El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió que los salarios volvieron a ganarle a la inflación en julio, aunque la mejora del promedio todavía no recompone el total de lo perdido durante el año en el sector formal.

El Índice de Salarios publicado este martes por el INDEC aumentó 2,8% mensual, frente al 2,1% que había marcado el IPC en el séptimo mes del año. En términos interanuales, los ingresos avanzaron 36,2% contra una inflación de 33,8%; y desde diciembre acumularon 21,8%, también por encima del 19,3% de aumento general de los precios.

El INDEC informó que los salarios subieron 2,8% en julio y superaron a la inflación del 2,1%, pero los ingresos privados registrados siguen perdiendo en 2026.

El panorama general prolonga, así, la recuperación que ya había mostrado junio. Pero sostiene, todavía, la misma heterogeneidad al interior del indicador.

Los trabajadores privados registrados recibieron aumentos de 2,3% en julio, apenas dos décimas por encima de la inflación mensual.

El problema aparece al ampliar la comparación. Desde diciembre sus salarios crecieron 17%, frente al 19,3% acumulado por los precios; y en doce meses avanzaron 29,7%, contra una inflación de 33,8%.

A pesar de esta aparente recuperación global, el informe expone una marcada heterogeneidad y evidencia que los trabajadores registrados todavía no recuperan el poder adquisitivo perdido durante el año.

Es decir, julio aportó una pequeña recuperación, pero todavía no recompuso la pérdida acumulada durante el año.

La comparación con las canastas básicas agrega otra medida del esfuerzo. Entre enero y julio, la Canasta Básica Total aumentó 19,6% y la Alimentaria 20,1%. Para una familia tipo de cuatro integrantes, superar la línea de pobreza demandó en julio $1.564.715,90 y cubrir solamente los alimentos, $708.016,24.

El 17% acumulado por los salarios privados registrados también queda por detrás de ambos umbrales.

La mayor diferencia vuelve a estar entre quienes trabajan sin registración.

El índice estimado para el sector privado no registrado subió 3,9% mensual, 59,9% interanual y acumula 34,4% durante 2026. Es, por amplia distancia, el componente con mayor crecimiento y el que vuelve a elevar el promedio general.

Pero allí el propio INDEC obliga a una precaución metodológica. El dato de salarios informales se construye con información de la Encuesta Permanente de Hogares y posee un rezago de cinco meses, producto de promedios trimestrales móviles de ingresos horarios.

La diferencia es relevante porque ese sector representa 19,93% del índice total, mientras los privados registrados explican 50,16% y los trabajadores públicos, 29,91%.

Ya en junio el fenómeno había abierto una discusión política, luego de que Javier Milei utilizara precisamente el crecimiento del componente informal para rechazar las críticas sobre la evolución del poder adquisitivo.

Los salarios públicos aumentaron 3% durante julio y acumulan 21,1% desde diciembre.

Pero también allí existen diferencias. Los empleados públicos nacionales —sin incluir universidades nacionales— recibieron un incremento de 3,9% en el mes y acumulan 18,1% en siete meses, todavía por debajo de la inflación.

Los provinciales subieron 3,2% mensual y 20% desde diciembre, apenas por encima del IPC acumulado. En la comparación interanual, sin embargo, ambos continúan perdiendo: 27,5% los nacionales y 30,4% los provinciales frente al 33,8% de los precios.

La secuencia deja así un escenario menos categórico que el 2,8% del título estadístico: el índice general consolida una mejora real, pero buena parte del impulso proviene de un componente informal medido con rezago; mientras tanto, los salarios privados registrados todavía intentan recuperar lo perdido y los públicos nacionales siguen corriendo detrás del costo de vida.

El financiamiento destinado a las universidades nacionales acumularía en 2027 una caída real del 27% respecto de 2023. Así lo señala un informe elaborado por el Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCE-UNL), que analizó la evolución de los recursos destinados al sistema universitario durante los últimos cuatro años.

Para dimensionar esa caída, el estudio plantea una comparación sencilla: si en 2023 las universidades disponían del equivalente a $ 100 en términos reales, el Proyecto de Presupuesto 2027 les asignaría $ 73. Se trata de valores comparables, una vez descontado el efecto de la inflación.

La reducción, además, no se concentra en un solo ejercicio. Según el análisis, 2027 sería el cuarto año consecutivo en el que el presupuesto universitario se ubicaría al menos un 25% por debajo del nivel real de 2023. El proyecto tampoco modificaría esa trayectoria: respecto de 2026, los recursos volverían a disminuir un 2,3% en términos reales.

"Lo más significativo no es solamente cuánto cayó el financiamiento, sino cuánto tiempo lleva sin recuperarse. Son cuatro años consecutivos con recursos muy por debajo de 2023. Cuando una situación se sostiene durante tanto tiempo, deja de ser una dificultad de un año y empieza a condicionar la capacidad del sistema universitario para sostener todas sus funciones", señaló la magíster Liliana Dillon, decana de la FCE y vicerrectora de la UNL.

La tendencia se vuelve aún más visible cuando se compara el presupuesto destinado a las universidades con el tamaño de la economía argentina. De acuerdo con el informe, en 2027 el financiamiento universitario representaría el 0,53% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más bajo registrado desde al menos 2016.

Entre 2016 y 2023, en cambio, el gasto universitario representó en promedio el 0,74% del PIB. La diferencia entre ambos valores equivale a más de un cuarto de ese promedio histórico.

"La comparación con el PIB permite mirar más allá de los montos nominales y preguntarnos qué lugar ocupa efectivamente el sistema universitario dentro de los recursos del país. Cuando ese porcentaje permanece durante años por debajo del 0,55%, estamos frente a una modificación significativa en el nivel de financiamiento de la educación superior pública", explicó Dillon.

El informe de la FCE-UNL analiza además cómo evolucionaron distintas partidas que integran el presupuesto universitario. Entre ellas, la destinada al fortalecimiento de la ciencia y la técnica presenta el deterioro más pronunciado: entre 2023 y 2027 acumularía una reducción del 75,1% en términos reales.

La magnitud de la caída implica que, de cada cuatro pesos que se destinaban a ciencia universitaria en 2023, en 2027 quedaría aproximadamente uno en términos reales. Entre las partidas específicas relevadas por el equipo, es la que registra la mayor contracción relativa.

"Cuando disminuyen los recursos para ciencia y técnica no se afecta una actividad secundaria de las universidades. Investigar, producir conocimiento, formar investigadores y generar respuestas para los problemas productivos y sociales son parte de su misión. Una caída de esta magnitud necesariamente limita esas capacidades", sostuvo la decana.

El deterioro alcanza además a otras áreas. La partida destinada a extensión universitaria, que en 2025 llegó a ubicarse un 99,3% por debajo de 2023 en términos reales, muestra una recuperación parcial durante 2026 y 2027. Sin embargo, aun con esa mejora, permanecería 42,2% por debajo del nivel de 2023.

Otro de los ejes del estudio es la evolución de los salarios docentes y no docentes. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 336%. En ese mismo período, ninguno de los cargos universitarios relevados tuvo una recomposición equivalente.

Como consecuencia, la pérdida de poder adquisitivo varía según la categoría: va desde el 13,3% para los trabajadores no docentes con garantía salarial, hasta el 29% para los Jefes de Trabajos Prácticos.

Uno de los casos analizados es el de los Profesores Titulares con Dedicación Exclusiva. En abril de 2026, el salario real de ese cargo llegó a representar apenas el 61,6% del valor que tenía en noviembre de 2023. Si bien posteriormente se produjo una recuperación parcial a partir de la última paritaria, la mejora no alcanzaría para cerrar la brecha: proyectada a septiembre de 2026, la pérdida real de docentes y no docentes se ubicaría en torno al 23,4% respecto de noviembre de 2023.

"Las universidades son, fundamentalmente, las personas que enseñan, investigan, gestionan y sostienen todos los días sus actividades. Por eso, una pérdida salarial que se prolonga en el tiempo no puede analizarse de manera aislada: termina teniendo consecuencias sobre el funcionamiento del conjunto del sistema", afirmó Dillon.

La misma tendencia aparece en las partidas presupuestarias destinadas a salarios. Los recursos para el pago de docentes acumularían una reducción real del 26,3% respecto de 2023, mientras que los correspondientes al personal no docente se ubicarían 20,4% por debajo de aquel año.

El estudio incorpora además una comparación entre los recursos contemplados para 2027 y los que resultarían necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario vigente.

Según el cálculo realizado por el equipo de investigación, "el presupuesto asignado en el proyecto de ley alcanza los $ 7.349.082 millones, mientras que el requerido por la normativa ascendería a $ 9.804.704 millones. La diferencia entre ambos valores es de $ 2.455.622 millones".

De acuerdo con el informe, para alcanzar lo establecido por la normativa, el presupuesto universitario debería ser un 33,4% mayor al previsto en el proyecto para 2027.

"Esta comparación incorpora una referencia muy concreta al debate: permite observar no solo cuánto se asigna, sino cuál es la distancia entre esos recursos y los que establece la normativa vigente. Esa brecha ayuda a dimensionar el desafío presupuestario que enfrenta el sistema universitario", explicó Dillon.

En conjunto, los indicadores relevados muestran una trayectoria que se mantiene a lo largo de todo el período analizado. Medido en pesos de igual poder adquisitivo, el financiamiento universitario no recuperó en ningún momento entre 2024 y 2027 el nivel alcanzado en 2023.

