El simple hecho de poseer un empleo es insuficiente para generar los ingresos indispensables en la Argentina. Es lo que se infiere de la proporción de trabajadores que buscan activamente otro puesto o más horas para mejorar sus recursos. Eso más de 1.482.776 “desocupados”, lo que equivale al 7,5% de la Población Económicamente Activa del país.

“La dificultad no radica únicamente en cuántas personas no tienen trabajo, sino también en cuántas, aun teniéndolo, necesitan trabajar más o mejorar su situación laboral”, advirtieron en un informe los analistas Laura Caullo y Federico Belich.

Los responsables de la sección Socio-Laboral del Ieral/Fundación Mediterránea señalaron que, de los 21 millones de ocupados en el país, más de 3,7 millones están en esa situación en la que “no alcanza” el trabajo “ni en cantidad de horas ni en nivel de ingresos”. Son 5,2 millones de argentinos con problemas de ingresos, si se suman los que no tienen empleo.

A marzo de 2026, la inflación interanual se ubica en torno al 33,1%, una cifra significativamente menor a la del año anterior. Sin embargo, los salarios han seguido dinámicas distintas según el sector: sector privado registrado, suba del 28,7% a 30%; sector público nacional cerca del 28,9% y sector Informal con una recuperación más significativa pero desde pisos comparativos muy bajos.

La escena resume la demanda creciente sobre el modelo de Milei, que más allá de la nominalidad de los ingresos deteriorados, exige más gasto de los bolsillos argentinos en servicios (tarifas que van abandonando subsidios), lo que achica el margen para comprar alimentos.

El último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), publicado el pasado jueves, muestra un escenario de fragilidad en las expectativas de los argentinos. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una caída del 5,3% en marzo respecto al mes anterior, encadenando su segundo mes consecutivo a la baja (en febrero había caído un 4,7%).

Más allá del millón y medio de desocupados, de acuerdo con los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025, el mercado laboral argentino está compuesto por una Población económicamente Activa (PEA) de 22.544.130 personas.

Esta fuerza laboral contabiliza a una gran mayoría de “ocupados”, que suman 20.874.194 personas, lo que representa el 92,6% de la PEA. Pero a su vez este grupo se subdivide según su búsqueda activa de otro empleo.

Allí están los “no demandantes”, que son 17.133.539 personas (el 82,1% de los ocupados) que tienen trabajo. Dentro de esta categoría, el 61,0% (10.451.458 personas) se encuentra en el sector formal, mientras que el 39,0% restante (6.682.080 personas) pertenece al sector informal.

Pero en el mismo grupo están los “demandantes”: son 3.719.781 personas (el 17,8% de los ocupados) que, pese a tener trabajo, buscan activamente otra ocupación. Este segmento refleja una presión sobre el mercado laboral y se compone por ocupados demandantes (1.961.339 personas o 52,7%) y subocupados demandantes (1.758.442 personas o 47,3%).

Según los analistas del Ieral, Santa Fe está entre las provincias con centros urbanos importantes que presentan “niveles intermedios” de presión en la demanda laboral. La provincia registra un 20,7% (14,7% de ocupados demandantes y 6,1% de desocupados), mientras que CABA se ubica en el 18,6% (13,8% de ocupados demandantes y 4,8% de desocupados).

Córdoba es el distrito con mayor presión del país, alcanzando el 35,4% de su PEA (compuesto por un alto 26,6% de ocupados demandantes y un 8,8% de desocupados). Tucumán se ubica en segundo lugar con un 34,2%; allí está la mayor proporción de ocupados demandantes de toda la Argentina (28,6%), sumado a un 5,6% de desocupación

Le siguen con niveles altos Santa Cruz (27,7%), Mendoza (27,5%), La Pampa (26,8%) y la provincia de Buenos Aires (26,2%, conformada por un 16,8% de ocupados demandantes y un 9,4% de desocupados).

Formosa registra el nivel más bajo del país con apenas un 4,5% de presión total (siendo un 3,3% desocupados). Otros distritos con cifras de un solo dígito son Neuquén con un 5,5% (3,2% ocupados demandantes y 2,3% desocupados), Entre Ríos con un 8,5% y San Luis con un 9,8%.

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron una concentración frente al Congreso de la Nación junto a organizaciones del ámbito de la salud, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, docentes, no docentes y organizaciones de jubilados.

