidad: “Se requieren 10 votos sobre 12. A diferencia del modelo tradicional norteamericano, que exige unanimidad, aquí se establece una mayoría superior a los dos tercios, lo que facilita la toma de decisiones sin resignar garantías”, indicó.

Asimismo, detalló que el padrón de potenciales jurados alcanza a unos 11.000 ciudadanos, distribuidos de manera proporcional entre las distintas circunscripciones. “El universo del que se sortean jurados en Santa Fe no es el mismo que en Rosario ni en las otras circunscripciones”, aclaró. De cara a 2026, anticipó que el número de juicios por jurados será mayor, dado que “la experiencia ya se ha consolidado”.

Por su parte, el director provincial de la Agencia de Mediación presentó los resultados del trabajo realizado durante el año. Con datos actualizados al 21 de noviembre, García informó que el porcentaje de acuerdos alcanzados pasó del 21 % al 27 %, con mayor incidencia en los conflictos de índole familiar que en los civiles y comerciales.

“El crecimiento fue superior a lo esperado”, reconoció el funcionario. “Proyectábamos un aumento de dos o tres puntos por año y, sin embargo, en un solo período se registró una suba de más de seis puntos”. Atribuyó este resultado a la coordinación entre los distintos actores del sistema -abogados, mediadores, la Agencia y las instituciones de capacitación- y a una mejora en la forma de abordar los conflictos.

Finalmente, García analizó que el contexto económico también incide en la predisposición a alcanzar acuerdos. “En un escenario de incertidumbre, las personas prefieren resolver sus conflictos en el presente, aun cediendo parcialmente, antes que prolongarlos. La búsqueda de seguridad impulsa soluciones más rápidas y consensuadas”, concluyó.

(Por Juliano Salierno y María José Ramón) - El comienzo del tercer juicio por jurados en la provincia de Santa Fe volvió a poner en primer plano el funcionamiento del modelo que incorpora a ciudadanos comunes como protagonistas directos de la administración de justicia.

En este contexto, el secretario de Justicia santafesino, Santiago Mascheroni, realizó una evaluación positiva del avance de esta modalidad y destacó que el sistema “se va afianzando” a medida que se acumulan experiencias.

El debate está previsto para este lunes y martes de noviembre. Foto: Guillermo Di Salvatore

“Es un nuevo paradigma —señaló— donde el hombre y la mujer de a pie pasan a formar parte del Poder Judicial mientras dura el juicio. Son jueces de los hechos y al final del proceso deliberativo establecen un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad”.

Según el funcionario, las incertidumbres iniciales sobre el compromiso ciudadano fueron disipándose: “Temíamos que la ciudadanía no colaborara, pero estamos viendo que de a poco empieza a aquilatarse”.

Hasta el momento, Santa Fe contabiliza tres juicios por jurados en su ámbito provincial: uno en San Cristóbal y dos en la ciudad capital.

Para Mascheroni, la consolidación del sistema será aún mayor cuando en 2026 comiencen a funcionar plenamente en los tribunales de Reconquista, Venado Tuerto y Rosario, que aún no han estrenado esta modalidad. “Veremos el año que viene el funcionamiento pleno de esta institución”, expresó.

El juicio que comenzó esta semana aborda el crimen de una mujer en ocasión de robo, ocurrido en la ciudad de San Javier. Mascheroni explicó que será el jurado quien evalúe los elementos expuestos durante el debate y arribe a un veredicto.

El juez Lisandro Aguirre tendrá la labor de instruir al jurado popular. Foto: Guillermo Di Salvatore

En caso de condena, la pena prevista es prisión perpetua, ya que los juicios por jurados en Santa Fe están limitados a delitos gravísimos: homicidios calificados, abusos sexuales seguidos de muerte, robos seguidos de muerte y enfrentamientos letales entre fuerzas de seguridad y delincuentes. “Existe la posibilidad de incorporar otras figuras, pero eso dependerá del Poder Legislativo”, aclaró.

Respecto del comportamiento de los jurados, el secretario indicó que la experiencia ha sido positiva. “No están sujetos a un libreto; analizan las causas con seriedad. En algunos casos, la rapidez del veredicto tuvo que ver con la claridad de los elementos probatorios”.

Agregó que los juicios por jurado tienden a generar repercusión pública, lo que contribuye a su consolidación: “Es un mecanismo que con el tiempo va a ir afianzándose”.

Mascheroni también sostuvo que los temores iniciales sobre la seguridad de los jurados o las resistencias al sistema se irán disipando con la práctica. “La experiencia lo va a ir mejorando”, afirmó.

En cuanto a la selección de los ciudadanos convocados, señaló que no hubo rechazos de relevancia. “El proceso garantiza que acusación, defensa y querella puedan intervenir en la elección de los 12 integrantes titulares y sus suplentes. El padrón fue depurado y el sorteo está a cargo del Poder Judicial”, concluyó.

Este 17 y 18 de noviembre se llevará a cabo en los tribunales de Santa Fe el juicio por jurados por el crimen de Erminda Dominga Favot, una jubilada de 79 años de la ciudad de San Javier, cuyo cadáver fue hallado por familiares la tarde del 27 de diciembre de 2022 en su casa de la calle Libertad 2170.