El Proyecto de Presupuesto 2027, según el estudio, tampoco modificaría esa tendencia. Por el contrario, la variación respecto de 2026 volvería a ser negativa en términos reales, con una reducción estimada del 2,3%.

"Los números permiten discutir el financiamiento universitario sobre una base concreta. No se trata solamente de cuánto dinero figura en un presupuesto, sino de qué capacidad real tienen esos recursos para sostener docencia, investigación, extensión, salarios y funcionamiento. Esa es la discusión que creemos necesario dar a partir de evidencia", concluyó Dillon.

El trabajo fue elaborado por el equipo de investigación del Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la FCE-UNL a partir de información del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación y datos del Indec.

Para comparar los recursos a lo largo del período, las series históricas fueron expresadas en pesos constantes de 2026 mediante el IPC promedio de cada año. Para 2027 se utilizó una inflación proyectada del 18% anual, correspondiente al supuesto incorporado en el Proyecto de Presupuesto Nacional.

En materia salarial, el análisis utiliza los sueldos básicos de las universidades nacionales sistematizados por la FCE-UNL. La comparación presupuestaria toma como referencia el presupuesto aprobado para 2023 y el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con el objetivo de trabajar sobre categorías metodológicamente equivalentes.

La política salarial acordada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con los gremios de la administración central para el segundo semestre de 2026 se ubicó, en sus primeros dos meses de vigencia, por encima de la inflación registrada en la provincia. El esquema combina aumentos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para reforzar la recomposición de los trabajadores de menores ingresos.

En julio, los haberes se incrementaron un 2 %, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), registró una variación del 1,9 %. En agosto, el aumento salarial fue del 1,8 %, igual que la inflación medida durante ese mes.De manera acumulada, la pauta salarial alcanzó el 3,8% entre julio y agosto, levemente por encima del 3,7 % de inflación acumulada en ese mismo período. Así, cuando todavía restan cuatro meses para la finalización del acuerdo, los incrementos previstos para el segundo semestre mantienen el poder adquisitivo de los salarios estatales frente a la evolución de los precios.

El acuerdo logrado en paritaria incorpora, además, mínimos garantizados destinados a reforzar los ingresos de quienes se encuentran en la base de la escala salarial. A través de este mecanismo, el incremento efectivo para las categorías de menores ingresos llegó al 7 % en julio y al 8,7 % en agosto, ambos porcentajes calculados respecto de los haberes de junio.Estos resultados superan los aumentos porcentuales generales y la inflación registrada durante esos meses. La herramienta permite que la actualización no quede limitada a la aplicación de un porcentaje uniforme y que los trabajadores con salarios más bajos reciban una recomposición mayor.

La paritaria vigente contempla una mejora acumulada de hasta el 10,1% entre julio y diciembre. El cronograma prevé aumentos del 2 % en julio, 1,8 % en agosto, 1,7 % en septiembre, 1,6 % en octubre y 1,5 % tanto en noviembre como en diciembre.A esos porcentajes se suman mínimos garantizados que llegarán a $ 180.000 en diciembre, con incidencia en el aguinaldo. El acuerdo se complementa con la recomposición aplicada en el primer semestre, que partió de un piso del 17,1 % para compensar la inflación medida por el IPEC.Desde el Gobierno Provincial se destacó que la política salarial busca recuperar los ingresos de los trabajadores públicos, con especial atención a los sectores de menores haberes, sin resignar la prestación de servicios esenciales ni el sostenimiento de la inversión pública en todo el territorio santafesino.

El empleo asalariado registrado privado en Argentina cayó un 4,4% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que equivale a unos 280.000 puestos formales menos según los cálculos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

Paralelamente, el salario real en ese sector se contrajo un 3,6% en el mismo lapso, reflejando un estancamiento productivo generalizado que tiene su impacto en el mercado del consumo interno y en la percepción sobre un modelo económico de crecimiento con alta heterogeneidad, que destruye empleo con más velocidad de lo que regenera.

“La caída del empleo y las remuneraciones es producto, en parte, de empresas con producción estancada o en declive. Pero también tiene origen en el proceso de reconversión que transita la mayoría de las empresas, incluso las que expanden su actividad, a los fines de adaptarse a un entorno de estabilidad y mayor integración al mundo”, sostiene el reporte.

“El fenómeno no se refleja en aumentos en el desempleo porque crece el trabajo informal, fundamentalmente, el empleo por cuenta propia no registrado o sea ni siquiera inscripto en el Monotributo”.

La intención de fijar un sueldo mínimo de convenio de $1.070.000 choca con una realidad fragmentada. El salario promedio de los trabajadores registrados asciende a $2.121.000. Sin embargo, los no registrados perciben un promedio de $821.000, una cifra sustancialmente menor que evidencia la enorme brecha existente.

El informe del centro de estudios señala que el 78% de los informales trabaja en firmas de hasta 10 empleados. En este segmento, el ingreso promedio cae a $702.000.

Para los autores del reporte, imponer un mínimo de un millón resulta inalcanzable para estas unidades, incrementando los incentivos para operar en la total informalidad laboral.

Para gestionar estas tensiones, Idesa plantea profundizar la descentralización de la reforma laboral a favor de acuerdos por empresa. Esto permitiría a las pymes desvincularse de los convenios colectivos sectoriales rígidos, cuyos estándares de salarios elevados terminan siendo inaplicables para las firmas más pequeñas.

Asimismo, se sugiere eximir de los convenios sectoriales a los microemprendimientos de hasta 10 empleados y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Esta reducción de cargas sociales permitiría disminuir costos de manera enfocada en los sectores que concentran la informalidad laboral.

Desde la Secretaría de Trabajo liderada por Julio Cordero, bajo el Ministerio de Capital Humano, se impulsó la pasada semana un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos mensuales (alrededor de $860.000 de bolsillo) para las categorías más bajas de los convenios colectivos de trabajo.

No se trataba de subir el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) -que en agosto de 2026 estaba en unos $376.600), que es el piso legal para trabajadores sin convenio y se discute en el Consejo del Salario.

La idea oficial fue que sindicatos y cámaras empresarias negocien e incluyan ese piso en las paritarias/convenios colectivos (nuevos o renegociados tras la reforma laboral), y que luego la Secretaría de Trabajo los homologue, sin exceder una pauta del 2%, funcional a los planes de desinflación oficial.

La estrategia apuntaba sobre todo a sectores con sueldos iniciales más bajos (maestranza, trabajadores rurales) sin contemplar a los trabajadores de casas particulares.

En el Consejo del Salario no hubo acuerdo. La CGT y las CTA se retiraron porque cuestionan la propuesta oficial de aumentos muy bajos para el SMVM (hacia $382.768 en septiembre y unos $430.000 para abril 2027).

Pero la sugerencia del piso de $1.070.000 en convenios sigue siendo una iniciativa oficial y se está comunicando a los gremios en negociaciones. La CGT la consideró insuficiente (reclama pisos cercanos a la canasta básica, entonces en torno a $1,56 millones) y las empresas respondieron preocupadas por los costos.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) presentó en julio una variación mensual del -0,6% e interanual del -1,2%. Así lo expone el nuevo informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico.

“La mejora del ICA-ARG en el inicio de 2026”, traccionada por agro, energía y minería, “provino de un repunte de la industria y la construcción. Sin embargo, el deterioro reciente de estos, claves en la generación de empleo, afectaron a diversas variables, lo que se refleja en una nueva caída de la actividad agregada”.

Salarios privados, construcción, patentamientos e industria marcaron la baja del período, apenas atenuado por la recaudación nacional y el sector agroindustrial.

Dos de los diez indicadores presentaron tasas mensuales positivas, mientras que las restantes tuvieron desempeño negativo. La serie del sector agrícola marcó un incremento mensual en julio del 0,4% y un significativo 18,6% por encima de igual mes del año pasado.

El índice de producción industrial muestra una caída del -0,6% mensual en julio y se ubica un 0,5% por debajo de la medición de julio de 2025. Al interior de las ramas la heterogeneidad sectorial se acentúa.

Algunas ramas fabriles se ubican en torno a máximos históricos (alimentos y bebidas, refinación de petróleo, productos químicos) o se recuperan lentamente desde niveles deprimidos (metálicas básicas, automotores, muebles y colchones). Otras no logran un repunte (maquinarias y equipos, textiles, prendas de vestir, caucho y plásticos, productos metálicos y envases).

Por el lado de las obras, los números ni son mejores. La actividad de la construcción, “en julio presenta una merma del 2,3% respecto a junio, mientras la variación interanual se ubicó en un -2,9%. En las últimas mediciones se observa un contraste importante con relación al desempeño que tuvo el indicador a comienzos de año”.

Las importaciones totales de bienes se encuentran en baja desde comienzos de 2025, que se acentuó en la última medición, con una merma del 1,4%. La comparación contra julio del año pasado da cuenta de una contracción del 3,3% en los últimos doce meses.

Las ventas minoristas interrumpieron el repunte observado en meses previos; los analistas estiman una caída del 0,7% mensual en julio y una merma del 2,7% interanual.

Los patentamientos de vehículos nuevos presentan un deterioro de 3,6% en el séptimo mes del año y del 20,5% en la comparación contra julio del 2025. Así, el indicador mantiene un escenario de caída desde mayo del año pasado.

La recaudación total del gobierno nacional evidenció una suba mensual del 0,6% en la última medición y configura una silueta de recuperación leve desde finales de 2025.