El motivo de la manifestación fue la recomposición salarial que ubican en torno al 100% de acuerdo "que es lo perdido en el último año", un sueldo inicial de $1.500.000 "para igualar la canasta básica" y el rechazo al impuesto sobre el salario.

"Las y los trabajadores de la Salud y el movimiento estudiantil, tenemos que decirle basta a este experimento siniestro", plantea un comunicado difundido por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT).

La marcha aglutinó a trabajadores con residentes y cientos de estudiantes universitarios, aunando la protesta con el reclamo en facultades de todo el país. "Más de 30 asambleas resolvieron confluir con nuestra propuesta de unidad en defensa de lo obvio, de lo más básico: la Salud y la Educación pública", argumenta el comunicado.

En ese sentido, el secretario de organización de la Federación Universitaria Argentina (FUA) e integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales (UBA), Agustín Romero, aseveró que "cerrar hospitales, vaciar el Garrahan y atacar la universidad pública es parte de un experimento siniestro de un gobierno anti-todo lo que está bien".

Además, dijo que, por ese motivo, pretenden unificar el rechazo al veto del presidente Javier Milei sobre el presupuesto universitario con el reclamo salarial del Garrahan, los residentes, el Hospital Bonaparte y "todos los sectores de que se opongan a esta aberración que nos agrede desde que asumió".

Por año, el Hospital Garrahan atiende 600 mil consultas, entre presenciales y virtuales, realiza 10 mil cirugías de alta complejidad, están a cargo del 50% de los trasplantes pediátricos del país y del 40% por ciento de la atención de cáncer en pediatría.

Sin embargo, el personal médico asegura que la situación actual del Hospital es límite y se encuentra afectada la calidad del servicio. "La atención en el Garrahan llegó a un estado crítico", señalan, porque en los últimos nueve meses "perdió la misma cantidad de profesionales de la salud que en los últimos nueve años".

"Fue una aceleración en picada de la fuga de personal capacitado por la Salud Pública que termina yéndose al ámbito privado, debido a los bajos salarios, o directamente yéndose del país", indicaron.

El reclamo se unificó también con el de otros efectores de salud afectados por las políticas del gobierno libertario, como fue el caso del Hospital Bonaparte que atiende casos de salud mental y reclaman por el recorte de partidas que resiente su funcionamiento, al igual que el Hospital Posadas, donde hubo 120 despidos y también reclaman por retrasos salariales.

Los gremios docentes nacionales, tanto la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) como los cuatro sindicatos nucleados en la CGT (UDA, AMET, CEA y Sadop) convocaron a un paro de actividades por 24 horas para el jueves 23 del corriente mes. La definición se conoció a escasos minutos de que comience la paritaria docente provincial, que retomaba la discusión por aumento salarial este lunes a las 16.

La medida de fuerza alcanzaría a todas las áreas del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la universitaria (que ya había anunciado el paro la semana pasada), en protesta por los retrasos salariales y la ausencia de convocatoria del Gobierno a la mesa paritaria nacional del sector, que estuvo estancada desde diciembre de 2023.

La Ctera, de la cual la Amsafe es uno de los sindicatos de base, informó que la medida de fuerza se tomó “ante la falta de respuestas a las demandas salariales, laborales y de financiamiento educativo”.

Entre sus planteos está la exigencia de una “urgente” convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; la restitución del Fonid (“que implica una disminución del salario entre un 10 % y un 20%”, dice); el financiamiento para las escuelas y las universidades públicas; más presupuesto educativo; y envío de recursos para infraestructura escolar, comedores escolares y el financiamiento para programas educativos.

Asimismo, la Ctera solicita un “urgente aumento de emergencia” a los salarios de las docentes y los docentes jubilados, y se pronuncia por la negativa al traspaso de las Cajas Provinciales a la Nación, a la modificación de los Regímenes Jubilatorios Docentes Nacionales y Provinciales, y al cese de los despidos y reincorporación de todos los trabajadores despedidos en las áreas educativas de la Nación.

En tanto, desde UDA, Sergio Romero dijo que los motivos de la medida incluyen el tema salarial. “El sistema educativo argentino se encuentra en una crisis muy profunda, salarios mínimos en todo el país debajo de la línea de pobreza, y en muchos casos ya debajo de la línea de indigencia. El último acuerdo paritario a nivel nacional fue en el mes de diciembre pasado donde docentes que tienen ese salario inicial quedaron en 250.000 pesos”, adujo, e informó que el martes se ampliará en una conferencia de prensa.