Por el hecho será juzgado Alberto Humberto Romero (45), alias “Baracus”, un ex convicto y changarín de la zona que supo realizar tareas de jardinería para la mujer y que permanece detenido desde el mismo día en que Favot fuera hallada sin vida.

Romero llega a juicio acusado por los delitos de "hurto" y "homicidio calificado por ser cometido con el fin de consumar otro delito y para procurar su impunidad -criminis causae-”.

Fiscalía y defensa tratarán de convencer al jurado de su teoría del caso. Foto: Guillermo Di Salvatore

La acusación se encuentra a cargo de los fiscales del MPA, Francisco Cecchini y Guillermo Persello; y la defensa la realizan los abogados del Ministerio Público de la Defensa, Virginia Segado, Nicolás Mosconi y Alejandra Montú; en tanto que el juez que dirige el debate es el Dr. Lisandro Aguirre.

Noelí Rojas

Tras dos horas de debate del jurado, el acusado fue declarado culpable por los delitos de: Homicidio cometido en estado de emoción violenta, Lesiones leves no intencionales, Tenencia ilegal de arma de uso civil y Daño calificado.

El juicio comenzó el lunes por la mañana, en jornada con doble turno, al igual que en el día de la fecha. Fue presidido por el juez Nicolás Stegmayer, mientras que actuaron como fiscales del Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal Silvina Verney y Hemilse Fissore. El imputado estuvo representado por los abogados Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci.

Tras la instancia de deliberación secreta que tiene un plazo mínimo de duración de dos horas, el jurado popular decidió por unanimidad condenar al imputado. La pena será determinada en días posteriores por el juez luego de celebrarse la audiencia de cesura.

Al finalizar el juicio, los abogados defensores expresaron sus sensaciones y manifestaron que, si bien fue declarado culpable Ulrich, las penas correspondientes a esos delitos son menores, así que fue una victoria para ellos y se pudo observar su festejo con apretón de manos y puños cerrados.

“Nos vamos muy conformes en todo sentido, primero porque fue un juicio muy prolijo, con un juez que lo dirigió a la perfección, permitió que fuese ágil, que haya respeto entre las partes. La teoría que teníamos como defensores y que la expusimos en los alegatos fue la que logró triunfar. Entendemos que se trabajó con pruebas que fueron contundentes y eso ha convencido al jurado. Agradecer al sistema, estamos satisfechos, mañana vamos a requerir la libertad de nuestro defendido, porque el tiempo que lleva en prisión y por el tipo de delito condenado estaría en condiciones de lograr su libertad”, indicó el Dr. Torres del Sel.

Según explicó el abogado, el delito mayor es el daño calificado que tiene un máximo de 4 años y el homicidio con emoción violenta tiene un máximo de 3. Ulrich saldría beneficiado porque no tiene antecedentes penales y estuvo preso 2 años y 5 meses, entonces sería corta la pena que dicte el juez.

Sobre el acusado contaron que tras conocer el fallo estuvo emocionado, feliz y llorando, además que vivió mucha incertidumbre porque el pedido de pena de la fiscalía era de prisión perpetua. “Volvió a nacer”, dijo Torres del Sel.

(Por Juliano Salierno) - El lunes 9 de junio será un día más que especial para la Justicia santafesina, cuando en los tribunales de San Cristóbal se dé inicio al primer juicio por jurados en la historia de la provincia.

Las miradas están puestas en la ciudad del noroeste donde, desde muy temprano, comenzarán a llegar los ciudadanos convocados a intervenir como miembros del jurado, pero también habrá importante presencia de autoridades provinciales, principalmente de los poderes Judicial y Ejecutivo.

La fiscal general Vranicich confirmó su presencia en San Cristóbal. Foto: Archivo

Estarán presentes el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich; y autoridades de Secretaría de Gobierno, equipos de Gestión y Comunicación de la Corte Suprema de Justicia provincial.

En cuanto al juicio oral en ciernes, se llevará a cabo en San Cristóbal porque la ley N° 14.253 sancionada y promulgada en marzo de 2024 que instaura el juicio por jurados en las causas criminales de mayor relevancia, estableció una puesta en marcha progresiva, siendo la Circunscripción judicial N° 5 con sede en Rafaela, la encargada del debut.

Según el cronograma de implementación, establecido en la resolución 2342 del 17 de septiembre de 2024 y modificatoria de la 1388 del 22 de julio, ya se encuentran en igual condición Reconquista -desde el 1 de diciembre de 2024; Venado Tuerto -1 de febrero de 2025-; y Santa Fe -1 de junio de 2025-; mientras que Rosario lo estará a partir del 1 de octubre de 2025.

En el caso particular, el 9 y 10 de junio próximos será juzgado el crimen del policía Franco López (40) y las lesiones contra Jésica L., ocurridos en zona rural de Monigotes -departamento San Cristóbal- la madrugada del 17 de enero de 2023.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, también estará en el juicio. Foto: El Litoral

Por el hecho estará en el banquillo Rubén Ulrich, un hombre de 58 años, detenido por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja" y "lesiones leves dolosas calificadas, mediando violencia de género”.