Durante julio los factores determinantes provienen de un buen desempeño de la recaudación por impuestos al comercio exterior (DGA) y por impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, la variación interanual continúa negativa, con una caída del 2,0% en los últimos doce meses.

“El número de asalariados privados registrados permanece en contracción, acumulando quince meses consecutivos de variaciones mensuales negativas. Durante julio se estima una caída mensual del 0,1% y una contracción interanual del 1,9%”.

Además, el informe reporta una nueva caída mensual de la remuneración bruta total de los empleados privados registrados, del 2,1% en julio. Así, en relación con igual mes del año pasado, el indicador se ubica un 6,4% por debajo.

Sólo dos de los diez sectores de la economía en base a los cuales se elabora el Índice Compuesto de la Actividad Económica Argentina, mostraron un desempeño positivo en julio. El Índice de Difusión de Series Coincidentes se ubica en un 33,9% y da cuenta de las dificultades que encuentran los diversos sectores para consolidar una recuperación sostenida.

“El desempeño del agro, junto a los indicios provenientes de una recuperación incipiente en la recaudación nacional dejan abierta las posibilidades de observar mejoras en los próximos meses”, señala el reporte de los analistas de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario.

A mediano plazo, se espera también que el desarrollo de las actividades de energía, petróleo y minería, continúen con un aporte positivo.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares llegó a un acuerdo para activar una actualización de los salarios mínimos correspondientes a las trabajadoras del sector, confirmó el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

También contempla incrementos entre agosto y diciembre del presente año, además de una suma no remunerativa y por única vez.

A través de un comunicado fue que el Ministerio de Capital Humano informó sobre el incremento establecido del 1,9% para las empleadas de casas particulares.

¿Qué dice el comunicado del Ministerio de Capital Humano sobre el aumento?

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó una actualización de los salarios mínimos para las trabajadoras del sector que contempla incrementos entre agosto y diciembre de 2026 y una suma no remunerativa por única vez”, comienza informando el escrito.

Y continúa describiendo que “para el mes de agosto, se estableció un incremento del 1,9% sobre los salarios mínimos conformados de julio de 2026, junto al pago de una suma no remunerativa por única vez de $20.000 para quienes prestan tareas 16 horas semanales o más, de $11.500 para quienes trabajan menos de 16 horas semanales, y de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales. Esta será abonada con los salarios correspondientes a agosto”.

A su vez, comunica que “en septiembre, se aplicará un incremento del 1,8%, al que se sumará la incorporación al salario básico del 25% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto. En octubre, el aumento será del 1,7%, junto con la incorporación del 50% de la suma al salario básico. Para noviembre, se acordó un incremento del 1,6% y la incorporación del 25% restante, mientras que en diciembre se aplicará un incremento del 1,6%”.

Y cierra manifestando que “el Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la negociación colectiva como herramienta central para la actualización de las condiciones laborales”.

Los salarios consiguieron ganarle a la inflación en junio, aunque detrás de la mejora del promedio persiste una recuperación desigual que todavía deja a los trabajadores registrados por debajo de los precios en lo que va del año.

El Índice de Salarios publicado este jueves por el INDEC aumentó 2,9% en junio, un punto por encima del 1,9% que había registrado el IPC. En términos interanuales, aumentaron 35,7% frente a junio de 2025, mientras que la inflación alcanzó 33,5%. También el acumulado muestra al índice general por encima con una mejora real de aproximadamente 1,5%. Pero la lectura cambia de manera importante al abrir el promedio por sectores.

Las cifras fueron difundidas pocas horas después de que Javier Milei negara que los salarios estuvieran retrocediendo y cargara contra quienes describen una situación de crisis. Durante su exposición en el Council of the Americas 2026, sostuvo: “Vienen los imbéciles y dicen: ‘no, pero aumenta el desempleo...’. No, el desempleo no aumentó. ‘No, cae el salario...’. Tampoco cayeron los salarios”. Y vinculó luego la caída de los ingresos estatales con el objetivo de reducir el tamaño del sector público: “Si yo dije que iba a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. ¿Alguno de ustedes está en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos... Menos hipocresía”.

El mandatario también cuestionó una lectura concentrada sobre los trabajadores registrados. “El sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores ustedes saben que es deshonesto intelectualmente. Porque el 50% del mercado es informal y el informal le está ganando más del 40% [a la inflación]”, sostuvo, antes de asegurar que, al considerar el conjunto del mercado laboral, “se crearon puestos de trabajo”.

Después de difundirse el índice, Milei volvió sobre la discusión desde su cuenta de X. “Ups! ¿De qué se van a disfrazar los periodistas ensobrados, los econochantas y los políticos demagogos repetidores de relatos estúpidos? CIAO!”, escribió, utilizando el dato general como respuesta a las críticas sobre la evolución del poder adquisitivo.

El informe del INDEC ofrece, sin embargo, un matiz sobre esos argumentos. El salario privado registrado aumentó 29,6% frente a junio de 2025 y 14,5% desde diciembre, quedando por debajo de la inflación en ambas comparaciones. En cambio, el privado no registrado avanzó 59,5% interanual y 29,4% durante el semestre, siendo el componente el que empuja hacia arriba al índice general.

Sin embargo, el organismo advierte que tiene un rezago de cinco meses porque se construye a partir de promedios trimestrales móviles de la EPH, por lo que el incremento de junio no representa estrictamente la evolución de los ingresos informales percibidos durante ese mismo mes y obliga a tomar con cautela cualquier conclusión sobre la velocidad actual de recuperación de ese sector. El dato no es menor porque los no registrados tienen una ponderación de 19,93% dentro del índice general, el privado registrado explica 50,16% y el sector público otro 29,91%.

La recuperación que refleja el índice general todavía no alcanzó, entonces, con la misma intensidad al núcleo formal del mercado laboral.

Los salarios privados registrados aumentaron solamente 1,9% en junio, exactamente lo mismo que los precios. En términos reales, por lo tanto, quedaron prácticamente estancados durante el mes.

En el semestre, además, acumularon una suba nominal de 14,5%, frente al 16,8% del IPC. La diferencia representa una pérdida de poder adquisitivo cercana a 2%. La comparación contra junio de 2025 muestra una brecha todavía mayor: los ingresos privados registrados crecieron 29,6%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación interanual. Descontando el aumento de precios, la caída ronda 2,9%.

El mismo fenómeno aparece al considerar conjuntamente al empleo registrado privado y público. El índice correspondiente a ese universo aumentó 2,4% en junio y recuperó aproximadamente medio punto real en el mes, pero acumuló solamente 15,5% desde diciembre y 29,7% interanual. Eso significa que el salario registrado en su conjunto continúa aproximadamente 1,1% abajo en términos reales durante 2026 y cerca de 2,8% por debajo del nivel de junio del año pasado.

Otra particularidad apareció dentro del sector estatal. El salario público total aumentó 3,4% durante junio, pero el índice correspondiente al sector público nacional avanzó solamente 1,1% y el provincial, 2%.

El INDEC explica expresamente esa diferencia por el aumento otorgado al personal de las universidades nacionales, acordado el 10 de junio dentro de la paritaria universitaria. Esos trabajadores están incluidos en el índice público general pero quedan fuera de las series específicas nacional y provincial.

El efecto fue suficiente para que el agregado público le sacara 1,5 puntos porcentuales a la inflación durante el mes. La situación acumulada vuelve a mostrar diferencias. El salario público total avanzó 17,6% desde diciembre, apenas por encima del 16,8% de inflación, lo que supone una mejora real cercana a 0,7%.

Pero el subsector nacional —sin universidades— acumuló sólo 13,7%, con una pérdida de poder adquisitivo aproximada de 2,7%. El provincial llegó a 16,4% y quedó prácticamente empatado, aunque todavía unas décimas debajo de los precios.

En doce meses la brecha es mayor. Los salarios públicos nacionales aumentaron 23,6%, frente al 33,5% del IPC, lo que representa un retroceso real superior a 7%. Los provinciales crecieron 29,7% y perdieron alrededor de 2,8%.

El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para analizar la evolución de los salarios mínimos de las trabajadoras del sector. El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto a las 14, mediante una plataforma virtual, y podría abrir una nueva instancia de discusión sobre los ingresos del personal que realiza tareas en viviendas particulares.

La convocatoria fue formalizada a través de la resolución 5/2026, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Soledad Moreno, presidenta alterna de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El organismo funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El objetivo establecido para la reunión es analizar la evolución de las remuneraciones mínimas correspondientes a los trabajadores incluidos en el régimen especial establecido por la Ley 26.844, que regula la actividad del personal de casas particulares en todo el país.

La reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares está prevista para el viernes 21 de agosto a las 14 y se desarrollará de manera virtual. El encuentro tendrá carácter de sesión plenaria ordinaria y reunirá a los distintos sectores que integran el organismo.

La CNTCP es el ámbito establecido por la legislación para regular las condiciones laborales específicas de quienes trabajan en casas particulares. Entre sus principales atribuciones se encuentra la fijación de las remuneraciones mínimas y la discusión de posibles recomposiciones salariales.

La comisión está integrada por representantes de los trabajadores y de los empleadores, además de representantes del Estado. Por ese motivo, cualquier modificación de los valores mínimos del sector debe canalizarse a través de este organismo.

La convocatoria se produce después de que en julio se aplicara el último tramo del esquema de aumentos acordado durante el año. En abril se había establecido una suba del 1,8% respecto de los valores de marzo; en mayo se sumó un incremento del 1,6%; en junio otro del 1,5%; y en julio se aplicó una actualización del 1,4%. Cada porcentaje se calculó sobre los valores que ya habían sido actualizados en el período anterior.