“Tenemos docentes pobres que no alcanzan a cubrir sus necesidades indispensables. Muchos de ellos son jefes de familia y eso es gravísimo, es parte de una crisis profunda en el tema salarial”, indicó.

“Por lo tanto estamos en una profunda crisis, baja inversión en el sistema educativo, se han restado las posibilidades de darle computadoras a los chicos, los libros, la formación de los docentes en servicio, es decir, hay una profunda crisis y lamentablemente no es prioridad para el país de la educación cuando en los países de avanzada la educación es una prioridad”, señaló.

La Argentina caería en recesión hacia finales de marzo o principios de abril, justo cuando comiencen a ingresar con fuerza los dólares de la cosecha, y la economía bajaría este año alrededor del 3%. Esas es la estimación que manejan las principales consultoras y también algunos funcionarios del Palacio de Hacienda.

Las ventas minoristas experimentaron fuertes caídas en las últimas semanas y se profundizarían en medio de un alza de precios que va dejando sin respuesta a la clase media. El presidente Javier Milei había anticipado días antes de asumir que lo que vendría sería un escenario muy duro.

Para noviembre último, la actividad ya estaba virtualmente estancada como consecuencia de la feroz sequía que afectó al campo. El problema es que luego vino la devaluación de diciembre, el fin de los acuerdos de precios y una nueva ola de aumentos que llevaron la inflación en diciembre al récord del 25,5%. La contracción del consumo se empieza a ver con caídas en las ventas de supermercados y mayoristas.

En enero se encendió otro alerta con la caída del 6% interanual en la recaudación, traccionada por la sensible disminución de impuestos relacionados con la actividad y Ganancias, si bien atenuada por mejoras en los impuestos de comercio exterior debido a la devaluación y el aumento de alícuotas.

Los salarios formales con aportes a la seguridad social cayeron casi 14% interanual en términos reales en diciembre. En ese escenario, el Gobierno reconoció que la pobreza ya se ubica alrededor del 50%. Para el FMI, la economía se mueve hacia una estanflación , con un IPC que se mantendría en 25% en enero y recién empezaría a desacelerar por la caída de la demanda, por lo que proyecta una caída del PBI del 2,8% en 2024.

Por el plan de ajuste y el shock inflacionario, los economistas ya empezaron a notar señales de que lo que podría ser el inicio de una nueva recesión y para el primer trimestre esperan una caída del producto de hasta el 6% interanual, el mayor desplome desde el tercer trimestre del 2020, cuando la economía cayó 10% por la parálisis de la actividad por la pandemia y las restricciones.

Los datos de caída de la industria y la construcción se sumaron a la retracción del consumo, actividad, faena vacuna, importaciones, venta de nafta, consumo de electricidad, escrituras en la Ciudad y préstamos al sector privado.

Las ventas de supermercados y mayoristas de noviembre caen 7,5% y 11,3% mensual. Diciembre y enero vienen peor. Algunos expertos, como Miguel Kiguel, consideran que ya se está transitando una recesión. En enero bajó 6% interanual la recaudación, traccionada por la disminución de impuestos relacionados con la actividad y Ganancias.

Para EcoGo, los últimos datos anticipan un primer trimestre con una caída del 4,8% respecto del trimestre anterior y una baja del 6% interanual.

Para el FMI, la economía se mueve hacia una "estanflación", con un IPC que se mantendría en 25% en enero y recién empezaría a desacelerar por la caída de la demanda, por lo que proyecta una caída del PBI del 2,8% en 2024. El diagnóstico coincide con el del gobierno, donde creen que el salto inflacionario "no se puede trasladar a precios" y aguardan una recesión en regla.

Técnicamente, se considera que hay recesión cuando se producen dos trimestres consecutivos de caída. Así, tras un cuarto trimestre probablemente negativo en 2023 (el dato aún no se conoce), los seis meses se cumplirían en marzo.

La conducción de la CGT definió que pedirá un aumento del 85% en el salario mínimo en la reunión convocada para el 15 de febrero próximo. Se espera que la CTA vaya por un incremento aún mayor. El sector empresarial, conformado entre otros por la UIA y la Cámara de Comercio, aún no se expidió al respecto.