Ambos delitos agravados por el uso de arma de fuego, en concurso ideal; además de los delitos de “daño calificado y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”.

Estará a cargo de guiar el debate el juez penal de Rafaela, Nicolás Stegmayer; en tanto por el Ministerio Público de la Acusación actuarán las fiscales Silvina Verney y Hemilce Fissore; y la defensa de Ulrich la ejercerán los abogados de la matrícula, Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci.

Si bien el debate en sí mismo tiene horario de inicio al mediodía, la actividad judicial comenzará a las 9 con la audiencia de selección del jurado, a la que asistirán los 36 ciudadanos convocados, de los cuales quedarán los 12 titulares, más 2 suplentes, que efectivamente estarán en la sala.

Una vez cumplimentado este paso formal, estará todo listo para el inicio del juicio. El juez Stegmayer dará las instrucciones iniciales al jurado y luego serán los alegatos de las partes.

La programación oficial establece que tras un cuarto intermedio se abra la etapa probatoria, con la declaración de 13 testigos; 6 de los cuales declararán el lunes y los 7 restantes el martes.

De no mediar inconvenientes, los alegatos de clausura están previstos para después del mediodía del martes, previo a las instrucciones finales y la deliberación del jurado, que decidirá por la condena (la fiscalía pedirá perpetua) o absolución del inculpado (la defensa proclama su inocencia).

El primer juicio por jurados a realizarse en la provincia de Santa Fe desde la sanción de la Ley Nº 14.253 comenzó a tomar forma con el sorteo de los 36 potenciales candidatos para conformar el tribunal popular. El último viernes, se realizó un sorteo complementario y sólo queda pendiente la audiencia de selección de los jurados, como instancia previa al inicio del debate.

Si bien el viernes 25 de abril se llevó a cabo, en los tribunales de San Cristóbal, el sorteo de 36 ciudadanos que integran el padrón que confeccionaron las autoridades para el nuevo proceso, lo cierto es que no todos pudieron ser localizados y el juez del caso, Nicolás Stegmayer, debió disponer un sorteo complementario.

El bolillero digital se puso en marcha el pasado viernes 9 de mayo, y de allí se extrajo una nueva lista de 26 personas que serán citadas hasta completar el número original de 36 postulantes.

De ese total sólo quedarán 14 -12 titulares y 2 suplentes-, cuyo filtro será la audiencia de selección de jurados fijada para el lunes 9 de junio, en la antesala del juicio oral.

El caso que se lleva a debate es por el crimen del policía Franco López (40) y las lesiones contra Jésica L., ocurridos en zona rural de Monigotes la madrugada del 17 de enero de 2023.

Rubén Ulrich (58) se encuentra detenido, en prisión preventiva, por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja" y "lesiones leves dolosas calificadas, mediando violencia de género”.

Ambos delitos agravados por el uso de arma de fuego, en concurso ideal; además de los delitos de “daño calificado y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”.

Ulrich llega a juicio acusado por las fiscales del MPA, Silvina Verney y Hemilce Fissore, quienes solicitarán al jurado que se lo condene a prisión perpetua; mientras que los abogados defensores Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci, creen que se trató de un caso de emoción violenta y pedirán que se lo absuelva.

A propósito de ello, el Dr. Scarinci habló con El Litoral y contó que es lo que esperan de este nuevo e histórico proceso.

-¿En qué consistió el sorteo del último viernes?

-Fue un sorteo complementario al que se había hecho (el 25 de abril) para buscar seleccionar los 36 potenciales jurados que se sortean del padrón confeccionado de forma previa.

Por la información que nos han brindado, no se ha podido encontrar a todas esas personas y no llegaron a notificar a los primeros 36, entonces se decidió completar una nómina mayor de jurados. La idea es contar con una base mayor de personas seleccionadas para la selección.

-¿Cuántos serán finalmente los jurados que participarán de la audiencia de selección?

-Van a ser los 36 que marca la ley. Se tiene que llegar a completar ese número.

-¿Qué expectativas tienen de las personas que formen parte del tribunal popular?

-Con relación a la expectativa de las personas que vayan a integrar el jurado, sabemos cuál es la teoría del caso de la fiscalía y tenemos la nuestra. Como base pretendemos un jurado independiente, que sea permeable a poder evaluar la posición de la defensa.

Somos conscientes que no queremos un jurado cerrado en las consideraciones, ni con prejuicios formados sobre circunstancias relacionadas sobre la violencia o las relaciones interpersonales.

Tenemos un prototipo de jurado que pretendemos intervenga en el debate, el cual a partir de una estrategia de litigación se irá seleccionando con los cuestionarios que se formulen en la audiencia de selección de jurados, que es sumamente importante.

Estamos convencidos que un jurado que entienda la importancia de su participación en el debate y que las relaciones interpersonales no se limitan a situaciones estancas o preestablecidas, podrá evaluar con imparcialidad suficiente la teoría de la defensa.