Además, desde julio comenzó a incorporarse al salario básico el 50% restante de una suma que había sido otorgada con carácter no remunerativo en marzo. El mecanismo formó parte del esquema definido para actualizar los ingresos del personal de casas particulares.

Por el momento, la convocatoria oficial no establece un porcentaje de aumento ni anticipa cuál será el resultado de la reunión. El objetivo formal es evaluar la evolución de las remuneraciones mínimas, por lo que cualquier eventual modificación deberá surgir del intercambio entre los integrantes de la comisión.

Mientras se espera la nueva reunión, los valores vigentes durante agosto se mantienen de acuerdo con la última actualización aplicada en julio.

Para las trabajadoras que cumplen tareas de supervisión, el salario mínimo es de $4.438,77 por hora con retiro y de $4.829,13 sin retiro. En la modalidad mensual, los valores ascienden a $553.725,91 con retiro y $612.673,11 sin retiro.

En el caso del personal que realiza tareas específicas, como aquellas que requieren una formación o conocimientos particulares, el valor de referencia es de $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. Los salarios mensuales son de $517.006,43 y $571.426,17, respectivamente.

Para los caseros, la escala establece $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales. En tanto, quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas cobran $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro. En la modalidad mensual, los valores son de $505.302,76 y $558.972,92.

Para la categoría de tareas generales, una de las más habituales dentro del régimen, el mínimo vigente es de $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. Para quienes trabajan bajo la modalidad mensual, los valores son de $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

La forma de calcular el salario también depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Quienes trabajan 24 horas semanales o más cobran tomando como referencia el salario mensual correspondiente a su categoría, de manera proporcional a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, cuando la prestación es inferior a 24 horas semanales, se utiliza el valor establecido por hora.

A estos montos pueden sumarse adicionales contemplados por la normativa. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado en la relación laboral. También existe un adicional por zona desfavorable, que alcanza el 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría.

De esta manera, la reunión convocada para este viernes será una nueva instancia para revisar la situación salarial del personal de casas particulares. El resultado del encuentro permitirá determinar si los valores vigentes tendrán una nueva actualización y, en ese caso, desde cuándo y bajo qué condiciones se aplicaría.

Por ahora, los montos correspondientes a agosto continúan siendo los establecidos tras el último tramo de aumento aplicado en julio.

La actualización de los salarios que forman parte del cálculo de una jubilación es un dato que puede pasar inadvertido entre las numerosas normas que se publican cada mes, pero tiene un efecto concreto para quienes están próximos a iniciar el trámite previsional.

La nueva Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social fija los índices que deberán utilizarse para actualizar las remuneraciones de trabajadores que se desempeñaron bajo relación de dependencia y que cesen en su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio previsional a partir del 1° de septiembre.

La norma fue emitida el 10 de agosto y, según la información suministrada, fue publicada en el Boletín Oficial este miércoles 12 de agosto.

La medida no establece un aumento general de las jubilaciones ni modifica por sí misma el haber mínimo. Su objetivo es diferente: actualizar los salarios históricos que se utilizan en determinadas etapas del cálculo previsional.

Es decir, busca que una remuneración percibida muchos años atrás pueda ser expresada mediante un coeficiente de actualización antes de incorporarse al cálculo correspondiente.

El procedimiento alcanza a los trabajadores que realizaron tareas bajo relación de dependencia y forma parte de las reglas utilizadas para determinar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de acuerdo con lo establecido por la Ley 24.241 y sus modificaciones. La información oficial también contempla un extenso anexo con coeficientes correspondientes a distintos períodos históricos.

La principal pregunta para quienes están cerca de jubilarse es a quiénes alcanza la nueva actualización. La disposición establece que los índices contenidos en su anexo deben utilizarse para las personas que cesen en sus tareas a partir del 31 de agosto de 2026 o que soliciten su beneficio previsional desde el 1° de septiembre de 2026.

Esto significa que la fecha de cese de la actividad y la fecha de solicitud de la prestación son dos datos importantes para determinar qué índices corresponden aplicar. Por eso, quienes estén preparando su jubilación deberían conservar documentación laboral y salarial y verificar que sus períodos de trabajo figuren correctamente registrados antes de avanzar con el trámite.

La actualización está vinculada con las remuneraciones mensuales percibidas durante la vida laboral. No se trata de recalcular todos los haberes jubilatorios existentes ni de aplicar un incremento automático a quienes ya están cobrando una prestación.

Para comprenderlo de manera sencilla: una persona que trabajó durante varios años tuvo salarios expresados en valores correspondientes a cada momento de la economía argentina.

Un sueldo de hace décadas no puede compararse directamente con uno percibido en la actualidad. Por eso, el sistema previsional utiliza índices que permiten actualizar esas remuneraciones antes de utilizarlas para el cálculo que corresponda.

La disposición establece precisamente los coeficientes necesarios para realizar esa tarea. El anexo contempla una serie histórica muy extensa: comienza con registros correspondientes a 1950, presenta índices anuales hasta 1969 y luego incorpora información mensual desde enero de 1970. El listado llega hasta septiembre de 2026.

La amplitud de la serie es importante porque permite actualizar remuneraciones correspondientes a períodos laborales muy antiguos. De esta manera, el organismo encargado de realizar la liquidación puede aplicar el coeficiente correspondiente a cada período en lugar de utilizar directamente el monto nominal que figuraba en el recibo de sueldo de aquel momento.

Para una persona que está por jubilarse, esto también explica por qué puede ser necesario revisar con atención la historia laboral. Si existen períodos faltantes, diferencias en las remuneraciones declaradas o errores en los registros, conviene detectarlos antes de finalizar el trámite.

Además, es importante diferenciar esta actualización de la movilidad jubilatoria. La movilidad determina cómo evolucionan los haberes de quienes ya reciben una jubilación o pensión, mientras que los índices establecidos por esta disposición tienen como finalidad actualizar las remuneraciones que intervienen en determinados cálculos previsionales.

La Disposición 10/2026 establece un índice combinado para realizar la actualización trimestral de las remuneraciones mensuales. Su metodología toma en cuenta dos componentes: el índice previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley 27.260 y el correspondiente a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

La utilización de un índice combinado responde a la metodología establecida para actualizar los salarios que deben considerarse en los cálculos previstos por los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241. El mecanismo tiene carácter trimestral y su metodología fue establecida originalmente por la Resolución 3/2021 de la entonces Secretaría de Seguridad Social.

El esquema también se encuentra relacionado con las modificaciones introducidas por la Ley 27.609 y con las normas que regulan la actualización de las remuneraciones dentro del sistema previsional. En este sentido, la disposición de agosto de 2026 no crea desde cero un mecanismo nuevo, sino que fija los valores que corresponden aplicar para el período indicado.

El anexo es, en términos prácticos, la parte de mayor utilidad para los cálculos. Allí aparecen los coeficientes correspondientes a los distintos períodos. Según la información suministrada, el índice correspondiente a septiembre de 2026 es 236.370,027667255.

Para quienes estén próximos a jubilarse, hay varios pasos concretos que pueden ayudar a evitar inconvenientes:

Primero, revisar la historia laboral. Es conveniente comprobar que estén registrados todos los años trabajados y que los empleadores y períodos declarados coincidan con la trayectoria laboral real.

Segundo, reunir la documentación disponible. Recibos de sueldo, certificaciones de servicios, certificados de trabajo y cualquier otro comprobante pueden resultar importantes si existe alguna diferencia entre la historia laboral registrada y la actividad efectivamente realizada.

Tercero, verificar las remuneraciones. La actualización se aplica sobre los salarios que intervienen en el cálculo, por lo que no alcanza con saber cuántos años de aportes tiene una persona. También importa qué remuneraciones aparecen registradas durante los períodos que serán considerados.

Cuarto, prestar atención a las fechas. Quienes cesen en su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio desde el 1° de septiembre deberán tener en cuenta los nuevos índices establecidos por la disposición.

Quinto, no confundir actualización con aumento. Que se publique un nuevo índice no significa que todas las jubilaciones aumenten automáticamente. Se trata de una herramienta utilizada para actualizar remuneraciones históricas dentro del proceso de determinación de determinadas prestaciones previsionales.

La medida fue firmada por Alexandra Biasutti, subsecretaria de Seguridad Social, y se encuadra en las facultades de ese organismo para establecer los índices correspondientes a la actualización de las remuneraciones.

En definitiva, la Disposición 10/2026 tiene especial importancia para quienes están preparando su jubilación durante la segunda mitad de 2026. Para el trabajador, el aspecto más relevante no es memorizar el coeficiente publicado, sino conocer qué período laboral se actualizará, qué documentación respalda sus salarios y desde qué fecha se aplican los nuevos valores.

La serie histórica publicada también puede resultar útil en los próximos años como referencia para comprender cómo se actualizan las remuneraciones que forman parte de los cálculos previsionales.

Como el sistema utiliza períodos laborales de distintas décadas, la existencia de una tabla que comienza en 1950 permite contar con una herramienta común para transformar salarios históricos antes de incorporarlos a las liquidaciones correspondientes.

La docencia universitaria realizará este miércoles 12 de agosto un paro nacional de 24 horas, en reclamo del pago de la "deuda salarial” y por el “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” por parte del Gobierno nacional. También hará lo propio el personal del sector "no docente".