El sueldo mínimo es de $156.000 para los mensualizados o de $ 780 por hora. El Consejo del Salario Mínimo debió haber sido convocado en diciembre para definir los valores de los primeros meses de 2023. La Comisión de Salario Mínimo reúne a sindicalistas de la CGT y CTA y representantes empresarios como UIA.

El salario mínimo arrastra una caída muy fuerte en los últimos años. Sólo en 2023 tuvo un incremento del 151,8% frente a una inflación del 211,4%. Una pérdida de 19%. En relación con la canasta básica alimentaria, la caída fue superior, del 25%.

"La devaluación, que se suma a la brutal inflación acumulada diciembre 2023-febrero 2024, sobre todo en insumos de la canasta básica de alimentos y salud, imponen una actualización de al menos del 85%", dijo Daer.

Según CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), "el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil muestra una tendencia negativa desde 2011, que resultó particularmente fuerte en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, así como en 2020. Esta caída ha sido incluso superior a la pérdida real de los salarios registrados".

Luego, "entre 2021 y 2022, en un contexto de inflación creciente, existieron siete instancias de actualización del salario mínimo, que no lograron una recuperación de su poder de compra. El año 2022 cerró con una caída promedio del salario mínimo real del 1,3%, que lo ubicó 33% por debajo del nivel de 2015". Con la pérdida de 2023, la caída es del 45%.

La ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al salario mínimo, vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.

Inflación del 21,7% en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) trepó al 21,7% durante enero y acumuló un avance del 238,5% en los últimos doce meses, impulsada por alimentos, combustibles y transporte, informó el Gobierno porteño. El porcentaje del primer mes de 2024 refleja una aceleración con relación al 21,1% que se había registrado en diciembre. El INDEC dará a conocer el miércoles 14 de febrero el Índice de Precios al Consumidor a nivel país que, según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, se ubicará en torno al 20%.

Según detalló la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, el rubro que más aumentó en enero fue "Cuidado personal, protección social y otros productos", con 35,7%. Transporte registró un alza del 33,7% por el aumento en los precios de los combustibles y pasajes aéreos, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un avance de 25,4%.

Un informe de la Fundación Mediterránea publicado esta semana indica, entre otros datos, que los salarios formales, públicos y privados, en la provincia de Santa Fe cayeron en promedio -18% en el período junio de 2015 y junio de 2023. Además, la misma base estadística muestra que el deterioro fue más alto entre los empleos formales de las empresas de particulares que en el sector público en general. En el primer caso el descenso fue de -18% y en el segundo de -16%.

Se trata de un cuadro estadístico que mide la variación del salario promedio por provincia en términos reales, en ese período de ocho años que, por tomar el mes de junio permite suponer que es representativo de la totalidad del año.

Según la publicación de Laura Caullo y Azul Chincarini titulada "La masa de ingresos fijos que reciben los hogares sufre la erosión de la inflación y en términos reales retrocede a niveles de 15 años atrás", fue en Mendoza (-29,5%), Tucumán (-29,1%) y Tierra del Fuego (-28%) donde se registraron la caídas más pronunciadas. Salta (4,3%) y, bastante más lejos, Entre Ríos (-10,6%) mostraron los mejores promedios.

Es en las comparaciones entre el índice para las remuneraciones formales en la actividad privada y las del sector público donde pueden hacerse las lecturas más interesantes, sobre el cuadro estadístico que toma un amplio período de ocho años, que en su mayoría corresponden a las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Por ejemplo, en la provincia cuyana que muestra el mayor deterioro coinciden salarios menos atractivos en el ámbito estatal provincial y municipal (-39%) con lo que sucede en el ámbito productivo y de servicios privados (-21,7%); en cambio, en Salta, la única con números positivos (al menos a la altura de junio del año pasado), pesa una mejora del 10% en los salarios públicos formales y una baja de -7,8% en el ámbito privado.

En general, los salarios de quienes se desempeñan a las órdenes de una empresa privada tuvieron peor suerte que los de las dependencias del Estado municipal y provincial, en casi todas las jurisdicciones subnacionales, es decir, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente en Caba, donde se registran los salarios más altos del país, la variación del salario promedio en términos reales, entre junio de 2015 y junio 2023, fue de -13%, pero su sector privado logró salarios que cayeron menos que en el Estado: -10,3% frente a -18,4%.