La medida de fuerza -que afectará a la Universidad Nacional del Litoral (UNL)- se desarrollará en coincidencia con una jornada nacional de movilización en defensa de la ciencia, la tecnología y las universidades públicas.

Conadu Histórica (junto al gremio de base a nivel local), así como la federación nacional que nuclea a los no docentes, Fatun (junto a su sindicato con injerencia en Santa Fe), anunciaron que acompañarán y participarán de la jornada federal junto a trabajadores de los organismos de ciencia y tecnología y de las universidades nacionales.

En ese marco, científicos, técnicos y becarios convocaron a movilizarse con camisetas o banderas argentinas como símbolo de respaldo a la ciencia pública. La marcha tendrá lugar el miércoles a las 16 horas en el Obelisco, y en simultáneo, en distintas ciudades del país, entre ellas, Rosario.

El Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario bajo la niebla. Crédito: Fernando Nicola

El gremio docente sostiene que la protesta busca visibilizar el “desfinanciamiento y desmantelamiento” del sistema científico y universitario. Entre sus reclamos menciona proyectos estratégicos paralizados, pérdida de puestos de trabajo, expulsión de investigadores y jóvenes profesionales, becas que no se renuevan y la desarticulación de organismos científicos.

En el plano salarial, el sindicato reclama “el pago total de la deuda que el Gobierno mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria”, que según el sindicato asciende al 28,5% a junio. También exige el pago de los retroactivos generados por el supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano aseguró -mediante un comunicado de prensa conocido en las últimas horas- que el Gobierno nacional “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional”, tanto en materia de hospitales universitarios como de salarios y gastos de funcionamiento.

En materia de hospitales universitarios, la cartera informó que al 10 de agosto había transferido a la Universidad de Buenos Aires $ 20.000 millones y que otros $ 20.000 millones se encontraban devengados y “en proceso de transferencia”. También informó fondos para la Universidad Nacional de Cuyo y asignaciones en trámite para los hospitales de las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja.

Sobre los salarios, Capital Humano señaló que transfirió $ 666.823 millones correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio y a la primera cuota del aguinaldo, mientras que para julio asignó otros $ 448.544 millones. El Ministerio sostuvo que "continúa cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio" con los gremios docentes y no docentes universitarios y que los aumentos “se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

Sandra Pettovello, ministra de de Capital Humano.

El Gobierno, además, cuestionó la medida de fuerza y la calificó como un paro “ilegítimo”, al sostener que responde a “motivaciones políticas” y que “no tiene como prioridad la educación”. Según el comunicado, “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes”.

El paro de este miércoles forma parte de un plan de lucha más amplio de Conadu Histórica. El gremio anunció una “semana de paro nacional de la docencia universitaria del 18 al 22 de agosto” -tras el feriado del lunes 17-, por lo que la protesta continuará durante 5 jornadas consecutivas.

Las medidas de fuerza buscan que el Gobierno cumpla con el "pago de lo adeudado" y, además, con la ley de Financiamiento y con lo establecido en la cautelar, particularmente en lo referido a los artículos de salarios y becas. Sin embargo, el Gobierno recién convocó a una nueva paritaria para el 1° de septiembre, lo que es leído por los sindicatos como que “no habrá aumento hasta ese momento, por lo que llegaremos a septiembre con dos meses -julio y agosto- sin ningún incremento salarial”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe del Índice de Salarios correspondiente a mayo de 2026 en Argentina. De acuerdo con el relevamiento oficial, las remuneraciones en la economía argentina registraron un incremento del 2,2% respecto al mes previo, mientras que la variación interanual alcanzó el 35,9%.

El dato publicado por el organismo estadístico expone la dinámica del ingreso de los trabajadores en un contexto donde las distintas actividades buscan sostener el poder de compra mediante la reapertura y el seguimiento de las paritarias sectoriales.

Índice de salarios. Crédito: INDEC

La suba mensual del 2,2% general registrada en mayo fue impulsada por comportamientos dispares entre los principales componentes del mercado laboral:

Imagen ilustrativa.

Con este resultado, el índice acumuló en los primeros cinco meses del año una senda de desaceleración en sus variaciones porcentuales respecto a los ejercicios previos, en línea con el comportamiento general de los precios y la pauta cambiaria fijada por el Poder Ejecutivo.

Con expectativa, los gremios estatales y docentes aguardan recibir este martes la oferta salarial del gobierno para transitar el segundo semestre del año. El jueves último, el Poder Ejecutivo reabrió las negociaciones paritarias con todos los sectores. Fue a 24 horas de que Argentina se confirmada como finalista del mundial por lo que los encuentros fueron un tanto más relajados que los habituales. Pero pasada la efervescencia futbolista, las cartas quedarán sobre la mesa esta semana.

Como anticipara oportunamente El Litoral, uno de los ejes de la discusión se centra en el análisis del primer semestre, y en determinar cómo evolucionaron los salarios teniendo en cuenta la inflación del período y los aumentos otorgados. Allí emerge un punto de desencuentro entre el gobierno y -esencialmente- el sector docente que ha hecho hincapié en cómo los salarios han perdido poder adquisitivo respecto del aumento de precios.

La Casa Gris, en tanto, considera que sobre todo los agentes de salarios más bajos no sólo han quedado a salvo de la inflación, sino que hasta la han superado a partir de los mínimos garantizados oportunamente. Explican que si se comparan linealmente inflación versus aumentos concedidos, el resultado genera un desfasaje en detrimento de los salarios. Sin embargo, advierten que cuando se evalúa el comportamiento de otras variables como suplementos otorgados o los pisos salariales aludidos, el resultado se revierte.

El sector docente ha hecho hincapié en cómo los salarios han perdido poder adquisitivo. Créditos: Mauricio Garin

Respecto de la propuesta, el gobierno ha evitado hacer trascender los términos porcentuales que se sugerirían para esta segunda mitad del año. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por El Litoral anticiparon que uno de los criterios que se tendrá en cuenta para la construcción de la oferta implica sostener el concepto de mínimos garantizados. Ello deriva en el otorgamiento de sumas fijas hasta alcanzar, precisamente, tales pisos. "Es una herramienta que fue reivindicada por los propios sindicatos estatales", confiaron este lunes desde la Casa Gris a este diario. Sobre esa base, se ratificaría tal criterio para las mejoras salariales a conceder. De ese modo, explican los funcionarios, se logra resguardar el salario desde las categorías intermedias hacia abajo.

Por otra parte, el gobierno aspira a que la oferta que se proponga y discuta contemple todo el semestre para evitar la reapertura de la discusión antes de que concluya el año.

El gobierno aspira a que la oferta que se proponga y discuta contemple todo el semestre

Así como los gremios estatales han esbozado su conformidad con mantener los mínimos garantizados como criterio de la nueva propuesta, el sector docente hizo trascender públicamente la aspiración de que los salarios deberían tener un aumento del orden del 35%. Desde el gobierno han evitado abrir juicio de valor sobre ello.

Del mismo modo, los sindicatos manifestaron su malestar por la dinámica de las discusiones anteriores que en prácticamente todos los casos, ante la falta de conformidad de los gremios, terminó con el cierre de la negociación estableciendo por decreto los incrementos sugeridos por el Poder Ejecutivo. El sector promete ser nuevamente el que genere mayor grado de tensión en la discusión.

La edición de julio de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), elaborada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés, mostró un escenario de malestar social persistente, aunque con algunos indicadores estables para el Gobierno nacional.

El relevamiento, realizado sobre 1.000 casos entre el 3 y el 8 de julio de 2026, entre mayores de 18 años conectados a internet en Argentina, reflejó que la satisfacción con la marcha general del país se mantiene en el 30%, mientras que la insatisfacción alcanza el 68%.

En perspectiva histórica, el nivel actual de satisfacción supera los registros que tenían Mauricio Macri y Alberto Fernández durante períodos equivalentes de sus gestiones: 30% para Javier Milei, frente al 26% de Macri y el 10% de Fernández.

La aprobación del Gobierno de Javier Milei se ubicó en 34%, mientras que la desaprobación llegó al 62%, un punto más que en la medición anterior.

El respaldo presenta diferencias según género: los hombres muestran un 40% de aprobación, mientras que entre las mujeres el apoyo baja al 29%.

La encuesta también marca que la aprobación del Presidente se mantiene por debajo de la registrada por Mauricio Macri en el mismo período, aunque continúa por encima de la de Alberto Fernández.

La evaluación de las instituciones muestra una insatisfacción generalizada. El Poder Ejecutivo aparece como el mejor valorado, aunque apenas con un 26% de satisfacción.

Detrás se ubican:

En todos los casos, la evaluación negativa supera ampliamente a la positiva. El Ejecutivo tiene un 67% de insatisfacción, mientras que Diputados llega al 76% y el Senado al 75%.

Entre los problemas que más preocupan a la sociedad, la encuesta ubica en primer lugar a la falta de trabajo y la corrupción, ambas con 38% de menciones, seguidas por los bajos salarios con 35%.

El estudio destaca dos movimientos relevantes: la preocupación por la corrupción aumentó cuatro puntos, mientras que la vinculada a los bajos salarios creció cinco puntos. En cambio, la inflación continúa perdiendo peso dentro de las preocupaciones y se ubicó en 17%.

Al analizar áreas específicas de gestión, las políticas con mayor satisfacción fueron:

En el otro extremo aparecen los mayores niveles de rechazo:

En cuanto a las expectativas, el 56% considera que la situación del país empeoró respecto del año anterior. De cara al futuro, apenas el 27% cree que las cosas mejorarán.

El dato refleja una sociedad dividida entre quienes mantienen expectativas positivas sobre el rumbo económico y quienes todavía perciben un deterioro en sus condiciones de vida.

Entre los principales dirigentes evaluados, Patricia Bullrich aparece con la mayor imagen positiva bruta, con 36%, seguida por:

Según el informe, Kicillof y Bregman aumentaron tres puntos en el último mes dentro del espacio opositor.

Sin embargo, todos los dirigentes analizados mantienen un diferencial de imagen negativo. El funcionario con peor balance es Manuel Adorni, con un 80% de imagen negativa y un diferencial de -71%. Entre ministros y funcionarios, el jefe de Gabinete Diego Santilli lidera la imagen positiva con un 28%.

La encuesta también consultó sobre una eventual elección presidencial. En ese escenario, el 25% asegura que votaría por el peronismo, mientras que el 24% elegiría a La Libertad Avanza.

Además, un 27% no sabe o prefiere no responder, lo que deja un escenario todavía abierto de cara a la próxima disputa electoral nacional.

La fotografía de julio muestra un Gobierno que conserva un núcleo de apoyo estable, pero con una mayoría social que continúa expresando insatisfacción, especialmente vinculada al empleo, los ingresos y el funcionamiento de las instituciones.

Por Ignacio Hintermeister

Un avance récord en el sector agrícola sostuvo el nivel de actividad general en la economía nacional. Pero pilares fundamentales como la industria y la construcción interrumpieron su marcha de recuperación

En paralelo, las variables que marcan el termómetro diario de la población —el consumo, el empleo y los salarios— transitan un escenario heterogéneo, alternando fuertes retrocesos interanuales con leves atisbos de estabilización en los meses más recientes

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró un tenue incremento del 0,03% durante mayo de 2026. Así o revela un nuevo informe del Centro de Investigaciones del Ciclo Económico.

Con este resultado mensual, el indicador macroeconómico logra consolidar siete meses consecutivos de variaciones positivas, dando cuenta de un proceso de lenta recuperación que tracciona desde finales del año pasado.

No obstante, la economía sigue operando por debajo de su potencial: el nivel general aún no ha logrado quebrar el máximo relativo que había alcanzado durante el año 2025, lo que se refleja en una caída interanual del 0,8% para el mes de mayo.

El gran salvavidas del quinto mes del año fue el sector agrícola, que tras sortear las lluvias de meses previos, registró un salto mensual del 2,6% y un alza interanual del 10,5% gracias a una cosecha récord de soja que llevó a las labores del campo a un máximo histórico

El agro, sumado a mejoras en la recaudación nacional, compensaron las contracciones registradas en otros sectores vitales.

El sector manufacturero representó la principal nota de alerta en el mes analizado. La producción industrial sufrió una caída mensual en mayo, quebrando así un ciclo virtuoso de cinco meses consecutivos de recuperación.

En la medición interanual, el volumen industrial arrojó una merma del 0,3% en comparación con mayo de 2025.

Este freno en las fábricas se explica fundamentalmente por un grave deterioro de la industria automotriz y por una contracción desestacionalizada en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), las cuales venían de varios meses de subas.

En consonancia con este freno, se observó que el ingreso al país de importaciones estrictamente vinculadas a la producción (tales como insumos, bienes de capital y sus piezas o accesorios) disminuyó significativamente durante el último mes.

Al analizar las variables que impactan directamente en la vida de los trabajadores y los hogares, la marcha de la economía expone matices sumamente dispares:

Consumo: La dinámica comercial presentó un escenario mixto. Las ventas minoristas lograron una pequeña variación positiva del 0,3% mensual en mayo, constituyendo así su segundo mes consecutivo de alza gracias al apuntalamiento provisto por los supermercados.Aún así, la foto interanual sigue siendo dramática con una caída del 7,0%, manteniéndose en niveles comparables a los mínimos del 2024.

Por otro lado, la compra de vehículos nuevos retrocedió drásticamente un 5,2% mensual, ubicándose un 18,6% por debajo de mayo de 2025 y perdiendo absolutamente toda la recuperación que había cosechado durante el primer trimestre del año.

Trabajo formal: Después de una fase severa de deterioro desde inicios de 2025, el mercado laboral parece estar estabilizándose. El número de asalariados privados registrados logró poner pausa a su constante declive, exhibiendo una tasa de cambio neutral (-0,02%) en mayo, aunque en términos anualizados todavía refleja unos 107 mil puestos de trabajo menos (-1,7%).Como contrapartida esperanzadora, la tasa de entrada al mercado laboral sumó seis meses seguidos en sendero de recuperación, anotando una mejora mensual del 0,7% y un avance interanual del 8,5%.

Salarios: La remuneración bruta total de los empleados privados registrados se comportó de manera estable en el quinto mes, presentando apenas una caída mensual del -0,02%.Pese a que el poder adquisitivo se mantiene con un deterioro interanual del 1,5% si se lo compara con el mismo mes del año pasado, el saldo de los primeros cinco meses de 2026 evidencia una leve mejora real de los sueldos en comparación con diciembre de 2025.

En el plano de las cuentas públicas, la dinámica de los ingresos del Estado aportó una cuota de alivio al panorama económico general. La recaudación total del gobierno nacional encadenó en mayo su tercer mes consecutivo de recuperación, logrando una suba mensual del 1,5%.

Este desempeño funcionó como uno de los pilares que sostuvo el nivel de actividad general durante el quinto mes del año.

El dato más relevante para el balance fiscal del período es que la recaudación logró romper con el estancamiento de los últimos tiempos: la tasa de variación interanual se ubicó en terreno positivo por primera vez desde mediados de 2025, anotando un incremento del 0,3% frente a mayo del año pasado

No obstante, al desglosar los ingresos, el comportamiento fiscal refleja la misma naturaleza heterogénea que el resto de la economía:

Lo que sube: La mejora en las arcas estatales estuvo impulsada fundamentalmente por los impuestos internos (DGI), donde el cobro del impuesto a las ganancias jugó un rol protagónico para traccionar los números hacia arriba en el quinto mes de 2026.Lo que baja: Como un reflejo directo del deterioro en el consumo y de la debilidad en el comercio exterior, la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) continuó en disminución, mientras que los ingresos por impuestos aduaneros (DGA) sufrieron en mayo su primera caída mensual en lo que va del año.

Luego de la exitosa 4° Marcha Federal Universitaria, que movilizó a un millón y medio de personas en todo el país, la federación gremial de docentes de la UTN –FAGDUT– continúa con su plan de lucha y convocó hoy a cinco días de protesta a partir del martes. 

“El Gobierno tiene que dejar de poner excusas y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”, manifestó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, y explicó: “Seguimos en estado de alerta: cada día que pasa sin resolverse esta problemática hay más docentes que -por estos salarios indignos- migran al sector privado y más estudiantes que -por no tener becas- dejan la facultad”.

Así la medida de protesta iniciará mañana con 48 horas de jornadas de reflexión donde los docentes asistirán a los establecimientos educativos para dar visibilización a la crítica situación universitaria. Luego, el jueves y viernes, habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y sin dictado de clases virtual sincrónica, por lo que no habrá actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales que posee la UTN a lo largo y ancho del país ni en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, también dependiente de esta casa de altos estudios.

El quinto día de la medida de fuerza, para completar las 120 horas de protesta anunciadas, será el jueves 4 de junio, ya que los primeros días de la semana próxima se realizarán en la UTN las elecciones a consejeros y consejeras en todo el país. “Somos muy respetuosos con las instituciones de la democracia, y creemos que es importante que cada facultad pueda elegir sus representantes”, precisó Mozzi. En esa línea, el titular de FAGDUT le apuntó al Poder Ejecutivo y recordó que la Ley de Financiamiento Universitario ya fue votada y refrendada por el Congreso y por la Justicia en dos instancias.

Asimismo, el dirigente contó que desde el Frente Sindical Universitario se prevén diferentes acciones como un reclamo frente al Palacio Pizzurno, sede de la cartera de Educación. “Queremos dialogar como marca la Ley”, enfatizó el titular de los docentes “tecnológicos”, e indicó que entre los reclamos “hay algo tan básico como la apertura de paritarias”.

El atraso en materia salarial no solo afecta el poder de compra sino que también genera una crisis en el sistema de salud universitario. “El rojo es cada vez mayor en las obras sociales universitarias por el desfasaje entre los aumentos de los medicamentos y los servicios profesionales y los magros ajustes salariales”, describió Ricardo Mozzi, e indicó que en las mismas “hay alerta de quiebre”.

Los trabajadores universitarios también prevén acciones frente al Palacio de Justicia, para que el Poder Judicial nuevamente se expida sobre la Ley de Financiamiento Universitario de forma de que al Gobierno no le queden más vericuetos legales y entonces, por fin, tenga que aplicarla.

Por su parte, el secretario adjunto de la organización, José Gabriele, señaló que desde FAGDUT se le pide a su gente que “no baje los brazos”, al tiempo que señaló: “Sigamos en el sendero del equilibrio de la continuidad académica pero sin resignar los reclamos justos y democráticos por salarios dignos, para que no precaricen la labor de la educación”.

Mauro L. Muñoz

El índice de salarios que publicó este lunes el INDEC mostró que en marzo subió 3,4% mensual y 36,4% interanual. En el acumulado del primer trimestre, el aumento fue de 8,6%.