Otro caso digno de mención es Santa Cruz. La enorme provincia patagónica exhibe el mejor índice salarial privado con una baja de apenas -07%, pero también un derrumbe de los estatales santacruceños de -38,7%. En promedio, al considerarse la totalidad de los salarios formales (con recibo de sueldo) Santa Cruz queda en un aceptable 12,6%.

Por su peso en la economía argentina, importa la Provincia de Buenos Aires cuyos salarios formales del ámbito privado y público bajaron en esos ocho años -16,5%, pero en el primero el índice fue de 16% y en el segundo -18,7%.

Los salarios privados cayeron menos que los estatales en Mendoza, Caba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, La Rioja, Corrientes, La Pampa, Santiago del Estero, Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Jujuy y San Juan. En el resto de los distritos, entre ellos Santa Fe, sucedió lo contrario.

Pueden encontrarse explicaciones económicas para comprender, en el término de una década, la pérdida de poder adquisitivo del salario registrado frente a la inflación. Y también para entender por qué es mayor ese deterioro en el empleo privado.

Otro estudio de la misma fundación, titulado "En la década de la estanflación, el empleo público aumentó 34%" de Marcelo Capello, indica que para el período 2011-2022, en todo el país el empleo público de todos los niveles del Estado creció: 34% mientras que en las empresas apenas el 3%. El trabajo considera solo el empleo registrado. Es interesante observar que dentro del aumento del empleo público los puestos creados en las provincias, Caba y los municipios la tasa fue del 35% y en cambio a nivel nacional del 28%.

El detalle por provincias es más ilustrativo de la suerte de cada economía y de su sector público. En la provincia de Santa Fe la multiplicación de puestos de trabajo estatales quedó muy por debajo del promedio nacional, con un 27% a lo largo del período considerado (que no incluye 2023). Pero no se verificó un aumento importante en el empleo privado en blanco, apenas un preocupante 5%.

El autor considera que "el empleo en el sector público provincial ha registrado un fuerte crecimiento en el período bajo análisis, de modo que detrás de la caída del peso del gasto en personal, seguramente se tiene una disminución del salario real promedio".

Destaca que Misiones (93%), Chubut (77%), Santa Cruz (73%), La Rioja (68%), San Luis (64%), Provincia de Buenos Aires (53%) y Jujuy (51%) incrementaron su empleo público en más del 60% en los once años bajo análisis. En el mismo sentido, las jurisdicciones donde más cayó el empleo privado fueron Caba (-3%), San Luis (-1%) y San Juan (-1%).

Neuquén fue la única jurisdicción en la que los puestos de trabajo privados (asalariado formal) aumentaron más que el empleo público (provincial y municipal). Los guarismos fueron de 39 % y 33 %, respectivamente, para los últimos once años.

Una visión más acabada se logra al considerarse la tasa de actividad de cada provincia, que tiene presente el aumento de la población. Y en ese sentido, Santa Fe tiene un lugar destacado, es la provincia donde menos creció su población. Entre 2011 y 2022 aumentó un 9%. Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un número más bajo (2%). En el otro extremo se ubicaron dos jurisdicciones australes: Santa Cruz (35%) y Tierra del Fuego (34%).

Con esos datos, el investigador depura, per cápita, la variación del empleo público y del empleo privado. Así, en Santa Fe por cada uno de sus habitantes de 2022 hay -4% menos de puestos de trabajo que en 2011 en el ámbito privado y en cambio 16% más en los sectores públicos provinciales y municipales.

Así considerada la variación del empleo estatal, otra vez Misiones se destaca con un 69% más per cápita al final del ciclo bajo la lupa, seguida por La Rioja (45%), Santa Cruz (45%) y San Luis (42%) y Provincia de Buenos Aires (36%).

Es en Córdoba (-9%) donde más bajó el empleo público medido per cápita, seguida de La Pampa (-5%) y Tucumán (-1%).

En Santa Cruz (-26%) el empleo privado per cápita se derrumbó de 2011 a 2022. Le siguieron Tierra del Fuego (-20%), Chubut (-16%), San Juan (-14%), San Luis (-14%), Tucumán (-13%) y Mendoza (-11%).

El ministro de Economía, Pablo Olivares, analizó el posible impacto en la provincia de las medidas económicas nacionales anunciadas por Luis Caputo.

Tras reunirse a primera hora con el gobernador Maximiliano Pullaro, el funcionario anunció a la prensa que este viernes se conocerá el calendario de pago de aguinaldo a activos y pasivos provinciales, que será percibido "antes de Navidad".

MedidasRespecto de los anuncios en materia económica, Olivares planteó que deben ser enfocadas tanto desde el punto de vista fiscal como cambiario, a partir de una devaluación de más del ciento por ciento que se trasladará a precios.

El paquete anunciado incluye al menos dos medidas con incidencia directa en la provincia: paralización de la obra pública y cancelación de transferencias discrecionales. Respecto del primer punto, Olivares planteó que es intención de la provincia "confirmar que no se vean afectadas" las obras que ya están en ejecución, como la ampliación de la planta potabilizadora de ASSA en esta ciudad, el acueducto de Rosario, tres gasoductos y la Cascada Saladillo.

En cuando a las transferencias nacionales, anticipó que intentarán precisar qué partidas están incluidas en la medida. "Los anticipos a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones son partidas nacionales pero no deberían afectarse porque están establecidos por ley", comentó. Del mismo modo, citó el Fondo de Incentivo Docente y las partidas que se giran por el Plan 25 (ampliación horaria en las escuelas). "Entre las dos – dijo- estamos hablando de casi 50.000 millones de pesos anuales. Estamos chequeando todas aquellas transferencias que provienen del presupuesto nacional y que no deberían incluirse dentro de las discrecionales", comentó.

SalariosAcerca de cómo impactarían las medidas en las discusiones salariales, Olivares dijo que "no está en duda" la paritaria provincial que comenzará a reunirse en enero. Sin embargo, admitió que la situación amerita un "monitoreo con especial atención" para determinar qué impacto generará la devaluación.

"Una devaluación en el tipo de cambio de más del 100% y niveles inflacionarios planteados por el propio presidente que estarían oscilando entre el 20 y 40% durante tres meses, implicaría que se duplica cualquier valor nominal. Estamos hablando de cambios de reglas nacionales que posiblemente nos lleve a muchas décadas hacia atrás para ver qué significado tendría un plan como el que se ha anunciado. Es un cambio de reglas económicas que obliga a adecuar todo el análisis", advirtió.

TarifasOlivares confirmó que la reducción de subsidios nacionales anunciada impactará en las tarifas del transporte y la energía. "Esa reducción se va a trasladar directamente a tarifas porque ése es el mecanismo; una reducción de un subsidio nacional que va directo a compensar parte del precio que tendría que pagar el usuario y de un día para otro deja de estar, impacta en la tarifa", admitió.

De todos modos, evitó dar precisiones y dijo que cada uno de esos servicios "tiene sus marcos regulatorios a través de los cuales se determinará la manera y los tiempos para definir los nuevos valores". En el caso particular de la EPE, reparó en que deberá analizarse el impacto que genera la quita de subsidios en dos componentes: la compra de energía y el costo que genera su distribución.

Pese a todo, garantizó la vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito en la provincia. "Santa Fe va a ser todo el esfuerzo posible para garantizar el mantenimiento de ese de ese beneficio", concluyó.

El plan de lucha de los gremios docentes tomó mayor fuerza a fines de la semana pasada, cuando en asamblea decidieron no dictar clases durante cinco días, repartidos en tres semanas. Es la medida de fuerza más radical desde que en agosto comenzaron con los paros, en exigencia de un urgente llamado a la mesa paritaria.

El jueves, en asambleas de las delegaciones y luego provincial, los educadores públicos nucleados en el la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) votaron por la moción de un paro de 24 horas para el viernes 19, otro de 72 horas para los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de agosto y una tercera semana (del martes 30 de agosto al jueves 1 de septiembre).

Docentes públicos y privados ratifican medidas de fuerzas y van al paro

“Lamentablemente debimos seguir ratificando la medida de fuerza porque no hay respuestas de parte del gobierno provincial para que la reunión paritaria se desarrolle en agosto y por eso un número muy importante de docentes santafesinos, más de 30 mil, votaron por propuestas de paro y unos 20 mil de ellos fueron por una de las más radicalizadas. Eso expresa el descontento por no ser escuchados”, dijo en diálogo con Sur24, el delegado de Amsafe General López, Javier Delgado, quien detalló que casi el 99 por ciento los maestros del departamento se plegaron a este plan de lucha, que será el tercer paro desde agosto.