El promedio esconde una dinámica desigual entre sectores: el privado registrado avanzó apenas 2,1% en marzo y acumuló 5,9% en el año, mientras que el sector público subió 5% en el mes y 9,4% en el trimestre; y el privado no registrado, 4,7% y 14,3%, respectivamente.

Así, el tercer mes del año dejó una mejora nominal promedio que empató a la inflación mensual, pero no logra equiparar el deterioro acumulado. Además, al interior del mercado laboral formal, que es donde el Gobierno busca mostrar mejoras, el salario volvió a moverse por debajo del costo de vida.

Tomando como referencia el 9,4% de inflación acumulada en el primer trimestre del año medida por el IPC, el promedio general de ingresos quedó detrás. El que más lo sufrió fue el registrado que subió solo 7%, y particularmente, el sector privado formal que apenas llegó a 5,9%.

El informe de INDEC resumió que “en marzo de 2026, el índice de salarios se incrementó 3,4% mensual y 36,4% interanual” y que “el crecimiento mensual se debe a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 5% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado”. El cuadro deja ver qué sectores empujaron el promedio y cuáles siguieron más rezagados.

El informe del INDEC revela una recuperación salarial desigual, con el sector público y el informal superando al privado registrado en el trimestre.

En otras palabras, el empate contra la inflación mensual no fue homogéneo. Mientras el salario privado registrado quedó por debajo del 3,4% de marzo, el sector público y el no registrado empujaron el índice total hacia arriba. De ahí que el dato general, se presente con menor caída que lo que realmente muestra la composición interna.

Mirando al trimestre, el INDEC señaló que “el índice de salarios acumuló una suba de 8,6% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 5,9% en el sector privado registrado, 9,4% en el sector público y 14,3% en el sector privado no registrado”.

El dato más incómodo para la marcha del poder adquisitivo volvió a estar en el sector privado formal. No sólo subió menos que la inflación de marzo, sino que además quedó varios escalones por debajo en el acumulado del año. Leyendo la serie completa, ya son siete meses consecutivos perdiendo frente al nivel general de precios, en un contexto donde el consumo masivo todavía no termina de reaccionar.

El sector privado formal no logró superar la inflación en marzo, acumulando siete meses con pérdida de poder adquisitivo frente al nivel general de precios.

En la comparación interanual también hubo matices fuertes. El índice general de salarios mostró una suba de 36,4%, por encima del 32,4% de inflación interanual mencionada en la información complementaria. Pero otra vez el número agregado disimula diferencias: el privado registrado avanzó 27,5%, el público 29,6% y el no registrado 74,4%. Es decir, los dos segmentos registrados siguieron por debajo del IPC anual y el único bloque que quedó claramente arriba fue el informal que es sabido tiene una medición distinta.

El informe también abre el dato del sector público. En marzo, el subsector público nacional tuvo una suba mensual de 5,8% y una variación acumulada de 8,6% respecto de diciembre; el provincial, en tanto, avanzó 4,7% en el mes y 9,7% en el trimestre. En la comparación interanual, las mejoras fueron de 24,4% y 31,8%, respectivamente.

Hay además una aclaración metodológica importante para leer el dato sin sobreactuarlo. El INDEC recuerda que el componente del sector privado no registrado “tiene un rezago de cinco meses”, porque se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Por eso, aunque el informal aparece como el gran ganador del cuadro, la lectura requiere más cautela que en los segmentos registrados.

Los trabajadores de casas particulares argentinos tendrán nuevos incrementos salariales en los próximos meses, tras un acuerdo entre el sector empleador y el gremio en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Sin embargo, los ajustes previstos vuelven a ubicarse por debajo de la inflación estimada, lo que profundiza la pérdida de poder adquisitivo en uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral argentino.

El entendimiento establece subas escalonadas sobre los salarios mínimos del sector:

1,8% en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

Además, se dispuso que la suma no remunerativa abonada en marzo se incorpore parcialmente al salario básico: el 50% en abril y el 50% restante en julio. Desde el sector aclararon que esta medida no implica un aumento real, sino una modificación en la composición del salario.

Con el incremento de abril, el salario de la categoría más numerosa —tareas generales con retiro— alcanza los $428.347 mensuales, más un adicional no remunerativo de $10.000. En términos por hora, el valor se ubica en $3.491.

Si se compara con noviembre de 2023, cuando el salario era de $160.791, el aumento acumulado llega al 172,6%. Sin embargo, en el mismo período la inflación supera el 300%, lo que evidencia un deterioro significativo del ingreso real.

El empleo en casas particulares reúne a unas 1,7 millones de trabajadoras en todo el país y presenta uno de los niveles más altos de precarización. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 78% del sector se encuentra en la informalidad, el porcentaje más elevado entre todas las actividades económicas.

Esta situación agrava el impacto de los aumentos por debajo de la inflación, ya que muchas trabajadoras no acceden siquiera a los salarios mínimos establecidos.

Los datos muestran que, durante la actual gestión, el personal doméstico acumula una caída del poder de compra superior a un tercio de sus ingresos. Se trata de una pérdida comparable a la de los empleados del sector público nacional, otro de los segmentos más afectados por la dinámica inflacionaria.

El acuerdo también incluye una actualización del adicional por zona desfavorable, que pasa del 30% al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Este plus alcanza a trabajadoras que se desempeñan en regiones con condiciones particulares, como el sur del país.

Las partes acordaron volver a reunirse en julio para evaluar la evolución de los salarios frente al contexto inflacionario. El esquema de “salario dinámico” permite renegociar condiciones, aunque el desafío sigue siendo recomponer ingresos en un escenario de alta inflación y fuerte informalidad.

El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un paquete de medidas para financiar a trabajadores públicos y privados que, sobre todo en el caso de los primeros, ven afectados sus salarios en algunos casos, hasta en un 50%.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que a partir de la firma de un decreto del Poder Ejecutivo, se establecerá un nuevo tope de afectación de los salarios estatales. Actualmente, se puede absorber hasta el 50% del salario; a partir de ahora, ese tope bajara al 25. "El objetivo de esta medida – explicó- es preservar en una mayor proporción el recibo de sueldo del trabajador. El nuevo límite liberará una cantidad importante de recursos para disponibilidad del trabajador, y redundará positivamente en la actividad económica".

Asimismo, se ordena un reempadronamiento de las entidades financieras que están habilitadas para conceder estos préstamos mediante el sistema de códigos de descuento. Actualmente, son 35 las habilitadas; la mayoría son mutuales sindicales. Éstas deberán respetar en los préstamos futuros el nuevo tope citado, y son "invitadas" a generar nuevas líneas para que sus "clientes" puedan refinanciar las antiguas deudas. No estarán obligadas a hacerlo pero si no lo hacen, el Estado no las habilitará como operadores en el futuro.

"Las entidades adheridas deberán aggiornarse a estas nuevas pautas y límites - dijo Olivares-. Respecto de las deudas actuales, podrán conceder planes de menores tasas a través de otros operadores. Si no es así, será el propio gobierno quien asistirá al trabajador con un préstamo a tasa cero".

También el Estado pondrá líneas de financiamiento a tasas convenientes a través del Banco Santa Fe. "Serán líneas para todas las deudas que tengan los trabajadores a fin de que puedan consolidarlas con cuotas de hasta 60 meses y dos meses de gracia. Serán de acceso voluntario y a tasas mucho más bajas", comentó el ministro.

Los beneficios citados serán extensivos al sector pasivo.

Para el sector privado, la provincia invita a otras entidades financieras radicadas en Santa Fe, así como a empresas, empleadores, círculos y mutuales a concertar líneas de financiamiento que el gobierno promoverá. También para este caso se ofrecerá asistencia a través del NBSF a tasas promocionales.

El ministro de Economía presentó junto a Coudannes las medidas para aliviar el peso de los préstamos sobre los salarios.

En este ámbito, el universo de trabajadores endeudados en la provincia se estima entre 30.000 y 55.000 personas.

Finalmente, se instrumentarán herramientas desde el Banco Solidario para aquellos sectores de "ingresos más intermitentes", a través de microcréditos.

Según explicaron los funcionarios provinciales, el plan presentado apunta a morigerar la situación actual de los trabajadores pero también, a ordenar el sistema hacia adelante a fin de poder evitar nuevos ciclos de sobreendeudamiento de los agentes. Se anunció que, en paralelo, se avanzará con un programa de educación financiera que brinde herramientas básicas sobre el uso responsable de la deuda.

El gobierno de la provincia de Santa Fe completó este lunes el pago de las diferencias salariales con trabajadores activos y pasivos y desembolsó $103.100 millones para cerrar el año 2025 y completar los sueldos de enero y febrero con el cumplimiento de los acuerdos paritarios.

Pero además, empezó la aplicación de la política con pasivos que recibirán el porcentaje de aumento en la paritaria a los 30 días y no a los 60 como lo dispuso la emergencia previsional. Así se cumplió con los haberes de febrero lo dispuesto por la ley N° 14.431, sancionada en febrero, la primera norma dictada en el presente año.

Ante la consulta de El Litoral, en el Ministerio de Economía se precisó que cumplir con los retroactivos de activos implicó el desembolso de $93.200 millones y con los pasivos $9.900 millones.

En la última semana, el Poder Ejecutivo fue dictando los diferentes decretos para homologar los acuerdos paritarios del sector de la administración central más el personal policial, del Servicio Penitenciario y de IAPIP, viales, salud y docentes.