Al terminar las asambleas de Amsafe y Sadop (docentes privados) y tras anunciar las medidas de fuerza, el gobierno provincial difundió una nota donde confirmaba su postura de llamar a paritarias en septiembre.

Fue a través del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, que se conocieron las diferentes jornadas de discusión salarial: “En el marco de las instancias de negociación colectiva que lleva adelante el gobierno de la provincia con los distintos gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, estamos comunicando las fechas en que serán convocados cada uno de ellos para al diálogo paritario. El día 1 de septiembre se llevará adelante el encuentro con los que representan a la administración central, esto es UPCN y ATE. El día 2 del mismo mes, con los sindicatos del sector docente y el día 5 de septiembre con el sector de profesionales de la salud”, comunicaban.

La Provincia informó las fechas de convocatoria a paritarias para los distintos gremios

Ante esta información, Delgado sostuvo que “el gobierno provincial no nos deja de sorprender con sus actitudes de provocación”, añadiendo que “claramente nos provocan porque lo que buscamos es que la reunión paritaria sea en agosto, ya que en septiembre estaremos con una pérdida en nuestros salarios de más de 20 puntos. Por eso, seguimos llamando al gobierno a la reflexión y obviamente lo responsabilizamos por todos estos días que los alumnos no van a tener clases”.

Y sin dudarlo manifestó que los paros seguirán establecidos tal y como se votaron “porque deben entender que insistir con que la paritaria sea en septiembre es una provocación a lo que nosotros venimos reclamando desde junio, cuando se pidió formalmente una reapertura de paritarias y recién en agosto empezamos con las medidas de fuerza ante la no respuesta provincial”, explicó.

Al ser consultado por la declaración del gobernador Omar Perotti, en su paso por ExpoVenado, donde dijo que sostenía que la mesa paritaria se abrirá en septiembre porque no se puede desatender a los demás sectores “tocando la caja”, el gremialista retrucó y dijo que “nosotros no nos vamos a meter con los números de la provincia porque no nos postulamos para gobernar Santa Fe, lo que decimos es que estamos perdiendo más de 20 puntos de poder adquisitivo y si él quiere justificar ese ajuste diciendo que le tiene que sacar a otro sector, me parece una respuesta muy inconsistente”.

El gobernador también estuvo en la ciudad el pasado 17 de agosto en el acto sanmartiniano y los docentes agremiados a Amsafe llevaron adelante una asamblea en una de las entradas a plaza San Martín, donde se manifestaron pacíficamente. “Esperábamos que Perotti, al menos, se acerque para hablar con nosotros y entregarle un petitorio, pero decidió salir por otro lado de la plaza y decidimos no seguirlo para nos provocar problemas”, comentó el delegado.

En su mayoría los gremios provinciales se quejan por la falta de entendimiento del gobierno santafesino ante la gran inflación y el desfasaje respecto a sus salarios. “Ya vamos camino a perder más de 20 puntos del poder adquisitivo en nuestro salario; hemos cobrado en lo que va de 2022 un 30 por ciento y la inflación acumulada hasta julio es del 46 y si se suma la de agosto vamos a estar por encima de ese 20”, desarrolló el titular gremial.

“La pérdida es grave porque vemos que sindicatos que antes eran afines al gobierno, hoy están reclamando una actualización, dando entender que la situación es delicada”, dijo respecto a los paros realizados desde los gremios estatales (ATE Y UPCN) que hace semanas vienen llevando a cabo medidas de fuerza.

Teniendo en cuenta que desde la administración de Perotti convocaron a los docentes un día después de terminado su plan de lucha, es decir, el 2 de septiembre, Delgado sostuvo que en el mes entrante la situación “será caótica” ya que tendrán encima la inflación de agosto. “En junio o julio, cuando pedimos la reunión, podíamos acceder a un adelantamiento de los tramos que restan, pero hoy eso ya no alcanza para compensar lo que hemos perdido y va a tener que haber un rediseño de todo el acuerdo”, enfatizó.

Y describió: “Básicamente en septiembre la inflación estará por encima del 50 por ciento y nosotros necesitaríamos una actualización de más de 20 puntos y ello sin hablar de lo que resta del año”.