Más allá de alguna particularidad en cada sector, en líneas generales los acuerdos alcanzados son de incremento del 12,5% para el primer semestre del corriente año, distribuido de la siguiente manera sobre la base de los sueldos de diciembre 2025: enero: 2,6%: febrero: 2,1%; marzo: 2,2%; abril: 2,0%; mayo: 2,0% y junio 1,6%.

Además, el gobierno reconoció una diferencia del 3% correspondiente al cierre del segundo semestre de 2025, porcentaje que se aplicó sobre los haberes de diciembre y tuvo impacto proporcional en la segunda cuota de medio aguinaldo del año pasado.

Por otra parte, el acuerdo garantizó un aumento mínimo de $75.000 para todos los estatales y de febrero a junio ese piso es de $170.000 mensuales. Así ningún trabajador percibirá un aumento inferior a esa cifra, independientemente de lo que arroje el cálculo porcentual.

Además de los aumentos, hubo mejoras en suplementos para la administración central que abarcan a los asistentes escolares; el suplemento por Asistencial Hospitalario para personal de los servicios Hospitalarios y Asistentes de Centros, Hogares y Guarderías y ayudante de enfermería, auxiliares de enfermería y auxiliares técnicos de enfermería; incrementos del 50 % del Adicional por Capacitación Superior – Licenciatura para Enfermeras Profesionales; incrementos específicos por grupo de trabajo y funciones para el personal del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil; y dentro del Nuevo Régimen de Guardias Activas Polo de la Niñez remuneración de $ 350.000 en días y horarios hábiles, y $ 450.000 en horario nocturno, feriados y fines de semana.

En tanto que para el Personal Policial y Penitenciario habrá asignación especial de función operativa y asignación especial para conductores de patrulleros; para el Personal de la salud un incremento del 50 % en el suplemento "Hospitalario Asistencial" destinado a los profesionales de la salud; y dentro del Personal Docente, los docentes percibirán $ 100.000 del Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (Fopcid); en tanto que los directivos y superiores percibirán un 30 % de incremento del Suplemento Responsabilidad Jerárquica.

Los incrementos se trasladaron de manera proporcional al personal pasivo de la provincia. Como referencia, la jubilación mínima provincial se fijó en $575.386,80 para febrero, con una proyección de $630.906,58 para junio.

En esa ocasión, por aplicación de la Ley N° 14.431 aumento de 2,6% de enero se trasladó en febrero a pasivos y se acumuló con el 4% de aumento de diciembre.

"Los haberes de las prestaciones serán móviles, mediante coeficientes sectoriales determinados por el Poder Ejecutivo, en función de los incrementos de las remuneraciones del personal en actividad. En aquellos casos en que el aumento dispuesto para el sector activo no se refleje a través de un porcentaje único, el Poder Ejecutivo determinará el coeficiente a aplicar a través del promedio ponderado de los incrementos fijados dentro de cada sector", expresa la norma que modificó la emergencia previsional.

Acota que "las variaciones de las prestaciones tendrán vigencia a los 30 días de la fecha dispuesta para el sector activo independientemente de la fecha en que se hagan efectivas".

La Caja de Jubilaciones y Pensiones pagó en enero a 105.801 beneficiarios del sistema con un desembolso de $174.804.985.805. Son 81.571 jubilaciones y 24.230 pensiones.

Durante enero la jubilación promedio fue $ $1.825.301 y la pensión promedio de $ $1.069.475.

El Poder Ejecutivo dictó el decreto N° 0457 disponiendo el aumento salarial para docentes pese a que no hubo acuerdo en la mesa paritaria, como señala en los considerandos de la resolución firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros José Goity, Roald Bascolo, Pablo Olivares y Fabián Bastia.

Detalla que en febrero "se reunió la Comisión Negociadora a efectos de dar tratamiento a diversos temas de índole salarial y laboral, arribándose a una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que quedó plasmada en el acta de fecha 18 de febrero de 2026".

Acota que "habiéndose recibido formalmente las posiciones expresadas por parte de las asociaciones sindicales representantes de los docentes, se da la particularidad de que las respuestas de las entidades no conforman la voluntad de la parte trabajadora".

Subraya que la propuesta de política salarial "ha sido aceptada por el total de las asociaciones con personería gremial que participan de los diferentes procesos de negociación colectiva en el ámbito de la administración pública provincial".

Mencionada que "entendiendo a la negociación colectiva como un método de participación de los trabajadores en la adopción de las decisiones, de carácter abierto, dinámico y permanente permite en esta instancia a la Administración Provincial adoptar la decisión más favorable a los trabajadores con el dictado del acto administrativo que permita materializar las acciones previstas en dicha propuesta con alcance general para todos los trabajadores y trabajadoras del sector Docente".

El término en porcentajes es similar a los otros sectores, es decir, retroactivo del 3% a diciembre y luego completar el 12,5% en seis etapas para el primer semestre, garantizándose pisos mínimos de aumentos.

“Queremos llevar información precisa y transparente de la recomposición salarial para el sector docente. Nos vemos en la obligación de hacerlo porque ha habido mucho intento de desinformar, donde se consignaba que lo que anunciábamos hace unas semanas no era verdad, pero ahora que los docentes tienen los recibos sobre la mesa, pueden ver la realidad. Cumplimos con nuestra palabra”, señaló este lunes el ministro de Educación, José Goity, al encabezar una conferencia de prensa en la que se detallaron los incrementos percibidos en los salarios docentes que se abonaron durante el mes de marzo.

Acompañado por las secretarias General del Ministerio de Educación, María Martín, y de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, el funcionario informó el impacto de las actualizaciones salariales correspondientes al mes de febrero, aplicadas en cumplimiento de lo acordado en la paritaria docente, y mostraron con recibos de sueldo el alcance de las cuatro planillas complementarias que fueron liquidadas de forma retroactiva para regularizar distintos conceptos incluidos en los haberes del sector.

Como ejemplo, utilizando sueldos testigo, demostraron que un maestro de grado, con 25 horas de reloj por semana Y que percibió en el sueldo de febrero $ 1.018.344 -sin los incrementos acordados en paritaria-, recibió por planilla complementaria un total neto de $ 450.978 pesos.

Tras un repaso de cómo quedaron los salarios de los diferentes cargos testigo, Goity afirmó que desde el Gobierno de Santa Fe “tenemos la convicción que la diferencia en educación la hacen los docentes en el aula con los chicos aprendiendo, junto a los equipos directivos comprometidos”, motivo por el cual aseguró que todo lo presentado durante la conferencia “fue presentado como oferta paritaria”, destacando que “no hay nada que hayamos incorporado en cada una de las liquidaciones complementarias que no figure en el acta paritaria”. 

El funcionario aseguró que existe “mucha desinformación y mala intención en generar climas de tensión” en un contexto de país donde “cayeron la recaudación y la coparticipación en todas las provincias”, reconociendo además la caída del poder adquisitivo de los docentes, ante lo cual la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, “asumió el compromiso de recomponer el salario y el rol del docente que es quien cada día hace el esfuerzo de todos los días plantarse ante su curso para que los niños, niñas y adolescentes, tengan aprendizaje”, agregó. 

Goity detalló que con los incrementos salariales, “ningún docente en la provincia va a cobrar menos de $1.320.000 y el mes que no falta percibe el premio a la asistencia, con lo cual alcanza el $1.430.000”, destacando que “garantizamos el salario a todos los docentes de Santa Fe y mucho más cuando tienen situaciones que requieren de nuestro acompañamiento”.

Por su parte, la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, detalló que se liquidó “el retroactivo al mes de diciembre, el retroactivo de la diferencia del aguinaldo del segundo semestre y los retroactivos a los meses de enero y febrero”, por lo cual cada docente de la provincia tendrá en su liquidación del recibo de sueldo “el desagregado que fue lo que se pagó”.

Explicó que se tomó como referencia para explicar las liquidaciones el sueldo testigo del maestro de grado con 25 horas reloj, “que representa a más del 90 % de los docentes de ese cargo en la provincia”. En ese caso, “si se analiza el recibo de sueldo, a lo cobrado a comienzos de marzo se le agregaron aproximadamente $ 450.000 correspondientes a la suma de todos los conceptos liquidados por planilla complementaria”, precisó.

La funcionaria detalló que por planilla complementaria se liquidó “el 3 % retroactivo correspondiente a diciembre; lo correspondiente a las garantías del aguinaldo retroactivo a diciembre; la actualización de la política salarial de enero con el mínimo garantizado que oportunamente se informó representaba $ 75.000; y en febrero se incluyó un mínimo garantizado de $ 170.000”. A esto se le debe sumar, “el Fondo de capacitación provincial que se creó con el objetivo de fomentar la capacitación de los docentes que tendrá una periodicidad mensual y se podrá acreditar a lo largo del año con la multiplicidad de capacitaciones para todos los niveles y modalidades”, indicó Martín.  

Además, en el caso de supervisores y directores, la funcionaria explicó que “al Fondo de Capacitación se le adiciona un concepto que se incorporó en 30 puntos que es la responsabilidad jerárquica, propia de la función por las tareas que llevan adelante”.

Finalmente, Martín destacó que toda la información vinculada a las liquidaciones coincide plenamente con lo acordado en la paritaria docente. “Todo lo que se pagó responde exactamente a lo presentado en la negociación paritaria. Nos parecía importante rendir cuentas y mostrar con claridad cómo se compone el salario docente, porque se trata de un esfuerzo muy grande del conjunto de la sociedad para reconocer y acompañar la tarea de quienes todos los días sostienen el sistema educativo”, concluyó.